El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta este añadido al artículo 43.3, para así establecer la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han ratificado tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve "constitucional" la propuesta del Ejecutivo.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981", según informa EFE.

En el texto del acuerdo, adoptado el martes en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978. "El 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional", señala. 

Añade que la intentona golpista "evidenció la fragilidad del proceso democrático recién iniciado, pero también permitió comprobar la firmeza del Estado de Derecho, la actuación serena y responsable de los poderes públicos y la respuesta de una ciudadanía comprometida con la libertad".

El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático". Subraya que los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar en 1983, permiten que la información se desclasifique sin generar "ningún riesgo real y presente".

Para el Ejecutivo, la desclasificación de la documentación relativa al 23-F no solo supone un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de la historia de España con mayor rigor, profundidad y precisión.

Además, destaca, responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, donde diversos grupos han presentado en diferentes legislaturas proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia apelando, entre otras cuestiones, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes.

En su virtud de estos argumentos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación del material relacionado con el 23-F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Son 153 "unidades documentales", según la terminología utilizada por el Ejecutivo, y el objetivo es que puedan ser consultados libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora.

El anteproyecto de ley orgánica de integridad pública aprobado este martes por el Gobierno modificará 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas restricciones a empresas, administraciones y partidos políticos, según informa EFE.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se trata de una ley "muy ambiciosa" que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen. 

Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año, según informa EFE. 

"Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", ha dicho el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión, que incluirá 10.500 millones los fondos europeos Next Generation, pero que aspira a movilizar una inversión total de 120.000 millones.

De los 10.500 millones de fondos europeos contemplados en España Crece, alrededor de 2.000 millones van a destinarse a la vivienda, lo que sumado a la capacidad de apalancamiento financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) alcanzaría un cifra total de 14.000 millones movilizados desde el ámbito público, según han explicado fuentes gubernamentales.

"El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", ha añadido Sánchez.

El presidente ha insistido en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida.

El fondo España Crece será, según Sánchez, la palanca para "seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas", una vez que el 31 de agosto se acaben de movilizar los recursos del Plan de Recuperación.

Esta herramienta responde a tres grandes objetivos: reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la Europa social, y se pretende invertir especialmente en energía, digitalización y computación cuántica, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, seguridad y vivienda.

Se ofrecerá un amplio abanico de instrumentos financieros (préstamos, financiación de proyectos, inyecciones de capital, garantías) y facilitará que la financiación acompañe de forma continuada en las distintas etapas del ciclo de vida de las empresas, desde el nacimiento hasta su expansión.

Al acto de este lunes ha asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha confiado en la capacidad del nuevo fondo para afianzar un "círculo virtuoso" que favorezca que las empresas "crezcan, innoven y creen empleo" de mayor calidad y con mejores salarios. Con este objetivo, el nuevo fondo utilizará instrumentos como garantías, "compartiendo riesgos con el sector privado"; financiación directa, para cubrir "brechas" de financiación, y adoptando la posición de "accionistas estables", de largo plazo, en los proyectos más transformadores.

También ha estado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que España Crece va a abordar "el principal problema social que es el acceso a la vivienda" y para ello se van a poner "todas las capacidades y esfuerzo necesario. Ha reconocido que existen "algunas debilidades autóctonas" que "no hemos sido capaces de superar", pero ha insistido en que en los últimos años "el presupuesto se ha multiplicado por ocho, se ha creado Casa 47 y se trabaja en un nuevo plan estatal para dimensionar el parque público de vivienda, con la vista puesta en situarlo en el entorno de la media europea".

Sumar ha respondido a la nueva iniciativa del PSOE para paliar la crisis de vivienda: endurecer las deducciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler. La coalición de izquierdas entiende que esto solo supone reducir su "privilegio fiscal" e insiste en que la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa "con un impacto real y no cosmético" en el mercado del alquiler, según informa EFE.  

Los socios del PSOE en el Gobierno subrayan que la medida de los socialistas para modular a la baja la actual deducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación. Entonces, Sumar expuso que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios, que en el último lustro se han disparado más de un 40%.

Con estas subidas de precios, Sumar considera que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo "cosmético" y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos. En este sentido, insiste en que la vía de los incentivos fiscales es "injusta" y lamenta que esta vía ponga el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente dar certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino, especialmente a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas. 

Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero. 

Lo que defienden, por tanto, es una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como vía más eficaz para intervenir de inmediato este mercado. Según los datos ofrecidos por Sumar, en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Aunque no hay nada cerrado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez está trabajando una propuesta en el seno del Gobierno que estudia modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han indicado a EFE fuentes del mismo.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler (una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu) con desincentivos para quien lo encarezca.

El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0%, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y recoge EFE.

Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria. De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler que se han anunciado recientemente con desincentivos para quien lo encarezca.

Aunque se modere la reducción del 50% de las rentas en el IRPF para personas físicas, la medida que analiza el Gobierno no llegaría en ningún caso al 0% ya que, según señalan las citadas fuentes, se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo -contratos de cinco años- frente al alquiler de temporada o turístico.

Según señala el diario El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley. Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos. 

Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años. Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales. 

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo, recoge EFE. Según han informado fuentes del Gobierno, Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas más afectadas para poder conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal.

Fuentes de Moncloa han explicado también que Sánchez prevé visitar a mediodía el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio gaditano de San Roque.

Tras interesarse por la situación y recabar información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras, el presidente hará unas declaraciones a los medios en el ayuntamiento de la localidad.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas. Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del Gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 y los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EEUU por la Children's Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales.

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

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Ricard Martínez Martínez es profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universitat de València. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leerlo aquí.

La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, "que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles", según informa EFE. 

Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1% acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y Gelida (Barcelona) pueden solicitar desde este martes, y hasta el 4 de mayo, las ayudas aprobadas por el Gobierno, según recoge EFE. 

El Ministerio de Transportes ha señalado que las ayudas pretenden dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Están dirigidas a quienes viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo que resultaron heridos, así como a los familiares de los fallecidos. El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

La ONG PorCausa ha denunciado que España ha firmado cerca de 700 contratos por un valor de 541 millones de euros en tecnología de fronteras, adjudicaciones que en muchos casos se han realizado sin publicidad ni concurso público, a unas pocas empresas y bajo unos pliegos opacos de los que no hay apenas información, según informa EFE. 

El informe Fronteras "Inteligentes", democracias negligentes, realizado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz y el diario Ara y presentado este lunes en Madrid, advierte del peligro de la llamada tecnología de frontera como los radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción. 

Para la entidad, este sistema entraña muchos riesgos porque "privilegia la seguridad sobre la protección, el control sobre la acogida y la sospecha sobre el derecho" y en esto España ha sido "un laboratorio" para Europa, convirtiéndose en "pionera en innovación pero también en opacidad". 

Según ha señalado el director de Investigaciones de Por Causa, Gonzalo Fanjul, esta frontera inteligente "no sustituye al muro físico, sino que lo hace invisible" a través de la llamada "tercera generación" del control migratorio, basada en el algoritmo y la biometría después de las primeras fases de muros físicos y de tecnificación y externalización de la frontera. 

Para elaborar el informe, la entidad ha analizado 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 para la tecnología de frontera que, juntos, suman un valor de 541 millones de euros.

De ellos, el 44,1% fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad, en muchos casos bajo el argumento de urgencia o seguridad nacional.

Las empresas beneficiarias de estos acuerdos son "casi siempre las mismas": las diez principales absorben el 72,5% del gasto y lideran el ránking la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales.

El grueso de los contratos van dirigidos a tecnologías de vigilancia, control fronterizo y ciberinteligencia, infraestructura tecnológica y sistemas biométricos, aunque la opacidad de estos acuerdos hace que sea difícil conocer los detalles. 

El informe repasa la evolución del control fronterizo en España desde el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en 1999 y operado por la Guardia Civil, originalmente creado para luchar contra el narcotráfico pero que después se extendió a Canarias para monitorizar el mar en busca de cayucos.

También el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), operativo desde 2013, o más recientemente la frontera inteligente en Ceuta y Melilla, que incluye el reconocimiento facial y registro biométrico, un proyecto adjudicado en 2021 a consorcios liderados por Thales y Telefónica con un presupuesto de más de 4 millones de euros. 

Destacan el uso por parte de la Policía del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), desarrollado por Thales, para el control migratorio en Canarias con el objetivo de comparar patrones faciales con un base de datos de 4,4 millones de fichas policiales.

El director de investigaciones periodísticas de PorCausa, José Bautista, ha señalado como otro ejemplo en la presentación que, según han sabido por la investigación, en el caso de los migrantes que llegan a Canarias en cayuco, la Policía Nacional les quita el teléfono para, usando el software israelí Cellebrite, acceder a su contenido.

PorCausa denuncia que, con este tipo de tecnologías, la responsabilidad se diluye y la frontera "se vuelve una infraestructura privada financiada con dinero público" y el ciudadano "deja de tener acceso a los criterios por los que sus derechos y aspiraciones son evaluados".

La ausencia de información pública sobre estos modelos impide conocer sus tasas de error o los criterios con que clasifican los rostros y facilita "dinámicas de racialización algorítmica".

Para paliar estos riesgos, proponen varías líneas de actuación, como imponer transparencia, garantizar el control humano en todos los procesos, establecer auditorías independientes y devolver las decisiones al ámbito político, donde estas puedan ser "discutidas, supervisadas y, si es necesario, corregidas".

Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros, según informa EFE. 

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado en una entrevista en La Vanguardia el presidente, que subraya la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria. 

Sánchez considera que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio" y ha asegurado que un acto de fuerza de esa naturaleza supondría "la carta de defunción de la OTAN". La presión de los Estados Unidos hacia la isla se ha incrementado en los últimos meses, aunque anexionarla lleva siendo uno de los objetivos del país norteamericano durante años. El presidente Trump expresó que era una cuestión de "seguridad nacional" y que, aquellos que no le apoyen, se las verán con sanciones por parte de su país en forma de aranceles.

Sánchez también ha expresado que la invasión convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el "hombre más feliz del mundo", dado que "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", ha agregado. "Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha afirmado. 

El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado.

Ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa. 

Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5% del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España. "No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado. Considera que "con un gasto de algo más del 2% (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".

Sobre la relación con China, Sánchez ha indicado que España la concibe "como un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática. Tras la pandemia, el presidente ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado que su intención es hacer un nuevo viaje en 2026, "en interés de España y Europa". 

"El mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa. Y Europa no puede darles la espalda", ha afirmado.

Parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso se ha mostrado este martes a favor de negociar con el PSOE los incentivos fiscales para contener los precios del alquiler que anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si son bonificaciones "progresivas" e incluyen también "penalizaciones", según informa EFE.

En su nombre, el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, ha recordado que, tal y como está planteada la propuesta, la mayoría de izquierdas no la apoyará, pero se ha mostrado convencido de que hay margen para la negociación. A su juicio, el PSOE debe "rectificar" y "corregirla", ya que, tal y como la anunció Sánchez, es un "regalo a los rentistas".

Pisarello, que ha reconocido que su grupo parlamentario no ha discutido todavía este asunto, ha abogado por escapar de una posición "dogmática" y ha dicho estar de acuerdo con el fundador del sindicato de Inquilinos de Cataluña Jaime Palomera en que "algunas bonificaciones tienen sentido si van a propietarios concretos y si hay penalizaciones también".

En su opinión, es "inaceptable no castigar fiscalmente a quien incumple", por lo que ha dicho que espera que el Ministerio de Vivienda "corrija" el anuncio de Sánchez y "modifique su enfoque en materia de bonificaciones". 

El real decreto-ley que anunció el lunes el presidente incluía una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, "compensando lo que ganarían si lo incrementaran".

También incluye una regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones similar a la de la ley que se está tramitando en el Congreso y que Junts mantiene bloqueada.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para trasladarle su “enérgica repulsa y condena” por la “la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos” durante las protestas contra el régimen. Las protestas dejan ya al menos 648 fallecidos.

“Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión. Tienen que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental”, ha explicado el ministro Albares, en una entrevista en Catalunya Ràdio, refiriéndose a las medidas tomadas por el régimen de Irán, como prohibir Internet, lo que ha dejado a la población incomunicada. "Tienen que cesar las detenciones arbitrarias que se han producido estos días y que Irán tiene que volver a las mesas de diálogo y a las mesas de negociación", ha añadido.

Ya el lunes, en un comunicado, el Ministerio aseguró que el Gobierno "condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y exige a las autoridades del país que se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica”. El departamento afirmó estar en contacto con la Embajada de Teherán, y destacó que su equipo sigue la operativa para atender a los españoles en el país, en caso de que fuera necesario, que ascienden a 150.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones, según informa EFE.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Esta remodelación del parque de vivienda en la zona llega después de que el Gobierno haya desbloqueado la Operación Campamento, paralizada desde 1989. Con ello, el lunes dan comienzo las obras para proveer al barrio de 10.700 viviendas asequibles.

Además, se limitarán los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas y un régimen sancionador a aquellos que incumplan la regulación estatal.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.

En lo respectivo a la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, el presidente ha anunciado que seguirán construyendo vivienda publica a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con una dotación de más de 7.000 millones de euros.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA, según recoge EFE.

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero ha señalado que la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Montero ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana.

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ofrecerá un pacto al líder de Vox en la región, Óscar Fernández, para un gobierno de coalición tras los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. En ellas, el PP fue primera fuerza, con 29 escaños, pero no consiguió la ansiada mayoría absoluta. Vox, con 11, duplicó sus resultados anteriores y se postuló como la fuerza más beneficiada por el adelanto electoral.

Los populares, liderados por Guardiola, están dispuestos a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, formación política que, tras las elecciones de 2023, lideró la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta julio de 2024, fecha en la que la formación de Santiago Abascal decidió romper todos los acuerdos autonómicos.

Asimismo, Guardiola quiere que en la mesa de diálogo con Vox estén todas las posibles exigencias, medidas e iniciativas para abordarlas en bloque, han reiterado las mismas fuentes este jueves.

En concreto, el PP aboga por una negociación no troceada, por lo que en dicho diálogo, que comenzará la próxima semana, se abordarán los presupuestos de esta comunidad -prorrogados desde 2024- y la posibilidad de que Vox entre en el Ejecutivo regional, entre otras cuestiones.

El objetivo de esta hoja de ruta es evitar trocear la negociación, que también puede incluir la Presidencia de la Cámara legislativa extremeña, han remarcado las mismas fuentes.

La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el próximo 20 de enero, permitirá conocer, más allá de las intenciones expresadas, si el PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.

La suma de las derechas (40) supera con creces el umbral de la mayoría, situada en 33, y permitirá, presumiblemente, la continuidad de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura. La popular alcanzó la presidencia tras un pacto con la ultraderecha en las elecciones autonómicas de 2023 en las que había empatado a escaños con el Partido Socialista, liderado entonces por Fernández Vara.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos residentes, con el objetivo de evitar que sus jornadas superen los límites máximos permitidos, según informa EFE. 

El Real Decreto 1146/2006, que ajusta estas horas, no ha sufrido casi cambios, solo experimentando "ajustes menores" desde su entrada en vigor, según ha lamentado Sanidad en un comunicado.

Ninguno de estos ajustes ha abordado aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que a ojos del ministerio hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual. 

Concretamente, uno de los problemas que se pretende corregir con esta modificación es la realización de jornadas laborales que superan los máximos establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva. "Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento", ha reconocido Sanidad.

El ministerio ha recordado que está en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, es decir, a los conocidos como MIR, FIR, BIR e EIR, entre otros.

En este sentido, Sanidad ha apuntado que la duración actual de la jornada de los residentes "no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor".

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 13 de enero de 2026.