¿Se puede enseñar el "liderazgo"? Quienes se han dedicado académicamente a ello dentro de programas integrales de formación, sobre todo en el campo político, lo dudan. Se puede –sería la síntesis– enseñar sobre materias imprescindibles para un líder, como la negociación, el trabajo bajo presión o la deontología. Pero hay rasgos, como el carisma, más vaporosos. Así que el "liderazgo" es un terreno de difícil acceso para los docentes.

Otros, en cambio, ya se han lanzado. Como ese político que en su día fue poderoso o al menos popular pero ya está alejado del foco, que encuentra ahí una vía de monetización de su experiencia. O ese lobista, o ese profesional de las relaciones públicas. Puede hablarse de un auge del negocio del "liderazgo", mirado con desconfianza desde la academia, pero al que se han apuntado importantes nombres propios con proyectos que se mueven en la línea entre la formación, el networking, el marketing y el lobismo.

"Es un término que se ha puesto de moda, como antes ha ocurrido con total quality management o círculos de calidad. Pero seamos claros. El liderazgo no se enseña acercando a la gente a un líder, o a alguien que se considera un líder", explica un investigador que ha trabajado en formación de habilidades para responsables públicos.

infoLibre hace repaso de un ramillete de iniciativas en las que el gancho es el "liderazgo". ¿Qué encontramos? No hay dos casos iguales. Tenemos a un consultor, antiguo cachorro del PP, ahora en apuros por el caso Koldo, que ha cosechado el patrocinio de grandes marcas y completado un álbum de fotos con el poder que sería la envidia de El Pequeño Nicolás gracias a un "foro" de "liderazgo" plantado en Santander.

Ahí está Aznar, que ha implicado a una universidad vinculada a un grupo católico de origen mexicano en las "aulas de liderazgo" de una de sus empresas, aulas en las Ayuso ha ejercido como maestra de ceremonias. Mientras Aznar juega también desde FAES la carta de la formación de "líderes" –con ayuda de Feijóo–, Cospedal arranca ahora un proyecto para ahormar líderes "con valores" junto a otra universidad de matriz católica, tirando para el claustro de su agenda en el PP. Albert Rivera ha logrado apoyo de otra universidad para un posgrado en liderazgo "360º" con mucho PP y algo de Cs –lo que queda– dando clases junto a una nómina variopinta de profesores, entre ellos Toni Cantó, que es formador de líderes hasta en dos plataformas.

Aparece un centro de formación y difusión de ideas vinculado a Vox, con el partido de Santiago Abascal como columna vertebral de la docencia y la presencia estelar de figuras como el arzobispo Luis Argüello, elegido este martes presidente de los obispos. Y más nombres. Encontramos a Duran i Lleida, histórico nacionalista moderado, ahora al frente de un lobby de supermercados, que encabeza la iniciativa más transversal ideológicamente, con el apoyo de la patronal catalana.

La actualidad acaba de traer al primer plano una de esas iniciativas de natural difíciles de describir, como suele ocurrir con las iniciativas en torno a algo tan –igualmente– difícil de describir como el liderazgo. Es el Global Youth Leadership Forum (GYLF). Su web está "en mantenimiento". O sea, no va. Y es raro, porque no se puede entrar en la página de una institución que tenía en la exhibición de sí misma una de sus características.

Aunque el foro no aclara a infoLibre el motivo concreto del cierre de la web –ni responde a ninguna otra pregunta–, parece fácil intuir que algo ha tenido que ver que el GYLF empezó, antes del cerrojazo a la web, a ser citado en artículos sobre su presidente, Jacobo Pombo, señalado –no figura como investigado– por los investigadores del caso Koldo como un supuesto intermediario. Fue salir en los papeles –Pombo niega cualquier implicación en nada ilegal– y ponerse la web "en mantenimiento".

Pombo, a quien El País llama "el Pequeño Nicolás de Nuevas Generaciones" y que en diversos medios aparece citado como lobista, es un antiguo militante de las juventudes del PP que ahora se presenta como "consultor" y que al frente del GYLF, con base en el Palacio de la Magdalena, en Santander, ha logrado un impresionante álbum de fotos. Por el foro han pasado, en distintos eventos, Felipe VI, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ministros y exministros del PP y el PSOE, comisarios y antiguos comisarios europeos...

El GYLF –que no es objeto de interés en el caso Koldo– no responde a las preguntas de infoLibre sobre su modelo de funcionamiento. Es evidente que los patrocinios juegan un papel crucial. Han figurado como financiadores el Santander, Iberdrola, OHL o Iberia. El Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, el Ejecutivo central, el Banco Mundial y hasta Naciones Unidas también le han dado apoyo.

Pero, ¿qué hace el GYLF? Aquí aparece la palabra clave: "liderazgo". Es un término que está por todas partes en el GYLF. No sólo en el nombre. El acontecimiento principal de la entidad es un encuentro anual, el Global Youth Leadership Forum, que en 2023 celebró su octava edición, con la asistencia de "150 líderes jóvenes" de gobiernos y parlamentos de Europa, África y América Latina, empresarios y entidades de todo tipo y universitarios "con alto nivel". Junto a ellos, "grandes líderes" como el exvicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia, todo en un programa sobre "tendencias económicas y cooperación global" lleno de mesas y charlas.

El GYLF constituye un ejemplo de lo que para muchos es una inflación del uso del "liderazgo" como gancho. En este caso, el énfasis no está tanto en la formación como en el "intercambio" entre supuestos líderes. En otros casos, el "liderazgo", sobre todo el político, se presenta como algo que se puede enseñar, que se adquiere en contacto con quienes presumen de ese don.

Un pionero de esa ola es José María Aznar, próximo al estatus de gurú. El Instituto Atlántico de Gobierno (IAG), una empresa fundada y presidida por el ex jefe de Gobierno, ofrece unas "aulas de liderazgo", consistentes en un "foro exclusivo" para "sesiones magistrales" de "líderes políticos y sociales". ¿Cuáles? Aznar, claro. Y también el líder del PP, Feijóo, los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso y Fernández Mañueco o el expresidente mexicano Felipe Calderón.

Las "aulas de liderazgo" forman parten del máster a distancia en "acción política" de la Universidad Francisco de Vitoria, en virtud de un acuerdo con esta entidad vinculada a los Legionarios de Cristo. El coste del máster es de 10.000 euros, según la información remitida a un alumno interesado por la propia Francisco de Vitoria, que expide el título. Son diez meses y la formación es online. La Universidad es la que factura y el Instituto, después de cubrir costes se queda un beneficio, explica Germán Alcayde, director del IAG. "Para nosotros y para la universidad es un elemento de marketing muy potente", afirma el propio Alcayde, ex dirigente de Nuevas Generaciones en Madrid y amigo de Pablo Casado, al que está ayudando en su empeño empresarial como conseguidor de fondos.

El IAG ofrece también cursos de "liderazgo y crecimiento personal" para "ejecutivos y emprendedores". La formación, que incluye "clases plenarias" y "coaching de pares", promete un aprendizaje "enraizándome en lo que me hace genuino como líder". Al mismo tiempo, da acceso a otras actividades del Instituto, que se presenta como una entidad que facilita el "networking".

La autoubicación de Aznar como maestro del liderazgo no empieza con el IAG. Es anterior. FAES ha celebrado desde 2000 más de 20 ediciones del "Programa de Formación de Líderes Latinoamericanos". En la última hubo coloquios con Aznar y Feijóo. En la anterior, con Ayuso y Martínez-Almeida.

El otro gran nombre propio del PP en la escena del "liderazgo" es María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entre 2008 y 2018. Tras librarse de ser juzgada por el caso Kitchen, Cospedal participó en octubre en la presentación del Instituto de Liderazgo Político (IDLP), una empresa que nació con la declarada vocación de ser "referencia de formación de alto nivel en política" y apoyar la existencia de "una clase política bien formada, ejercida con valores". La herramienta para tal fin es el "Curso Superior de Talento y Liderazgo Político", un proyecto en el que colabora la Universidad Católica de Murcia. Liderada hasta su muerte en 2022 por Francisco Mendoza, vinculado al Camino Neocatecumanal (los "kikos"), la UCAM ejercerá la "dirección académica". Son cofundadores de la iniciativa las senadoras Carmen Riolobos y María Jesús Bonilla y el diputado y ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, que precisamente ocupó el cargo a las órdenes de Cospedal. Todos del PP.

Aunque se suponía que el primer curso debía empezar en enero, aún no ha comenzado. Un portavoz del IDLP se limita a señalar que "próximamente" habrá noticias. El programa ahora publicado anuncia 15 módulos, entre ellos "España en el mundo", "La Unión Europea", "La Constitución española", "Política y Talento". Están previstos 28 días lectivos en sesiones de una a dos horas, todo ello según el programa. El IDLP no responde cuál es el coste por alumno. En el claustro figuran más de 40 profesores, entre ellos los exministros del PP Cospedal, Miguel Arias Cañete, Dolors Montserrat, Ana Pastor, Isabel Tocino, Juan Ignacio Zoido y Rafael Arias Salgado, entre otros.

A ellos se suman –siempre según el programa– políticos veteranos de otros partidos como Jesús Caldera (PSOE), Nicolas Redondo (expulsado del PSOE) y Miquel Roca (Convergència). Como es usual en estas iniciativas, no todos son políticos. Del claustro forman parte, según el programa, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV; el sociólogo Narciso Michavila; Pedro Méndez de Vigo, militar en la reserva y asesor de la consultora Llorente & Cuenca, o la empresaria Pilar Gómez Acebo.

"De líderes para líderes". Así se se presenta el Instituto Universitario de Liderazgo de la Universidad Cardenal Cisneros, adscrita a la Complutense. Se trata de un centro "diseñado y dirigido por Albert Rivera desde una visión 360º del liderazgo y de las habilidades de alta gestión". El Instituto presume de ser "un lugar de encuentro privilegiado en el que sus miembros se forman, se desarrollan e interactúan". El curso estrella es el Posgrado en Liderazgo, de 120 horas, semipresencial, que da derecho a un título de "experto universitario". El coste: 5.500 euros.

En el claustro comparte espacio el PP con Cs o, más bien, con los restos del naufragio de Cs. Figuran los exministros del PP García-Margallo –eurodiputado–, Ruiz Gallardón y Ana Pastor –que también está con Cospedal– y la actual consejera madrileña de Economía, Rocío Albert. Junto a ellos, los eurodiputados de Cs José Ramón Bauzá y Adrián Vázquez, el exdirigente José Manuel Villegas –hoy socio de Rivera en una consultoría–, el ex secretario de Comunicación del partido, Fernando de Páramo, y el exdiputado Toni Cantó, más tarde fue alto cargo con Ayuso.

A la lista hay que sumar a Nicolás Redondo Terreros –que también está con Cospedal–, al exdiputado socialista Eduardo Madina, hoy socio del lobby Harmon y asesor de la consultora Ernst & Young; o al economista Daniel Lacalle, en la órbita del ala más neoliberal del PP. Más: Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional; Jorge Bustos, subdirector de El Mundo; Euprepio Padula, colaborador televisivo; Antonio Miguel Carmona, el exdiputado en la Asamblea de Madrid y consejero de grandes empresas...

Hay también expertos en "coach", en liderazgo, inversores, emprendedores. "Los participantes en este programa formarán parte de una comunidad de aprendizaje y networking", promete el Instituto. Esta previsto que la tercera edición del curso empiece "en los próximos días", informan desde la institución.

El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), ubicado en Madrid, es la rama española del Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, fundado en Lyon en 2018 por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, estrella en ascenso de la ultraderecha francesa. Constituido en 2020, en el patronato del Issep figuran dos hombres citados con asiduidad como de la máxima confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, fundador del Grupo Intereconomía y de Libertad Digital y empresario de medios próximo a Vox. Su presidente es Miguel Menéndez, un nieto de Blas Piñar orgulloso de la "cruzada" de Franco. Su director es el abogado franco-argentino Santiago Muzio, que cuando exhumaron a Franco dijo que así "¡resucita el alma del Caudillo para el pueblo español!".

Esta entidad también ha entrado en la arena del "liderazgo". Lo ha he hecho a través del Programa de Liderazgo y Gobierno, en el que el Issep afirma haber formado ya a "más de cien líderes". Ya está abierto el periodo de matrícula para la quinta edición, que tendrá lugar de octubre de 2024 a junio de 2025. El coste es de 12.000 euros, según el programa. Son 320 horas presenciales y hay 20 plazas. Los bloques son "Historia", "Filosofía", "Economía", "Derecho", "Gestión", "Geopolítica" y "Comunicación".

¿Quiénes figuran como profesores? Además de los ya citados Maréchal, Méndez Monasterio, Ariza –padre– y Muzio, están programados los parlamentarios de Vox –en distintas cámaras– Jorge Buxadé, Carlos Hernández Quero, Ignacio De Hoces, Manuel Mariscal y Carlos Flores Juberías; Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que ya fue docente en el Issep en 2022; Jaime Mayor Oreja, líder del movimiento católico de derecha radical NEOS; Pedro Baños, coronel en la reserva y colaborador en el programa de Iker Jiménez; José Javier Esparza, presentador de El Gato al agua, en El Toro TV; Javier Tebas, presidente de la Liga; y los exdiputados de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y Toni Cantó, entre otros. Dos veces aparece cantó formando líderes: con Rivera y con el Issep.

Otro político ya alejado de posiciones de poder y que ahora dedica esfuerzos a enseñar "liderazgo" –no sólo político– es el histórico líder de Unió y portavoz del grupo de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida, tenido por un estandarte de ese nacionalismo moderado que fue arrollado por el procés. En 2021 presentó su proyecto Academia Europea Leaderships (AEL), de la que es presidente. AEL se presenta como una entidad capaz de "formar jóvenes líderes capaces de afrontar los retos de la Europa del sigo XXI". La nómina de profesores del curso 2023-2024 es, de todas las citadas en este artículo, la más abundante en perfiles profesionales y académicos y la más diversa ideológicamente. Entre los políticos, figuran el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y otras figuras con trayectoria institucional destacada en el PSOE como Joaquín Almunia, Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos o Mertixell Batet.

Del PP figuran los exministros Manuel Pimentel, Juan Costa y Luis de Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo. El nacionalismo catalán está representado por Miquel Roca, al que se suman figuras como Joan Ridao (ERC). Es también profesor Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Pepe Álvarez, líder de UGT; Jordi Canals, ex director general del IESE, escuela de formación de ejecutivos de la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei; o Antoni Brufau, presidente de Repsol. El listado incluye economistas, ingenieros, académicos y expertos en políticas públicas, marketing electoral y otras disciplinas.

El programa tiene cien horas. Su coste es "simbólico", de 350 euros, gracias a la "generosidad del profesorado". "Si los profesores vienen de fuera, se les paga el viaje si lo piden y el hotel", ofrecido "gratuitamente" por una cadena hotelera, señala un portavoz. El único que cobra es el director del programa, Francesc Pardo, añade el portavoz. El AEL se presenta como una "entidad sin ánimo de lucro". Al mismo tiempo, tiene la forma de una sociedad mercantil. ¿Por qué? "Por razones de agilización, se creó un sociedad mercantil, pero sin ánimo de lucro, con la marca que tenía registrada en España y la UE su promotor y presidente. En este momento, está en proceso de constituirse una asociación que sustituiría a la sociedad mercantil. La Academia recibe apoyo de alguna empresa y ni un solo euro de financiación pública", responde el portavoz.

La Academia se beneficia del apoyo de Foment del Treball, la patronal catalana, donde se imparten las clases. Joan Rosell, el que fuera presidente de Foment y de la CEOE, es miembro del "comité ético" y de "admisiones". "Foment cede gratuitamente el aula a cambio de su derecho a proponer algunos alumnos para el curso", explica el portavoz.

Duran i Lleida compatibiliza la presidencia de la Academia, con un importante trasiego de figuras relevantes, con el cargo de presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), el lobby que representa los intereses de empresas como Mercadona, Lidl o Dia.

España ha sufrido un histórico déficit comparado de formación de élites políticas. Uno de los intentos más destacados de paliar esta carencia surgió en 2010 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en un máster ya desaparecido que pretendía –"con las restricciones de un máster de un año", explica el que fue su codirector Jean-Babptiste Harguindéguy– en experiencias como la emblemática École Nationale d'Administration de Francia y otras en EEUU (Harvard, Yale, Berkeley, Stanford) y Europa (London School of Economics, Oxford). Harguindéguy subraya que el objetivo era no sólo formar en "liderazgo", una materia que ve "volátil" y difícil transmisión, sino en contabilidad nacional, economía política, gestión administrativa, negociación, ética...

En cuanto al liderazgo, "es algo que no se aprende, pero que se enseña", dice con un punto de ironía. Hay dos grandes maneras, añade. "Una es de forma académica, como intentamos hacer aquí o ahora hace el INAP. Tienes que elegir variables, mirar muchísimos casos, buscar diferencias y puntos comunes. La otra es invitar a líderes. Lo que me dice la experiencia es que saber hablar y transmitir no ayuda a construir un liderazgo en otros. De cien, 99 cuentan batallitas. Esta aproximación al liderazgo enseña poco, más allá de poder decir 'he conocido a Cospedal'", afirma sobre un tipo de experiencia en el que se suele poner buscar a los alumnos entre "los propios feligreses", es decir, en un potencial alumnado de la cuerda ideológica del líder impulsor. A su juicio, hay una "delgada línea" entre el liderazgo mostrado como una capacidad que puede adquirirse observando al líder y los discursos "motivacionales, de autoayuda y de 'si quieres, puedes', que en la universidad no tienen sitio". "Si te fijas, hay universidades que se implican, pero sólo hasta cierto punto", recalca.

Nació con un cartel de su fundador en bolas y se va con lo puesto. Es Ciudadanos, el partido llamado a ser bisagra, fundado en 2006 y circunscrito a Cataluña como respuesta al avance nacionalista que, como muchos partidos de centro, ha tenido una vida intensa y precoz. Este martes, el Comité Nacional del partido ha decidido no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio. Réquiem por un muerto.

Hay una fecha que coloca a Ciudadanos ante el abismo: la de junio de 2019, cuando Albert Rivera, su creador y referente, tomó la decisión de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez cuando la formación gozaba de su mejor momento político, con 57 diputados tras las generales de abril de 2019 y una amplia implantación territorial que incluía, entre otras grandes plataformas, la vicepresidencia del gobierno de Andalucía y por otro, la de Madrid y de Castilla y León en gobiernos presididos por el Partido Popular. En el primer caso, formó parte del cambio político a favor del PP tras 37 años de gobiernos socialistas y en el segundo caso atornilló bien fuerte al sillón de la presidencia al Partido Popular sin propiciar ese cambio del que hablaban. La muleta del cambio, a grandes rasgos, sólo sirvió para favorecer al PP.

Quien fuera el chico mimado por una potente corriente de intelectuales de corte centro conservador de Cataluña y España y de no pocos directivos de las empresas del Ibex 35, aquel ganador de jovencito de la Liga Nacional de Debate Universitario cuyo discurso persuadió a una parte importante de los líderes de prensa, aquel político que encandilaba con esas llamadas a la convivencia en Cataluña, la mirada europeísta y a no jugar a “ser ni izquierda ni derechas sino útiles a los españoles”, aquel verano de 2019 apretó bien los tornillos de su bisagra política para que la hoja de la puerta de Ciudadanos, también a nivel nacional, sólo se abriera para un lado: la derecha.

Según las distintas tesis, Rivera sucumbió al cuento de la lechera y a una demoscopia dudosa que le auguraba un sorpasso frente a un PP de liderazgo flojito con Pablo Casado. Otras voces también hablan de que a Rivera le pudo la notoria falta de sintonía con el presidente Pedro Sánchez en un duelo de testosterónico.

Hay voces, las de las crónicas rosas, que incluso apuntan a aquel verano Rivera andaba a sus cosas recién iniciada una nueva relación sentimental. Se han publicado libros que reconstruyen aquellos días, como el de Fran Hervías, Ciudadanos. La historia jamás contada (Atalaya), secretario de Organización del partido a nivel nacional y uno de los que, tras Rivera, abandonó el barco para encontrar acomodo en el Partido Popular. Siguiendo su estela, han sido decenas de dirigentes, consejeros y cargos medios naranjas que continuaron el camino de la derecha. La lista es larga en Andalucía, Madrid, Murcia y decenas de corporaciones municipales.

Con todo ese cúmulo de razones en la mochila, Rivera decidió no apoyar la investidura de Sánchez tras las elecciones de 2019 y cavó la tumba.

La consecuencia directa fue que en la repetición electoral de noviembre de 2019, los naranjas se dejaron 40 diputados por el camino. Rivera salió de la política y legó a los suyos un discurso acerado que, en algún momento desde la tribuna, ha sonado más enconado con el gobierno de coalición que, incluso, el de Santiago Abascal. Tal ha sido el tono de Inés Arrimadas a lo largo de la legislatura.

“Está frustrada”, opinan algunas voces de la prensa habitual en la cámara baja de la heredera de un barco a la deriva que, recordemos, consiguió la gesta en las autonómicas de Cataluña de que Ciudadanos fuera la fuerza más votada en la tierra de los secesionistas.

Después del incendiario otoño de 2017, en las elecciones de aquel 21 de diciembre de 2017 Arrimadas ganó en votos (más de un millón) y en escaños (37) pero no obtuvo una mayoría suficiente para gobernar. A la vuelta de la Navidad, la dueña de ese inédito caudal de votos para un partido tan joven decidió no presentarse a la investidura y al poco se sentó en el escaño de al lado de Albert Rivera en el Congreso hasta que, a partir de noviembre de 2019, le tocó ocupar el sitio del jefe dimisionario.

En el tiempo de su mandato sólo ha encadenado disgustos: Arrimadas ha vivido la moción de censura abortada en Murcia que, como con un efecto mariposa, se cargó la convivencia en el gobierno del presidente López Miras y motivó el adelanto electoral en Madrid, aquello libró a Ayuso de su socio naranja, luego tocó la repetición electoral en Castilla y León que dejó a un solo procurador en la cámara autonómica –Francisco Igea, su enemigo en primarias-, luego vino la pérdida del gobierno de la ciudad de Granada (allí también con un acuerdo de gobierno para el PP que primero le cedía la vara de mando a los naranjas) y, como broche, hace un año, llegó la desaparición de Ciudadanos en Andalucía tras el 19J. Desastre tras desastre. También Arrimadas ha dado un paso al lado y cedió el mando a otros en un proceso de primarias trufado de egos para repartir la miseria.

Este martes, Adrián Vázquez, secretario general del partido naranja, un dirigente poco conocido tras el último proceso de refundación, ha anunciado que el Comité Nacional del partido ha decidido no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio con las que Pedro Sánchez ha respondido a su fracaso electoral del 28M. El escenario empujaba a ello: salvo algunos ayuntamientos de entidad menor, los naranjas han desaparecido del mapa de local y autonómico de España, incluido el Ayuntamiento de Madrid donde hasta el domingo Begoña Villacís, uno de los rostros más reconocidos a nivel nacional de la formación, era vicealcaldesa de la capital. En plena campaña, trascendió además que Luis Garicano, que en su día sonó como ministro de Economía del gobierno PSOE-Cs que sólo existió en las crónicas de hipótesis, se sumaba al equipo económico de Génova. Otro palo más.

El esfuerzo de meterse de lleno en una campaña de generales, por mucho que concentraran sus fuerzas en un par de territorios donde todavía se escuchan sus mensajes, hubiera sido una tarea tan titánica como infructuosa. “El mensaje de las elecciones ha sido muy claro. La oferta del centro liberal en España no ha tenido fuerza. (...) los españoles no nos ven como una buena alternativa transformadora. No es una buena noticia para nosotros, el comité nacional ha decidido que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político”. Ha sido el mensaje trasladado por el eurodiputado Adrián Vázquez, una de las caras que ha liderado este último trecho junto a Patricia Guasp, portavoz nacional del partido que con esta decisión hace un último y enésimo favor al Partido Popular, que ya prácticamente había engullido a su electorado por completo pero que con su desaparición se presenta como un partido que no tiene nada a su izquierda hasta el PSOE.

Según ha trascendido, ha habido un “intenso debate” en el seno del Comité Nacional y los que quedan en Ciudadanos han quedado en verse de nuevo en julio y preparar el “escenario político futuro”. Un mensaje que abre tímidamente la puerta, quizás, a concurrir en las elecciones europeas de junio de 2024, una institución, por otro lado, donde Ciudadanos tiene casi más peso político que en España con cinco eurodiputados. Pero todo suena a un ya si eso de libro.

Con los datos de estas elecciones municipales en la mano, la descomposición del partido ha llevado a que apenas 300.000 electores hayan cogido la papeleta naranja el pasado domingo 28M, un 1,35% de los votos, que se traduce en 392 concejales con Aragón como principal territorio y, en la mayoría de los casos, ligados a candidatos con gran tirón popular en municipios pequeños.

¿Qué hará esa resistencia naranja que todavía no ha entregado su papeleta al PP en esta convocatoria de elecciones generales?

En un momento en que en los dos grandes partidos políticos están con la calculadora en la mano para proyectar mayorías posibles para gobernar, Paloma Piqueiras, vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) y profesora de la Universidad Complutense, traza una diferencia entre el voto de Ciudadanos en Cataluña y el voto de la formación en el resto de España “porque no votan en el mismo sentido”.

El nacimiento de Ciudadanos, recuerda, remite a poner freno al avance nacionalista y ese voto que aún queda en Cataluña “puede verse identificado con el talante moderado de Salvador Illa, que ha devuelto al PSC a un espacio de entendimiento constructivo”, opina la politóloga. Con todo, queda por ver si finalmente ese votante cogerá la papeleta del PSC o se queda en casa, hastiado de todo un poco.

En el resto de España, la tendencia, según Piqueiras, es la del voto conservador, fundamentalmente al Partido Popular de Núñez Feijóo, aunque habrá quien se sienta identificado con el discurso de Vox, pues también ese perfil extremo integró las lista de Ciudadanos en algunos territorios en los que hicieron fortuna un tiempo en el que los naranjas hablaron de ser bisagra pero en la práctica abrieron siempre la puerta para el mismo lado.

La sede de Ciudadanos en la madrileña calle de Alcalá está pensada para un partido en el Gobierno. Varios pisos, cristaleras, sala de prensa con muebles al estilo nórdico... Los naranjas, en cambio, viven su momento más difícil y se adentran en un ciclo electoral en el que tienen que sobrevivir o firmar su acta de defunción.

Y buena parte de ese futuro pasa ahora mismo por la manos de Adrián Vázquez, actual secretario general de Ciudadanos. El eurodiputado se remanga estos días y se muestra positivo. Tiene alma futbolera. Sus padres, revela, le dan ánimos y le dicen: “Ole tus…” Espera dar todavía una buena campanada.

1- ¿Qué tiene usted de Naranjito?

El año en el que nací.

2- ¿Ha muerto Ciudadanos?

Está más vivo que nunca.

3- ¿Echa de menos a Albert Rivera?

Es un buen amigo.

4- Defínase en una palabra...

Eficiente.

1- ¿Cuál es su lema de vida?

Por mí no quedará.

2- ¿Qué le diría en privado sin cámaras a Fran Hervías?

No quedaría con él.

3- ¿Qué es lo que menos le gusta de la política española?

La incapacidad de algunos de entender por qué se han metido en política.

4- ¿Es tan aburrido el Parlamento Europeo como lo pintan?

El mejor sitio para trabajar del mundo.

5- ¿Se saluda por los pasillos con Carles Puigdemont?

No.

6- Antes de Ciudadanos, ¿a quién votaba?

A UPyD.

7- ¿Acabará algún día en el PP?

Nunca.

8- ¿Hay algo que le guste más que la política?

Mi familia.

9- Es muy futbolero, ¿qué club sería Ciudadanos?

El Atleti.

10- ¿Qué mote tenía en el colegio?

China.

11- Meterse ahora a dirigir Ciudadanos, ¿qué le dicen sus padres?

Olé tus…

12- Asegura que vuelven al centro, ¿es más de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijóo?

Soy del centro.

Todo está encima de la mesa. Desde la marca —Ciudadanos—, que muchos consideran quemada tras la sucesión de fracasos electorales que viene sufriendo desde las generales de noviembre de 2019, hasta el liderazgo. Inés Arrimadas, la sucesora de Albert Rivera, no ha sido capaz de reconciliar la oferta política del partido, la referencia de los liberales europeos en España, con los electores que hace apenas tres años les dieron 4,1 millones de votos y el tercer grupo parlamentario más numeroso en el Congreso. Entonces tenían 57 diputados y la llave de la gobernabilidad y prefirieron repetir las elecciones a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que brindaban tres presidencias autonómicas al PP en Madrid, Murcia y Castilla y León justo cuando los conservadores agonizaban. El resultado: diez escaños, de los que sólo les quedan nueve por culpa de un tránsfuga que se niega a renunciar a su puesto.

Arrimadas sigue echando la culpa a la estrategia de Rivera en 2019. Lo hizo cuando las candidaturas naranjas fracasaron en las elecciones gallegas y vascas de 2020 y en las catalanas y madrileñas de 2021. Lo ha vuelto a hacer este año tras casi desaparecer en Castilla y León y ser borrados del mapa en las andaluzas del pasado mes de junio. En medio, la fallida operación de pactar con el PSOE una moción de censura en Murcia o de negociar los presupuestos generales con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La debacle sufrida en Andalucía —Cs pasó de 21 escaños a ninguno después de casi cuatro años formando parte del gobierno y ocupando una vicepresidencia— dio pie a la presidenta del partido a anunciar una refundación a imagen y semejanza de la realizada por partidos liberales europeos que también han pasado por “momentos durísimos” y que tiempo después han salido a flote, como el FDP alemán. Los liberales germanos fueron barridos del Bundestag en 2014, pero consiguieron regresar en 2017. En 2021 mejoraron ligeramente sus resultados y entraron en el Gobierno federal en coalición con el SPD y Los Verdes.

 Entonces pidió abrir una “reflexión profunda” porque la marca del partido está “muy castigada” y la formación no ha sido capaz de “seducir” ni de reconectar con el electorado. Y se comprometió a seguir al frente hasta que el partido complete en enero el proceso de refundación. Será entonces cuando la militancia decida la nueva dirección en una asamblea general.

En ese camino, Cs puso en marcha “un equipo político” y otro “técnico”, en los que tienen papeles destacados la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el diputado en el Congreso Guillermo Díaz. La idea es facilitar la participación de la militancia a través de cinco grupos de trabajo (funcionamiento orgánico; libertades, modelo territorial y regeneración democrática; políticas económicas, energía y digitalización; políticas sociales y medio ambiente, y Europa y asuntos exteriores) a los que hacer propuestas programáticas y organizativas. Las conclusiones se conocerán el próximo 16 de septiembre y lo único que se sabe, de momento, es que en el proceso están participando, según fuentes naranjas, unos 2.000 militantes, menos del 20% de los afiliados que le quedan al partido. 

Hay que esperar todavía dos semanas para conocer los siguientes pasos y para que una consultora externa contratada por la actual dirección haga una investigación acerca de la viabilidad del proceso de refundación, especialmente si conlleva un cambio de nombre. Entretanto, Cs ya trabaja en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de mayo con la intención de presentarse y defender la representación obtenida hace tres años.

Los movimientos de Arrimadas y las declaraciones de los dirigentes del partido sugieren que, en todo caso, la refundación seguirá apelando a la condición “liberal” de la formación aunque nadie se atreve a aventurar qué puede ofrecer el partido en el futuro, más allá de un nuevo nombre, que no haya intentando ya Cs en estos años. 

El pasado julio, la presidenta de Cs se reunió en Berlín con el presidente del FDP, el ministro de Economía alemán Christian Lindner, en busca de la hoja de ruta que le permita rehacer la organización y garantizar que la marca liberal sigue viva en España.

El nerviosismo es evidente en el escaso poder municipal que les queda a los naranjas. El coordinador autonómico en Canarias, Enrique Arriaga, apoya el proceso de refundación pero asegura que el plazo abierto supone llegar “tarde” a las elecciones. Según él, los cambios se tienen que visibilizar “cuanto antes”.

Los más desconfiados temen que el proceso de refundación se haga de espaldas a la militancia. El pasado lunes, afiliados y cargos de partido pusieron en marcha la iniciativa Somos Cs para exigir que las bases decidan el futuro del partido en una Asamblea General Extraordinaria sin renunciar a la identidad naranja.

Entre ellos hay destacados responsables políticos naranjas de Aragón. Pero también de Asturias, la Comunitat Valenciana y Andalucía. Juntos difundieron un manifiesto en el que afirman la existencia de “dos almas” dentro del partido: los que entraron en la formación atraídos por sus ideas y valores, y se “dejaron la piel, altruistamente, para construir y hacer crecer este proyecto”, liderado por Albert Rivera, y los que se afiliaron al calor de las encuestas, “viniendo a mesa puesta, exigiendo puestos y cargos, convirtiéndose en el núcleo más cercano a Inés Arrimadas que la han convertido en una presidenta despegada de la realidad, que utiliza a Ciudadanos como escudo para ocultar su propia crisis, que no pisa la calle y que no visita ni a los territorios ni a los cargos públicos y orgánicos que están día a día cerca de los afiliados y de los ciudadanos”. 

 El elefante en la habitación del que nadie habla es el PP. Los partidarios de que Cs negocie una entrada ordenada en el partido de Feijóo que resuelva el futuro de los dirigentes y cargos públicos no lo dicen en público. La mayoría ya han llamado a la puerta de Génova desde que el hundimiento electoral de las últimas generales convenció a la mayoría de que Cs no tenía futuro. Es el caso de Toni Cantó, su antiguo líder en la Comunitat Valenciana. Otros, como el eurodiputado Luis Garicano, simplemente han tirado la toalla y se han reincorporado a la vida civil.

Las elecciones de Madrid, Castilla y León y Andalucia han confirmado que la mayor parte del electorado que le quedaba a Ciudadanos ya ha buscado refugio en el PP, impulsando su recuperación y situando a los conservadores en cabeza en todas las encuestas. En Génova dan por hecho que el proceso es irreversible. Y trabajan en la preparación de las elecciones de 2023, convencidos de que, a estas alturas de la legislatura, el único obstáculo que le queda a Feijóo para reunificar el centro derecha es Vox.

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el exsecretario general de la misma formación, José Manuel Villegas, han anunciado este miércoles la puesta en marcha de la consultora RV+ centrada en labores de asesoraría para empresas, inversores y emprendedores, informa Europa Press. Esta consultora llega cuatro meses después de la salida de ambos de Abogados Martínez Echevarría, que aseguró "su productividad estaba muy por debajo de cualquier estándar razonable"

La consultora ha explicado que ofrecerá a las empresas "servicios integrales", entre los que ha citado "el fortalecimiento de sus relaciones institucionales, el apoyo en operaciones de inversión, fusión, adquisición o venta y el acompañamiento estratégico en la creación de oportunidades y soluciones en un marco global".

"RV+ será un puente para las empresas en el ámbito internacional, especialmente entre Europa y Latinoamérica, aprovechando la amplia experiencia de los socios para conectar estrategias y desarrollar oportunidades de negocio", ha señalado en un comunicado la firma que liderarán Rivera y Villegas junto a "un amplio equipo de colaboradores".

Es el primer proyecto empresarial que inician los exdirigentes de Ciudadanos tras dejar el bufete de Abogados Martínez Echevarría, una decisión que tomaron, según defendieron, de forma "sosegada" y después de "dos años de reiterados incumplimientos contractuales", a pesar de que aún quedaban tres años para que sus contratos vencieran.

Albert Rivera anunció su dimisión como líder de Ciudadanos el 11 de noviembre de 2019, un día después de las elecciones generales que dejaron al partido con diez escaños en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Villegas también dejó su puesto como secretario general del partido y la política unos días después de la renuncia del presidente de la formación naranja. 

Hemos sabido que lo de Albert Rivera con el despacho de abogados Martínez-Echeverría ha ido mal. Muy mal. El propio bufete ha tenido que emitir una nota hablando de los “radicales incumplimientos” de la “actividad (o mejor, inactividad)” del ex líder de Ciudadanos y ex candidato a la Presidencia del Gobierno. Básicamente la cuestión es que ni aparecía por el trabajo, y que su resultado ha sido “nulo”, por “su falta de implicación, interés y su desconocimiento más elemental del funcionamiento de una organización empresarial”. A mí me ha sorprendido especialmente esa última crítica, tratándose de quien encabezaba el partido supuestamente más vinculado al mundo empresarial, el que mejor se entendía con eso llamado Ibex 35.

La fascinación que las empresas sienten por los políticos es comprensible. Al final, son ellos, cuando están en activo, los que toman las decisiones más graves sobre el contexto del negocio. Se les atribuyen además capacidades de negociación y persuasión que en el mundo del dinero son menos habituales. Se supone que un político es sensible a la opinión pública, conoce los rincones de la Administración pública y también a sus ocupantes, puede abrir puertas inaccesibles y se le presumirá implacable en una negociación.

En muchos casos, como el que nos ocupa, son tan sólo suposiciones. Cuando un político cae de manera humillante, lo normal es que se vuelva tóxico para sus antiguos amigos. No sé si los cocineros, las actrices o los médicos se comportan igual. Sospecho que no. Pero en el mundo de la política lo que por definición te distingue de los demás es el poder que ostentas. Y en ausencia de poder real, tus colegas de la política desaparecen. Sí, puede que te cojan el teléfono y te acepten un almuerzo, por misericordia o por precaución, pero no se dejarán ver en público junto a ti y no abogarán por tus causas. Es más: las evitarán como a la peste. Las presentaciones de libros y las conferencias abiertas al público son un buen medidor de esas viejas lealtades perdidas.

Claro que hay otros casos distintos. Soraya Sáenz de Santamaría trabaja pacíficamente en Cuatrecasas, uno de los mejores despachos del país, después de haber perdido unas primarias. Pero ella antes de ser vicepresidenta del Gobierno aprobó las oposiciones a abogada del Estado. Aznar asesoró al bufete internacional D.L.A. Piper, pero él mantenía intactas sus relaciones con otros líderes mundiales, tenía una extraordinaria experiencia política y había decidido dejar la política activa cuando nombró a Rajoy como sucesor. Alguno lo llama “puertas giratorias”, y puede gustarnos más o, como a mí, menos, pero desde la perspectiva de un negocio, la diferencia es evidente: se contrata a una persona con agenda, experiencia y respeto a su alrededor, o se contrata a alguien que sólo es un personaje de la tele, y que será rehuido por sus antiguos colegas, de modo que no sólo no contribuirá al negocio, sino que podría espantarlo.

De modo que al preguntarse si es o no conveniente poner a un político en tu empresa, la respuesta no debería estar en función de lo conocido que es el profesional por sus apariciones en la televisión o lo amplia que es su lista de contactos, sino por la experiencia técnica del candidato o candidata y, sobre todo, por el respeto que se le tenga alrededor. Si no se ganó el respeto de los colegas y de la ciudadanía antes de perder, es seguro que no lo ganará habiendo perdido. La vida es así de cruel.

¿Fichar a un político para una empresa por su preparación o como relaciones públicas? Supongo que ahí está el dilema de toda la polémica que ha surgido en torno a la salida, un tanto bochornosa, de Albert Rivera del despacho de abogados. Sus acusaciones cruzadas de incumplimientos de contrato, de nula capacidad de trabajo, de que apenas aparecía por el despacho (“algunos meses sólo estuvo un par de horas”) dicen mucho de lo que suponen a veces esas puertas giratorias de las que tanto hablamos después… y criticamos.

Cuando le fichó el despacho de abogados en cuestión, supongo que pensaron que Albert Rivera sería un valor seguro a la hora de poder acceder a determinados estamentos, para que algunos teléfonos se descolgaran si él era el que llamaba y como un imán infalible para que llegaran más clientes. Un conseguidor fabuloso tras su paso por la política. Fichaban una imagen, un relaciones públicas y no un experimentado abogado, un profesional con años de experiencia en la abogacía y el derecho. Sólo había estado dos años como becario antes de dar el salto a la política. Supongo que eso lo sabían ya los que tomaron la decisión y si no eran conscientes, ahora, desde luego, se han dado cuenta.

Más allá de cuánta fue su implicación después, la experiencia laboral de Rivera era la que era. Un político que sólo había ejercido la política. No era un profesional, como Toni Roldán, que se sumó al proyecto y salió después: aparcaba la consultoría económica y apostaba por implicarse en un proyecto político, el de Ciudadanos, por sumar su experiencia e ideas a la política y no a la inversa. Luego, cuando se topó con la realidad, y probablemente la decepción, volvió a su profesión.

Ana Pastor, del PP, es médico de profesión. Y su primer cargo importante en política fue en el Ministerio de Sanidad, con Rajoy. Puso al servicio de lo público su experiencia profesional. Margarita Robles, juez. Es verdad que no asumió la cartera que quizás más habría anhelado, pero lo hizo otro juez de carrera, Fernando Marlaska.

Profesionales que deciden dedicarse a la política, pero ¿qué pasa cuando hay políticos profesionales, que nunca han trabajado en el sector privado, y que deciden dejar la política y fichar por una empresa? Ahí está el gran dilema. Lluis Orriols daba en el clavo esta semana: apostaba por seguir manteniendo esas puertas abiertas, no las giratorias, pero sí las de las salidas profesionales. Si a quien se dedica a la política se le envía el mensaje de que después de eso no hay nada, pocos decidirán apostar por “sacrificar” sus carreras profesionales en favor de un servicio público. Puede que muchas veces las motivaciones sean exactamente las contrarias: voy a empezar en política y así me aseguro después una salida profesional.

Ahí juegan un papel importante los partidos: si entre los suyos buscan sólo a los mejores, a los más preparados, a los que acreditan un currículum que sume experiencia a su proyecto político, entonces ganaremos todos. Si un político ha mostrado su valía antes de entrar en política, su credibilidad y la de su proyecto político ganarán enteros. No hace falta que haya tenido una carrera de éxito, simplemente que sepa qué es ser autónomo, cómo gestionar una empresa, cómo cuadrar el mes para pagar nóminas, impuestos, cómo hacer para ajustar el presupuesto si la cosecha o los pedidos se han cancelado. Lo que vivimos todos los demás, vaya, la realidad de sus votantes.

Luego, podrá plantearse volver a su vida de antes de la política sin necesidad de crear falsas expectativas, sin ser simplemente un jarrón chino que queda bien en los despachos y en los organigramas de determinadas empresas.

En cualquier empresa, a cualquier empleado, esté arriba o abajo, se le pide rendimiento, se le piden resultados. Pues en política lo mismo: antes de entrar en ella y después. Así acabaríamos con los chascos de fichajes rutilantes que luego se quedan en una gran decepción.

Los exdirigentes de Ciudadanos Albert Rivera y José Manuel Villegas han anunciado que abandonan el bufete de Abogados Martínez Echevarría, una decisión que han tomado de forma "sosegada" y "tras dos años de reiterados incumplimientos contractuales", a pesar de que aún quedaban tres años para que sus contratos vencieran. La empresa, por su parte, declaró a El Confidencial que el motivo por el que ambos expolíticos han abandonado su puesto de trabajo tiene que ver con que "su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable".

En declaraciones a Europa Press, han asegurado que no van a regresar a la política y que van a iniciar un nuevo proyecto vinculado al mundo jurídico del que ofrecerán más detalles en los próximos días. Además, han deslizado que lo emprenderán junto a "más gente".

Pese a todo, el exlíder de Cs y el que fue secretario general de la formación naranja han sostenido que de estos dos años en el bufete, al que llegaron tras su salida de Cs, se llevan "una buena experiencia profesional" en la que han obtenido los mejores resultados de la firma y crecido en plena pandemia.

La decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de expulsar de su gobierno a los consejeros de Ciudadanos pone punto final a la colaboración de las dos fuerzas políticas en el ámbito autonómico y confirma el fracaso completo de la estrategia marcada por Albert Rivera en mayo de 2019. 

El entonces líder de los naranjas, cuyo partido ya gobernaba desde diciembre en Andalucía en coalición con los conservadores, decidió apuntalar los gobiernos del PP de Murcia, Madrid y Castilla y León y dio la presidencia a Fernando López Miras, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco en vez de a los candidatos del PSOE que acaban de ganar aquellas elecciones.

En aquel momento Ciudadanos estaba en una situación inmejorable para dar el sorpasso al PP: había conseguido 57 diputados frente a los 66 de los de Casado. Pero, en vez de apuntillar a los conservadores privándoles de casi todo su poder autonómico, decidió reforzarlos y darles tres presidencias autonómicas clave en las que el PP llevaba décadas gobernando.

Dos años y medio después, esos tres presidentes han devuelto el favor a Ciudadanos poniendo fin a los gobiernos de coalición. En el caso de Murcia, feudo de Teodoro García Egea, número dos de Pablo Casado, el PP llegó incluso a ignorar el pacto antitransfuguismo y a fichar a varios diputados de Cs con tal de conservar el poder y cerrar el paso a una moción de censura presentada por los naranjas y el PSOE.

La siguiente en romper con Cs fue Ayuso. La presidenta madrileña echó a sus consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas con la excusa de que los naranjas iban a presentarle una moción de censura con los socialistas, una maniobra sobre la que no existe evidencia alguna. Esta decisión dio un gran resultado: el PP volvió a ganar en Madrid y Cs desapareció del mapa político.

Ahora le ha llegado el turno a Mañueco. El presidente castellanoleonés ha invocado un supuesto pacto, sobre el que tampoco hay evidencias, entre Cs, PSOE y la formación provincial Por Ávila para sacar adelante los Presupuestos de su propio gobierno. Justo cuando las encuestas le son más favorables —todo lo contrario que para Cs— decidió este lunes disolver las Cortes y convocar elecciones.

Dos años y medio después, la estrategia de Rivera ha terminado en un estrepitoso fracaso. Cs está fuera de los tres gobiernos y es incapaz de recuperarse de la agonía en la que entró en noviembre de 2019 cuando los electores les hicieron principales responsables de la repetición electoral por su negativa a negociar con el PSOE de Pedro Sánchez.

Su sucesora, Inés Arrimadas, no quiere de momento extraer ninguna lección del trato que Cs está recibiendo por parte del PP, con el que siguen gobernando en algunos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, y en la comunidad andaluza, aunque este último gobierno tiene ya fecha de caducidad porque las elecciones tendrán lugar el próximo junio o, todo lo más, en el mes de octubre.

Eso sí, en rueda de prensa desde la sede de Cs y tras una reunión de la dirección de este partido dejó claro que lo que ha salido mal tiene su origen en una decisión de Rivera. “Quiero recordar que estos gobiernos responden a una negociación que se hizo en abril de 2019, yo no era la presidenta del partido”, subrayó. De hacer una reflexión, añadió, sería que “se dieron las presidencias [autonómicas] y las alcaldías relevantes al PP y este es el resultado”. 

Arrimadas no quiso especular sobre el futuro, en el caso de alguna elección vuelva a hacer posible una coalición de gobierno entre PP y Cs, algo que empieza a parece muy improbable a la luz de las encuestas. Pero sí llamó a sacar lecciones de aquella negociación “que hizo mi partido anteriormente”, en referencia a la que lideró Rivera en 2019. “Mirar hacia atrás sirve para lo que sirve”, admitió, pero hay que “aprender de los errores”.

Eso sí, añadió tratando de poner distancia entre ella y aquellos pactos de coalición, ahora fallidos: “Yo cuando llego de presidente estos son los gobiernos” con los que se encuentra. “Que por nuestra aparte han funcionado con lealtad”. 

Arrimadas separó lo ocurrido en Castilla y León de la suerte que espera a la coalición PP-Cs en Andalucía y de los que pueda suceder en el Ayuntamiento de Madrid, donde no es posible convocar elecciones anticipadas pero sí una ruptura del acuerdo de gobierno. Y eso que, según ella, “al final Mañueco ha cedido a las presiones de Génova” y ha convocado elecciones “porque Casado lo que cree que necesita es una victoria” con la que tapar la de Ayuso. 

Han decidido siguiendo una “política testosterónica” y en función de “su guerra interna. Al final han cogido el mapa de España y han elegido Castilla y León para su juego de poder”. “Los ciudadanos se merecen mucho más que ser una pieza en las guerras internas del PP”. “Me da muchísima pena”, confesó. Porque era “un gobierno que evidentemente funcionaba”.

Pese al lamento de Arrimadas, el PP no ha hecho nada que no hubiese anunciado previamente. Fue en marzo, justo después de las elecciones catalanas, cuando Pablo Casado autorizó una OPA hostil para captar cargos públicos naranjas que se multiplicó tras la fallida moción de censura de Murcia. En muchos casos con la inestimable ayuda de Fran Hervías, que hasta ese momento era el responsable de Organización de Ciudadanos y como tal uno de los dirigentes que mejor conoce a los entresijos de la formación naranja.

Ciudadanos aprieta por enésima vez el botón de reset para redefinir su identidad. Lo hace ahogado por las encuestas que pronostican su práctica desaparición y por la fortaleza de PSOE, PP y Vox, que según los estudios demoscópicos se están llevando —en distinta proporción— los electores que antes eran de la formación naranja.

La sucesora de Albert Rivera, Inés Arrimadas, se resiste de momento a rendirse y desembarcar en un PP que hace meses puso en marcha una ofensiva de fichajes ofensivacuyo objetivo final es forzar la absorción de los naranjas o, si se siguen negando, su desaparición de las instituciones.

La apuesta de la presidenta por ensayar una vía intermedia que le permitiese reivindicar sus diez diputados en el Congreso llegando a acuerdos con el PSOE no acabó bien. La presión interna de los sectores más afines a Rivera —que fue quien definió en 2019 el cordón sanitario contra Pedro Sánchez que acabó hundiendo a Cs en las últimas generales— y la voluntad del Gobierno de no cegar la vía de la negociación con Esquerra Republicana obligó a Arrimadas a poner fin a aquel intento en plena negociación de los presupuestos y devolvió Ciudadanos al redil de las tres derechas al que llegó cuando Albert Rivera se hizo la foto de Colón.

Cs navega desde entonces a la deriva sin encontrar su sitio. Las elecciones catalanas dieron fe de la huida masiva de electores allí donde hace tres años había alcanzado su mayor éxito. Y la fallida moción de censura de Murcia —que el PP desactivó rápidamente comprando a varios diputados naranjas— acabó de la peor manera para Arrimadas: fuera del gobierno de la Región y fuera también del ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Hace apenas unos días el pulso planteado por el PP en Granada terminó con la pérdida de su principal Alcaldía, que ahora está en manos del PSOE.

A pesar de ello, Arrimadas sigue defendiendo que Cs tiene espacio para movilizar a un electorado propio distinto del PP y que ambas organizaciones deben colaborar para formar “una alternativa” que permita derrotar al PSOE en las próximas elecciones generales. El mismo argumento, por cierto, de Santiago Abascal, el líder de Vox. Con la diferencia de que a los ultras las encuestas les siguen otorgando el papel de tercera fuerza política española y a Ciudadanos le están enseñando la puerta de salida del Congreso.

Para apuntalar ese espacio que Cs dice tener, Arrimadas organizó el pasado fin de semana una convención en la que además de reafirmar la bandera del liberalismo —que también le disputa un PP que quiere volver a ser el de Aznar, en el que cabe todo a la derecha del PSOE— izó nuevas banderas. En primer lugar, el ecologismo. En segundo lugar, el feminismo y la igualdad. A partir de ahora ya no serán dos políticas más de Ciudadanos y pasarán a formar parte del corpus ideológico en que se quieren definir con el objetivo de marcar diferencias con un PP que Arrimadas tacha de conservador y del que ya le separan asuntos como la Ley de Eutanasia. Cs, proclamó Arrimadas este fin de semana tratando de contraponer estas ideas al PP, es un partido “liberal, de centro, de progreso, reformista y limpio”.

La presidenta naranja cree que aún hay tiempo para relanzar su partido. Faltan dos años para las elecciones y la política española ha dado sobrados ejemplos de giros imprevistos de guion. En política las cosas pueden cambiar mucho en poco tiempo, aseguró en la convención del partido de este fin de semana.

En este nuevo intento de reubicarse en el centro, a medio camino del PSOE y PP, lo que no ha hecho Arrimadas es despejar qué piensa hacer si para acabar con Sánchez, como pretende, hace falta la contribución de Vox. Es decir: cómo encaja en el liberalismo progresista que los naranjas acaban de redescubrir la posibilidad de tener que llegar a acuerdos con un partido de derecha extrema como Vox, aliado del homófobo húngaro Viktor Orbán.

“Esto no va de izquierdas y de derechas”, declaró este lunes en una entrevista. Eso es, según Arrimadas, “lo que Sánchez quiere y lo que creo que el PP quiere o está cayendo en la trampa de Sánchez”.

Progresismo, ecologismo y feminismo son, en realidad, las novedades que Arrimadas ha introducido en el discurso con el que quiere reconstruir las opciones de Cs y evitar su cantada desaparición.

No por casualidad Arrimadas se quiere mirar en el ejemplo del histórico FDP alemán. Los liberales germanos, que desaparecieron en 2013 del Bundestag al no conseguir ni el 5% de los votos, regresaron en las elecciones de 2017 con un 10% de la tarta electoral, un porcentaje mucho más en línea con su peso parlamentario desde la Segunda Guerra Mundial.

El ejemplo alemán

El eurodiputado liberal alemán Alexander Lambsdorff le explicó este fin de semana que, tras su debacle electoral, la gente pensó que estaban acabados, pero que ellos siguieron trabajando en el ámbito local reconstruyendo el partido para ser “más fuertes”. “La gente pensó que estábamos muertos, pero estaban equivocados. Seguimos trabajando a nivel regional y nuestros militantes se mantuvieron fieles sin cobrar por su trabajo. Cuatro años después volvimos mucho más fuertes y en las encuestas estamos mejor que cuando empezamos”, se felicitó Lambsdorff.

Lo cierto es que, más allá de la larga historia de siete décadas del FDP alemán, la de Ciudadanos es una sucesión de contradicciones consecuencia de su deseo de definir la oferta política más rentable para hacerse hueco en las preferencias de los electores. Una historia que ahora, con el apellido “progresista”, parece mirar a los orígenes de la formación, en el verano de 2005, cuando los naranjas se autodefinían como “socialdemócratas”. Y que parece corregir el rumbo fijado hace dos años por Rivera, en mayo de 2019, que promovía lo que algunos analistas llamaban el primer partido nacionalista español desde la aprobación de la Constitución —si no el primero, sí el que por primera vez tiene opciones de alcanzar el Gobierno—. Era, en palabras de sus promotores, “una plataforma de la sociedad civil” para conformar un proyecto de país que traspasase “el ámbito de los partidos políticos” y fomentase “la unidad de la sociedad en torno a los valores constitucionales”.

Entonces, según todas las encuestas, Cs no paraba de crecer a costa del PP —y de otros partidos— y estaba a las puertas de convertirse en la primera fuerza política española en intención de voto. Ahora, no consigue detener la tendencia a la baja.

La apuesta de Cs por el nacionalismo español ya le había dado buenos réditos en las elecciones que siguieron al 1 de octubre, en las que Cs se convirtió en primera fuerza en Cataluña. Entonces Vox ni siquiera asomaba en los sondeos. Así que la formación naranja, con Mariano Rajoy en la Moncloa, optó por marcar perfil propio contra el independentismo con el objetivo de mostrar una imagen de mayor dureza que el PP. Reclamó una aplicación estricta del artículo 155 de la Constitución, criticó que el Gobierno y el PSOE renunciasen a intervenir también la radio y la televisión públicas catalanas, planteó una ofensiva sin contemplaciones contra el cupo vasco —piedra angular del autogobierno en Euskadi—, denunció en absoluta soledad el adoctrinamiento al que supuestamente somete la escuela a los niños catalanes y se puso a la cabeza de la manifestación —literalmente— para reclamar la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra.

Entonces Rivera trataba de hacer ver que el PP estaba sometido a la voluntad del PNV e incluso del independentismo catalán al tiempo que reivindicaba como propia la herencia de Adolfo Suárez. Esa doble identidad —el cultivo de una imagen centrista y moderada y el abrazo a algunos de los mensajes más a la derecha del espectro político— no es la única contradicción en la que incurre o ha incurrido Ciudadanos en los últimos años.

Los estatutos originales de Cs proclamaban su carácter socialdemócrata, pero la asamblea del partido decidió en febrero de 2017 reescribir su identidad y abrazar el liberalismo. Después de perder cientos de miles de votos en las elecciones generales de 2015 —en comparación con las europeas de 2014— y de retroceder en las de 2016, Rivera optó por cambiar la identidad del partido y definir a Ciudadanos como “un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista”.

En 2015, cuando Ciudadanos estaba en plena expansión territorial, defendía abiertamente acabar con las penas específicas por violencia machista porque, en opinión de Rivera y sus compañeros de viaje, discriminaban a los hombres por razón de sexo. Exactamente lo mismo que hoy defiende Vox. Las críticas que despertó este enfoque obligaron al partido naranja a abandonarlas en mayo de 2016.

Los titubeos de los naranjas se manifestaron también en relación con la prisión permanente revisable —la versión española de la cadena perpetua— impulsada por el PP como parte del pacto de Gobierno que ambas fuerzas políticas trataron de impulsar en 2016 y que Rivera se comprometió a derogar cuando intentó formar gobierno con el PSOE.

En estos momentos, en cambio, Cs no sólo quiere mantenerla sino que propone endurecer el Código Penal para hacer más difícil el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario —la salida de prisión bajo determinadas condiciones—. Rivera decidió subirse a la ola de alarma social causada por algunos crímenes especialmente graves y pasó a oponerse a la derogación. ¿Su argumento? Prefiere esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su adecuación al ordenamiento jurídico español, tal y como solicitó hace años el PSOE.

Un cambio que ha obligado a Cs a enterrar sus argumentos, como cuando sostenía que “la dureza de la medida no previene los delitos ni sirve para mejorar la seguridad ciudadana real y efectiva”.

Idas y venidas

Las idas y venidas de Cs se hicieron patentes en su corta historia en asuntos tales como el llamado impuesto al sol —en agosto de 2016 quería su derogación, pero en febrero de 2017, apenas siete meses después, apoyó su continuidad— o el modelo de primarias —Rivera apostó en numerosas ocasiones por los fichajes estrella y el modelo de elección quedó en entredicho después de que saliese a la luz un pucherazo en Castilla y León—.

También en la defensa del supuesto derecho a gobernar de la lista más votada, que saltó por aires en 2015 cuando Rivera intentó gobernar mediante un acuerdo con el PSOE. O, ya en 2018, cuando pactó con el PP hacerse con la Junta de Andalucía con ayuda de Vox.

Otro ejemplo revelador: antes de las elecciones de 2016, Rivera llegó a afirmar por activa y por pasiva que nunca facilitaría un Gobierno del PP. En un acto público, uno de los participantes le preguntó expresamente si descartaba abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir”. Rajoy, sin embargo, se convirtió en presidente del Gobierno gracias al apoyo parlamentario que le prestó Ciudadanos y la abstención del PSOE.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que el suyo es un partido "independiente" y el único "de centro y liberal" que hay en España y por ello ha rechazado la opción de que se "diluya" en el Partido Popular, aunque se ha mostrado favorable a alcanzar acuerdos "a izquierda y derecha", según informa Europa Press. 

"Soy la más generosa y partidaria de sumar cuando hay que sumar", pero "Cs sigue siendo un partido independiente", ha declarado durante una entrevista con "elmundo.es".

Así, ha explicado que para las elecciones vascas y para las catalanas propusieron una "lista conjunta constitucionalista" con el PP y el PSOE –aunque al final solo hubo coalición en Euskadi–para hacer frente al las fuerzas nacionalistas.

En cambio, ha apuntado que en Andalucía, donde el PP y Ciudadanos formaron gobierno juntos tras los comicios de 2018, los "populares" intentaron en vano durante décadas echar al PSOE de la Junta y esto solo se consiguió después de que Cs entrara en el escenario político andaluz. "Hay veces en las que ir juntos suma y veces en las que ir por separado suma", ha concluido.

Además, Arrimadas ha señalado que en el Parlamento Europeo hay tres grandes familias políticas, que son los liberales, donde se ubica su partido; los socialdemócratas, donde está el PSOE; y los conservadores, de los que forma parte el PP, y entre los tres grupos llegan a "acuerdos importantes".

"Es normal que Ciudadanos, como el único partido de centro y liberal que hay en España, siga su camino", aunque pueda formar alianzas electorales "en aquellos lugares y circunstancias concretas en las que debemos sumar", ha respondido cuando le han preguntado por una posible coalición con el PP para las próximas elecciones generales.

Acuerdos "a izquierda y derecha"

En su opinión, "la mejor herramienta para sacar del poder" a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es combatir la polarización abriendo "un camino en el centro, moderado", que pueda "tender puentes" y "hacer aflorar a una parte de los votantes socialistas moderados".

En este sentido, ha apostado por que Cs alcance acuerdos "a izquierda y derecha", pero sin que eso signifique "necesariamente diluirte o dejar de ser el partido que eres".

A Arrimadas le gustaría que "el espacio de centralidad en España fuera lo más grande posible", porque cree que eso "es bueno para España", pero que quien quiera votar a la formación naranja pueda seguir haciéndolo, y lo mismo para quien prefiera coger la papeleta del PP o la del PSOE.

Cuando le han preguntado si ve como un acercamiento al PP que el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tenga a este partido entre los clientes de su bufete de abogados, ha contestado que Rivera está ejerciendo su profesión y el hecho de que tenga a "un cliente de unas características" no quiere decir que el bufete se identifque con ellas.

El PP no está en el centro porque Casado lo diga 

Por otro lado, ha afirmado que la ideología del PP no ha cambiado por "un discurso de media hora" de su líder, Pablo Casado, en el Congreso, durante el debate de la moción de censura de este partido contra Sánchez, donde marcó distancias con Vox.

"Una cosa son las estrategias de los partidos y otra es la realidad", ha comentado, argumentando que una formación política no se sitúa en el centro "porque lo diga" su presidente, sino que se ubica en uno u otro espacio en función de su trayectoria y sus programas electorales.

En relación con Vox, la líder de Cs ha señalado que su "discurso antieuropeo", por ejemplo, es una muestra de que "se ubica fuera del espacio de la centralidad", y que en la Eurocámara está con los partidos "populistas".

Aunque ha asegurado que respeta a los votantes de esta formación y ha rechazado que se les tache de "fascistas, franquistas, machistas o racistas", ha reafirmado la decisión de Ciudadanos de no gobernar con ella, aunque puedan ponerse de acuerdo en algunos temas. Sobre las "amenazas" de Vox de hacer caer gobiernos del PP y Cs que dependen de su apoyo parlamentario, ha dicho que el partido de Santiago Abascal deberá explicar por qué lo hace.

Arrimadas ha admitido que le da "pena" que en política se hable tanto de las estrategias de los partidos y de si unos quieren atraer a los votantes de otros, cuando España sufre una pandemia que está causando cientos de muertes cada día y está arruinado a muchos españoles.

Intentar que el Gobierno haga "el menor daño posible"

En este contexto, ha defendido la apuesta de su partido por tender la mano al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para mantener el estado de alarma cuando ha sido necesario, pactar medidas contra el impacto sanitario y económico del coronavirus e intentar pactar los Presupuestos Generales del Estado.

"No me gusta nada este Gobierno, pero van a estar gobernando tres años", así que "vamos a intentar que haga el menor daño posible", ha manifestado, reiterando que ella ha hecho lo que quería que era "lo correcto" y lo va a seguir haciendo, lo que implica "ser útil" a los ciudadanos.

Respecto a los Presupuestos de 2021, que Sánchez finalmente ha aprobado con los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de EH Bildu, en vez de con los de Cs, la diputada ha indicado que si su partido no se hubiera ofrecido a negociar, los PGE incluirían mayores subidas de impuestos.

También sostiene que gracias a Ciudadanos se ha "desenmascarado" al jefe del Ejecutivo, haciendo ver que elige voluntariamente pactar con los independentistas, y ha reconocido que tras los comicios de abril su partido debió haber "mostrado mejor" a los españoles que Sánchez "jamás quiso un gobierno con Cs porque quería ir a segundas elecciones.

Las promesas rotas de Sánchez a los votantes del PSOE

Al hilo de esto, la presidenta de Ciudadanos ha dicho que hay "mucha gente" entre quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones generales que "no están de acuerdo con las barbaridades" que ven, como que Sánchez pacte los Presupuestos con partidos con los que en la campaña electoral aseguró que nunca pactaría.

"Ganó las elecciones prometiendo que iba a traer detenido a (Carles) Puigdemont, que iba a tipificar como delito los referéndums ilegales y que no iba a pactar jamás con Bildu", y "yo quiero que no le salga gratis romper esas promesas", ha declarado.

Arrimadas ha explicado que su intención es construir una alternativa al Ejecutivo actual porque está convencida de que "hay una mayoría social", en la que incluye a "muchos votantes socialistas", que "no quieren esto para España".

"Quiero que todos los españoles vean que hay una vía moderada de alguien que en medio de la pandemia no está pensando en conservar poder a toda costa, que es lo que hace el PSOE, o en estar cómodamente en la oposición sin hacer nada, diciendo 'que estos destrocen España, que luego me van a votar a mí', que es lo que están haciendo otros partidos de la oposición", ha destacado.

Subida de Ciudadanos en el CIS

Por último, sobre el sondeo que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indica que la intención de voto a Ciudadanos sube del 6,8% de las elecciones de noviembre al 10,5%, ha dicho que no se va a "dejar llevar" por las encuestas, "incluso si son buenas".

"Voy a hacer en cada momento lo que crea correcto", aunque "el sentido de Estado implique dificultad", ha manifestado, señalando que desde que llegó a la Presidencia de Cs, el partido sigue una "tendencia de recuperación y creciente" en los estudios demoscópicos.

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, ha descartado este lunes la posibilidad de participar en la campaña de la formación naranja para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña porque, aunque desea "lo mejor" al partido, cree que uno de los aspectos positivos de no estar ya en política es no tener que hacer campañas electorales.

"Yo quiero una mayoría constitucionalista y le deseo lo mejor a Ciudadanos. Si no se puede conseguir el resultado que conseguimos la última vez, que por lo menos nos acerquemos al máximo. Pero no voy a hacer campaña. No por nada, sino porque me parece que una de las ventajas de no estar en política es no tener que hacer campaña", ha declarado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha recordado que tampoco se le ocurrió "aparecer por Galicia o por el País Vasco" para los comicios del pasado julio en estas comunidades y ha avanzado que no actuará distinto en el caso de Cataluña, pese a ser su tierra y su "cuna política". "Yo creo que las campañas les corresponden a los cargos públicos", ha añadido.

Espera poder votar a Cs por muchos años

A la pregunta de si la próxima vez que acuda a las urnas votará a Cs —para las elecciones generales, porque en Cataluña no vota al estar empadronado en Madrid—, ha respondido: "Espero poder votar a Ciudadanos y por muchos años".

"Lo que pasa es que entiendo también que cuando uno deja la política y la trinchera, las siglas, el carnet, eres más libre", ha manifestado al indicar que ahora, al no liderar Cs, ya no representa al partido y a sus votantes y tiene la "ventaja" de poder hablar solo en su nombre.

Así, ha afirmado que seguirá opinando sobre la situación en España cuando le apetezca o lo crea conveniente y lo hará "sin las siglas en la boca". Por su experiencia, considera que estando al frente de un proyecto político "te cargas de responsabilidad y quizá pierdes algo de libertad, de frescura, de independencia, de salirte del guion".

No aceptará ningún cargo político

Sobre la posibilidad de aceptar algún cargo político o un puesto en una fundación, por ejemplo, si se lo ofreciera el Partido Popular, Rivera lo ha descartado. Tras destacar que pudo ser vicepresidente del Gobierno (con Mariano Rajoy) y no quiso porque su deseo era ser presidente para poder "transformar España", ha subrayado: "No tengo intención de volver a la política, y mucho menos por buscar un cargo".

En este sentido, el exdiputado se ha reafirmado en su decisión de dimitir y abandonar la política tras el hundimiento de la formación naranja en las elecciones generales de noviembre de 2019, al señalar que no se veía ocupando su escaño en el Congreso "simplemente por calentar banquillo" o "por cobrar un sueldo".

"Yo tenía un proyecto para España, que era superar las rencillas de las dos Españas, hacer un proyecto reformista y renovador, no pactar con los partidos radicales e independentistas y gobernar entre los constitucionalistas", y todo eso "se desvaneció con ese batacazo electoral", ha argumentado.

Respecto a las declaraciones que hizo a mediados de noviembre y en las que muchos medios de comunicación vieron una crítica a la decisión de la actual presidenta de Cs, Inés Arrimadas, de buscar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez —sobre que uno puede ser "flexible" pero también debe "tener dignidad"—, Rivera ha reiterado que no se refería a Arrimadas, sino que hablaba de su posición cuando dimitió.

Algunos no querían ver que Sánchez no pactaría con Cs

En este contexto, ha insistido en que no se equivocó cuando avisó de que Sánchez no quería un acuerdo con el PP y con Ciudadanos y que su idea desde el principio era gobernar con Unidas Podemos y pactar con partidos independentistas.

"Desde la moción de censura" a Rajoy "hasta hoy, ha tenido un comportamiento previsible y coherente. Otros no lo han querido ver. Hay gente que no quiere entender que Sánchez tiene un plan. Yo lo vi y lo conté y o no me entendieron o no me hice entender", ha declarado.

Según ha manifestado, a él no le pueden "contar la milonga" de que Sánchez "está obligado a hacer no sé qué", ya que si hubiera querido, el jefe del Ejecutivo podría haber convocado "unos Pactos de la Moncloa" con el PP y Cs.

A su juicio, no lo hace "porque tiene un plan y sus socios son los que son": "No es que haga falta poner en evidencia a Sánchez, es que él solo se ha puesto en evidencia durante tres años". Lo que ha venido defendiendo Arrimadas es que gracias a su ofrecimiento para pactar los Presupuestos se ha visto que si Sánchez coge la vía de Bildu y ERC "es porque quiere, no porque no tenga otra opción".

Rivera, que ahora preside un despacho de abogados, ha comentado que para él Ciudadanos es "como un hijo" y quiere que le vaya bien porque en España "hace falta un partido liberal, un partido de Estado". Pero ha evitado juzgar las decisiones de su actual Ejecutiva y su líder, que, según ha dicho, "deben tomar decisiones libremente", sin que nadie desde fuera intente "tutelar": "No voy a hacer ese tipo de injerencia porque me parece poco respetuoso".

El PSOE legitima las ideas de Podemos

Por otro lado, ha pronosticado que Sánchez, ahora que ha aprobado sus Presupuestos junto a los socios de la investidura, "tiene gasolina para agotar la legislatura" y va a tener "una mayoría sólida o, por lo menos, previsible durante los próximos años". "Creo que este Gobierno se va a perpetuar todo lo que pueda", ha afirmado tras apuntar que no ha visto a nadie en política con "el sentido de tenencia del poder" que ve en el actual presidente.

El exlíder de Ciudadanos sostiene que en Podemos "son claros" en su pretensión de "liquidar la democracia parlamentaria" e instaurar "las ideas de una república popular al estilo chavista" para tener "una economía intervenida, controlar a los jueces" y celebrar "un referéndum de independencia" en Cataluña.

Pero "el drama nacional es que un partido que había sido clave para asuntos de Estado como el PSOE y un presidente del Gobierno como es Pedro Sánchez de alguna manera juegue con todo esto y lo legitime para seguir en el poder", ha lamentado.

A veces, no es fácil determinar qué es lo que realmente hay que hacer en mitad de una tormenta política. Suele ser más sencillo decidir al menos qué es lo que no se debe hacer de ninguna manera. Los diez diputados de Ciudadanos tienen que resolver un interesante dilema en estas próximas semanas. Deberán elegir qué priman, si sus propios intereses o lo que le invitan a hacer las fuerzas que trabajan activamente por su desaparición.

De cara a la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, por parte de Ciudadanos estamos asistiendo a un escenario absolutamente insólito. Es muy difícil encontrar un caso similar. Sus dirigentes contemplan la posibilidad de hacer exactamente lo que desean todos sus enemigos. Es raro encontrar consenso entre fuerzas ideológicas rivales de signos opuestos. Sin embargo, en este caso hay coincidencia absoluta.

Una reordenación del mapa a derecha e izquierda

La votación sobre los PGE va a tener en esta ocasión una especial trascendencia. Las estrategias de todos los partidos se entrecruzan en un momento particularmente delicado. A diferencia de las últimas ocasiones, la aprobación de un nuevo marco económico parece que va a salir adelante. Sin embargo, lo que pueda ocurrir implicará significativos cambios en las relaciones existentes entre los diferentes partidos. Como ejemplo, basta citar la hábil jugada de Unidas Podemos de conseguir el apoyo de EH Bildu y ERC que ha abierto un nuevo escenario en la izquierda a nivel nacional.

Como parece lógico, cada partido se mueve en defensa de sus intereses. No hay duda sobre lo que pretenden Vox y el PP. El movimiento de UP también parece fácil de analizar. La situación del PSOE tiene una simple lectura. Sin embargo, lo que no termina de quedar claro es lo que quiere realmente Ciudadanos. Sus movimientos resultan poco firmes. Su indefinición pone en duda su actual posicionamiento. En política, transmitir duda e inseguridad nunca es bueno. En el caso de Ciudadanos aún puede ser más grave, debido a que esa es la mayor acusación que sus críticos lanzan sobre ellos.

Casi todos quieren acabar con Ciudadanos

Todos los que buscan la desaparición y el oprobio público de Ciudadanos desean fervientemente que voten contra los Presupuestos del Gobierno de coalición. Da la sensación de que el partido de Inés Arrimadas considera como su mejor opción hacer exactamente lo quieren los que buscan su aniquilación. En la derecha, Vox ansía recuperar el triunvirato para acabar dominándolo. El PP necesita que Ciudadanos acepte volver bajo su manto protector y se convierta en un partido a su servicio. Tanto Vox como el PP celebrarían con alborozo las exequias de los naranjas.

En la izquierda, UP ha convencido a EH Bildu y a ERC de que si apoyan los PGE podrán expulsar a Ciudadanos de la mayoría parlamentaria. Si realmente Inés Arrimadas desea perjudicar a Podemos y a los independentistas vascos y catalanes, nada les haría más daño que compartir el voto con todos ellos. El único partido que desearía que Ciudadanos votara a favor es el PSOE, que busca obtener una mayoría de apoyo lo más amplia posible. Además, aspira a consolidar una coalición de intereses transversal y diversa que impida chantajes puntuales de alguna fuerza minoritaria en momentos críticos. Es evidente que al PSOE le interesa la subsistencia de un Ciudadanos abierto a pactos.

El papel que Ciudadanos no desempeña

La existencia de una fuerza que se moviera fuera del esquema de la polarización convencional podría ser enormemente positiva. En un modelo pluripartidista, con el incierto peso que tienen las formaciones nacionalistas, se corre el peligro de llegar a menudo a situaciones de bloqueo institucional. No hace falta dar ejemplos en el caso español. Los vivimos frecuentemente. Cada vez que se acaba en el establecimiento de bloques enfrentados que no encuentran cauce alguno para el acuerdo es cuando más se echa de menos la existencia de un grupo apoyado por la sensatez que ayudara a salir de los atascos. Albert Rivera decidió que eso nunca sería lo que hiciera Ciudadanos. Y así acabó.

Suena a discurso utópico y algo infantil, pero no por ello deja de ser interesante: la idea de un territorio político que pudiera ejercer de árbitro razonable en situaciones de abierto conflicto. Parece evidente que existe una parte de los electores, no especialmente ideologizados, que tenderían a sentirse cómodos en ese espacio. Es posible que nunca se convirtieran en una fuerza mayoritaria y, por ello, nunca ganaran unas elecciones. Sin embargo, su papel podría ser de una trascendencia clave en la gobernanza del país.

De la desmedida ambición de Rivera a la parálisis

A Albert Rivera le pudo su ambición personal, muy por encima de lo que su partido y España necesitaban. Vio la posibilidad de superar al PP tras la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy. Un Partido Popular envuelto en una red de corrupción sistémica y sin liderazgo parecía, según las encuestas, una pieza abatible. Rivera tomó la decisión de abandonar el espacio abierto en el que se podía desenvolver y se lanzó hacia la conquista de la derecha. Ya sabemos cómo acabó la aventura: en un almacén de desguaces.

Inés Arrimadas planteó la posibilidad de cambiar el rumbo hacia el abismo que el partido había tomado. Aprovechó la emergencia sanitaria para enarbolar un discurso constructivo de primar el interés nacional por encima de los bloques partidistas. Su apoyo al estado de alarma le permitió, casi de un plumazo, romper con la tristemente célebre foto de El Trío de Colón. Sin embargo, pasado ese momento, da la sensación de que Ciudadanos se ha congelado en el tiempo sin saber muy bien cómo evolucionar.

El giro planteado por Pablo Casado en la reciente moción de censura presentada por Vox cayó como un jarro de agua gélida en la formación naranja. Si el PP rompía en apariencia su confraternidad con la ultraderecha, la reubicación de Ciudadanos podía correr peligro. Los populares podían convertirse en una amenaza competitiva en el espacio del centro derecha. En estas últimas semanas aparece una Inés Arrimadas dubitativa, sin dejar nunca clara cuál va a ser su posición en el futuro inmediato.

El Partido Popular ha contratado al bufete de abogados del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres, según ha informado el despacho Martínez-Echeverría&Rivera Abogados.

El Mundo publica este lunes que el presidente del PP, Pablo Casado, ha contratado al bufete de Rivera, que será el encargado de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña el 9 de septiembre que establece limitaciones a las rentas de los contratos de alquiler, según recoge Europa Press.

La dirección letrada del recurso correrá a cargo del Departamento de Derecho Público de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, liderado por el abogado del estado en excedencia, Juan José Zabala.

Desde el bufete apuntan que la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña "contraviene preceptos legales fundamentales" recogidos en la Constitución española.

De hecho, aseguran que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña emitió un informe sobre el borrador de la norma, "y ya consideró que excedía de las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto".

"Esta ley también ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario ya que interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler", ha señalado desde el despacho de abogados del expresidente de Ciudadanos.

El giro de Ciudadanos lo resiste todo. Al menos de momento. Si hace poco más de un año la formación naranja rechazaba cualquier clase de acuerdo con el PSOE y los que Albert Rivera e Inés Arrimadas llamaban “Sánchez y su banda” —en referencia a Unidas Podemos y a los nacionalistas e independentistas–, ahora Cs se resiste a poner en peligro la negociación presupuestaria incluso aunque el Gobierno haya dejado clara su disposición a tomar medidas que, en la práctica, facilitarán que los dirigentes soberanistas encarcelados no tengan que cumplir la totalidad de las penas a las que fueron condenados.

Ese simple hecho hubiese sido utilizado el año pasado por Rivera —y también por Arrimadas, que en aquellas fechas daba soporte a la estrategia de cordón sanitario decretada por el hoy expresidente de Cs— como una demostración de lo acertado que era cerrar todas las puertas a Sánchez.

El año pasado Arrimadas, hoy presidenta de Ciudadanos, difundía con entusiasmo el ideario marcado por su jefe: desde que “la banda de populistas y nacionalistas quieren que siga Sánchez”; a que “se ha demostrado que con Sánchez no se puede ir a ningún lado porque él es parte del problema”.

Desde que la sucesora de Rivera decidió aprovechar la excepcionalidad de la pandemia para virar el rumbo de su partido distanciarse del PP y de Vox y abrirse a llegar a acuerdos con Sánchez, son ya muchas las líneas rojas que se han desdibujado. Asuntos que antes tenían suficiente entidad como para que los naranjas enterrasen cualquier acercamiento a los socialistas pero que ahora, necesitados como están de consolidar la estrategia de visibilizar la utilidad de sus diez diputados, pasan por alto.

Es el caso de la disposición del presidente a dar continuidad a la mesa de diálogo sobre Cataluña. O del Ministerio de Justicia a dar trámite a las solicitudes de indulto que ha recibido para los presos del procés. O de la decisión del PSOE y del Gobierno de sentarse a negociar los Presupuestos con EH Bildu, a quienes los naranjas —como PP y Vox— siguen considerando herederos de ETA. Por no hablar de los traslados de presos de la desaparecida banda terrorista a cárceles más cercanas al País Vasco o del proyecto de reforma del Código Penal que, si se lleva a cabo, reducirá notablemente las penas por las que fueron condenados los dirigentes del procés sentenciados por el Tribunal Supremo.

Arrimadas y sus portavoces, en particular Edmundo Bal, no han bajado el tono de su oposición a Sánchez en estos asuntos. Sus críticas a la política del Gobierno en relación con Cataluña, por ejemplo, son muy semejantes a las de PP y Vox. Pero en todas y cada una de sus intervenciones, al menos hasta ahora, han evitado cuidadosamente condicionar el diálogo sobre los Presupuestos —vital para Sánchez pero también para consolidar su relato de partido útil— a un cambio de rumbo del Ejecutivo en alguno de estos asuntos.

El equilibrio no resulta fácil. Desde que Arrimadas ordenó el cambio de rumbo han sido muchos y muy sonados los portazos de dirigentes clave de la anterior etapa, incluidos algunos de los fichajes estrella de Rivera.

El líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, admitió este jueves la incomodidad de su partido con los planes del Gobierno para reformar el delito de sedición y la decisión de la tramitación de indultos para los presos del procés. Pero confirmó que seguirán apostando por negociar los Presupuestos.

“Es horrible”, declaró a la emisora conservadora EsRadio. “El Gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta nada, no ayudamos a su formación, no estuvimos en su investidura. Y si ahora estamos en el apoyo a los Presupuestos es por el bien de los españoles”, se justificó. A Cs, añadió Carrizosa, le cuesta afrontar esta situación porque siempre se han opuesto con firmeza, dijo, a los “condicionamientos del totalitarismo independentista”.

Tarde para “romper la baraja”

El dirigente naranja trató de separar dar soporte a los Presupuestos, sin el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez corre el riesgo de caer, y el hecho de que el Gobierno y sus socios “quieren modificar el modelo de Estado”

“Creo que no podemos a estas alturas romper la baraja”, se resignó. “Están tensionando mucho el tránsito de esta negociación, pero para romper siempre estamos a tiempo”.

Buena prueba de las dificultades internas que está provocando la estrategia de Arrimadas son las declaraciones que este mismo jueves hizo el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, advirtiendo públicamente a su sucesora de que el presidente del Gobierno, según él, “no es de fiar” y que su plan a largo plazo es seguir pactando con Unidas Podemos y alcanzar acuerdos con los partidos nacionalistas.

“No voy a tutelar lo que tiene que hacer Ciudadanos”, declaró, para a renglón seguido proclamar que no va a permanecer callado. No “voy a dejar de decir lo que opino. Creo que Sánchez no es de fiar y que no es que esté obligado a pactar con los nacionalistas y Podemos, es que es su plan para mantenerse en el poder una década”.

Rivera no ahorró calificativos para describir la situación política en estos momentos. España está asistiendo a “un asalto al Estado de Derecho, que está en jaque” porque el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a indultar a los presos del procés, cambiar el Código Penal “para beneficiarles” e impedir que el rey asista a la entrega de despachos a jueces en Barcelona.

El exlíder naranja, hoy destacado miembros del bufete de abogados madrileño Martínez-Echeverría-Rivera, evitó criticar directamente la estrategia de su sucesora pero evidenció su discrepancia a afirmar que lo que está pasando confirma su teoría de que Sánchez quería ejecutar un plan con los que él llamaba “banda”, en referencia a Unidas Podemos y a los partidos nacionalistas e independentistas. “No estábamos locos, estábamos viendo lo que iba a suceder y lo contamos antes que otros”. “Díganme si no son una banda Bildu, los golpistas sediciosos en Cataluña y los que quieren desmontar la monarquía parlamentaria y organizar una República sin contar con la mayoría de los españoles", enfatizó en una entrevista emitida por la cadena católica COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española.

Rivera se confesó “alucinado”por “la paciencia, el conformismo y las tragaderas” que, a su juicio, tienen los españoles con el Gobierno de Sánchez, sin citar la disposición de su propio partido negociar los Presupuestos. La referencia crítica más directa que hizo a Arrimadas es que él no se metió en política “para despodemizar a Sánchez”, sino para “liderar un nuevo proyecto para este país”, una alusión directa a la voluntad de la nueva líder de Cs de pactar con el PSOE para reducir la influencia de Unidas Podemos.

"Yo prefiero estar en mi casa y dormir tranquilo, que no tener que legitimar indultos, el cambio del Código Penal, las negociaciones con [Quim] Torra o subidas de impuestos a las clases media”, criticó.

El presidente de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha anunciado este jueves su decisión de abandonar la política, darse de baja de Ciudadanos y entregar el acta de diputado en la Asamblea por la formación naranja, debido a sus "discrepancias" tanto en la elección de órganos del partido como sobre los pactos alcanzados tras las elecciones del pasado año en ayuntamientos y comunidades, informa Europa Press.

En rueda de prensa este jueves en Mérida, Cayetano Polo ha recordado que ya en el mes de enero planteó sus "discrepancias respecto a cómo se debían elegir los órganos del partido", que en su opinión debería hacerse a través de la votación de los afiliados, y el viernes pasado trasladó a la dirección nacional del partido su decisión de renunciar a todos sus cargos orgánicos del partido.

Polo ha explicado que fue "crítico" sobre "las formas en que se llevaron a cabo los pactos el año pasado tras las municipales y autonómicas", aunque siempre "respetando cómo terminaron esos pactos y los acuerdos a los que se había llegado", por lo que "al final se acumulan distintas discrepancias", ha explicado.

"Yo entré en política para defender fundamentalmente la libertad, y necesito sentirme libre para poder defender la libertad", ha señalado Cayetano Polo, quien ha aseverado que "todo lo que podía aportar" o lo que le han "permitido aportar" lo ha "estado haciendo hasta ahora con la mayor dignidad posible, con errores y con aciertos", ha dicho.

Por este motivo, ha avanzado que "en los próximos días" entregará su acta de diputado por Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, tras lo que abandonará la política y cerrará "una etapa para volver a la sociedad civil", de donde salió en 2014 para integrarse en Ciudadanos.

Según ha explicado, cuando llegó a Ciudadanos consideraba que "era el mejor proyecto, y el que permitía defender mejor los valores que admiro, fundamentalmente el de la libertad", tras lo que ha querido agradecer al expresidente de la formación naranja Albert Rivera, y a la dirección del partido, por que "durante muchos años" le devolvieron "la ilusión de que una sociedad diferente es posible", y ha añadido que las "discrepancias se dan en todos los partidos, las instituciones y colectivos".

Cuando Pablo Casado obtuvo sesenta y seis diputados en abril de 2019, parecía claro que a poco que pasara el tiempo y volviera a quedar clara la gobernabilidad pepera en Galicia se vería relegado a otras posiciones, ya que, su llegada al liderazgo del Partido Popular fue un acto de negacionismo hacia Sáenz de Santamaría, y cualquier otro que se hubiese presentado en esa simulada final hubiera conseguido el cetro de Génova. En un partido de corte presidencialista, donde parece ser que la autoridad no se gana si no que viene dada con el cargo, se veían muchas fisuras entre lo que salía de la central del PP y lo que se oía en otras periferias autonómicas de color azul. La llegada como un kamikaze y su forma de hacer la goma con la extrema derecha no presagiaba ningún tipo de homogeneidad en una formación que siempre ha parecido un bloque a la hora de hacer política, más allá de la forma de ingresar dinero en sus arcas.

El desaparecido Rivera tenía la oportunidad de oro de emerger y desbancar al compañero del bipartidismo imperfecto del PSOE. Pero su vanidad desmesurada y su falta de experiencia le hicieron salirse de ese guion establecido a priori, para gobernar junto a su odiado rival, Sánchez, y con ello forzó un teatrillo entre socialistas y podemitas que no con menos ambición, daban por hecho una coalición de gobierno sin tener que contar con el independentismo en unos segundos comicios. De esta forma, Casado se encontró con la oportunidad de disimular sus números y poder aparentar cierta holgura, mientras se jactaba de poder dirigir el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a pesar de todo. Lo cual, sumado a llevar la contraria a cualquier cosa que saliera de Moncloa, seguridad sanitaria para los españoles incluída, ha hecho más llevadero todo este período, que se va ya al año y medio.

Aconsejado supuestamente desde FAES hasta para cambiar de imagen, no ha sido capaz de dar nunca una impronta de liderazgo, capaz de llevar la iniciativa política en ningún momento, viéndose abocado siempre a desmentir su no preparación, máster aparte; y a remolque siempre, de lo que originaban sus barones y/o su portavoz parlamentaria, también del sector aznarista. Pretender ser moderado y permitírselo todo a Vox. Dejar los temas de Estado lejos, mientras se arrogaba eternamente lo de jefe de la oposición, esa que nunca ha puesto en funcionamiento con visión de futuro, acechado por mucho que lo negara por su relevo en Génova a manos de Feijóo. Subir y bajar al mismo tiempo, una cosa de día y la contraria de noche.

La verdad es que desde el principio ha tenido la mirada encima de todo el mundo y nunca ha sido capaz de situarse como un personaje de altura, y fajarse un sitio privilegiado para unas posibles elecciones, después de haber perdido unas cuantas. Las encuestas no se prevén magnánimas con su formación, de ahí los movimientos de su secretario general con el presidente Zapatero, de cara a un posible pacto de estado en el futuro, si la pandemia sigue hundiéndonos en el lodo económico. Los números hablan de un leve repunte naranja y de una OPA hostil de la extrema derecha, que tiene la voluntad de hacer lo que el deseado Albert no fue capaz, arrinconar a un partido formado por una amalgama de facciones.

La vuelta al redil del espacio denominado por Cayetana como liberal conservador, intentando dotar de personalidad propia y legitimidad ideológica, a los populares; adolece de una persona con carisma y confianza infinita de los suyos, para situarse otra vez en una escena de futuro bipartidismo, deseado por ambos partidos. Si bien el PSOE, va a aprovechar el tirón de la fragmentación de la derecha todo lo que pueda. Pablo Casado no ha conseguido ser nada nuevo, nada distinto y, sobre todo, nada aglutinador de todas las corrientes que habitan en el Partido Popular.

Sólo le queda la posibilidad de acercarse al PSOE todo lo posible, como partido que ya ha gobernado, y el acuerdo del Poder Judicial es un primer paso; para quizá empezar a creer que poco a poco restará espacio a la ultraderecha y ahuyentará el voto naranja. Aunque las elecciones quedan demasiado lejos y las demás formaciones tienen los cuchillos entre los dientes. Siendo diana fácil para Abascal y Sánchez, pareciera un enfermo crónico que tiende a degenerativo y tal vez a la reafirmación de forma mayoritaria de Feijóo, haya sido algo así como una sedación a la espera de un final en cualquier momento. Lo que está claro es que la asunción de su derrota al cesar a Álvarez de Toledo, a pesar del clamor de sus barones, confirma todo lo descrito anteriormente; y la exportavoz, se ha encargado de enchufarlo a la máquina de soporte vital, por lo que la vida política del palentino ya sólo va a ser “vida artificial”.

La magistrada del Juzgado de Instrucción numero de 4 de San Sebastián ha procesado a un total de 23 personas por su participación en el "boicot" de "motivación ideológica" a un acto electoral de Ciudadanos el 14 de abril de 2019 en la localidad guipuzcoana de Errenteria. La juez considera que los encausados podrían haber cometido delitos electorales y contra el orden público. El entonces líder de Cs, Albert Rivera, que participó en el mitin, junto a la número dos a las europeas, Maite Pagazaurtundua, y otros, presentó denuncia ante la Fiscalía, y acusó a EH Bildu y a Sortu de estar detrás del "acoso" sufrido por militantes y simpatizantes de su partido durante este acto electoral.

Un importante número de personas rodeó la Plaza de los Fueros del municipio guipuzcoano, donde se celebraba el mitin, e insultaron y profieron gritos amenazantes contra ellos, lo que obligó a la Ertzaintza a intervenir y cargar contra los manifestantes tras el acto.

Rivera aportó como pruebas varios vídeos y fotografías que muestran pancartas amenazantes, cuentas de Twitter y de otras redes sociales, así como varias imágenes e informaciones de aquel día difundidas por varios medios de comunicación.

La juez instructora, tras concluir las diligencias previas, ha dictado un auto, en el que considera que existen "indicios racionales de criminalidad" de que los investigados podrían haber incurrido en delitos contra el orden público y delitos electorales.

De esta forma, relata que el 14 de abril de 2019, en la localidad guipuzcoana de Errenteria, con ocasión de la celebración de un acto de campaña de elecciones generales de Ciudadanos, partido "minoritario en militancia, votos y presencia" en el País Vasco, en Gipuzkoa en general, y en ese municipio en particular, se promovió "un boicot".

La resolución judicial señala que, en este boicot, hubo una "alta presencia de personas, no coordinadas expresamente entre sí", pero aprovechando "la multitud, llevaron distintas acciones individuales que, sumadas, tenían fuerza e intención intimidatoria, e impidieron la correcta celebración del acto electoral, legítimamente autorizado, y la llegada y salida de los participantes en el mitin como asistentes y como ponentes".

La magistrada describe la actuación de cada uno de los imputados, y asegura que ninguno de los investigados quería que el acto se celebrara y, por tanto, "con su presencia en la muchedumbre en la calle, con sus gritos e insultos, favorecieron e hicieron" que éste no se desarrollara con normalidad.

En este sentido, recuerda que "obligaron a la actuación de los agentes de la Ertzaintza, dado el ambiente intimidatorio y hostil contra todos los asistentes al mitin, alteraron el orden de la calle, y vulneraron los derechos de participación política en periodo electoral, utilizando la intimidación ambiental para ello, la cual alimentaron con sus propias conductas con una clara intencionalidad de desprecio a la ideología de los asistentes".

Los investigados, que no han negado su presencia en el lugar y fueron identificados por la Ertzaintza, han reconocido su actuación y las expresiones que profirieron, pero "han justificado esa conducta como 'de responsabilidad individual', al margen de cualquier acción coordinada con otros, y como algo espontáneo, no previsto ni buscado". Por ello, la juez afirma que será en el acto del juicio oral donde se evaluará su "intencionalidad" y sus "justificaciones exculpatorias".

Cacerolada y otras actuaciones

La resolución judicial precisa que varios de los inculpados, "indignados por el discurso político" de Cs, participaron en una cacerolada desde los balcones que daban a la Plazas Fueros para impedir que se oyeran las intervenciones. También otros profirieron gritos desde diferentes lugares de la plaza contra los discursos de los dirigentes de la formación naranja, para que no se les pudiera escuchar.

Algunos más impidieron, con su presencia, junto a otras "muchas personas", que el operativo policial cortara la calle, escupieron, hicieron la peineta, cortes de manga y gritaron "faxistak Kanpora (Fuera los facistas)" o "Zuek Faxistak zarete terrorristak, hiltzaileak (Vosotros, fascistas, sois los terroristas, asesinos)", "Iros a España", y otros insultos, al paso de los coches de los dirigentes de Ciudadanos cuando abandonaron el lugar.

En concreto, el coche de Albert Rivera, quien fue especial objetivo de los insultos, recibió una patada por parte de uno de los investigados. Asimismo, la juez considera que los investigados contribuyeron a dificultar las labores de contención de la Ertzaintza para que los seguidores de Ciudadanos pudieran circular, y llegaron a lanzar una botella de agua contra un agente. Otro ertzaina fue empujado y resultó arrollado por un vehículo.

Preparativos del boicot

Para la titular del Juzgado de Instrucción numero de 4 de San Sebastián, "pese a que no se ha podido acreditar y se ha negado por todos" los ahora procesados "que participaran activamente en la promoción y preparación del boicot al acto electoral, colocación de lazos, pancartas, posters, pintadas, o llamamientos en redes sociales, no se puede aceptar que no conocían el acto, o se lo encontraron sin más".

"Un acto electoral de estas características se prepara con tiempo, y los llamamientos a su boicot, a la movilización ciudadana, y los carteles y pintadas llevaban mucho tiempo en la calle, y redes sociales, y no podía sorprender a nadie", asegura.

A su entender, "la actuación de cada investigado individualmente considerada podría no entenderse grave o incluso típica, pero contribuyeron, en su conjunto, al ambiente de intimidación a los electores y a los asistentes al mitin, impidió su desarrollo con normalidad, lo que supuso una vulneración grave de los derechos electorales de todos ellos".

"La actuación de cada uno de ellos se realizó al amparo y con el refuerzo de la multitud para evitar la responsabilidad personal, socializando el resultado final. Fue tanta la afluencia de gente del pueblo en las calles para 'ver' el acto y 'recibir' a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un dispositivo ad hoc, con agentes de otros lugares para evitar incidentes, y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo", subraya.

Motivación ideológica

Además, apunta que "no se puede obviar la motivación ideológica que muchas de estas conductas tuvieron, en atención al rechazo de las ideas que representaba" Ciudadanos. En esta línea, indica que los investigados aseguran que el acto era "una provocación" y que "increparon a las personas con bandera española". Uno de ellos, añade que "le pasaron delante de la cara una bandera española y se ofendió".

La magistrada considera que los encausados han podido incurrir en delitos electorales regulados en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y delitos contra el orden público.

En su opinión, existen "razones fundadas para efectuar" la imputación, aunque sin prejuzgar la calificación jurídico penal que efectúen las acusaciones. Contra el auto, notificado el 4 de junio, cabía recurso de reforma, a presentar en un plazo de tres días, y de apelación, a formalizar en cinco días.

Albert Rivera celebra el procesamiento y pide "justicia"

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha celebrado la noticia  y ha reclamado que "se haga justicia". "Aquel día nos amenazaron e intentaron coaccionarnos para que no ejerciéremos nuestras libertades, por el hecho de defender la unión de los españoles. Que se haga justicia", ha escrito Rivera en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha sido compartido por el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.

Otro de los cargos de Cs que estuvieron ese día en Errenteria, el portavoz en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez, ha pedido justicia y ha reivindicado los valores de "libertad, igualdad y unidad". "Nunca olvidaré los ojos inyectados en sangre por el odio, ni los insultos, ni las amenazas, ni al Carnicero de Mondragón pavoneándose entre la jauría que azuzaba contra nosotros", ha manifestado en Twitter.

Asimismo, la exdiputada María Luisa Alonso –que acudió al acto en la localidad guipuzcoana como candidata al Congreso por La Rioja– ha recordado "el acoso, los gritos y los gestos de odio" que sufrieron Rivera y los demás representantes de Ciudadanos. "Pero también recuerdo tu discurso, el de Joan Mesquida, Fernando Savater y, especialmente, el de Maite Pagazaurtundua, que se dirigió a ellos con la valentía de quien habla con la verdad, de quien conoce el dolor", ha señalado.

Así se ha referido a las demás personas que intervinieron en el mitin: la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, como número dos de la candidatura de Cs a los comicios europeos de mayo de 2019, el filósofo y escritor Fernando Savater y el exdirector de la Policía Nacional y la Guardia Civil Joan Mesquida, entonces cabeza de lista al Congreso por Baleares.

El exdiputado y exsecretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas ha fichado por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, presidido desde principios de marzo por el expresidente de Cs Albert Rivera. En el caso de Villegas, su puesto es el de vicepresidente ejecutivo, según ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Twitter.

"El 15 de marzo me incorporé al despacho Martínez-Echevarría. Alcancé un acuerdo en febrero y me hace mucha ilusión volver a la abogacía y afrontar este nuevo proyecto profesional como vicepresidente ejecutivo. En este difícil momento, con el empuje de toda la sociedad saldremos adelante", ha escrito.

El que fuera 'número dos' de Albert Rivera en la formación naranja, donde le acompañó desde los inicios en el Parlament de Cataluña, comunicó su intención de dejar el cargo el pasado 21 de noviembre. Lo hizo diez días después de que Rivera dejara la política tras la debacle sufrida por Cs en las elecciones generales, donde perdió 47 escaños.

A ambos les une una estrecha amistad y, cuando Villegas dijo que se iba, Rivera le dedicó unas palabras en Twitter, describiéndolo como "un trabajador incansable y una de las mejores cabezas" que ha conocido "para la negociación de acuerdos y para la política".

El ya exsecretario general decidió continuar temporalmente en este cargo en la Gestora que se formó entonces para facilitar el periodo de transición en Ciudadanos hasta la elección de una nueva dirección y la celebración de una Asamblea General extraordinaria. El partido cuenta ya con una nueva presidenta, Inés Arrimadas, y el congreso se celebrará telemáticamente el 30 de abril.

Tras su dimisión, la primera vez que Albert Rivera compareció públicamente fue el 2 de marzo, para informar de su incorporación al despacho Martínez-Echevarría. Tanto él como Villegas han reconocido que la dirección de Cs cometió errores que contribuyeron al hundimiento en las urnas, pero nunca han explicado cuáles creen que fueron esos errores.

Por enorme que sea la distancia ideológica o partidista entre derechas e izquierdas, debería resultar obvia la necesidad de llegar a acuerdos básicos en esa nonata Mesa de Reconstrucción Económica y Social del país cuya incierta andadura se ha iniciado este jueves con los primeros contactos entre el Gobierno y los grupos parlamentarios. ¿Debería Pedro Sánchez haber actuado de otro modo a la hora de compartir decisiones clave en la gestión del estado de alarma? Probablemente. Pero no nos engañemos: el consenso político imprescindible para salir de la crisis más compleja que hemos afrontado en España las generaciones (todavía) vivas depende fundamental y casi exclusivamente de Pablo Casado. Y para ello el líder de la derecha tendría que asumir y romper definitivamente con el pecado original que persigue obsesivamente a su formación. Me explico (o al menos lo intento).

Es una lástima que la absurda (y peligrosa) formulación de la pregunta sobre los bulos y las “fuentes oficiales” sirva para ignorar o despreciar lo que más importa del barómetro especial del CIS (ver aquí) conocido el miércoles: nueve de cada diez ciudadanos y ciudadanas defienden la adopción de “grandes acuerdos” que ayuden a mitigar el impacto económico y laboral del covid y un “cierre de filas” en apoyo del Gobierno que deje las críticas para más adelante. Es lo que opina no sólo el electorado que se autocalifica como progresista sino que un 74% de los votantes del PP, un 68,7% de los de Vox y un 81,5% de los de Ciudadanos se pronuncian también en la misma línea. ¿Alguien recuerda alguna medida de cualquier gobierno sobre cualquier asunto grave que contara con un 97,3% de apoyo? Pues ese es el porcentaje de quienes consideran “muy necesarias” o “necesarias” las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a la pandemia (ver aquí).

Antes y después de conocerse la encuesta, Pablo Casado y su equipo han mantenido en sede parlamentaria y fuera de ella la misma estrategia que vienen desarrollando desde el minuto uno de esta crisis. Sostienen que el Gobierno no sólo es “ineficaz” e “incompetente” sino sobre todo que “miente y engaña” permanentemente sobre todos los datos de la pandemia: las cifras de contagios, de fallecidos, de mascarillas distribuidas y de respiradores entregados a hospitales. Poco importa que una acusación tan grave no se respalde con datos concretos (ver aquí), o que sea como mínimo sorprendente que el PP señale al Gobierno como responsable del aún desconocido alcance del desastre en la gestión de lo ocurrido en las residencias de mayores que dependen directamente de administraciones en manos del PP (ver aquí). Cada intervención de un portavoz del PP, cada mensaje en las redes de su potente batería mediática, remacha sin cesar en el mismo clavo: “Sánchez miente”.

Si repasamos la estrategia del Partido Popular en los momentos políticos clave de las últimas dos décadas comprobaremos que ha venido permanentemente condicionada por la derrota electoral de marzo de 2004, cuando perdió la mayoría absoluta y el poder tras empeñarse José María Aznar, con la colaboración de su sucesor designado, Mariano Rajoy, en señalar a ETA como autora de los atentados del 11-M pese a las evidencias (reconfirmadas más tarde por el Tribunal Supremo) de su origen yihadista. Precisamente en los meses anteriores a aquella fecha, todas las encuestas fiables reflejaban un consenso también abrumador de la ciudadanía en contra de la guerra de Irak y del apoyo de Aznar a los planes de Bush. Durante años, tanto el propio Aznar como el sector aguirrista del PP, así como medios de comunicación, analistas y tertulianos afines han seguido aferrados a las tesis conspiranóicas y a los bulos fabricados para justificar la injustificable gestión del mayor ataque terrorista sufrido hasta entonces en Europa. De los conocidos como líderes del trío de las Azores, Aznar es el único que todavía no ha admitido que la intervención en Irak fue un error y que las “armas de destrucción masiva” fueron un invento.

Entre 2004 y 2011, y pese a los tímidos intentos de Rajoy de alejarse del aznarismo, el PP aplicó exactamente la misma estrategia ante cuestiones tan trascendentes y transversales como el proceso de negociación para acabar con ETA o la reforma del Estatut de Cataluña acordada para frenar el auge independentista. Con una tozudez más acorde con el afán de venganza que con una mínima responsabilidad de Estado, todos los mensajes se resumían en “Zapatero miente”, “España se rompe”, “Usted traiciona a los muertos”, “Ya han negociado la venta de Navarra al País Vasco”… y por ahí sin freno ni pudor hasta enlazar con los “pactos secretos” que llevaron a Sánchez al Gobierno tras la moción de censura y a la “ilegitimidad” del actual Ejecutivo por formar una coalición con Unidas Podemos que en campaña electoral se descartó.

Desde la irrupción de Vox en el escenario político andaluz y posteriormente estatal, la mayoría de los analistas hemos explicado el radicalismo del PP del mismo modo que la derechización autodestructiva que Albert Rivera impuso en Ciudadanos: intentaban disputarse la hegemonía del espacio conservador compitiendo con la misma crudeza con que PSOE y Podemos se atizaban por el liderazgo de la izquierda. Pero a mi juicio ese análisis del ecosistema político español ha quedado ya barrido (como tantas otras cosas) por la explosión del coronavirus y sus efectos.

Casado no sólo hace caso omiso a esa amplia mayoría de votantes (suyos y de Vox) que le piden que apoye al Gobierno y deje las zancadillas para otro momento. También desprecia el hecho de que el PP sea el único partido de oposición en las principales democracias de Europa que no se haya colocado al servicio del Ejecutivo de turno, aislando en casi todos los casos por cierto a la extrema derecha (ver aquí). Que Vox dedique sus máximas energías a desinformar, a potenciar bulos absolutamente infames y quizás delictivos (ver aquí) va en su genética política; si el eco se complica en Twitter o en whatsapp se pasa a Telegram (no hay más que ver el tropel de gente que en los últimos días se ha dado de alta en Telegram, ya sea por conocer o por alentar las posverdades). Lo cierto es que a nadie puede sorprender que Vox intente reventar el sistema, lo mismo da si es difamando a periodistas y medios que alimentando asonadas. Lo tremendo es que el máximo líder de los conservadores, Pablo Casado, le siga los pasos, exigiendo machacona y frívolamente a Sánchez que se ponga una corbata negra, en lugar de sentarse de inmediato a negociar unas bases de consenso para superar la crisis sanitaria, económica y social.

Mientras Casado no quiera (o no sepa) alejarse de la estela de Faes, el bien financiado think tank dedicado a vengar eternamente el fracaso de lo que Vázquez Montalbán definía como “la aznaridad”, será muy difícil un consenso político amplio para esa Mesa por la Recontrucción. De hecho Faes ya ha comunicado sin rodeos que la condición previa para que el PP firme unos Pactos de la Moncloa 2.0 sería que Sánchez rompa con Podemos (ver aquí). Curiosamente, la misma exigencia que plantean los Cebrianes y Caños, entre otros, para un presunto “gobierno de concentración”, como ya hemos advertido (ver aquí). Es decir, pactos sí, siempre que nos saltemos a la torera las decisiones de las urnas y del Parlamento para que no gobierne en ningún caso una coalición de izquierdas. Cuesta muy poco deducir que la siguiente condición para ese hipotético gobierno que entusiasmaría a los sectores que siempre se creen dueños de España (y de la verdad), pase lo que pase y cueste lo que cueste, sería que Sánchez diera un paso atrás (o a un lado) para dejar la presidencia a un (o una) tecnócrata 'de confianza'.

Caben, en mi humilde opinión, dos opciones para Casado. Continuar instalado en el tacticismo cortoplacista y miope de competir con Abascal en el cortejo de los sectores más cavernícolas de la sociedad española (que los hay, por muy confinados que estemos ahora y que asomarán muy pronto más allá de Telegram y de esas notas miserables contra enfermeros o empleados de supermercados) o romper ese cordón umbilical que le une al pecado original del aznarismo más oscuro y a esos ámbitos del poder empresarial y mediático cuyo concepto de la democracia se ciñe a un capitalismo de amiguetes que sólo contempla la globalización como una agenda de contactos con fondos buitres y como un mapa de paraísos fiscales permanentemente actualizado. Al menor descuido, hasta se autoproclaman “patriotas”, con el fin de descalificar cualquier otro amor sincero a la patria, por ejemplo el que la concibe como espacio de convivencia solidaria y generosa.

Si Sánchez logra que las organizaciones empresariales y sindicales se sienten a esa Mesa por la Reconstrucción, y Arrimadas mantiene su inteligente apuesta por el consenso, Casado se verá en la tesitura de quedarse solo ante el peligro de Abascal. Puede que esa ecuación le resulte más sencilla y manejable que la de mojarse acerca del Ingreso Mínimo Vital contra la pobreza extrema, o sobre el compromiso de garantizar un sistema de salud público y sostenible, o sobre una reforma fiscal justa que reduzca la brecha de ingresos fiscales en España respecto al resto de Europa, o sobre la conveniencia de prohibir que sectores tan sensibles como el del cuidado de los ancianos queden en manos de fondos buitre, extractores además de fondos públicos (ver aquí).