La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.

El acuerdo sigue el mismo patrón que el de Extremadura, en el que los ultras lograron imponer sus tesis en cuestiones como la "prioridad nacional" como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Se trata de un asunto que ha generado un choque entre ambas formaciones por su alcance, pero que no ha impedido que el PP vuelva a aceptarlo. Y Vox se congratula de ello: "Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones", resumen fuentes del partido ultra tras alcanzar el pacto.

En este caso, Vox gestionará tres consejerías, una más que en Extremadura. Además de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los ultraderechistas asumirán también la de Medio Ambiente y Turismo en Aragón. Así, al igual que el caso extremeño, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad, un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. La de Medio Ambiente es una elección llamativa, ya que la formación de Abascal cuestiona las políticas en materia climática y pone en duda que el calentamiento global sea culpa de la acción humana.

La formación de Santiago Abascal ha dejado claro que la "prioridad nacional" era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo en Aragón. Y también lo ha reivindicado el propio Azcón. "La prioridad nacional es compatible con la legalidad, y nuestros acuerdos serán legales", los cuales "van a regir los principios que inspiren al próximo gobierno", señaló en la comparecencia junto al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Y añadió: "Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa". El presidente aragonés se mostró muy satisfecho con el pacto y confió en poder sacar adelante "cuatro presupuestos".

Según los ultras, la prioridad nacional significa que "los españoles van primero" en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". El PP, en cambio, evita el término "prioridad nacional" y trata de sustituirlo por criterios como el "arraigo" o la "vinculación" al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Eso evidencia la incomodidad de la formación con esta cuestión, lo que les ha llevado a votar en contra de la moción de los ultraderechistas este miércoles en el Congreso para defender esa "prioridad" a nivel estatal en el acceso a la vivienda.

Y así aparece reflejado en el acuerdo: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Entre ellas, citan condiciones como el "establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y la "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Con todo, fuentes de Génova aseguran a infoLibre que "no están perdiendo ni un solo voto" con esta cuestión y consideran que "tiene poco recorrido" más allá de "acaparar tertulias y portadas" algunos días. Es un peaje que, aseguran, están dispuestos a pagar para alejar "el riesgo de unas nuevas elecciones". Añaden, además, que la "temática de inmigración perjudica más al PSOE", pese a que no hay datos que así lo indiquen. Sí hay estudios que, sin embargo, apuntan a que las derechas conservadoras se equivocan cuando asumen el marco de la ultraderecha, como está ocurriendo.

Al igual que sucedió con el pacto en Extremadura, muchas de estas medidas son irrealizables porque traspasan las competencias autonómicas, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. También aseguran PP y Vox que "el Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Y que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

En este acuerdo también defienden la prohibición "del burka у nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia", un punto calcado al de Extremadura.

Otra de las cuestiones que se incluyó y que vuelve a estar es el de dejar sin ayudas públicas a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, entre las que Vox incluye a Cáritas a diferencia del PP. Un punto que aparece con la misma formulación: "Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el documento.

El PP y Vox también aseguran que van a "librar Aragón de la imposición del catalán", lengua que se habla en municipios aragoneses que colindan con Cataluña y es “lengua propia original e histórica de la comunidad”, según la Ley de Lenguas de Aragón, de 2009. Además, se comprometen a derogar las "entidades públicas y leyes ideológicas", aunque no citan cuáles. "Se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", señala el acuerdo. Así, se dan de plazo el "primer semestre de gobierno" para llevar a cabo "una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia".

Los conservadores aseguran que "lo complicado" fue sacar adelante el acuerdo de Extremadura porque en él se "establecen los límites" pero que, una vez alcanzado, ese modelo es el que ha servido de base para las "negociaciones continuistas" tanto para Aragón como también para Castilla y León. En el equipo de Alberto Núñez Feijoo también defienden que el acuerdo "se puede aplicar cien por cien" pese a que el Gobierno ha denunciado que si se discrimina por motivos de nacionalidad es inconstitucional y lo recurrirán. "Hay textos legislativos muy parecidos aprobados en Consejo de Gobierno en Baleares", señalan en el PP.

Desde horas antes, fuentes de Génova ya anticipaban que el acuerdo sería "muy similar" al extremeño, pero reconocían que, en el caso de Aragón, tendrían que "ceder más" ante Vox porque los ultraderechistas duplicaron en esta comunidad su resultado de 2023, al pasar de siete a 14 escaños, mientras que Azcón perdió dos actas y se quedó con 26. Esa "correlación de fuerzas" es la que ha forzado a los conservadores a dar una consejería más a los ultras de las dos y la vicepresidencia que ya tienen en Extremadura.

En el PP aragonés tenían prisa por alcanzar el acuerdo y habían presionado para cerrarlo antes de la celebración del Día de Aragón este jueves —y solo diez días antes del final del plazo para la investidura, el 3 de mayo— . El hecho de estar en funciones dificultaba aprobar "determinados acuerdos", en palabras de Azcón. Una preocupación que también verbalizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un Gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública.

Además, al igual que ocurre en el pacto extremeño, el acuerdo trata de garantizar una estabilidad que el PP no tuvo la pasada legislatura. Y por eso se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años, si volverán a romper cuando les "convenga electoralmente", como asegura Génova que hicieron en verano del 2024, o si se producirá una revuelta interna en el partido en el que la dirección no controle a sus propios diputados, como ha sucedido en Murcia y Baleares. Con todo, el mensaje que busca trasladar el PP es que ellos "van a gobernar otros cuatro años" mientras "la izquierda se queda en la oposición otros 48 meses".

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

Los líderes de los partidos neerlandeses se reunieron este martes para comenzar la fase exploratoria del futuro gobierno y designar a la figura encargada de iniciar las consultas entre posibles socios de coalición, el primer paso formal hacia la constitución del nuevo Ejecutivo, en un proceso encabezado por Rob Jetten, líder del liberal progresista D66.

El presidente del Parlamento, Martin Bosma, recibió a los jefes de grupo para designar a un explorador ("verkenner"), encargado de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Bosma destacó el “amplio consenso” alcanzado para designar al exministro Wouter Koolmees, a quien definió como una figura con “una larga trayectoria y gran capacidad para generar confianza”.

Koolmees, de 48 años, es el actual director general de los Ferrocarriles Neerlandeses (NS) y fue viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales en el tercer gobierno de Mark Rutte (2017–2022).

Fue también mediador en 2021, cuando logró que el liberal VVD, el democristiano CDA, D66 y la Unión Cristiana renovaran su coalición para un cuarto gabinete de Rutte (2022-2024).

El propio Jetten, de 37 años, lo elogió por su capacidad de “conectar ambos lados del espectro político” y consideró fundamental formar “un gabinete estable y ambicioso”. El líder de D66 asumió la dirección inicial de las conversaciones, después de declarar, al ganar los comicios de la semana pasada, que estaba “dispuesto a asumir el cargo de primer ministro”, aunque reconoció la "gran responsabilidad" de liderar unas negociaciones que se prevén complejas.

"Los votantes quieren que dejemos los juegos políticos y trabajemos juntos de verdad", afirmó Jetten.

Se espera que Koolmees presente su informe el 11 de noviembre, tras reunirse con los líderes de las quince fuerzas que han obtenido representación.

Tras finalizar esa tarea inicial, el Parlamento designa a un mediador ("informateur"), encargado de guiar la negociación de los puntos comunes entre posibles socios, y una vez pactadas las bases y cerrados los detalles del acuerdo, se aborda el reparto de ministerios y el nombre del futuro primer ministro, último paso antes de la investidura.

No será una tarea fácil, pues se necesitan al menos cuatro partidos para una mayoría absoluta de 76 escaños.

Con la derecha radical PVV (26 escaños) vetada por la mayoría de las fuerzas, la única mayoría viable de cuatro partidos sería la formada por D66 (26 escaños), VVD (22), CDA (18) y el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA (20), que sumarían 86 escaños y son la fórmula preferida de Jetten.

Pero el VVD mantiene su negativa a gobernar con GroenLinks-PvdA, bloque al que considera “demasiado radical”, mientras, la alternativa de derechas que prefieren los liberales, con el euroescéptico JA21 (9 escaños), necesitaría añadir un quinto partido para alcanzar mayoría absoluta.

Dilan Yesilgoz, líder del VVD, reiteró hoy ante la prensa que no gobernará con GroenLinks-PvdA, ni siquiera tras la dimisión de Frans Timmermans y el relevo de liderazgo de la alianza de izquierdas, que pasó ayer a manos de Jesse Klaver, diputado ecologista de 39 años. “La llegada de Klaver no cambia nada. No hay ningún escenario en el que esos partidos estén juntos en un gobierno”, insistió.

Por su parte, el líder de la derecha radical PVV, Geert Wilders, reconoció su derrota y felicitó a Jetten, después de varios días instando a esperar a que el viernes la Junta Electoral publique los resultados oficiales. “La posibilidad de que 30.000 votos más vayan a nuestro lado es pequeña”, dijo tras la reunión hoy con los demás líderes.

La diferencia entre el PVV y D66 supera los 28.000 votos a favor de Jetten, aunque ambos se mantienen con 26 escaños.

Wilders rechazó las voces que le acusan de haber socavado la democracia tras insinuar la semana pasada presuntas irregularidades electorales: “Es una tontería total; investigar (denuncias de posible fraude) refuerza la democracia”, afirmó.

El líder de JA21, Joost Eerdmans, se mostró abierto a participar en un gobierno de centroderecha con D66, CDA y VVD, aunque reconoció que no alcanzarían mayoría solos los cuatro. CDA, liderado por Henri Bontenbal, evitó fijar preferencias, pero pidió una “exploración rápida y basada en el contenido”, sin descartar un gabinete en minoría.

El propio Klaver subrayó que su partido busca “hacer avanzar a Países Bajos, desde la oposición o desde el gobierno”, y expresó su confianza en el trabajo del explorador.

Los 150 diputados de los 15 partidos que integrarán la nueva Cámara se instalará el 12 de noviembre. Las elecciones marcaron también un récord histórico de representación femenina, con 65 diputadas (43,3 %), según la fundación Stem op een Vrouw (Vota por una mujer).

En un contexto global marcado por la polarización, el avance de la extrema derecha y la descomposición de los equilibrios geopolíticos heredados del siglo XX, líderes progresistas de América Latina junto con Pedro Sánchez han dejado entrever la posibilidad de configurar un frente progresista global, sobre las cenizas de un orden que se desmorona y donde las derechas avanzan sin frenos.

La idea de fondo de esta reunión informal ha sido que la defensa de que la democracia no puede ser una postura pasiva, sino un compromiso activo, internacional y colectivo. La defensa del multilateralismo y la lucha contra la desinformación han sido los ejes sobre los que han operado, el lema del grupo de los cinco (Brasil, Uruguay, Chile, España y Colombia) fue “Democracia siempre”.

Este encuentro se ha producido en un clima internacional convulso. En América Latina, varios líderes progresistas han enfrentado intentos de desestabilización institucional a través de lo que ya se denominan golpes blandos: destituciones judicializadas, persecuciones mediáticas y bloqueos parlamentarios sistemáticos. En Europa, el ascenso de formaciones de extrema derecha y el retroceso de derechos civiles ha puesto en jaque los consensos democráticos construidos tras la Segunda Guerra Mundial. Frente a ese escenario, los asistentes al encuentro compartieron diagnósticos similares: la democracia liberal está siendo atacada desde dentro por fuerzas que, utilizando mecanismos democráticos, buscan vaciarla de contenido. Pedro Sánchez, en sus intervenciones, insistió en la necesidad de reforzar el eje progresista global como antídoto frente a estos ataques. “No podemos permitir que la democracia se convierta en una fachada vacía o en un ritual sin derechos ni justicia social”, habría dicho, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

El encuentro, si ha servido para algo, ha sido para sentar las bases de lo que varios asistentes describieron como una alianza política, ética y estratégica entre gobiernos progresistas. Una red de apoyo mutuo, intercambio de experiencias y coordinación en foros multilaterales, con el objetivo de reivindicar la democracia con contenido: derechos, justicia social, pluralismo y libertad de expresión real. Si algo ha quedado claro tras la reunión es que la democracia ya no puede darse por supuesta. Frente a su vaciamiento desde dentro y su acoso desde fuera, los líderes progresistas reunidos con Pedro Sánchez han lanzado una señal clara: no basta con resistir, es hora de defender activamente la democracia, actualizarla y protegerla desde una visión global, popular y progresista. Como dijo uno de los asistentes, en una frase que resume el espíritu del encuentro: “El autoritarismo viaja rápido y se disfraza bien. Solo una democracia viva, justa y combativa puede hacerle frente.”

Podría ser esta la semilla de una nueva “internacional” que intente hacer frente a una más que asentada internacional reaccionaria con focos en América Latina, EEUU, Europa o Rusia entre otros. Pero más que repetir fórmulas del pasado, los líderes reunidos parecen apostar por una red flexible, diversa y global, que combine gobiernos, movimientos sociales, redes académicas y fuerzas políticas. Un espacio de diálogo e incidencia que, sin ser homogéneo, comparta ciertos principios: justicia social, democracia, soberanía popular, ecología, feminismo, antifascismo y derechos humanos. 

Este grupo, además, quiere expandirse. De hecho, la idea es ir sumando más miembros, entre otros Sudáfrica, Australia o Dinamarca, con el fin de articular una coalición amplia de fuerzas políticas afines. Sería la continuación de la reunión que tuvieron Lula y Sánchez en septiembre de 2024 y que ya se realizó con la intención de crear alianzas estratégicas. Es pronto para saber si este frente progresista global cristalizará en una estructura formal o si se quedará en el plano de los gestos. Pero lo que sí parece claro es que el progresismo no se resigna a ser un actor pasivo en este tiempo de colapso. Lejos de nostalgias paralizantes, apuesta por construir, desde las ruinas del viejo orden, nuevas alianzas, nuevos relatos y nuevas estrategias de transformación, quizás aún se esté a tiempo, quizás no. Veremos.

__________________________________

Ruth Ferrero-Turrión es Doctora Internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM. 

Alberto Núñez Feijóo no solo rehuirá de los debates ideológicos más espinosos en el congreso que el partido celebrará en julio, también evitará discutir sobre su política de alianzas. El líder del Partido Popular, fiel al estilo que le caracteriza, prefiere la ambigüedad a las polémicas. No cierra la puerta a Vox, pero tampoco a Junts. Es, en el fondo, el mismo debate que sacude al Partido Popular desde la caída de Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018. El mismo, en realidad, que partió el partido en el Congreso de València de 2008 y que acabó con la renuncia de la exlíder del PP vasco, María San Gil, a participar en la elaboración de la ponencia política, tras advertir del peligro de pactar con los nacionalismos periféricos.

Un trabajo encargado ahora al presidente andaluz, Juanma Moreno, que ya ha dejado meridianamente claro que el PP no tiene por qué plasmar las "estrategias a futuro" con otras fuerzas políticas. "No entra dentro del ámbito de competencias, ni en nuestro objetivo ni en nuestra motivación", dijo la pasada semana, unas palabras que están consensuadas con Génova. Tanto él como Alfonso Fernández Mañueco están alineados con Feijóo y para la dirección del PP es una forma de controlar el debate bajo una apariencia democrática.

La formación esquivará, por un lado, el eterno debate instalado en el seno del partido desde el año 2018, cuando Vox irrumpió con doce escaños en el parlamento de Andalucía. El alma más dura de la formación aboga por perder cualquier escrúpulo a la hora de gobernar con la ultraderecha y sostienen que la única forma de desactivar a Vox es competir con ellos para dar la “batalla cultural” a la izquierda, como ha defendido recientemente la expresidenta Esperanza Aguirre. En cambio, hay otro sector que sostiene que hay que ganar “por el centro” y, por tanto, la única forma de gobernar es plantarles cara y marcar diferencias. 

Si bien es cierto que la relación con Vox divide al PP, le brecha se agranda todavía más en el caso Junts. Los intentos de Feijóo de llegar a acuerdos con la formación independentista de cara una eventual moción de censura —una ecuación a priori complicada, porque los de Carles Puigdemont y los de Santiago Abascal se consideran mutuamente incompatibles— tiene que ver con el sueño del líder del PP de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso. Sin embargo, tanto el PP catalán como el sector duro del partido rechaza cualquier tipo de acercamiento.

A la hora de llegar a acuerdos concretos la sintonía entre el PP y Vox es más amplia en aspectos como la fiscalidad, la gestión económica, los servicios públicos, la vivienda, las relaciones laborales, el medio ambiente, la identidad nacional, los medios de comunicación... PP y Vox tienen un diagnóstico y un programa común, que de hecho ya están poniendo en práctica. En el caso de Junts, aunque sí hay coincidencias como se ha visto a lo largo de la legislatura en diferentes votaciones en el Congreso, las diferencias son más acusadas.

El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando pusieron fin al mandato de Pablo Casado en 2022 garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus propias decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Esta estrategia también ha dejado a un PP dividido entre quienes se apoyan en Vox —y que incluso llegaron a compartir gobierno con los ultraderechistas— y, por tanto, dulcifican la imagen de la extrema derecha como el presidente valenciano, Carlos Mazón, que niega que el partido de Abascal sea "homófobo o machista" y otros que enarbolan un discurso más crítico como Moreno, pese a que él mismo fue investido con el apoyo de Vox en 2018.

Feijóo justifica todas las estrategias: compartir ejecutivos y desafiar a Vox, una posición y la contraria, al tiempo que abraza la solución cántabra elogiando a Miguel Ángel Revilla porque le permitió gobernar en su comunidad sin necesidad de acordar nada con los ultras. Lo que sea por una investidura, incluyendo a Vox como el "mal necesario". El líder del PP es consciente de que, si a la derecha le dan los números para gobernar, necesitará a los de Santiago Abascal para alcanzar el Gobierno central y, aunque reivindica que el "verdadero voto útil" es al PP, se resigna a tenerlo como aliado. Lo que sí está descartado es una alianza 'a la alemana' entre conservadores y socialistas. El objetivo de Feijóo es "derogar el sanchismo", con o sin Vox.

Desde la formación conservadora admiten que no les conviene entrar al choque con los de Abascal ni desmarcarse totalmente de sus postulados, ya supondría dejar todo el "carril derecho" a Vox en determinadas materias, según apuntan a infoLibre voces de la dirección. Así, trasladan que se van a mostrar "firmes" cuando toque, como ya hicieron con el reparto de migrantes tras la ruptura en verano, pero que no van a aflojar su discurso aunque ya no compartan gobiernos con los ultras, como les pide reiteradamente el Gobierno.

En la dirección del PP lo que buscan, en realidad, es seducir a los votantes de Abascal, pero son conscientes de lo difícil que resulta atraerlos, ya que en su mayor parte siguen desconfiando de la voluntad del PP de llevar a cabo el programa de máximos de la derecha. Y saben que la ruptura de Abascal, aunque incomprensible para muchos, también les confiere el aura de partido "íntegro" que no se deja "amedrentar" y que está dispuesto a renunciar a los "sillones" a cambio de mantener determinadas líneas rojas.

Feijóo, además, también está tratando de seducir a la formación de Carles Puigdemont después de que el líder de Junts, al que desde las filas del PP han definido en múltiples ocasiones como un "prófugo de la justicia" o, directamente, como un "terrorista", haya lanzado varios órdagos al Gobierno durante la legislatura. Como telón de fondo de , especialmente en materia económica.

Hay unos cuantos ejemplos de esta sintonía. En septiembre los de Puigdemont tumbaron la admisión a trámite de una proposición de ley impulsada por Sumar para poner límites a los alquileres temporales de vivienda, unos meses antes votaron en contra, junto al PP, de la senda de déficit. También se aliaron con los de Feijóo en el Senado para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela y para frenar la amnistía pese a que formaba parte de las exigencias de Junts.

La estrategia que Feijóo defiende en relación con el independentismo ha sumido a los barones del PP en el más profundo de los desconciertos. Especialmente al ala más dura, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado clara su postura. Esta oposición a cualquier pacto con Junts también la apoyan otras figuras como el expresidente José Maria Aznar, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, abiertamente enfrentado a la dirección nacional del partido. "Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones", escribió después de que transcendiera que el PP buscó a Junts para la investidura de Feijóo y que el PP sopesó durante 24 horas darles la amnistía.

Sin embargo, desde la dirección nacional del partido les mandan también un recado y destacan que igual que ellos "no opinan" acerca de "cómo afrontar los pactos con Vox en cada autonomía" también reivindican su "independencia para interpretar nuestra relación con el resto de grupos parlamentarios con la intención de maximizar el desgaste al presidente del Gobierno", según apuntan fuentes del equipo de Feijóo.

A casi una semana de las elecciones generales en Alemania, el bloque conservador del favorito Friedrich Merz ha comenzado a allanar el camino de cara a una posible gran coalición con los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, bajo la condición de buscar una fórmula para restringir la migración irregular sin los votos de la ultraderecha, segunda en las encuestas, recoge EFE.

Tras una disputa aparentemente insalvable por la apertura de los conservadores a recibir el apoyo de la radical Alternativa para Alemania (AfD) para impulsar sus planes migratorios, en los últimos días los rivales han adoptado un tono más conciliador.

Según fuentes de la Unión Democristiana (CDU) de Merz citadas por el diario 'Handelsblatt', los conservadores están preparando a nivel organizativo y de contenido conversaciones preliminares tanto con el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz, como con Los Verdes, con el objetivo de poder lanzarlas lo antes posible, incluso en la semana posterior a los comicios del próximo día 23.

"Creo que un compromiso entre Unión y SPD en política migratoria es necesario y posible", dijo este sábado la actual ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en una entrevista con 'Neue Osnabrücker Zeitung', aunque destacó que los planes de Merz de cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo no son factibles "ni legal ni prácticamente".

La ministra propuso por el contrario un acuerdo basado en los proyectos de ley ya existentes para implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y señaló que su partido está abierto a "cambios y añadidos razonables".

El propio Scholz destacó este sábado que para él la migración irregular es una "prioridad" y que tras el atentado presumiblemente islamista que este jueves dejó al menos 36 heridos en la ciudad de Múnich está dispuesto a nuevas reformas legales, según dijo en una entrevista con los medios del grupo Funke.

Los Verdes también se han declarado abiertos a una coalición, pero sus posturas políticas y el rechazo que provocan en la Unión Socialcristiana (CSU), el hermano bávaro de la CDU, los convierten por el momento en la 'opción B'.

El SPD, actualmente tercero en las encuestas, ha dejado claro que las "devoluciones en caliente" de solicitantes de asilo en las fronteras que propugna Merz constituyen una línea roja, por contravenir el Derecho europeo, pero ha señalizado que está dispuesto a negociar sobre el resto de medidas para restringir la migración.

A cambio, los conservadores se muestran dispuestos a ablandar su postura en cuestiones económicas, en particular a lo que se refiere a la reforma del mecanismo constitucional de freno de la deuda, una de las demandas de SPD y Verdes, que quieren asumir más créditos para financiar la recuperación económica.

"Se puede discutir, aunque no al inicio", dijo al respeto Merz en su primer duelo televisado con Scholz, el domingo pasado sobre una reforma del mecanismo, que limita el endeudamiento anual de Alemania al 0,35 % del PIB.

Asumir más deuda, aunque fuese a través de una declaración de emergencia parlamentaria que suspendiese el freno de forma temporal, también podría animar a la SPD a aceptar un mayor incremento del gasto militar, como el que reclaman los conservadores, según dijo a EFE el politólogo Heiko Giebler del Centro de Investigaciones Sociales de Berlín (WZB).

No obstante, el reparto de escaños en la Cámara Baja es difícil de pronosticar, ya que dos fuerzas, los populistas de izquierdas de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y el Partido Liberal (FDP) aún temen no alcanzar el umbral del 5 % necesario para obtener representación.

Si acaban por entrar, esto podría alterar la división de fuerzas y obligar a los conservadores, que excluyen tajantemente un pacto con la AfD, a buscar dos socios en lugar de uno.

"Con la FDP en el Parlamento, negro-verde (CDU-Verdes) quedaría numéricamente descartado y la variante más probable sería una 'coalición de Alemania' de Unión, SPD y FDP", dijo este sábado el líder liberal Christian Lindner en una entrevista con el diario suizo 'NZZ', pidiendo el voto para su partido.

Según el sondeo 'Politbarometer' publicado este viernes por la cadena pública ZDF, los conservadores se mantienen en el 30 % en intención de voto, seguidos por la ultraderecha, que duplicaría sus resultados de 2021 con un 20 %, por el SPD que cae casi 10 puntos hasta el 16 %, y por los Verdes, casi estables en el 14 %.

La Izquierda entraría al Bundestag con un 7 % y FDP y BSW se quedarían fuera con un 4 %.

Sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero hace tiempo había un partido político que mientras gobernaba pactaba asuntos de Estado con el partido de la oposición sobre violencia de género o pensiones, que gobernaba gracias a pactos con partidos vascos y catalanes, que decía que sabría ser generoso con un grupo terrorista si dejaba las armas y cuyo líder creía que “la cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros”.

Ese partido del que usted me habla ahora es indistinguible de ese otro partido ultraderechista vociferante, odiador y xenófobo. 

Ese partido del que usted me habla ahora compara en redes sociales la situación del genocidio de Gaza con Valencia o usa bulos racistas —“si pides la ayuda en árabe llega antes”— para eludir las responsabilidades de uno de sus líderes, que aún no sabemos qué hacía ni con quién durante el tiempo que tendría que haber estado al frente del gabinete de crisis de su gobierno para evitar cientos de muertes de valencianos.

Ese partido del que usted me habla tiene una lideresa autonómica que afirma que vivimos en una dictadura y que su novio, “presunto pelucas” —magnífica descripción de Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid—, sufre una persecución autoritaria por haberse hecho millonario con comisiones con la empresa favorita de su compañera de piso, Quirón, y no haberlos declarado a Hacienda.

Un partido que está utilizando todos los medios a su alcance, por tierra, MAR y aire para usar a sus jueces afines, no en vano presumían de controlar la sala segunda del Supremo “por detrás”, para marcar su agenda y poner en entredicho al Poder Judicial si eso le ayuda a desviar la atención de sus innumerables casos de corrupción, ¿Montesquién?

Un partido que tiene un líder político —por ahora— que revienta en cada entrevista o intervención los detectores de mentiras y que vive instalado en la manipulación y el “todo vale” como estrategia política viendo que en otros países les ha funcionado a líderes populistas sin escrúpulos como método para llegar al poder.

El mismo partido que, como declaración de tono y de intenciones, ha elegido a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte, una conspiranoica sobre los atentados del 11 M —y una de las más altas representantes de la Caye Borroka— como portavoz de su grupo parlamentario.

Un partido negacionista de los derechos sociales más elementales para favorecer los negocios de empresas privadas afines en los gobiernos autonómicos en los que gobierna, sin ningún pudor.

Un partido que, como diría Groucho, que partiendo de la nada ha alcanzado las más altas cotas de la miseria.

Como diría el ideólogo en la sombra del partido: ¿Cargarnos el Estado de Derecho si con eso conseguimos gobernar?

 P´alante.

Hay quien sostiene que España ya no es un Estado de Derecho. Puede sonar a broma, pero no es una exageración. Lo dicen con insistencia, con palabras más o menos gruesas, los máximos dirigentes del primer y tercer partido de España, que tienen millones de votos y un número de escaños en el Congreso que se acerca a la mayoría absoluta. 

Ni los académicos que estudian al detalle la calidad de las democracias ni la Unión Europea que elabora informes y dicta sanciones parecen haberse enterado. Pero ellos no importan electoralmente en España. 

Si España ya no es un Estado de Derecho, dicen sus supuestos defensores, es porque el Gobierno controla o está colonizando todos los poderes. En ese contexto es verdaderamente milagroso, casi heroico, que el poder económico, tan crítico, florezca con exuberancia y resultados récord (para muestra, lo que dice la nada sospechosa revista The Economist), que el legislativo no deje de dar dolores de cabeza al Ejecutivo o que la opinión publicada le sea mayoritariamente adversa. ¡Qué régimen autoritario tan extraño!

Este viernes, la presidenta del CGPJ presuntamente progresista, Isabel Perelló, emitió un inusual comunicado a título particular (esto es, sin consultar al CGPJ) en el que rechaza que haya quien cuestione “de forma generalizada y permanente” la labor de los jueces, atribuyéndole “sesgos políticos” que desembocan en un “grave daño institucional”. 

Sus palabras fueron inmediatamente interpretadas como una crítica a Pedro Sánchez y su frase sobre las “cartas marcadas” con las que, según él, juega el PP por su cercanía al sector conservador de la Justicia, que es el mayoritario sin que nadie lo dude. De nuevo, qué curioso. Mientras las asociaciones conservadoras copan la cúpula del Poder Judicial (sin perspectiva de que eso cambie en ningún momento), el PP impone a fuerza de bloquearlo un nuevo CGPJ en el que él decide qué progresista puede presidirlo; cuando la esposa del presidente, su hermano, el Fiscal General o el ex número dos del PSOE han sido señalados por la Justicia en casos de mayor o menor credibilidad, ¡la Justicia y la democracia se sienten violentadas y están en peligro! 

Es evidente que vivimos en un Estado de Derecho, pero también en uno de expectación. Según la primera definición de la RAE, expectación significa “espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que interesa”. A la espera de un advenimiento de un cambio de Gobierno (que es “lo que interesa”), “tensión”. Aunque sea de las formas más “curiosas” e increíbles. Basta con que alguien se las crea. 

España vive un Estado de expectación, de espera al próximo shock que durará hasta el siguiente telediario. Una suerte de espectáculo permanente, muy poco edificante, que pretende entretener la espera y facilitar “el acontecimiento que interesa” a base de insuflar desánimo y, aún más importante, una profunda desmovilización del adversario que acabe decantando definitivamente la balanza.

Este viernes resultó muy tranquilizadora la exacta aplicación del protocolo que llenó de banderas el Palacio de la Magdalena en Santander. Allí se presentaron, afables pero firmes en sus reivindicaciones, todos los presidentes autonómicos sin excepción, también el catalán Salvador Illa, sin que eso sea ya noticia. 

Se reunieron con el presidente y varios ministros de su Gobierno, acompañados para la foto por un rey sonriente, la presidenta del Congreso y el del Senado, en un acto de plena normalidad democrática (¡la excepción que confirma la regla!, dirán los cenizos) y excelente puesta en escena que proyecta una buena imagen de España. Una cumbre de país en toda regla en el que cada uno expresó sus posiciones sobre vivienda, migraciones, sanidad o financiación autonómica. Por cierto, en un tono infinitamente más constructivo que el que se respira en las Cortes, según reconocieron varias fuentes presentes en la reunión.

La conferencia de presidentes fue una demostración de diversidad y de normalidad democrática, pero de falta de resultados. Faltó pasar de la expectación a la expectativa real, que casi nadie tenía antes de comenzar la reunión. Urge llegar a la “esperanza” o “posibilidad de que algo suceda”, según el diccionario.

Es, claramente, falta de voluntad. El PP prometió llegar con un frente común, pero lo hizo también sin alternativa. Es una constante en la política actual que contribuye a que se pudran los problemas. Pongamos como ejemplo la financiación autonómica: todas las comunidades se sienten infravaloradas pero en el seno de los partidos no hay mimbres para un acuerdo que satisfaga a todas. En consecuencia: es cómodo impugnar los acuerdos del Gobierno con la Generalitat de Cataluña, pero estéril, porque el modelo que lleva 10 años caducado no se reforma. Veremos cómo respiran en enero cuando puedan ver su deuda con el Gobierno, esa que consideraban hasta ahora injusta, condonada,  como pedían. 

Lo mismo en migración, con el agravante de que la situación es urgente, los Gobiernos de Canarias y Ceuta, donde gobierna el PP, son proclives a un acuerdo, y afecta a menores cuyos derechos se ven atropellados. Pero pesa más el miedo a que un Vox que ya abandonó los Gobiernos autonómicos los deje ahora sin Presupuestos. Qué decir de la vivienda, problema acuciante de la juventud (pero no sólo), un asunto que las comunidades se resisten en su mayoría a atajar, pese a los instrumentos que les brinda la ley de vivienda, quedándose en pedir rebajas de impuestos que reforzarían la voracidad de un mercado cuya avaricia se ha demostrado insaciable. 

En otras palabras, más que una mayor comunicación y preparación de los temas (que no vendría mal), más que el diseño de nuevos foros o la reforma de la conferencia de presidentes, lo que falta es voluntad política. Falta pasar de la expectación, tan fácil de generar con tensión, pero tan efímera, a una expectativa de acuerdos, a una alternativa, que implica generosidad y disposición a acordar.

Eso compromete a todos los actores. Si la derecha sólo tiene la expectativa de un cambio de Gobierno (sin que se conozca en realidad su proyecto alternativo), la izquierda necesita también un horizonte en positivo que no sea sólo evitar que se abran paso las políticas conservadoras en una de las escasas democracias progresistas que quedan entre los grandes países.

En cualquier caso, el clima de Santander no es un mal punto de partida que contrasta con la enorme tensión que hay dentro de la M-30 institucional… y geográfica. 

Por cierto: el único que no estuvo en la cita de Santander en la que imperó la corrección, ya es casualidad, fue Alberto Núñez Feijóo, un dirigente que presume de moderación pero que ejerce una oposición en algunos aspectos mucho más dura que la de Pablo Casado. Un expresidente autonómico ahora sin poder institucional, aunque claramente con prisas por alcanzarlo, como recientemente le recordó Aitor Esteban en el Congreso. Y para colonización de las instituciones, dejando a un lado la Justicia, está hasta RTVE y la intención de fulminar a varias de sus principales caras, como cuenta aquí Jesús Maraña. Si intenta algo así desde la oposición, ¿qué expectativa cabría imaginar si llegase al Gobierno?

El Ejecutivo demostró con la reforma fiscal el mejor retrato de la legislatura. Gobernar con 121 diputados, sinónimo de hacerlo para todos y con todos, aprobando medidas económicas y fiscales a varias bandas. Virtuosismo parlamentario o cómo poner de acuerdo a seis grupos contrarios en lo ideológico y en permanente disputa electoral. Hubo otro fiel retrato este pasado lunes, cuando la ausencia de un solo diputado socialista olvidadizo no acudió a la comisión de Hacienda y el PP tumbó con Junts el impuesto de generación eléctrica. Un voto menos y al traste unos 1.500 millones de euros de recaudación, según Hacienda. La legislatura está más viva que nunca y se juega en las Cortes. Y es ahí donde al PP más le cuesta entender el juego. La sesión de control es el show televisivo, el rifirrafe para lucir golpes. Pero no donde se desarma la mayoría, aislada en una bancada desde donde el resto de grupos son los aliados del gobierno y, por tanto, enemigos del PP. 

El órdago de la moción de confianza de Carles Puigdemont, de vuelta a la presidencia de Junts desde octubre, en realidad es un órdago de gobernabilidad. Junts lleva meses negociando con el Gobierno medidas de su agenda política pero también económica, en sintonía con su alianza natural con la empresa catalana. Hay un Junts activista, impredecible, y un Junts más serio. Como decían desde el Senado este martes al votar en contra de las enmiendas fiscales del PP: “Aunque las apoyamos ideológicamente, por seriedad con el Gobierno, votaremos en contra”.

La moción no fue un farol, fue un gesto de presión. Una forma de hacer política y tensionar en las negociaciones. El PSOE ya les eligió como socio preferente para ir armando la reforma fiscal y ahora buscan el mismo sitio en el tablero de los Presupuestos. Junts tampoco lo tiene fácil pero, de las tres opciones, la más inútil es la moción de censura. Esa “fantasía” del PP, en palabras de Jordi Turull. Si dejan caer a Sánchez, el resultado de su abstención para forzar un adelanto electoral –como pide expresamente el PP–, terminaría en un gobierno PP-Vox, desaparecerían del mapa nacional y les costaría explicar en casa cómo han aupado a un gobierno donde el PP pidió hace un año la ilegalización de partidos independentistas por “deslealtad constitucional" y Vox lo sigue haciendo. O donde Feijóo pasa de llamar “terrorista” a su líder, a hacerle un guiño a Miriam Nogueras en sesión de control. 

Junts es un partido de derechas, pero no de coordenadas madrileñas. Más allá de la agenda independentista, liberal y europeísta. Que cruza la línea roja de estigmatizar y criminalizar la inmigración como el PP, uno presionado por Alianza Catalana, otro por Vox. Por contra, nunca llevaría al Constitucional el matrimonio homosexual, el aborto o la ley trans. Desde ahí, con sus siete votos, los exprime y juega a largo plazo con el PSOE y en el corto, puntualmente, con el PP, aunque Feijóo lo niegue. 

El PP tiene un problema de soledad política y parlamentaria. En la reforma fiscal, está tan poco acostumbrado a negociar que no ha sido capaz de desmontar o sacar adelante medidas fiscales con su mayoría absoluta del Senado. Y otro problema estructural, más de fondo. Está atrapado en Vox. En el suyo propio y el de Santiago Abascal. Incapaz de mandar una señal a la corriente interna que prefiere antes a la ultraderecha que a Junts o el PNV. Una corriente que se siente más cómoda con ese Vox que jalea el franquismo en sede parlamentaria antes que a Nogueras, Turull o Andoni Ortuzar. Los nacionalistas e independentistas aliados de Aznar, de Rajoy y artífices también de la Transición que tanto reivindican. Esa corriente que choca frontalmente con un PP de centro liberal.

El 28M Feijóo decidió un pacto orgánico de alianza con Vox. El error valenciano no fue pactar con la ultraderecha, fue hacerlo público. Si no le hubieran faltado cuatro escaños, hoy serían gobierno. La experiencia del último año, su aislamiento e incapacidad para interactuar con el resto de formaciones, no le ha hecho cambiar de estrategia. Ni apostar por reforzar una mayoría de centro con guiño a Cataluña y los conservadores vascos. Aitor Esteban les llamó “torpes” al empezar el año. Después Vox rompió, por segunda vez, las negociaciones de presupuestos. Pero el problema de gobernabilidad siempre son los otros. 

Hablar de virtuosismo parlamentario es un concepto de riesgo teniendo en cuenta que la reforma fiscal, el futuro fiscal del Estado en palabras de Aitor Esteban, se juega en la mejor definición de la legislatura. “Todos los votos, de todos los partidos, todo el tiempo”. Pedro Sánchez está obligado a consensuar políticas sociales y territoriales para un arco de sensibilidades e intereses muy distintos. La tensión permanente del PSOE está en cómo conseguirlo en una mesa de negociación que es como la última cena. Numerosos comensales bajo la amenaza permanente de un Judas. 

La gobernabilidad de Sánchez tiene que articular varias líneas de negociación conciliando tres bloques de partidos que se presionan y compiten entre sí. Junts-ERC, PNV-Bildu y Sumar-Podemos. No hay mayoría progresista pero, en ocasiones, la hay de consenso. La Comisión de Hacienda de este lunes, convertida en afterhour parlamentario (terminó a la una de la madrugada), fue un delirio y la mejor fotografía para definir el momento político. El caos parlamentario genera sensación de debilidad pero de momento hay acuerdos importantes que terminan saliendo. 

La reforma fiscal es el oxígeno financiero que el Gobierno necesita para dar impulso a la legislatura, un paquete de medidas recaudatorias que garantizan ingresos propios además de los 7.200 millones de euros de fondos europeos. Si salen las medidas, el ejecutivo habrá conseguido una cuadratura complejísima. El impuesto a la banca, bandera progresista, tiene el sí de Junts y PNV, algo impensable hace un año. El gravamen energético irá por otra vía y de momento, cae. Pero se bajan impuestos a pequeñas empresas –donde coinciden Junts y Podemos–, se suben las rentas al capital, la batalla impositiva contra los vapeadores de la industria farmacéutica también va en esa línea, reducciones en el IRPF con fondos europeos… Algunas políticas de izquierdas que afectan a las socimis o los seguros privados se quedan por el camino pero incluso en el último minuto Podemos puede comprometer su voto con medidas de Vivienda. 

El sufrimiento de ministros y Gobierno en cada negociación es el sello de los tiempos. A los románticos del bipartidismo, recordarles que murió hace diez años. Las dificultades para gobernar no son nuevas. Se olvida a menudo que España estuvo un año en funciones porque Mariano Rajoy no tenía los apoyos suficientes. ¿Puede llamarse chantaje y golpe antidemocrático a lo que hizo el PP forzando al PSOE a cargarse a su secretario general para conseguir la abstención? Eso también fue política. Margarita Robles o Meritxel Batet, en su uso del voto y bajo multa, votaron “no” a Rajoy. Pedro Sánchez lleva un año sin presupuestos porque no necesita apoyos parlamentarios, casi el mismo tiempo que Rajoy necesito para ser investido por segunda vez. 

Es la gobernabilidad de Schrödinger, viva y muerta al mismo tiempo. Demasiado débil para ser previsible y demasiado fuerte para caer. Por más que el PP hable de chantajes, Feijóo hizo lo mismo el 23 de julio. Intentó negociar con PNV y Junts y no lo consiguió por el veto a VOX. Antes, el PP pactó con el único socio que tenía, la ultraderecha, para amarrar todos los gobiernos autonómicos y el poder institucional que pudo. Al precio de lo que pidieron. Un vicepresidente torero, acabar con la ley de memoria histórica o intentar obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar.  

Y no hay que irse tan atrás. El fracaso de Feijóo intentando desbancar a Teresa Ribera de la vicepresidencia de la Comisión Europea ha sido posible porque si caía Ribera caían todos los demás. El gobierno de comisarios se armó en múltiples acuerdos, negociaciones a múltiples bandas y concesiones que Ursula Von der Leyen lideró para aislar en lo posible a la ultraderecha. Por eso, mientras Ribera comparecía en el Congreso y el PP español mantenía el ‘no’,  el PP europeo anunciaba su apoyo.

Es cierto que a Pedro Sánchez le marcan el ritmo los socios. Como a Ursula Von der Leyen los 27 de la UE. Como a Macron en Francia. Como a Scholz en Alemania. Como al PP cuando gobierna con votos de otros. En la gobernabilidad a muchas bandas –la más habitual–, lo más importante es qué socios preferentes se eligen y la habilidad para ponerles de acuerdo. Sánchez se la ha jugado con el paquete fiscal a todas las bandas y tiene posibilidades de éxito. Qué ha conseguido cada partido está claro porque hacen bandera de ello. Ahora Feijóo, tras el fracaso de apoyar a Mazón y no tumbar a Ribera, debería explicar por qué ha sido tan fácil para el PP español apoyar la fórmula de Manfred Weber, la que une a la derecha con las tres ultraderechas europeas.

Discutimos respecto a la independencia de los tres poderes del Estado en España, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El intento de invadir las funciones de un poder por parte de otro es reprobable, la interconexión es obligada. Los tres están conectados y tienen influencia directa en sus actuaciones. Ahora todo se mezcla: jueces contra la amnistía, lawfare, García-Castellón, CGPJ, el súperministerio de Bolaños, etc. La polémica parece intencionadamente desvirtuada desde su origen. Estamos ante un claro intento de menospreciar el relevante papel de la soberanía popular en nuestra democracia.

El artículo 1 de la Constitución, que algunos quieren ver amenazada hasta el límite del absurdo, no puede decirlo más claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos los poderes del Estado dependen de los ciudadanos. Todos. La democracia tiene como base algo tan simple y fácilmente entendible como que ningún poder tiene autonomía propia, desconectada de la voluntad popular. 

El Poder Legislativo es la más pura muestra de la soberanía popular. Elegimos directamente a los diputados y diputadas que deseamos que nos representen. Cada vez que alguien descalifica a los políticos por desarrollar su trabajo está descalificándose a sí mismo, ya que él los ha elegido, y, además, está debilitando voluntaria o inconscientemente la columna vertebral de nuestra vida democrática.

El actual Gobierno ha salido legítimamente de las urnas. Cuenta con el apoyo de 179 diputados y diputadas que han sido directamente elegidos por más de 12,6 millones de electores. Decir que el presidente, un ministro o un grupo parlamentario toman decisiones pensando únicamente en sus intereses personales es absurdo. Son los representantes de millones de españoles. Es lógico que les interese detentar el poder. Para eso, precisamente, se les ha elegido.

Evidentemente, Feijóo no representa más al pueblo español que Sánchez. Cualitativamente, ambos tienen el mismo origen como diputados electos. Cuantitativamente, el peso de Sánchez es mayor al haber conseguido en su investidura reunir a 1,6 millones más de españoles que Feijóo. Criticar a Pedro Sánchez por una supuesta ambición desmedida implica negarse a reconocer su obligación de cumplir el encargo que le ha hecho la mayor parte de los electores ¿Qué sentido tiene que un líder renuncie a ejercer el poder tras conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos?

El Poder Ejecutivo tiene una clara dependencia de la soberanía popular. El presidente es elegido directamente por el Poder Legislativo, los diputados y diputadas, es decir por aquellos a quienes los españoles han designado para que ejerzan esa función. Incluso, el presidente está sometido a juicio permanente por el Poder Legislativo, para impedir que se aparte de la voluntad generalizada de la ciudadanía. A través de una moción de censura, si existe una mayoría de españoles que quiera cesar a su presidente, puede hacerlo si considera que está haciendo mal su trabajo o incumpliendo el encargo que se le ha asignado. Rajoy puede atestiguarlo.

Es sorprendente que la campaña de la derecha se centre en acusar a Pedro Sánchez de gobernar de forma dictatorial. No cabe disparate mayor. El “autócrata”, como a veces le llaman, es el presidente que acumula menos poder de la historia democrática en España. Nadie ha gobernado con menos diputados de su propio partido como respaldo. Para alcanzar la necesaria mayoría parlamentaria, ha necesitado pactar con otras siete formaciones políticas. Todo lo que quiera hacer lo tendrá que llevar a cabo mediante negociaciones y pactos. Dispone de menos capacidad real para imponer su propio criterio que cualquier otro presidente anterior.

Además, hay que recordar que el poder ejecutivo tiene muy limitadas sus acciones sin el respaldo de la soberanía popular. Por mucho que Sánchez y Puigdemont desearan cerrar un acuerdo de investidura a cambio de amnistía, sólo pueden llevarlo adelante si cuentan con el apoyo explícito y público de más de 175 representantes de los españoles. No son 7 votos. La oposición se niega a mostrar esta realidad. Prefiere difundir la idea de que el Poder Ejecutivo actúa a espaldas de los españoles. Por el contrario, la derecha política sí que se atribuye la representación popular, incluso más allá de lo que le corresponde por los votos que obtuvo. De hecho, se indignan cuando les recuerdan que sólo representan a una porción minoritaria de la España actual.

La perversión lingüística malintencionada puede conducirnos a graves equívocos. Poca gente admitiría como buena la idea de que el Poder Judicial esté sometido al poder político. Ahora bien, nadie puede estar en contra de que el Poder Judicial esté sometido en una democracia a la soberanía popular. El Poder Judicial debe tener plena independencia para aplicar unas leyes que no elabora y que se deciden desde el poder político. El Poder Judicial cobra sentido en una democracia si juzga con independencia, pero, en todo momento, limitándose a cumplir disciplinadamente una legislación que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes políticos. 

La soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. También el Poder Judicial. Un sistema de gobierno de los jueces sin dependencia alguna de la soberanía popular sólo sería admisible si así lo desearan los propios ciudadanos. Y no es el caso. El actual modelo de gobierno de los jueces fue impuesto por el PP cuando contaban con un apoyo social mayoritario en 2013, con Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Si el PP quiere cambiar otra vez el sistema de elección de los jueces, que ellos mismos impulsaron, puede promoverlo siempre y cuando tenga el mandato del pueblo para hacerlo. Es decir, cuando vuelva a tener una mayoría parlamentaria que le respalde. Nada sería menos democrático que el Poder Judicial se autorregulara por encima de la soberanía popular. No se trata de un colegio profesional, de una asociación gremial o de un club de vacaciones.

La iniciativa de agrupar en un solo ministerio la coordinación de las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial adquiere especial importancia en mitad de esta interesada intentona de deslegitimar la dependencia directa de todo poder de la soberanía popular. Félix Bolaños tiene como una de sus principales funciones la de hacer una importante tarea divulgativa que permita entender a todos que los poderes deben trabajar con independencia, pero no son autónomos, sino que están entrelazados y tienen obligadas interdependencias.

La oposición trata de extender la falsa amenaza del intento del Poder Ejecutivo de usurpar el Poder Judicial. El planteamiento es absurdo. No sería viable. No es posible. Lo que sí que les corresponde a los poderes ejecutivo y judicial es aplicar lo que decida la mayoría popular en el lugar donde corresponde, el Congreso de los Diputados. Allí debe decidirse si una amnistía es conveniente o no en la España de hoy o promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que quienes usurpan el organismo llevan cinco años impidiendo. En resumidas cuentas, tal y como decía Baltasar Garzón en infoLibre este fin de semana: “En el CGPJ, el PP quiere cambiar el sistema que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular”.

Veamos los datos necesarios para sacar conclusiones: En el pacto no aparece ninguna referencia a transferencias en materia de seguridad social. Dado que sí aparece el compromiso de culminar las transferencias pendientes, se ha interpretado que entre estas estaba la gestión del régimen económico de la seguridad social, asunto que se remonta a la aprobación del Estatuto de Gernika (ley orgánica 3/1979). En concreto hay que examinar el artículo 18 del mismo y su disposición transitoria quinta.

El artículo 18 del estatuto vasco dice literalmente: “ en materia de seguridad social corresponde al País Vasco, a) el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la seguridad social; b) la gestión del régimen económico de la seguridad social”.

Por su parte, la disposición transitoria quinta del mismo estatuto señala: “La Comisión Mixta de transferencias establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”. Es decir, el propio estatuto reconoce el carácter unitario del régimen económico de la seguridad social, y por tanto no se puede romper; y la aplicación del principio de solidaridad, lo que equivale a decir respeto al principio de igualdad entre españoles en el disfrute de los derechos derivados de la regulación y gestión de la seguridad social.

No hace falta recordar que el artículo 149.1.17 de la Constitución española establece como competencia exclusiva del estado, la legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

La posibilidad de transferencia de determinados servicios de la seguridad social no fue pactada por Sánchez y por el PNV ahora, sino que está regulada en la propia Constitución y en el estatuto de autonomía en los términos que se han indicado.

Ha sido el Tribunal Constitucional (TC) quien ha aclarado el significado y contenido de esa expresión, o dicho de otra forma, qué significa transferir la gestión del régimen económico de la seguridad social, o qué se puede transferir y qué no, en dos sentencias importantes: la STC 124/1989 y la STC 195/1996.

La primera de ellas, 124/1989, obedece a un conflicto de competencias presentado por la Generalitat de Cataluña, contra el real decreto 1314/1984 que regulaba las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional define con mucha exactitud los límites de la transferencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social de la forma siguiente: “Las facultades que integran la competencia estatutaria de la gestión del régimen económico de la seguridad social, serán sólo aquéllas que no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdad entre los ciudadanos”.

El Tribunal examina en la sentencia citada las competencias que la Generalitat pretendía, entre las que se encontraban la recaudación de cuotas, aprobación de aplazamientos, cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial, formación, etc., para terminar reconociendo prácticamente como única competencia transferible la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas.

La gestión del régimen económico de la seguridad social, añade el TC, no puede interpretarse con carácter omnicomprensivo, y sobre todo, no puede la Generalitat administrar y disponer de fondos generados por la Seguridad Social, aplicándolos a sus propias obligaciones y cargas.

La sentencia del TC 195/1996 obedece a otro conflicto de competencias planteado por el gobierno vasco a la ley de infracciones y sanciones de 1988. Reiterando la doctrina de la sentencia anterior, el alto tribunal manifiesta que “correspondiendo al estado el control de dicha Caja Única, ese control supone la atribución de la potestad ejecutiva cuando recae directamente sobre actividades económicas, mientras que cuando recae sobre actividades instrumentales (como la inscripción de empresas, afiliación altas y bajas) la potestad podrá ser ejercida por las Comunidades Autónomas”.

El alto tribunal también explica que la mención separada del régimen económico de la seguridad social (en el artículo 149 de la Constitución) como función exclusiva del estado, trataba de garantizar la unidad del sistema y no sólo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales en cada una de las Comunidades Autónomas.  

El Pacto PSOE - PNV se ha elaborado dentro de la Constitución y las leyes, según sus propios redactores. No modifica ni anuncia modificaciones en la normativa vigente sobre seguridad social. Se limita, en todo caso, a volver a acordar transferencias aprobadas en 1979, que ya entonces tuvieron regulación en el propio estatuto de autonomía y cuyos límites han sido muy bien definidos por el Tribunal Constitucional, como se ha explicado.

Las informaciones sin rigor alguno que se han publicado y comentado sobre el pacto en esta materia carecen del mínimo rigor exigible en toda información (calificación que se puede extender a muchas de las informaciones que se están ofreciendo en estos días).

No ha habido ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, ni la va a haber, ni transferencia de la seguridad social al País Vasco.

____________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Alberto Núñez Feijóo tiene pocas dudas: “Ya os avanzo que no habrá elecciones” y que Pedro Sánchez conseguirá sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno, aseguró el lunes a sus barones en una reunión en la sede del PP en la madrileña calle Génova. La estrategia de movilización, crispación y polarización social del Partido Popular, compartida por sus socios de la extrema derecha, ya mira más allá de la votación que dará paso a una nueva legislatura. Pone el foco en los próximos años, que el equipo de Feijóo cree que van a ser particularmente complicados para Sánchez y que él se propone hacer intransitables. No solo con una oposición durísima, de la que formará parte esencial la denuncia constante de los pactos con otras fuerzas políticas, sino con ayuda de los jueces.

“No nos vamos a callar. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos”, advirtió, pero las manifestaciones seguirán incluso después de la investidura. “Da igual que haya gobierno o no. Este no es el problema”. Los llamamientos a tomar las calles continuarán para hacer frente a “todos los atropellos de Sánchez”.

En el PP han llegado a la conclusión de que habrá Ley de Amnistía, que ellos llaman “de impunidad” aunque no vaya a blindar a ninguno de sus beneficiarios de un castigo judicial si cometen nuevos delitos en el futuro. Pero creen que los jueces encontrarán la manera de sortearla para seguir persiguiendo en los tribunales a algunos de los que los promotores de la norma pretender perdonar.

“Cada día estamos viendo cómo esa ley de impunidad no se cierra porque todos los días hay más delincuentes a los que incluir dentro de la futura norma, personas que “forman parte del círculo de aquellos que tienen los siete votos que necesita Pedro Sánchez para poder mantenerse como presidente del Gobierno”, compartió el martes con los periodistas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Cada día “más delincuentes y más causas deben incluirse en esa impunidad” para dar “tranquilidad” a Junts “de que no tendrán que rendir ninguna cuenta ante la justicia ni en el presente ni en el futuro”. 

El problema para el PSOE y para Sumar, sostienen en la calle Génova, es que en última instancia “el Estado de Derecho funciona. Por mucho que Pedro Sánchez controle no solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, es difícil que, aunque quiera, pueda controlar al Poder Judicial y pueda garantizarle a alguien que va a poder controlar el Estado de Derecho no sólo en el presente sino también en el futuro”. 

Gamarra no mencionó expresamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acaba de dictar un auto que trata de torpedear la futura ley de amnistía incluyendo en un sumario por terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero sí se mostró esperanzada con que este tipo de actuaciones continúen en el futuro. 

Lo que no cree es que se trate de una injerencia en una negociación política que afecta la investidura. “La democracia tiene una base, que es la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el respeto a las resoluciones del poder judicial. Otra cosa es que el sanchismo esté dando la vuelta a todo esto”, argumentó.

“Por mucho que un político esté negociando una amnistía”, el PP espera que no solamente los jueces, sino también el Consejo General del Poder Judicial, dominado ilegalmente por una mayoría conservadora que caducó hace cinco años, “sigan funcionando. Yo espero que siga siendo así, porque España siga manteniendo la separación de poderes y el equilibrio y el control entre los poderes debe de existir”. Lo que hay que hacer, argumentan en Génova, “es respetar las actuaciones que han ocurrido en el pasado, que no se pueden desautorizar ni deslegitimar, las que en estos momentos están en marcha o las que en el futuro puedan surgir”.

Y es en estas últimas en las que más confían, a la vista de la decisión del juez García Castellón, que aparentemente ha puesto patas arriba la negociación entre el PSOE y Junts. Si la amnistía no puede garantizar el perdón para todos los afectados por el procés, razonan en el PP, el acuerdo de investidura acabará saltando por los aires y con él la frágil mayoría en la que Sánchez planea apoyarse los próximos cuatro años. PSOE y Sumar no pueden garantizar todo lo que están prometiendo, aseguran.

No es ese el único motivo que citan los de Feijóo para especular con que el presidente no conseguirá mantenerse mucho tiempo en la Moncloa. Citan también “las profundas diferencias ideológicas y programáticas que tienen entre sí todos aquellos a los que tiene que convencer”, especialmente entre partidos situados a en el centroderecha —Junts y PNV— y los de izquierdas —ERC, EH Bildu y BNG—. Pero también se refieren a la inevitable rivalidad entre formaciones que se van a disputar el voto en los próximos meses, primero en el País Vasco —PNV y EH Bildu— y después en Cataluña —Junts y Esquerra—. En sus respectivas elecciones autonómicas y también en las europeas del año que viene, en las que el PP confían en conseguir una derrota severa del PSOE.

Es en ese contexto en el que Feijóo se propone mantener la intensidad con la que está ejerciendo la oposición en las últimas semanas. Con movilizaciones en la calle, con la utilización de las instituciones que controla al servicio del partido con el fin de poner en dificultades al Ejecutivo —el Senado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el CGPJ caducado— y trasladando a la Unión Europa la tesis de que en España se incumple el Estado de Derecho. Una acusación particularmente grave en pleno reparto de los fondos Next Generation.

Es de esa combinación, la tarea de los jueces para impedir la aplicación de la amnistía, al menos parcialmente, y de su propia ofensiva política dentro y fuera de España de donde Feijóo espera conseguir el anticipo electoral con el que sueña para tener una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. 

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que un futuro Gobierno de coalición sin Podemos nacerá "lastrado", ha cuestionado implícitamente la estrategia negociadora de Sumar que da toda la capacidad de decisión al PSOE en el eventual Ejecutivo y ha vuelto a demandar que la ministra de Igualdad, Irene Montero, siga en el cargo, según informa Europa Press.

Durante su intervención en la conferencia política de la formación este sábado en Madrid, ha alertado de que las negociaciones para la investidura mandan una señal "preocupante" para la próxima legislatura, dado que percibe al PSOE "completamente" a conformar un Gobierno donde mande solo los socialistas y el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

"Un gobierno en el que el PSOE haga y deshaga a su antojo", ha ahondado la ministra de Derechos Sociales en funciones para alertar que dar esa posición al PSOE es un "profundo error político" y una "enorme responsabilidad".

Luego ha reivindicado que Podemos ha sido el motor de las principales transformaciones de la última legislatura y que sin ello no habría hoy Ley de Vivienda, nueva ley del aborto o Ley Trans entre otras medidas, algo que a su juicio reconocen hasta los propios votantes socialistas.

Belarra, ha denunciado los vetos contra sus dirigentes y afirma que nunca serán una "izquierda servil" con el poder pese a que hay una operación para sustituirles en el arco progresista, ante la irrupción de Sumar.

Una posición que ha secundado la ministra de Igualdad, Irene Montero, para denunciar que se les ha tratado de reemplazar a Podemos por otro partido que moleste a los poderosos, a la par que ha defendido que Podemos está dispuesto a hacer "ruido", en otro mensaje a Díaz, para conseguir avances. De hecho, ha sentenciado que el "silencio" siembra "la antipolítica" y legitima las injusticias.

Es más, ha remarcado que sus rivales siempre critican sus formas pero "no pueden criticar" sus propuestas ni sus logros, por lo que ha enfatizado que se necesita un Podemos fuerte en el Gobierno o el Ejecutivo "nacerá lastrado".

"El PSOE sí estará muy cómodo, muy a gusto en un Gobierno en el que manden sólo ellos, pero por desgracia las derechas han estado a punto de pasar y si no les paramos los pies al final acabarán pasando", ha criticado Belarra.

El 86,59% de los casi 31.000 inscritos de Podemos que votaron en la consulta sobre el nuevo documento político de la formación han avalado la nueva hoja de ruta del partido, que consagra su estrategia al margen de Sumar y su promesa de no disolverse en la formación de Yolanda Díaz.

Concretamente, un total de 26.741 (86,6%) militantes y simpatizantes han votado a favor de la nueva estrategia recogido en el texto titulado 'La fuerza para seguir transformando', de un total de un total de 30.883 inscritos que han participado.

Para la líder de Podemos las bases han dicho claramente que el partido tiene que fortalecerse como organización política "autónoma" y que solo va a participar en acuerdos preelectorales "cuando sea útil" para la ciudadanía y, sobre todo, cuando haya "respeto a Podemos". "Con primarias y sin vetos. ¡Basta de faltarle el respeto a Podemos!", ha insistido ante un aforo de 500 simpatizantes y en alusión directa a Sumar.

La cifra supone un nivel de participación menor que el registrado en la último proceso a las bases, el 9 de junio de 2023, cuando 53.000 inscritos votaron en la consulta exprés para avalar a la Ejecutiva para llegar a un acuerdo electoral con Sumar, de los cuales el 93% apoyaron esa opción (49.089 inscritos). También en la votación de la última Asamblea Ciudadana del partido votaron unos 53.500 inscritos para elegir a Belarra.

La pregunta que la dirección dirigió a sus bases es la siguiente: "¿Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, su fortalecimiento como organización, y la articulación de acuerdos pre-electorales cuando éstos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos?".

El documento ahonda en el rechazo a disolverse en otro partido, en referencia a Sumar y advierte de que los votos de sus diputados en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan". Además, la versión definitiva del texto expone que en ningún caso se permite la doble militancia en otra formación, algo que Sumar no descarta en sus estatutos.

De esta forma, durante el acto la secretaria genera del Podem Cataluña ha desgranado también tampoco habrá doble militancia con los 'comunes' mientras que uno de los asistentes ha gritado 'Colau enemiga de Podemos', y ha exigido que se respete la "soberanía organizativa" del partido morado en esta comunidad.

Montero es un referente y su apuesta para el Gobierno, como ha reafirmado Belarra y el grueso de dirigentes que han participado al remarcar que es la mejor opción para Igualdad, destacando que pase lo que pase tendrá visibilidad en el partido.

Durante el acto, Montero ha desgranado que Podemos es la "masa madre" dentro de la izquierda, que es el momento de la militancia, de la "esperanza" y de no callar porque eso entraña "renunciar, conformarse, y dejar" que manden los de siempre. Y esa pulsión de alzar la voz es una de las lecciones del feminismo: "los besos y los abrazos se dan enseñando los dientes de los poderosos".

Su compañero y coportavoz, Javier Sánchez Serna, ha alertado de que un Gobierno sin Podemos "puede decepcionar muy pronto" sin que nadie de su partido "haga ruido" en el Consejo de Ministros para obligar al PSOE a cumplir sus promesas".

La diputada y coordinadora de Podemos en Canarias, Noemí Santana, se ha expresado en una línea similar al destacar que sí importa quién esté al frente de un ministerio, porque ella "no quiere políticas superficiales". "yo no quiero políticas de brilli brilli y purpurina (en la izquierda) para que nada cambie, yo quiero políticas transformadoras", ha ahondado tras remarcar que desenmascarar los poderes profundos en el país no se puede hacer "desde las sonrisas" ni "siendo una izquierda que no moleste demasiado".

Con este acto el partido culmina un proceso de rearme iniciado el pasado 16 de septiembre que la dirección desplegó un proceso de rearme tras la sucesión de choques con Sumar, donde se ha desplegado una gira territorial con más de 30 encuentros con sus bases con la participación de 5.900 militantes.

A su vez, el texto final ha recogido 2.255 enmiendas, tanto individuales como colectivas, con la incorporación del 86,16% de esas aportaciones.

Durante la formalización de las enmiendas a la nueva estrategia política parte de la militancia del partido expresó su malestar respecto a Sumar y su líder, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Así, entre las propuestas de cambios enviadas con diversos reproches.

'No nos representa', 'destapar la deslealtad hacia Podemos', 'perplejidad a un acercamiento de Sumar al PSOE', 'Con Sumar nunca más', 'Podemos tiene que ser el contrapeso a Yolanda Díaz dentro de Sumar' o 'Nunca volveré a apoyar a Yolanda Díaz' son algunas de las referencias que figuraban en las enmiendas.

Belarra, ha ensalzado que Montero es una de las mujeres "más valientes, más generosas, más inteligentes" que ha conocido, que no sólo "ha sido la mejor ministra de Igualdad que han podido tener las mujeres" en este país, sino que ante todo "es exactamente la ministra que necesitan las mujeres en los próximos años en España".

Esta mención ha suscitado los aplausos de los militantes de Podemos congregados hoy en el Círculo de Bellas Artes y gritos de 'Irene, Irene'.

La propia Belarra ha desgranado que su partido no va a permitir que se les falte al respeto y ha asegurado que no estarán en acuerdos electorales donde no haya primarias o se formulen vetos contra sus dirigentes.

De esta forma, los coportavoces del partido Pablo Fernández y Javier Sánchez Serra han presumido que la ministra de Igualdad es la "voz de la dignidad", que el partido siente orgullo de ella y que "nunca más puede haber vetos a compañeras" como Montero.

Precisamente, el nuevo documento político estratégico del partido ensalza los avances feministas conseguidos en la anterior legislatura y, en consecuencia, el documento de Podemos define a Montero como un "referente internacional" que "debería seguir al frente del Ministerio de Igualdad", redoblando la apuesta de la formación de estar en el futuro ejecutivo en la figura de su 'número dos'.

Es más, "al margen de que Montero siga siendo ministra", la hoja de ruta que se somete a la opinión de los inscritos la define como "un claro referente de Podemos que debe seguir teniendo visibilidad y un papel fundamental" en el desarrollo de la actividad de la formación, junto a Belarra.

Además, el texto refuerza su autonomía en el espacio de la izquierda al advertir de que los votos de sus diputados dentro del grupo Sumar en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan".

Finalmente, ha emplazado a que esta conferencia política sirva para decir a la sociedad que Podemos "está aquí para quedarse" y va a fortalecerse.

También a reclamado a Pedro Sánchez que España deje de comprar armamento a Israel, como parte de la respuesta que habría que emprender ante el "genocidio" y la "limpieza ética" de los palestinos en Gaza.

Y es que ha remarcado que esos ingresos económicos están "manchados de sangre", al apuntar que solo en 2023 España ha comprado material militar a Israel por 300 millones de euros, unido a otros 700 millones comprometidos en adquisición de armamento para los próximos años.

"Dejemos ya de una vez de comprar armamento a Israel. No con nuestro silencio", ha proclamado durante su intervención en la Conferencia Política de la formación, centrada en culminar su nueva estrategia política, donde ha demandado a Sánchez a seguir el ejemplo de Bolivia, Chile y Colombia para romper relaciones diplomáticas con Israel.

Es más, ha lanzado que es necesario decirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es un "asesino y un criminal de guerra".

"No es una guerra, ni es legítima defensa. Es un genocidio, compañeros, es limpieza étnica y lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar al pueblo de Palestina", ha trasladado a sus correligionarios reunidos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

También ha llamado a seguir el ejemplo de sindicatos belgas que rechazan descargar armamento con destino a Israel, dado que "esas armas están manchadas de sangre de niños palestinos".

Por tanto, ha instado al ala socialista del Ejecutivo a dar ejemplo y dejar de comprar armas a Israel, dado que ese dinero está "manchado de sangre" y sirve de "exterminio" al pueblo palestino.

Lo que los españoles necesitan es “una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende los acuerdos entre su partido y Vox en nombre de una estabilidad que intenta contraponer a la experiencia de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos durante los últimos cuatro años.

La realidad, sin embargo, muestra lo contrario. La coalición presidida por Pedro Sánchez ha sido capaz de sacar adelante en tiempo y forma tres Presupuestos Generales del Estado, ha logrado que el Congreso de los Diputados diese su aprobación a más de 200 proyectos de ley y no ha perdido ninguna votación relevante. Los gobiernos de PP y Vox, sin embargo, tienen todo por demostrar. Y no han empezado bien. 

Repartidos los cargos, la mayoría de los gobiernos pactados por el Partido Popular y la ultraderecha de Vox tardaron muy poco en fijar por escrito su programa electoral. Medidas ambiguas, declaraciones de intenciones y pocos compromisos concretos que en su mayor parte no son otra cosa que una adaptación del documento que cimentó la alianza de la derecha en la Comunitat Valenciana y que acabó convirtiéndose en la plantilla para dar forma al resto de pactos.

La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, especialmente en materia económica y fiscal, no ha tardado en hacerse visible. La posibilidad de que haya una repetición electoral en enero o antes de dos años pesa mucho en las filas de la derecha y tanto PP como Vox están obligados a marcar perfil. Ambas formaciones quieren que sus políticas se visibilicen a través de los presupuestos que preparan para 2024 y encajar las propuestas delos ultras, sobre todo aquellas que desafían la legalidad en materia lingüística, de orden público o de ayudas públicas, no es sencillo.

Lo cierto es que la estabilidad de los gobiernos nunca ha sido el fuerte de las coaliciones en las que ha participado el PP durante los últimos años. Es verdad que Juanma Moreno fue capaz de sostener hasta el final su acuerdo con Ciudadanos en Andalucía, igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero son la excepción que confirma la regla. El resto de experiencias terminó mal. La coalición saltó por los aires en Murcia y el presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, sólo pudo evitar una moción de censura comprando la voluntad de quienes habían sido llamados por Ciudadanos a votar en su contra. 

Aquello fue la excusa perfecta para Isabel Díaz Ayuso, que hacía tiempo buscaba una oportunidad de librarse de sus socios de Cs y convocar elecciones anticipadas. La misma estrategia que utilizó en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, en su caso empujado por el entonces líder del PP, Pablo Casado, aunque no le salió bien y acabó convirtiéndose en el primer barón obligado a compartir gobierno con la extrema derecha.

Los gobiernos PP-Vox nacidos de las elecciones autonómicas y municipales de mayo todavía no han dado lugar a rupturas, aunque sí a algunos sonados disensos que cuestionan el deseo de la unidad y estabilidad que, según Feijóo, estaba en su origen.

Los motivos son variados y uno de ellos, en el caso de las comunidades bilingües, está siendo el empeño de Vox —jaleado por la derecha mediática y el ala radical del PP— de dar prioridad al castellano. 

El nuevo Govern de la Comunitat Valenciana todavía no ha trasladado a la práctica sus planes para favorecer itinerarios escolares exclusivamente en castellano o poner fin a la exigencia del conocimiento del valenciano para trabajar en la administración autonómica, pero ya han dado algún paso en esa dirección.

De momento ya está en trámite un anteproyecto que modificará el decreto de plurilingüismo para que los centros públicos y privados ubicados en municipios con predominio lingüístico castellano no tenga que cumplir con la obligatoriedad de impartir un mínimo curricular en cada lengua. Falta por ver el detalle de la norma, que en todo caso no será de aplicación hasta el próximo curso. El objetivo, según el acuerdo de gobierno PP y Vox, es garantizar “la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”.

Los ultras no renunciarán a conseguirlo. Del mismo modo que han mantenido la presión sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, a la que han obligado a hacerles hueco en el grupo de gobierno bajo amenaza de dejar a la ciudad sin presupuestos.

En Balears, en cambio, el conflicto entre los dos socios a costa del catalán ya ha estallado. En este caso los ultras no están en el Govern, pero sí fueron decisivos para hacer presidenta a Marga Prohens y ahora exigen su parte del trato.

Aquí el PP aceptó dejar sin efecto la obligatoriedad de saber las dos lenguas oficiales para trabajar en la sanidad pública del archipiélago con el argumento, carente de apoyo documental alguno, de que desincentivaba la contratación de profesionales de fuera de las islas. Pero ahora se resiste a abrir itinerarios escolares exclusivamente en castellano, como pide Vox y ellos mismos se comprometieron a aplicar. Los ultras tampoco van a ceder: conscientes de que son imprescindibles, acaban de torpedear el inicio de la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2024.

En Aragón la existencia, en la práctica, de dos gobiernos en uno se puso de manifiesto cuando el presidente, Jorge Azcón (PP), no tuvo más remedio que admitir que nada podía hacer para disciplinar a los dos altos cargos de Vox, la directora de Justicia, Esmeralda Pastor, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero, que fueron señalados cuando salieron a la luz los mensajes que compartieron hace años alabando la dictadura franquista.

Los problemas también han acabado aflorando en Extremadura, cuya presidenta, María Guardiola, se vio forzada por Feijóo a admitir a los ultras en su ejecutivo. La falta de sintonía es evidente y ha dado lugar a quejas por parte de Vox, que exige “respeto” al PP. La consejera de Agricultura, de obediencia ultra, dimitió hace pocas semanas, disconforme con la línea que le marcaba la dirección nacional del partido.

En Murcia PP y Vox todavía se están recuperando del desencuentro que a punto estuvo de forzar una repetición electoral. Aquí apenas han tenido tiempo de echar a andar el nuevo gobierno, pero los asuntos que alimentan la discrepancia siguen en la agenda sin que se sepa cómo se van a resolver. El más importante de todos, el régimen de protección del Mar Menor, que los ultras quieren supeditar al desarrollo económico, pero que el PP sabe está obligado a respetar si no quiere ser señalado por las instituciones comunitarias.

En los municipios se suceden los incidentes. A veces a costa de las banderas LGTBi; otras en relación con la unidad frente a la violencia de género, que Vox se empeña en desafiar sin que el PP vea en esa actitud un motivo de ruptura. En Gijón, la tensión ya ha tenido un desenlace. La alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), rompió la coalición con los ultras apenas 100 días de formar un Gobierno tripartito con ellos y con el PP. ¿La razón? Que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara que se planteaban hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) acordes a la línea de su partido y alejado de “sesgos y partidismos”.

La negociación de la investidura entra en su fase decisiva. El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, completará este viernes la ronda de contactos con representantes de los grupos parlamentarios reuniéndose por primera vez con las portavoces de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y Junts, Miriam Nogueras. La búsqueda de un acuerdo quedará a partir de entonces en manos de los negociadores del PSOE, capitaneados por los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Hacienda, María Jesús Montero, pero la derecha espera aprovechar la fotografía protocolaria de este viernes para alimentar su discurso contra Sánchez, al que acusan de ceder ante los “herederos de ETA” y quienes quieren “romper España”.

A pesar de ello, la determinación del presidente en funciones de conseguir un acuerdo siguen intacta. España tendrá nuevo Gobierno y no habrá repetición electoral. Sánchez insiste en esa idea, aunque advierte de que la negociación es compleja y culminarla con éxito está resultando difícil. La consecuencia es sencilla: el acuerdo no puede darse por hecho, avisó.

El líder del PSOE y candidato a la investidura compartió algunas impresiones con los periodistas en uno de los tradicionales corrillos que tienen lugar durante la recepción que el rey Felipe VI ofrece en el Palacio Real cada 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta nacional y como epílogo al desfile militar que tiene lugar ese día por las calles de Madrid. 

Sánchez evitó aclarar si está dispuesto a hablar con Carles Puigdemont igual que hizo este miércoles telefónicamente con Oriol Junqueras, aunque esta última conversación la justificó en la diferente relación que el PSOE mantiene con Esquerra después de haber colaborado durante cuatro años a la estabilidad de la legislatura.

A pesar de la insistencia de los periodistas, el presidente evitó confirmar ni descartar la posibilidad de una conversación con el expresident, huido de la justicia española desde hace seis años. Dependerá, vino a decir, de que las negociaciones con el grupo parlamentario de Junts vayan avanzando y de lo que proceda hacer en cada momento. 

Lo que el Gobierno traslada es que, si toca hablar, ese contacto se producirá, pero que por ahora no es oportuno. Todo dependerá de cómo avancen las negociaciones con Junts.

Lo que sigue sin haber es una fecha, siquiera aproximada, de cuándo podría tener lugar la investidura, aunque ya nadie cuenta con que sea antes de noviembre (el límite es el día 27) de ese mes. Eso sí, el Gobierno parece trabajar con la hipótesis de una sola votación, lo que implica que la reelección de Sánchez tenga lugar por mayoría absoluta.

Tanto Bolaños como Montero coincidieron en subrayar en los corrillos con la prensa la misma idea que trasladó el presidente: es una negociación muy compleja y todavía no hay nada hecho. Los obstáculos, admiten, están en las posibilidades de acuerdo con los independentistas catalanes y no tanto en otros socios también necesarios, como PNV y Eh Bildu, con los que sí es más sencillo avanzar en busca de un compromiso. 

Los negociadores del Gobierno aún no ven gestos de avance por parte de los independentistas y dan a entender que el principal problema es la competencia entre Junts y Esquerra y la perspectiva de unas elecciones en Cataluña que les obligue a confrontar en las urnas. 

Lo que no habrá, reiteran, es un referéndum. Y si al final hay una ley de amnistía, tiene que asumirse que aunque pueda iniciar su tramitación antes de la investidura, no estará aprobada ni entrará en vigor antes de que haya nuevo gobierno. Incluso si se aborda por la vía de urgencia, el proceso en el parlamento exige un mínimo de veinte días.

Y aunque el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, haya mostrado su preferencia por un acuerdo de investidura y no de legislatura, el PSOE solamente considera un pacto que garantice estabilidad durante cuatro años. Eso significa que no están dispuestos a limitar el acuerdo a la adopción de medidas de gracia para las personas condenadas, procesadas o castigadas administrativamente por los sucesos que tuvieron lugar en relación con el procés.

Esa es también la voluntad de los independentistas catalanes, según ambos ministros, que restaron trascendencia a las palabras de Rufián. Una cosa es lo que se dice fuera, en las ruedas de prensa, que el PSOE atribuye a la competencia permanente entre Junts y Esquerra, y otra muy distinta lo que trasladan de puertas para adentro cuando se está negociando. Si hay acuerdo, subrayan, tendrá que incluir contenidos sociales, económicos y presupuestarios pensando en cuatro años de legislatura. Si no, aseguran, no lo habrá.

En cualquier caso, insistió Sánchez, cuando se alcancen esos acuerdos, si se alcanzan, "serán transparentes". No solamente se conocerán públicamente sino que se someterán a la consulta de la militancia.

Sánchez sí insistió en denunciar la actitud del Partido Popular. El presidente en funciones atribuye a la “frustración” de Alberto Núñez Feijóo por no poder gobernar los abucheos durante el desfile del 8 de Octubre y el creciente clima de crispación.

Los gritos y abucheos contra Sánchez se han producido al principio y al final del desfile. Comenzaron en cuanto ha llegado a la Plaza de Neptuno y continuaron mientras esperaba a Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor. En el momento del saludo del monarca al presidente del Gobierno, algunos de los congregados han empezado a corear “Que te vote Txapote”, el grito que la derecha lleva utilizando contra Sánchez desde la campaña electoral. Los pitos, gritos y abucheos volvieron a producirse al final del acto. Parte del público gritó al presidente en funciones "Puigdemont a prisión", "Pedro Sánchez, dimisión" y "España es una, no 51".

Este año, el Ministerio de Defensa había cambiado la ubicación de la tribuna y el recorrido del desfile, que discurrió por el Paseo del Prado y Recoletos hasta la Plaza de Colón, escenario tradicional de las concentraciones de la derecha contra el gobierno. El departamento que encabeza Robles aludió a cambios en el mobiliario urbano y el carril bici para justificar la modificación y negó que el motivo “real” fuera amortiguar los posibles abucheos al presidente.

Sánchez echó en cara a la derecha su intento de “apropiarse” de los símbolos nacionales y la bandera, que ha dicho que son de todos, y subrayó que su problema es que no entienden que "España es más diversa y plural" de lo que son el PP y Vox. “No asumen que España es más de lo que ellos representan”, resumió.

El líder del PP respondió asegurando que “la España plural y diversa” la gobierna su partido, que está al frente de doce comunidades autónomas así como de Ceuta y Melilla, en la mayoría de los casos gracias a su alianza con la extrema derecha de Vox. Y no se dio por aludido por los reproches de Sánchez. En conversación con periodistas, Feijóo consideró “una broma” que el presidente en funciones les achaque los abucheos. Un “clásico” de los desfiles, aseguró, y un derecho de los ciudadanos, cuyo ejercicio, según él, nada tiene que ver con su partido.

Durante los distintos corrillos en el Palacio Real trascendió además la preocupación del rey por la situación de tensión y crispación política que vive el país. También se supo que Felipe VI ha pedido “contención” al Estado de Israel en su respuesta a Hamás durante una conversación telefónica con el presidente del país, Isaac Herzog, en la que le trasladó sus condolencias por las víctimas de los ataques de Hamás.

Hicieron falta el mitin de Madrid del pasado domingo junto a Ayuso, Aznar y Rajoy y un argumentario cada vez más extremo, como el que pudo escucharse en la sesión de investidura. Aunque Alberto Núñez Feijóo no consiguió ser elegido presidente, al menos sí ha logrado reforzar su liderazgo —maltrecho, desde las elecciones— ante el sector más radical de su propio partido, frente la influyente derecha mediática e incluso ante Vox. Los dirigentes ultras no ocultaron el miércoles su satisfacción a la vista de que el discurso del líder del PP se confunde cada vez más con el suyo.

Atrás, por ahora, quedan los movimientos contradictorios, causa de estupor y malestar en el seno del partido. Como los constantes cambios de criterio en los pactos autonómicos con Vox, el último de ellos cediendo el gobierno monocolor en Murcia, las idas y venidas con Junts o los reiterados intentos de ganarse el favor del PNV.

Perdida la votación, la prioridad de todos en Génova, en FAES, en el PP catalán y en la sede de la Comunidad de Madrid es la misma: hacer todo lo posible para impedir la investidura de Pedro Sánchez y buscar una segunda oportunidad, con Feijóo de nuevo como cabeza de cartel, en una repetición electoral. Otra cosa es lo que suceda si hay gobierno y la legislatura da comienzo. En ese supuesto, nadie se atreve a hacer pronósticos.

Para ganarse a los suyos, y a los que no lo son tanto, el líder del PP ha ido escorando su discurso cada vez más hacia la derecha. Lo contrario de lo que hizo en la campaña de electoral de las generales. Es la confirmación de que los duros marcan el camino: para ganar a Vox hay que ser Vox. Defender lo mismo que ellos, o casi lo mismo, sin complejos. Olvidar que eran la “extrema derecha”, como decía el propio Feijóo en Galicia, y referirse a ellos como la “formación unitaria”, en referencia a su deseo de acabar con el Estado de las Autonomías.

Esto es lo que Feijóo ha ensayado en la investidura fallida. Su supuesto perfil moderado ha quedado sepultado por su programa neoliberal, su negativa a buscar una solución para Cataluña que no sea la mano dura y su oposición al uso de todas las lenguas españolas en el Congreso, que califica despectivamente de “karaoke”. Tampoco con la decisión de dinamitar todos los puentes con el PNV, con quien siempre había presumido de tener una buena relación. El énfasis que ha decidido poner en ETA, desaparecida hace doce años, tachando además de terroristas a los diputados de EH Bildu, es muy del agrado no únicamente del expresidente José María Aznar sino también de la ultraderecha, pero le aleja del perfil centrista que ensayó, sin éxito, durante la campaña electoral del 23J.

El problema, ahora, una vez abrazados varios de los postulados más radicales de la derecha, es cómo gestionar la relación con Vox, que sigue sin estar resuelta más allá de que Santiago Abascal haya conseguido salirse con la suya y someter, uno tras otro, a los barones del PP que se resistían a compartir gobierno con Vox.

El líder ultra quiere que esos acuerdos, así como el respaldo a cambio de nada mostrado en la investidura, se traduzcan en una estrategia común que sea el prólogo de lo que él mismo ha bautizado como una “alternativa nacional”. Y que no es otra cosa que el ansiado gobierno de coalición PP-Vox con el que sueña la extrema derecha.

No lo consiguieron el 23J, porque los números no dieron, pero confían en lograrlo en una repetición electoral agitando el fantasma de la amnistía, de la autodeterminación y de la ruptura de la unidad de España. Forzaron a Feijóo a compartir gobiernos municipales y autonómicos y se sienten seguros de que le doblarán también el brazo cuando llegue el momento y estén en situación de compartir la Moncloa.

Feijóo también espera que la derecha sume en caso de nuevas elecciones, pero sigue creyendo que en ese caso podría gobernar en solitario, sin meter a Vox en el Ejecutivo. Para él los acuerdos locales y autonómicos y la alianza de la investidura no son la antesala de nada.

De ahí que, en ese escenario preelectoral en el que ya se mueve Génova, la principal preocupación de Feijóo sigua siendo la relación no resuelta con Abascal. PP y Vox tienen interpretaciones muy diferentes de lo que sucedió el 23J: los primeros echan la culpa a la fragmentación del voto de la derecha y se lo reprochan a los ultras; los segundos descargan toda la responsabilidad sobre una parte de la prensa de derechas y en el PP, a los que responsabilizan de una campaña de “demonización” que estaría en el origen de sus malos resultados.

Gestionar esa discrepancia, y sobre todo la expectativa tan distinta que tienen ambos partidos acerca de cómo debe ser el Gobierno si consiguen la mayoría absoluta que no lograron el 23J, no será fácil. El primer episodio de competencia PP-Vox se hará muy visible el 8 de octubre, durante la manifestación contra la amnistía convocada en Barcelona. Allí estará Abascal, y también Isabel Díaz Ayuso, liderando el ala radical del PP. Pero no Feijóo, a menos que, una vez más, cambie de criterio y ceda a la presión de lo sector más derechizado de su partido.

En Vox no se fían. Por eso van a impulsar iniciativas con la atención de poner a prueba la credibilidad del giro a la derecha de Feijóo, como la propuesta para eliminar el uso del gallego, el catalán y el euskera en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Feijóo intentará evitar todo eso y centrarse en combatir la investidura de Pedro Sánchez. El abrazo con Vox, más allá de lo ideológico, ha reducido a la mínima expresión —los diputados de UPN y Coalición Canaria— sus posibilidades de diversificar acuerdos con otros partidos para, eventualmente, liberarse de la extrema derecha. El debate de investidura lo dejó claro: nadie, ni siquiera el PNV, el partido en el que había depositado sus esperanzas, quiere saber nada del PP mientras siga teniendo como socio a Vox. Su sueño de dominar todo el espacio de la derecha, como hicieron Aznar y Rajoy en el pasado, sigue siendo, al menos de momento, inalcanzable.

Cambiar el modelo territorial español implica una reforma de la Constitución imposible sin el concurso simultáneo de los dos grandes partidos que han dado soporte al sistema durante los últimos 45 años. Y aunque la modernización de la Carta Magna es una necesidad asumida desde hace tiempo por todos los partidos con representación parlamentaria, el alcance de los cambios e incluso la dirección que deben tomar tienen sesgos muy diferentes en cada fuerza política.

En un extremo están los partidos soberanistas a los que, más allá de una delimitación más clara de las competencias, les gustaría que los cambios incluyesen mecanismos para que los habitantes de un territorio pudiesen decidir en referéndum sobre su independencia. Del otro está Vox, la tercera fuerza política en el Congreso, partidaria de recortar drásticamente o incluso suprimir el Estado Autonómico, subordinar las lenguas cooficiales y hasta ilegalizar a los partidos que defienden la independencia de sus territorios.

En medio se mueven las posiciones federalistas del PSOE y de Sumar, la apuesta del PP por la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial e infinidad de propuestas académicas en las que expertos en derecho constitucional han trasladado desde hace tiempo la necesidad, cada vez más imperiosa, de aclarar el modelo.

El debate ha permanecido velado en los últimos años, pero ha vuelto con toda su fuerza impulsado por un resultado electoral que obliga a los grandes partidos —PP y PSOE— a tomar en consideración las propuestas de las organizaciones políticas que defienden un nuevo modelo o que, en línea con la fractura que tuvo lugar en 2017, cuando el Govern catalán organizó un referéndum y proclamó (durante unos instantes) la independencia, siguen pidiendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Lo cierto es que la reforma, hoy por hoy, con el reparto de escaños decidido el 23J, no parece posible, entre otras cosas porque el mecanismo para llevarla a cabo está diseñado para hacer de la Carta Magna un documento virtualmente inexpugnable. Pau Bossacoma Busquets, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del consejo académico creado por la Generalitat para guiar y dar forma a un acuerdo de claridad que siente las bases de una propuesta catalana para un referéndum acordado de independencia, es de los que creen que el mecanismo de reforma constitucional traza una ruta infranqueable.

“El arduo camino que traza el [procedimiento fijado en el artículo] 168 [de la Constitución)] genera, al menos, tres tipos de dificultades”. En primer lugar, “una doble supermayoría al cuadrado” [dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado]; “una serie de apelaciones democráticas al pueblo español que incluye elecciones y referéndum de ratificación” y “un sacrificio por parte de los cargos gubernamentales y parlamentarios, puesto que la disolución de las Cortes supone perder sus puestos y escaños. En definitiva, el 168 requiere una compleja conjunción entre los principios y los intereses de las fuerzas que ostentan el gobierno y las de la oposición”, dejó escrito antes de entrar a formar parte del consejo académico que intenta encontrar una llave con la que abrir una puerta jurídica a la autodeterminación de Cataluña.

Sobre lo que no hay duda es acerca de la necesidad de actualizar el modelo. Al menos esa es la opinión más extendida entre los expertos. Algunos creen que es imprescindible una reforma de la Carta Magna, pero otros sostienen que bastaría con aclararlo. 

Esto último es lo que sostiene el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. “Lo que hay que hacer es aclarar el modelo. La Constitución configura un modelo territorial de corte federal”, pero “ahora tenemos un Estado que no se sabe muy bien si es un Estado centralizado, si es federal, y que depende cotidianamente de lo que decida en cada momento el Tribunal Constitucional”. 

“Hace falta asentar el sistema territorial, aclarar de una vez por todas el mecanismo de financiación para el futuro”, señalar “bien el reparto de competencias” y hacer, en definitiva, todo lo que la Constitución “dejaba en manos del futuro legislador y nunca se ha desarrollado con el suficiente rango como para impedir que sea el tribunal el que tome estas decisiones”, apunta.

No es nada nuevo. Un grupo de juristas capitaneado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense (Madrid), ya lo sistematizó en 2017, en pleno conflicto del procés, en un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución. 

Esta propuesta aconseja “remitir al estatuto (de autonomía) todo aquello que no afecta al conjunto: organización interna, institucional y territorial; elementos simbólicos e identitarios, derechos reconocidos en el ejercicio de las competencias autonómicas, etc.”. Los estatutos podrían “incluir la denominación de la comunidad que mejor responda a su identidad histórica”, y la Constitución debería remitir también a las normas autonómicas en lo tocante a “la organización de instituciones propias y la organización del territorio” y también a “las cuestiones simbólicas vinculadas a la identidad”.

Los estatutos, según estos juristas, deberían desligarse de la tutela del Congreso y el Senado y requerir únicamente “la aprobación del parlamento de la comunidad autónoma”, un cambio que de haber existido en 2010 hubiese impedido la modificación del Estatut no decidida en Cataluña que está en el origen mismo del procés, como recordó esta semana el propio líder de Junts, Carles Puigdemont.

“La ‘norma institucional básica’ de una comunidad autónoma no puede ser una ley orgánica más. Por ello, sería conveniente configurar al estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”, señala la propuesta académica de reforma de 2017. Una figura que también “debería quedar despojada de su carácter de ley orgánica pero también de su función en la distribución de competencias, que correspondería a la Constitución”, limitada a “cuestiones internas de la comunidad que no afectan a las restantes”.

Al mismo tiempo, proponen, la Constitución debería “incluir normas fundamentales del sistema de financiación, con aproximación a la atribución de recursos según las capacidades de ingreso y criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y de ordinalidad”, con el objetivo de poner fin a “una deficiente participación de los territorios en la concreción del modelo” vigente.

Esta propuesta asume también la necesidad de cambiar el funcionamiento del Senado, que es lo único sobre lo que se ha pronunciado favorablemente el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La idea, básicamente, es que la Cámara Alta decida sobre “la legislación del Estado que afecta a las comunidades, especialmente para las leyes básicas que desarrollan y ejecutan” éstas, y “codecidir la financiación”. ¿Cómo se elegiría? Ahí también hay discusión. Hay a quien le gusta más que los senadores sean de designación de los gobiernos autonómicos y quien prefiere que sean elegidos por los parlamentos de cada territorio apra garantizar una mayor representatividad.

Hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial, siguiendo el modelo alemán, para que deje de ser un hemiciclo redundante y virtualmente inútil, sigue siendo la principal asignatura pendiente de la arquitectura constitucional española. Hacer realidad esta reforma era uno de los elementos más destacados de la propuesta aprobada por el Consejo de Estado en 2006.

De 2017 data el último intento formal de evaluar la posibilidad de una actualización de la Carta Magna: una comisión de estudio en el Congreso, a cuya creación accedió Mariano Rajoy después de que Pedro Sánchez diese el apoyo del PSOE a la intervención de la autonomía catalana, pero que agotó sus días sin llegar a ninguna conclusión.

Como tampoco ha tenido nunca desarrollo, a falta de un interlocutor dispuesto a sentarse a negociar por parte del PP, la propuesta federal que el PSOE acuñó en Granada en 2013 bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba y que sigue vigente a día de hoy. Con el apoyo, entre otros, del barón socialista que con más ahínco se opone ahora a cualquier cosa que tenga que ver con una evolución del Estado autonómico: Emiliano García-Page.

El discurso territorial que defiende en estos momentos el PSOE tomó cuerpo en julio de 2013. La decisión del PSC de defender, en septiembre de 2012, el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” abrió una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura. Rubalcaba lideró la tarea de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España. “Un proyecto para seguir juntos”, en palabras del propio Rubalcaba.

Aquella declaración reivindicaba el Estado de las Autonomías, pero reconocía la existencia de “disfunciones” en su funcionamiento. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En Granada el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue el PSOE del recién fallecido Rubalcaba, el mismo dirighente qu ahora invoca el PP para arremeter contra el diálogo territorial, el que levantó en Ferraz la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que establezca un sistema de financiación autonómica que dé estabilidad al modelo, que incorpore los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad y que establezca mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Cambiar la Carta Magna, en todo caso, recuerda Urías, “debería hacerse con un consenso amplio”. No hace falta unanimidad, precisa, pero sí que al menos el 70% del Congreso se pronuncie a favor. “El problema es que no hemos sido capaces de reformar la Constitución y se está quedando antigua”, advierte.

Y aunque “España de por sí ya es un modelo federal, en la medida en que hay competencias autonómicas que están por encima de las competencias estatales”, el problema, apunta Urías, es que en España hay un desequilibrio social, “yo creo que como nunca antes, en cuanto a la percepción de la necesidad de autogobierno”. 

En algunos territorios periféricos, se explica, hay mucha sensación de que es importante el autogobierno. “Son básicamente Galicia, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Quizás en Canarias también”, añade. En cambio, otros territorios como Andalucía, Valencia o Baleares, que desarrollaron “un sentimiento identitario” durante los primeros años de la democracia, “lo han ido perdiendo". Y después está “la España central”, donde “nunca lo ha habido”. Es el caso, dice, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o La Rioja, que “se han convertido en comunidades autónomas sin querer serlo”. La consecuencia es que “tenemos dos Españas que conviven y es difícil dar respuesta a dos tensiones tan diferentes”.

Para lo que no hay hueco en una eventual reforma, explica Joaquín Urías, es para el sueño independentista de una regulación del derecho a la autodeterminación. “Yo creo que no es un tema que pueda incluir la Constitución. La Constitución española explica cómo funciona el sistema jurídico en España. Quien no sea España, pues no está afectado por esa Constitución. No creo que la Constitución tenga que prever nada parecido al derecho a la autodeterminación, ni a la secesión, ni nada de eso. Esos mecanismos son extrajurídicos. Puede pasar que en un territorio en algún momento la población no quiera seguir siendo española y habrá que ver cómo lo resolvemos, pero evidentemente eso no tiene por qué estar previsto”.

Los soberanistas, al menos los que no abogan directamente por la ruptura, como el PNV, creen que sí es posible. De hecho, eso es, en parte, lo que está detrás de la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de convocar una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna a través de la cual conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. 

Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra).

Es la primera vez que un presidente del Partido Popular admite que la existencia del problema catalán y que hace falta buscar un “encaje” a Cataluña dentro de España. Ni José María Aznar, ni Mariano Rajoy, ni Pablo Casado habían dicho nunca nada semejante a lo que este miércoles ha verbalizado Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia en Santa Cruz de Tenerife apenas 24 horas después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, pusiese sobre la mesa sus condiciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Feijóo fue muy claro. “Sé que debemos dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña”, declaró. Aunque eso, precisó, “será o un pacto de Estado o no será. Se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Se hará en el encaje constitucional o no se hará. Hago ese llamamiento a recapacitar y volver a los grandes pactos, que los hicimos en la transición, en la Constitución y en los pactos de la Moncloa”.  

Las palabras de Feijóo han sorprendido dentro del partido. Muchos de sus dirigentes acababan de respirar aliviados tras vez cómo el líder del PP daba marcha atrás en su plan inicial de sentarse a hablar con Junts en el marco de la ronda de contactos con la que el candidato propuesto por el rey Felipe VI está intentando reunir los cuatro votos que le faltan para ser investido presidente en la votación que tendrá lugar en la última semana de septiembre en el Congreso de los Diputados.

El mero hecho de enunciar que hace falta resolver el problema de Cataluña dándole encaje dentro de España cayó como una bomba en las filas del partido. Hasta el punto de que, horas más tarde, y para intentar calmar las aguas, fuentes del PP trataron de matizar las palabras de su líder precisando que no suponen ninguna novedad, puesto que no solo abordan una cuestión que “fue planteada durante la campaña electoral, sino que además iba explicitada en el documento que Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez la semana pasada”. 

Lo cierto es que nunca antes el presidente del PP había admitido que el “encaje” de Cataluña en España fuese un problema que hay que solucionar. Y que lo que Feijóo planteó a Pedro Sánchez —y que planea volver a pedirle en una nueva reunión antes de la investidura— es en realidad debatir un “un Pacto Territorial destinado a convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. De forma prioritaria, se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de servicios a todos los ciudadanos”.

Las mismas fuentes del PP sostienen que lo que Feijóo quiere en realidad es alcanzar “un Pacto Territorial que mejore el funcionamiento de las Comunidades Autónomas para que los planteamientos defendidos por el independentismo no sigan condicionando el debate político, como ha ocurrido en los últimos años”. “Esta propuesta” es la que, según el líder del PP, “por supuesto debe abordar la situación política en Cataluña”. Aunque “siempre desde un principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y la Constitución española”. 

Para quitarle hierro, el PP asegura que esta “propuesta manifiesta el espíritu dialogante de Alberto Núñez Feijóo, redunda en su voluntad de llegar a acuerdos de Estado con los partidos nacionales en general y con el PSOE en particular, y avanza una etapa de respeto con todas las autonomías de nuestro país y con la convivencia”. Pero siempre teniendo presente, subrayan las mismas fuentes con el objetivo de calmar al ala más radical del partido, “que las propuestas que impliquen un trato jurídico o económico desigual entre españoles no podrán contar con el respaldo del Partido Popular”.

Nada más llegar a la Presidencia del PP, en abril del 2022, Feijóo se marcó como objetivo cambiar el partido en Euskadi y sobre todo en Cataluña, los dos territorios en los que más ha retrocedido su formación en los últimos años y cuya aportación en escaños conservadores al Congreso de los Diputados roza lo testimonial. Algo que resulta especialmente comprometido en el caso de Barcelona, una circunscripción que elige 32 diputados para la Cámara Baja.

El plan era aplicar la receta política de Feijóo: más pragmatismo ideológico, menos confrontación formal y la vista puesta en identificar correctamente los intereses “de la mayoría”. “Necesitamos abrir y ensanchar este partido” a las “sensibilidades distintas” que forman la sociedad catalana, predicaba entonces a los dirigentes catalanes del partido. “Hay muchas personas en Cataluña que nunca han votado al PP”. Para cambiar eso, aseguraba, es necesario darles “las razones que buscan” y “soluciones útiles” a “los problemas ordinarios y reales de la gente”. 

Cuando “no te votan” hay que “pensar que hay cosas que tú haces mal”, explicó. “Probablemente no te has explicado bien y no has interpretado correctamente las necesidades de los ciudadanos en el momento concreto y exacto en el que hay que votar”. Aceptar los errores, subrayó, “es fundamental para poder rectificar. Si crees que sólo tú tienes la razón y que la culpa es de los demás, seguirás solo. Si nadie te sigue, tienes un problema”. 

Su plan para el PP catalán pasaba por reescribir el ideario del partido a partir de lo que él llamaba el “constitucionalismo catalanista”. Se trataba de un intento de conciliar un cierto grado de elementos identitarios, en particular la lengua, con la defensa del autonomismo para así reducir el rechazo creciente que el partido ha sufrido en todas las elecciones celebradas en los últimos años. Un declive que comenzó con Mariano Rajoy hace casi 20 años liderando la oposición a las demandas de mayor autogobierno respaldadas por la mayoría de la sociedad catalana.

En coherencia con ese planteamiento, Feijóo empezó su mandato al frente del PP nacional defendiendo lo que desde que gobernaba Galicia define como la “cordialidad lingüística” y respaldando la protección del catalán, aunque haciéndolo compatible con la utilización del castellano. Ahora, en cambio, su partido está aprobando medidas contra la lengua catalana, como acaba de hacer el gobierno balear de Marga Prohens eliminando la obligación de conocer las dos lenguas cooficiales para ejercer la medicina en la sanidad pública de las islas.