El PP sigue nadando en un mar de contradicciones. Esta semana ha tenido dos temas calientes. Por un lado, Andalucía con Juanma Moreno tragándose la prioridad nacional de Vox que durante la campaña electoral rechazó y metiéndose de lleno en "el lío" del que antes rehuía. Por el otro, el debate sobre la 'ley de nietos'. Feijóo no para de atacarla y la ha calificado de fábrica de votantes para el PSOE. Pero la hemeroteca no falla y es un buen espejo de sus contradicciones: durante una visita a Argentina hace años no dudó en defenderla. Y, aunque visto lo visto ahora parece que se les ha olvidado, también sacaba pecho por ella el propio PP. No ha faltado en este jaleo la presencia de Aznar, que se muestra a favor de la norma contradiciendo al líder del partido. 

Las redes se lo están pasando fenomenal analizando el baile de opiniones de la derecha y sacándole los colores a los de Génova. "Abascal ha ordenado eliminar las palabras ‘Andaluces, levantaos’ del himno porque le agobian", se cachondea ‪@wilma78.bsky.social, "Es más fácil que Feijóo cambie de opinión que que aprenda inglés" ironiza @SarahPerezSanta, "A partir de hoy ya mandan ‘los señoritos a caballo en Andalucía’ (Vox)", se lamenta @heydy.bsky.social.

El partido de España contra Suiza ha dejado lo que los tuiteros han valorado como "el meme" del Mundial. El protagonista es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, celebrando eufóricamente un gol de Oyarzábal, el tercero de la noche. Un meme que, además, está siendo antídoto contra los ataques racistas. "Esta imagen de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando el segundo gol de Oyarzábal, ha reventado el racistómetro. Quiere más a España este niño que todos los patriotas de pulserita de Vox y el PP juntos", valora @EgioVictor.

La orden de detención de Vito Quiles es otro tema que tiene las redes calentitas. Los usuarios han aprovechado para mofarse del agitador ultra con creaciones de lo más ocurrentes.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

“Nunca hubo 382.568 españoles, 114.625 de ellos gallegos, que participasen en unas generales desde el extranjero. (...) Lo que sí ocurrió (...) es que llegaron del exterior 382.568 votos, 114.625 de ellos gallegos, emitidos en nombre de otros tantos electores residentes más allá de las fronteras. En una parte significativa, imposible de cuantificar, esas cifras reflejan el irregular trabajo de las maquinarias de PSOE y PP en la diáspora, especialmente en el Río de la Plata. Abarcaba el tráfico de sacas, recogidas masivas y pagadas de papeletas, intervenciones ilegítimas de gobiernos ajenos, participación de personas ya fallecidas y, en general, un descontrol descomunal gestionado por empresas de correos extranjeras”.

En julio de 2018 Anxo Lugilde, uno de los periodistas con mayor conocimiento del sistema de voto exterior, autor de uno de los libros de referencia al respecto —El voto emigrante. Viaje por la zona oscura de la democracia española (Galaxia, 2007) y doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre la participación política de la emigración gallega— contextualizaba de este modo en una crónica para Praza.gal la necesidad de una “urgente” reforma del mal llamado voto emigrante, el de las personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El mismo que durante décadas, desde tiempos de Fraga, el PP trató con especial cariño y que el heredero del fraguismo, Alberto Núñez Feijóo, simula redescubrir estos días para lanzarlo contra Pedro Sánchez.

La cuestión sobre la que el PP contribuyó a traer el voto CERA a la actualidad es la apodada como ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que, al estilo de lo ocurrido con la Ley de Memoria Histórica hace una década, extiende el acceso a la nacionalidad española a la descendencia de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos. La extrema derecha de Vox se aferró a esa disposición para, en sintonía con la internacional reaccionaria de la que la formación de Santiago Abascal es miembro orgulloso, envolverla como un intento de fraude por parte del PSOE en general y de Pedro Sánchez en particular para las próximas elecciones generales. Un “pucherazo” por la vía de incrementar el censo exterior, acusaban.

Feijóo también sintonizó. En varias declaraciones públicas, especialmente en una en respuesta al locutor radiofónico Federico Jiménez Losantos, atribuyó la concesión de la nacionalidad por esta vía a un ejercicio de “ingeniería electoral”. A la voluntad de “fabricar dos millones y medio de votantes”, porque “las encuestas le dicen [a Sánchez] que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente”, sostuvo en otra entrevista en una televisión murciana entre críticas al procedimiento para “ampliar el número de personas que tienen derecho a pasaporte”.

Entre un creciente alboroto, otros portavoces y dirigentes del PP —entre ellos, el presidente Alfonso Rueda— optaron por relativizar unas críticas que, en cualquier caso, pusieron el foco en el voto exterior. Una cuestión especialmente espinosa en el caso gallego, por ser las circunscripciones de Galicia las que más inscripciones en el CERA acumulan en todo el Estado. A principios del pasado mayo eran ya más de medio millón, unas 34.000 más que en las elecciones gallegas de 2024, antes de las cuales el PP de Feijóo había prometido, precisamente, facilitar el acceso a la nacionalidad a la generación de las nietas y nietos de emigrantes.

El cariño político con el que el PP en general y el PPdeG en particular trataron el voto exterior varió escasamente en toda la historia de la formación. Pero sí fue cambiando su exigencia de garantías democráticas al respecto. Apenas existió durante el fraguismo, tiempos en los que abundaron los rumores sobre fraudes como los resaltados por Anxo Lugilde, concretados también en informaciones periodísticas que probaron, por ejemplo, la emisión de votos para las circunscripciones gallegas en nombre de personas emigradas que ya habían fallecido o la facilidad para que una sola persona votase en nombre de otras muchas sin mayor control.

A casos como esos había aludido el PP al final del fraguismo, cuando lo ajustado del escenario político le hacía temer la pérdida de la Xunta —lo que finalmente sucedió tras el recuento, precisamente, de un sufragio exterior que no movió diputados—. Y también lo había hecho Feijóo desde la oposición en Galicia, prometiendo voto en urna con garantías semejantes a las de la Galicia interior si vencía en unos comicios gallegos, los de 2009, para los que el voto CERA contó por primera vez con una mínima garantía de seguridad: anexar una fotocopia del DNI al sufragio para, cuando menos, acreditar que la persona que votaba seguía viva.

La introducción de esa mínima garantía implicó un primer descenso de la participación electoral del CERA, caída que sería aún más abrupta a partir de 2011, cuando PP y PSOE pactaron una reforma electoral para introducir el voto rogado, esto es, que las personas inscritas en el censo exterior tuviesen que solicitar expresamente participar en cada proceso electoral. El cambio, concebido para ahuyentar el fraude, insertó plazos muy ajustados y tratamientos idénticos para situaciones muy dispares (por ejemplo, emigración reciente con descendientes y sistemas postales diferentes entre sí).

Fue en este contexto en el que populares y socialistas, y especialmente también Feijóo, reclamaron como urgente suprimir el sistema de sufragio rogado, lo cual acabó sucediendo en 2022 a partir de una proposición de ley del PSOE con Unidas Podemos. La nueva norma suprimió el voto rogado, pero introdujo un plan para depurar el censo —una de las demandas históricas para, entre otros aspectos, eliminar a personas fallecidas— y nuevos procedimientos, como recibir los sobres de votación sin solicitud previa y poder descargar las papeletas de internet para votar en urna en embajadas o instalaciones consulares o bien por correo, con el voto enviado a la embajada o consulado llevando anexas copias del carné, del certificado de nacionalidad o de la inscripción consular.

Este nuevo sistema se estrenó en las elecciones generales de 2023. En el caso gallego la participación aumentó, pero quedó muy lejos de las cifras espectaculares del fraguismo y los resultados fueron victorias aplastantes del PP. En el conjunto del Estado los más votados también fueron los populares y la única repercusión de los sufragios llegados del extranjero fue que los socialistas perdieron un escaño por la provincia de Madrid en beneficio de los de Feijóo, un solo asiento en el Congreso que aun así tuvo relevancia política al obligar a Pedro Sánchez a conseguir el “sí” de Junts a su investidura, sin que fuese suficiente con una abstención.

Al año siguiente, en 2024, las primeras elecciones gallegas tras el fin del voto rogado registraron una participación semejante a la de las generales entre los miembros del CERA, apenas un 6%, e implicaron también una amplia victoria del PP que no movió escaño alguno. Cuatro años antes, en 2020, sí se había movido un diputado (a favor del PP y en perjuicio del PSOE).

Alberto Núñez Feijóo se proyecta como un gestor austero, pero sus propias declaraciones de bienes muestran otra realidad. Su trayectoria se presenta como la del servidor público de carrera. Pero su declaración de bienes dibuja otro relato: el de un político que pasa, en muy pocos años, de un patrimonio relativamente modesto a casi un millón de euros en depósitos y acciones, varias viviendas en propiedad y cero deudas bancarias. No tiene ni hipotecas, ni créditos bancarios de ningún tipo.

Un político que, viviendo exclusivamente de salarios públicos durante décadas, ha acumulado más de 600.000 € en productos financieros de ABANCA, tres viviendas en propiedad, dos garajes, una finca rústica y miles de acciones de Inditex. Y todo ello sin haber ejercido nunca en la empresa privada. La pregunta es incómoda y legítima: ¿cómo puede un político enriquecerse así sin ofrecer una explicación detallada y cronológica de cada salto patrimonial?

En torno a 2012, cuando llevaba tres años como presidente de la Xunta, Feijóo presentaba un patrimonio elevado para un alto cargo público: unos 120.000 euros en cuentas, cerca de 90.000 euros en planes de pensiones y varias propiedades inmobiliarias: Un ático de 121 metros cuadrados más 15 de terraza en Madrid, otro en Vigo con garaje, y una finca rústica en Ames. Estas propiedades figuran en sus primeras declaraciones conocidas y reflejan una posición acomodada. El ático con terraza en Madrid y el piso con garaje en Vigo los compró el mismo año, en 2001, cuando era presidente de Correos y todavía mantenía contacto con su ‘célebre’ amigo, el narco Marcial Dorado. 

Entre 2012 y 2020, la foto patrimonial parece avanzar de forma gradual: sueldos altos (más de 80.000 € brutos anuales como presidente de la Xunta) y algún ingreso por alquiler y depósitos que rondan los 140.000 €. También declara unos 176.000 € en planes de pensiones. Hasta aquí, aunque alto, el patrimonio podría explicarse por el “ahorro constante” de un político con buen salario.

El gran salto llega entre 2020 y 2021. Pero nadie sabía nada hasta que tuvo que presentar obligatoriamente una declaración ante el Senado al llegar a Madrid como líder del PP, y muestra que Feijóo pasa de inversiones modestas en productos financieros a declarar un fondo de inversión de ABANCA por 481.500 euros, más 190.547 euros en un plan de pensiones también gestionado por ABANCA, y más de 200.000 euros en cuentas y depósitos. Es decir, hasta cerca de un millón de euros en activos financieros. Sin actividad privada conocida y sin un negocio familiar que justifique esa capacidad de inversión.

A este salto financiero se añaden sus participaciones en grandes empresas: 2.500 acciones de Inditex y casi un centenar de acciones de Telefónica. Pero lo más relevante sigue siendo la súbita capacidad de inversión: ¿de dónde procede el capital inicial necesario para constituir un fondo de medio millón de euros? ¿Por qué no existe una trazabilidad pública sobre ampliaciones patrimoniales tan importantes? Las declaraciones, tal como están diseñadas, solo permiten ver fotos sueltas, no la secuencia completa.

También en 2021 vendió su chalé en A Fanequeira, en Moaña, en una venta opaca y llena de interrogantes, como todo lo relacionado con su patrimonio.

La oposición en Galicia exigió a Feijóo comparecer para dar cuenta de las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio cuando estos se produjeron. El PSdeG y el BNG plantearon su citación en la Comisión de Transparencia, pero la mayoría absoluta del PP gallego bloqueó la petición. El argumento oficial fue que la operación era privada y ya estaba incluida en su declaración pública. Esta negativa a dar explicaciones, como en otras tantas ocasiones, alimentó la sospecha sobre un posible conflicto de intereses y falta de transparencia. De hecho, algunos medios hablaron de un gran empresario español como comprador, y que hasta hace un mes dirigía una multinacional española líder en ingeniería, tecnología y defensa.

En 2022, ya como candidato nacional del PP, compra una nueva vivienda en A Coruña al contado —su tercera propiedad inmobiliaria en España— mientras reorganiza sus ahorros: 403.425 euros en un fondo de ABANCA, lo que quiere decir que pudo retirar una parte para comprar más acciones de Inditex, ya que pasó de 2.500 acciones valoradas en unos 51.050 € en 2022 a 4.000 acciones valoradas en 133.200 € en 2023.

También cerca de 195.000 euros en el plan de pensiones y un patrimonio financiero total que supera los 630.000 euros. Sus inmuebles ahora son: ático con terraza en Madrid, piso en Vigo con garaje, la vivienda recién adquirida en A Coruña, también con garaje y la finca en Ames.

Pero aquí surge un elemento especialmente turbio: el ático de Madrid, situado en una zona de muy alto valor, no es su residencia. Feijóo lo tiene alquilado a un precio irrisorio. Él vive en una vivienda del barrio de lujo de El Viso, una de las zonas más caras de Madrid, pero cuyo titular no es él. ¿Quién paga esa vivienda? ¿Quién es el propietario? ¿Por qué Feijóo, teniendo piso propio en Madrid, prefiere vivir en otra propiedad ajena situada en uno de los enclaves más elitistas de España? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública. Su declaración no identifica al propietario, ni las condiciones económicas del acuerdo, ni la naturaleza exacta del uso de esa vivienda. Una opacidad que contrasta con el volumen patrimonial declarado.

Hasta el pasado miércoles en el Congreso, que declaró visiblemente enfadado ante una pregunta del presidente Sánchez que el alquiler de la vivienda de El Viso lo pagan él y su pareja. Sin embargo, no ha hecho público el importe del alquiler ni las condiciones económicas del contrato, pese a que se le ha solicitado en sede parlamentaria. ¿Miente entonces? ¿Por qué tanto misterio?

En su declaración de bienes en el Congreso (agosto de 2023), Feijóo cifra su patrimonio financiero en 769.779,09 euros. Pero de nuevo falta lo fundamental: el detalle. No se exige declarar plusvalías específicas, ni fechas de compra o traspaso, ni movimientos de fondos. El resultado es que un político puede acumular cientos de miles de euros sin que la ciudadanía pueda saber cómo se ha generado ese incremento ni cuándo se han producido las grandes operaciones.

Uno de los aspectos más polémicos es la concentración del patrimonio de Feijóo en ABANCA, banco heredero de las cajas gallegas rescatadas con más de 9.000 millones de euros de dinero público y vendidas a precio de saldo al grupo de Juan Carlos Escotet, amigo íntimo de Feijóo. 

Durante sus gobiernos, la Xunta convirtió a ABANCA en intermediario casi exclusivo de servicios públicos: Tarxeta Benvida, Xente Nova, TMG, Tarifa +65… Y al mismo tiempo, Feijóo deposita cientos de miles de euros de su patrimonio personal en fondos y planes gestionados por ese mismo banco.

No hay pruebas de trato de favor directo, pero el conflicto ético es evidente. Las decisiones políticas de Feijóo consolidaron a ABANCA como actor central del ecosistema público gallego y, una vez consolidado ese poder financiero, Feijóo deposita allí buena parte de su dinero. En una democracia madura, esta coincidencia exigiría explicaciones detalladas, no solo un PDF cada varios años con cifras globales imposibles de auditar.

Finalmente, el caso Feijóo abre una cuestión general: ¿qué nivel de enriquecimiento es compatible con el servicio público? Los sueldos de un presidente autonómico o de un senador permiten vivir muy bien, sí, pero ¿permiten acumular cerca de un millón de euros en activos financieros, tres viviendas, una finca y presencia bursátil, todo ello sin deudas y sin actividad privada conocida? ¿Cómo se controla que el uso del cargo no genere ventajas implícitas —acceso a oportunidades financieras, información privilegiada no punible, relaciones de poder— que alimenten ese patrimonio? El sistema de transparencia actual no tiene mecanismos para responder a estas preguntas.

¿Ha presentado Alberto Núñez Feijóo alguna actualización de su declaración de bienes desde la publicada al inicio de la XV Legislatura? Si la ha presentado, ¿por qué no está disponible públicamente con el mismo nivel de detalle?

Aunque la ley no obligue a hacer público el contrato de alquiler, si es que realmente existe, un líder de la oposición que aspira a presidir el Gobierno debería someterse a un estándar de transparencia superior al mínimo legal. Si el origen o las condiciones de una vivienda generan un debate público, publicar el contrato y acreditar quién paga el alquiler contribuiría a disipar cualquier duda. Ya que exige tanto a los demás contrincantes políticos, quizá Feijoo debería empezar por él mismo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El Partido Popular asume públicamente que ganará las próximas generales ante la “insostenible” situación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llevó la pasada semana al líder de Vox, Santiago Abascal, a rebajar las expectativas de los conservadores recordando lo que sucedió en el año 2023, cuando Génova ya empezó a repartir ministerios ante lo que pronosticaba que sería una sólida victoria electoral. No fue así. Sánchez volvió a ser investido presidente. Ahora, a menos de un año de las próximas generales, el PP combina dos discursos: el que da por hecho que ganará ante la movilización del electorado de la derecha y el que advierte de que no está ganado porque Sánchez quiere “fabricar nuevos votantes”.

Es el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos —uno de los mayores referentes mediáticos de la derecha— el lunes, en la que denunció que Sánchez está llevando a cabo una supuesta "ingeniería electoral" mediante la ley de memoria democrática y la denominada ley de nietos para mantenerse en el poder. "No le salen las cuentas", afirmó, tras acusar al Ejecutivo de utilizar las nacionalizaciones como un instrumento político. Una declaración que implica dar un paso más allá en el discurso que la formación viene construyendo desde hace meses y que ha ido desplazando el foco de la regularización extraordinaria de migrantes, contra la que se han manifestado, para ponerlo sobre un supuesto plan del presidente del Gobierno para seguir tras 2027.

Sin embargo, conforme ese relato ha ido extendiéndose también lo han hecho las diferencias entre los propios dirigentes populares sobre cuál sería exactamente el supuesto problema. Mientras Feijóo habla de una alteración interesada del censo mediante nuevas nacionalizaciones, otros dirigentes del partido sitúan la sospecha en los procedimientos administrativos, en la actuación de los consulados o incluso en el funcionamiento del propio sistema electoral. Unas versiones que no siempre resultan compatibles entre sí y que, además, contrastan con la posición que el propio PP defendió durante años cuando reclamaba ampliar precisamente esos mismos derechos, tanto en España como a nivel autonómico.

Argumentos construidos sin pruebas que se han intensificado en los últimos días pero que comenzaron meses e incluso años atrás. Tras la regularización extraordinaria de personas migrantes, Feijóo aseguró que el Gobierno pretendía "incrementar el censo" mediante esa medida, vinculando por primera vez la política migratoria con un supuesto beneficio electoral futuro. Aquella tesis, compartida ampliamente por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encontró un obstáculo jurídico evidente. El hecho de que la regularización administrativa no concede de manera automática la nacionalidad española ni, por tanto, el derecho a votar en las generales de 2027. Ante esas críticas, el discurso cambió.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de diseñar la política migratoria del PP, matizó entonces que el supuesto efecto sería "a medio plazo" y enmarcó la cuestión en una estrategia de "clientelismo político". El problema para Génova ya no era que esos migrantes fueran a votar de manera inmediata, sino que el Gobierno estaría modificando progresivamente la composición del electorado para beneficiarse en el futuro, dando así por hecho que esos migrantes votarán en masa al PSOE o a un partido de la izquierda.

Esto contrasta con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales, las de 2023, lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, beligerantes con la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros. Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha).

Sin embargo, para el PP existe el riesgo de que los nuevos nacionalizados agradezcan a Sánchez con su voto la decisión de facilitarles una vía para poder trabajar de manera regular. 

Las declaraciones de los principales portavoces del PP durante las últimas semanas muestran hasta qué punto el partido ha ido modificando el relato sin llegar a fijar una explicación única. Feijóo sostiene que el Ejecutivo pretende "fabricar nuevos votantes" mediante una utilización partidista de las nacionalizaciones. Según su tesis, el Gobierno estaría incorporando al censo personas que acabarían favoreciendo electoralmente al PSOE.

Sin embargo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó respaldar una acusación de ese alcance. Preguntado este lunes en rueda de prensa por las palabras de Feijóo, aseguró que "cuando está Sánchez, todo es posible", y añadió que el PP estará vigilante: “No nos fiamos”, subrayó. Su foco dejó así de estar en quién accede a la nacionalidad para trasladarse a los "procedimientos", sin concretar qué irregularidades teme el partido.

La portavoz oficial en materia migratoria, Alma Ezcurra, ha desarrollado una explicación distinta. En varias intervenciones ha defendido que el Gobierno no estaría utilizando la ley para reparar una injusticia histórica, sino para garantizarse una ventaja política futura. "Cuando queremos saber si alguien manipula unas elecciones, siempre miramos las papeletas. Pero hay una forma mucho más silenciosa de hacerlo: decidir quién entra en el censo electoral", afirmó recientemente. Un argumento que comparte con Vox.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido todavía más lejos al poner el foco en la actuación de los consulados españoles encargados de tramitar buena parte de estos expedientes. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo la baronesa del PP en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Sus advertencias provocaron una reacción inédita dentro de la carrera diplomática, cuyos representantes expresaron públicamente su malestar por verse señalados como posibles colaboradores de un fraude sin que se aportara ninguna prueba.

En paralelo, otros dirigentes como la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, han metido incluso a Cuba en este relato. Este martes, en rueda de prensa desde la Cámara Alta, acusó al Ejecutivo de Sánchez de estar actuando "a toda prisa y con urgencia" y "externalizando incluso" esas nacionalizaciones que se derivan de la ley de nietos "a través de empresas cubanas vinculadas al régimen". "¿No es para sospechar? ¿No es para hablar de ingeniería electoral? Con Sánchez nada es casual, nada", planteó.

El resultado es un relato que cambia según quién tome la palabra. Para Feijóo el problema reside en las nuevas nacionalizaciones y, para Ezcurra, en la elaboración del censo. Ayuso pone el foco en el funcionamiento de los consulados y Sémper en la necesidad de vigilar el propio proceso electoral. El denominador común es la insinuación de que el Gobierno estaría actuando para condicionar el resultado de las próximas elecciones, aunque el partido no haya presentado pruebas que sustenten esa acusación y cada uno dé una explicación distinta sobre cómo puede repercutir y cuál es el conflicto de fondo.

Ese endurecimiento del discurso coincide además con una aproximación al marco político que Vox lleva tiempo impulsando, al calor de prácticas similares de la extrema derecha en todo el mundo. La formación de Santiago Abascal denuncia desde hace tiempo un supuesto "pucherazo" –el último ejemplo ocurrió con el voto CERA de Andalucía– y alerta sobre una presunta manipulación del censo electoral mediante las nacionalizaciones. El PP había evitado hasta ahora ese discurso, consciente del alcance institucional que tendría cuestionar la limpieza del sistema electoral español. Pero ahora se lanza a alimentar esas mismas sospechas.

Las declaraciones de los últimos días muestran, sin embargo, una convergencia evidente. Aunque Feijóo evita hablar expresamente de fraude electoral, sí comparte con Vox la idea central de que el Gobierno estaría modificando la composición del electorado para obtener un beneficio político. La diferencia reside en que mientras Vox denuncia abiertamente un fraude, el PP mantiene la acusación en el terreno de la insinuación y habla de "ingeniería electoral" o de la necesidad de vigilar unos procedimientos de los que, según Sémper, “no nos fiamos”.

Ese cambio de estrategia ha sido contestado por Sánchez este martes, que definió la regularización como “un gran éxito” y criticó a quienes "hacen política con la inmigración”, en referencia al PP y también a Vox. “Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”, planteó. Lo cierto es que las concesiones de nacionalidad están reguladas por ley, sometidas a procedimientos administrativos tasados y, en última instancia, sujetas al control de los tribunales.

La estrategia del PP tropieza, sin embargo, con la propia trayectoria de su líder. Durante sus años al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo defendió de forma reiterada la ampliación del acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles, ya que el estatuto reconoce políticamente a la diáspora gallega y protege sus derechos políticos. Lo hizo en numerosas visitas institucionales a Argentina, Uruguay o Cuba en su etapa como presidente autonómico y volvió a reclamarlo ya como líder nacional del PP.

En 2022, por ejemplo, pidió expresamente una ley que permitiera recuperar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles emigrados, sin limitar ese derecho únicamente a las víctimas del exilio contempladas en la ley de memoria democrática. Entonces presentaba esa medida como una cuestión de justicia y de reparación hacia la diáspora española.

La contradicción no afecta únicamente a Feijóo. El PP defendió durante la tramitación parlamentaria de la ley de memoria democrática ampliar todavía más el acceso a la nacionalidad, criticando precisamente que el texto del Gobierno dejara fuera a parte de los descendientes de emigrantes económicos. “Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”, planteó en 2018 la actual portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

Tampoco fue esa la posición de anteriores gobiernos conservadores. En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la ley que permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España a finales del siglo XV. Aquella reforma fue presentada como una política de reparación histórica y de reencuentro con la diáspora sefardí, sin que el PP planteara entonces objeciones relacionadas con el censo electoral o con un eventual impacto sobre futuros procesos electorales.

Juanma Moreno afronta este martes la primera votación de su investidura como presidente de la Junta de Andalucía sin demasiadas esperanzas. El líder del PP quiso acelerar el calendario desde el primer momento aprovechando los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó una investidura "cuanto antes". El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, fijó el debate para los días 29 y 30 de junio pese a que las negociaciones con la extrema derecha seguían abiertas y sin acuerdo.

La decisión convirtió el debate de investidura en un instrumento de presión política. El PP confiaba en que la proximidad de la votación obligaría a la extrema derecha a cerrar un pacto de última hora que evitara una imagen de bloqueo y el riesgo de una repetición electoral. Sin embargo, el cálculo no ha surtido efecto, al menos por ahora. Los conservadores llegan este martes a la primera votación dos escaños por debajo de la mayoría absoluta —53 diputados frente a los 55 necesarios— y con la negativa expresa de Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Los 15 diputados de la formación de Abascal son claves para obtener esa mayoría. 

Durante las últimas semanas ambas formaciones han mantenido conversaciones discretas, con reuniones alejadas de los focos y un notable hermetismo. Moreno insistió incluso el pasado viernes en que seguiría negociando "hasta el último minuto", admitiendo públicamente que todavía no existía ningún acuerdo cerrado. El barón andaluz en funciones situó a la extrema derecha ante la presión de elegir entre permitir su investidura o empujar a Andalucía a una repetición electoral. En Vox sospechan que ese es precisamente el objetivo de Moreno: culparles del bloqueo para forzar una repetición electoral con la que aspirar a la mayoría absoluta.

Con todo, el discurso que enarboló el presidente andaluz este lunes estuvo diseñado para no dinamitar la negociación con Vox, aunque tampoco asumió sus principales banderas. El conservador responsabilizó al resto de grupos de un eventual bloqueo y evitó asumir dos de las principales exigencias de la extrema derecha: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda, y un endurecimiento de la política migratoria.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP se quiso trasladar este lunes un mensaje de respaldo a la estrategia seguida por Moreno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió que el presidente andaluz ha presentado un proyecto "centrado, reformista y de estabilidad" y evitó presionar públicamente a Vox, aunque apeló a su "responsabilidad" para impedir un escenario de bloqueo institucional. En Génova insisten en que corresponde ahora a los de Abascal decidir si facilitan un gobierno del PP o fuerzan una repetición electoral, y sostienen que únicamente se inmiscuirán en la negociación, como ha ocurrido en las anteriores negociaciones, si afecta a asuntos de política nacional fuera del “acuerdo marco”.

Lejos de facilitar la investidura, la formación ultra ha aprovechado la necesidad parlamentaria del PP para elevar el precio del acuerdo. La formación de Santiago Abascal reclama un pacto programático de legislatura con compromisos concretos en materias identitarias y migratorias, además de garantías de estabilidad para toda la legislatura. Y ya anticipa que este martes votará en contra de la investidura. “En primera [votación], no; y en segunda me parece que no”, señaló el portavoz nacional, José Antonio Fúster. “Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, añadió.

A los ultras les molestó que el candidato del PP evitara asumir su “prioridad nacional” y políticas más duras contra la migración irregular, dos de las líneas rojas que la extrema derecha viene imponiendo en otros acuerdos territoriales. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se quejó de ese "olvido voluntario" por parte de Moreno: “No reconoce que hay un problema con la inmigración”, señaló.

Ese equilibrio consistente en mantener un perfil ‘moderado’ sin romper la negociación con Vox explica buena parte de la estrategia del PP andaluz. Moreno necesita los votos de la extrema derecha, pero trata al mismo tiempo de evitar aparecer como un dirigente condicionado por su agenda ideológica, aunque en Génova reconocen que, llegado el momento, le tocará ceder. El mensaje del presidente andaluz, centrado en estabilidad y gestión, no ha servido para desbloquear la negociación, sino que ha permitido a Vox justificar su portazo y elevar todavía más el precio de una eventual abstención o apoyo en segunda votación el próximo jueves.

El PP confía en que el margen de negociación de las próximas horas permita cerrar un acuerdo que salve la investidura. Vox, de momento, mantiene la presión y recuerda que sus votos no serán gratuitos. La formación ultra ya apunta incluso a un horizonte más amplio, recordando que el plazo para investir presidente concluye el 30 de agosto, dos meses después de la primera votación. La precipitación del calendario, lejos de resolver el bloqueo, ha dejado al descubierto el delicado equilibrio sobre el que Moreno aspira a construir su tercer mandato.

A esto se le añade que, durante las celebraciones del Orgullo de este fin de semana en distintas ciudades andaluzas, numerosos asistentes respondieron con abucheos y consignas críticas hacia Vox, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del partido contra las políticas LGTBIQ+ y de igualdad, en las que incluso se pudo ver alguna imagen de Abascal decapitado. “No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención”, señaló la cuenta oficial del partido en Sevilla.

Su portavoz en el consistorio, Gonzalo García de Polavieja, difundió un vídeo en el que pregunta por el presupuesto que le asigna el Ayuntamiento a "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre". La ultraderecha defendió que, si aumenta su influencia institucional, pondrá fin a las subvenciones públicas destinadas a este tipo de celebraciones y entidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, reforzando así uno de los ejes culturales de su negociación con el PP. 

“Hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBIQ+, absolutamente ideologizados, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos”, planteó el portavoz ultra, que insistió en que las asociaciones “deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes”.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular hace ya más de cuatro años prometiendo una forma distinta de hacer política. En el congreso que le proclamó líder —sin adversario enfrente— , habló de recuperar la centralidad, rebajar el tono, abandonar la bronca permanente y de practicar una “política para adultos”. Repetía que no venía “a insultar a nadie” y que el PP debía recuperar la credibilidad precisamente diferenciándose de la crispación que atribuía tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox.

Hoy buena parte de esas líneas rojas han desaparecido. El último ejemplo se produjo en el pleno de esta semana. Feijóo decidió utilizar la figura del padre de Patxi López, el histórico dirigente socialista y víctima del franquismo y del terrorismo de ETA, Eduardo López Albizu, para atacar al portavoz del PSOE. “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, le espetó el líder del PP. 

No es la primera vez que el jefe de la oposición se sirve de un familiar fallecido para arremeter contra un miembro del Gobierno o del PSOE, ya que suele mentar de forma habitual tanto al padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como al exlíder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero la referencia a Eduardo López supuso un salto cualitativo en el terreno de la confrontación personal, y el PP, de hecho, se reafirmó horas más tarde. “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”, señalaron fuentes del partido.

Se trata precisamente del tipo de política de la que el líder del PP aseguraba querer alejarse cuando aterrizó en Génova. Feijóo se ha ‘madrileñizado’, tanto en el fondo como en las formas, y aunque se presentaba como antídoto frente a la política de trazo grueso y sin miramientos, ha acabado instalado en ella, traspasando así una de sus líneas rojas.

Pero no es la única. El giro más profundo que ha protagonizado Feijóo y, en consecuencia, la dirección nacional del partido, tiene que ver con Vox. Durante años, el conservador intentó construir una imagen de dirigente incompatible con la extrema derecha. Su experiencia en Galicia, gobernando siempre en solitario, se presentaba como un modelo exportable al conjunto de España. Pero pronto descubrió que no era así y ha acabado instalado en la misma guerra que le reprochaba a su antecesor, Pablo Casado.

Aunque nada más llegar dio el visto bueno al pacto de la ultraderecha con el PP en Castilla y León en 2022, que inició un ciclo político de normalización de los de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales, Feijóo había renegado de esa fórmula a nivel nacional en diversas ocasiones, tanto en público como en privado. Es más, en el congreso nacional del PP, celebrado en julio del pasado año, lanzó un mensaje inequívoco: su compromiso era no gobernar con Vox. Aquella promesa buscaba tranquilizar al electorado moderado y reforzar la idea de que el PP no permitiría a los ultras llegar a La Moncloa.

Ese compromiso ya no existe. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el propio Feijóo admitió que aceptará “lo que digan las urnas” y dejó abierta la puerta a gobernar junto a Vox si los números lo hacen necesario. Ya no se trata únicamente de apoyos parlamentarios puntuales o de un pacto de investidura, como siempre han defendido en Génova. El líder conservador ha dejado de excluir expresamente una coalición con Santiago Abascal, un cambio de enorme calado respecto al discurso con el que reconstruyó su liderazgo, porque considera que hacerlo ya no le penaliza. Y que sus votantes lo prefieren frente a la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar en 2027.

La relación con Junts constituye otro ejemplo significativo. Durante los años posteriores al procés, el PP convirtió a Carles Puigdemont en uno de los principales símbolos del desafío al Estado. Feijóo mantuvo un discurso especialmente duro hacia el expresident, criticó cualquier intento de normalización política y acusó reiteradamente al Gobierno de depender de quienes habían protagonizado el intento de secesión. Es más, aseguró que él nunca viajaría a Waterloo para “blanquear” a un “prófugo de la Justicia”, como sí hizo el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de cara a negociar su investidura.

Con todo, el PP sí estuvo dispuesto a sopesar un “indulto condicionado” a Puigdemont e incluso llegó a plantearse, durante 24 horas, la amnistía. Pero el cambio en los últimos meses ha virado hasta acabar reconociendo que el momento actual nada tiene que ver con el del procés, según afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, en una entrevista en la Cadena Ser. “Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”, señaló.

Así, el veto político absoluto se ha transformado en una relación pragmática en función de las mayorías disponibles, aunque no todos en el partido comparten esa estrategia, empezando por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y acabando con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que este sábado será ratificado en un congreso que llevaba años pendiente por las críticas de Fernández a la dirección nacional del partido.

Las líneas rojas del PP se han difuminado también en la denominada “prioridad nacional”, la consigna racista que defiende la ultraderecha y que defiende que los españoles tengan más facilidades para obtener determinadas ayudas públicas y acceso a vivienda que los extranjeros. Génova no solo la ha asumido en primera persona, aunque trata de maquillarla, sino que ha presionado al presidente andaluz para que él también lo haga.

Este lunes arranca el debate de investidura de Juanma Moreno y el martes está prevista la primera votación. El presidente andaluz necesita los votos de Vox y ambas formaciones negocian ya un acuerdo acelerado, con la presión añadida de cerrar el pacto antes de que el foco político nacional vuelva a concentrarse en otros asuntos como las investigaciones judiciales, el Tribunal Supremo o la batalla política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas cuestiones benefician a Moreno, que se quedó a dos escaños de reeditar su mayoría absoluta y se metió en el “lío” que quería evitar.

Durante la campaña, Moreno insistió en que aspiraba a gobernar sin depender de Vox y trató de mantener distancias con las exigencias de Abascal. Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a un acuerdo rápido y, previsiblemente, nuevas concesiones a la formación ultra para garantizar la investidura, entre ellas la citada prioridad nacional.

Y Alberto no estaba allí después de habernos prometido la llegada de la decencia. Alberto no estaba y tampoco ninguno de su partido. Y uno se pregunta: ¿De qué decencia hablarán? ¿De la que llega con discursos solemnes o de la que se demuestra cuando toca mirar hacia dentro?

Hay palabras que en política tienen una vida curiosa. Una de ellas, por ejemplo, es libertad y la otra podría ser decencia. Aparecen cada cierto tiempo, especialmente cuando algún partido político necesita presentarse como guardián de las buenas costumbres, aunque al abrir el armario de los recuerdos salgan demasiados fantasmas y esté lleno de mierda.

Hemos manoseado la libertad hasta límites insospechados y ahora parece que le toca a la decencia.

Porque vuelve Nevenka Fernández a Ponferrada y su historia vuelve a poner delante del espejo una cuestión incómoda para el PP. Todos recordamos qué ocurrió cuando Nevenka denunció desde una posición de enorme desigualdad un tremendo acoso laboral y sexual por parte de su alcalde y compañero de partido. Cuántos años han pasado sin que nadie del PP haya hecho una revisión profunda de aquel episodio. No hay más que ver sus actitudes actuales, que no han cambiado casi nada. Hace 25 años miraron para otro lado y la culpable era la acosada y ahora, por ejemplo con el alcalde de Móstoles, vuelven a hacer prácticamente lo mismo.

Para el PP ahora parece que es la ocasión de presumir de ejemplaridad, pero la hemeroteca parece querer decir otras cosas. Ahí siguen episodios como la Gürtel, la trama del caso Kitchen, las investigaciones y condenas relacionadas con financiación irregular en diferentes etapas del partido, el caso de Cristóbal Montoro o las polémicas alrededor de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La bandera de la ejemplaridad es fácil de ondear cuando se mira al adversario, pero más difícil cuando toca revisar la propia casa.

La política española tiene una curiosa tradición: algunos creen que la regeneración consiste en cambiar el cartel de la puerta, aunque dentro sigan acumulándose los mismos trastos viejos. La decencia no es un eslogan de campaña, ni es una palabra que se tenga que estrenar en cada legislatura. Es una conducta: consiste en reconocer errores, reparar daños y no pedir a la sociedad que olvide lo que todavía no ha sido explicado. La decencia se anuncia con mucha solemnidad, pero nadie debería confundirse: en la política española casi nadie tiene el monopolio en este terreno.

Ya sabemos que en el PSOE tampoco bajan las aguas precisamente cristalinas. También han tenido sus indecencias, sus contradicciones y sus episodios difíciles de explicar. No me puedo olvidar de los GAL, y ahí quedan las recientes sentencias a Ábalos y Koldo García, ahí está Leire "la fontanera", y por último la reciente imputación de Zapatero.

Quizá el problema no sea el color de la bandera que se ondea, sino la facilidad con la que algunos la levantan cuando están en la oposición y la esconden cuando les toca responder públicamente. Porque la decencia no pertenece a siglas. No es patrimonio de un partido, ni debería ser un arma contra el rival.

La decencia es algo más incómodo: es mirarse al espejo cuando nadie te obliga y reconocer tus malas andanzas. Y algunos espejos llevan demasiados años acumulando polvo.

Y un comentario final. La sentencia de un tal Víctor Aldama: ¿Decencia o indecencia? Ahí lo dejo, juzguen ustedes.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

“No tenemos miedo a hablar de corrupción”. Desde el corazón del Palacio de la Moncloa admiten la dureza del momento, pero, a su vez, señalan que van a defender la honorabilidad del Gobierno y del PSOE ante el “ruido” del PP. Van a dar la batalla en un periodo en el que ya se empieza a oler el final de la legislatura.

En el entorno de Sánchez emiten señales de que no dan todo por perdido. Y creen, además, que el “tono duro, faltón e impropio de la democracia” que está desplegando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le puede volver en su contra precisamente: “El foco de la corrupción está en la Puerta del Sol. ¿Qué va a hacer con Ayuso?”

Los socialistas viven días convulsos, pero creen que le fue “bien” al presidente en la comparecencia de este miércoles en el Congreso, donde lanzó mensajes como que no existe “corrupción generalizada” y que nunca conoció las prácticas de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez.

En el PSOE y en la Moncloa trasladan que quedan meses muy duros por delante con el “goteo” de informaciones judiciales, pero también sostienen que las derechas se han pasado de frenada y que los ciudadanos están percibiendo alguna anomalía. Este mismo miércoles se produjo otra “casualidad”, como señalaba un miembro del círculo más cercano a Sánchez, con la filtración de un nuevo informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de la comparecencia del líder socialista, que minutos antes había defendido la presunción de inocencia del expresidente.

Fuentes socialistas insisten en que no cuela ya esa imagen de “Torquemada” de Feijóo en relación con la corrupción cuando su propia figura está llena de dudas. El propio Sánchez puso de nuevo sobre la mesa la incógnita sobre quién paga la vivienda de lujo en la que vive Núñez Feijóo, una información que destapó infoLibre. Lo hizo en el Congreso después de que el líder popular lanzara dudas sobre la declaración de la renta del socialista.

Pero, además, en Moncloa ponen el foco en que a Feijóo se le va a volver en contra su propio discurso por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho público que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón desde que inició su relación con la política del PP.

En el PSOE creen que Feijóo ha cruzado “todas las líneas rojas”, como se pudo evidenciar en la comparecencia. Por un lado, señalan sus “indecentes” palabras sobre la mujer del presidente, a la vez que repudian la parte en la que el expresidente de la Xunta le dijo a Patxi López que “si se levantara su padre y viera lo que hace, no se lo perdonaría jamás”.

El propio López respondió posteriormente desde la tribuna de oradores, aunque Feijóo decidió quedarse en el pasillo en ese momento para no escuchar la contestación. El socialista fue muy rotundo: “Lamento que no esté el señor Feijóo, porque me gustaría decírselo a la cara. Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Por las veces que le dieron a mi padre hostias en las comisarías, por las veces que estuvo encarcelado y por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”.

Fuentes del PP posteriormente insistieron: “El padre de Patxi era político. Lo conocimos. No dejaría que su hijo estuviera con Bildu. Al padre de Patxi le respetamos. A este Patxi, no. Y lo decimos con la legitimidad de quienes le hicieron lehendakari a cambio de nada. El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que P.S. desprecia”. Los socialistas están absolutamente indignados por lo que hizo Feijóo: “Vil, ruin”.

A pesar de las encuestas y de los vaticinios de las derechas, el PSOE sostiene que es mucho más competitivo electoralmente de lo que creen sus adversarios. En Ferraz traslada que hay muchos votantes progresistas que hoy no están movilizados pero que también comparten la indignación ante algunas decisiones judiciales como la retirada del pasaporte de la mujer del presidente por parte del juez Juan Carlos Peinado y la exención del ingreso en prisión del empresario corruptor Víctor de Aldama a pesar de la condena a cuatro años por parte del Tribunal Supremo.

Asimismo, varios dirigentes del partido comparten en privado que la decisión del juez Peinado un sábado por la mañana, tras darse varios días para adoptar medidas cautelares, se produjo también “casualmente” cuando Díaz Ayuso estaba en el ojo del huracán al revelarse un informe de Hacienda en el que consta que González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en apenas tres años. Sus ingresos se dispararon a partir de 2021, año en el que se conoció, a través de un reportaje de la revista Lecturas, que mantenía una relación con la dirigente del Partido Popular.

Quirón es el principal grupo hospitalario privado en España y recibe en torno a mil millones de euros de manera anual por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica se extiende al directivo de Quirón Fernando Camino, cuya mujer vendió una empresa estética por medio millón de euros a González Amador en León. Esta compañía no tenía empleados y apenas tres máquinas de depilación ya amortizadas.

La sombra de Díaz Ayuso es alargada. En el PSOE indican que Núñez Feijóo no se atreve a tocarla y recuerdan que el expresidente de la Xunta de Galicia llegó precisamente al despacho principal de la calle Génova por la operación para echar a Pablo Casado por denunciar los negocios del hermano de la presidenta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular sigue encapsulando esta cuestión y evitando un choque con Ayuso. El número dos de los populares, Miguel Tellado, afirmó tras conocerse los ingresos millonarios de González Amador: “Es una cuestión particular, que no afecta a una administración, sino a una persona. Y, por lo tanto, no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces, respetamos la actuación de la justicia y es en los juzgados donde se deben sustanciar esas responsabilidades”.

Asimismo, en el PSOE también ponen el foco en que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acabó siendo condenado sin ningún tipo de prueba por parte del Tribunal Supremo en una causa en la que se limitó a difundir una nota de prensa para contrarrestar las desinformaciones emitidas por el entorno de la presidenta de Madrid con la versión de que era Hacienda quien le debía dinero al empresario.

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

La última decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la justificación que le acompaña en la que alude incluso a un hipotético riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas ha abierto una nueva polémica en torno a una instrucción que acumula críticas, recursos y reproches institucionales. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para estudiar una eventual sanción disciplinaria por esas afirmaciones, rechazadas también por asociaciones y mandos policiales. 

Sin embargo, dentro del Partido Popular la decisión ni se interpreta ni se responde de la misma manera ni con la misma intensidad. Mientras la dirección nacional del PP intenta acompasar su ofensiva contra Pedro Sánchez con cierta cautela respecto a las decisiones más controvertidas del magistrado, el PP de Madrid y el entorno político de Isabel Díaz Ayuso han optado por una defensa mucho más explícita de la actuación de Peinado.

Durante el fin de semana, los principales portavoces nacionales del partido aprovecharon la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para cargar contra el presidente del Gobierno. No obstante, ni el secretario general del partido, Miguel Tellado, ni su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra asumieron plenamente las tesis más polémicas del auto. De hecho, evitaron  respaldar las referencias del juez a los escoltas de Gómez, y Gamarra apoyó las críticas formuladas por las asociaciones policiales, que consideran injustificado poner bajo sospecha a los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente español.

Este lunes, Feijóo —en una comparecencia extraordinaria— admitió que se podía “discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos”, pero añadió que “ni el Consejo ni el auto” ponían “en cuestión los presuntos delitos de la investigada”. “La referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas", planteó. En privado, sin embargo, el PP nacional cree que la medida de retirarle el pasaporte a Gómez era “innecesaria” y creen que el ejemplo está en lo que hizo el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, al que permitió conservarlo por su relevancia pública y arraigo.

Así, mientras Génova intenta explotar políticamente el caso sin quedar atada a cada decisión de Peinado, el PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido asumir la defensa del magistrado como parte de su propia estrategia de confrontación con Sánchez. Esa posición empieza a proyectarse también sobre las estructuras nacionales del partido a través del ascenso de Ignacio Dancausa, actual secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Madrid, que el próximo mes de julio será ratificado como líder nacional. En un post en X, NNGG de Madrid aplaudió el último auto de Peinado con un vídeo del ultra Álvaro Ojeda.

Pero la publicación no solo es una anécdota. El alineamiento del PP madrileño con la instrucción de Peinado ha sido constante. Dirigentes del Gobierno regional y del grupo parlamentario han convertido el caso Begoña Gómez en uno de los principales ejes de oposición al Ejecutivo central. En septiembre de 2025, la propia Ayuso denunció la "persecución” contra el juez Peinado y dijo que no tenía “cabida en una democracia liberal". "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, aseguró.

Sus declaraciones en defensa del magistrado han sido recurrentes a lo largo de los dos años de instrucción, pese a que esta ha estado marcada por decisiones muy controvertidas, más de una decena de ellas corregidas o limitadas por la Audiencia Provincial de Madrid u otras instancias superiores. Tras la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular, la presidenta madrileña afirmó: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable". 

Hace dos meses, en abril, la baronesa del PP acusó al ministro Félix Bolaños de "desprestigiar" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez y dijo que ver a un ministro de Justicia desacreditando a un juez era "algo que nunca se ha visto en una democracia liberal”. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, sostuvo. Este lunes, la reacción de Ayuso fue criticar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero por cargar contra Peinado. 

Además, los apoyos al magistrado han adquirido una dimensión política añadida por sus conexiones familiares. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio gobernado por la formación de Isabel Díaz Ayuso. El PP de Madrid, a través de Alfonso Serrano, salió en su defensa cuando se conoció ese vínculo, denunciando "acoso" contra la edil por su relación familiar con el magistrado.

Para evidenciar estas dos intensidades entre Génova y el PP madrileño está también el hecho de que los de Ayuso llamaran a Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación impulsada por los conservadores en noviembre de 2024, mientras que el PP rechazó finalmente citarla en la comisión del Senado, donde también cuenta con mayoría absoluta. Esa diferencia de criterio refleja dos estrategias distintas: una más agresiva en Madrid y otra más medida en la dirección nacional.

El secretario general del PP de Madrid, el citado Alfonso Serrano, defendió llamar a Gómez a la comisión de investigación sobre la Complutense. Dijo que no hacerlo sería "ilógico" porque era "la principal responsable" y "la que está en el foco". También sostuvo que "gran parte" de la gestión de su cátedra se había hecho "en La Moncloa". En el marco de esa comisión, el portavoz Carlos Díaz-Pache calificó la cátedra de Gómez de "irregular y arbitraria", pese a que varios comparecientes defendieron su legalidad.

En el caso de Génova, en un primer momento Feijóo dijo que esperarían al desarrollo del sumario antes de decidir si la citaban. Después, el portavoz nacional, Borja Sémper, cerró la puerta alegando que el PP fiscalizaba a Sánchez, no a su esposa. En Génova eran reticentes a "cruzar esa línea" porque Gómez, explicaban, "no se dedica a la política" y asumían que, al estar ya procesada, tendría que declarar ante el juez. Sin embargo, no han dudado en llamar a las hijas de Zapatero, que tampoco se dedican a la política, en relación con Plus Ultra.

La situación coloca a Alberto Núñez Feijóo en una posición delicada. Por un lado, el PP quiere explotar políticamente el procesamiento de la mujer de Sánchez. Por otro, las sucesivas polémicas de Peinado —algunas corregidas o cuestionadas por instancias superiores y otras ahora bajo examen del CGPJ— dificultan una identificación total con el magistrado.

En ese contexto, el PP de Madrid vuelve a actuar como punta de lanza. Mientras Génova calibra los riesgos de vincular su estrategia política a cada paso del instructor, el entorno de Ayuso se mantiene en una defensa mucho más rotunda de una causa judicial que considera central para desgastar al Gobierno de Sánchez. La celebración pública de la última decisión de Peinado por parte de Nuevas Generaciones de Madrid ha vuelto a evidenciar esa doble estrategia dentro del propio Partido Popular. 

La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

Las reacciones de Abascal y Feijóo se suman a las de otros referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha, que han celebrado la victoria de De la Espriella como un nuevo avance del bloque conservador. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, que felicitó al candidato colombiano y presentó su triunfo como una victoria de la “libertad económica”, la “prosperidad” y la “seguridad implacable”.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no quiere mejorar su inglés pese a que fue una de las carencias que más le persiguieron cuando desembarcó en la política estatal en 2022. El conservador reconoció este miércoles en El Hormiguero que su nivel sigue siendo insuficiente cuatro años después. "¿Cómo va su inglés?", le preguntó el presentador, Pablo Motos. "Mal", respondió el líder de la oposición. Ante la insistencia del presentador, añadió: "No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Una declaración que supone un giro respecto al discurso que había mantenido hasta la fecha. En la campaña de las generales de 2023, en la que el dominio del inglés aparecía como una de sus principales debilidades, Feijóo sostenía que debía mejorar. "Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", aseguró. Incluso llegó a explicar que la convocatoria anticipada de elecciones había alterado sus planes para empezar a hacerlo y que ya estaba recibiendo las primeras clases. El precedente de Mariano Rajoy, incapaz de defenderse ante mandatarios y prensa extranjera en otra lengua, estaba muy presente, especialmente después de que Pedro Sánchez sí demostrara su buen nivel.

Ahora el mensaje es muy distinto. El líder del PP ya no se marca como obligación aprender inglés pese a que aspira a que España tenga un rol relevante a nivel global y es la lengua que se utiliza de manera habitual para despachar asuntos internacionales. Su solución pasa por recurrir a la tecnología para suplir esa carencia. Una fuente de la dirección del PP asegura, entre risas, que con la inteligencia artificial ya “hay mucho avanzado” y que, por tanto, Feijóo ya no debe dedicar tiempo a esta cuestión.

La evolución resulta significativa porque, a diferencia de lo que ocurría en 2022 y 2023, cuando trataba de construir una imagen presidencial y disipar las dudas que acompañaban a su salto desde la Xunta de Galicia a la política nacional, ahora Feijóo ya da por hecho que va a llegar a La Moncloa, con idioma o sin él. Y después de una larga campaña de desgaste contra Pedro Sánchez, el presidente del PP parece haber llegado a la conclusión de que no necesita demostrar que está trabajando para corregir esa falta de dominio lingüístico.

La entrevista en El Hormiguero estuvo, de hecho, impregnada de un tono claramente preelectoral y presidencial. Feijóo habló de cómo gobernaría, pidió "cuatro años de confianza" a los ciudadanos y se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo. 

En ese contexto, la naturalidad con la que despachó la cuestión del inglés resulta reveladora, aunque culpó a haber estudiado en una “escuela rural” su falta de dominio.

El nivel de inglés de Feijóo ha acompañado su trayectoria nacional desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del PP. El propio presidente del PP admitía en 2023 que aprender inglés era algo que debían hacer quienes aspiran a ser primeros ministros, aunque defendía que en las negociaciones internacionales es preferible expresarse con precisión en la lengua propia y recurrir a traductores profesionales. Sin embargo, esa falta de conocimiento hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

Una sesión de control en el Congreso marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional a la misma hora. Puro fuego. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mostrar iniciativa política con el anuncio de que se va a aprobar un nuevo escudo social y dejar claro el mensaje de que las elecciones serán en 2027.

Sánchez se ha expresado en estos términos tras la pregunta de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), que ha acusado al socialista de ser "un cobarde" y tenerle "miedo a la democracia" después de que la Mesa del Congreso vetara este martes las enmiendas del PP y de Junts para que el Pleno se pronunciara sobre un adelanto electoral en la sesión del jueves.

El líder del PP ha dicho al presidente que está acorralado por la corrupción y le ha recordado que su mujer estuvo ante el juez el lunes y que Zapatero, "el que iba de Gandhi", declara ante la Audiencia Nacional este miércoles: "Si fuera mala persona, le diría una cosa. Ánimo, Pedro".

El presidente del PP ha denunciado que el PSOE, en su opinión, financiaba las “cloacas”: “Su argumentarios cada día son más ridículos. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes? Sea coherente y prohíba la militancia socialista a quien se haya beneficiado de negocios con corrupción. ¿A que eso no le encaja?”

Para criticar, a continuación, el veto de la Mesa a las enmiendas para votar un adelanto electoral: “No tiene derecho a amordazar al Parlamento. No es demócrata”.

En su respuesta a Feijóo, Sánchez ha remarcado que la “degeneración política” es el voto en contra de manera sistemática de la oposición a asuntos que benefician a los ciudadanos como la revalorización de las pensiones, el salario mínimo y la reforma laboral.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar un nuevo decreto con un escudo social por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Y en estos momentos el Gobierno está hablando con los diferentes sectores para “aportar soluciones”. 

Curiosas las tres acepciones que asigna la RAE a esta palabra: 1. Engaño o alucinación; 2. Atracción irresistible; y 3. Aojo (de aojar: hacer mal de ojo y desgraciar o malograr algo). Los tres significados parecen independientes, hasta que miras alrededor buscando una explicación al voto que remueve las urnas y las tripas de la gente con criterio y descubres cierta confluencia, un tres en uno que hace dudar del ser humano. Engaño, atracción y aojo confluyen en Donald Trump y la chusma trumpista que acapara votos irracionales.

El engaño es una eficaz herramienta para ganar voluntades en manos de quienes no disponen de un programa político decente y aquello que defienden provoca más rechazo que adhesiones en la ciudadanía. La gran paradoja de estos tiempos es que las generaciones más y mejor formadas de la historia, con acceso casi ilimitado a la información, se lanzan al mar bravío atraídas por los cantos de sirena de quienes han hecho del naufragio social su modus vivendi. La inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes son excelentes difusores de bulos y desinformación que llevan a la inexorable manipulación.

Privatizar los servicios públicos provoca el rechazo de la inmensa mayoría social que no se puede permitir una póliza de seguro o una escuela privadas. Desmantelar el sistema de pensiones no es algo que se pueda proponer sin un altísimo coste electoral. Convertir en un lucrativo negocio el derecho a la vivienda supone anteponer los intereses de los grandes tenedores al interés general. Son algunos ejemplos que explican el uso del engaño por parte de las derechas para culpar de los efectos de sus políticas a la migración.

Si se examinan la mediocridad y las limitaciones intelectuales de personajes como Trump, Ayuso, Feijóo o Abascal, se entiende que ejerzan una atracción irresistible sobre la mayoría social instalada en similar mediocridad y con deficiencias para comprender la realidad que la rodea. Una sociedad que da crédito a personajes como Alvise Pérez, Iker Jiménez o Marcos Llorente, y se siente atraída por ellos, se define a sí misma como mediocre. Como recoge el refranero, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, adagio referido a la mediocridad de un líder cuyo principal mérito es que su competencia directa es aún peor.

En cuanto al aojo, la intención del trumpismo es desgraciar y malograr el orden internacional para un fin superior que no es otro que sustituir el sistema democrático por una autocracia donde el miedo (el terror), la fuerza (bombas y genocidios) y la represión (imposición de un pensamiento único y persecución de la disidencia) sustituyen al diálogo y la cooperación. Todo ello como evolución del capitalismo, vía neoliberalismo, hacia el fascismo.

La versión patria del desmadre neoliberal se resume en la cita del ministro Montoro: “Que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros”, cuando formaba parte de uno de los gobiernos de España con más miembros imputados por corrupción. Recientemente, se ha destapado que vendía el BOE al mejor postor desde su despacho privado, con la impunidad del clan Aznar–Botella con las VPO, del entorno de Ayuso, de la familia Feijóo o, sin ir más lejos, del chanchullo farmacéutico del matrimonio Moreno–Villena en Andalucía.

Mientras nos crujen la vida con componendas privatizadoras, con corrupciones insaciables y con un retroceso galopante en derechos y libertades, nos intentan convencer de que el país está amenazado y de que hay que apoyar a Donald Trump, su principal amenaza.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

Es verdad que ya han pasado trece años desde la sorprendente y surrealista respuesta del político gallego a la pregunta de un periodista. Pero si el ahora líder del muy conservador Partido Popular pudiera llegar a ser presidente del gobierno de España tras las próximas elecciones generales, creo que no estaría de más analizar aquella respuesta. Porque sí, es infantil y risible.

“Creo que no fui a Andorra. “Parece ser” que eran los Picos de Europa”. Fíjense en el “parece ser”; ¿quizá Marcial Dorado le dijo que eran los Picos de Europa, y no Andorra? Vamos a ver, Núñez Feijóo: ustedes dos salieron de Santiago en coche; hasta Andorra hay más de mil kms. A los Picos, menos de cuatrocientos. Usted iba de copiloto; quizás condujo el VW Golf GTI una parte del trayecto y ¿no vio en ningún momento señales de carretera que decían Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Lérida, Huesca, etc.? Y al entrar en Andorra ¿tampoco vio nada? ¿Hicieron el trayecto de un tirón?

Por otra parte ¿a qué iría a Andorra el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado? ¿A esquiar? Otra respuesta del político conservador es una confesión de parte, intentando minimizar su amistad con Dorado: “Yo desconocía que era narcotraficante; solamente sabía que era contrabandista de tabaco”. Y un cargo público en el gobierno de Galicia ¿acepta viajar, veranear, etc. con un contrabandista millonario? Pregunta que jamás se le hizo: ¿quién pagó la gasolina, las comidas, los hoteles? También en viajes a Portugal, según él mismo reconoció.

Apaga y vámonos, inefable Núñez Feijóo. Diga la verdad y verá cómo muchos votantes del PP no cambiarán su voto. Sería mucho más honrado por su parte.

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Alejandro Villa Allande, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.