Las urnas han confirmado en la noche de 19 de junio los peores presagios que los sondeos fueron martilleando sobre los resultados que Ciudadanos (Cs) obtendría en la jornada por cuanto ha desaparecido del Parlamento de Andalucía tras perder los 21 diputados que tenía hasta el momento y más de medio millón de votos sobre los resultados que obtuvo en diciembre de 2018, según informa Europa Press.

El partido que tenía hasta el momento a Juan Marín como coordinador en Andalucía, quien en la noche de este domingo ha anunciado que presentará su dimisión este lunes ante el Comité Ejecutivo de su partido, ha cosechado este domingo 120.848 votos, cifra que supone perder 540.523 votos sobre los 661.371 votos que logró en 2018, y que es el 3,29% de los votos emitidos. El retroceso ha sido de casi 15 puntos.

Ciudadanos ha pasado de ser la tercera fuerza de la Asamblea Legislativa andaluza, y decisiva para formar el gobierno de coalición con el PP, a convertirse en extraparlamentario como sexto partido.

Los 21 escaños que logró este partido en las elecciones a 2018 era su cima en unas andaluzas después de conseguir representación por primera vez en el Hospital de las Cinco Llagas en 2015 con 9 diputados.

En 2018 Cs se quedó a una distancia de casi 90.000 votos con el PP, que fue segunda fuerza entonces con 750.778 votos y 26 diputados. Este domingo los populares con el 1.582.299 votos que han logrado multiplican por 13 los resultados del partido que había sido su socio en la Junta de Andalucía.

Los resultados de 2018 supusieron para Cs un crecimiento del 78% en votos de Ciudadanos en el plazo de tres años. El retroceso de este domingo ha sido de un 81,72%.

En las elecciones de 2015 al Parlamento de Andalucía Cs consiguió ser la cuarta fuerza de la Asamblea legislativa autonómica, cita que supuso su irrupción en la vida parlamentaria andaluza. Entonces logró 369.914 votos, el 9,24% de los votos y 9 parlamentarios, para ser Jaén la única provincia andaluza donde no consiguió acta de diputado.

2008 fueron las primeras elecciones autonómicas con participación de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, donde logró 6.024 votos, mientras que en 2012 no compareció.

Los resultados de estas elecciones andaluzas se pueden comparar con los últimos comicios celebrados en la Comunidad Autónoma, que fueron las elecciones al Congreso de los Diputados de 2019, que tuvieron una doble cita, el 28 de abril y el 10 de noviembre.

Las elecciones de 28 de abril de 2019 son un hito para Ciudadanos por cuanto representa su techo electoral en Andalucía, cuando obtuvo 811.562 votos, un 22,7% más que los 661.371 de las autonómicas de diciembre de 2018.

En un plazo de seis meses Ciudadanos pasó de tener 811.562 votos, el 17,7% de los votos y 11 parlamentarios en abril, igualando el número de parlamentarios del PP aunque le superó en 24.178 votos, a contar en noviembre de 2019 con 344.274 votos, una pérdida del 57,5%, y 3 parlamentarios.

En el histórico de resultados de las elecciones al Congreso, consultado por Europa Press, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía aparece entre las candidaturas votadas en Andalucía en las citas de 2008, 2015 y 2016.

En 2015 Cs alcanzó en las elecciones generales en Andalucía 611.772 votos, el 13,78% y 8 diputados, su segundo mejor resultado en unas generales y el tercero mejor en total contabilizando autonómicas y generales.

En 2016 bajó a 575.914 votos (un 5,8% menos), el 13,58% de los votos y 7 parlamentarios, uno menos. En ambas citas fue el cuarto más votado en la Comunidad Autónoma.

En 2008, la participación de Ciudadanos en las elecciones generales fue testimonial en Andalucía, ya que sólo recibió 3.849 votos, el 0,09% del total.

Los candidatos de las principales formaciones políticas a la Presidencia de la Junta de Andalucía —PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía— pasan este sábado 18 de junio, jornada de reflexión en Andalucía, descansando en compañía de sus familiares y amigos tras protagonizar este viernes los últimos mítines de la campaña de las elecciones del domingo.

De esta manera, el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disfruta de un día por Málaga acompañado de su mujer y sus hijos. Durante una atención a medios, ha asegurado que "hoy mis planes son dedicárselos a la familia", a la que "he tenido muy descuidada los últimos mes y medio-dos meses como consecuencia de la campaña", poniendo de relieve que "este sábado los niños deciden".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha señalado en su cuenta de Twitter que en el día de reflexión "toca respetar a la ciudadanía sin más mensajes, recobrar la intimidad familiar y disfrutar de la compañía de grandes amigos que ayuden a la gente que más lo necesita a tener una vida mejor".

De otro lado, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha desayunado este sábado en Málaga, donde ha cerrado la campaña, y ha vuelto a Algeciras (Cádiz), a su casa, donde pasará el día en familia.

Así, el candidato de Cs, Juan Marín, ha disfrutado de la jornada de reflexión dando un paseo por la Playa de la Jara, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde posteriormente se encontrará con familiares y amigos.

Por su parte, la candidata de Vox al Parlamento andaluz, Macarena Olona, pasa la jornada de reflexión en la localidad granadina de Salobreña. En su cuenta de Twitter, ha publicado imágenes en la playa de la localidad, con la frase "Después de 15.000 kilómetros inolvidables", acompañado del hagstag #Salobreña.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha publicado en su perfil de Twitter unas imágenes junto a su marido, el alcalde de Cádiz, José María González, con el mensaje "después de dos semanas de gira por Andalucía y con los cajones vacíos ¿qué voy a hacer en la jornada de reflexión? Pues poner lavadoras, obviamente".

La mermada militancia de Ciudadanos en Andalucía ha fiado a Juan Marín, vicepresidente de la Junta, el penúltimo cartucho para la supervivencia de un partido en caída libre. Marín, que se ha mostrado dispuesto a intentar salvar el proyecto integrando a Cs en unas listas con el PP, guante que el partido de Juan Manuel Moreno no ha recogido al menos todavía, ha obtenido en las primarias para elegir al candidato a presidente 823 votos, casi un 58,3% de los que participaron (1.412). En 2018 Marín ganó con un 67%. El coordinador andaluz de Cs obtiene el 31,7% de los 2.589 que tenían derecho a voto. Son pocos militantes y pocos votan.

El PP se garantiza un candidato fiel en cualquier caso, convencido de que el futuro de Cs pasa por la alianza con el PP. Ahora el PP debe decidir qué es lo que más le conviene de cara a las elecciones de 2022, si establecer algún tipo de colaboración con Cs o abandonar al partido naranja a su suerte.

La participación fue de 1.412 militantes. Marín obtuvo el mayor número de votos, 823 (casi el 58,3%, seguido de Francisco Carrillo, 454 (32,2%), su principal adversario, Elena Bago, 74 (5,2%), que lo intentó por segunda vez, y Carmen Almagro, de la corriente Renovadores.

Las primarias no han servido para revitalizar un proyecto agonizante. En todo caso, lo contrario. Ha habido 11 candidatos, aunque el favorito siempre fue Marín. Fran Carrillo, el aspirante que más atención mediática ha recabado durante las primarias, convocadas por sorpresa por la dirección nacional a la que pertenece Marín en mitad del puente de la semana pasada, lleva desde que arrancó el proceso alertando de posibles irregularidades, tanto por su exclusión provisional por no estar al corriente de sus pagos al partido como por la votación telemática.

El escaso debate ha girado en su mayoría a en torno a la relación de Cs con el PP. La gran pregunta es si para sobrevivir debe disolverse o fusionarse o juntarse o aliarse o no con el PP. Todo gira en torno al PP en Cs, que en 2018 parecía hablarle de tú a tú cuando obtuvo 21 diputados frente a 26 del partido de Juan Manuel Moreno. Hoy Cs es minúsculo al lado del PP.

Los antecedentes recientes de las autonómicas en Cataluña, con un fuerte bajón, y Madrid, donde se quedó fuera de la Asamblea, oscurecen el panorama. Los más optimistas se aferran a alguna encuesta que pronostica supervivencia e incluso grupo propio. La oposición atribuye las encuestas más favorables a Cs a maniobras del PP para evitar que su socio se desintegre. Un hecho da idea de la fragilidad del partido de Marín: en marzo PP tuvo que garantizarle por escrito que no ficharía cargos del partido naranja, para así evitar una posible desbandada.

A esta situación declinante se suma la reacción del PP a la posibilidad de unas listas conjuntas en las autonómicas de 2022. Génova lo descarta, mientras los dirigentes del PP andaluces dan largas a la decisión sin cerrarse rotundamente. Marín se aferra a la idea de que Moreno no lo ha descartado. Los mensajes desde PSOE y Unidas Podemos son similares: dan a Cs por finiquitado, absorbido por el PP. Durante la legislatura, en la etapa de Susana Díaz, existió la hipótesis de una alternativa a Marín que recuperase la condición de bisagra de Cs, abierta a pactar con el PP y PSOE. La persona que encarnaba esa posibilidad parecía ser la consejera Rocío Ruiz, de Igualdad, que finalmente no se ha presentado. Carrillo era un candidato más claramente derechista y anti-PSOE que Marín.

En el Parlamento Cs es el tercer grupo, con 21 diputados, sólo cinco menos que el PP, números obtenidos gracias a más 650.000 votos. Cs ocupa cinco consejerías, entre ellas una vicepresidencia, y controla las competencias de economía, educación, empleo, turismo e igualdad. Son cifras que contrastan con su flaqueza organizativa, que también ha quedado expuesta en toda su crudeza durante el proceso. Según los datos ofrecidos, estaban llamados a votar 2.589 afiliados. Finalmente, han votado 1.412.

"Con los indicadores de los que disponemos, todo pinta muy mal", afirma, en conversación con infoLibre antes de conocerse los resultados, Juan Rodríguez Teruel, profesor Titular de Ciencia Política de la Universitat de València, autor del artículo Ciudadanos y la pugna por el centro, en Agenda Pública, y uno de los investigadores que más en detalle ha estudiado la evolución del partido naranja. Rodríguez Teruel explica que cualquier partido tiene que tener al menos tres ingredientes para sobrevivir: una "mínima base territorial dispuesta a apoyar la marca", unas "mínimas expectativas para que los dirigentes y representantes institucionales piensen que, a pesar de todo, vale la pena el proyecto", y "suficientes votantes que crean que las desavenencias o el ruido interno son menores en comparación con el valor de seguir apoyando por ese proyecto". Es más que dudoso que Cs reúna estas características, a tenor del análisis de Rodríguez Teruel.

Precisamente en Andalucía, explica el profesor, empezó a materializarse en las autonómicas de 2018 el "cambio de apuesta" de Albert Rivera, que quería "dejar de ser partido pequeño que complementa a dos partidos grandes" para "ser un partido grande que sustituye a uno de los dos". Resultó un empeño de resultado fatídico. "Al tomar esa decisión, Cs abandona su lógica centrípeta y transmuta todo el sentido de la organización", señala. Rodríguez Teruel sitúa en la moción de censura de mayo de 2018 que aupó a Pedro Sánchez al poder el origen del desvío de Ciudadanos, que entra a partir de entonces a rivalizar con el PP "no en transparencia, ni en gestión del presupuesto, ni en políticas públicas, sino en identidad y nación".

A pesar de los buenos resultados de Cs Andalucía en 2018, siendo decisivo para formar gobierno, a juicio de Rodríguez Teruel Cs ya había empezado por entonces su resquebrajamiento. ¿Por qué? Los votantes progresistas ven que claramente está decantado a la derecha, explica. Los conservadores, que la mejor opción es el PP. "Uno de los efectos de la moción de censura de 2018 fue un hastío, una decepción profunda de un votante que era del PP y se planteaba votar a Cs, pero que finalmente va a Vox", señala Rodríguez Teruel, que sitúa la esperanza del partido en una posible apelación al votante moderado de entre 30 y 45 años.

Ramón Villaplana, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, afirma que, "sin caer determinismos", no es arriesgado decir que hay una "probabilidad altísima" de que Cs sea incapaz de invertir la dinámica decadente en la que lleva desde noviembre de 2019. Observa un hecho especialmente preocupante para el futuro del partido: el cada vez más frecuente recurso a "salidas individualistas", especialmente mirando al PP, un fenómeno explicable en un partido crecido en relativamente poco tiempo –tiene 15 años, pero no explota a nivel nacional hasta mediados de la década pasada– y que ha sufrido "cambios de ideario". "Eso, en un momento de crisis, te hace muy frágil", señala. La "polarización", que castiga a las opciones que se presentan como de centro, complica aún más las perspectivas de Cs para las autonómicas. "En Andalucía el partido intentará agarrarse a un clavo ardiendo, pero lo tiene difícil. Hay que considerar que una parte del voto de 2018 era reflejo del apoyo a nivel nacional a Albert Rivera, que ahora no está", afirma Villaplana, que ni considera a Marín un "candidato carismático" para levantar una campaña por sí mismo ni cree que las características sociales de Andalucía inviten a pensar en unos mejores resultados que en otras comunidades.

El contraste entre el discurso público actual y las palabras a puerta cerrada de julio resulta tan drástico como innegable. El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), repite estos días con machacona insistencia ante los medios de comunicación que el Gobierno autonómico tiene un presupuesto de más de 43.000 millones listo para su aprobación, que deja en el tejado de la oposición, como una forma de presionar a Vox, socio parlamentario durante la legislatura, y al PSOE, que desde la llegada de Juan Espadas ha mostrado una mayor proclividad al pacto. "Eso es lo que yo les pido a Vox, al Partido Socialista y a Adelante Andalucía: que no piensen en sus votantes, que piensen en todos los andaluces, que necesitan un presupuesto para la recuperación económica".

Pero eso no es, ni mucho menos, lo que le ha dicho a su grupo parlamentario.

La Cadena Ser publicó este lunes un audio grabado en julio en el que el vicepresidente se dirige durante una reunión a sus compañeros de la bancada naranja. Es a puerta cerrada, pero está siendo registrado. Marín, en su intervención, supedita el presupuesto al interés electoral de los partidos del Gobierno. "¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorrogan, nada más", afirmaba a puerta cerrada Marín, candidato de Cs en 2015 y 2018 y que pretende volver a serlo en 2022. Marín afirmaba que iban a ser unos presupuestos de "recortes" que harían parecer "útil" al PSOE antes de unas elecciones.

Estas palabras chocan con el actual discurso de Marín, que durante el verano sí afirmó en una entrevista con Europa Press que la prórroga presupuestaria "no sería una mala opción", una posición que se convierte ahora en un asidero para el vicepresidente. En declaraciones al programa Mesa de Análisis, de Canal Sur, Marín ha explicado que cambió su posición cuando fue informado de la llegada de unos fondos europeos que evitarían los "recortes". El vicepresidente se reafirma en lo que dijo "entonces", con la información de entonces, y "ahora", con la información de ahora, y acusa al PSOE y a Vox de haber encontrado en la filtración una "excusa" para salir de la negociación.

Preguntado por su preocupación ante la posibilidad de que el PSOE parezca "útil", lo cual resta credibilidad a toda la negociación del Gobierno andaluz con Espadas, Marín afirmó: "Evidentemente, es mi adversario político. Si durante la campaña electoral no le voy a intentar quitar espacio al PSOE, ¿qué hago aquí? ¿A qué me dedico? ¿A ponerle la alfombra roja?". Marín afirmó que el presidente Juan Manuel Moreno (PP) lo apoya: "Él entiende perfectamente el escenario y el contexto. Los dos somos muy sensatos y sabíamos qué pasaba entonces". El PP se refirió a las palabras de Marín como "opiniones personales". El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), se centró en insistir en que el Ejecutivo tiene "una sola voz" y quiere aprobar los presupuestos.

Las palabras de Marín desveladas ahora chocan con la actual posición Moreno, que ha cargado toda la responsabilidad de un hipotético adelanto electoral en los hombros del PSOE y Vox si no aprueban las cuentas y otras leyes y decretos de importancia. "Si el Parlamento empieza a decidir que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes fundamentales, ustedes irán empujando al Gobierno a un callejón sin salida", afirmó Moreno durante un reciente debate parlamentario. Se trata de una hoja de ruta torpedeada por el audio de su propio vicepresdiente.

Ahora la oposición acusa a Moreno y Marín de mentir.

Un audio con impacto político

Todo el mundo en política sabe que rara vez se dice lo mismo con el micrófono delante que a puerta cerrada. Las declaraciones públicas son fruto a menudo de cálculos, obedecen a intereses concretos, pretenden acorralar al adversario y construir una narración verosímil sobre la posición propia... Es decir, no son una fiel representación de los hechos. Pero eso no evita que la publicación de las palabras de Marín sea un acontecimiento relevante, con capacidad potencial para alterar el guión político andaluz.

En primer lugar, porque ahondan en la crisis de Cs, que tiene previstas unas primarias antes de final de año y cuya inestabilidad se puede trasladar al Gobierno andaluz. En segundo lugar, porque justo ahora mismo –al menos, formalmente– el Gobierno andaluz está negociando con los grupos el presupuesto de 2022, negociación cuya credibilidad sale más que tocada. En tercer lugar, por la crudeza de la exposición del vicepresidente: "Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben [...] es que no nos interesa. Prorrogamos y listo". Marín, que se precia de representar los valores de la responsabilidad en contraste con el circo partidista, aparece en unas grabaciones salidas de sus propias filas diciendo que unas nuevas cuentas públicas "supondrían un lastre" desde un punto de vista electoral al requerir un tiempo de tramitación que retrasaría la ejecución y por lo tanto la capacidad del Gobierno andaluz de mostrar el "estirón" económico. Otra frase: "La campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil". En cuarto lugar, el audio es grave la colisión frontal con el discurso del Gobierno en bloque, de Juan Manuel Moreno hasta el último miembro, pasando por el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), responsable del discurso del Ejecutivo. Ese gobierno tiene difícil ahora su estrategia de presión sobre los líderes del PSOE, Juan Espadas, y Vox, Manuel Gavira. El Ejecutivo de Moreno queda en posición incómoda. 

Las palabras de Marín encierran un problema añadido para el Gobierno andaluz: la puesta en circulación de una palabra que oficialmente no aparece por ningún lado: "recortes". Frente al discurso de presupuesto récord y expansión económica que mantiene el Ejecutivo autonómico, Marín explicaba a los suyos: "Tenemos ya unas cuentas públicas. ¿Para qué hacer otras que van a implicar recortes y que no vamos a poder prácticamente ejecutar?". La explicación es que cuando se hacen las entregas a cuenta se tienen en cuenta las liquidaciones de los años anteriores, "y en 2020 hubo muchos menos ingresos que en 2019, concretamente 2.346 millones de euros", asegura Marín. "Es de una lógica aplastante que habría que hacer recortes". Marín explica ahora que eso queda neutralizado por la llegada de fondos europeos.

El PSOE abandona la negociación

El Gobierno andaluz se quedó este martes sin grupos para negociar tras publicar la Ser el audio. El PSOE andaluz anunció que abandona la mesa, al considerarla un "engaño", y anunció por boca de su número 2, Ángeles Férriz, una enmienda a la totalidad. Estaba cantado. El partido se había abalanzado sobre el Gobierno andaluz utilizando la grabación filtrada, con reacciones desde que esta se hizo pública.

La dirección federal socialista se había sumado a la ofensiva.

"Ahora lo entendemos todo", señaló Férriz en rueda de prensa, recalcando que Marín dice lo que oye en San Telmo, sede de la Presidencia. Es decir, el PSOE apunta a Moreno. A juicio de los socialistas, que las palabras de Marín sean de hace meses no resta gravedad, sino que la suma, porque desvela un prolongado "engaño". "Este es el gobierno de la mentira y no nos vamos a cansar de decirlo", afirmó.

La enmienda a la totalidad del PSOE se suma a las anunciadas por Vox y Unidas Podemos. El partido ultraderechista, a través de su portavoz, Manuel Gavira, dio por terminada cualquier negociación, reclamó la dimisión de Marín y elecciones anticipadas. Técnicamente, las posibilidades de negociación presupuestaria están abiertas hasta el 24 de noviembre, cuando se desarrollará el debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos. Pero ahora mismo parece un callejón sin salida.

Martina Velarde, secretaria general de Podemos en Andalucía, integrada junto a IU en Unidas Podemos, calificó de "muy grave" haber conocido que este es "un presupuesto de recortes" y que el Gobierno andaluz "está jugando con los grupos parlamentarios y con el pueblo andaluz". "Llevan meses engañándonos. Moreno Bonilla y él [Marín] están jugando con los tiempos para convocar elecciones. No les importa Andalucía, les importa su sillón. Tienen que dimitir", afirma Velarde. Toni Valero, líder de IU, afirmó que el Ejecutivo andaluz es un "Gobierno fallido" centrado sólo en su propia superviviencia. Adelante Andalucía, el grupo liderado por Teresa Rodríguez, afirmó que la "credibilidad" del Gobierno andaluz queda desmontada.

Las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostrándose por primera vez el jueves a favor de crear una compañía eléctrica pública, sigue siendo tema central de las declaraciones de los grupos políticos de diferente ideología este viernes que marca nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que tras la "excelente noticia" de la declaración de Ribera, "llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible". En un comunicado recogido por Europa Press, Santiago ha indicado que esta eléctrica pública debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente a la actual escalada de precios de la luz, además de "poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva".

Santiago ha destacado que esta propuesta es "razonada y factible" y ha recordado que desde Izquierda Unida se viene planteando desde hace ya varios lustros, algo que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente durante esta etapa de Gobierno de coalición. "Pero más allá de autorías, no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí", ha señalado.

El portavoz ha advertido de que mientras en otros países "nadie se rasga las vestiduras" por tener una compañía eléctrica pública, España se debe enfrentar "a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe, mientras utilizan la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente".

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que son precisamente "quienes ahora hacen más ruido desde la derecha" los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados beneficios caídos del cielobeneficios caídos del cielo o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

En este sentido, Santiago ha denunciado que ha sido también el líder de los populares, Pablo Casado, quien "se desgañita" planteando pactos de Estado "tramposos" o exigiendo adelantos electorales "irreales", cuando se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz. "Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida", ha criticado Santiago.

Podemos pide un Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este viernes al Gobierno que apruebe un Real Decreto Ley para limitar el precio de la energía hidroeléctrica y nuclear y así contener el alza de la electricidad, que este viernes ha registrado el quinto día de récord histórico. "A día de hoy se podría fijar mediante Real Decreto un precio máximo para la energía hidroeléctrica y la nuclear", como medida inmediata para lograr bajar el precio de la energía eléctrica, ha afirmado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

Según Fernández, el problema es que actualmente se está pagando estas energías, que son más baratas, "al precio del gas". "Ese es el gran problema", ha señalado para referir que esta circunstancia está llevando a "situaciones dantescas" como que "Iberdrola esté desecando pantanos" y "desabasteciendo a municipios, agricultores y ganaderos" para generar energía hidroeléctrica "muy barata" y "venderla a precio de gas". Así, ha asegurado que eso es "un timo".

Fernández se suma así a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que este jueves en pedía limitar el precio del megavatio hora por Real Decreto siguiendo el ejemplo de Francia para dejar de pagar la energía nuclear e hidroeléctrica "insultantemente por encima de su precio de coste". En la misma línea, Fernández se ha mostrado favorable de "intervenir y reglar" el mercado eléctrico y "fijar el precio máximo" de cada una de las "tecnologías" en función del "coste real de producción".

Finalmente, ha insistido en que "es un buen primer paso" que el PSOE "se avenga" a aceptar los planteamientos de Podemos sobre una empresa pública de energía, que en su opinión es la "solución estructural" para reducir el precio de la factura eléctrica.

El PP: "Son cortinas de humo y parches"

El vicesecretario de participación del Partido Popular y diputado nacional Jaime de Olano ha calificado de "verdadero disparate" que el Gobierno mencione la opción de contar con una "empresa pública" para atajar el problema de la escalada del precio de la luz, algo que, advierte, "no va a solucionar" con esa medida.

De Olano, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que Ribera se echase este jueves "en brazos de las políticas de Podemos", al referirse a esa alternativa en una entrevista en la Cadena Ser. "Soluciones como nacionalizar determinadas empresas o crear una nueva empresa estatal para gestionar la producción de energía hidroeléctrica no dejan de ser cortinas de humo y parches, cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable. El propio gobierno decía hace unos meses que eso no iba a solucionar en absoluto el problema", ha asegurado el popular.

Por su parte, el diputado del PP ha constatado que "se cumplen cinco días en los que en España se van batiendo los récords del precio de la energía (...) y por quinto día consecutivo el señor Sánchez da la espantada y no da la cara ante los españoles". Así, ha afirmado estar "ante un gobierno falto de ideas, que no tiene propuestas, que no sabe cómo hacer frente a los problemas del país, en este caso la factura eléctrica, el precio de la energía". Se trata, ha ahondado, de un ejecutivo "desbordado, agotado, que es absolutamente incompetente para hacer frente a los problemas de los españoles".

Por eso, y después de que Pedro Sánchez no dijese "ni una sola palabra de este problema que afecta a todos los españoles", y ya que "el Gobierno con más asesores de la historia no tiene una sola propuesta seria para hacer frente a este grave problema", ha exigido que comparezca la vicepresidenta Ribera en el Congreso y que el presidente del Gobierno "dé explicaciones". 

En concreto, le ha reclamado "que convoque para principios de septiembre el debate sobre el estado de la nación". "Si no tienen propuestas ni capacidad para actuar ante las crisis, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, disolver las Cortes y convocar elecciones", ha confrontado. "Cruzarse de brazos no es ninguna solución y demuestra que el proyecto de Sánchez era vacío y que cuando vienen las cosas mal dadas no hay nada detrás", ha incidido.

Cs: Marín cree que "todo es debatible" pero Villacís y Garicano ven una "idiotez" la idea de Ribera

Desde Ciudadanos, fuentes del partido presidido por Inés Arrimadas han explicado a Europa Press que el problema de la escalada del precio de la luz "no tiene nada que ver con la titularidad de la producción energética". Para la formación naranja, la idea de la vicepresidenta tercera del Gobierno es una "ocurrencia" que "vuelve a poner de manifiesto que Podemos marca el camino a Sánchez", y cree que el Ejecutivo de coalición ha intentado lanzar una "cortina de humo" para "desviar la atención del precio histórico de la electricidad". "En un asunto tan importante como este, no existen soluciones mágicas como esta empresa pública, que tendría que vender la electricidad por debajo del precio de coste para tener un efecto notable, creando un agujero de tamaño insostenible en las ya maltrechas cuentas del Gobierno", han comentado desde Cs.

No obstante, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro del Comité Permanente de Cs, Juan Marín, ha dicho que "todo es debatible" y se ha mostrado favorable a explorar todas las opciones frente al fuerte incremento del precio de la luz. "Habría que valorarlo y analizarlo con más detenimiento", ha deslizado. En esta línea, el vicepresidente andaluz ha trasladado que tendrían que "sentarse" a valorar la propuesta, aunque ha insistido en que son "explorables" todas las opciones que favorezcan ser un país competitivo. "Podrá ser o no. Podemos estar de acuerdo o no en el sistema. Lo que no puede ser es que estemos sufriendo una subida tan importante y no estemos siendo capaces de buscar soluciones", ha apostillado.

El portavoz naranja ha recalcado que Ciudadanos no se "quita de en medio" cuando hay problemas y reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté de vacaciones y "deje" en esta situación a los ciudadanos que, según Marín, "no estarán muy contentos". Además, ha denunciado que "especialmente" el sector de la hostelería y el turismo no reciben ayudas directas ni sienten el "aliento de las administraciones". Así ha subrayado que "se puede hacer más" para reducir la factura de la luz al tiempo que ha recordado que la Comisión Europea permite al Gobierno "un margen" para bajar los precios a la electricidad.

Sin embargo, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha calificado este viernes de "insensato, locura y populista" la posibilidad de crear una empresa pública de electricidad en España, y ha pedido al Gobierno central "no copiar lo que hacen en Venezuela". "Es una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo sensato es abordar el problema del coste de la energía y bajar impuestos. Tenemos que tener un IVA súper reducido porque es un bien básico. En lugar de copiar lo que hacen en Venezuela, propondría que imitasen a países con propuestas más reseñables", ha trasladado ante la prensa desde la calle Castelló al ser requerida por un nuevo precio histórico en la factura de la luz.

Villacís considera que el Ejecutivo de Sánchez "no se puede escaquear", y ha afeado que cuando el presidente, Pedro Sánchez, "estaba en la oposición, se le llenaba la boca diciendo que era una aberración". Como receta, la vicealcaldesa ha aconsejado a Sánchez "bajar los impuestos de la electricidad", ya que se trata de dos impuestos, por un lado el de la electricidad y por otro el del valor añadido. Además ha indicado que la luz "se tiene que tratar como un bien básico", y ha abogado por "acabar con ese impuesto de doble imposición, porque es sobre el coste de la energía y el coste de la electricidad".

En la misma línea se ha manifestado el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de crear una empresa pública que gestione las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose para así bajar el importe de la tarifa eléctrica, una idea que ha calificado de "idiotez". "Por favor, menos idioteces sobre una empresa pública como solución. Sólo servirá para crear empleo para políticos sin poltrona", ha indicado el eurodiputado este viernes a través de su cuenta de Twitter. En cambio,

La arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid, así como por el batacazo del PSOE y el fracaso de la candidatura de Ángel Gabilondo, despliegan ya consecuencias políticas de primer orden en Andalucía. Pero no sobre el Gobierno de PP y Cs, que estaba en el punto de mira por un posible adelanto electoral que pudiera decidir el presidente Juan Manuel Moreno, sino sobre los socialistas. En el partido del puño y la rosa se acelera la lucha por el poder. La dirección federal del PSOE prevé convocar este jueves las primarias para elegir a su candidato en Andalucía en el mes de junio, según avanzó la Ser y confirmaron a infoLibre fuentes de Ferraz.

La decisión da respuesta a una petición del principal referente del sector crítico con Susana Díaz, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. El movimiento contra Susana Díaz anticipa un previsible enfrentamiento en las urnas entre la secretaria general y Espadas, si bien no son descartables más candidatos. Una dirigente próxima a Díaz rechaza que pueda haber marcha atrás de la secretaria general, que ha rechazado todas las ofertas de Ferraz para apartarse y dar paso a un nuevo candidato. Es decir, el partido se abre en canal.

El adelanto obliga a acelerar los tiempos de Espadas, que todavía no ha hecho pública y oficial su candidatura, con lo que habrá también convulsión en el Ayuntamiento de Sevilla, la ciudad más poblada gobernada por el PSOE en España. El efecto mariposa de la moción murciana parece no tener fin.  

La previsión es que las primarias andaluzas se celebren a mediados de junio, según un miembro de la dirección federal, órgano que no ha mantenido una posición neutral y apoya a Espadas. Las elecciones suponen una alteración del calendario inicial previsto inicialmente. En teoría, primero habría que celebrar el congreso federal, en octubre; en los 90 días siguientes, debía tener lugar el congreso regional para elegir secretario general; y finalmente, ya cerca de las elecciones, que están previstas para finales de 2022, las primarias para elegir candidato. Al final, las primarias para elegir el candidato serán el primer hito. Si no gana Díaz, habrá un periodo de bicefalia. Está por ver si el ganador o ganadora de las primarias tiene también rival para optar a la secretaría general. 

Con el adelanto, Ferraz cede a la insistencia del sector crítico, que ha presionado sin descanso. Direcciones tan poderosas como Jaén habían tomado posición a favor del mismo. Era la gran reivindicación del sector crítico. El argumento era que Moreno podía convocar elecciones en cualquier momento y coger al PSOE desprevenido y sin el candidato elegido. El tema se había convertido ya en una primera pugna de poder, un debate trasladado a todas las direcciones provinciales que había prendido en las bases. La secretaria general, de hecho, ya había movido ficha antes de Ferraz y este mismo jueves había convocado una reunión de su Ejecutiva, con 49 miembros y mayoría susanista, para abordar el tema y fijar una posición. Figuras afines a Díaz señalaban que la expresidenta quería escuchar y luego decidir. No era descartable que se adelantara a Ferraz. Finalmente, la dirección federal tercia en el asunto, hace uso de las potestades que le da el reglamento de primarias y convoca. Puede hacerlo cuando "las circunstancias políticas así lo aconsejen", lo cual da un margen que tiende a infinito. La sucesión de acontecimientos, con las direcciones andaluza y estatal buscándose las vueltas, son elocuentes de un clima de enfrentamiento total. 

Aunque la convocatoria de primarias dará el pistoletazo de salida a la carrera electoral oficialmente, tanto Díaz como Espadas están ya de facto de precampaña. Todos los movimientos en el PSOE se leen en clave de disputa interna desde hace semanas. Incluso el resultado madrileño es interpretado de forma diferente según los barrios. Para el susanismo, el fracaso de Gabilondo demuestra lo erróneo de invadir la autonomía a las federaciones; para sus opositores internos, es prueba de la necesidad de renovar liderazgos. Un miembro de la Ejecutiva regional rechazaba este miércoles el posible aleccionamiento de Ferraz. "No están para sacar mucho pecho después de lo de ayer. El PSOE-A no es el PSM. No somos una franquicia ni lo queremos ser", señala. Un parlamentario afín a Díaz recalcaba que Espadas llega inevitablemente con la vitola de "candidato de Ferraz", algo que puede pesar en su contra. En el sector crítico restan importancia a esa acusación y destacan la "falta de credibilidad" de Díaz si pretende hacer un Pedro Sánchez, es decir, presentarse como una víctima del aparato. 

Adelanto en el PSOE, no en Andalucía

A la política le encantan las ironías. Y aquí ha habido una, desde luego. El argumento central para reclamar primarias era que Moreno podía convocar elecciones en cualquier momento. Pues bien, la decisión del PSOE de adelantarlas se produce justo el día en que con mayor consistencia el presidente había descartado esta posibilidad. La posiciones de Cs y Vox este miércoles, rivalizando por mostrarse como el socio más leal a Moreno, demostraron que el presidente andaluz es un ganador indirecto de las elecciones del domingo en Madrid y que sus márgenes políticos para convocar son mínimos, por no decir nulos. La unidad de la derecha en torno a la estabilidad del Gobierno andaluz alejaba la tan comentada hipótesis de un posible adelanto electoral y, como efecto colateral, le daba algo de tiempo a una izquierda andaluza que vive sumida en la convulsión.

Es cierto que el cumplimiento íntegro de la legislatura, que en principio termina en diciembre de 2022, tiene un obstáculo, la debilidad de Cs, pero por el momento Moreno lo salva sin sobresaltos gracias a la lealtad a prueba de batacazos electorales y encuestas negativas de su vicepresidente, Juan Marín (Cs). En realidad, ahora mismo el mayor incentivo para la convocatoria electoral, a la postre una decisión exclusiva de Moreno, era la propia crisis en la izquierda andaluza, especialmente en el PSOE, partido gobernante durante 37 años que perdió el poder en 2018. Pero no era suficiente. Tanto el Gobierno andaluz como el PP han insistido en que es más lo que empuja el Ejecutivo a seguir que lo que podría llevarlo a cortar, sobre todo cuando Cs y Vox no dan ningún motivo para interrumpir la partida. Eso sí, hay una línea roja: un posible "bloqueo" a la acción del Gobierno.

Si hubiera adelanto, que exigiría un "bloqueo" previo al Gobierno que no se vislumbra, sería como muy pronto en septiembre, ya que en julio y agosto no puede haber elecciones, según establece la ley electoral de Andalucía de 1986 tras su reforma de 1994. El presidente puede, con el Estatuto en la mano, acortar la legislatura y adelantar elecciones, pero para que fuera antes del 1 de julio tendría que ser con un decreto firmado como muy tarde este viernes, ya que el plazo mínimo antes de la cita con las urnas exigido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General es de 54 días. Un decreto de disolución esta semana exigiría una pirueta inverosímil, teniendo en cuenta la posición actual de Moreno. El presidente compareció este miércoles exultante y hasta bromista ante los medios. Su actitud era la antítesis de quien pudiera estar preocupado por la estabilidad de su gabinete. No habrá adelanto "mientras yo disponga de una mayoría en el Parlamento", afirmó. Es un mensaje dirigido a Cs, su socio del Gobierno, y a Vox, complemento parlamentario. Desde el PP aseguran que los contactos con ambos partidos son ahora indicativos de una situación de estabilidad. Fuentes del Gobierno andaluz admiten que la situación de Cs es delicada, pero insisten en que los grandes proyectos del Ejecutivo aún no están culminados –metro de Málaga, autovía del Almanzora, Hospital Militar de Sevilla a pleno rendimiento– y en que el presidente tiene en mente presentarse con la salida de la pandemia encarrilada y la recuperación económica en marcha.

En cuanto a Cs, Moreno tiene atado el respaldo sin fisuras de su vicepresidente, Juan Marín. El temor en las filas del PP es que el grupo de Cs, de 21 miembros, se rompa. Pero no hay síntomas de ruptura inminente. Este miércoles no se levantó ninguna voz en el partido naranja saliéndose del guión oficial, que es el de mostrar ilusión por el futuro del proyecto "centrista y moderado" que lidera Inés Arrimadas a pesar del fracaso madrileño. La convención de julio para relanzar el partido da algo de tiempo a la formación naranja para mirar al futuro sin la necesidad de adoptar medidas ya. También desincentiva los movimientos extraños el hecho de que el PP se haya comprometido por escrito con Cs a no fichar díscolos del partido naranja, acuerdo adoptado tras saltarse el pacto antitransfuguismo en Murcia.

Más voluble ha sido la posición de Vox, que tan pronto anuncia que deja de apoyar al Gobierno si no aprueba el "pin parental" como garantiza que es el socio verdaderamente de fiar, a diferencia de Cs. ¿Qué posición ha mostrado este miércoles? Lealtad al Gobierno, desconfianza en Cs. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, afirmó este miércoles sobre el adelanto: "Ni lo deseamos ni lo exigimos, sino que advertimos a la Junta que debe estar ojo avizor respecto a cualquier maniobra extraña" de Cs.

"Respeto y afecto"

De modo que el presidente andaluz tiene ahora mismo tanto a Cs como a Vox compitiendo por presentarse como el socio fiel. Si la cosa sigue así, Moreno se compromete a agotar la legislatura. "No son tiempos para hacer una parálisis de seis meses en pleno proceso de recuperación. Si nosotros paramos ahora, haremos un gravísimo daño. Mientras yo disponga de estabilidad, mientras nadie me fuerce, voy a seguir adelante", afirmó. Más tarde, el portavoz parlamentario de su partido, José Antonio Nieto, afinó el mensaje. ¿A qué se refiere con "estabilidad"? Nieto no puso un listón excesivamente exigente. Afirmó que el Gobierno podría incluso seguir adelante en 2022 con los presupuestos de 2021 prorrogados. Sólo fijó la frontera de lo inaceptable en que "cada medida en el Parlamento venga sentenciada". Es decir, en que haya "un bloqueo a la acción de gobierno", dijo. "A día de hoy no ocurre", añadió.

En relación con Cs, hizo referencia al "respeto" y al "afecto personal" que han entre PP y el partido naranja. Desde el PP insisten en que la relación de Moreno con Marín no puede compararse a la que tenían Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Además, añaden que en Andalucía la frontera para entrar en el Parlamento no es el 5%, como en Madrid, sino el 3%, por lo que con los resultados del partido naranja tendría representación. 

Podemos-IU, sin candidato

¿Y cómo pilla toda esta convulsión al espacio a la izquierda del PSOE? Tampoco está cerrado quién será el candidato de Podemos-IU en Andalucía. No hay ni siquiera un calendario cerrado para elegir al aspirante. Un dirigente prevé que haya calendario en septiembre, y muestra preocupación ante un hipotético adelanto que cogería al espacio izquierdista con los deberes sin hacer. Lo seguro es que el nombre del candidato irá en una papeleta diferente de la de la escisión anticapitalista y soberanista que lidera Teresa Rodríguez, que recientemente ha acusado a sus excompañeros de "vender su alma al fascismo" para declararla tránsfuga. Así está el ambiente.

El diputado autonómico José Ignacio García, uno de los referentes de la corriente anticapitalista, afirmó este miércoles que los buenos resultados de Más Madrid demuestran el éxito de partidos de izquierdas desvinculados del Gobierno de Pedro Sánchez y centrados en los problemas del territorio concreto. Es decir, arrima el ascua del auge de Más Madrid a la sardina del movimiento liderado por Rodríguez, que pretende construir una marca soberanista propia. Está por ver qué rumbo adopta Más País Andalucía, la incipiente estructura del partido de Íñigo Errejón en la comunidad, liderada por la profesora de Derecho Esperanza Gómez. Hasta la fecha, Gómez ha mostrado más complicidad con Rodríguez y los suyos que con Podemos-IU, aunque no se ha decantado oficialmente. En el conflicto por la declaración de tránsfuga de la antigua líder de Podemos, ha estado de parte de ella.

Siguiente estación: Andalucía. Después de la parada en Madrid, claro. La gran comunidad del sur, con 8,4 millones de habitantes, la más poblada de España, la primera autonomía en la que entró Podemos (2015), la primera en la que entró Vox (2018), la última a la que llegó la alternancia con la caída del PSOE y la llegada del PP tras 37 años, empezará tras el 4M a concentrar atención política.

Los comicios abren la duda del impacto que tendría en Cs, que tiene 21 diputados frente a 26 del PP y es clave en la mayoría de gobierno, una desaparición de la Asamblea de Madrid. Los críticos del PSOE, que pretenden apartar a Susana Díaz, presionan a Ferraz para que adelante las primarias para elegir candidato, con la excusa de la posible desestabilización del Gobierno andaluz por el 4M. La "idea" del adelanto se maneja en la cúpula del PSOE, pero no está cerrada, indica un dirigente socialista, que lo deja todo pendiente de la lectura de los comicios en Madrid.

El PP es el único partido que tiene su candidato 100% cerrado: Juan Manuel Moreno, el presidente, que tiene en su mano el botón del adelanto. En el seno del Gobierno andaluz son conscientes de que una desaparición de Cs en Madrid tensionaría al partido, por lo que no ven "riesgo" de ruptura política. Andalucía, apuntan desde el Ejecutivo de Moreno, es "diferente", y después de casi 40 años de PSOE es difícil que surja un movimiento de desestabilización desde dentro de Cs. ¿Adelanto electoral? El Gobierno andaluz asegura que el único incentivo sería aprovechar la situación del PSOE, pero que hay más factores que pesan en contra: los grandes proyectos aún no están culminados –metro de Málaga desatascado, autovía del Almanzora, Hospital Militar de Sevilla a pleno rendimiento–. El presidente, añaden, tiene en mente presentarse con la recuperación económica en marcha. Sólo una desestabilización que no ven probable cambiaría ese guión. 

El pulso en el PSOE andaluz

Toda la política andaluza está sacudida. El partido cuya conmoción interna se exterioriza más claramente es el PSOE. En la formación que presumía de hegemonía en Andalucía, aún traumatizada por la pérdida del poder, todo parece dispuesto para la batalla definitiva por el liderazgo, a la espera de un movimiento que desencadene la acción. Los críticos a Díaz, que tienen como referente principal al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aspirante aún no confirmado oficialmente, reclaman celebrar cuanto antes las primarias para elegir candidato, con el pretexto de estar listos ante un posible adelanto electoral. Susana Díaz se opone. Este adelanto no está entre las previsiones declaradas del presidente Moreno, pero está por ver cómo podría impactar una debacle de Cs.

A lo largo de las últimas semanas numerosas voces se han pronunciado a favor del adelanto de las primarias en el PSOE. Juan Espadas ha pedido ya el adelanto en el seno de la Ejecutiva del PSOE, con el argumento de que no hacerlo "da ventaja" a Moreno y le permite "decidir sobre el PSOE". Espadas, que ha confirmado ya dentro del partido que aspirará al liderazgo y a ser candidato, aún no lo ha hecho público, aunque ejerce como precandidato. Espadas no dará el paso al frente hasta que se active el calendario, es decir, hasta que se convoquen las primarias, explica un conocedor de sus planes. Mientras tanto, añade, el alcalde sigue en proceso de "escucha", es decir, buscando y recabando apoyos.

La Ejecutiva del PSOE de Sevilla rechazó el adelanto solicitado por Espadas, con una mayoría del 75%. La propuesta logró mostrar que hay grietas en la cúpula del PSOE sevillano, pero se mantiene aún un respaldo mayoritario a Díaz. Ahora bien, es imposible saber qué piensa toda la militancia de base. No sólo en Sevilla, sino en cada provincia. Hay direcciones inclinadas a favor de Díaz o del cambio, pero eso no significa que la provincia vaya detrás en bloque, si bien todos coinciden en que el apoyo a la renovación en Jaén es muy mayoritario. El PSOE andaluz, el mayor de España, tiene unos 45.000 militantes, con datos de 2017. Tanto los cargos partidarios de Díaz, por un lado, como los críticos andaluces y dirigentes de Ferraz, por otro, se muestran convencidos de tener la mayoría. De momento, la única alternativa a Díaz es Espadas. Pero podría haber más nombres entre los sanchistas.

Un dirigente federal llega a afirmar que Díaz tendrá que dar marcha atrás y acabará negociando una salida, dado que su conocimiento del partido le mostrará que los críticos son mayoría y unas primarias a brazo partido sólo provocarían su “derrota total”. Díaz y los suyos lo niegan. Es más, un próximo a la expresidenta asegura que la actitud de Ferraz, favorable Espadas, está fortaleciendo la posición de Díaz. "La gente no quiere que estemos en líos internos", asegura, citando como ejemplo de falta de neutralidad la posición pública de Carmen Calvo, que se muestra a favor de estar "preparados cuanto antes mejor". Espadas, según los próximos a Díaz, puede ser visto como "el candidato de Ferraz".

El partido está en ebullición. El PSOE de Jaén, liderado por Francisco Reyes, partidario del cambio, abrió la caja de Pandora aprobando en su ejecutiva la solicitud de un adelanto de las primarias. El debate se ha extendido por todo el partido. Han rechazado esta posibilidad Sevilla, Málaga y Almería. Se ha pronunciado a favor Granada. La cuestión, que se está convirtiendo en un primer pulso de poder, no abandona ni un día el candelero. Si no es una dirección la que vota, es una figura del partido la que habla. Todos dan por hecho que el ruido no bajará.

Las decisiones de Ferraz y de Moreno

Descartado por Díaz precipitar el adelanto desde la dirección regional, la decisión es de Ferraz, que con el reglamento en la mano puede convocar primarias de urgencia cuando "las circunstancias políticas así lo aconsejen". La cuestión del adelanto en el PSOE queda así conectada a otra, de relieve aún mayor: el posible adelanto de las elecciones en Andalucía, decisión que compete en exclusiva al presidente Moreno. No hay nada oficial al respecto, pero los partidarios de precipitar el cambio insisten en que el PSOE debe estar preparado para no quedar con el pie cambiado.

La mera hipótesis del adelanto, que se reforzaría con un resultado que desestabilizase a Cs, podría precipitar un movimiento de Ferraz, señala un miembro del sector crítico. Otro de la dirección federal señala que la "idea" de atender la petición de Espadas "existe", pero que la decisión no está adoptada, y recalca que con Pedro Sánchez la cúpula del partido toma las decisiones "fase a fase". De modo que todo queda pendiente del martes y de la lectura que hagan Sánchez y su círculo de los resultados y su impacto andaluz. En absoluto es descartable un anuncio tras las elecciones madrileñas.

En teoría, la legislatura acaba en diciembre de 2022. PP y Cs, los dos partidos que gobiernan con apoyo de Vox, se han conjurado para agotar el plazo, llegando al punto de firmar un acuerdo por el que el PP se compromete a no aceptar tránsfugas de Cs, un gesto de distensión tras sí aceptarlos en Murcia. El acuerdo da una idea de la fragilidad del partido que lidera Juan Marín, el vicepresidente, al que tratan de cuidar en el PP. Si el terremoto murciano-madrileño de marzo provocó una fuerte crisis interna de Cs, está por ver cómo afectaría al partido quedarse sin representación en Madrid. Vox ya desliza su "preocupación" ante la posibilidad de que el 4M deje a Cs en una precariedad que "influya en la estabilidad" del Gobierno andaluz.

La situación en el arco derecho está marcada por el cambio en el reparto de fuerzas. Las encuestas apuntan a un desplome de Cs y a un reforzamiento de PP y Vox, en línea con Madrid pero con la ultraderecha más fuerte. Los partidos de izquierdas ya ensayan un discurso de advertencia de la llegada de la extrema derecha al Gobierno. Es una incógnita quién será el candidato de Vox. El portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha dicho que Macarena Olona sería "una magnífica candidata". Ella ni confirma ni desmiente. "Si se diera el caso, exigiría la Consejería de Familias", ha declarado a Granada Hoy.

En Cs, Juan Marín –partidario de reeditar el pacto con el PP– ha afirmado que volverá a presentarse. Está por ver si tendrá oposición, y de quién. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y partidaria de que Cs pueda pactar a izquierda y a derecha, ha bajado el perfil desde la crisis murciano-madrileña.

El único partido que tiene despejada la equis del candidato es el PP. El presidente está en uno de esos momentos que deleitan a los líderes políticos. Con las encuestas colocando al PP como primera fuerza, Moreno tiene el botón del adelanto a mano y a todo el mundo –medios, compañeros y rivales– pendiente de cada gesto. Esta es su última posición oficial: "No entra en mis planes adelantar elecciones, con independencia del resultado de Madrid". Con un añadido: Moreno tiene estabilidad "ahora mismo". Ese "ahora mismo" es importante. Si esa estabilidad se pierde, su decisión puede cambiar.

Ahora mismo existen elementos que dan anclaje al Gobierno andaluz. Para empezar, tiene los presupuestos de 2021 aprobados gracias a Vox, que en paralelo al ruido en torno a cuestiones simbólicas ha ido dando luz verde a todas las cuentas. Además, Vox –que ha rebajado la presión durante la campaña para mostrarse también en Andalucía como un socio fiable– expresa su satisfacción por una anunciada bajada de impuestos, registrada por los tres partidos como proposición de ley.

Incógnitas en la izquierda

Paradojas de la política, Susana Díaz se ha encontrado en el acuerdo de bajada de impuestos de PP-Cs-Vox un argumento para alegar que no hay adelanto electoral a la vista y que, por lo tanto, no tiene sentido celebrar las primarias ahora en el PSOE. Queda, en caso de que las primarias se adelanten, una duda: si el ganador o ganadora tendría el terreno despejado para presentarse a la secretaría general o se volvería a encontrar oposición, con la posibilidad de una bicefalia. El congreso andaluz –para elegir secretario general, no candidato: son dos cosas distintas– se debe celebrar en los 90 días siguientes al federal, previsto para octubre. Lo que defiende Díaz es que las primarias para elegir candidato tengan lugar después de las primarias para elegir secretario general.

Una figura del sector crítico cree que lo que pretende Díaz, a la que haber reducido al mínimo la actividad de los órganos andaluces del partido, es que las primarias vengan impuestas por Ferraz, para alimentar la idea de que Espadas es "un candidato de Madrid". Defiende además una idea que cada vez suena más en las conversaciones con los partidarios del cambio: debe haber adelanto al margen de que haya sospecha de elecciones en Andalucía en 2021, porque "no podemos estar ocho meses desangrándonos". "Yo creo que la amenaza de elecciones es real. Pero, aunque no lo fuera, la mayor alegría que le podemos dar a Moreno es seguir así", añade.

A la izquierda del PSOE la ruptura del antiguo espacio de Adelante Andalucía es total. Por un lado, están IU y Podemos, liderados por Toni Valero y Martina Velarde. Por otro, los anticapitalistas, expulsados del grupo parlamentario tras ser considerados tránsfugas y encabezados por Teresa Rodríguez. Habrá dos papeletas en un campo que se presentó unido en 2018. No están decididos los candidatos. El liderazgo de los anticapis, que quieren conformar un partido soberanista andaluz, recae en Rodríguez, pero aún no ha sido elegida candidata. En UP, el rostro con mayor protagonismo político es el de Toni Valero. Aún no hay candidato, ni tampoco calendario para elegirlo, por lo que existe preocupación ante un posible adelanto fulminante. En las conversaciones con miembros de este espacio aparece con frecuencia el nombre de Alberto Garzón, aunque no hay nada cerrado. Es una hipótesis.

El Partido Popular, tras pactar con tránsfugas en la Región de Murcia, se ha comprometido por escrito con Ciudadanos a no aceptar ningún “trasvase” de “cargos” desde del partido naranja en Andalucía. El Gobierno autonómico presidido por Juan Manuel Moreno (PP) con Juan Marín como vicepresidente (Cs) ha firmado y publicado en la web oficial de la Junta de Andalucía un “acuerdo de garantía de estabilidad” que pretende zanjar la turbulencias surgidas en el seno del Ejecutivo y que incluye el siguiente punto: “Respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno andaluz [PP y Ciudadanos], con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase entre cargos de las formaciones políticas con representación parlamentaria”.

El acuerdo implica obligaciones recíprocas, pero afecta sobre todo a la carretera que va de Cs a PP, en la que actualmente hay tráfico denso. La firma se produce después de que, la semana pasada, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hiciese un llamamiento a “todos los militantes” de Cs y a “todos sus dirigentes” para pasarse en masa a la formación de Pablo Casado, que abría "las puertas de su casa" para ello. Este gesto antecedió a la indisciplina de tres parlamentarios de Cs en la Región de Murcia para frenar una moción censura pactada con el PSOE.

El llamamiento de García Egea ya mereció el reproche de Juan Marín, que, no obstante, sigue en el Gobierno andaluz al entender que hay dos PP, uno leal a sus compromisos con Cs, encarnado por el presidente Moreno, y otro desleal, el de García Egea. El PP, que ha vulnerado sus Estatutos, su reglamento en Murcia y el pacto antitransfuguismo, se compromete ahora ante Marín, vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs, a no fichar cargos naranjas. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), afirmó este martes, en rueda de prensa junto a Juan Marín tras el Consejo de Gobierno, que el acuerdo alcanzado es conocido por la dirección nacional. No hay, a su juicio, ninguna contradicción con la posición del secretario general nacional. Bendodo dijo que está de acuerdo con el llamamiento que hizo García Egea, reinterpretándolo como que el PP es un partido “de puertas abiertas, para entrar y para salir”.

Este martes el Gobierno andaluz celebró la primera reunión tras el terremoto político de la semana pasada, que lo ha sacudido sin derribarlo. Al término, Bendodo y Marín coincidieron en el mensaje central: “Estabilidad”. Un atributo difícil de alcanzar ahora, con PP y Cs sumando 47 diputados, 8 menos de la mayoría absoluta, lo que los hace dependientes de Vox, y con Cs sumido en una grave crisis interna. No obstante, los dos reafirmaron la voluntad de ambas partes de llevar la legislatura hasta el final. Así lo recogen también en su “acuerdo de garantía de estabilidad”, en el que además del punto antitransfuguismo hay otro punto por el que se comprometen a “agotar la XI legislatura”. La previsión es que las elecciones sean a finales de 2022.

El objetivo del acuerdo es dotar de estabilidad al Ejecutivo andaluz, sacudido por la ruptura de PP y Cs en Murcia y la Comunidad de Madrid. Pero no sólo por eso, también por las turbulencias en el propio seno de Ciudadanos, en cuyo grupo se han observado discrepancias y tensiones. El referente del sector que cree que Cs debe poder pactar a izquierda y a derecha, es decir, que puede formar gobierno con el PSOE el futuro, es Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, posible candidata a presentarse por Cs a la presidencia de la Junta. Ruiz se sienta en el propio Consejo de Gobierno. A todos estos factores de tensión se ha sumado el fichaje por parte del PP del que ha sido secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, que ha suscitado críticas de Marín.

El Gobierno andaluz sigue a flote, pero las causas profundas de inestabilidad siguen ahí. PP y Cs siguen dependiendo, para sumar mayoría, de Vox, que ha reclamado elecciones anticipadas. El partido que en Andalucía lidera Alejandro Hernández ha congelado su apoyo a cualquier iniciativa del Gobierno andaluz hasta que se aplique el “pin parental”. Las encuestas auguran un fuerte retroceso a Cs, que no está capitalizando electoralmente su integración en el bloque de PP y Vox, partido con el que aún acumula acuerdos por cumplir. No obstante, el Ejecutivo sale en pie del terremoto murciano-madrileño. Y con Juan Marín ocupando ahora una posición relevante en la nueva dirección de Inés Arrimadas. Marín ya ha adelantado que aspira a volver a presentarse como candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El terremoto político de Murcia y Madrid se dejó sentir en Andalucía y Castilla y León, pero sin derribar los gobiernos de PP y Cs ni terminar con la legislatura. En Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno (PP) y el vicepresidente Juan Marín (Cs) cerraron filas, incluida una escenificación de unidad, alegando que la legislatura está garantizada porque hay presupuestos. No ha habido ni está sobre la mesa una moción de censura del PSOE en Andalucía, ni tampoco un adelanto electoral de Moreno. Eso sí, el Ejecutivo autonómico pierde base de apoyo con el alejamiento de Vox, imprescindible para que el bloque conservador alcance la mayoría absoluta. El Gobierno andaluz encara en minoría casi una mitad de la legislatura, si efectivamente se agota. Quedan al aire además de manera evidente las diferencias de Cs, en el seno del propio gobierno, sobre si el partido naranja debe cerrarse o no en el futuro a pactos con el PSOE.

En Castilla y León, el PSOE presentó una moción de censura a las 14.41 horas, con su líder, Luis Tudanca, como candidato, si bien necesitaría deserciones de Cs para prosperar. A diferencia de lo que pasa en Murcia, Andalucía y Madrid, en Castilla y León PP y Cs se bastan para sumar mayoría.

Turbulencias en Andalucía

El Gobierno andaluz sigue en pie, aunque sufre turbulencias. Moreno (PP) y Marín (Cs) coincidieron este miércoles en reivindicar la “estabilidad” del Ejecutivo autonómico, garantizando su continuidad. Las elecciones no están previstas hasta finales de 2022, insisten las fuerzas gobernantes. No habrá camino murciano, con moción de censura de PSOE y Ciudadanos, ni tampoco camino madrileño, con ruptura del pacto. Y el PSOE no ha abierto tampoco, al menos por ahora, la vía castellanoleonesa, de moción de censura en solitario, a pesar de que podría servir para tensar al bloque conservador en un parlamento donde sí depende de Vox y donde podría explotarse discrepancias estratégicas en el seno de Cs. La moción “no está sobre la mesa”, confirma un dirigente socialista. ¿Las razones? No sólo tendría un éxito más que improbable, sino que sería contraria al discurso de Susana Díaz, que insiste en centrarse en la pandemia y dejarse. El PSOE es el único partido que podría presentar esta moción en solitario, porque es el único que suma más del 25% de los diputados exigidos para ponerla.

El Gobierno andaluz tiene un bastión en el presupuesto de 2021 ya aprobado y otro en el compromiso total de Marín con el pacto con el PP, a pesar del empeoramiento electoral de Cs. “Estamos más preocupados por las vacunas que por las elecciones, más por la reactivación económica que por los sillones. Ese es el objetivo de este Gobierno, tenga el coste político que tenga cuando lleguen las elecciones a finales de 2022”, afirmó Marín en su comparecencia por la tarde junto a Moreno en el Parlamento, donde había pleno.

El gran activo de Moreno ahora mismo es su socio naranja, que tiene previsto intentar ser candidato por tercera vez en las próximas elecciones. A la hora de hacer proyecciones sobre un posible cambio de rumbo de Cs en Andalucía, fuentes socialistas señalan que, con Marín al frente, será imposible. “Es irrecuperable”, dicen.

El presidente insistió en tres ideas: “tranquilidad, serenidad y confianza”. Terminado el breve turnos de preguntas de la prensa, Moreno y Marín se dieron la vuelta y regalaron a los gráficos fotos mostrando un trato afectuoso. El problema de la comparecencia Moreno-Marín es que, por concepto, una rueda de prensa extraordinaria del presidente y el vicepresidente para transmitir que aquí no ha pasado nada suele indicar exactamente lo contrario. La situación no está descontrolada y no se vislumbra ninguna ruptura, pero las aguas estén lejos de la calma.

En Cs hay un referente dentro del Gobierno, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, que afirma ya claramente que su partido debe ser capaz de “formar gobiernos a izquierda y a derecha”. En unas resonantes declaraciones a la cadena Ser el martes, Ruiz, posible candidata a convertirse en aspirante de Cs a la presidencia, se mostró partidaria de un gobierno “regenerador, moderno, progresista en lo social”. No eran unas declaraciones pensando en ahora, pero sí mostraron grietas en los bloques.

Justo un día después, llegaba el bombazo desde Murcia. Tras la moción murciana, Vox, sostén parlamentario del Gobierno andaluz, reclamó elecciones inmediatas, en la línea marcada por Santiago Abascal. Y lo hizo agarrándose a las palabras de Ruiz. “Nos cuesta entender cómo se pueden hacer este tipo de declaraciones al tiempo que se comparten responsabilidades en el Consejo de Gobierno. Ciudadanos es una fuerza muy poco fiable”, afirmó Alejandro Hernández, portavoz de Vox en Andalucía.

Vox ya había anunciado en febrero la interrupción de todos sus apoyos al Gobierno andaluz hasta la aprobación del “pin parental”. Sus 11 diputados –se salió una representante, que ahora está en Falange– son imprescindibles para que PP (26) y Cs (21) alcancen la mayoría absoluta, fijada en 55. La fuerza de Vox es mayor en Andalucía, con un 11% de los escaños, que en Madrid (9,09%), Murcia (8,88%) y Castilla y León (1,23%). Con la ultraderecha desvinculada ya del acuerdo –tras aprobar, eso sí, tres presupuestos en menos de dos años con PP y Cs–, la estabilidad de la estancia del PP en San Telmo pasa por un compromiso total de Ciudadanos. Por eso las palabras de Ruiz tuvieron tanto recorrido: abren la perspectiva de una ruptura futura de los dos bloques, que ha sido el modelo que ha permitido al PP llegar a San Telmo con 26 diputados, 24 menos que los que alcanzó Javier Arenas en 2012 sin conseguirlo.

Este miércoles, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno andaluz (PP), preguntado por las palabras de Ruiz, respondió con contundencia a su compañera en el Ejecutivo. Aludiendo expresamente a la “señora Ruiz”, le recordó que el PSOE “de los ERE” es un partido “tóxico”, habló de los los “prostíbulos” del caso Faffe y de los “dos expresidentes condenados”, para concluir que los socialistas no tienen “compatibilidad para pactar con nadie”. Sacaba Bendodo toda la artillería pesada.

Los focos apuntan también a Susana Díaz, secretaria general del PSOE, que lleva desde el arranque de la legislatura tratando de proteger su liderazgo interno. Díaz, cuyo argumento ante las acometidas de los críticos suele ser la necesidad de olvidar los líos internos para centrarse en lo importante, mantuvo este miércoles esta línea. No quiso extrapolar a Andalucía lo ocurrido en Murcia y se negó a “hacer cábalas” sobre un hipotético acuerdo con Cs, aunque sí consideró “evidente” que el partido naranja se ha dado cuenta en Murcia de que “el PP lo está llevando a la ruina”. “Estamos en la pandemia, en lo que tenemos que estar”, dijo, recordando que la crisis sanitaria y económica exigen toda la atención y que Andalucía tiene “más de un millón de parados”, lo cual desaconseja cualquier distracción.

Díaz dirigió el mensaje a Moreno, cuya dirección está protagonizando enfrentamientos con la de Pablo Casado en la antesala de las primarias de Sevilla. No obstante, un socialista crítico con la presidenta veía el mensaje lanzado también en clave interna: no es momento de líos, tampoco en el PSOE. De hecho, un líder provincial afín a la presidenta recalcaba que el movimiento murciano, por la inestabilidad que apareja, refuerza la posición de la secretaria general. No todos lo ven así. Un integrante del sector crítico, partidario de un cambio, aseguró que lo ocurrido no cambia la certeza absoluta de que, si Díaz mantiene su compromiso de intentar ser candidata pese a los ofrecimientos realizados para su salida, tendrá rival en las primarias. Está por ver quién es.

Moción en Castilla y León

En Castilla y León la mayoría absoluta está en 41 diputados. El PSOE suma 35, a los que puede sumar los 2 de Podemos-Equo. Pero ni siquiera con esta base y sumando los 2 de Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila alcanzaría el límite. Requeriría díscolos de Ciudadanos. El socialista Tudanca dijo que había mantenido “contactos” con miembros de Cs, pero no aclaró más. Los mensajes salidos desde el partido naranja en Castilla y León fueron de tranquilidad. El portavoz del grupo parlamentario del partido naranja, David Castaño, pidió a Tudanca que "abandone toda esperanza”. La advertencia se hizo en rueda de prensa conjunta con su homólogo del grupo popular, Raúl de la Hoz, lo que reforzó la idea de cohesión que las dos fuerzas que sostienen al Gobierno querían transmitir. El plan es alargar la legislatura hasta cuando toca, 2023.

La moción de censura –idea que el partido ya acariciaba antes del movimiento murciano–, se justifica en “múltiples casos de corrupción política”, así como en la “ética pública” y en la necesidad de “alternancia política”. Como “fuerza mayoritaria” de las Cortes, con 35 diputados frente a 29 del PP, el PSOE argumenta que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Ciudadanos) está gestionando la crisis del covid-19 con “pasividad y desconcierto, sin empatía con las personas y familias afectadas”. Tudanca afirmó que a su partido le constaba que el presidente Mañueco había recibido llamadas a raíz del adelanto de Díaz Ayuso para hacerlo mismo, por lo que vinculó su moción a un intento para evitar ese supuesto adelanto. La moción está todavía pendiente de su tramitación en la Mesa del Parlamento, que tiene que convocar su presidente, Luis Fuentes, de Ciudadanos, con 24 horas de antelación.

En cuanto a los máximos gobernantes, ambos fueron parcos. El vicepresidente Igea, tras la moción en Murcia y antes del adelanto madrileño y la moción en Castilla y León, afirmó: “No tomamos decisiones por lo que se haga en otros sitios”. Igea reivindicó el cumplimiento del acuerdo de gobierno con el PP. En cuanto a Fernández Mañueco, escribió en Twitter que está centrado en la acción de gobierno.

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha abierto la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en Andalucía en los próximos comicios regionales y ha incidido en que "somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción", según informa Europa Press. 

Podcast Andalucía Informa 2 de diciembre de 2020

No obstante, ha apuntado que "se valorará en su momento y se decidirá lo que se tenga que decidir". Así lo ha señalado Marín, que ha intervenido junto con el presidente ejecutivo de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados y exlíder de Cs, Albert Rivera, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía con el patrocinio de Fundación Unicaja, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, al que también han acudido el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; de Empleo, formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco y de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

"El PP es un partido que tiene un modelo y una ideología, defiende unos principios que muchos son coincidentes y otros no con Ciudadanos", ha explicado, añadiendo que son partidos distintos que son capaces de ponerse de acuerdo.

Al respecto, ha agregado que lo que ocurre en Andalucía no sucede en otras comunidades y "algunos lo ponen en cuestión" pero, ha dicho, es fruto del compromiso personal de los que forman parte del Ejecutivo regional.

"Hemos sido capaces de hacer un solo gobierno en Andalucía y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos, que hemos compartido cuatro años y que nos presentaremos a las elecciones, cada uno como considere, sin descartar ninguna opción".

A juicio Marín, "eso debe ser también algo que pongamos encima de la mesa y que lo hagamos con naturalidad". "Si los andaluces quieren en Andalucía un gobierno que siga cuatro años más y que en ese gobierno estén el PP y Ciudadanos se valorará en su momento y se decidirá lo que haya que decidir, pero hay mucho de compromiso personal", ha apuntado.

Así, ha valorado la gestión hecha en este periodo del Ejecutivo andaluz de PP y Cs y ha asegurado que, en este caso, "lo que hay es un solo gobierno" y "en permanente diálogo, y eso es importante".

Es más, ha dicho que con Elías Bendodo habla "todas las semanas, aunque tengamos diferencias, discutimos, las resolvemos a nivel interno, y no se entera absolutamente nadie; pero tomamos decisiones y las llevamos a cabo". Asimismo, ha dicho que para formar gobierno, Vox no fue un inconveniente "nunca, al contrario", pero tenían "claro que era un gobierno de coalición de PP y Cs".

"Hoy la corrupción no es un problema para los andaluces"

Por otro lado, ha asegurado que "hoy ya la corrupción no es un problema para los andaluces, se ha acabado dos años después", ha dicho el líder de Cs en Andalucía, asegurando que es así porque "creíamos que las cosas se podían hacer de otra forma, que veníamos a servir a los ciudadanos y no a servirnos de ellos".

A juicio de Marín, "la corrupción ha pasado a un segundo plano, no hay casos de corrupción política. Al menos en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno andaluz". "Eso antes creaba desconfianza", ha apostillado, asegurando que uno de los "lastres" que ha tenido la tierra durante décadas ha sido "esa falta de confianza en las instituciones, en la clase política".

"Era muy difícil plantear reformas, plantear un nuevo gobierno en Andalucía porque todo estaba viciado, esa era la realidad y cuando llegaban las elecciones, al final, todo seguía igual", incidiendo que hace dos años hubo un momento de inflexión.

Ha insistido, además, en que el éxito del gobierno autonómico, "además de poner en marcha los compromisos", es el diálogo permanente, valorando que "no solo hemos sido capaces de limpiar las instituciones", sino que se ha realizado un trabajo "bastante serio".

"Nos ha tocado vivir una situación extraordinaria como la que estamos viviendo –en referencia a la pandemia del covid-19– y creo que la sensación que tiene la inmensa mayoría de los andaluces es que este es un Gobierno sólido, estable, que genera confianza, que toma decisiones mirando por el interés general de los ciudadanos y que es capaz de llevar a cabo las reformas con las que nos comprometimos".

Así, Marín ha asegurado que "hemos sido capaces de decirle al resto de España, de Europa, especialmente, a todos los inversores que esta es una tierra en la que iban a cambiar muchas cosas", ha defendido, aludiendo a la seguridad jurídica o a la simplificación administrativa, lo que redunda en el desarrollo de proyectos empresariales y creación de empleo.

También ha dicho que se ha demostrado en este periodo "que no éramos los que veníamos a destrozar el Estado de bienestar en Andalucía", recordando que el presupuesto andaluz de 2021 "es el más social de la historia y me atrevería a decir de todas las comunidades".

Por ello, ha defendido que este gobierno "ha venido para quedarse muchos años" y se ha reivindicado como "el modelo diferente; nos hemos convertido en esa alternativa en dos años a un Gobierno de España, que va en la dirección contraria a la que nosotros creemos que hay que poner en marcha para que los ciudadanos vivan de una forma mejor".

Así, ha defendido que ahora Andalucía "es una tierra de oportunidades, donde la corrupción paso a la historia" y "se está aliviando la carga a los que siempre lo han soportado bajando los impuestos".

"Estamos siendo capaces de generar esa confianza, esa estabilidad y eficacia en la gestión que realmente se necesitaba para ser motor económico para que Andalucía ayude a este país a salir adelante", ha sostenido.

En relación con la eficacia ha destacado que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, "fue capaz de tramitar 100.000 ERTE en un mes" pero "ahora está tramitando 90.000 ayudas para los autónomos andaluces en menos de un mes" frente a las anteriores que "tardaban una media de 14 meses".

Encuestas

Por otro lado, se ha referido a las últimas encuestas, en la que Cs se quedaría con el 10,6 por ciento de los sufragios, por detrás de Vox, y ha dicho que las respeta y valora, restando importancia a los datos para la formación naranja y recordando que "estamos en la misma situación que estábamos en diciembre de 2018".

Por eso, ha incidido en que los sondeos muestran que "se consolida un gobierno. Hay un cambio de gobierno consolidado en Andalucía que sigue creciendo". Además, ha continuado, ese Ejecutivo "ha generado suficiente confianza al conjunto de los ciudadanos como para que quieran que sigamos gobernando Andalucía".

No obstante, ha señalado que ahora mismo son estados de opinión que pueden variar, eso sí ve "una consolidación de un nuevo modelo en Andalucía 37 años después". "Lo único que me preocupa en este momento no son los sondeos, son los datos que siguen apareciendo y cada vez que hay un parado más eso sí que es un problema", ha concluido.

“La esperanza de los pobres nunca se frustrará (Sal 9,19)”. El dictamen de la conocida como “Comisión de Reconstrucción” del Parlamento de Andalucía, abierta para diseñar la salida de la pandemia en la comunidad, encabeza con esta cita del Libro de los Salmos su apartado de “ayudas sociales”, uno de los 16 bloques de un texto que propone suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, así como seguir rebajando el tramo autonómico del IRPF. En paralelo, el dictamen reclama “reformular los requisitos para la obtención de la renta mínima de inserción social” existente en Andalucía para introducir limitaciones a quienes hayan rechazado un puesto de trabajo.

Concretamente, el dictamen recoge: “Reformular los requisitos para la obtención de la renta mínima de inserción social, a efectos de que se tenga en cuenta la disponibilidad para el trabajo de las personas beneficiarias y por ello, tener en cuenta que no hayan rechazado ningún trabajo que se les haya ofrecido como consecuencia del cobro de prestación de este tipo o del Ingreso Mínimo Vital”. La “ayuda social” en general, no sólo la renta mínima, debe estar sometida a “un control exhaustivo […] a efectos de evitar duplicidades y de cumplimiento de requisitos”, señala el texto.

El autor del dictamen es el presidente de la comisión, Manuel Gavira, parlamentario de Vox, un grupo que votó en contra de su creación. Su elección, facilitada por PP y Cs, motivó que PSOE y Unidas Podemos renunciaran a participar en dicha comisión, que ahora pone encima de la mesa un dictamen con una inconfundible autoría. No obstante, Manuel Gavira afirmó este lunes, en la presentación del dictamen, que es un texto sin carga ideológica, que sale de la “sociedad andaluza” y no de Vox. PP y Cs, que gobiernan con el apoyo del partido ultraderechista, pueden presentar enmiendas hasta el viernes. infoLibre preguntó a ambos partidos si lo harán. El PP no lo descarta y Cs confirma que sí, aunque no aclaró el sentido. Las dos formaciones necesitan a Vox para aprobar los presupuestos de 2021, al igual que lo necesitaron para aprobar los de 2019 y 2020.

Quitar o rebajar impuestos

PP y Cs, respaldados por Vox, ya han materializado una reforma fiscal a la baja en Andalucía, como parte de lo que fue la bandera del candidato Juanma Moreno, hoy presidente, durante su campaña: la famosa “bajada masiva de impuestos”. El Gobierno autonómico suprimió el pasado año el Impuesto de Sucesiones para las herencias superiores a un millón de euros. También en 2019 el Gobierno andaluz reformó el IRPF pasando de ocho a cinco tramos del IRPF, un cambio que benefició más que a ningún otro grupo a los que ganan más de 120.000 euros.

Ahora el dictamen de la comisión abunda en esa línea de “bajada masiva de impuestos”, a partir del siguiente propósito general: “Un sistema fiscal sensato que colabore en la salida de la crisis mediante la estimulación de la inversión a través de beneficios fiscales para aquellos que arriesguen su patrimonio en inversiones productivas, así como atenuar la presión fiscal, para hacerlo más sólido, evitar el fraude e impedir que los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales cubran lo que no aportan los defraudadores”.

La fórmula defendida para alcanzar este propósito combina medidas autonómicas con exigencias de supresión o rebaja al Gobierno central. El dictamen pide quitar los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. En el caso del segundo, si no se puede erradicar, el dictamen propone extender las exenciones. También reclama ampliar el “ámbito de beneficios fiscales en los tributos autonómicos”. Defiende la “supresión de la plusvalía municipal” en toda España, bajar el IVA para “estimular el consumo” y “armonizar la fiscalidad medioambiental” para que no suponga “obstáculos para la reactivación económica”. Andalucía está entre las comunidades que han impulsado normas que rebajan requisitos ambientales, suprimen licencias o agilizan permisos para animar construcción y turismo [ver aquí información en profundidad].

Al mismo tiempo que se aboga por suavizar impuestos medioambientales, caben en el dictamen –prolijo en buenos deseos e intenciones genéricas, magro en números– alusiones a la “revolución verde”, expresión que suele utilizar el presidente Juanma Moreno (PP). Los beneficios fiscales propuestos, que inciden además en las PYME y las familias numerosas, se recogen en el dictamen junto a la prórroga de los ERTE y el “pago en el menor tiempo posible a proveedores de las facturas pendientes”. No hay explicación cuantificada de ningún tipo. El dictamen propone “tomar las decisiones pertinentes para solucionar el problema de la economía sumergida”. No hay alusiones similares a la evasión fiscal. Y sí abundan las referidas a un concepto que recorre de arriba a abajo el dictamen: la colaboración público-privada.

No es un texto esmerado, ni detallado, ni –en varias ocasiones– con la mínima solvencia en el tratamiento de los temas. En el apartado “Vertebración territorial y reto demográfico” hay un párrafo que dice: “Auspiciar la colaboración entre administraciones para el establecimiento de un mapa ferroviario andaluz y completar la red de metro en las principales ciudades andaluzas (Así, por ejemplo, la conexión férrea Algeciras- Bobadilla)”. Es difícil saber qué tienen que ver y por qué se abordan juntas las redes de metro en Sevilla, Málaga y Granada y el Corredor Mediterráneo, que no es competencia autonómica y que es una demanda impaciente de la comarca del Campo de Gibraltar. No se aclara. Son temas de la máxima importancia, abordados de pasada y con un brochazo que hace difícil saber en qué se plasmará finalmente una hipotética aprobación.

El sello de Vox

El dictamen lleva el sello inequívoco de Vox. ¿Ejemplos? Propone “evitar los perjuicios que el covid está generando en el sector cinegético andaluz con medidas que garanticen su actividad y protejan el empleo en este ámbito, incluida la posibilidad de bonificaciones fiscales a la actividad cinegética”. También reclama un “imprescindible […] Plan de Apoyo a la Tauromaquia que evidencie sin tapujos su valor cultural, que ayude a superar sus problemas económicos”.

El dictamen aborda la inmigración con una terminología más suave que en otras ocasiones, proponiendo “facilitar a los menores no acompañados [los conocidos como MENA] el regreso a su hogar” o “instar al Gobierno de España para que inicie un abordaje serio de la inmigración que permita evitar la inmigración ilegal y la trata de seres humanos”. Y añade: "Es de vital importancia adoptar medidas tendentes a ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en nuestras fronteras en coordinación con el Gobierno de la Nación, estableciendo una frontera de protección microbiológica. En ese sentido, debe instarse al parlamento nacional que reprima, con una respuesta penal adecuada, la actividad desarrollada por las mafias que trafican con inmigrantes".

Esta propuesta de "represión" de las "mafias" de la inmigración no tiene mayor alcance práctico. PP, Cs y Vox tienen acordado desde el año pasado que Junta colabore con el Gobierno central, incluso con un órgano conjunto, para combatir la inmigración ilegal. El acuerdo ha quedado en nada. El deseo de Vox de convertir la inmigración en un asunto central de las políticas autonómicas está de momento insatisfecho, dado que las competencias son estatales. No obstante, el tema sí le sirve para obtener titulares. 

Hay una voluntad de limar la retórica en el autor del informe, que utiliza términos como “gobernanza” o “resiliencia”. Eso sí, no cede con la “violencia de género”. “Lejos de cualquier consideración sobre lo acertado o no de la terminología utilizada, se deben atajar todas las situaciones de violencia, y muy especialmente la que se genera en el ámbito intrafamiliar”, recoge el texto. El dictamen señala que la legislación “no es eficaz y, además, deja fuera de su amparo a amplios grupos de individuos, al estar enfocada predominantemente a evitar la violencia dirigida contra mujeres, y no a la dirigida contra otros integrantes del ámbito familiar”.

No hace tanto, en junio, se llegó a poner de moda en la narración sobre el coronavirus en Andalucía una expresión: “cuádruple cero”. Es decir, cero positivos confirmados con PCR, cero hospitalizaciones, cero ingresos en UCI y cero muertes. Sobresalía Almería, la provincia más oriental, cuyas malas comunicaciones habían contribuido a proteger de la expansión del virus. Era un territorio que se había convertido en emblema de la buena posición relativa de la gran comunidad del sur para encarar la desescalada. Ahí están los datos del 22 de junio, primer día tras el fin del estado de alarma. La Junta de Andalucía comunicó aquel día al Ministerio de Sanidad nueve casos en toda la comunidad y dos dos hospitalizaciones. Nadie entró la UCI y nadie murió. En cuanto a la provincia de Almería, logró un “cuádruple cero”, según los datos comunicados aquel día. Menos de dos meses después, hoy Almería es, por delante de la Costa del Sol, el principal problema sanitario de Andalucía, comunidad en la que las autoridades han cambiado de discurso, hasta ahora basado en exaltar la “seguridad” de las costas andaluzas para el turismo, para pasar a reconocer ahora una situación delicada e incluso advertir de medidas duras.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, admitió este jueves que, con 1.846 casos activos, están “tensos”. “La ciudadanía no puede permitir que esto se vaya de las manos”, afirmó, poniendo el foco en el comportamiento de la población. Ha sido una constante de la lectura oficial de los datos, que ha puesto más el foco en el ocio que en las situaciones de hacinamiento laboral en una provincia con fuerte sector agrícola. Los frentes abiertos en Almería son varios. El más grave es el de la residencia de mayores de El Zapillo, en la capital, que suma ya tres muertos. El Ejido, tierra de invernaderos, cuenta 325 casos activos. Un brote surgido en la noche de Mojácar totaliza 94. Las cifras contrastan con los felices tiempos del “cuádruple cero”.

Es sencillo observar la evolución negativa en las curvas de casos diarios del Instituto de Salud Carlos III. El dibujo suele ser parecido en casi todas las provincias y coincide con el del conjunto de España. Son, grosso modo, letras U con la segunda parte de la letra más corta que la primera, a pesar de que ahora se hacen muchas más PCR. Las excepciones a este modelo son conocidas por la gravedad de la situación, caso de Zaragoza, donde se detectan más casos en agosto que en a finales de marzo, cuando se alcanzó el máximo. Madrid va camino de poner la segunda parte de la letra tan alta como la primera.

Pero no hay una gráfica como la de Almería. La primera parte de la U es bajísima, mayo y junio son casi planos, y ahora se ha lanzado hacia arriba. En realidad, no es una U, como puede verse en la gráfica que encabeza esta información.

Los datos de incidencia acumulada, es decir, los casos por cada 100.000 habitantes que va recogiendo el Instituto Carlos III, también invitan a la inquietud. En la semana del 10 al 16 de agosto, Almería alcanzaba los 106,72. Esta situación es peor que la de Barcelona, 70,9. Además, mientras Barcelona mejoraba (venía de 82,14) con respecto a la semana anterior, Almería empeora (de 88,31 a 106,72). Sólo tienen más incidencia acumulada Zaragoza, Huesca, Madrid, Burgos, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y La Rioja.

Evolución de los casos detectados en la provincia de Almería desde el 8 de marzo.

Otra fotografía interesante se toma desde las tablas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). De los 3.154 casos confirmados con PCR en Almería en total, 1.422 lo han sido en los últimos 14 días, con datos actualizados este mismo jueves. Es decir, el 45,08% en sólo dos semanas. Y eso en una provincia que el 20 de marzo, cuando España alcanzó el pico de la curva con cerca de 11.000 casos, hubo sólo 9 confirmaciones con PCR y había en total sólo 53 casos conocidos en total.

Cualquier comparación de la actual situación con la de marzo a abril obliga a aclaraciones. Fundamentalmente, porque ahora hay más control y seguimiento. Ahora se realizan más PCR, con lo que se detectan más casos, y ello pese a que Andalucía se encuentra a la cola en porcentaje de test por cada mil habitantes, con 51,6. Como resultado del mayor número de test en comparación a la primera oleada, hay mayor cantidad de positivos asintomáticos y son muchos menos que antes los que ahora son hospitalizados. No hay más que ver la fotografía actual del covid-19 en Andalucía para comprobarlo. Algunos datos. Actualmente hay 234 hospitalizados, 35 en UCI, y han muerto 8 personas en los últimos siete días. Es cierto por lo tanto que ha habido una subida desde el 22 de junio, con el fin del estado de alarma, cuando había sólo 44 hospitalizados, 9 de ellos en UCI. Pero no es una subida de la misma magnitud que la producida en en cuanto casos. El 22 de junio se notificaron 9, este jueves fueron 586.

Costa del Sol

Almería es el punto en peor situación. Pero no es la único que preocupa a la Junta. Ahí está la Costa del Sol, capital del sector económico que el presidente Juanma Moreno (PP) llama “nuestra industria”: el turismo. A pesar de que el mensaje más insistente de las autoridades ha sido el de la “seguridad” de los destinos andaluces, lo cierto es que la gráfica de la Costa del Sol va inequívocamente a peor. De los 1.728 confirmados por PCR en la Costa del Sol, 739 (42,76%) lo han sido en los últimos 15 días y 409 en los últimos siete.

En Marbella, la joya de la corona del turismo, marca protegida a toda costa por las autoridades, de los 852 casos confirmados por PCR, más de un 47% (403) lo han sido en los últimos 14 días, con datos del IECA. Ello ha llevado al cierre de las playas por la noche, para evitar que se traslade allí la diversión con el cierre de las discotecas y los pubs

Del todo “controlado” al “muy preocupados”

Con el mes de agosto encarando la recta final y el inicio de curso a la vuelta de la esquina, el Gobierno andaluz ha ido relegando el discurso del “turismo seguro” para empezar a dar voces de creciente alarma. Otra vez, los contrastes. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), afirmaba el 30 de junio que la situación estaba “controlada”. El 6 de julio, el vicepresidente Juan Marín (Cs) decía: “Andalucía es el destino más seguro del mundo”. La música ahora es otra. “Estamos muy preocupados por la evolución de la pandemia”, admitía este jueves Aguirre, dando cobertura a una advertencia realizada el día anterior por Juanma Moreno: “No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tenga que adoptar, por muy dolorosas que sean”.

Comparada con la situación de otras comunidades, como Madrid, Andalucía sale bien parada. Incluso con la media nacional. Los responsables de la Junta suelen alegar que Andalucía tiene menor incidencia acumulada. Y es verdad. En los últimos 14 días, Andalucía ha tenido 66,3 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media son 142,27 (una relación de 2,15 a 1). Pero, viendo la evolución, Andalucía ha perdido terreno. El 22 de junio, la incidencia acumulada en Andalucía era de 1,13 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 8,3 en España, (una relación de 7,34 a 1).

El catedrático de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Huelva Juan José García del Hoyo, que hace un seguimiento diario de los casos en Andalucía, afirma que la situación en la comunidad, atendiendo a las hospitalizaciones, presenta un razonable nivel de control, aunque no suficiente para encarar con garantías el inicio del curso, que le preocupa sobremanera. “El número de hospitalizados semanalmente sobre el número de positivos era a finales de marzo del 55%, ahora es de poco más del 5%”, subraya para pedir calma. No obstante, García del Hoyo advierte claramente sobre la excepción almeriense –que a su juicio se explica fundamentalmente por el regreso de temporeros que han estado en las campañas realizadas en Lleida– y, en menor medida, en la Costa del Sol. “Es previsible que ahora se ralentice el nivel de contagio, porque esta quincena va a haber menos turismo que en la primera, como ya se está viendo. Eso sí, es preocupante la vuelta de la actividad educativa, ahí puede haber un repunte fuerte”, señala.

Cierra el sistema escolar andaluz, el mayor de España. Es una auténtica conmoción en la gran comunidad del sur. Sólo en la enseñanza no universitaria –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos– hay más de 1,8 millones de alumnos. Si el alumnado andaluz fuera la población de una comunidad autónoma, sería la décima más poblada, por detrás de Castilla La Mancha y por delante de la Región de Murcia. Son casi 130.000 docentes, la población de Parla. Cierran 7.144 centros totales, sumando públicos, privados-concertados y privados-privados. Si añadimos todos los grados de enseñanza, con las diez universidades públicas andaluzas y las guarderías, son más de 2,5 millones de personas las afectadas por la medida, entre alumnos, docentes y resto de personal. Todos a casa durante 15 días, entre el lunes 16 y el lunes 30 de marzo, cuando el Gobierno andaluz revisará la medida.

Fue una reacción fulminante a la recomendación del Ministerio de Sanidad, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este miércoles, el vicepresidente Juan Marín (Cs) aún no había anunciado esta medida, rechazada públicamente por el consejero de Educación, Javier Imbroda, de su mismo partido. Se cerraban hogares del pensionista, se reforzaba la sanidad con nuevas contrataciones, se ponía entre paréntesis, todavía sin descartarse, la celebración de la Semana Santa... Pero las aulas todavía no se tocaban. Con 158 casos diagnosticados –97 de ellos en Málaga–, en una comunidad de más de 8,4 millones de habitantes, y sin ningún fallecido todavía, la Junta ha apurado las opciones para no cerrar el sistema escolar. Es más, el mensaje oficial venía siendo de "tranquilidad", porque la Junta había "acertado más" que otras comunidades, en palabras de Marín.

Pero finalmente este jueves, en una comparecencia sin preguntas a las 20.30 horas, el presidente Juanma Moreno (PP) hizo oficial lo que ya había sido comunicado a los docentes en numerosos centros a lo largo de la tarde. Este viernes sí habrá clases, para que los padres puedan organizarse. Pero el lunes no. Moreno dejó entrever que no considera rigurosamente necesaria, desde una óptica exclusivamente andaluza, la medida, porque comparativamente la situación no es tan grave como en otras comunidades o países. Pero aludió a la "lealtad institucional" y la necesaria "unidad de acción", un reproche velado al Gobierno de Pedro Sánchez, y singularmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusa de maltratar a la comunidad.

El 28F, que año celebraba sus 40 años, desplegó en la soleada mañana de este viernes en Sevilla un elocuente retablo de la coyuntura andaluza. En el Parlamento andaluz y el Teatro de la Maestranza, los actos oficiales mostraban el nuevo canon político que intenta imponer el Gobierno de PP y Cs que lidera el presidente Juanma Moreno, centrado en desplazar al PSOE como partido hegemónico en la comunidad del sur: un autonomismo de corte institucional que rompe con la connotación izquierdista de la causa andalucista y que eleva la bandera verdiblanca como garaníta contra la “discriminación” y los “privilegios” de Cataluña, en un momento crucial del debate autonómico. En la marcha de izquierdas en la calle, la miríada de organizaciones a la izquierda del PSOE, destacadamente Podemos e IU, gritaba “viva Andalucía libre”. Autoexcluido del acto de la Maestranza –no del celebrado en el Parlamento–, Vox celebró en una céntrica plaza de Sevilla un acto contra el Estado de las autonomías y contra la propia liturigia oficial que este año abandera un Gobierno sostenido por el propio partido de ultraderecha.

Es la contradicción inherente a la presente legislatura andaluza: Juanma Moreno intenta mostrar un perfil moderado y andalucista mientras su gobierno depende de un partido ultraderechista y antiautonomista, que desprecia causas como el feminismo y la memoria histórica y a figuras como Blas Infante. El Gobierno andaluz de PP y Cs sufre esta tensión. Especialmente Cs, castigado en las encuestas. Pero, determinados –por el momento– a mantener la cohesión, PP y Cs han logrado encontrar un hilo común: la denuncia de las “discriminaciones” a Andalucía y de los “privilegios” de Cataluña. Ahí coincidieron la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), y del presidente, Juanma Moreno (PP), que defendió en su discurso institucional un “andalucismo constitucional", "moderno y del siglo XXI”, sabedor de que el concepto “andalucismo”, vinculado a la memoria de las manifestaciones de 1977 y al referéndum de 1980, está teñido de connotaciones de izquierdas. El PSOE, que mantiene el 28F un perfil institucional –a diferencia de Adelante Andalucía– volvió a poner este viernes de relieve todas las contradicciones que para el Gobierno de PP y Cs supone el apoyo de Vox. Un ejemplo: este mismo viernes, la diputada de Vox por Sevilla en el Congreso Reyes Romero cargaba contra la “Andalucía oficial” que celebra “actos institucionales” pese al “fracaso” autonómico. Este tipo de manifestaciones rara vez encuentran respuesta del Gobierno andaluz.

Actos oficiales

Los actos oficiales, siempre un escaparate de lucimiento del presidente de turno, tuvieron como momento estelar la clásica ceremonia de los premios del 28F, esto es, el reconocimiento de “hijos predilectos” y la entrega de “medallas de Andalucía”. Son galardones concedidos al antojo del Gobierno de turno, que tanto en la etapa del PSOE como ahora los utiliza para ocupar espacio político, enviar mensajes y tejer complicidades.

Es evidente el sesgo que ha introducido Moreno. Los hijos predilectos son Antonio Burgos, articulista de ABC, muy popular en Sevilla y Cádiz, y el torero Curro Romero. Junto a nombres populares como el actor Antonio de la Torre y el futbolista Joaquín, del Betis, las medallas desprendía un sabor tradicionalista y, con mayor precisión, equino. Recibieron medalla, entre otras figuras, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Salón Internacional del Caballo y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, localidad de origen del vicepresidente Juan Marín. Las medallas a los “valores humanos” fueron para la Legión española y para Ana Bella, víctima de violencia de género y luchadora contra este tipo de de violencia de la que Vox, socio del Gobierno, niega incluso su existencia. Otra vez aparece la contradicción.

Manifestación de izquierdas

El 28F volvió a dar pie a la izquierda y el andalucismo para celebrar su tradicional manifestación, la que se suele contar entre las más concurridas del año. Asistieron unas 5.000 personas, según la plataforma Caminado/Marchas por la Dignidad. Adelante Andalucía apoyaba la marcha, que partió a las 12.00 de la estación de trenes de Santa Justa y desembocó en torno a las 14.00 en el Teatro de la Maestranza, en cuyo interior tenía lugar el acto institucional de entrega de medallas y reconocimientos. Aunque, sobre el papel, la finalización en el Teatro de la Maestranza no implica que la manifestación sea contra el acto institucional, la impresión que queda es esa: la Andalucía de izquierdas se opone a la Andalucía oficialista que celebra institucionalmente el 28F. Adelante Andalucía estuvo representada en el acto del Parlamento, pero en el del Teatro de la Maestranza

En la manifestación había banderas de Podemos, de IU, del PCE, de Adelante Andalucía –espacio actualmente en disputa–, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), de la CGT, de colectivos de pensionistas... Y de Andalucía, sobre todo. La bandera andaluza, la blanquiverde, llamada "la arbonaida", sigue siendo el emblema que más consenso genera en la izquierda de la comunidad. Podemos e IU continúan buscando la forma de revitalizar el alicaído andalucismo histórico.

Acto contra las autonomías

Vox reunió a unas 200 personas en la plaza del Pan, en pleno centro de Sevilla, en un acto contra la autonomía de Andalucía –de las 17 comunidades, en realidad–. La convocatoria, concretamente, era “contra el despilfarro autonómico”. El rechazo a la autonomía andaluza no es nuevo en la derecha. Tanto Alianza Popular como UCD se opusieron al sí el 28F, con significativas excepciones como la de Manuel Clavero Arévalo. Pero el sí se impuso en las urnas hace 40 años y la derecha quedó durante décadas fuera de juego en la comunidad del sur. Ahora, justo cuando ha alcanzado el poder en Andalucía, ha emergido un bloque ultraconservador que regresa a las posiciones antiautonomistas.

No hay tradición de manifestaciones anti-28F precisamente el 28F. Hubiera sido raro un gran éxito de asistencia. En efecto, el acto no fue masivo, ni mucho menos, pero tampoco se puede hablar de vacío. Había movimiento. Por la megafonía sonaba Libre, de Nino Bravo, Resistiré, del Dúo Dinámico, y No puedo vivir sin ti, de Coque Malla. Abundaban las banderas españolas, que un señor con un peto de Vox vendía a 5 euros. Ni una bandera andaluza. Predominaban los mayores, pero también había jóvenes. Un asistente repartía carteles con mensajes como “El 28F no nos representa” y “Pensiones o autonomías”.

A la tribuna situada cerca del extremo más sombreado de la plaza fueron subiendo responsables del partido, uno tras otro, para exponer las causas del "fracaso" autonómico. No era difícil arrancar vítores al auditorio. La idea central era sencilla: “No hay nada que celebrar”. Tomó la palabra, entre otros, Javier Cortés, responsable de la gestora del partido en Sevilla tras el portazo de su presidenta, María José Piñero, entre acusaciones de “irregularidades”.

El 28F, día de sublimación simbólica, las costuras de la mayoría derechista que sostiene al Gobierno quedaron al aire. Pero hasta la fecha no llega la sangre al río. En lo material hay acuerdo. El lunes Moreno volverá a gobernar con sus presupuestos aprobados.

Se tensan las costuras de la mayoría derechista que sostiene al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP). Ciudadanos, partido que gobierna junto al PP con el apoyo externo de Vox, hizo este miércoles demostración solemne, en el Parlamento andaluz, de que se desentiende ahora del acuerdo presupuestario firmado por los tres partidos en octubre, o al menos de la interpretación que hasta ahora se ha hecho sobre uno de sus puntos, en el que Vox está empeñado, y que implica una "autorizacin expresa" de los padres para las actividades complementarias. Con los presupuestos de 2020 ya aprobados con el voto de los 12 diputados ultraderechistas, ahora el partido naranja, que dirige la Consejería de Educación en la persona de Javier Imbroda, se niega a aplicar el veto parental que acordó con el PP y Vox, aunque sin darle ni ese nombre ni el de "pin parental". El PP apoya a Imbroda, aunque con una argumentación alambicada según la cual, de hecho, ya existe esa obligación de "autorización expresa", aunque Vox no lo sabía.

El firmado es un veto parental que, hay que recordarlo, fue una exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2020, con los que ahora gobierna Moreno. El PP, durante el debate, apoyó al consejero de Educación, afirmó que el llamado "pin parental" es "innecesario" y reinterpretó el acuerdo con Cs y Vox. A juicio del grupo popular, no hay nada que cambiar en el sistema educativo andaluz para dar cumplimiento al acuerdo de "autorización expresa", lo cual lleva a preguntarse para qué se firmó entonces ese pacto y por qué el PP no ha deshecho antes el malentendido, ya que Vox lleva desde octubre presumiendo de su logro. Desde la bancada de Vox, su portavoz, Alejandro Hernández, y el resto de parlamentarios hacían aspavientos con gesto de enfado y agitando el acuerdo: "¡Está firmado!". Durante su intervención, Hernández amagó con poner en duda el apoyo a PP y Cs, aunque no llegó a lanzar un órdago. Eso sí, afirmó que el consejero pone "en tela de juicio" la "fiabilidad" del Gobierno andaluz y dijo que "la gravedad" de la situación "está por determinarse".

Imbroda, en una comparencia en el pleno andaluz sobre el llamado "pin parental", se mostró categórico: "Conocimiento previo sí. Veto previo, no". Desde la tribuna, Imbroda ensalzó el "garantismo" del sistema educativo andaluz y la "educación en valores", defendió la "autonomía de los centros" y la "autoridad de los profesores". Negó que haya habido o haya adoctrinamiento. Apeló al "consenso". "Es un debate estéril e interesado. El pin parental no es necesario", dijo. Más tarde, añadió: "Hoy por hoy no procede la implantación del pin parental". Como transacción, Imbroda ofreció mayor "transparencia" en las actividades complementarias a través de una web única para todos los centros, mayor atención de la Inspección educativa para cerciorarse de que los padres conocen las actividades complementarias. Pero el propio consejero señalaba que, en un sistema con más de 100.000 profesionales, ha habido "dos denuncias". Es decir, no hay caso. Y además, añadió, es que el veto parental no tiene cobertura legal.

Intentaba Imbroda –sabedor de que tras su intervención venía el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, a recordarle lo firmado– hacer conciliable su posición con las exigencias de la ultraderecha, cosa difícil. El consejero señaló que "la propia matrícula" en el centro supone una aceptación de su proyecto de centro, que además luego pasa por el "consejo escolar", donde están los padres. Eso se podría entender como una autorización de los padres, según Imbroda. Pero eso obliga a mucho entender. Porque lo que dice el acuerdo es otra cosa. Habla de "autorización expresa" para "actividades complementarias". Nada indica que el acuerdo se pueda referir al Consejo Escolar, o a la matrícula, como ahora se pretende con las relecturas.

El punto 19 se titula "Autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo". Dice así: "Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española". Alejandro Hernández salió a la tribuna con el acuerdo en la mano. Lo leyó. "No admite interpretación", dijo. Le recordó a Imbroda que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha prometido el cumplimiento íntegro del acuerdo, que fue firmado por Cs en octubre, antes del batacazo electoral del 10 de noviembre. Ahora el partido que en Andalucía lidera Juan Marín no parece dispuesto a transigir y darle un éxito de ese calibre a Vox, como en Murcia.

"Está en tela de juicio la confianza y fiabilidad de este gobierno", lanzó Hernández, que sabe que tiene la llave de la legislatura, y que sin sus votos Moreno no sería presidente ni habría presupuestos de 2019 y 2020. Amenazante, añadió: "La gravedad de estos errores [los que comete Imbroda] está por determinarse". Se cuidó mucho de lanzar un órgado. Pero cargó contra el consejero Imbroda. "Nosotros no estamos en ese consenso, y ustedes lo saben de sobra. Por eso se introdujo el punto 19 en el pacto presupuestario. Ustedes no se pueden hacer de nuevas. No pueden venir ahora a decirnos que lo hemos colado de rondón. Como si lo hubiéramos introducido subrepticiamente", afirmó. Y trató de meter presión sobre Imbroda. "¿Ha mentido Moreno Bonilla cuando dice que se cumplirá el acuerdo?", preguntó. A continuación, exhibió el repertorio habitual. En los centros andaluces, dijo, hay "juegos eróticos" para niños de 0 a 6 años, se practican "intercambios de roles, vistiendo a niños de niñas, a niñas de niños", o se le "pintan las uñas y los labios a los niños". Imbroda negaba con la cabeza. Una y otra vez, Hernández le recordaba el acuerdo de su partido.

La complicada postura del PP

La papeleta es para el PP, que tiene a un socio moderado en declive que se niega a ceder más y a un socio radical en ascenso que exige el pago de las facturas. Es el equilibrismo que ha marcado el primer año de Juanma Moreno. ¿Cómo nadar y guardar la ropa? Por el PP tomó la palabra Miguel Ángel Ruiz, que despejó la equis: en esta controversia, que está por ver si se convierte en crisis, el PP se puso de parte de Ciudadanos. Pero con un giro complicado. Ruiz afirmó que el acuerdo de PP, Cs y Vox no dice "nada de pin parental". Los parlamentarios de Vox se revolvían en sus asientos.

Según la interpretación que hace ahora Ruiz, "las actividades curriculares son obligatorias y las extracurriculares ya hay que autorizarlas", por lo que no hay ningún problema. El obstáculo –otra vez– es lo que dice el acuerdo. "Actividades complementarias", sin más. Según el PP, lo que está firmado es lo que ya ocurre. Por la mañana, antes del pleno, cuando se le preguntó al portavoz del PP, José Antonio Nieto, por qué se firmaba en un acuerdo sobre algo que de hecho ya se hace, este respondió que precisamente por eso no había problema en firmarlo. La cuestión adquiere tintes surrealistas. Las posiciones son difíciles de encajar: Vox exige que se cumpla el acuerdo con la interpretación de veto parental; Ciudadanos no habla del acuerdo, es como si no existiera, le pide a Vox que se conforme con el Consejo Escolar y ofrece reformas para una mayor transparencia; el PP afirma que de hecho el acuerdo ya se está cumpliendo, y que Vox se equivoca al afirmar que lo acordado supone introducir alguna novedad... Es decir, que el acuerdo con Vox ya se cumple, pero Vox no lo sabe. Claro, a Vox no le convence.

A juicio del portavoz del PP, se trata de "un debate artificial e interesado", a pesar de que el partido de Moreno ha firmado dos acuerdos que van en esta línea. Además del pacto de presupuestos de octubre, antes, en enero, el acuerdo de investidura entre PP y Vox decía: "Permitir que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones". En realidad, el acuerdo PP-Cs-Vox es más claro aún: "Una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias". No dice que sean actividades "extraescolares", ni "optativas". Dice "complementarias", sin excluir las obligatorias, evaluables, vinculadas al currículo y dentro del horario. Ruiz, del PP, trató de llevar la cuestión hacia "la libertad de los padres" para "elegir centro", donde hay acuerdo entre los tres partidos. "El pin parental nos parece una medida innecesaria, porque en Andalucía no hay adoctrinamiento en las aulas", dijo Ruiz.

PSOE y Adelante ofrecen apoyo

"¿No saben ustedes lo que firman?", preguntó en su turno la portavoz socialista Beatriz Rubiño, que les recordó a PP y Cs que firmaron el "disparate", aunque ahora o se desentiendan o reinterpreten el texto. Eso sí, Rubiño tendió la mano al consejero Imbroda, al que le alabó su posición actual. Si es para rechazar el "veto", dijo, el PSOE estaría ahí. También lo estará la coalición de Podemos e IU. José Ignacio García, coportavoz de Adelante Andalucía, lamentó las "chalaúras" de Vox y, por convicción "antifascista", ofreció al Gobierno andaluz su apoyo para frenar la medida. Imbroda, en su contrarréplica, dijo que eso del "antifascismo" le suena "rancio" y "añejo". Que haya plantado cara a la propuesta de Vox no implica que Imbroda se acerque al PSOE o a Adelante.

Ahora, queda por saber cuál es el próximo movimiento de Vox.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que "a España le interesan más unas terceras elecciones que un gobierno como el que pretende el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE)", con Unidas Podemos, "más Esquerra Repúblicana (ERC), más PNV y más Bildu".

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha cuestionado sobre "si a España le interesa ese gobierno" teniendo en cuenta que "no va a ser solo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –secretario general de Podemos–". "Podemos y PSOE sabemos por dónde van, podemos tener mecanismos de defensa porque de este gobierno vamos a tener que defendernos", ha subrayado.

"¿Hasta dónde van a llegar las exigencias de Esquerra Republicana o de los nacionalistas catalanes, de los nacionalistas vascos o de Bildu? ¿Hasta dónde van a llegar las exigencias de esas fuerzas que pretenden 17 reinos de taifas independientes y llevar a cabo una política de bienestar basada en el estrangulamiento de las empresas, los autónomos, los emprendedores y la clase media subiendo impuestos?", ha preguntado.

Tras señalar que "hay muchas posibilidades de que este gobierno salga pronto", aunque no antes de Reyes "para no darnos los polvorones y las uvas", ha indicado que Cs está preparado para afrontar cualquier situación y ha criticado que a Esquerra Republicana y a PNV "solo le importa su espacio".

"Cuando haya que sentarse a hablar para financiar los servicios públicos fundamentes, ¿Esquerra y PNV no van a tirar para ellos? Claro y les va a dar igual, solo le importa su espacio. ¿Van a hablar de la reforma de la ley electoral? No van a hablar de eso", ha asegurado para añadir que "con un puñado de votos están controlando el Gobierno de España".

Asimismo, ha cuestionado si, en cuanto a las competencias de justicia, ERC no va a exigirlas para "poner en la calle a quien le dé la gana, cuándo le dé la gana por hacer lo que le dé la gana". De esta manera, ha advertido de que esto va a tener "consecuencias brutales para el resto de España" y, a su juicio, especialmente en Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid porque "cuando se hacen las cosas bien se pone en evidencia la mediocridad de los que pretenden gobernar este país".

Por último, ha insistido en que esto "no le interesa a España" y, en el caso de Andalucía, ha advertido de las "deslealtades" que están "sufriendo desde el minuto uno", desde que se formó gobierno el 22 de enero de este año. "El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, ha venido a Andalucía para temas que afectan a la Consejería de Justicia y ni siquiera se nos llama, se consulta o nos invita a participar en la reunión", ha ejemplificado.

La Junta de Andalucía ha dado este martes las instrucciones para reclamar por la vía civil el dinero dentro del caso EREcaso ERE tras conocerse la sentencia, y, además, una vez esta sea firme, reclamará el reintegro del coste de las defensas de los ex altos cargos condenados.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

Tras recordar que en la sentencia de la pieza política de los ERE se ha condenado a 19 acusados por delito continuado de prevaricación y a diez por malversación de caudales públicos que alcanzaría casi los 680 millones, Marín ha reconocido la dificultad de recuperar este dinero.

El vicepresidente de la Junta ha reprochado que el gobierno de la socialista Susana Díaz "ya se encargó de tejer una tela de araña para impedir que se ejecutarán las fianzas" y de ahí que sea "muy difícil recuperar el dinero". "Si hubiera actuado pensando en el interés de los andaluces todos los exaltos cargos tendrían sus bienes embargados y parte del dinero se podría recuperar", ha explicado.

De esta manera, ha asegurado que el Gobierno actual no se va a quedar cruzado de brazos para la recuperación de este dinero, momento en el que ha lanzado un mensaje de tranquilidad para aquellas personas de "buena fe" que se acogieron a estos ERE, que seguirán cobrando sus pensiones hasta 2025 con "total normalidad".

"Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que se colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde", ha sentenciado el dirigente de Ciudadanos. 

La Junta de Andalucía prepara una fuerte sacudida al mayor sistema escolar de España. El Gobierno autonómico de PP y Cs impulsa una reforma que sujeta la planificación de las plazas a la "demanda social", lo cual beneficia a la educación privada concertada en detrimento de la pública y coincide con lo que reclaman organizaciones como la Conferencia Episcopal y Escuelas Católicas.

La Consejería de Educación y Deporte del Gobierno de Juanma Moreno (PP), departamento dirigido por Javier Imbroda (Cs), trabaja ya con dos borradores, uno de un decreto y otro de una orden, cuya aprobación cambiaría el modelo educativo andaluz. Los delegados de Educación en las distintas provincias podrán, una vez finalizado el plazo de solicitudes para el curso siguiente y antes de resolver las admisiones, modificar el número de unidades de los centros públicos para "adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias", según recoge la orden, actualmente en tramitación.

La reforma da cumplimiento a los programas electorales de PP, Cs y Vox, así como al acuerdo de gobierno entre PP y Cs, que también se han comprometido a extender los conciertos al Bachillerato. Es previsible que estos cambios susciten un vivo debate en la política de Andalucía, así como en su comunidad educativa. La nueva normativa se pone sobre la mesa justo cuando la Junta es objeto de críticas, por parte de la oposición y los sindicatos y organizaciones de izquierdas, por la "reducción" de unidades públicas. ¿Qué son las unidades? Cada una de las clases autorizadas para cada curso. Por ejemplo, en un colegio en el que haya –digamos–, tres clases de 4º de Primaria (4ºA, 4ºB y 4ºC), habría tres unidades de 4º. 

El modelo impulsado por PP y Cs Andalucía se sitúa así en estela del desarrollado en Madrid y el blindado por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que vincula la planificación educativa a la "demanda social". Tanto PP y Cs, que gobiernan juntos la Junta, como Vox, su socio parlamentario, comparten una cerrada defensa de la "libertad de elección" de centro educativo. Con esta expresión se hace referencia a su defensa de la obligación de la Administración a sufragar con fondos públicos las opciones educativas que decidan los padres para sus hijos, aunque estos quieran que estudien en la privada. Es lo que se llama en España educación concertada, una opción blindada legalmente desde 1985 que consume más de 6.000 millones de euros públicos al año y está en constante crecimiento.

Los tres partidos conservadores defienden programáticamente la "libertad de elección". La Consejería de Educación ya presentó en mayo un informe para modificar la normativa reguladora de la admisión del alumnado en los centros públicos y concertados de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. El Gobierno andaluz declaró entonces que el objetivo "principal" de la reforma era "facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar". Eso es lo que ahora se está empezando a concretar con los borradores de decreto y orden.

"Demanda social", de la Lomce a Andalucía

En realidad la "libertad de elección" ya existe. No sólo por su cobertura constitucional, sino también porque está recogida en el decreto andaluz de 2011 actualmente en vigor para regular la admisión del alumnado. A ningún padre o madre se le impide en España que matricule a sus hijos donde deseen. Lo que se discute es hasta qué punto la Administración debe hacerse cargo del coste. La batalla la están ganando los defensores de la extensión de la obligatoriedad de la financiación pública de la educación privada. La están ganando en varios frentes. La concertada está en cifras récord de financiación pública mientras la red estatal sigue por debajo de los umbrales precrisis (ver aquí una información detallada). Además, la Lomce consagra a nivel estatal la "demanda social" como criterio para la programación de centros. Y este es el sintagma decisivo: "demanda social". Porque supone vincular la planificación de plazas a las preferencias de las familias, y obligar a la Administración a financiar esta voluntad. Es el planteamiento que defienden PP, Cs, Vox y las terminales católicas en el campo educativo.

La Junta pretende incorporar ahora la "demanda social" a la normativa andaluza. El proyecto de decreto con el que trabaja Educación establece que la consejería considerará, a la hora de programar las plazas, "la oferta existente" y la "demanda social". La introducción de este criterio sintoniza con las reclamaciones de la Conferencia Episcopal y los grupos católicos de defensa de la educación concertada, que han sido especialmente incisivos en la defensa del mantenimiento de la "demanda social". En octubre del año pasado Escuelas Católicas pidió expresamente a la ministra de Educación, Isabel Celaá (PSOE), que no cambiase este punto de la Lomce. En enero fue la confederación de asociaciones de padres católicos (Concapa) la que le pidió a Celaá que lo mantuviera. El propio secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido el criterio de "demanda social" para la planificación de centros educativos.

La Iglesia comprueba ahora cómo este criterio no sólo sigue impreso en el BOE con la Lomce, un año largo después de que el PSOE llegase a La Moncloa, sino que va ya camino del BOJA (el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) menos de un año después de que el PP y Cs llegasen a San Telmo.

La falta de límites de la financiación con fondos públicos de la escuela concertada, únicamente sujeta a la "demanda social", es una apuesta educativa controvertida. En primer lugar, porque supone financiar un modelo controlado en más de un 60% por la Iglesia católica, en ocasiones a través de organizaciones como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, que segregan al alumnado por sexos. De hecho, la escuela se ha convertido en el mayor bastión de poder e influencia de la Iglesia en España. En segundo lugar, porque la educación concertada, a través de mecanismos como los cobros a las familias y la ubicación de los centros, selecciona socialmente a su alumnado.

El artículo 4.5 de la orden

La "demanda social" no está en el decreto ni en la orden que regulan la admisión de alumnos actualmente en vigor en Andalucía, ambos de 2011. Su inclusión en el borrador decreto es de notable relevancia. No obstante, es en el borrador de orden donde se desarrolla. Ambos textos han llegado ya a la mesa de los representantes de los sindicatos y otros agentes de la comunidad educativa, como asociaciones de padres y patronales, a los que se les ha dado audiencia para que manifiesten su punto de vista.

Las organizaciones están actualmente estudiando los textos. Algunas ya tienen un primer diagnóstico. "La inclusión en el decreto del criterio de demanda social para la planificación de las plazas es lo que le da a la Consejería de Educación el paraguas para introducir la libre elección de centro. El desarrollo está en la orden, donde se reserva una posibilidad de cambio del número de unidades en función de esta demanda. Lo que ocurre es que, si se acumulan peticiones de matrículas, se puede hacer valer este criterio para incrementar el número de plazas concertadas", señala un portavoz del sindicato Ustea.

Este portavoz se refiere al artículo 4.5 de la orden, que establece que la Junta podrá "modificar el número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, con objeto de adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias". Ese punto es clave en la reforma.

Objeciones técnicas

A lo largo del proceso de elaboración de la orden, la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, con funciones técnicas y jurídicas, ha mostrado sus reservas con respecto a la "posibilidad de modificación del número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, una vez terminado el plazo de presentación". En un informe de junio de 2019, este órgano del departamento de Imbroda señala que este mecanismo para "adecuar la oferta a la demanda de las familias" puede dar lugar a la "supresión" de unidades, "lo que sin duda frustraría las expectativas de quienes pudieran obtener plaza en el centro menos demandado".

El informe alerta de un "excesivo" margen de discrecionalidad y pide, para "reducir" dicho margen, determinar los supuestos en los que procedería la reducción del número de unidades.

"Reducción de unidades"

La Consejería de Educación, a través de un portavoz, señala que las aportaciones de la Secretaría General Técnica ya han sido incorporadas a la orden para que las modificaciones se hagan con total “objetividad”. Se ha introducido, explican desde este departamento, una “fórmula matemática” que excluye cualquier arbitrariedad. Concretamente, la fórmula es esta: “En el caso de reducción de unidades, esta solo se llevará a cabo cuando el número de solicitudes sea inferior al resultado de sumar la mitad de la ratio establecida para la etapa educativa que corresponda al producto de dicha ratio por el número que resulte de restar uno al número de unidades planificadas”. Se trata de matizar la demanda social con la ratio y el número de unidades.

La Consejería de Educación, que recalca que la orden y el decreto son fruto del diálogo con los propios centros y otros agentes de la comunidad educativa, señala que la nueva normativa introduce otras modificaciones en defensa de la libertad de elección de los padres como una mayor importancia del criterio de tener un hijo en un centro a la hora de matricular a su hermano.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación formuló objeciones a lo largo del proceso de elaboración no sólo de la orden, sino también del decreto. Su informe sobre el decreto, de junio de este año, llevó a suprimir del borrador una referencia expresa a las “preferencias expresadas por los padres y madres del alumnado”. Actualmente, señalan desde Educación, todas las observaciones de este informe técnico están incorporadas al borrador.

El mayor sistema educativo de España

El sistema educativo andaluz es el mayor de España, como corresponde a la comunidad más poblada. El segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial suma 800.941 alumnos. Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, Artísticas Elementales y Profesionales e Idiomas totalizan 906.254 estudiantes. En total, más de 1,7 millones de alumnos.

Si los alumnos andaluces vivieran todos en una comunidad autónoma, sería la décima más poblada de España, con más habitantes que Murcia y menos que Castilla La Mancha. Cualquier reforma de este coloso –siempre más fácil de diseñar que de aplicar– es de alto impacto. Está previsto que la nueva normativa entre en vigor el curso que viene.

Consejería de Educación

La Consejería de Educación aseguró a través de un portavoz que la orden no persigue el cierre de unidades públicas, sino "dar una mejor respuesta a la demanda social" y "facilitar la libre elección de centro", y rechazó la idea de que de esto se derive un cierre de unidades. El departamento que dirige Javier Imbroda (Cs) señaló que, precisamente atendiendo a esa demanda, las unidades que eventualmente se puedan cerrar en un colegio se abrirían en otro, de forma que la demanda no quede desatendida.

"Hay un compromiso con la libertad de elección y con la educación pública", señalaron. A través de un portavoz, la consejería recordó que, en caso de que el deseo fuera cerrar aulas públicas, no sería necesaria ninguna reforma normativa. "La Junta de Andalucía, con la anterior Administración [del PSOE], ya cerró unidades públicas", señaló este portavoz, que recalcó que su departamento ha incrementado el presupuesto para 2019 en 244,6 millones de euros, un 3,84%. Añaden que para este curso (2019-2020), en el balance global de las enseñanzas de régimen general hay un incremento de 33 unidades públicas respecto al anterior. "Es la primera vez que aumentan en los últimos cuatro cursos", señalan.

Tras muchas demoras, llega para el Gobierno de PP y Cs en Andalucía una hora decisiva: la de complacer a su socio parlamentario, Vox, que ya ha comenzado a cobrarse la factura de su apoyo. No ya con promesas, ni con fotos, ni con papeles firmados, sino con medidas concretas. Acaban de tomar forma tres: Una) las ayudas públicas a andaluces fuera de Andalucía para que no pierdan sus raíces en las zonas con "inmersión lingüística", como Cataluña; dos) el teléfono de "violencia intrafamiliar", término que Vox opone al de "violencia de género" en el marco de una batalla semántica y cultural que es en el fondo política; y tres) la introducción de limitaciones inéditas a las asociaciones de memoria. En menos de un año desde el famoso mitin de Vistalegre, en octubre de 2018, Vox ha empezado a convertir sus anhelos radicales en medidas contantes y sonantes que van camino del boletín oficial. Pero estas tres no son las únicas exigencias radicales conquistadas por Vox que toca atender. Y no sólo radicales. También las hay técnica o jurídicamente difíciles de llevar a cabo y competencialmente complicadas de abarcar.

Desde agosto hay tres presidentes del PP investidos gracias a Vox para gobernar en coalición con Cs. Es ya una fórmula. La última fue Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Antes, en julio, Fernando López Miras en Murcia. El primero fue Juanma Moreno, en Andalucía, elegido el 16 de enero, hace ya casi ocho meses. El caso andaluz ofrece la muestra más amplia para analizar lo que implica meter a la ultraderecha en una mayoría política. Y una de las conclusiones es ya evidente: los compromisos que se contraen con Vox, a menudo con el PP y Cs contra las cuerdas, no son luego fáciles de llevar a la práctica. No sólo por la dificultad política de convertir en realidad los anhelos de un partido de ultraderecha, sino también por los desafíos técnicos o competenciales que suponen. Al ser Vox un partido que opera en clave nacional, a menudo presiona para acuerdos sobre materias –como la inmigración– donde los gobiernos regionales tienen poco que hacer.

A raíz de su apoyo a la investidura de Moreno, Vox se desveló como un aliado revoltoso pero leal, disciplinado en fiscalidad, sanidad y educación y díscolo en el terreno simbólico. También ultraliberal lo económico. Un nuevo actor que, además de marcar la agenda político-mediática, ha ido aprendiendo sobre la marcha a imprimir su sello. No en vano, ha hecho valer con mayor eficacia la fuerza imprescindible de sus 12 diputados en el acuerdo presupuestario para 2019 y 2020, que concierne al Gobierno de PP y Cs en su conjunto, que en el pacto de investidura de enero, firmado sólo con el PP. Le faltaba, eso sí, que los logros pasen del papel a los hechos. Ha empezado a conseguirlo. Ahora son ya dos documentos –el acuerdo de investidura de enero con el PP y el acuerdo presupuestario de junio con PP y Cs– políticamente vinculantes los que le permiten pasar cuentas al Gobierno andaluz. infoLibre repasa las medidas ya en marcha o pendientes.

  EN TRAMITACIÓN

1. Ayudas contra la inmersión lingüística

El acuerdo PP-Cs-Vox recoge que la Junta debe cambiar las normas que regulan las subvenciones a "comunidades andaluzas" en el exterior para financiar programas contra "los problemas" que origina la "inmersión lingüística", como Cataluña, para que no se produzca un "abandono paulatino de sus raíces culturales y lingüísticas".

Está por ver cómo se articula una línea de ayudas públicas andaluzas para familias residentes en Cataluña o el País Vasco, más aún cuando estas van destinadas a paliar las consecuencias de unas politicas desarrolladas por la comunidad autónoma donde residen. De momento el Consejo de Gobierno aprobó el 3 de septiembre elaborar la orden, que toma como anclaje legal el Estatuto de los Andaluces en el Mundo de 2006.

2. Limitación de ayudas a la memoria

Vox, en su acuerdo de junio con PP y Cs, arrancó una medida contra las asociaciones de memoria histórica que necesitará un encaje normativo ad hoc. El Gobierno andaluz se comprometió a que la normativa reguladora de las subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total de la subvención "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trata de una medida que parte de la presunción de Vox de que las asociaciones memorialistas son "chiringuitos cazasubvenciones".

El Gobierno empezó este miércoles a dar forma al acuerdo. ¿Cómo? Cultura deberá "modificar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática", según el acuerdo alcanzado por el Gobierno que preside Juanma Moreno (PP). El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), aclaró que se limitará el gasto dedicado al funcionamiento "estructural" de las asociaciones un 20% de la subvención. Preguntado acerca de si tenía constancia de irregularidades cometidas por estas asociaciones en este sentido, no hubo respuesta. Se trata de un requisito extra para las asociaciones memoralistas. Nada de esta limitación se dijo, por ejemplo, cuando se aprobó la elaboración de las ayudas a los andaluces en Cataluña.

3. Teléfono de violencia intrafamiliar

El acuerdo del Gobierno andaluz con Vox para los presupuestos de 2019 y 2020 incluye la creación de un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Dicho servicio no sustituirá a la atención a las víctimas de violencia de género, sino que estará orientado a menores y personas mayores. Pero lo cierto es que ya existen en la Junta teléfonos de atención a niños y mayores [ver aquí y aquí]. Ahora se ha empezado a concretar esta nueva herramienta. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles su creación, que tomará forma en el presupuesto de 2020. ¿De qué se va a encargar? Por ejemplo, de dar respuesta a la violencia ejercida por "un hijo contra sus padres o abuelos", explicó Bendodo tras la reunión del Consejo de Gobierno. El también portavoz del Gobierno andaluz no aclaró qué aportará con respecto a los teléfonos ya existentes. Está por ver si el servicio lo prestan trabajadores públicos o hay que contratar a una empresa externa. Tampoco fue aclarado su coste.

  PENDIENTE

4. Eliminación de zonas educativas

El PP y Vox acordaron en enero por escrito una medida que supondría una drástica alteración del sistema educativo andaluz: "Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo". Aunque tanto PP como Cs y Vox comparten a grandes rasgos un programa liberalizador de la oferta educativa, en Andalucía sólo Vox ha puesto el énfasis en la supresión de las zonas, que en la práctica beneficia a la concertada e incrementa su peso en el sistema y su financiación pública. Durante la primavera y el verano ya ha habido protestas de docentes por el cierre de líneas de educación pública. La eliminación de las zonas sería ir varios pasos más allá. La medida está en el acuerdo del PP con Vox. Ahora bien, la Consejería de Educación está en manos de Javier Imbroda (Cs). Este periódico preguntó por el grado de avance del cumplimiento de este compromiso, sin respuesta.

5. Órgano de colaboración con la Policía

Está recogido en el acuerdo firmado entre PP, Cs y Vox. El Gobierno andaluz se comprometió por escrito con el partido ultraderechista, deseoso de poder dar salida a su discurso de mano dura contra la inmigración, a que la Consejería de Presidencia (Elías Bendodo, del PP) debería tramitar una propuesta de "convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación" en la Junta para garantizar el cumplimiento de dicho convenio. Es decir, se trata de un compromiso que implica: 1) Un nuevo "órgano", cuya creación choca precisamente con la política de supresión de entes que pregonan PP, Cs y Vox; y 2) la firma de un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior.

El acuerdo firmado hace tres meses, con un membrete que aúna los logotipos de PP, Cs y Vox, establece que "los presupuestos para el 2020 procederán a incorporar las dotaciones necesarias" para la cobertura de dicho órgano. La Consejería de Presidencia, consultada por el tema, señala que las competencias de inmigración están residenciadas en la Viceconsejería de Juan Marín (Ciudadanos), titular de Justicia. Y ello a pesar de que el acuedo PP-Cs-Vox vincula a la Secretaría General de Interior, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.

6. Inmigración "respetuosa con la cultura occidental"

El PP tiene firmado con Vox otro compromiso peliagudo, por cuanto supone una posible discriminación de inmigrantes en razón de su origen. El punto número 28 del acuerdo de enero entre ambas fuerzas señala que la Junta debe "garantizar una inmigración [...] respetuosa con nuestra cultura occidental". Este sintagma, "inmigración respetuosa con la cultura occidental", es utilizado por la extrema derecha como un eufemismo en toda Europa. Se trata de señalar sin aludir expresamente a africanos o, más concretamente, a musulmanes, que son el grupo contra el que más frecuentemente carga Vox. ¿Cómo se concretará, desde la Junta, esa "garantía" de inmigración "respetuosa con la cultura occidental"? La redacción es tan vaga que el compromiso ha quedado hasta la fecha en agua de borrajas. Pero ahí está, con las firmas del PP (Teodoro García Egea y Juanma Moreno) y de Vox (Javier Ortega Smith y Francisco Serrano).

7. Sustitución de la ley de memoria

"Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica", dice, con mayúsculas y minúsculas así repartidas, el punto 33 del acuero de enero entre PP y Vox. Ha sido una patata caliente para el PP desde su firma. Su cumplimiento se antoja improbable. La actual ley de memoria andaluza fue aprobada en 2017 sin votos en contra. PP y Cs se abstuvieron. Para el PP fue un paso adelante, ya que la norma tiene mayor alcance que la estatal, de 2007, contra la que votó. Ahora, el PP ha dado un paso atrás. Y no –o no sólo– por la presión de Vox. Pablo Casado, desde antes de su elección como presidente del PP en julio de 2018, ya propugnaba la sustitución del paradigma de la "memoria histórica" por el de la "concordia". La nueva fundación del partido, no en vano, se llama Concordia y Libertad. Pero el PP andaluz de Juanma Moreno, menos dado que Casado a las "batallas culturales", no llevó nada de eso en el programa. Vox sí.

8. Comisario de Concordia

El partido ultraderechista peleó por la inclusión de un compromiso de derogación de la actual ley, pero no lo consiguió expresamente. Sí implícitamente, con la "Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Ahora bien, el problema para Vox es que Cs se opone a cualquier reforma que no sea por consenso. Y es inverosímil pensar en que el PSOE y Adelante Andalucía pacen una reforma con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, afirma que la Guerra Civil la empezó el PSOE, y que tiene al menos un parlamentario por Málaga que considera que el franquismo no fue una dictadura. Se trata de un partido de planteamientos revisionaistas en las antípodas de la actual ley, lo cual convierte en un ejercicio de voluntarismo el planteamiento del PP: la búsqueda de un nuevo consenso donde todos estén "cómodos".

Pese a la obviedad de la imposibilidad de la reforma, ahí está firmada, negro sobre blanco, en un papel con los membretes del PP y Vox. Como es lógico, el asunto acarrea tensiones. Y el PP ha hecho cesiones para combatir la impaciencia de Vox. El 12 de febrero, hace ya más de siete meses, el consejero Bendodo anununció tras una reunión del Consejo de Gobierno la creación de un "Comisionado de Concordia" que sustituiría y asumiría las competencias de lo que hasta entonces había sido el director general de Memoria Democrática. Más de medio año después, no ha habido nombramiento. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), ha afirmado en una entrevista en Europa Press que busca a "una persona de consenso entre todos los grupos".

9. Reformulación del antiguo PER

El acuerdo de junio entre PP, Cs y Vox no establece ninguna medida contra el fraude fiscal, pero sí recoge una preocupación del partido ultraderechista: el del supuesto descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas en Andalucía y Extremadura, el PER. Hoy el PER ya no existe como tal, sino que ha sido sustituido por el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Se trata de un programa de ámbito estatal, no autonómico, aunque en su financiación colaboran también las comunidades. El pacto presupuestario entre las tres fuerzas establece: "En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma se implementarán los mecanismos necesarios para mejorar el control de los fondos" del PFEA. Aún está pendiente de aclaración qué mecanismos establecerá la Junta para "mejorar el control" de estos fondos, que de hecho ya son objeto de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

10. Auditoría independiente de todos los organismos

A pesar de la existencia de múltiples medios públicos para hacerlos, entre ellos la Intervención de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas, Vox ha arrancado a PP y Cs el compromiso de que en el presupuesto de 2020 se dediquen 2 millones a "auditorías de firmas privadas" sobre el sector instrumental andaluz, así como 1,5 millones para "asistencia jurídica y técnica" para su reducción. Los compromisos alcanzados con Vox tienen elementos genéricos difíciles de precisar –"suprimir la administración paralela", por ejemplo–, pero estos no supondrán problema, precisamente por su vaguedad. Más complicado puede ser para el Gobierno de PP y Cs aterrizar administrativamente la "contratación" de "firmas externas de consultoría y asesoramiento juírdico especializado en derecho laboral y reestructuración de grupos societarios" para concretar la poda del setor instrumental [ver aquí, aquí y aquí informaciones sobre la llamada "administración paralela"]. El PP y, sobre todo, Cs ya han comprobado la dificultad administrativa de llevar a la práctica su anunciado recorte de la estructura pública andaluza.

Además, el PP se comprometió por escrito con Vox a "auditar todas las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas". Está por ver cuándo y cómo.

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1962) es diputado en el Parlamento andaluz por Ciudadanos y, desde enero de este año, vicepresidente de la Junta de Andalucía, además de ocupar la Consejería de Justicia, Regeneración, Turismo y Administración Local. El líder de la formación naranja en Andalucía participa en esta sección, dentro de la revista Verano libre, en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado. Marín, no muy dado a la ficción televisiva, se queda con House, en la que se encuentra algún que otro parecido con su curioso protagonista.

“Es igual que yo, se le olvida muchas veces tomarse las pastillas”, bromea Juan Marín sobre el doctor House. Interpretado por Hugh Laurie, Gregory House es un excéntrico médico —el mejor del hospital— que, pese a lo antipático y lo desagradable de su personaje, es reconocido por su rápida y brillante labor en el diagnóstico de enfermedades. House, muy centrado en su trabajo, a lo largo de la serie se esfuerza por marcar una línea con respecto a sus pacientes, por quienes siente aversión a la hora de tratar con ellos. House, además de poco ortodoxo en lo profesional, es soberbio, prepotente y docto en sarcasmo, lo que no le impedirá evolucionar como personaje a lo largo de la serie.

Producida por la cadena Fox —se estrenó en 2004 y se despidió de la televisión en 2012 tras ocho temporadas de éxito y 177 capítulos—, House consiguió despertar el interés por la ciencia en muchos de sus espectadores, como en Juan Marín, que asegura haber aprendido mucho con la serie y se declara fan del irreverente protagonista. La serie llegó a congregar sólo en Estados Unidos, por ejemplo, en su tercera temporada, a casi 20 millones de espectadores por episodio de media, pero ya en su última entrega perdió más de la mitad de esas audiencias que llegó a cosechar.

Esta temporada, por escasez de tiempo, el vicepresidente de la Junta ha visto poco más que documentales de La 2, aunque también información: “Siempre me quedo dormido cuando el cocodrilo le va a dar el bocado al ñu”. Además, como su interés por la televisión es más bien escaso, cuando se le pregunta por qué series ha dejado a medio ver, él es contundente: “Hay un montón de series de las que he visto un solo capítulo, como Borgen, Vikingos, House of cards…”, asegura Marín, que, para compensar, sentencia que él es “más de películas”.

Al dirigente de Ciudadanos le cuesta lidiar con las series, hasta el punto de que se las deja todas a medio ver, apenas empezadas: “Todas, menos House y El mentalistaHouse El mentalista”. Por su parte, El mentalista, una producción de Warner Bros emitida por la CBS —en España en LaSexta—, cuenta la historia de Patrick Jane, un reconocido médium televisivo que, tras el asesinato de su mujer y su hija, decide poner sus habilidades al servicio de la policía para ayudar a resolver otros casos. Al estilo de House, también con un protagonista absoluto y carismático, tras siete temportadas de éxito y 151 capítulos, se despidió de las pantallas en 2015, después de haberse emitido en más de una veintena de países.