Este Primero de Mayo la agenda más estrictamente sindical y la sociopolítica confluyen necesariamente. Porque pocas veces se percibe con tanta nitidez el vínculo entre las reivindicaciones ligadas a los salarios o el tiempo de trabajo y otras como la evolución de los precios de la vivienda, o las consecuencias del desorden que las extremas derechas traen al mundo en forma de guerras, inflación o inestabilidad.

Desde CCOO venimos advirtiendo del riesgo que supone que, en un país como España, en el que los datos macroeconómicos evolucionan mejor que en el resto de grandes economías europeas, tal situación no llegue al conjunto de los hogares. Y es que pese a tener el récord de personas trabajando, haber mejorado notablemente la estabilidad en la contratación, el desendeudamiento de las familias, o incluso los salarios nominales, la evolución de algunos precios estrangula las economías de millones de personas, cuyos sueldos son insuficientes para afrontar los costes de la vida. Si se presume de bonanza macroeconómica, pero esta no llega a los bolsillos de la gente, se produce descontento en crecientes segmentos de las clases populares, que perciben una desconexión entre su realidad cotidiana y los discursos oficiales. Y más si vivimos en medio de la constante tergiversación y confusión de datos, mensajes y marcos de referencia.

La negociación colectiva es una herramienta clave en la distribución económica, porque ahí se disputan los salarios de muchos millones de personas. CCOO no va a permanecer impasible ante la desidia patronal para abordar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. En él hemos situado, junto a la UGT, una propuesta de incremento salarial de entre el 4 y el 7%, pensando en los sectores cuyos salarios están muy por debajo de la media del país, y que continúan estancados y perdiendo poder adquisitivo en un contexto de incremento de márgenes empresariales. Si no hay distribución salarial, habrá conflicto. La primera huelga de Glovo en España, tras la laboralización e incipiente sindicalización del sector, la convocada en las gasolineras, o la de Educación Infantil pueden empezar a ser una tónica general que el sindicato impulsará con medidas audaces.

Pero este Primero de Mayo pretende señalar también cuáles son los precios que ahogan a la clase trabajadora y por qué se disparan. Y obviamente hay que hablar del de la vivienda. Hoy es el problema que más fractura a la sociedad española y que requiere de un compromiso interinstitucional mucho más ambicioso que los planes hasta ahora conocidos. Son necesarias dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década para que nadie tenga que emplear más del 30% de sus ingresos para acceder a una necesidad básica como es contar con un espacio en el que habitar. No hay soluciones únicas ni mágicas. Hay que hacer varias cosas, todas a la vez, durante un tiempo prolongado, y con una inversión del 1% del PIB. Construir sí, pero a precios asequibles con distintas fórmulas de promoción. Limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, pero también movilizar vivienda vacía combinando precios que puedan pagar los inquilinos e inquilinas y programas públicos que garanticen el estado del inmueble o favorezcan la rehabilitación de fincas con criterios de sostenibilidad energética. Y, por supuesto, enfrentar los nuevos usos de las viviendas como infraestructuras turísticas o como un mero instrumento de especulación de grandes tenedores o fondos de inversión.

De igual manera, el deterioro de la calidad percibida en los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, está incrementando los costes para las familias y es una inflación de la que nadie habla. Hoy la tardanza en muchas citas de atención primaria, especializada y pruebas diagnósticas, está fomentando la suscripción de seguros sanitarios privados. Las consecuencias de esta estrategia consciente de deterioro de los servicios esenciales son no solo una creciente desigualdad y segregación social, sino que una parte creciente de las nóminas de las clases trabajadoras terminan en las cuentas de resultados de entidades privadas que hacen negocio con la salud. Pero lógicas similares subyacen con la escasez de plazas en la Formación Profesional, o la proliferación de universidades privadas que se especializan –muchas veces sin la calidad necesaria– en títulos superiores y másteres, a los que acceder cuesta cada vez más. Es un proceso de ingeniería social, que legitima la trampa antiimpuestos, pues las familias agobiadas por el incremento de los costes de la vida, y por unos servicios públicos que no responden a sus necesidades, acaban avalando a quien les “regala” nimias reducciones fiscales en el IRPF, con las que hacer frente a los gastos derivados de la insuficiente inversión en esos servicios públicos. Se alimenta así el círculo vicioso vinculado al capitalismo de amiguetes, y el expolio de recursos públicos desde la gestión cautiva de servicios privatizados en sus partes lucrativas.

Todo este proceso, además, no se da en medio de una crisis de ingresos públicos, sino después de unos años en los que las transferencias de recursos desde la administración central a las comunidades autónomas han batido récords, y están sirviendo para financiar el deterioro gradual y parcial de nuestro Estado de bienestar. Mientras se renuncia a la condonación de la deuda autonómica y a renovar el modelo de financiación, se hace populismo fiscal desde numerosas CCAA, y se imputan responsabilidades al Gobierno central. La izquierda tiene que darle una pensada a este modelo, convertido en una trampa para osos…

Por todo ello, este Primero de Mayo la defensa de los servicios públicos y la financiación y fiscalidad justas continúa en primera línea. Junto con la subida de los salarios, son elementos centrales para hacer frente al incremento de los precios.

Y si de proteger rentas hablamos, las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la espiral inflacionaria tras la guerra abierta en Oriente Medio son parciales e insuficientes. Si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se mantienen o se agravan, no va a bastar con medidas fiscales para los sectores primeramente impactados por el incremento de precios de los carburantes o los fertilizantes. Serán necesarias medidas para apoyar a las familias cuya cesta de la compra básica supone un porcentaje enorme de sus ingresos. Una transferencia focalizada de 300 euros a 10 millones de rentas cuyos ingresos están por debajo de la media tendría un coste incluso inferior a lo que supusieron las subvenciones a los carburantes tras la invasión de Ucrania, que tuvo un efecto en la contención de precios, pero fue una medida regresiva y que benefició más a las rentas más altas.

Se suele hablar del riesgo de la extrema derecha para la garantía de la democracia o los derechos civiles y sociales. No hay tal riesgo. Es una realidad. Ya está aquí. Y su expresión es Trump gobernando la primera potencia militar del mundo. Las consecuencias empiezan a estar claras. Caos, desorden, incertidumbre, represión, jibarización del Estado de derecho, guerra y empobrecimiento.

Hoy la extrema derecha ya tiene apellidos. Son fertilizantes más caros, combustibles más caros, productos de alimentación básicos más caros. Estamos en medio de una guerra global, que a veces se convierte en convencional, con víctimas y muertos.

Los EEUU de Trump consideran que estaban perdiendo la posición como hegemón mundial respecto a China, en el contexto de la globalización de una economía-mundo que los propios EEUU impulsaron. Y han decidido romper el tablero. Hoy la globalización y el multilateralismo se repliegan. De las ventajas comparativas propias de aquella globalización neoliberal que suponía (o eso decían) el fin de la historia, a una fragmentación del mundo donde cada actor principal pretende mantener el control vertical sobre todos los puntos críticos de la nueva y vieja economía: energía, materias primas, minerales estratégicos, comercio, etc.

Y en esa fragmentación, crecientemente militarizada, la Administración Trump ha decidido que Europa sobra. Por tanto, hacer saltar por los aires la UE, con la colaboración de las quintas columnas serviles que hoy son las extremas derechas, es el objetivo para que cada país individualmente tomado se someta a un vasallaje del nuevo Nerón.

Hoy es fundamental repolitizar estratégicamente la cuestión europea, que no es una cuestión de burócratas. Es decidir si se apuesta por la subalternidad o por la autonomía estratégica. Si apostamos por modelos energéticos que reduzcan nuestra dependencia exterior o por modelos que fortalezcan nuestra soberanía industrial y permitan a España alcanzar el pleno empleo. Y ello conlleva debates incómodos pero necesarios sobre cómo fortalecer nuestra seguridad, en un contexto donde el eje atlántico se desvirtúa o incluso puede saltar por los aires.

No habrá una legitimidad social para la integración europea si no se consigue revitalizar una vieja correlación: Europa tiene que ser su modelo social. La democracia es tener una cita médica a tiempo, educación para todas en igualdad de condiciones, cubrir las contingencias de la vida de forma colectiva, y no desde la lógica de la ley de la selva o del bote salvavidas.

El sindicalismo europeo debe revitalizarse y España debe huir de actitudes pasivas de antaño y reforzar el protagonismo. La siguiente cita será en junio. De momento, este Primero de Mayo: Derechos, no trincheras.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo a España por parte de EEUU, según recoge EFE.

Tras la reunión mantenida este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del Ministerio de Trabajo, Díaz ha reiterado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a ciudadanos y empresas, y ha subrayado que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores.

"Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz, que ha explicado que esa mesa de seguimiento ha sido petición tanto de patronal como de sindicatos.

"Nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester", ha incidido Díaz, que ha recordado tanto a patronal como sindicatos todas las medidas ya disponibles y no ha descartado añadir nuevas si es necesario. "Serenidad y tranquilidad. Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", ha subrayado la vicepresidenta que ha destacado el "escudo laboral y económico" que "está tejido desde hace 6 años".

Según el documento que la ministra ha llevado a la reunión, España cuenta ya con medidas a disposición de empresas y trabajadores como los ERTE o el mecanismo RED para evitar los despidos, instrumentos que son "activables" de forma inmediata "ante caídas de actividad derivadas de un shock energético".

Asimismo, se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

También cabría la posibilidad de establecer bonificaciones a las empresas o permitir el fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, lo que llevaría aparejado para estas empresas la restricción del despido por causas relacionadas por la crisis.

Otras medidas pasan por facilitar el teletrabajo, establecer permisos climáticos y por catástrofe, aplicar el Plan MeCuida de flexibilidad horaria o impulsar planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios para formar trabajadores o recuperar infraestructuras ante catástrofes o situaciones adversas.

El documento cita también medidas de otra índole como la excepción ibérica, el control de precios energéticos, las bonificaciones al gasóleo, el escudo social (que fue rechazado recientemente en el Congreso) o el impulso a las renovables.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que, además de esa mesa de diálogo social para monitorizar el impacto en empresas y trabajadores, sería necesario que se abriera una mesa "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Ambos han explicado que han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos".

No ha habido declaraciones por parte de la patronal, aunque a la reunión han asistido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ya que el presidente, Antonio Garamendi, se ha ausentado por motivos de agenda. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

“Entre los apocalípticos e integrados nos encontraríamos un grupo de personas que no sentimos la necesidad de elegir bando ante un cambio de paradigma y que desconfiamos tanto del entusiasmo ingenuo como del catastrofismo cómodo. Elegimos movernos y habitar en esa terra incógnita donde la intuición y la reflexión no permiten respuestas automáticas ni adhesiones acríticas, donde pensar sigue siendo un acto deliberado y, precisamente por eso, incómodo…”  (Ángel L. Fernández, 2026).

Éramos muchas las personas que andábamos por los barrios en encuentros con familias, cursos de formación y dinámicas sociales diversas, que nos cuestionábamos qué estábamos haciendo con la tecnología en las comunidades educativas. En esa vorágine impuesta desde arriba de hacerlo todo tecnológico y supuestamente más atractivo, un grupo de profesionales de diferentes organizaciones vimos la necesidad de plantearnos revisar lo hecho hasta el momento en educación, para afrontar los retos de los avances tecnológicos desde una perspectiva ético-crítica que humanice el mundo digital.

De esa inquietud y un largo proceso de trabajo ha surgido el Congreso “Educación y tecnologÍA: una visión ético-crítica”, que se va a celebrar los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO, situado en la calle Lope de Vega 48, en Madrid. La Federación de Enseñanza de CCOO junto a la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), Ecologistas en Acción, AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y el Grupo de Investigación Ciudadana y Ética Digital (GICED), han diseñado este congreso con el fin de hacer un parón en este vertiginoso discurrir, en el que podamos replantearnos la educación digital de cara a un futuro.

Revisando el contexto social que estamos viviendo podemos observar cómo las grandes multinacionales penetran cada día más en nuestras vidas, y las condicionan atendiendo a sus intereses empresariales. Se dedican a analizar datos, a venderlos como información privilegiada, a construir patrones de comportamiento, con el único fin de seguir incrementando el consumo y sus beneficios. En la sociedad capitalista en la que vivimos, lo económico es poder, influencia sobre las decisiones de todo tipo: individuales, institucionales, políticas… Todo eso sin pensar en las personas, en lo que necesitan, en su bienestar, sin tener en cuenta las consecuencias de lo que provocan. Estamos en el camino de la deshumanización, al no tener un marco social ético-crítico como referente común. Revertir esta situación requiere reconstruir el sistema de valores, y por lo tanto, crear un marco educativo que conduzca a transformar la realidad y preservar el planeta. 

Con esta finalidad hemos decidido plantear este Congreso, cuyo principal objetivo es ser un punto de inflexión en lo que estamos haciendo. Es una prioridad revisar la complejidad del mundo digital desde una perspectiva global, y dejar de estar hipnotizados por los productos tecnológicos. En primer lugar, tenemos que plantearnos qué avances tecnológicos hay que afrontar en los próximos años, cómo estos afectan al desarrollo y la vida de las personas, a la democracia y a la sostenibilidad. No podemos quedarnos al margen en esta encrucijada, y no estar a la vanguardia en algo tan fundamental en estos momentos para el futuro. 

Este camino lo vamos a hacer con un conjunto de ponentes especializados en diferentes áreas del conocimiento, como requiere un abordaje multidisciplinar (psicología, informática, sociología, pedagogía, medicina...). La inauguración del Congreso contará con un sociólogo de renombre internacional, Danilo Martuccelli, que nos hará un exhaustivo análisis de la sociedad actual, y de cómo la tecnología influye en la misma. Posteriormente, para poder situarnos en los avances tecnológicos que estamos viviendo, hablaremos de inteligencia artificial de la mano de la abogada experta en derechos humanos Lidon Gasull, que preside la Federación de Familias y Alumnos de Cataluña; y con el informático versado en protección de datos Pablo Marinero. Para continuar analizando con la periodista de investigación Laura G. Rivera cómo está afectando la tecnología a la democracia y a los derechos civiles; y en la misma mesa Fernando Tucho, profesor de periodismo, nos explicará cómo afecta este desarrollo tecnológico a nuestra naturaleza. Nos adentraremos en el mundo de la neurociencia de la mano de Marta Cerezo, y de la salud mental con la pediatra María Salmerón. Dos ramas del saber que han realizado numerosos avances científicos en sendos ámbitos sobre el tema que nos ocupa, y que es necesario considerar en nuestras prácticas cotidianas.

Desde un enfoque más educativo contaremos con la presencia del profesor Manolo Pelegrina, que nos hablará del valor de la atención; y con el psicólogo Francisco Villar, que se acercará a los riesgos en la infancia y en la adolescencia derivados de las tecnologías. Posteriormente, el maestro Javier Zarzuela reflexionará sobre cómo hemos digitalizado el sistema educativo, dando pinceladas de posibles soluciones a la situación planteada; y con el psicólogo Telmo Lazcano hablaremos del control educativo de las tecnologías. Este Congreso no podía terminar sin exponer algunas experiencias prácticas donde se refleje qué se está haciendo desde un marco ético-crítico actualmente, para lo que contaremos con la presencia de: Rene Rodríguez, educador social, promotor de experiencias locales de retrasar la entrega del smartphone por parte de las familias, Adrián Aguayo, trabajador social del proyecto “Te pongo un reto” de Redes con Corazón, que hablará de las dificultades de vivir en sociedades digitalizadas desde un enfoque preventivo, y la Asociación “La Kalle”, que explicará su experiencia de trabajo social con población en riesgo de exclusión, con el fin de disminuir la brecha digital con estos colectivos. 

Estas dos jornadas serán el principio de un camino, al ayudarnos a debatir y reflexionar desde una perspectiva más amplia, cuestionando qué tecnologías utilizar, cuándo, cómo y para qué. Interrogantes que tenemos que trasladar a nuestras aulas y a la intervención social, para afrontar conjuntamente la responsabilidad de cuidar y educar, junto a las familias y otros profesionales que intervienen con la infancia, adolescencia y juventud. Dejando a un lado la formación tecnológica centrada en las herramientas, porque ser competentes digitalmente implica también posicionarnos sobre estas cuestiones, no asumiendo que la tecnología es neutra, y que todos los adelantos son buenos por su atractivo.

Todos estos cambios en la labor docente y en todos los entornos profesionales implican una modificación de las condiciones laborales que no se están considerando en la medida necesaria, que habrá que estudiar para establecer los derechos que nos asisten, así como el tiempo a dedicar a cada una de las tareas, porque si bien las tecnologías nos facilitan mucho el trabajo, también requieren costosos aprendizajes e inversión de tiempo en crear e informatizar los procesos. De ahí la importante labor que van a tener las organizaciones sindicales en esta tarea. Además están apareciendo nuevas formas de control, nuevas situaciones laborales, formas sofisticadas de explotación, distintos modos de contratos, trazabilidad de los empleos… que también requieren formación de los responsables para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un futuro inmediato.

Como dice Naomi Klein (2020), lo digital es esencial para nuestras vidas, y como tal tenemos que entenderlo como bien común a regular y garantizar para todos los seres humanos. Los cambios son colectivos, por eso os esperamos el 14 y 15 de marzo en este Congreso, al que os podéis inscribir en el siguiente enlace: https://goo.su/En3sHeY.

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Laura Esteve y Charo Hernández son maestras, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica y afiliadas CCOO. Esteve también es psicopedagoga.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.

CCOO ha anunciado este martes la convocatoria de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 2 al 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC), ante el "inmovilismo" de la compañía para mejorar las condiciones salariales, según informa EFE. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), minoritario en FGC, también anunció el viernes pasado paros para hoy, martes 24 de febrero, y mañana, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo.

En un comunicado, CCOO detalla que, el 2 de marzo, la huelga será de toda la jornada, mientras que los otros dos días será por turnos: de 02:00 a 06:00 horas de la madrugada, de 06:00 a 10:00 de la mañana y de 14:00 a 18:00 de la tarde.

El sindicato lamenta que "lleva mucho tiempo recogiendo el malestar" de la plantilla de la empresa pública, a la que advierte de que no se puede iniciar la negociación del nuevo convenio, que caduca en fin de año, "sin resolver los incumplimientos del actual".

CCOO acusa a FGC de incumplir los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024 que permitieron desconvocar la huelga prevista para ese mismo mes, y asegura que ha trasladado "formalmente" a la dirección de la compañía sus reclamaciones, aunque "en varias ocasiones no se ha recibido respuesta".

Por su parte, fuentes de FGC aseguran que la empresa mantiene "abierto" el diálogo con los sindicatos y subrayan la "colaboración" en el proceso de mediación abierto por el Departamento de Empresa y Trabajo. También sostienen que el sistema de gestión de la seguridad implantado en la compañía "garantiza" los niveles alcanzados en este ámbito y avisan de que la seguridad es el criterio que "prevale por encima de cualquier otro".

CCOO denuncia que se siguen haciendo 2,55 millones de horas extra a la semana que no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso, mientras que los cambios para hacer más fiable y operativo el registro horario siguen a la espera de ser aprobados por el Gobierno, según informa EFE.

Un informe elaborado por el sindicato y publicado este lunes muestra cómo esta práctica afectó el año pasado a 441.000 trabajadores, el 47% de los que realizó una jornada laboral por encima de la pactada. Estos empleados hicieron una media de 5,6 horas extra semanales no pagadas, cifra que representa casi el 40% de las horas que se hicieron por encima de la jornada pactada, según datos recogidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a 2025.

Educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio fueron los sectores con mayor volumen de horas extra no pagadas, aunque la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encontraban en suministro de energía eléctrica o gas; finanzas y seguros; educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; e información y comunicaciones.

Las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas fueron Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía; mientras que la mayor parte de empleados que las hacían estaban en Madrid, Asturias, País Vasco, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones para los trabajadores, pero que para las empresas supuso sin embargo "un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año". Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

En un comunicado, CCOO critica que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo "queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común", mientras que obvia el alargamiento de la jornada sin contraprestación, lo que deriva en "costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español".

"Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras por las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud", sino que también conllevan "costes adicionales al sistema nacional de salud".

Por ello, CCOO denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, algo que considera "imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas", lo que requiere de "mecanismos eficaces".

El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

Las mujeres, los jóvenes y los extranjeros serán los más afectados por el incremento del SMI hasta los 1.221 brutos a jornada completa por 14 pagas que firmarán este lunes 16 de febrero el Ministerio de Trabajo con los sindicatos UGT y CCOO. Este nuevo sueldo equivale a un salario anual de 17.094 euros brutos. La subida, del 3,1%, permite mantener la referencia del salario mínimo en el 60% del salario medio neto.

Por sectores notarán la subida del salario mínimo los trabajadores y trabajadoras en agricultura (el 27% del total lo reciben), seguido de otros servicios (25%) y de comercio y hostelería (23%).

El 18% de los trabajadores canarios verán aumentado su sueldo gracias a esta subida. También hay gran incidencia del SMI en otras comunidades autónomas del sur peninsular como Extremadura (16,1%), la Región de Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%).

"Esta subida va a afectar a 1,66 millones de personas asalariadas", asegura un comunicado emitido por Comisiones Obreras, que recalca que este número de trabajadores corresponde al "9% de la población asalariada española". El texto acusa a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, de no aceptar el acuerdo y de asegurar que la subida será un freno para el empleo.

"Subir los salarios más bajos es una inyección de dinero en el consumo de las familias cada mes, y como se ha venido evidenciando año a año no es una medida que haya impactado ni en el empleo ni en la economía, al contrario", expresa el comunicado de CCOO que pone el foco en los salarios entre el SMI y el salario medio. El sindicato asegura que "hasta 11 millones de personas están en esa horquilla, con salarios que no pueden quedarse estancados".

El aumento de las bajas en España es una dinámica que denuncian tanto los empresarios como los sindicatos, aunque desde posiciones muy diferentes. Desde 2017, el número de incapacidades temporales (IT) casi se ha duplicado y en 2024 se registraron un total de 8,6 millones de partes de baja, según AIReF. Las patronales tienden a hablar de ausencias injustificadas o de abuso, mientras que los sindicatos insisten en factores diversos como el aumento de los riesgos laborales psicosociales, el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública o el envejecimiento de la población trabajadora. Esta semana el asunto ha acaparado gran parte del debate político, ya que se han anunciado varias medidas que podrían tener incidencia en estos comportamientos.

Por un lado, el Gobierno acaba de anunciar que creará el Observatorio de la Incapacidad Temporal con la intención de “promover una gestión más eficaz de esta prestación del sistema de Seguridad Social” y hacer un seguimiento de estos procesos. El mecanismo se había anunciado en 2024, aunque se activa ahora y en él participarán también representantes del Ministerio de Sanidad y agentes sociales. Por otro, este mismo martes los sindicatos y el Ministerio de Trabajo ratificaban la firma de un acuerdo para modernizar la prevención de riesgos laborales, una norma que databa de 1995, poniendo el foco en los riesgos psicosociales y la salud mental. "Los daños a la salud mental cuando una persona acumula estrés son una responsabilidad colectiva", remarcaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La creación del Observatorio se anunciaba días después de que un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalase que en España existía una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas e insistía en la descoordinación entre médicos de atención primaria y la Seguridad Social. Algo que, según ellos, encarece el coste del proceso y alarga de forma “innecesaria” los procesos. Los sindicatos protestaban por este enfoque y señalaban que el informe obviaba “el hecho de que la principal causa que explica el crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público”. Con estos mimbres, la polémica sobre el absentismo ha vuelto a protagonizar el debate en lo laboral.

“La AIReF ha hecho un informe sobre la evolución del gasto, pero la prestación por incapacidad temporal es más compleja e involucra tanto a los sistemas sanitarios de las comunidades como a las mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dice, por ejemplo, que los procesos de IT se han duplicado y que el gasto ha pasado de 8.000 a 11.000 millones, pero lo que hay que plantearse es si ese gasto es el que tenemos que tener”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO).

Bravo señala otros factores que se deben considerar en este análisis: “Hay más trabajadores, lo que se traduce en más bajas potenciales. En segundo lugar, la evolución demográfica hace que la edad media de los trabajadores haya subido, lo cual tiene un impacto en las bajas y en su duración. Y luego está la incidencia de los problemas de la salud mental, porque somos el país líder del mundo en tratamientos farmacológicos con antidepresivos”, concluye. A esto se unen, además, las listas de espera en todo lo relacionado con la salud mental dentro del sistema público. "La clave sobre la incapacidad temporal no es verlo en términos de gasto, sino del tiempo que el trabajador necesita para recuperarse", sentencia el responsable sindical.

Sobre el Observatorio que ha anunciado el Gobierno, Bravo se muestra favorable. "Nosotros queremos que se refuercen los controles públicos, que se hagan los que sean necesarios, pero siempre que sean públicos y no con quienes tienen conflictos de intereses", señala el responsable de CC OO en relación a las mutuas.

Todos estos matices que forman parte del debate tratan de atajar el discurso que vincula las bajas con el fraude. Y es que el absentismo laboral se ha convertido en el indicador que unos y otros esgrimen desde esquinas opuestas para pedir o frenar medidas en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas, pero dejando dentro derechos adquiridos como el permiso por fallecimiento de un familiar. Esas ausencias pueden ser justificadas o no, pero en un 80% de los casos las respalda una baja médica, de acuerdo con Randstad y en el 20% restante hay que considerar además permisos retribuidos, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

El indicador se calcula en base a los datos de horas pactadas y horas realmente trabajadas, pero muchas veces se emplea para tratar de sugerir que los trabajadores se comportan de forma negligente o eluden sus obligaciones. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, reforzaba esta idea en diciembre, cuando al criticar el absentismo laboral, aseguraba que las bajas de los empleados tenían lugar los lunes y los viernes.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, señalaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales”, concluye.

Desde los sindicatos venían insistiendo en las deficiencias de una ley de riesgos laborales que databa de 1995 y en la que los problemas de salud mental o los riesgos psicosociales derivados de la hiperconexión no estaban contemplados. Tampoco los riesgos climáticos, que sí figuran en la propuesta que han firmado Trabajo y sindicatos sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

El texto del acuerdo refuerza la prevención de los riesgos en lo relativo a la salud mental, desconexión digital y los efectos del cambio climático como olas de calor o danas. Unai Sordo, secretario general de CCOO, también puso el foco en la necesidad de ampliar el catálogo de enfermedades profesionales en el que, según él, se da un "infrarregistro". Y se ha referido a este hecho como "el mayor vacío de protección" para los trabajadores. "De las muertes totales por cáncer en España, entre un 4% y un 8% son ocupacionales, causadas por exposición durante el trabajo. Pues bien, en Europa el cáncer es la primera causa de muerte laboral, con una tasa de alrededor del 53%. O somos Superman, o en España el nivel de subregistro es gigantesco", concluyó Sordo.

El acuerdo, que debe pasar por el Congreso, amplía los controles que las empresas deben mantener y las obliga a contemplar criterios ligados a la edad del trabajador o al género y no solamente a las características del puesto como hasta ahora.

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales, según informa EFE.

Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. 

La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Fuentes de Semaf han destacado que la reunión de hoy ha transcurrido "mejor enfocada que la de ayer", ya que se han abordado medidas sobre la seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, que es la principal reivindicación del sindicato de maquinistas.

Sin embargo, destacan que la convocatoria de huelga se mantiene, ya que de momento no cuentan con las garantías que aseguren el cumplimiento de las reivindicaciones para que se produzca un cambio estructural en la seguridad y calidad ferroviarias.

Fuentes de Transportes han explicado que durante este fin de semana se va a mantener abierta la interlocución y los contactos para "poder alcanzar consensos", y valoran de forma muy positiva la voluntad de continuar dialogando de los sindicatos."Voluntad que suscribimos plenamente y que hacemos nuestra", han remarcado.

"Desde el Ministerio de Transportes nos vamos a mantener siempre en la mesa de negociación y vamos a continuar trabajando, junto a los representantes de los trabajadores, para alcanzar un acuerdo", añaden las fuentes.

El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha hablado a la salida de la reunión en nombre de los tres sindicatos y ha dicho que seguirán trabajando en mesas técnicas para concretar asuntos, sobre todo con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Hasta ahora no se ha hablado de cifras sobre las reivindicaciones y los sindicatos desconocen si los contactos del Ministerio de Transportes con el de Hacienda para conseguir una dotación presupuestaria adicional han dado algún resultado.

Por el momento, ha añadido el secretario general de Semaf, Transportes les ha presentado propuestas "preliminares", con medidas técnicas, en las que seguirán trabajando las partes.

Los representantes sindicales piden que se establezcan medidas estructurales más allá de las puntuales que ya se están aplicando para mejorar los procedimientos, la seguridad y las plantillas en todo el sistema ferroviario.

Ello exige cambios en "todos los actores", tanto en la Agencia de Seguridad como en el administrador de la infraestructura, Adif, y en el operador, Renfe. Puente ha estado acompañado por los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; de Adif, Pedro Marco, y otros altos cargos.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, capitanea la primera reunión con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- para buscar un acuerdo que permita evitar las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, según recoge EFE.

Además de Puente, por parte del ministerio asisten el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

La reunión de hoy, que se celebra tras una concentración convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario que tuvo lugar el martes delante del ministerio, se considera como "una primera toma de contacto" por parte de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales la consideran "una reunión preliminar", en la que se abordará el conflicto -surgido a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida- "a grandes rasgos".

Según fuentes del sindicato de maquinistas Semaf, las posiciones son "distantes", ya que piden "un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España".

La parte social exige un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Dado que el ministerio solo ha convocado a la reunión a los sindicatos mayoritarios, aunque las movilizaciones están convocadas también por CGT, SF y SCF, estos últimos lo tachan de "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

CGT ha denunciado este miércoles la decisión del ministro de anunciar reuniones con organizaciones sindicales del sector ferroviario, "excluyendo deliberadamente a parte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio CGT". "No es un error administrativo, es una decisión política consciente", ha subrayado CGT, que incide en que "es uno de los sindicatos con mayor implantación en el conjunto del sector ferroviario, tanto en empresas públicas como privadas, con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo".

Para CGT, este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril", ya que, en su opinión, la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y la representación legal de las personas trabajadoras, ha agregado.

Diciembre del 75. Siglo pasado. Franco ha muerto entre espantosos dolores agónicos. El franquismo sigue vivo. El rey de Marruecos ya ha perpetrado el robo del Sahara ante una España atenazada por el miedo a que el futuro se decante hacia una nueva confrontación, una guerra, de nuevo civil.

Los trabajadores y trabajadoras llevan años agrupándose en Comisiones de Obreras y Obreros que intentan conseguir convenios colectivos más justos que respeten salarios y condiciones de trabajo, pero cada vez que levantan la cabeza el régimen franquista los persigue y encarcela a sus dirigentes. 

Las CCOO han sido descabezadas a mediados de 1972 y los Diez de Carabanchel acaban condenados a decenas de años de prisión en el Proceso 1001, en diciembre de 1973. Son juzgados el mismo día que ETA hace volar por los aires el coche del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, discípulo, admirador y mano derecha del dictador. 

–No hay mal que por bien lo venga, cuentan que dijo Franco.

–Si de mí dependiera, los fusilaría a todos, afirmó Francisco Mateu, el juez franquista, rígido y extremadamente duro, del Tribunal de Orden Público, que luego sería asesinado en un atentado de ETA, cuando ya era magistrado del Tribunal Supremo. Que los jueces franquistas no perdieron sus puestos y forjaron y modelaron a la mayoría de los que vendrían después, como bien sabemos y sufrimos. 

Sin democracia, sin libertad, sin sindicatos libres, de nada valía que Franco hubiera muerto en la cama, porque el franquismo seguía reprimiendo, persiguiendo y matando en las calles. Por eso, pese a todo, pese al desmantelamiento de su dirección, CCOO impulsó un proceso de movilizaciones que se convirtió en un encadenamiento de huelgas en todos los sectores.

Es verdad que muchos convenios estaban a punto de renovarse, pero también es cierto que el malestar era muy intenso en tiempos de crisis del petróleo, alta subida de los precios y férrea contención del crecimiento de los salarios. Muerto el dictador muchos trabajadores consideraban que era la hora de la amnistía de los encarcelados y despedidos, la libertad sindical y la mejora generalizada de las condiciones de trabajo.

Tras el fallecimiento de Franco comienzan algunos procesos de movilización que terminan generalizándose hasta que en enero el Metro, las empresas metalúrgicas, la construcción, la Telefónica, banca, artes gráficas, Correos, seguros, Renfe y otras muchas empresas se encuentran en huelga.

Pronto las huelgas trajeron manifestaciones, saltos, concentraciones en las calles exigiendo amnistía y libertad. De nada valían las porras de la policía, los disparos, las balas de goma, los gases lacrimógenos, las detenciones, los despidos o los cierres patronales. En los tres primeros meses del 76 se produjeron 18.000 huelgas y se perdieron 150 millones de horas de trabajo.

El 3 de marzo la huelga se ha extendido a Vitoria. Numerosos trabajadores se concentran en asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía lanza botes de humo y cuando los trabajadores salen, los ejecutan a balazos. Cinco trabajadores mueren y otros 150 resultan heridos. El franquismo perdía la sociedad y perdía la calle. 

El rey designado por Franco y su presidente del Gobierno, el sucesor de Carrero Blanco, Arias Navarro –al que apodaban el Carnicerito de Málaga por su papel en las crueles ejecuciones franquistas tras la ocupación de Málaga durante la Guerra Civil–, llegaban al fin de una etapa y estaban a punto de separar sus caminos. 

Resistió el tal Arias hasta julio y cayó. El rey, los poderes económicos, el franquismo político tenían que buscar una salida para que todo cambiase sin que nada cambiara en lo referente a su poder, a su dinero, a su papel en la sociedad. Ya se lo había dejado bien claro el generalísimo:

–Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España.

En su lecho de muerte ya no estaba para mucho más aquel al que León Felipe llamaba Sapo Iscariote y ladrón. Y añadió, a sabiendas de lo que se le venía encima:

–Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo.

Pasados los años, creo que el de Abu Dabi cumplió con creces su palabra dada, su juramento a los principios generales del Movimiento Nacional y su afectuoso cariño hacia Franco, al que considera cercano y paternal y del que destaca su inteligencia y sentido político. Así lo cuenta en sus recientes memorias.

De aquella Galerna de huelgas salió la Transición, con la caída de Arias, el ascenso de Suárez, las negociaciones con la oposición, la Reforma Política, el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE y de los sindicatos, los padres de la Constitución y la Constitución misma. 

Le gusta decir a Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles. No le falta razón. Sin la Galerna de huelgas de 1976 nada hubiera sido igual. Probablemente, nada hubiera sido tan pacífico, tan aparentemente sencillo, tan tremendamente complejo ni tan plagado de aciertos y también de errores. 

No son ellos, los que protagonizaron y vivieron aquellas huelgas. Somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos lo bueno y corregimos lo malo. Si damos un paso adelante o hacia atrás. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que creyeron que tenían que hacer. La cuestión es si nosotros sabremos hacerlo también. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Tras las reivindicaciones de Comisiones Obreras de hace unos días es las que exigían al Ministerio de Interior que tomara medidas para proteger a los comunicadores, periodistas o humoristas de izquierdas ante la oleada de ataques de la ultraderecha, el sindicato UGT (AGP-UGT) también pide contundencia. En un comunicado este lunes, el sindicato recuerda que ningún profesional de la información debe trabajar bajo amenazas, insultos o agresiones físicas.

Después de que varios comunicadores como Elena Reinés o Hector de Miguel hayan anunciado que se retiran temporalmente, desde el sindicato temen que este tipo de intimidaciones se puedan estar asentando como una práctica política habitual con el objetivo de "amedrentar, expulsar voces del espacio público y romper el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz". Las consecuencias, según el comunicado, podrían suponer que la propia estabilidad de la democracia se quebrara. Argumentan que si la violencia contra la prensa se asume como un coste más del oficio, el Estado de derecho quedaría degradado.

Desde el sindicato se detienen en cómo se construyen estas narrativas. Consideran que todo comienza en el lenguaje y la deslegitimación sistemática con comentarios que identifican a los periodistas como "enemigos" o unos "vendidos". De ahí se puede pasar al señalamiento para pasar a una situación de hostigamiento. Este tipo de acoso no es universal para todos, en el caso de las mujeres, la violencia puede ser incluso mayor, según apuntan. Para ellas el acoso llega en forma de comentarios machistas o amenazas sexualizadas. Muchas como Carla Galeote o Inés Hernand han tenido que soportar vejaciones y constantes comentarios sobre su cuerpo. En el caso de Galeote, fotografías suyas han llegado a aparecer en páginas pornográficas. Desde el Sindicato exigen medidas que refuercen la protección de las mujeres periodistas frente a este tipo de amenazas.

En el comunicado también consideran que aquellos que perpetúen agresiones o amenazas contra periodistas o comunicadores deberían ser identificados y sancionados. También piden que en las coberturas en directo, haya protocolos específicos para contextos de alto riesgo cuando existan antecedentes. De los políticos solo piden que se comprometan a no alentar discursos de odio contra la prensa y condenar cualquier tipo de intimidación. Por último, exigen cooperación con las plataformas para preservar pruebas, retirar amenazas con rapidez y evitar que denunciar suponga un castigo para la víctima.

El comunicado llega después de que varios comunicadores hayan denunciado amenazas e intimidación por parte de la ultraderecha. En las últimas semanas, tanto Elena Reinés, comunicadora y fundadora de Woke Up News, como Héctor de Miguel, humorista y presentador de Hora Ventipico en la Cadena SER, han anunciado su retirada temporal del ojo publico por distintas amenazas.

En el caso de Reinés, la comunicadora publicó una nota en Instagram en la que declaraba que se marchaba con un rotundo "voy a parar", después de recibir una multitud de mensajes con amenazas de muerte por parte de ultraderechistas y sufrir una campaña de acoso en redes sociales.

En declaraciones a elDiario.es, la creadora indicaba que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte".

En el caso de Héctor de Miguel, todo llegó a raíz de su último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). La asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Para Sarah Santaolalla, las amenazas no llegaron solo a través de las redes sociales. El pasado enero, aparecieron varios mensajes con amenazas de muerte a la analista política y tertuliana, pintados en la tumba de las Trece Rosas, ubicada en el Cementerio Civil de la Almudena. En letras rojas se podía leer: "Sara Santaolalla RIP".

La Agrupación de Periodistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha publicado este viernes un comunicado en el que exige a los poderes públicos que reaccionen ante la oleada de intimidaciones que están recibiendo algunos comunicadores. Tras el reciente parón del cómico Héctor de Miguel , el abandono de redes de la creadora de contenido Elena Reinés, ambas esta semana y por amenazas de muerte, el sindicato cree necesaria "una respuesta policial y una tutela judicial".

Este mismo jueves, otro episodio de acoso por parte de ultraderecha fue denunciado por la analista política Sarah Santaolalla. En el programa Malas lenguas, aseguraba que ha interpuesto una demanda contra el influencer Vito Quiles, tras un incidente que comenzó en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. La analista asegura que Quiles le siguió "por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo".

El pasado lunes, Elena Reinés anunció que se marchaba de las redes sociales con un rotundo "voy a parar". Después de sufrir una campaña de acoso, la comunicadora declaró a elDiario.es que todo comenzó después de que Woke Up News, una red de creadores de izquierdas de la que es fundadora, publicara un video desmintiendo bulos sobre el accidente de tren de Adamuz. A partir de la publicación de ese video empezó a recibir mensajes que ella misma describe como "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", como, por ejemplo: “Te van a coger por la calle y no van a quedar ni tus huesos”.

Héctor de Miguel, el humorista y presentador de Hora Veintipico vivió una historia similar. Tras el último programa, en el que parodiaba al presentador Nacho Abad por su cobertura con "imágenes truculentas" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la asociación de policías Jusapol lo señaló y criticó. Otros usuarios, como el activista ultra Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista en algunos casos.

Pugilato ya protagonizó una agresión al cómico Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales y ha emitido ya un programa especial en su canal de YouTube en torno a Héctor de Miguel, con otros militantes fascistas, en el que asegura que "este tipo tiene que pagar por sus palabras".

Este aumento de intimidaciones es el que ha motivado al sindicato a exigir responsabilidades políticas: "Trabajar en la información y la comunicación no es una tarea de héroes y heroínas". En el comunicado, aseguran que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía "deben tomar nota de lo que está ocurriendo", y actuar para que ninguna difamación, acoso o amenaza quede impune.

La privada avanza. El retroceso de la educación pública que llevamos viendo en las universidades y colegios ahora escribe un nuevo capítulo en la Formación Profesional. El informe del sindicato CCOO, La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, recoge como la privada ha aumentado su presencia de forma exponencial en esta disciplina, llegando a representar a un tercio del alumnado de FP en España.

Ese crecimiento privado no ha ido acompañado, asegura el sindicato, de un aumento significativo de la red pública, lo que ha abierto un gran agujero que han aprovechado los centros de gestión no estatal.

La FP en línea ha triplicado su oferta en la última década según recuerda el informe, que han presentado este jueves la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, y la de Juventud, María del Barrio.

El sindicato denuncia que el acceso a la FP, elegida actualmente por el 59% de los jóvenes e incluso por un 22% de universitarios que se plantean continuar con un ciclo formativo para mejorar sus oportunidades de empleo, "depende cada vez más de la capacidad económica de las familias lo que está generando segmentación social".

Los últimos datos del curso 2025-2026 señalan que la Formación Profesional privada crece a un ritmo del 20% y mientras la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde 2018, la privada ha pasado de 0,6 a 1,2 puntos.

"En la mayoría de los casos, este desplazamiento hacia la oferta privada no obedece a una preferencia libre del alumnado, sino a la insuficiencia de plazas públicas disponibles", recalca Núñez. Algo a lo que se suma una gran desigualdad territorial.

En el País Vasco la FP privada representaba en el curso 2024-2025 el 44% del total, mientras que en Madrid suponía el 38% y en Cataluña y Aragón el 36%.

Las comunidades con menos centros privados de FP están en Canarias (representan el 8,7% del total), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).

En este sentido, CCOO señala que en las comunidades con fuerte presencia de FP privada y elevada presión de demanda el alumnado se enfrenta con mayor frecuencia a procesos de selección por renta o a itinerarios formativos "menos garantistas", mientras que en las comunidades con red pública predominante los problemas se concentran en la falta de equipamientos, de empresas para prácticas o en la dificultad para acceder a ciclos estratégicos.

Actualmente la FP privada representa el 28,4 % del total de alumnado en España y se concentra en titulaciones de alta demanda como sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales.

Mientras que en FP Básica y de grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en grado Superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte, señala CCOO.

El gasto nominal por hogar en FP Superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. El coste medio de un ciclo formativo a distancia en centros privados oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros por ciclo completo (dos años).

CCOO exige una regulación mínima de la FP online para distinguir entre módulos que pueden ser "virtualizados" y los que no, dependiendo de las prácticas y de las familias profesionales.

La creación de un registro público único de centros autorizados y la publicación de resultados de titulación, abandono o inserción de cada familia profesional, son otras peticiones para toda la Formación Profesional. También lo es reforzar la inspección y un régimen sancionador ante la publicidad engañosa, ante una evaluación irregular o por el incumplimiento de las prácticas.

El sindicato pide un plan plurianual para financiar plazas públicas con una planificación territorial dependiendo de la demanda de ciclos y la oferta de plazas públicas en cada región. También exige bajar las ratios por aula en la oferta pública ya que "la enseñanza ha de ser lo más directa posible" y realizar un seguimiento de la concesión y uso de los fondos públicos destinados a la FP, asegurando que sean finalistas.

 Asimismo, la estabilidad de las plantillas en los centros públicos y la actualización de talleres y equipamiento.

Desde hace un año la Formación Profesional es dual y las prácticas desde el primer año son obligatorias por ley. Sin embargo la implantación de la dual supone cargas para las empresas, que deben tener un tutor, hacer un seguimiento individual y coordinarse con el centro.

No todas las empresas pueden ofrecer entornos formativos adecuados y en territorios con menos tejido empresarial hacer prácticas puede ser más complicado y el centro "puede derivar a empresas con baja calidad formativa", señala CCOO.

Advierte de que existe el riesgo de que se utilice como mano de obra barata o como sustituto de contratación y pide definir tareas, prohibir la sustitución de puestos estructurales por alumnado y tutores de empresa con perfil formativo y tiempo lectivo asignado.

La clase trabajadora es la protagonista de este segundo conversatorio de La memoria que somos: 50 años de democracia. Esta iniciativa impulsada por infoLibre con el apoyo de Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad comenzó el pasado 23 de noviembre con una charla entre el actor Juan Diego Botto y la escritora Elvira Lindo que fue todo un éxito. En esta ocasión, los protagonistas han hablado sobre los derechos de los trabajadores, del papel que jugaron para acabar con la dictadura, su importancia antes, durante y después de este periodo, y cómo podemos aprender para poder reaccionar ante los retos del presente. Para tratar estos temas, infoLibre ha contado con las voces de Cristina Almeida, abogada y exdiputada de la Asamblea de Madrid; Unai Sordo, secretario general de CCOO; y María José Landaburu, doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autoempleo.

¿Qué nuevas batallas afrontan los sindicatos? ¿Cómo logramos mantener los derechos obtenidos después de tanta lucha? ¿De dónde vienen esos derechos y por qué son tan importantes? Todas estas preguntas se han puesto sobre la mesa para esta conversación que busca crear un diálogo intergeneracional entre los ponentes y con los jóvenes universitarios que asistieron y que realizaron preguntas y reflexiones. ¿Hacia dónde va la lucha de los trabajadores?¿Cómo organizarnos en un mundo cada vez más dividido?

Queremos que La memoria que somos se convierta en un espacio multidisciplinar en el que todas las voces que apuestan por los valores democráticos tengan su espacio. Un lugar en el que reflexionar, de manera viva, plural e intergeneracional. ¿Te unes a nosotros?

Unai Sordo considera que un adelanto electoral no es buena idea. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha intervenido en el programa de radio EgunOn Bizkaia para explicar que la clase trabajadora saldría perjudicada en caso de elecciones. Considera que, aunque el gobierno se encuentra en un momento complicado por la aritmética del Congreso, Sánchez debe aguantar con la prórroga de los presupuestos y los fondos europeos. 

Esta continuidad de las cuentas del Estado pueden significar, según Sordo, la estabilidad de las inversiones públicas, además de que puede incentivar los recursos privados debido a la contraposición con la gran transformación económica actual. Con estas medidas, asegura, se favorecería el tejido productivo y podría activar el empleo. 

Precisamente el empleo es para él la respuesta para el avance ultra de los últimos años, junto con el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de los salarios. Asegura que la clase trabajadora ha estado votando “contra sus propios intereses” ya que los partidos apelan al electorado con claves identitarias negativas antes que por su situación económica, social o material, como sus condiciones de vida. 

Además, el líder de CCOO ha rechazado la fragmentación del salario mínimo interprofesional (SMI) por territorios y pide que el salario mínimo del convenio vasco sea la vía a seguir. 

Sus declaraciones llegan después del batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura, que ha perdido diez escaños respecto a la última cita electoral, algo que ha vuelto a avivar las peticiones de un adelanto electoral a nivel estatal. María Guardiola convocó los comicios al no conseguir aprobar los presupuestos autonómicos. Es, precisamente, este argumento el que se usa para atacar al gobierno de Sánchez. 

Este martes, el Senado ha presentado un conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos de 2026, con ello pretenden que el tribunal establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo presente las cuentas. 

Telefónica ha rebajado este jueves a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, han informado fuentes sindicales tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

A falta de conocer la postura de CCOO, se prevé que el acuerdo, que contempla también la renovación de tres convenios colectivos, se firme el próximo lunes.

La multinacional planteó en un primer momento hasta 6.088 despidos, por lo que esta nueva cifra supone un 25,45% menos de afectación, aunque esas salidas podrían ampliarse hasta las 5.040 siempre que sean voluntarias, informan fuentes sindicales.

El grueso de los siete EREs corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.  Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos.

UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10% a través de nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios. El sindicato ha asegurado haber alcanzado sus objetivos marcados en la negociación y por ello defiende que refrendará los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos, que se realizará durante la mañana del lunes.

Asimismo, la dirección ha planteado que el convenio especial de cotización asegure las aportaciones a la Seguridad Social, mientras que las personas no prejubilables contarán con un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector". En cualquier caso, UGT ha reivindicado que la voluntariedad será el principio vertebrador de la adscripción, cuyos resultados se conocerán a finales de enero, pues en las próximas semanas se abrirá el periodo para inscribirse en el ERE a través de las prejubilaciones.

Por otro lado, UGT asegura que las revisiones salariales y la jornada de 36 horas se extenderán a los tres convenios colectivos que amparan a las siete filiales afectadas por los ERE: empresas vinculadas, GBUs (que incluye a Telefónica SA, Global Solutions e Innovación) y Movistar+.

"Este acuerdo supone un avance relevante frente a la lógica de destrucción neta de empleo, contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas y refuerza la viabilidad a largo plazo, demostrando que es posible abordar procesos de reestructuración sin renunciar a la creación de empleo ", ha defendido el sindicato.