El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno en solitario del PP en la comunidad andaluza ante los "contundentes resultados" de su formación en las elecciones de este domingo, según recoge EFE. 

Moreno ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la sede nacional del PP para asistir a la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha subrayado que lo que el domingo sentenciaron las urnas les puede permitir un gobierno "monocolor", sin que Vox entre en el mismo.

Ha insistido en que el resultado, se quedaron -ha recordado- a 21.000 votos de la mayoría absoluta, le da al PP "un margen de maniobra" y una "mayoría solvente" para ese gobierno en solitario. 

Aun así, el presidente en funciones también ha matizado que la dinámica parlamentaria les llevará a buscar acuerdos en vía parlamentaria, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

"Ante la ciudadanía andaluza (...) no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón que creo no sería razonable y comprensible para una mayoría de andaluces que han optado claramente por el PP".

Preguntado si aceptaría el concepto de prioridad nacional de Vox si esa fuera su condición para apoyarle desde fuera del Gobierno, ha insistido en que su prioridad es la "prioridad andaluza".

Ha señalado además que por ahora no hay ningún tipo de contactos ya que siguen con la resaca de las elecciones de este domingo y ha recordado que hasta el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento andaluz, hay margen de tiempo y de maniobra para, de manera "serena", ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Hay un lugar en el Adriático, cercano al agua, porque en las islas pequeñas todo está a tiro de caña, donde las monjas benedictinas del convento de San Nicolás custodian un bajorrelieve del siglo III anterior a nuestro calendario que representa a Kairos, dios de la oportunidad. A diferencia de Cronos, empeñado en recordarnos el tiempo lineal que tanto nos puede llegar a agobiar, Kairos nos concede el instante que podemos convertir en decisivo, o en el que puedes tomar una decisión vinculante.

Pero no siempre estamos en el andén en ese instante en el que pasa el tren. Un señor de apariencia liberal y honesta, que llegó del noroeste, donde el mar es siempre gris, con la promesa de seguir aparentando lo que aparentaba, fue perdiendo las caretas según se acercaba al centro. Al centro de la península, entiéndase. Y, más allá de reubicar Extremadura o situar a Orwell 34 años después de su fallecimiento, no consiguió ubicarse como líder de una derecha civilizada y liberal, de las que ya quedan pocas en Europa y menos fuera de ella. Esa oportunidad se nos antoja muy lejana.

Y ahora, apelando a la "decencia" desde la planta noble de un edificio ya paradigmático de la financiación ilegal, donde el dinero oscuro rebosaba por sus costados —condena mediante; no vamos a acusar sin argumentos por muy de moda que esté—. Con la cúpula de un sombrío ministerio en el banquillo por practicar corrupción para ocultar corrupción. Toda una carambola de maestría, si no fuera tan burda y chapucera, a pesar de la inestimable colaboración de un juez instructor tan generoso que se dejó fuera algunos elementos del puzle.

Pero le queda alguna carta por jugar. Si volvemos a los mitos griegos, podemos encontrarnos con Apolo, digno representante del Sol. Kairos ya no le ofrecerá la carta de la moderación, pero puede erigirse en líder de los apologetas del pasado más trasnochado. Los que elevan sus cánticos con el rostro expuesto al sol y confunden a los taxistas con una mano derecha amenazante.  

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Eduardo Prieto es socio de infoLibre.

Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.

Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.

Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa. 

El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.

Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.

El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.

El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo. 

Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.

El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.

Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.

La disputa entre el presidente Clavijo y el PP contra el Gobierno a propósito del crucero MV Hondius merece un análisis más detenido, porque ilustra con precisión clínica el mecanismo de la manipulación política contemporánea. Mientras los ministros de Sanidad, de Administración Territorial y de Interior coordinaban en tiempo real una operación de evacuación que mereció elogios internacionales —una acción que, en cualquier democracia europea madura, habría generado consenso institucional y alivio colectivo—, el presidente canario y los portavoces del PP construían en paralelo un relato alternativo de negligencia, ausencia e irresponsabilidad gubernamental. No les importaba la realidad de los hechos. Les importaba el relato que pudieran instalar antes de que la realidad llegara a los ciudadanos.

Este es el núcleo de la estrategia: actuar más rápido que la verdad. En la era de la información instantánea, el bulo viaja a la velocidad de un tuit y la rectificación llega, cuando llega, tarde y amortiguada. Clavijo lo sabe. Feijóo lo sabe. Abascal lo sabe. El PP lo ha convertido en doctrina. Vox en insulto. La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima. Es una inversión permanente de la realidad que requiere una máquina mediática dispuesta a amplificarla y una ciudadanía suficientemente fatigada como para no contrastarla.

Lo que resulta verdaderamente alarmante, sin embargo, no es que esta estrategia exista —la manipulación política es tan antigua como la política misma— sino el contexto en que se despliega. Porque mientras en España el PP y Vox dedican sus energías a fabricar escándalos sobre ausencias ministeriales en entierros o a especular sobre ratas de crucero, el mundo vive una ruptura sin precedentes del orden internacional y de los marcos normativos que, durante décadas, sostuvieron la convivencia entre pueblos y naciones.

El contraste es tan brutal que exige ser nombrado sin eufemismos. En el momento en que Feijóo señalaba con dedo acusador la silla vacía del ministro en un funeral —silla que, repito, no estaba vacía en modo alguno—la Corte Penal Internacional se debate entre la eliminación o la supervivencia. Mientras Clavijo advertía de ratas nadando hacia las costas canarias, las potencias nucleares cuestionaban los tratados de no proliferación que durante medio siglo habían contenido el horror de una nueva guerra total. Mientras los senadores del PP convertían el hemiciclo en tribuna de escarnio, la Convención de Ginebra era invocada como anacronismo por gobiernos que se reclaman democráticos, y el derecho internacional humanitario era violado de forma sistemática y documentada ante los ojos del mundo entero por EEUU e Israel.

Esta simultaneidad no es accidental. La banalización del discurso político interior cumple una función precisa: ocupa todo el espacio disponible en el debate público, agota la capacidad de atención ciudadana y hace imposible que la sociedad procese la gravedad de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Un país que delibera durante semanas sobre si el ministro debía o no estar en un entierro, es un país que no puede estar discutiendo, con la profundidad que merece, el colapso del multilateralismo, el avance del autoritarismo en Europa y en América, o el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La política del ruido es, también, una política del silencio: el silencio sobre lo que realmente importa.

El cuestionamiento de los derechos humanos como fundamento del orden internacional no es un fenómeno abstracto ni lejano. Se manifiesta en las deportaciones masivas que la administración Trump ha convertido en espectáculo; en la normalización de la tortura y la detención arbitraria como instrumentos de política migratoria; en el desafío abierto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados que se presentan como garantes del orden democrático; en el bloqueo sistemático de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, precisamente por quienes más los necesitarían para legitimar sus acciones. 

El edificio normativo que la humanidad construyó tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial —la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma— está siendo erosionado desde dentro por los mismos que proclaman defenderlo.

Y en este contexto de emergencia civilizatoria, la derecha española se debate entre la vaciedad y el descaro. En este contexto, Ayuso viaja a México a reivindicar a Hernán Cortés. La desproporción entre la gravedad del momento histórico y la pequeñez del discurso dominante en la derecha española no es solo un problema estético o intelectual. Es un problema democrático de primer orden. Porque una oposición que renuncia a estar a la altura de los tiempos arrastra consigo al conjunto del debate público, empobrece la deliberación colectiva y deja a la ciudadanía sin los instrumentos conceptuales que necesita para comprender y afrontar lo que se le viene encima.

Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en monstruos excepcionales sino en la renuncia cotidiana al pensamiento. La banalización del discurso político que en España ostentan algunos, quizás demasiados, tiene algo de eso: no es maldad mayúscula, es pequeñez sistemática. Es la decisión diaria de preferir el titular al análisis, el escándalo a la verdad, el rédito inmediato a la responsabilidad histórica. Y esa pequeñez, multiplicada por miles de intervenciones, de ruedas de prensa, de tuits y de plenos parlamentarios, va sedimentando una cultura política que nos hace más vulnerables ante los grandes desafíos de nuestra época.

El capitán Jerónimo y el agente Germán merecían algo mejor que convertirse en munición electoral. Sus familias merecían el duelo sin escenografía, el dolor sin instrumentalización, el recuerdo sin partido. Y los ciudadanos españoles merecemos una oposición capaz de distinguir entre la legítima crítica al Gobierno —que es oxígeno de la democracia— y la fabricación deliberada de falsedades sobre un Ejecutivo que desprecia a sus fuerzas de seguridad, cuando la realidad muestra exactamente lo contrario.

Fraga dijo en 2008 que resucitar el pasado era un disparate. Tenía sus razones, interesadas pero coherentes, para decirlo. Sus herederos han superado con creces al maestro: han convertido el presente en despropósito, el dolor ajeno en combustible, la mentira en método y la banalidad en programa de gobierno. Y lo hacen mientras el mundo se desmorona a su alrededor, mientras las normas que nos protegen a todos son cuestionadas una a una, mientras la historia nos exige estar a la altura y ellos prefieren, una y otra vez, el nivel del barro.

El verdadero disparate no es regularizar a quien trabaja y contribuye. No es buscar a los desaparecidos. No es construir una sociedad más justa e igualitaria. No es defender el derecho internacional cuando otros lo violan. El verdadero disparate es seguir entregando el poder a quienes convierten la dignidad humana en material de desecho, quienes banalizan lo urgente para ocultar lo importante, quienes prefieren el escándalo fabricado a la responsabilidad real. Y el antídoto contra ese disparate tiene nombre: se llama voto consciente, comprometido y movilizado. La democracia no se defiende solo con palabras: se defiende ejerciéndola. Y también, cada día, eligiendo pensar.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

El Partido Popular ha decidido pasar página del hantavirus. Lo que arrancó como una ofensiva para retratar al Gobierno de Pedro Sánchez con los mismos argumentos que utilizó la formación durante el covid, ha acabado desinflándose entre elogios internacionales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y el Vaticano a los que se ha sumado el doble discurso entre las filas del partido, lo que ha provocado que Génova quiera olvidarse del asunto cuanto antes.  

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo acusó la pasada semana al Ejecutivo de "generar confusión", reclamó "los documentos sanitarios que avalen cada decisión" y "el nombre de los expertos que han gestionado la crisis”. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que "no hay nadie al volante", pidió la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Mónica García y criticó que la crisis sea gestionada por "los mismos que no le dieron importancia al covid”.

Días más tarde su sucesor al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, admitió sin embargo que la respuesta del Ejecutivo fue "buena" y propia de un país "serio". Un argumento que comparten también otros presidentes autonómicos del PP, según ha podido saber infoLibre, a los que el ministro Ángel Víctor Torres informó del dispositivo. La dirección nacional evitó contradecirlo y Cuca Gamarra, vicesecretaria nacional, explicó que Rueda respondía "a su propia experiencia". 

Por su parte, el portavoz nacional, Borja Sémper — de vuelta tras su baja por el cáncer de páncreas que le diagnosticaron el pasado verano— , redujo las críticas del partido a las "primeras horas" de la crisis y fue rebajando la acusación de "descoordinación absoluta" hasta dejarla en una "sensación de descoordinación". Feijóo, mientras tanto, ha guardado silencio durante toda la semana sobre esta cuestión y ha tratado de dirigir el foco sobre la muerte de los dos Guardias Civiles en una persecución a narcolanchas en la cuesta de Huelva y ahora sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora, mientras Vox insiste en tesis conspirativas y Santiago Abascal ha acusado a Sánchez de querer provocar "una pandemia" para "tapar la corrupción" y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, de utilizar "cada tragedia para sacar rédito político”, el PP ha ido apartando el foco de la emergencia sanitaria para no quedar atrapado en un discurso que empezaba a volverse en su contra.

Ahora los conservadores pasan a una nueva pantalla, la de José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo elevó el martes el tono contra el expresidente socialista en un mitin de campaña, en el que le acusó de haber usado la Presidencia del Gobierno para "arrastrar la imagen de España" y, "al parecer", para "llevarse dinero sucio". El ataque llegó después de la publicación de El Confidencial que sostiene que Zapatero “lavó presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas”, y aunque no hay una causa judicial en el PP auguran que terminará imputado por esas pesquisas.

No es la primera vez que las derechas apuntan al expresidente, al que ya han tratado de fiscalizar por su relación con Julio Martínez Martínez —empresario imputado en el caso Plus Ultra y con el que hizo negocios—. Al expresidente también le han acusado, sin pruebas, de "pilotar el plan político para normalizar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez", de participar "en negociaciones con EEUU para buscar una transición en Venezuela", de estar "entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro" o de reforzar su seguridad a través de Interior. 

Las informaciones sobre el caso Plus Ultra sirven al PP como munición. Gamarra pidió a Zapatero que aclarara si "mintió" en la comisión del Senado el pasado marzo y vinculó las sospechas sobre el expresidente con el actual Gobierno, al sostener que "nada de lo que presuntamente ha hecho podría haberlo hecho" sin el Ejecutivo. Lo mismo sucede con su papel en Venezuela y siempre lo sitúan como el principal artífice del "chavismo” pese a que hay opositores como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana, que le han agradecido su labor por la liberación de un grupo importante de presos políticos.

La figura del expresidente funciona para PP y Vox por su importancia dentro de la actual estructura del PSOE. Actualmente sigue teniendo peso internacional y mantiene interlocución con actores latinoamericanos, además de partidos clave para la gobernabilidad como Junts y Podemos. Además, ha sido un activo clave para el PSOE en las campañas electorales. Sucedió en la de las generales de 2023 y también en las recientes campañas autonómicas. Para las derechas, sin embargo, es un símbolo de  la supuesta degradación institucional del Gobierno de Sánchez y tratan de explotarlo lo máximo posible.

La crisis del hantavirus también ha servido para proyectar, antes de tiempo, el duelo político que puede marcar las próximas elecciones madrileñas si nada cambia. El de la ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid, Mónica García, contra la presidenta madrileña y baronesa del PP, Isabel Díaz Ayuso. En el caso de la crisis sanitaria, García ha estado informando, coordinando y asistiendo el operativo desde el primer momento, mientras que a Ayuso le llegó en pleno viaje a México. Según el ministro Torres, fue la única presidenta con la que no pudo contactar en la ronda de mensajes y llamadas que realizó.

La ministra de Sanidad viajó a Tenerife junto a Torres, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar el dispositivo ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla. La ministra de Sanidad compareció en diversas ruedas de prensa, dio explicaciones en televisiones, defendió los criterios técnicos y se desplazó hasta el lugar en el que se encontraba el barco. 

La imagen contrastó con la de Ayuso, que durante los primeros compases de la crisis estaba en México, un viaje que canceló tras acusar al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Desde el país centroamericano, la presidenta madrileña no habló del hantavirus más que para pedir explicaciones sobre el traslado de los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla y acusar al Gobierno de dar "versiones diferentes" sobre la crisis. 

El Partido Popular ha convertido el brote de hantavirus del MV Hondius en una nueva pieza de oposición total al Gobierno recuperando el mismo repertorio que desplegó durante la pandemia del covid pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que este brote presenta un riesgo bajo para la población. El hecho de que el crucero vaya a fondear en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona (Canarias) y que tenga 14 españoles a bordo, que serán trasladados por un avión militar a Madrid para hacer cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla, ha encendido todavía más el debate.

La formación de Alberto Núñez Feijóo no se ha limitado a reclamar detalles  sobre el operativo, los informes técnicos o la cuarentena de los pasajeros españoles, sino que ha reactivado el fantasma del covid. Feijóo acusó al Ejecutivo de "generar confusión", reclamó "los documentos sanitarios que avalen cada decisión" y "el nombre de los expertos que han gestionado la crisis". La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que "no hay nadie al volante", pidió la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Mónica García y criticó que la crisis sea gestionada por "los mismos que no le dieron importancia al covid”.

El mensaje no es nuevo. Es una reedición del argumentario que el PP utilizó durante la pandemia: el Gobierno no informa, improvisa, oculta a los técnicos, usa expertos "fantasma" y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no “genera tranquilidad”, después de afirmar que el hantavirus “no va a suponer un riesgo para España en absoluto”. La propia Muñoz cargó contra el experto porque es "el mismo que nos dijo que el covid no serían más que uno o dos casos".

El profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón, autor de Corona. Política en tiempos de pandemia (Debate), destaca que la estrategia del PP durante la pandemia se dividió en dos etapas. "Una primera de cerrar filas y colaborar, cuando el propio PP aprobaba los estados de alarma, y una segunda en la que rápido se empieza a descolgar Vox y ellos les siguen, que es la gestión de la pandemia de la segunda oleada", explica en conversación con infoLibre. 

Esa segunda fase es la que, a su juicio, más se parece al discurso actual sobre el hantavirus. "Esta idea de improvisación, no saben lo que hacen, hay problemas de coordinación, no informan, recuerda más a esta idea de la segunda oleada en adelante", señala. La clave, añade, está en que la pandemia ya era entonces "algo más conocido" y "más localizable", aunque siguiera siendo "muy terrible". En cambio, el hantavirus parte ya de una escala mucho más acotada. "Si el PP puede hoy ir al choque es porque esta es una crisis sanitaria localizada. No se trata de un shock global que obliga a un cierre de filas".

La lectura de Simón encaja con la de Eduardo Bayón, politólogo y experto en comunicación política, aunque este pone más el foco en la continuidad del patrón. Para Bayón, el PP aplica un mecanismo reconocible, el de "convertir cada crisis en oportunidad de desgaste". "Lo vimos con el covid, con la dana de Valencia, con los apagones, con cualquier emergencia", sostiene el autor de Lucha de tribus. Mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre la izquierda y la derecha (La Esfera de los libros).

A su juicio, el mensaje de fondo que se intenta transmitir es el mismo que durante la pandemia: "El Gobierno improvisa, oculta y pone en riesgo a la ciudadanía". Y debajo de esa acusación aparece la verdadera tesis que trata de imponer el PP, "que el Estado gobernado por la izquierda no protege". Para Bayón, esa es "la pieza que conecta crisis sanitaria con batalla cultural sobre el sector público" y forma parte de "una estrategia de crispación permanente que no distingue entre pandemia y brote acotado".

La estrategia de ahora reproduce también otra batalla de 2020, la de los expertos. En mayo de aquel año, el PP registró en el Congreso una petición para que el Gobierno desvelara la identidad y el currículum de los técnicos que evaluaban el paso de fase de las comunidades en la desescalada. Los conservadores sostenían entonces que el Ejecutivo debía "cumplir la legalidad vigente" y dar a conocer "cuanto antes" la identidad de esos expertos. Meses después, la dirección de Pablo Casado hablaba abiertamente de "Comité de Expertos fantasma", de mentiras sobre los fallecidos y de ocultación de datos.

En abril de 2020, Casado acusó a Sánchez de "incompetencia", "ineficacia" e "imprevisión"; reclamó disculpas por la "tardanza" en adoptar medidas; y sostuvo que el Gobierno había puesto "la propaganda antes que la gestión". Meses más tarde, propuso una comisión de investigación para determinar las "negligencias" del Ejecutivo en la pandemia y habló de "imprevisión, incompetencia y propaganda". En noviembre, pidió el cese de Simón por "incompetencia, politización y falsedades". 

Pero que la estrategia política sea parecida no significa que el caso lo sea. El covid fue una pandemia provocada por un virus nuevo, de transmisión respiratoria y expansión global. La OMS declaró la emergencia internacional el 30 de enero de 2020 y caracterizó el brote como pandemia el 11 de marzo de ese año. España declaró el estado de alarma el 14 de marzo para hacer frente a una situación que el BOE calificó de "grave y excepcional". 

Según los expertos, presentar ambos casos como equivalentes, como trata de hacer el PP, distorsiona el debate al sugerir que España está ante un escenario comparable al de marzo de 2020. El hantavirus del MV Hondius es un brote grave pero concentrado en un entorno muy delimitado. La OMS ha advertido de que podrían aparecer más casos por el periodo de incubación del virus Andes, que puede extenderse hasta seis semanas, pero también ha insistido en que el riesgo para la población de Canarias es "bajo" y que el brote "no es el inicio de una pandemia".

Pablo Simón también rechaza que esta crisis pueda operar como aquella "ventana de oportunidad" que sí abrió la pandemia. "Esta no es una crisis de tal entidad como para generar algún tipo de cambio que implique, por ejemplo, el avance del teletrabajo como vimos en su momento o los fondos Next Generation. Nada de eso está encima de la mesa". A su juicio, como mucho, el episodio permitirá comprobar si funcionan los mecanismos de coordinación europea, pero no provocará grandes transformaciones institucionales. "Parece que hay un desacople fuerte entre el nivel de expectación mediática que genera el hecho y la propia percepción de amenaza de la población", añade 

Así lo ve también Bayón. "El covid fue un acontecimiento histórico, el hantavirus, hasta ahora, es un brote acotado en un crucero. Construir una narrativa de derrumbe institucional sobre cinco casos exige un esfuerzo de amplificación con rendimientos decrecientes". La tesis del politólogo es que la derecha ya no espera a que se abra una oportunidad política: "La estrategia desde 2020 es no esperar a la ventana, es fabricarla. Cualquier emergencia se convierte en escenario de impugnación".

El interés político del PP es instalar al Gobierno otra vez en el terreno en el que más desgaste acumuló durante la legislatura anterior, el de la gestión de emergencias. También buscan convertir a Mónica García y a Fernando Simón en rostros de una supuesta continuidad con el "peor Gobierno posible" de la pandemia, aunque el operativo actual dependa de un entramado internacional en el que intervienen otros organismos y terceros países. Además, buscan disputar a Vox el espacio emocional del miedo y la desconfianza.

Bayón interpreta esa estrategia como parte de una "crispación permanente" que no distingue entre una pandemia y un brote acotado. Simón no cree que el partido de Feijóo obtenga un rédito político directo, pero sí ve un "mensaje fuerte" destinado a movilizar al electorado popular. "Esta gente es ineficaz, no sabe gestionar, no tiene capacidad para afrontar crisis, está continuamente improvisando", resume. En su opinión, el discurso se alinea con una estrategia más amplia: "Nada funciona porque esta gente no lo sabe hacer".

Bayón advierte de que este tipo de choques alimenta la antipolítica porque cuando dos Administraciones gestionan una emergencia y la conversación pública se reduce a quién tiene la culpa, "la ciudadanía concluye que el sistema institucional no funciona". Esa percepción, sostenida en el tiempo, beneficia a quien quiere presentar el sistema como roto. Simón comparte el diagnóstico aunque recuerda que en la gestión de la dana, una crisis "mucho más catastrófica", el reproche cruzado entre Administraciones terminó beneficiando a Vox. No anticipa necesariamente el mismo resultado en el hantavirus, pero sí advierte de que este tipo de enfrentamientos "no hace ningún bien a las instituciones".

La ofensiva tiene además un incentivo territorial. Canarias, donde debe fondear el barco, y Madrid, donde está previsto trasladar a los españoles al Gómez Ulla, están en el centro del operativo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado por qué Madrid debe acoger a los pasajeros y bajo qué criterio, mientras el PP canario ha presionado para que el buque no atraque. El Gobierno ha aceptado finalmente que el MV Hondius fondee sin tocar puerto y que los pasajeros sean evacuados sin contacto con la población.

Este suceso también alimenta el debate sobre la descentralización del Estado, que los conservadores utilizan cuando les conviene. "Defienden la descentralización cuando gobiernan autonomías (Madrid, Andalucía, Galicia) y piden centralización cuando hay una crisis sanitaria gestionada por un ministerio de izquierdas", señala el politólogo. El profesor de la Carlos III añade que tendría que tratarse de un shock "de muchísima más gravedad" para que surgiera una pulsión recentralizadora real. En crisis fuertes, recuerda, es habitual que la ciudadanía quiera recentralizar competencias y poner a técnicos al frente. Pero insiste en que “esta crisis, de momento al menos, no tiene esa entidad".

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Cada vez es más habitual en los plenos del Congreso —en las sesiones de control al Gobierno, pero también en los debates más de fondo— que determinados portavoces conviertan al presidente en un criminal, en un traidor a la patria, en el responsable directo de la muerte de personas o en el agente de una conspiración para islamizar al pueblo español. Los medios hablan entonces de debate "duro" y "tenso". La violencia verbal queda así registrada, distribuida y, sobre todo, normalizada como un fenómeno equidistante.

infoLibre ha analizado los diarios de sesiones de dos plenos de este año —el del 11 de febrero, sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, y el del 25 de marzo, sobre la guerra en Oriente Próximo— para hacer algo que la crónica del directo impide: leer con calma lo que se dijo, identificar quién lo dijo y evaluar si el lenguaje pertenece al debate político o a otra cosa.

Para este análisis hemos manejado cuatro categorías: descalificaciones personales que atribuyen maldad o deshonestidad estructural; metáforas de violencia física o muerte aplicadas a la acción de gobierno; deshumanización del adversario o de grupos sociales; y atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada. Cada ejemplo citado está extraído literalmente del Diario de Sesiones.

La primera conclusión es que la violencia verbal en el Congreso llega, sobre todo, del lado de la derecha. No es un fenómeno difuso que afecta por igual a todos los portavoces. Se concentra, con una consistencia que va más allá de la calentura del momento, en los discursos de Santiago Abascal y, en menor grado pero con idéntica lógica, en los de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal lidera la escala con ventaja. Su lenguaje es el que con más frecuencia convierte la crítica política en imputación moral y, en el tramo final de sus intervenciones, en acusaciones penales directas.

En la categoría de descalificaciones que atribuyen maldad estructural, el 25 de marzo no señaló errores de política exterior: diagnosticó una voluntad activa de daño. “Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas”. En la misma sesión cierra el argumento: “Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones”.

La atribución de intencionalidad criminal sin base factual demostrada alcanza en el líder de Vox su formulación más explícita. El 11 de febrero, con el accidente ferroviario de Adamuz como objeto del debate, su intervención concluye: “Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías, un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales”. La frase no es una advertencia: es una condena. Ningún procedimiento judicial había establecido en ese momento —ni lo ha hecho ahora— la existencia de un crimen.

En cuanto a las metáforas de violencia, Abascal afirma que “la corrupción que han traído a España mata” y que “la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también”. El verbo “matar” aplicado a políticas públicas sitúa el lenguaje en un espacio donde la metáfora y la acusación se vuelven indistinguibles.

Ese escalado retórico no se detiene en sede parlamentaria. El pasado 24 de abril, en un mitin de precampaña en Cádiz, Abascal llamó “mierda” al presidente del Gobierno y “rata” al ministro del Interior. La secuencia es reveladora: lo que en el hemiciclo adopta la forma de acusación penal, en el mitin se convierte en insulto directo. No hay modulación entre ambos registros; hay escalada.

Lo que hace Feijóo es estructuralmente parecido, aunque ejecutado con una dicción más contenida. El líder del PP acumula un volumen notable de expresiones agresivas a lo largo de sus intervenciones, con una densidad mayor que la de Sánchez, aunque sin alcanzar la intensidad puntual de Abascal.

En la sesión del 25 de marzo, describió a Sánchez como ”un trilero”, lo llamó “perdedor” como categoría permanente y, en la réplica, escaló hasta decir: “No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría, peligrosísimo”. El adjetivo “dictatorial” no describe una medida concreta, sino una naturaleza de carácter. Aplicado a un presidente electo en un sistema democrático, no es crítica política: es una caracterización esencial.

Las metáforas de violencia y muerte fueron especialmente abundantes en el debate del 11 de febrero: “Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible”. Su cierre fue explícito: “Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte”. En la misma sesión rozó la cuarta categoría cuando advirtió: “Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta”. La diferencia con Abascal es de matiz: la advertencia frente a la condena. Feijóo predice consecuencias judiciales; Abascal declara el crimen ya cometido.

La complicidad del PP con este clima tampoco se limita al hemiciclo. El partido se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Vito Quiles, agitador ultraderechista con múltiples denuncias judiciales activas —entre ellas, una por agresión a la esposa del presidente, Begoña Gómez— y al que el PP invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión de Quiles del Congreso mientras la Mesa estudia posibles modificaciones del reglamento de acreditaciones. La lógica del PP es coherente con lo que ocurre en la tribuna: si el lenguaje de Feijóo es tolerable en el hemiciclo, el hostigamiento físico de Quiles en los pasillos también merece protección.

El caso más explícito de conexión entre retórica y violencia física no ha tenido lugar estos días en el Congreso —más allá del insólito desafío de un representante ultra al presidente de la Cámara—, sino en la Asamblea Regional de Murcia. El 15 de abril, el diputado de Vox Antonio Martínez afirmó en pleno debate parlamentario que existe “el deber de combatir, incluso con violencia”, las leyes que en España protegen el derecho al aborto y a la eutanasia.

Pedro Sánchez ocupa el tercer lugar en esta escala. Su lenguaje agresivo existe, pero se concentra en las réplicas, especialmente cuando responde a ataques directos. En la sesión del 25 de marzo formuló sobre el PP y Vox una de sus frases más cargadas: “Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias que no tienen más amo que el dinero lleguen al poder”. Sobre la oposición ante el real decreto: “Son los del no a todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas: ahí corren como perritos falderos a lamer su mano”. 

En la cuarta categoría, Sánchez es más cauteloso, pero en algunas réplicas de marzo roza el límite: “Igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto“. La palabra “igual” disimula, pero no oculta, la dureza de la frase.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ocupa el cuarto lugar. Sus expresiones más extremas se dirigen a actores externos —el ejecutivo israelí, la administración Trump— y rara vez a sus adversarios parlamentarios directos. En toda la muestra, es la única portavoz que no formula ninguna descalificación personal sobre ningún parlamentario presente, no emplea metáforas animales sobre sus adversarios y no atribuye a nadie presente en el hemiciclo una intencionalidad criminal.

Sostener que “todos hacen lo mismo” se ha convertido en una posición por defecto en gran parte de la cobertura periodística española. Tiene la ventaja de parecer ecuánime. Y tiene el inconveniente no solo de ser falsa, sino de legitimar y validar a quien de verdad practica la violencia verbal más intensa.

El fenómeno no es exclusivamente español, ni sus consecuencias son solo retóricas. En Estados Unidos, el debate sobre si la violencia verbal impulsa violencia física ha adquirido urgencia empírica, en particular tras el tercer intento de asesinato que afronta su presidente. 

Un análisis reciente publicado por CNN examina lo que revelan las encuestas más recientes sobre la actitud de republicanos y demócratas ante la violencia política. Los datos muestran un amplio consenso bipartidista en que la violencia por motivos políticos va en aumento —hasta el 85% de los estadounidenses lo cree, según el centro Pew—, aunque una mayoría mayor culpa de ello a la retórica incendiaria republicana (el 69% según Gallup dice que han ido demasiado lejos) que a la demócrata. 

Sin embargo, la percepción de quién es más responsable de la violencia real se ha igualado notablemente: datos de PRRI y Pew sitúan a grupos de derecha e izquierda casi en empate (44% vs. 41%, o 52% vs. 53%), una tendencia de “ambos lados” que se acentuó tras atentados como el que costó la vida al activista ultra Charlie Kirk. Lo más llamativo es que la disposición a justificar la violencia para lograr objetivos políticos ha convergido entre simpatizantes de ambos partidos —en torno al 17-19% según PRRI—, cuando antes los republicanos triplicaban a los demócratas en esa respuesta. 

La pregunta relevante no es si el debate político español es duro —siempre lo ha sido—, sino si ha cruzado un umbral a partir del cual el lenguaje ya no describe la realidad política sino que la fabrica. Un lenguaje que convierte las políticas en crímenes y a los rivales en asesinos no sólo polariza el debate, acaba destruyéndolo.

Feijóo llega a la política en 1991. O, mejor dicho, a la práctica de lo que la derecha española entiende por política: ponerle corbata al BOE, llamarlo gestión y esperar a que nadie pregunte a dónde va el dinero de los españoles.

Atrás quedan sus años en la escuela de Os Peares, donde ya situaba a Huelva en el Mediterráneo, quizá porque para él los mapas siempre han sido como los programas electorales: algo meramente orientativo. Atrás queda el internado privado de los Maristas de León, donde conoció el sonido heartland de Bruce “Sprinter”; y atrás quedó también el año que no se pasó en la mili gracias, dicen las malas lenguas, a un justificante médico fabricado para la ocasión porque lo libró del servicio armado a la Patria. ¿Firmado tal vez por alguien cercano a su mentor opusino Romay Beccaría? Nunca lo sabremos. Un justificante, por cierto, que debería estar guardado en el Archivo General Militar de Guadalajara y al que solo tienen acceso él y su familia directa. Le invito desde estas páginas a que lo publique para dejarme por mentiroso.

El caso es que “Míster Brifin” no hizo la mili, pero hizo algo más rentable: dejó que la Patria le hiciera servicios a él. También quedan atrás los cinco años de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Se licenció en 1984, pero no olvidemos que Alberto “Anotop” es el genio que dijo que la luz del sol dilata las pupilas.

Dije que Feijóo llega a la política antes que el AVE a Sevilla porque ese año fue cuando Fraga le nombra secretario general técnico de la Consejería de Agricultura en la Xunta y posteriormente de la de Sanidad por indicación de Romay Beccaría. Y, a partir de ahí, a chupar de la teta del Estado como un campeón y a asistir, desde sus diferentes cargos en las Administraciones y el Partido Popular, a todos los contubernios y delitos de los gobiernos de José María Aznar y de M. Rajoy. Pese a que él y su sayón Tellado “el Converso” repitan estos días hasta la arcada que “ese PP del que se habla mal no era el de ellos”. Claro. Ellos pasaban por allí. Como esos curas que están cerca del cadáver, pero solo para dar consuelo.

Porque, claro, cuando entre 1996 y 1998 Aznar impulsa la Ley del Suelo —origen del pelotazo inmobiliario— y se privatizan grandes empresas estatales como Endesa, Repsol o Telefónica —que, fíjate tú, cayó en manos de Villalonga, amigo de la infancia del Cid con labio leporino, e investigado judicialmente por el escándalo de las stock options—, Feijóo solo era presidente del INSALUD. Una figura menor.

Porque, claro, cuando en el año 2000 se hunde el Prestige, provocando una de las mayores catástrofes ecológicas de España y del mundo, Feijóo era solo presidente de Correos y amigo del narco Marcial Dorado. Dicho de otro modo, un “pobre” dirigente integrado en la estructura de poder del PP con derecho a paseos en yate para fardar. (Fardar de coger y soltar fardos, se entiende).

Feijóo no veía narcotráfico, veía emprendimiento logístico en los márgenes de la ley. Igual que no veía Huelva en el Atlántico. En ambos casos, no era un problema moral, era cartográfico.

Porque, claro, cuando en 2003 se produce el accidente del YAK 42, el avión en mal estado que voló con malas condiciones climatológicas se estrelló y se produjeron inadmisibles confusiones en la identificación de los cuerpos de los militares fallecidos o, ese mismo año, cuando se produce la entrada de España en la guerra ilegal de Irak con aquel personaje grotesco de grotesco bigote que hablaba en mejicano, Feijóo solo era consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda en la Xunta. Casi nada.

Porque, claro, cuando en 2004 se producen los atentados del 11M y Aznar y sus ministros mienten miserablemente a los españoles adjudicando la autoría a ETA por la casete de la Orquesta Mondragón que apareció en una furgoneta, Feijóo había dejado de ser consejero para ser solo un simple vicepresidente primero de la Xunta con voz y voto en la estructura nacional del Partido Popular. ¿Y qué hizo? Lo que mejor se le da además de vivir en casas ilegales: mirar hacia otro lado con la precisión de un búho sedado.

Porque, claro, cuando en 2009 estalla el caso Gürtel y, en 2013, el caso Kitchen con la caja B, el espionaje a Bárcenas, el intento de secuestro a su familia y la destrucción de pruebas que implicaban a un tal M. Rajoy en la trama corrupta, Feijóo solo era presidente del PP de Galicia y presidente de la Xunta. Un mindundi que apagaba incendios con náuticos y manguera de jardín.

Pero ahora viene lo mejor. Si escarbamos un poco más en la Kitchen, comprobamos que hasta 20 directivos de aquella etapa siguen con Alberto Tres Sueldos Feijóo. Entre ellos Cuca Gamarra, Javier Arenas, Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Carmen Navarro, José Antonio Morago, la fan de Nacho Cano María del Mar Blanco, Pío García-Escudero o Martínez Maíllo, entre otros.

Feijóo dice que ha renovado el PP, pero esa renovación ha consistido en cambiarle el ambientador al coche fúnebre que es su partido. Están los de siempre, solo que ahora peinan canas y lucen bótox.

Porque, claro, cuando en 2020 la pandemia asoló España, a pesar de haber sido vicepresidente y vicesecretario general del Servicio Gallego de Salud, secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad, presidente del INSALUD y máximo responsable de la sanidad gallega en ese momento, Feijóo no solo no arrimó el hombro, sino que puso palos en las ruedas al Gobierno.

Porque, cuando en Valencia morían 229 personas sepultadas bajo el lodo y el presidente Mazón —a prisión— comía en El Ventorro con una amiga, Feijóo solo era presidente del PP, informado "en tiempo real" por el que fuera cantante melódico y, más tarde, guardaespaldas político de Mazón cuando la gestión negligente y criminal de este convirtió al barranco del Poyo en una fosa común.

Feijóo quiere hacerse pasar por el hombre que siempre está lo suficientemente lejos de los marrones para no dar la cara, pero sí lo suficientemente cerca de la caja para cobrar. Con esa cara de funcionario miope y alelado que surte efecto porque oculta su cobardía y transmite moderación.

Feijóo es un ectoplasma con nóminas. Un muerto político que algún día –lejano espero– morirá (como todos) físicamente. Y el epitafio grabado en su lápida servirá, además, de biografía: “Yo no sabía nada”.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El sur ya está de campaña. De alto voltaje. 6.812.861 andaluces están llamados a elegir la composición del Hospital de las Cinco Llagas el próximo 17 de mayo. Pero no es una cita normal, sino que marcará también el tablero político más allá de Despeñaperros en la gran convocatoria antes de las trepidantes elecciones locales y generales marcadas para el año que viene.

Andalucía lleva ya semanas inmersa en esta primavera electoral después de una legislatura de cómoda mayoría absoluta de Juanma Moreno (Partido Popular). Ahora ese resultado está en el aire, con el presidente de la Junta luchando por llegar a los 55 diputados. Los nervios se apoderan de las formaciones en estos momentos, con un Vox que ve cómo se está frenando su ascenso, mientras el PSOE pelea por superar las malas expectativas y con la izquierda viviendo una dura lucha en el espacio con las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Moreno quiere que le funcione la ‘fórmula Juanma’, una marca personal que tiene más tirón que la del Partido Popular. El presidente sigue al frente de las encuestas y es el líder mejor valorado, pero tiene una mochila que hace peligrar su anterior triunfo. Su principal problema: la sanidad andaluza. Se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos, según recogen todas las encuestas, y ha vivido su mayor crisis con el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

El presidente de la Junta quiere contrarrestar este desgaste con su faceta más institucional y su gestión de otras crisis como la del accidente del tren en Adamuz (Córdoba) y los temporales que han azotado Andalucía. Y, además, vende la imagen de transversalidad y moderación en tiempos de polarización política.

En Génova 13 saben que el resultado de Moreno es muy importante a nivel nacional e interno. El presidente andaluz es uno de los pilares que sustentan a Feijóo en Madrid y es la némesis de Isabel Díaz Ayuso, el referente del sector más duro de los populares. Pero, además, una mayoría absoluta supondría dejar fuera de juego a Vox después de los pactos que han firmado en Aragón y en Extremadura. En cambio, el aspirante local ha marcado distancias con la dirección nacional para no contaminar su campaña y no ha tirado de figuras como la madrileña. Él tiene su propia marca.

La fuerza de la ultraderecha es una de las grandes incógnitas del domingo 17. Los de Santiago Abascal han visto cómo en las últimas semanas las encuestas están detectando un frenazo en su ascenso a nivel nacional. Andalucía es una tierra clave para ellos: allí irrumpieron en el panorama institucional en diciembre de 2018 y es una comunidad simbólica para todo el país.

La ultraderecha lleva como candidato a Manuel Gavira después de la polémica carrera hace cuatro años de Macarena Olona, llena de escándalos como su empadronamiento exprés en Salobreña (Granada) y su intento antinatural de andalucización con fotos con mantones en bodegas y ferias. Y los de Abascal se enfrentan a un PP que se presenta como la estabilidad y como un muro frente a los “líos”.

De hecho, en algunos sondeos se abre la posibilidad de que Vox tenga peores resultados que hace cuatro años, cuando llegó a 14 escaños con un porcentaje de voto superior al 13%. En la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se pronostica una estimación media de voto del 10,3%, lo que le llevaría a tener 13 asientos en el Parlamento andaluz. En cambio, la encuesta publicada en abril por el Centra (el CIS andaluz) recoge que la papeleta de Gavira estaría entre los 17 y 20 diputados, lo que haría peligrar la mayoría absoluta de Moreno.

La pérdida de la mayoría absoluta por parte de Moreno supondría un gran problema para el popular principalmente porque haría cambiar totalmente su imagen de hombre moderado al tener que firmar un pacto con Vox. Pero no sería una situación inédita: el presidente de la Junta llegó precisamente al Palacio de San Telmo tras las elecciones de 2018 gracias a un acuerdo con la ultraderecha y Ciudadanos, aunque los de Abascal no entraron en el Ejecutivo.

El PSOE vive estos días un momento crucial en Andalucía, su antiguo fortín y granero de votos. María Jesús Montero lidera una candidatura con el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, que se va a volcar de lleno con ella con cuatro grandes actos, empezando este viernes en Cártama (Málaga).

Los socialistas llegan a esta cita todavía inmersos en su travesía en el desierto tras sus cuarenta años de poder y la traumática salida de San Telmo para un partido acostumbrado a gobernar y sin idea de hacer oposición. Y esto se ha notado mucho en los últimos años con continuas crisis internas en la etapa final de Susana Díaz y en el breve liderazgo de Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla.

Montero se enfrenta a la ofensiva de la derecha, por su paso por el Gobierno central con medidas como la financiación autonómica y la condonación de la deuda, con un discurso centrado principalmente en la defensa de los servicios públicos. Para la socialista, el 17M se tiene que convertir en un referéndum sobre la sanidad, la antigua joya de la corona de la Junta que ahora sufre la ola de privatización de los populares.

Hay una palabra que obsesiona a los moradores de la calle de San Vicente: la abstención. Montero quiere llevar a las urnas a los más de 700.000 votantes socialistas que se movilizan para las generales, pero luego se quedan en el sofá en las autonómicas. En las andaluzas de 2022, el PSOE se quedó en el 24% de voto, mientras que en las generales del año siguiente la papeleta encabezada por Sánchez alcanzó un 33%. El sur fue un factor clave para que la coalición aguante todavía en la Moncloa.

La izquierda transformadora irá dividida a esta cita, como ya pasó en los anteriores comicios. Pero en este arranque se vive una dura competición, con Por Andalucía y Adelante Andalucía, con la misma fuerza en los sondeos. La primera candidatura está encabezada por Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida y un referente progresista durante décadas en la comunidad.

Por Andalucía ha logrado integrar en su papeleta a IU, Sumar y Podemos, lo que supone un paso en la unidad de cara a las generales, aunque el pacto ha recibido críticas de Pablo Iglesias. Su estrategia busca la mayor movilización posible, incidiendo también en los abstencionistas, y se va a presentar durante estas dos semanas como el verdadero voto útil de la izquierda. Y con un mensaje claro: son la fuerza del espacio que tiene vocación de entrar en un Gobierno si los números dan.

Pero Por Andalucía siente muy cerca el aliento de Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez. El partido tiene como señas de identidad su andalucismo sin depender de ninguna dirección de Madrid y su postura contraria a entrar en gobiernos de coalición como el PSOE (ha criticado que tanto Unidas Podemos como Sumar hayan estado en el Consejo de Ministros de Sánchez). La formación llega con un nuevo candidato, José Ignacio García, que ha hecho una reconocida labor en el Parlamento de oposición a Moreno y que se ha vuelto viral en redes, especialmente entre los jóvenes. Además, según las encuestas, está logrando extenderse en las ocho provincias a pesar de que era un fenómeno hasta ahora enmarcado en Cádiz y Sevilla.

Andalucía vive su primavera electoral. El sur también marca su norte. 

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

La investidura de Guardiola en Extremadura ha dado paso a la del gobierno sellado entre PP y Vox en Aragón en vísperas del día de San Jorge. Tras los caucus de la derecha, la constitución de sendos ejecutivos autonómicos se suceden en cadena, con la premisa de dos conceptos nacidos al albur del movimiento MAGA y el manifiesto Palantir: prioridad nacional y desregulación. Bajo la perversa deshumanización de los migrantes y la sombra de Ian Randt, se constituyen los gobiernos del futuro terror en las periferias mudas, articulados desde la actual guerra cognitiva. 

Mientras el PSOE despliega la regularización de 500.000 inmigrantes, Feijóo se debilita y su partido se agrieta internamente. El reemplazo desde dentro continúa. En Andalucía, donde se impone la estabilidad como motor de la próxima mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, no quieren “líos” y desde el Madrid D.F. Isabel Díaz Ayuso levanta un telón libertario que trata de contener a la comunidad latina, esa que en estos momentos está definiendo una región cercana a los diez millones de habitantes. 

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, afirmaba la senadora Padme Amidala desde su escaño en el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias mientras el canciller Palpatine se proclamaba emperador. “Así termina el mundo, no con un estallido sino con un quejido”, escribió T.S. Eliott en el crepuscular poema 'Los hombres huecos', publicado en 1925. Las ficciones son un constante palimpsesto que marca el surco de la realidad.

La plataforma Palantir daba a conocer hace una semana sus principios condensados en 22 puntos donde se proclamaba la resistencia “a la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco”. El tecno-oligarca iliberal Peter Thiel expresaba así su voluntad de influir en el mundo pocos días después de que PP y Vox sellaran un acuerdo de gobierno en Extremadura donde se incluía, entre sus principios, la consagración de la prioridad nacional. 

“Los españoles primero”, afirmaba en el debate de investidura Óscar Fernández Calle, apelando a la esperanza, invirtiendo el significado moral del discurso del presidente, entonces candidato demócrata, Barak Obama, pronunciado durante los caucus de New Hampshire hace más de 15 años. “Sí, se puede”, exhortó a los extremeños el presidente de Vox desde el atrio de la Asamblea de Mérida pocas horas antes de que Jorge Azcón y Alejandro Nolasco defendieran lo mismo desde Aragón con su pacto de gobierno sellado en vísperas del día de San Jorge.

La Casa Blanca, Palantir, Vox y las guerras cognitivas toman forma en la España de las periferias mudas desde la defensa de la desregulación y la introducción de la prioridad nacional. Son dos conceptos sencillos y contundentes. Dos significantes elásticos y vacíos con los que PP y Vox pueden hacer interpretaciones diferentes sin necesidad de llegar a la ruptura o la confrontación. Dos sintagmas, en definitiva, con gran capacidad para intervenir sobre las emociones, el nuevo/viejo campo de batalla, y alterar la percepción de la realidad de los electores y los adversarios.

Para el sacerdote y paleontólogo francés Teilhard de Chardin, el Punto Omega era el nivel máximo de complejidad y conciencia al que tiende el universo. Es un punto de convergencia espiritual donde la humanidad, tras evolucionar técnica y socialmente, se une en una conciencia colectiva (la noosfera) con lo divino. Quizá la de Peter Thiel y Palantir sea una inversión moral de ese momento, una extenuación social que comienza a presentar síntomas patológicos a través del lenguaje. Conviene recordar a Lewis Carrol:

"Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. 

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo".

Una semana después de conocer los 22 puntos del manifiesto Palantir firmados por Peter Thiel, la ira ha aumentado un grado en el campo de batalla de las guerras cognitivas. Las imágenes pesan mucho más que las palabras, las metáforas hiperbólicas con que se explica la realidad resultan tan simples que la realidad misma también lo parece. En una semana, en el complejo España un diputado de Vox imprecaba violentamente a un vicepresidente del Congreso, un portero golpeaba a un jugador en un campo de fútbol y el presidente de Vox llamaba “mierda” al presidente del Gobierno alentando una algarada en las calles de Granada durante la precampaña andaluza. La ira simplifica las reglas. La realidad se resume en un plano, un grito, un disparo…

Son días de violencia. Un profesor ha intentado asesinar a Donald Trump. La culpa es de los periodistas y los profesores, dijo Nixon a sus asesores más cercanos tras su dimisión por el Watergate en 1974. Se diría que el manifiesto Palantir es una sublimada invitación a la ira. Sin embargo, algo falla en el algoritmo. Mientras tratamos de procesar un genocidio en Gaza y una guerra en Irán, cuando la violencia se vuelca en un punto local, el sistema sufre un apagón sin mayor explicación que la evidencia. La soberbia intelectual de Thiel conduce inevitablemente hacia la oscuridad. El intento fallido de sustituir la democracia liberal por la tecnocracia es la puerta inversa al Punto Omega. Y Vox, en Andalucía, continúa instalado en su pájara.

Abascal ha aprovechado la vulnerabilidad de Feijóo y se ha impuesto ganar los corazones y las mentes de sus votantes. Diseñado el patrón, basta con cambiar los moldes de lugar (algunos nombres y otros complementos circunstanciales) para reutilizar el mismo armamento mental una y otra vez hasta que el adversario pique el anzuelo. En Extremadura y Aragón ha sido necesario aceptar apenas un aroma del manifiesto Palantir para que el PP pudiera celebrar dos gobiernos. Pero, como hemos dicho anteriormente, la conclusión de los caucus no es el final del reemplazo. Vox logra escapar de su flojera y ocupar la centralidad del debate presentando incluso una moción a la Corte de los Leones donde Feijóo, esta vez sí, ha votado en contra de la prioridad nacional, abriendo otra nueva grieta en el PP.

El alcance de la campaña se ha extendido en todo el territorio, ya sea en Madrid o Andalucía, donde Díaz Ayuso y Moreno Bonilla se juegan dos mayorías absolutas en sus respectivas elecciones. La política diaria a cualquier nivel proporciona excusas suficientes para activar el combate, ya sea en el Congreso de los Diputados, en Sol, San Telmo o un ayuntamiento de Murcia.

Contra la guerra cognitiva y el uso indiscriminado de significantes vacíos, sólo cabe tener una posición de poder y una idea opuesta, prioridad ciudadana, sostenidos por un buen diccionario, la ley y cierta querencia por la indignación. En San Telmo y en Sol han apostado por un “no” a los pactos con Vox que aglutine a sus respectivas mayorías. De fondo, como en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, se encuentra el rechazo moral a un derecho inválido que vulnera el principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución y la ciudadanía europea. El derecho se nutre de valores y lo que se esconde en el fondo del pacto PP-Vox es una tentación supremacista a la espera de una debilidad.

Pero un ‘no' es insuficiente para conformar una mayoría. Frente a la prioridad nacional, el ‘sí’ se sustancia en la prioridad ciudadana, donde caben las batallas propositivas que aglutinan otras mayorías. Fíjense en el alcalde Jaume Collboni y su plan de vivienda para Barcelona, en Salvador Illa y su plan de choque para reducir las listas de espera para la percepción de las ayudas a la dependencia. Lean a Unai Sordo y sus políticas de empleo y el no a la guerra convertido en sí a la paz de Pedro Sánchez, adalid de la socialdemocracia en el mundo desde Gaza hasta hoy. Las batallas del ‘sí’ son las únicas que abren camino a una nueva esperanza.

En tiempos de polarización, hay una batalla soterrada ahora mismo que preocupa especialmente en los cuarteles generales del Partido Popular y del PSOE: el voto de centro. El espacio de los que se consideran más moderados y se sitúan en mitad del tablero decantará las próximas elecciones. Y la indecisión alcanza los niveles más altos en esa franja: uno de cada cuatro electores situados ideológicamente en la media no sabe qué hará en las elecciones generales.

El concepto de centro es magmático. Y en España los partidos que surgieron supuestamente para aglutinar ese espacio no lograron triunfar y sus dirigentes acabaron engrosando las filas principalmente de opciones de derechas. Ciudadanos y UPyD son los ejemplos más claros de esos movimientos. Un teórico centro que terminó virando hacia el Partido Popular.

¿El centro es mayoritario en España? Según el último barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la media del votante español se sitúa en el 4,64 dentro de la escala ideológica que va del 1 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha). El 21,6% de los electores se auto ubica en el 5 (centro-centro). Y los bloques a los lados quedan así: 43% izquierdas y 30,1% derechas.

Por eso, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo buscan ese espacio, que, en términos electorales, ahora mismo está siendo dominado por Génova 13. Los datos del CIS señalan que los electores radicados en el 5 prefieren en este momento al Partido Popular (19%), por delante del PSOE (11%). Las siguientes opciones son: Vox (8%), Sumar (1,7%) y Se Acabó la Fiesta (1,6%).

En cambio, los socialistas se imponen con claridad en el centroizquierda, aquellos que se puntúan con un 4 en la escala ideológica. Pedro Sánchez arrasa en ese grupo con un 44,9%. Pero lo que obsesiona principalmente a socialistas y populares es la amplia masa de electores ubicados en el centro que no saben a quién votarán en las generales (un 24,6% en los que se dan un 5). En la última encuesta de 40dB. se recoge también que los españoles se sitúan en un 4,9 de media. En ese punto de la tabla, el Partido Popular tiene ahora mismo una intención de voto del 22,5% frente al 16,5% del PSOE.

Ese espacio de centro (en la media del 5) tuvo sus cotas históricas más altas, en la autoubicación del CIS, durante la pandemia, llegando a superar el 31% en el estudio de junio del año 2020. Pero esa concepción del centro también se marca por los extremos. La extrema derecha, que había sido casi residual, empezó a despegar a finales de 2018, cuando irrumpió Vox. Hasta ese momento estaba en menos del 1%. Hoy un 6,4% de los españoles se sitúa en el 10 (extrema derecha). Pero a la vez, también están marcando en el último año cifras históricas aquellos que se sitúan en la extrema izquierda, ahora mismo por encima del 15% de los ciudadanos.

Otro de los elementos que distingue, a estas alturas de la legislatura, a los votantes del centro es precisamente, que registran el mayor grado de descontento con los líderes. Sánchez aparece como el preferido para ser el presidente del Gobierno en este segmento, pero solo concita el apoyo del 14,7%, mientras que Núñez Feijóo apenas supera el 11%. Y es que el dato más relevante es que el 41% no quiere a ninguno de los actuales líderes de los partidos.

Además, el centro también es voluble en cada carrera electoral, dependiendo de los candidatos y de las vías pragmáticas que se abren. Un ejemplo es Hungría, donde ha ganado un candidato muy de derechas frente a Viktor Orbán, pero en el que se han volcado tanto los centristas como los progresistas para desalojar al anterior primer ministro.

Precisamente, en el PSOE miran mucho a los pactos entre el Partido Popular y Vox en comunidades como Extremadura y Aragón como un factor que puede hacer que los indecisos del centro terminen apoyando a Sánchez porque les aterrorizan esos acuerdos que suponen una “involución”, según fuentes socialistas.

Además, los socialistas creen que tienen una gran opción de avanzar en el voto del centro con el último movimiento de Sánchez en el Gobierno al haber aupado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero. Su figura moderada, técnica y profesional conecta muy bien con ese tipo de electorado. Asimismo, como señalan dirigentes del partido, no se puede crecer mucho más por la izquierda, un flanco con el que conecta directamente la propia figura del presidente.

En el espacio a la izquierda del PSOE temen ese dominio de Sánchez, pero los socialistas señalan que se ha dado de manera natural por las políticas del presidente, pero también por la falta de unidad de esos partidos en pleno avance de la ultraderecha. No obstante, dirigentes progresistas, como señaló Jéssica Albiach, de los comunes, en una entrevista con infoLibre confían en que esta tendencia cambiará una vez haya una fórmula electoral con un candidato después del verano.

En Génova 13 confían precisamente en ese espacio para poder vencer a Sánchez en las próximas elecciones. En el equipo de Feijóo hacen este análisis: “El PP es el partido de las mayorías porque es el que mejor representa al votante centrado”. Según señalan fuentes populares, el PSOE les ha dejado un “hueco importante en ese espectro, ya que vampiriza a quien está a su izquierda”.

Por eso, los populares quieren amarrar ese voto de centro que, según sus análisis, pide “gestión, buena praxis, sensatez y sentido común”. “El PP se siente muy cómodo en el centro porque está centrado en lo que importa a la mayoría de los españoles”, indican desde la sala de máquinas de la formación que lidera Núñez Feijóo.

Si no le gustan los principios del PP, tiene otros. Sus políticas allá donde gobiernan y sus declaraciones reflejan un cambio constante de principios, que se ha intensificado desde que Vox les pisa los talones y dependen absolutamente de sus exigencias para gobernar. Esta semana, Feijóo, que traga con carros y carretas y tiene en Tellado y en Ester Muñoz dos entusiastas aliados de la ultraderecha, ha defendido los acuerdos logrados en Aragón y Extremadura en los que la ‘prioridad nacional’ es un golazo de libro. El PP se sitúa así en la misma órbita que la extrema derecha francesa, a quien han copiado el xenófobo principio. 

La prioridad nacional supone poner a la cola de cualquier ayuda o atención sanitaria a todos los inmigrantes con papeles si no cumplen con los años de arraigo exigido, y a los irregulares, excluirlos totalmente. Vox hace realidad a diario la idea de ‘la derechita cobarde’, sometiendo al PP a las más abyectas demandas. Abascal ha logrado que María Guardiola, la presidenta de Extremadura, se pusiera en modo alfombra para pisotear los principios inamovibles que un día presumió tener. En Génova han aplaudido el acuerdo. Y para que su modelo de prioridad nacional funcione y no quede en nada, se les entregan las llaves para conseguirlo, una vicepresidencia que incluye la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia desde la que dictar sus propias normas y asegurarse de dar con la puerta en las narices a los inmigrantes.

En el PP no lo ven para tanto, cualquier precio les parece asumible. Así han cerrado para  Aragón un acuerdo fotocopiado pero con tres carteras en lugar de dos, preparando el terreno para las elecciones andaluzas. A Juanma Moreno le tienen muchas ganas en Vox, están deseando verle humillarse. Es el barón que les falta para hacer check. Como es andaluz y aspirante a señorito con montura, Moreno no dudaría en adaptar el desesperado grito de Ricardo III de Shakespeare de ‘Mi reino por un caballo’ a ‘Mis principios por una presidencia’. 

En una comunidad que ha encontrado en los inmigrantes su fuente de mano de obra, y que tiene censados cerca de 1 millón de extranjeros, se podrá lavar las manos durante la campaña, pero a la hora de la verdad claudicará como el resto. Algunos acabarán normalizando casos como el empresario de Jaén que abandonó muerto en 2019 a las puertas de un centro de salud a un trabajador marroquí que había fallecido recogiendo la aceituna. Porque los que son como él no tendrán derecho a atención médica a no ser una urgencia. 

Vox tiene el bastón de mando. Por eso, ahora, en todas las comunidades en las que el PP precisa su apoyo, impondrán la prioridad nacional o dejarán de sujetar ese gobierno. En Valencia ya lo han puesto sobre la mesa. Un principio que venden como necesario para sostener el Estado del bienestar, cuando los inmigrantes a los que se va a excluir son los que contribuyen a mantenerlo. 

El historial en deglutir lo que se tercie del PP es inabarcable y ha ido in crescendo. De renunciar Aznar a sus españolísimos principios y hablar catalán en la intimidad, han pasado a tragar con el genocidio de Israel en Gaza. Hasta que sus propios votantes lo rechazaron abiertamente en las encuestas, Feijóo no se animó a calificar de inadmisible la masacre, evitando pronunciar la palabra genocidio. Eso fue hace solo unos meses, el pasado septiembre, dos años después de estar presenciando la salvaje matanza civil sin inmutarse. Qué tragaderas, oye. 

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista".

Con esas palabras ha rechazado María Corina Machado, durante su visita a España, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cambio, sí se ha visto con dirigentes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. También se entrevistó con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en la sede de la Fundación Disenso.

 En su agenda también estuvo un acto en el Senado, dominado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Asimismo, protagonizó un desayuno informativo presentado por el expresidente del Gobierno Felipe González. Tuvo tiempo para entrevistas con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Federico Jiménez Losantos. Y llegó incluso a fotografiarse con Mariano Rajoy. En cambio, no visitó el Palacio de la Moncloa, a pesar de que Sánchez le ofreció una reunión.

Este rechazo ha abierto un nuevo frente entre la galardonada con el premio Nobel de la Paz y el Ejecutivo. Y supone un agravio por parte de la política a un Gobierno que ha dado pasos a favor de la libertad en Venezuela mayores que otros países de la UE. Incluso, Machado ha dicho en las últimas horas que espera que España pueda tener pronto “unas elecciones impecables”, un mensaje que hace alusión al manido bulo del fraude electoral que utiliza la extrema derecha en España sin ningún dato que lo respalde.

Precisamente España se ha convertido en el principal país receptor de venezolanos en Europa. Desde 2018, año en el que llegó Pedro Sánchez al poder, se ha aplicado una vía exprés para que los ciudadanos de este país pudieran obtener permiso de residencia por razones humanitarias. Un instrumento que ahora se extingue coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros. Bajo esta fórmula, se han concedido permisos durante estos ocho años a más de 240.000 venezolanos.

La comunidad venezolana en España ha crecido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado de 255.000 en 2018 a casi 700.000 ahora, según el INE. De todos ellos, más de 250.000 tienen nacionalidad española.

La visita de Machado se ha producido apenas unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López, uno de los rostros más reconocidos de la oposición venezolana durante años. El Gobierno justificó así su decisión: “Fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008 y coordinador nacional del partido Voluntad Popular desde 2009. En 2014 fue encarcelado por promover protestas antigubernamentales y permaneció más de tres años privado de libertad antes de pasar a arresto domiciliario. Posteriormente, se refugió en la embajada de España en Caracas y a finales de 2020 se trasladó a Madrid donde reside actualmente”.

"La concesión de la nacionalidad se fundamenta en su relevancia política, defensa de los valores democráticos y situación excepcional, en la que no es reconocido como nacional por su propio país. Por eso, el Gobierno quiere subrayar que esta decisión refleja su compromiso con el pueblo venezolano y su transición democrática”, argumentó el Ministerio de Justicia, pilotado por Félix Bolaños, respecto al acuerdo gubernamental. López precisamente estuvo resguardado en la residencia en Caracas del embajador de España en Venezuela desde abril de 2019 hasta octubre de 2020, cuando Sánchez ya llevaba un año en la Moncloa.

El Gobierno español no reconoció el resultado oficial de las últimas elecciones en 2024 en Venezuela, donde Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Desde el Ministerio de Exteriores siempre se exigió la publicación de las actas electorales. Ante esta situación, España acogió en septiembre de ese año al candidato opositor, Edmundo González, que fue trasladado hasta Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

El Ejecutivo resaltó entonces: “El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya”. Y reiteró “su compromiso con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, muy especialmente de los líderes políticos”. 

El propio Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a González y escribió un mensaje en X en el que daba una “cálida bienvenida” al candidato opositor y defendía su acogida “mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”. En las redes, el candidato agradeció al presidente su “disposición” por recibirlo a él y a su esposa: “Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores”.

En febrero de 2019, Sánchez también fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” y exigió la convocatoria de unas elecciones presidenciales “libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la democracia y la concordia”, indicó durante aquellos días el socialista.

Al calor del choque con Machado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha relatado que también a ella el Gobierno le ofreció ayuda. En una entrevista en RNE, señaló que ella misma “en un momento” solicitó refugio en la embajada española. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, reveló el responsable de la diplomacia, que consideró “injustas” esas críticas porque precisamente es el Ejecutivo “que más ha hecho por el pueblo venezolano en todo el mundo”.

Por eso, el Gobierno español considera una “falta de respeto” la actitud de Machado. El propio Albares verbalizó: "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". A pesar de todos estos episodios y acciones de los gobiernos de Pedro Sánchez, Machado ha decidido sembrar dudas sobre las elecciones en España y ha evitado reunirse con el presidente de un país que ha acogido a cientos de miles de venezolanos por razones humanitarias durante años.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

María Corina Machado es ahora la musa de la derecha española, pero lo fue mucho antes de Washington. El expresidente George W. Bush la recibió en el despacho oval en 2005 pese al enfado del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que calificó la reunión como una injerencia inaceptable. Tiempo después, Machado fundó su propio partido –Vente Venezuela– pero tuvo que esperar hasta 2023 para hacerse con las riendas de una oposición en horas bajas, tras el fiasco que supuso la autodenominada presidencia interina de Juan Guaidó.

Machado pertenece a una de las principales familias de la vieja oligarquía venezolana y representa al sector más duro de la derecha. Su perfil ultraliberal y anticomunista la convierte en una suerte de dama de hierro latinoamericana, la misma que defiende el derrocamiento del chavismo por vías violentas y la “privatización total” de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Así lo afirmó este lunes en un desayuno informativo celebrado en Madrid acompañada por el expresidente socialista Felipe González y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Si quieren invertir, vengan a hablar con nosotros, que les diremos lo que vamos a hacer en electricidad, sistema bancario, petróleo, turismo…”, manifestó.

El país que ambiciona María Corina Machado está predefinido en un documento que ya fue presentado en las elecciones presidenciales de 2024 bajo el nombre de “Venezuela, tierra de gracia”. Sus planes pasan por privatizar todo el sector industrial del país atrayendo capitales extranjeros, principalmente estadounidenses. Es el mismo plan que tiene Donald Trump, ya que Venezuela es su gran apuesta geoestratégica porque cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo, enormes yacimientos de gas y es rica en minerales y tierras raras. 

Sin embargo, tras el secuestro de Nicolás Maduro, el magnate prefirió optar por una transición ordenada con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Una decisión incomprensible para Machado, que confiaba en que el presidente de EEUU forzara unas elecciones o la situara a ella en el poder. Ni ofreciéndole el Nobel de la Paz lo consiguió. 

Para la derecha española, Machado no es solo la bestia negra del chavismo, sino también una adversaria ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. En el citado desayuno, la líder opositora afirmó que espera que España “pueda tener pronto unas elecciones impecables” de las que “salga un Gobierno que acompañe la causa hispanoamericana”. Unas palabras que contrastan con las decisiones del Ejecutivo de Sánchez de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones, de dar asilo al candidato impulsado por Machado, Edmundo González, y de conceder la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López.

Tras una gira europea con parada en Francia, Países Bajos e Italia — y reuniones con sus mandatarios—, Machado aterrizó en Madrid para recibir las llaves de la ciudad por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la Medalla de Oro de manos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras el encuentro entre ambas, la Puerta del Sol se llenó de manifestantes y se profirieron gritos racistas de "¡Fuera la mona!" dirigidos a Delcy Rodríguez auspiciados por el cantante Carlos Baute.

Sin embargo, Machado declinó reunirse con el presidente del Gobierno, pese a que se cursó una invitación oficial por parte de Moncloa. “La reunión de Barcelona es la demostración por la que no es conveniente”, argumentó la venezolana, en referencia a la cumbre progresista auspiciada por Sánchez en Barcelona con líderes de la izquierda internacional. La líder opositora sí se reunió, en cambio, con Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. 

Este lunes, además, fue recibida por Pedro Rollán, presidente del Senado. Desde la Cámara Alta defendió que acudía precisamente a la que es "la casa del pueblo español”, aunque lo cierto es que no ha hecho parada por el Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol y volvió a reafirmarse en su idea de no haberse reunido con Sánchez tras las críticas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. 

En una entrevista concedida a RNE, Albares calificó de "error" que Machado busque presentarse en España como "líder de una facción ideológica", especialmente de la extrema derecha. Para el titular de Exteriores, resulta "extremadamente chocante" que la opositora emita "críticas gratuitas" para agradar a un determinado sector político, recordando tajantemente que "no se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". 

En esa línea, desveló que la política venezolana llegó a solicitar asilo en la Embajada española en Caracas. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, aseguró el ministro, si bien “al final no lo usó, pero eso estuvo ahí”. Por lo tanto, consideró “completamente injusto” que se critique al Gobierno español, “el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo”. 

No es la primera vez que la derecha española se vuelca con la oposición venezolana ni sigue el mismo manual. En enero de 2020, tanto PP como Vox se movilizaron para arropar a Guaidó, que fue recibido en Madrid con honores de jefe de Estado por la Comunidad y el Ayuntamiento tras una concentración de opositores venezolanos en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que todavía no había recibido nadie desde su creación en 2017.

Con ese apoyo a Guaidó, las derechas trataron de poner en evidencia a Pedro Sánchez por no haberlo recibido durante su visita a España, a diferencia de lo que habían hecho otros mandatarios europeos como Angela Merkel, Emmanuel Macron o Boris Johnson. Todo ello a pesar de que Sánchez encabezó la decisión de reconocerle como presidente interino. En septiembre de 2024, el PP también impulsó una resolución para reconocer a Edmundo González como presidente electo del país, al que el Gobierno de Sánchez dio asilo tras las elecciones venezolanas.

Antes lo intentaron con Leopoldo López, condenado en Venezuela en 2014 a casi 14 años de prisión por instigar manifestaciones contra el Gobierno de la República Bolivariana que terminaron con 43 muertos y cientos de heridos. López esperaba que la ira de sus seguidores derivara en una insurrección contra un Maduro que llevaba apenas unos meses en el poder tras la muerte de su mentor ideológico, Hugo Chávez, en marzo de 2013. Pero no fue así. 

Durante su encarcelamiento, López contó con un amplio respaldo en los círculos políticos y mediáticos de España, pero también encontró un fuerte respaldo en los expresidentes Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) que promovieron un manifiesto que reclamaba la libertad de López. Años más tarde, en las elecciones europeas de 2019, el PP de Pablo Casado fichó al padre de Leopoldo López para que se integrara en sus listas. Tan solo unos días después de este anuncio, Leopoldo López se refugiaba en la Embajada de España en Caracas, donde permaneció hasta huir del país hacia Madrid un año y medio después. Hace menos de un mes, el Gobierno de Sánchez nacionalizó a López con un decreto exprés.

El Partido Popular ha decidido librar una batalla contra la regularización extraordinaria de migrantes por todos los frentes: judicial, burocrático y europeo. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros el pasado martes, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha una ofensiva múltiple, coordinada con las autonomías, en la que se mezclan recursos judiciales, la amenaza con acudir a Bruselas y la utilización de los propios cuellos de botella administrativos para intentar paralizar o ralentizar la medida.

El PP también está dando la batalla a nivel discursivo. Feijóo tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida en un encuentro con los parlamentarios del partido en el Congreso y el Senado pese a que en abril de 2024 la formación conservadora aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja. Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. 

Este jueves, el líder de la oposición señaló en un foro celebrado por el elespañol.com que  la iniciativa “va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea” y que, por tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “traidor” a Europa. Días antes, tras la reunión del comité de dirección del partido, la vicesecretaria Alma Ezcurra anunció que el PP no dejaría pasar “ninguna” vía política, parlamentaria o jurídica, ni siquiera en Bruselas, para combatir el decreto.

En el aspecto judicial, al menos ocho autonomías se preparan ya para ya para recurrir el recurso contra el real decreto, según ha avanzado el diario El Mundo. A la Comunidad de Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana se le sumarán Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Por su parte, Extremadura y La Rioja, todavía no han tomado la decisión. Y solo una, Andalucía, se desmarca por ahora. Su presidente, Juanma Moreno, no discrepa de sus compañeros de partido, pero no quiere que la cuestión impacte en la precampaña andaluza.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el recurso y la petición de suspensión cautelar bajo la tesis de que el eventual aumento de población regularizada podría “colapsar” los servicios públicos madrileños. “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”, señaló. “Estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales [es un bulo, en caso de que un migrante que ha delinquido pida la regularización, quedaría automáticamente fuera de este proceso]. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos”, argumentó en la sesión de control al Gobierno el pasado jueves. En otras ocasiones, lo ha vinculado directamente a un intento de alterar el censo electoral, otro bulo de la presidenta autonómica. 

La Comunitat Valenciana y Baleares insistieron en la misma desinformación. El president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó al Gobierno de regularizar a inmigrantes por cálculo electoral y, en una línea muy similar a la de Ayuso cuando habla de “mover los censos”, lo achacó a un “tema electoral”. Sin embargo, lo cierto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas generales y autonómicas. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, aseguró que la regularización era “irresponsable” y que provocará “un nuevo efecto llamada”, un concepto recurrente para la derecha.

En Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga describió la regularización como  una “temeridad” y “el mayor coladero de la historia”, insistiendo igualmente en el efecto llamada, el negocio de las mafias y la necesidad de una inmigración vinculada al empleo y al cumplimiento de la ley. Con el expresidente José María Aznar en La Moncloa se llevaron a cabo 453.891 regularizaciones.

El poder territorial del PP también les permite dar la batalla a nivel burocrático. Los barones conservadores denuncian que el decreto provocará caos, pero de ellos dependen gran parte de los resortes administrativos. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La única oficina que expide el certificado de memoria de la tarjeta de transporte, uno de los documentos para acreditar la permanencia continuada exigida por el decreto, no contratará a más personal. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el colegio profesional de trabajo social de Castelló ya ha alertado de sobrecarga por los informes de vulnerabilidad

Desde el PP denuncian el posible colapso de servicios sociales, sanidad, vivienda o consulados, pero al mismo tiempo organizaciones sociales y profesionales recuerdan que el decreto precisamente obliga a tramitar certificados, citas y acreditaciones de vulnerabilidad a través de una red administrativa que requiere refuerzo. La saturación en el sistema es una preocupación que trasladó en su informe el Consejo de Estado.

El colapso de las administraciones y la falta de citas en Extranjería llevan años siendo denunciados por asociaciones sociales y antirracistas. Hasta el punto de que ha surgido un entramado ilegal dedicado a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación de los solicitantes y las trabas de la burocracia española.

El Partido Popular también está tratando de elevar el conflicto más allá del marco interno para presentarlo como un problema para el espacio Schengen y para la confianza entre socios europeos. Tras el anuncio de la medida, el pasado mes de enero, el líder del PP aprovechó una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) para tratar de lograr una respuesta unitaria contra la decisión del Gobierno de Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la “legalización masiva de inmigrantes ilegales”.

Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo que incluía presión sobre los “servicios públicos”, tensión en el “mercado de la vivienda”, “problemas de convivencia” y, sobre todo, el “efecto llamada”.

El líder del PP también se topó con una rápida respuesta de Bruselas que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la “responsabilidad” para tomar la decisión de regularizar a personas migrantes. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro que es el país el que “tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” para “ver si hay necesidad de mano de obra”: “Es lo que está haciendo España”, dijo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana a China. Un viaje que llega después de críticas directas del PP estatal y veladas de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por la visita oficial que está realizando esta semana al mismo país. En Galicia también viene siendo habitual que cargos del PPdeG critiquen a PSOE o BNG por reuniones con cargos políticos chinos pese a que el propio Feijóo también las mantuvo tanto en el viaje que realizó como presidente de la Xunta a Pekín en 2017 como recibiéndolos en Galicia.

El viaje de Rueda de la próxima semana, a Pekín y Shanghái, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tendría un contenido fundamentalmente económico para mejorar los intercambios comerciales gallegos. Y llega al tiempo que el PP retoma sus críticas a Sánchez por hacer lo mismo.

Este martes el propio Feijóo criticó de modo velado el “coqueteo con terceros países al margen de Europa” y dijo que Sánchez debe aclarar “si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior”. Unas declaraciones que se producen pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita oficial a China dentro de un mes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cuestionó que reunirse con China sea conciliable con la defensa “de la democracia y los derechos humanos”. El PP de Madrid, al tiempo, llamó a contrastar que “Sánchez se reúne con la dictadura china” mientras su líder, Díaz Ayuso, lo hace con la venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, el propio Feijóo se reunió con cargos del Gobierno chino en su visita de 2017. También recibió a varios embajadores chinos en Santiago.

En el pasado Feijóo y el PP estatal también cargaron contra encuentros entre el Gobierno de Sánchez y otros estados como Cuba que el propio Feijóo visitó en dos ocasiones, incluso reuniéndose con Raúl Castro.

Pedro Sánchez está de viaje en China. Por su ausencia, Carlos Cuerpo presidió por primera vez este martes la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Y en la sala tomó la palabra la ministra Elma Saiz. En su cartera llevaba una medida de enorme trascendencia: la prometida reforma para la regularización de migrantes sin papeles. 

Un paso que da el Gobierno por motivos económicos y por la dignidad de las personas que trabajan en España y que ahora mismo no tienen papeles. Y que supone un enfoque migratorio totalmente contrario al predominante en Estados Unidos y la Unión Europea, donde las fuerzas ultras y conservadoras toman medidas restrictivas y utilizan la cuestión para enfrentar a las propias sociedades y ganar votos.

Por eso, la decisión tomada por el Gobierno, tras un acuerdo con Podemos, ha provocado la atención de numerosos países y la de medios internacionales, que ven en España un modelo alternativo al ultra personificado principalmente en la fuerza paramilitar ICE en Estados Unidos por orden de Donald Trump. El Ejecutivo de coalición da luz verde a esta reforma, además, en un momento en el que el país también se abre paso como referente paralelo de modelo económico. La OCDE, en sus previsiones de finales de marzo, sitúa a España como la economía de la Unión Europea que más crecerá este año.

El Gobierno es consciente en estos momentos, según fuentes consultadas, de que esta regularización, que podría servir para medio millón de personas, será objeto en el tablero nacional de una dura batalla política y también judicial a través de recursos de la órbita de las derechas.

Pero en el Ejecutivo están convencidos de que van a ganar este pulso político que ya libran el PP y Vox contra la medida excepcional acordada en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, como recuerdan en su entorno, nunca ha evitado esta cuestión y ha defendido su visión abierta sobre la migración frente a la actitud de otras izquierdas en el continente. De hecho, incidió en su modelo incluso durante su conferencia en la Universidad de Columbia en septiembre del año pasado.

El jefe del Ejecutivo va a asumir en primera persona la defensa de la regularización. Y en estas horas lo ha hecho de dos maneras muy concretas. En la rueda de prensa que dio en Pekín expresó: “Lo que estamos haciendo es reconocer derechos de quienes están ya en nuestro país. Lo hacemos desde el punto de vista económico y por una cuestión moral. Un país que reconoce derechos es un país mejor”.

El también líder del PSOE quiso argumentar sus razones en una carta a la ciudadanía que hizo pública la Moncloa, en la que subraya: “Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”. 

El Gobierno pone énfasis en varios factores para evidenciar que la iniciativa cuenta con un gran apoyo entre la sociedad española, a pesar de las proclamas racistas y xenófobas de la derecha. Por un lado, pone en valor que la propia medida surge a través de una iniciativa legislativa popular, que contó con más de 700.000 firmas y fue apoyada por más de 900 asociaciones. Su admisión a trámite en el Congreso contó con el aval de todos los partidos políticos, a excepción del grupo parlamentario de Vox. 

Y el Ejecutivo pone sobre la mesa también el apoyo que ha recabado por parte de los agentes sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos y de la Iglesia. Por ello, el Gobierno va a presionar al Partido Popular recordando el papel de la CEOE y del clero, dos espacios de ideología dominantes de las derechas.

A la vez, el Gobierno va a argumentar con profundidad en este debate que esta regularización no es un hecho aislado en la democracia española, sino que la han aplicado tanto gobiernos del PP como del PSOE desde hace décadas. De hecho, el expresidente José María Aznar  llevó a cabo dos procesos similares de los que se beneficiaron más de medio millón de trabajadores sin papeles.

Hay otro factor psicológico al que apela el Gobierno: la propia historia de la sociedad española. Como señala un dirigente socialista: “El recuerdo sigue muy vivo en muchas familias. Aquellos ciudadanos que tuvieron que emigrar a América o que se fueron a trabajar a otros países europeos durante los años cincuenta y sesenta”. Pero, también, como señala Sánchez en su carta,: está muy presente la situación de los que se tuvieron que ir al extranjero durante la dura crisis económica que se inició en 2008.

Pero el Partido Popular no va a dar tregua. La migración es un campo esencial de su discurso político y, además, siente cómo Vox tiene en este tema una de sus principales bolsas de votos.  El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la medida es “inhumana”, “injusta”, “insegura” e “insostenible”, además de que, en su opinión, “alienta a las mafias”.

La regularización no será solo objeto de debate político, sino que también se enfrentará a la ofensiva de la derecha en los tribunales. Por eso, el Gobierno ha trabajado el texto de manera minuciosa, revisando cada coma. Una labor que recuerda a la que se hizo con la ley de amnistía con el fin de que no haya flecos que puedan tumbar la norma. Se ha tenido muy en cuenta para el redactado final el informe preceptivo emitido por el Consejo de Estado. La fórmula final, como avaló este órgano, ha sido la reforma del reglamento a través de real decreto, sin tener que someterse a una votación en el Congreso como exigía el Partido Popular.

La batalla en los tribunales ya está en marcha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto al frente de ella. La semana pasada ya anunció que interpondrá un recurso con este argumento: “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales”.

Vox tiene planeada también una ofensiva total contra el decreto de regularización. Uno de los principales movimientos será un recurso ante el Tribunal Supremo. No se quedará solo ahí. Quiere incendiar las calles también a través de una campaña bajo la premisa de que este proceso “vacía las arcas públicas y llena las cárceles de España”.