La expansión de la competencia de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, no solo a la violencia doméstica, sino a cualquier tipo de agresión o delito por razones de género es uno de los principales retos de estos órganos. Así lo afirma la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) a la que preocupa especialmente los casos de trata de mujeres, por la gran complejidad que suponen. La asociación progresista y feminista insiste en la paradoja del sistema judicial español en el que seis de cada diez miembros de la magistratura son juezas que, sin embargo, están infrarrepresentadas en la cúpula –Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Provinciales y presidencias de sala de tribunales superiores– donde apenas superan el 30%. En las cinco salas del Alto Tribunal, las mujeres ni siquiera alcanzan el 20% de los puestos. La ley de paridad, vigente desde agosto de 2024, impone que el reparto de cargos se sitúe en la horquilla del 40-60% para cada sexo.

Todas estas apreciaciones se encuentran recogidas en el informe enviado por el colectivo a la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho, publicado por el Ejecutivo comunitario el pasado julio. La AMJE destaca la "drástica expansión del catálogo de crímenes" que los órganos judiciales especializados en violencia machista tienen que afrontar desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, el 1 de enero de 2025. Esa expansión se debió a la necesidad de adaptar la legislación española sobre la materia al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) del Consejo de Europa, firmado por España en 2011.

Uno de los nuevos delitos que recaen con la nueva ley en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los nuevos tribunales de instancia es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual cuando la víctima es una mujer. "Existe un problema en estos casos de prostitución y trata porque, en la mayoría de las ocasiones se trata de casos complejos", explica el informe de AMJE enviado al Ejecutivo comunitario. Esas causas, además del tráfico de personas y la prostitución forzada, suelen incluir delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, infracciones penales que van mucho más allá de la tradicional especialización en violencias ejercidas por la pareja o expareja de la víctima.

En estos tribunales, la competencia, además, viene determinada por el domicilio de la víctima, pero, tal y como advierte la asociación de juezas, "en los casos de trata y explotación sexual, es especialmente difícil porque implica organizaciones criminales que operan desde distintos lugares", sostiene el informe a Bruselas de AMJE. "Las víctimas, en muchos casos, ni siquiera tienen un domicilio", añade.

La asociación calcula que las nuevas competencias de estos órganos especializados supondrán un incremento de casos de entre el 12,9% y el 20%, al tener que hacerse cargo, no solo de la trata, sino también de todos los casos de violencia sexual y acoso, los delitos contra la intimidad y el honor, como el sexting (revelación de secretos) o las injurias relacionadas con el género o la violencia vicaria. "Cambiar la ley no es suficiente", advierte AMJE. "Es necesario formar a los jueces y el resto de personal de los juzgados en la ley del solo sí es sí y las nuevas dinámicas de agresión sexual, que requieren conocimientos tecnológicos complejos para los que no siempre hay personal especializado".

El colectivo feminista también se refiere a la situación general de la mujer en el cuerpo judicial. Y no habla únicamente de la segregación vertical, que perjudica a las mujeres, mayoritarias en la judicatura, y les dificulta acceder a los tribunales y puestos de la cúpula. También existe una "segregación horizontal", que coloca a las juezas y magistradas en determinados ámbitos: secciones de Violencia sobre la Mujer (donde ocupan el 76,9% de las plazas), secciones de primera instancia e instrucción (70,5%), secciones de menores (67,4%) y secciones de lo Penal (67,4%).

"Su presencia decae sistemáticamente en las audiencias provinciales, tribunales superiores y órganos centrales [es decir, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional]", recuerda AMJE, que asegura que la regulación del Consejo para la provisión de los puestos discrecionales en los principales tribunales "no garantiza una igualdad de género real y efectiva". Desde el órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, aseguran que uno de los problemas con el que se encuentran los vocales –más allá de las distintas posiciones que los dos sectores sostienen sobre la paridad de las designaciones que los progresistas siempre tratan de cumplir– es la ausencia de candidatas a algunas de esas posiciones clave.

El Ministerio de Igualdad ha expresado su profunda preocupación ante el posible componente homófobo en la agresión que costó la vida a un joven de 27 años la semana pasada en Alicante. El Ministerio ha solicitado a la Fiscalía que valore la aplicación de la circunstancia agravante por discriminación, una figura penal recogida en el artículo 22.4 del Código Penal. Este mismo miércoles y a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales de la red social X ha hecho pública esta petición.

El trágico suceso tuvo lugar en la zona de la Playa de San Juan. El joven agredido falleció en la madrugada del pasado jueves, tras haber ingresado previamente en el hospital con un pronóstico muy grave debido a la magnitud de las lesiones. Por estos hechos, las autoridades detuvieron al presunto autor de la agresión, un varón de 22 años.

El posible componente de odio en el homicidio mantiene abiertas diferentes posturas. Por un lado, la asociación Alicante Entiende ha exigido públicamente que los hechos se investiguen como una agresión homófoba. En contraste, la defensa del joven detenido ha negado categóricamente que se trate de un delito de odio y los abogados defensores argumentan que el propio acusado forma parte del colectivo LGTBIQ+.

También en la provincia de Alicante, el pasado 10 de agosto, en la localidad de Benialí, cuatro chicas menores de edad denunciaron haber sido víctimas de una agresión homófoba cometida presuntamente por tres varones, también menores, en el marco de las fiestas de la localidad.

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2%, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8%.

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%). 

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados —el 97,6%— son hombres.

En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados —el 97,1% varones—, un 6,2% más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas adultas condenadas —de 18 y más años— con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2% menos que el año anterior. El 80% eran varones y el 20%, mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 —en los hombres, 12,2, y en las mujeres, 2,9—. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española —70,2%—. No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera —15,3— fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española —6,1—.

El 73,9% de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1%, por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial —22,4%—, los de lesiones —17,3%— y los hurtos —16,4%—.

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta —21,3—, Melilla —15,1— y Baleares —14,3—. Por el contrario, Castilla-La Mancha —8,9—, la Comunidad de Madrid —9,1— y Galicia —9,7— presentaron los valores más bajos.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

El 80,5% de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5%, mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 —9,6 en hombres y 2,5 en mujeres— y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española —78,5%—. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años entre la población extranjera —10,2— fue casi el doble que entre la española —5,6—.

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco, más de una.

Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1% menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones —33,4%—, los robos —15%— y las amenazas —9,4%—.

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla —con 114,8 y 54,6, respectivamente— y en Asturias —23,4—. Por el contrario, la Comunidad de Madrid —6,9—, Castilla-La Mancha —7,3— y Murcia —7,8— presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025:

Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración en España. Es un ecosistema donde el efectivo sigue circulando con intensidad, la contratación es acelerada y la demanda parece capaz de absorber casi cualquier oferta. Precisamente por eso, el ocio de verano se ha convertido desde hace muchos años en un espacio especialmente atractivo para las organizaciones criminales que buscan transformar B en A. Los investigadores especializados en delincuencia económica coinciden en un patrón que se repite en distintos países europeos. Las grandes organizaciones ya no buscan únicamente controlar mercados ilegales como el narcotráfico o el contrabando. Cada vez destinan más patrimonio en la llamada economía legal, donde pueden diversificar riesgos, obtener rentabilidad y, sobre todo, blanquear capitales.

El turismo ofrece una combinación difícil de igualar. Durante pocos meses se multiplican las transacciones, aumentan las inversiones de oportunidad y proliferan sociedades mercantiles creadas para explotar negocios de temporada. En ese contexto resulta más complicado distinguir entre un empresario con éxito y un inversor cuya fortuna procede de actividades ilícitas.

Las fórmulas utilizadas son muy variadas. En algunos casos aparecen empresarios aparentemente independientes que adquieren restaurantes, beach clubs o locales de ocio nocturno mediante sociedades instrumentales. En otros, el dinero llega a través de préstamos privados, fondos de inversión opacos o entramados empresariales registrados en distintos países. La propiedad real termina diluyéndose tras una compleja red de intermediarios.

Las zonas costeras concentran buena parte de estas operaciones en España; la Costa del Sol, Islas Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. El elevado valor inmobiliario, unido al constante flujo de turistas, convierte determinados destinos turísticos en escenarios especialmente atractivos para quienes desean mezclar capitales legales e ilegales.

No se trata de afirmar que un territorio concreto esté dominado por estas prácticas, sino de reconocer que allí donde existe una elevada circulación de dinero también aumenta el interés de las redes criminales. Clanes de la Camorra mantienen en propiedad discotecas y restaurantes en España en el que han diluido tanto la propiedad real de la empresa que resulta casi imposible descubrir al verdadero propietario.

Desde la época en las que los Amato-Pagano le estaban arrebatando la soberanía de Scampia a los Di Lauro hasta ahora, los clanes camorristas han invertido en España cientos de millones de euros que han conseguido evitar las miradas indiscretas del SEPBLAC y de Hacienda. La restauración es su sector favorito, pero los hoteles y las discotecas son negocios predilectos. Y si miramos estrictamente a las discotecas tenemos ejemplo como Jonas Falk que fue absuelto en el Tribunal Supremo tras ser investigado por comprar la discoteca Opium de Barcelona en 2008 supuestamente con dinero ganado a base de operaciones de narcotráfico.

Las autoridades financieras han incrementado durante los últimos años la vigilancia sobre operaciones sospechosas. Bancos, notarios, registradores y sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben comunicar aquellas transacciones que presenten indicios de riesgo. Sin embargo, la sofisticación de las estructuras utilizadas por las organizaciones criminales ha aumentado al mismo ritmo que los mecanismos de control. El crimen organizado siempre va por delante.

El fenómeno presenta además una dimensión internacional. El dinero generado por una organización dedicada al tráfico de drogas puede recorrer varios países antes de terminar financiando un complejo hostelero o una empresa de ocio. La digitalización financiera, las sociedades constituidas en distintas jurisdicciones y el uso de testaferros dificultan seguir el rastro de los fondos.

Existe además un efecto menos visible, pero igualmente preocupante. Cuando el crimen organizado entra en un mercado legal no busca únicamente obtener beneficios. También pretende ganar influencia económica y social.

Un empresario que controla establecimientos de referencia puede establecer relaciones con proveedores, administraciones, entidades financieras y otros actores económicos, ampliando así su capacidad de influencia mucho más allá de la actividad delictiva que originó su patrimonio. Y precisamente este networking hace que un narcotraficante sea para el gran público un empresario más, es su gran baza para dejar atrás esa sombra que le persigue toda la vida a un criminal.

El turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y la inmensa mayoría de sus operadores cumplen las normas fiscales, laborales y mercantiles. Precisamente por ello, identificar a quienes utilizan este sector para blanquear capitales resulta esencial para proteger la competencia y la reputación del mercado.

Los expertos sostienen que la respuesta no pasa únicamente por aumentar las investigaciones policiales. La transparencia societaria, el intercambio internacional de información financiera, la cooperación judicial internacional y el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos se han convertido en elementos decisivos para detectar operaciones sospechosas antes de que el dinero ilícito quede completamente integrado en la economía formal.

El verano seguirá siendo una temporada de crecimiento económico y oportunidades empresariales. Pero también continuará representando un escenario atractivo para quienes intentan ocultar el origen de fortunas construidas al margen de la ley.

La batalla ya no se libra únicamente en puertos, fronteras o almacenes clandestinos. Cada vez con mayor frecuencia se desarrolla detrás de una barra de un establecimiento de moda, en la compraventa de un hotel o en la adquisición de una empresa que, sobre el papel, parece una inversión tan legítima como cualquier otra. Ahí reside el verdadero desafío: distinguir cuándo el éxito empresarial responde al dinamismo del mercado y cuándo es simplemente la última fase de un proceso de blanqueo cuidadosamente diseñado. Marbella e Ibiza son los grandes focos del turismo internacional de ocio durante el verano en España, y en ellos son donde más ha invertido el crimen organizado internacional.

Por ejemplo, en Marbella en 2019 asesinaron a tiros al dueño de la mítica discoteca Tibu de Puerto Banús y también era dueño de otros cuatro establecimientos de ocio de la zona. Lo asesinó un clan de la Mocro Mafia, pero la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a dos sicarios neerlandeses que se encontraban ese día en Marbella de estos hechos.

Otro caso reciente fue el doble asesinato del clan Lyons en Fuengirola que ocurrió el año pasado en el Pub Monaghans, un establecimiento en pleno paseo marítimo de la ciudad. Un lugar privilegiado que acabó con un reguero de sangre y que al poco tiempo cambió de apariencia para tapar que los verdaderos dueños pertenecen a la estirpe del narcotraficante Ross Monaghan. Es sólo un ejemplo, hay muchos más.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas dentro de la operación abierta por la Guardia Civil bajo la dirección del Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha supuesto el registro del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, y de dos domicilios particulares vinculados a la investigación. Entre los detenidos está la concejala de Comercio del municipio Yolanda Santos (PSOE).

Cuatro detenciones se han producido en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que en un principio apuntaron a cinco detenidos en una operación que sigue abierta y que ya suma seis arrestos, sin que se descarten más.

La Guardia Civil investiga la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

A primera hora de esta mañana varios agentes han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro que, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, tiene que ver con el área de Comercio del consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, afirma que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones.

"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".

Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".

Por su parte, el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León ha pedido "explicaciones inmediatas" al líder del PSCyL y portavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, Carlos Martínez, y ha trasladado su "máxima preocupación" ante el registro. ç

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos (PSOE), es una de las seis personas detenidas en la operación abierta por la Guardia Civil, que ha incluido el registro de las dependencias municipales, aún en marcha. De momento, Santos es una de las seis personas investigadas, cuatro de ellas en Soria y otras dos en Madrid.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que será el Tribunal de Instancia número 3 de Soria, que junto a la Fiscalía de la Audiencia Provincial dirige esta investigación, el que tome declaración a la concejala y determine su situación procesal.

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.

Su dolor comenzó con la publicación de un artículo de Le Canard enchaîné en mayo de 2019, tanto por los hechos revelados como por la forma elegida para tratarlos. “La fiscalía se hace cargo de una historia para mearse de risa”, titulaba el semanario, que revelaba que decenas de mujeres que habían solicitado un puesto en el Ministerio de Cultura denunciaban el comportamiento de Christian Nègre durante sus entrevistas.

Desde la Rue de Valois, Nègre, director de recursos humanos, recibía sin descanso, entre 2009 y 2018, a mujeres jóvenes a las que hacía creer que tenían un puesto asegurado. Durante las entrevistas en el ministerio, les ofrecía un té o un café, les administraba a escondidas un potente diurético y las obligaba a ir a dar un paseo.

El recorrido, por los muelles del Sena, era largo y estaba minuciosamente calculado para que sus víctimas sintieran ganas de orinar en el mismo momento y en el mismo lugar: una zona aislada, sin ningún baño cerca.

Cuando la necesidad se volvía irrefrenable, las cubría con una chaqueta, observaba atentamente la escena, disfrutaba viéndolas humilladas y anotaba hasta el más mínimo detalle en una tabla de Excel titulada “Experiencias”.

“Empieza a bajarse las medias y las bragas (negras). Se pone en cuclillas y suelta un chorro muy fuerte y muy largo”, se puede leer. O también: “Se baja los pantalones incluso antes de que yo la tape. Varios: orina durante bastante tiempo. Le ofrezco papel. Se limpia de pie justo delante de mí”. Su tabla menciona a cerca de 200 mujeres, pero la justicia ha identificado “al menos 240”.

A raíz de ello, Libération reveló las múltiples alertas ignoradas por el Ministerio de Cultura y las graves consecuencias para las mujeres afectadas. Algunas fueron hospitalizadas tras sufrir intoxicaciones, graves infecciones urinarias o por tomar medicamentos incompatibles con ese diurético. Todas quedaron traumatizadas, temiendo acudir a otras entrevistas y pensando que todo había sido culpa suya.

Tras actuar así durante casi diez años, Nègre fue finalmente detenido después de ser sorprendido fotografiando los muslos de una subprefecta. Fue destituido, imputado por 21 delitos, entre ellos la administración de sustancias nocivas, violencia por parte de una persona encargada de una misión de servicio público y violación de la intimidad, y puesto bajo control judicial. Por ahora, goza de la presunción de inocencia.

Cuando Libération reveló la magnitud del caso, decenas de mujeres se descubrieron víctimas al leer el artículo y se pusieron en contacto con la redacción para saber qué hacer y a quién acudir. El Ministerio de Cultura, por su parte, nunca consideró oportuno hacer un llamamiento a las víctimas y tardó en poner en marcha un servicio de atención.

Fue Alizée, también víctima, quien asumió durante meses la carga de tener que identificarlas, tranquilizarlas y derivarlas a la policía judicial antes de que la Fundación de las Mujeres tomara el relevo.

Rápidamente llegaron a una conclusión: la dirección del ministerio no podía ignorar las acciones de ese alto funcionario. Sus compañeros lo apodaban “el fotógrafo” y algunas funcionarias sabían que había que evitarlo. También se habían enviado cartas a las ministras Fleur Pellerin y Audrey Azoulay, e incluso se había alertado al servicio de medicina del trabajo.

Por todas esas razones, han sido citadas cuatro víctimas en el Tribunal Administrativo el jueves 4 de junio para que la justicia reconozca la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de seguridad. Otras siete ya fueron indemnizadas en 2023 por “la culpa personal de Christian Nègre” pero el tribunal no reconoció entonces la responsabilidad del ministerio.

“Ahora somos más optimistas, porque hemos conseguido recabar casi 22 testimonios de personas que denunciaron las actuaciones de Christian Nègre o que confirman que hubo alertas previas”, explica Capucine des Ligneris, una de las abogadas que lleva la parte administrativa junto con su colega Cécile Kurz.

Una de sus clientas, intoxicada con diuréticos, se cruzó, por ejemplo, con una de las responsables de recursos humanos del ministerio durante el paseo que le impuso Christian Nègre. “Estaba a punto de orinarse debajo de un puente, al borde del desmayo, cuando se cruzaron con esa directora de RRHH. Christian Nègre se recompuso, la saludó, y mi clienta se orinó justo después de que él le pasara un abrigo y la mirara fijamente a los ojos”, describe.

“Mi clienta intentó avisar a la recepción, pidió hablar con la enfermería o con el CHSCT [comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo] del ministerio, pero le denegaron el acceso. Hoy, esta mujer está destrozada y acaba de obtener el reconocimiento de su discapacidad a raíz del trastorno de estrés postraumático”.

Para muchas demandantes, el Ministerio de Cultura ha fallado “de principio a fin”. Recientemente, la exministra Rachida Dati afirmó que todas las mujeres podrían beneficiarse de la protección funcional y de la cobertura de sus costas judiciales. En realidad, esa protección solo se aplica a funcionarios, por lo que quedan excluidas todas las mujeres afectadas por Christian Nègre que nunca habían trabajado en la función pública.

Aún más sorprendente es que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha todo un sistema para eludir los litigios administrativos masivos que veía venir, haciendo que las víctimas firmaran acuerdos amistosos. Quienes aceptan renuncian a acudir al Tribunal Administrativo, perciben una indemnización de unos 10.000 euros y firman una cláusula de confidencialidad que les prohíbe de forma absoluta “denigrar al Ministerio de Cultura”. Contactado por Mediapart, el ministerio no respondió.

Para colmo, el comportamiento de Christian Nègre, objeto de una investigación penal, no ha hecho sino aumentar la indignación de las víctimas. Desde que fue imputado, el exdirectivo del ministerio ha cambiado de nombre y ahora se hace llamar “Bernard Genre”.

Gracias a esta nueva identidad, continúa su carrera profesional en recursos humanos y se relaciona con perfiles similares a los de sus presuntas víctimas. En sus redes sociales aparece junto a mujeres jóvenes, recomienda sus currículos y ofrece sus servicios por 850 euros al día: “Mi trabajo es contribuir a que vivas el tuyo con tranquilidad”.

Como reveló Ouest-France, también firmó contratos de coaching con la región de Normandía e impartió clases entre 2023 y 2025 en dos escuelas de comercio —MBway y Ecofac— situadas en Caen y Colombelles, en Calvados.

“En cuanto nos enteramos de lo que se le imputaba, lo denunciamos a la dirección de la escuela, que lo apartó”, confirma una estudiante de Ecofac a Mediapart. “No he sido víctima de nuevos abusos”, añade, “pero la escuela no tomó ninguna medida para informar a todos los alumnos de los motivos de su marcha ni para averiguar si había reincidido”.

En julio de 2025, la abogada Zoé Royaux, una de las 15 letradas de la Fundación de las Mujeres movilizadas en este caso, alertó a los jueces de instrucción sobre sus actividades profesionales. Aunque su control judicial no prevé ninguna prohibición de ejercer una actividad profesional en este ámbito, su cambio de nombre impide que quienes lo emplean, así como las mujeres con las que se relaciona, conozcan sus antecedentes.

“El señor Christian Nègre se presume inocente, pero ha reconocido los hechos, cometidos en un contexto profesional”, recuerda la abogada en su carta. De hecho, durante la detención policial, admitió haber drogado a esas mujeres. “Me hubiera gustado que me detuvieran antes. Era compulsivo, pero no tenía la intención de envenenar a esas mujeres”, declaró también a Libération.

“Es indignante”, lamenta Camille*, una de las acusaciones civiles. “La justicia responde que no puede privar a nadie de su derecho al trabajo, pero al permitir esto no protege”. La Fiscalía de París precisa a Mediapart que no existe ninguna medida de control judicial que le prohíba ejercer una actividad profesional o estar en contacto “con mujeres”.

En julio de 2025, la Fundación de las Mujeres publicó un comunicado para denunciar “una instrucción ralentizada”, “una justicia de dos velocidades” y unas “víctimas olvidadas”. La crítica se dirige contra la lentitud de un caso que se prolonga ya desde hace seis años y contra un procedimiento que muchas consideran “derogatorio”.

“La mayoría de las víctimas solo pudieron ser escuchadas por agentes de la policía judicial, por falta de tiempo y de medios para que la jueza de instrucción las recibiera individualmente”, señala la asociación. La abogada Iris Biehler también lamenta que sus clientas no hayan podido tener acceso a una verdadera evaluación psicológica. Solo les ofrecieron un “examen documental” y una evaluación de la asociación Paris aides aux victimes, que concluyó con un único día de baja laboral.

Sin embargo, algunas de las pocas denunciantes que sí fueron examinadas por los servicios forenses al inicio de la investigación obtuvieron 30 días de baja. “Dado que la naturaleza de los hechos no requería recurrir a peritajes con fines probatorios para demostrar su comisión, los jueces de instrucción decidieron llevar a cabo una evaluación psicológica”, justifica la Fiscalía.

En febrero de 2026, la fiscal de París lanzó un llamamiento a las víctimas que aún no se habían presentado para que lo hicieran “lo antes posible” y prometió una nueva reunión informativa, con la esperanza de cerrar este caso de aquí a finales de este año.

“Dado que el acusado actuó durante ocho años y que el número de víctimas es considerable, el procedimiento es largo y los medios de la justicia siguen siendo insuficientes”, lamenta la abogada Capucine des Ligneris. “Los jueces de instrucción hacen su trabajo, pero este procedimiento genera mucha frustración y dolor”.

“Los jueces de instrucción se esfuerzan por prestar especial atención al papel de las partes civiles en la investigación judicial, al respeto de sus derechos y a la limitación de la victimización secundaria”, defiende la Fiscalía, que recuerda las iniciativas sin precedentes puestas en marcha por las magistradas: la organización de una reunión informativa para las partes civiles, otra con sus abogados y la creación de un buzón de correo electrónico específico “con una única interlocutora que permite un contacto personalizado y bien informado”.

“Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud”, reacciona también la diputada Sandrine Josso, a quien el exsenador Joël Guerriau drogó sin su conocimiento en noviembre de 2023. Desde entonces, ha invitado a las víctimas de Christian Nègre a la Asamblea Nacional y colabora estrechamente con Sylvie, una de las denunciantes en este caso.

Siete años después de las primeras revelaciones en la prensa, esta mujer “no ceja en su empeño” y recurre a los medios de comunicación y a los políticos “para que traten este asunto como se merece”. “Para que dejemos de tratar este caso como una vulgar historia de pipi”, añade Alizée.

* Nombre ficticio.

Contactado por Mediapart, Christian Nègre no respondió. Su abogada, por su parte, no quiso hacer declaraciones.

Traducción de Miguel López

El pulso entre Irán, Israel y Estados Unidos no solo se libra en el terreno diplomático o militar: sus efectos ya se dejan sentir en las rutas marítimas que sostienen la economía global.

La amenaza de una interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un factor clave de la actual reconfiguración geopolítica, con consecuencias que van más allá del encarecimiento del crudo. Afecta al comercio internacional, tensiona las cadenas de suministro y, de forma menos visible, pero no menos relevante, está favoreciendo el resurgimiento de la piratería en la región.

La piratería somalí ha sido contenida por operaciones como la ATALANTA de la EUNAVFOR, que en la actualidad está prorrogada hasta 2027. Sin embargo, esta nueva situación política ha provocado un desplazamiento de buques hacia las zonas de conflictos en defensa de antimisiles e interceptación de drones que ha sido aprovechada por los grupos de criminales que operan en el Golfo de Adén y el estrecho de Mandeb o Bab el-Mandeb.

Ahora bien, la actividad de piratería frente a las costas de Somalia ha vuelto a emerger desde finales de octubre de 2025, con grupos de acción pirata coordinados que operan a gran distancia de la costa, en la cuenca de Somalia y el océano Índico adyacente, lo que marca una escalada significativa tras varios años de relativa calma y que se puede ver agudizada con el conflicto actual.

La piratería, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, se define en su artículo 101 como “todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: (i) contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; (ii) contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.

Que la economía global del crudo se vea afectada por las rutas que están siendo salpicadas por la guerra, producirá un incremento en la piratería, como se extrae del último informe de la International Maritime Bureau (Oficina Internacional Marítima), que reporta un total de 137 incidentes durante el pasado año.

El fenómeno no es nuevo. En la Antigua Roma ya tenían claro que los piratas no eran simples ladrones del mar, sino una amenaza total. No solo asaltaban barcos: saqueaban ciudades, secuestraban personas y extendían la violencia tierra adentro. Por eso fueron definidos como hostes humani generis (enemigos de toda la humanidad), una etiqueta que justificaba su persecución implacable por parte del poder romano.

No obstante, esta condena no impidió que Roma adoptara posiciones pragmáticas en determinados contextos. Así ocurrió con la piratería cilicia –operaba principalmente desde la escarpada región de Cilicia Tráquea (actual Turquía)–, cuya actividad llegó a ser tolerada, cuando no indirectamente aprovechada, en función de intereses estratégicos frente a determinados reinos helenísticos.

La piratería surge allí donde se repite una misma combinación explosiva. De un lado, costas abruptas y difíciles de controlar, con pocos recursos, que empujan a mirar al mar como única salida. En segundo lugar, Estados débiles, incapaces de vigilar sus aguas, que dejan abiertos auténticos corredores sin ley en rutas clave del comercio mundial. Y, sobre todo, surge donde la pobreza, la falta de oportunidades y las tensiones geopolíticas convierten la piratería en negocio, en refugio o incluso en estrategia.

Pompeyo, investido de amplios poderes extraordinarios por la Lex Gabinia de piratis persequendis (67 a.C.), logró neutralizar en gran medida la amenaza pirática en el Mediterráneo. Más allá de la represión militar, lo consiguió desarrollando una estrategia de integración con clara dimensión política: promovió la reubicación de antiguos piratas en territorios despoblados, especialmente en Cilicia, como Solos, donde se incentivó su dedicación a la agricultura como medio de vida estable. Esta política no solo reducía la reincidencia, sino que contribuía al control y reorganización del territorio.

Un paralelismo contemporáneo puede observarse en iniciativas impulsadas por la FAO y la Unión Europea en Somalia, donde la instalación de FADs (Dispositivos de concentración de peces o Fish Aggregating Devices) incrementa la productividad pesquera, genera empleo y ofrece alternativas sostenibles frente a la piratería.

Curiosamente, aunque la piratería ha acompañado a la humanidad desde las riberas del Mediterráneo romano, en España el Código Penal de 1995 decidió borrarla del mapa jurídico, considerándola una figura anacrónica. El resultado fue paradójico: la Audiencia Nacional quedó sin un tipo penal específico para juzgar ataques en aguas internacionales, creando un vacío legal difícil de entender en pleno siglo XXI, cuando los piratas vuelven a surcar mares estratégicos y las rutas comerciales se convierten en terreno de riesgo global. Una lección de historia y derecho que recuerda que el pasado nunca se aleja del todo.

Esta laguna legal quedó en evidencia durante el caso del barco Alakrana, en 2009, cuando la falta de una norma clara dificultó la aplicación de la jurisdicción universal. Eso obligó a los tribunales a encajar los hechos en delitos genéricos de robo o detención ilegal, cuya persecución internacional es más compleja.

Para corregir este vacío, la Ley Orgánica 5/2010 reintrodujo la piratería en los artículos 616 ter y 616 quater. El primero castiga con penas de 10 a 15 años a quien, mediante violencia o engaño, se apodere o dañe una embarcación o aeronave; mientras que el segundo extiende la responsabilidad penal a quienes colaboren en la planificación o financiación de estos actos, dotando finalmente a la justicia española de las herramientas necesarias para procesar estos crímenes globales.

Más allá de las leyes estatales, para plantar cara a los delitos de piratería es preciso articular mecanismos de colaboración internacional a través de instancias como la IMB PRC (International Maritime Bureau), la OMI (Organización Marítima Internacional), el MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea) y la ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia).

Después de todo, nos encontramos ante un fenómeno estructural y persistente, cíclico, que se adapta a los distintos contextos históricos. Y en el que confluyen la piratería tradicional y nuevas formas de violencia marítima próximas al terrorismo, afectando gravemente a la seguridad de la navegación y al comercio internacional.

A estos riesgos se suman hoy desafíos emergentes como la ciberseguridad y el uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, que amplían las capacidades operativas de actores ilícitos.

Todo ello se ve intensificado por el actual escenario de inestabilidad global, donde conflictos armados y tensiones comerciales están reconfigurando las rutas marítimas.

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José Luis Zamora Manzano es catedrático de Derecho romano en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a un hombre que en Valencia insultó al dueño de un bar llamándole "negro de mierda" y "mono", al establecer que proferir insultos a alguien por su raza o por no ser español constituye un delito de odio.

El Alto Tribunal confirma la pena de seis meses de prisión y de 1.260 euros de multa a un hombre que en enero de 2022 insultó al dueño de un bar en Valencia, por un problema con la máquina de tabaco, llamándole "negro de mierda" y amenazándole con matarle y que a la llegada de la Policía habló de "monos" a los que iban a "tirar" del barrio y recriminó a los agentes el trato que le dieron siendo él español, al contrario del otro.

En su sentencia, el Supremo reconoce que "existe una amplia manifestación de delitos de odio en espectáculos públicos", como partidos de fútbol en los que se insulta a jugadores "por su raza diferente", "circunstancia que no debe ser 'devaluada' en su gravedad al integrar un delito de odio".

El odio al diferente por el color de su piel y su raza no es leve, deja claro el tribunal, "sino que integra una expresión de odio, sin que se pueda aceptar que queden al margen del reproche penal los ataques a las personas por el color de su piel y raza, o por su condición de ser, o no, españoles".

Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.

A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.

El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.

Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".

Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.

Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.

Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".

Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.

Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación por varios delitos, entre ellos de odio, al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes, según ha recogido EFE.

El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían, en su mayoría, migrantes subsaharianos.

La denuncia de los Comuns sostenía que Albiol había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.

Tras la denuncia presentada por este partido político, la Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación, según han informado EFE fuentes del ministerio público.

En su escrito a la Fiscalía, Asens alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se "garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho", de forma que lo primero quedaba "expresamente condicionado" a lo segundo.

Pese a ello, indicaba la denuncia, Albiol dijo en reiteradas ocasiones que el consistorio "no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales" y, así, "persistió en una actuación contraria al mandato judicial", sostienen los Comuns en su escrito.

Asens denunció además la "tolerancia institucional" del Ayuntamiento de Badalona con los "episodios de bloqueo y presión vecinal" que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habitaciones proporcionados por entidades sociales.

Según este partido político, en posteriores reuniones con los vecinos en las que Albiol reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que "no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata" por parte del alcalde.

El denunciante afirmó que Albiol denegó su ayuda a los migrantes "de forma selectiva" debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios.

Asimismo, adujo que existían "indicios de desobediencia reiterada" al no dar el consistorio badalonés "cumplimiento efectivo" a la resolución judicial que amparó el desalojo, así como un delito de prevaricación administrativa en la actuación "contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta".

La apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.

La Fiscalía planteó esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo, requiriendo de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregara un informe sobre las incidencias producidas durante el desahucio y de qué modo se estaba dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales prestaran la "atención adecuada" a las personas sintecho desalojadas. 

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó el pasado mes de diciembre 28.978 mensajes con contenido racista y xenófobo en redes sociales, un 25,8% menos que el mes anterior, y marcó un nuevo récord en la eliminación de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados, según informa EFE.

Así se desprende del último informe del OBERAXE, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha monitorizado cinco redes sociales: TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. 

En ellas se detectaron 28.978 mensajes, cifra que eleva a 808.176 el total de mensajes detectados a lo largo del año 2025. El dato del mes de diciembre supone además un importante descenso con relación a los mensajes detectados en noviembre, con 10.076 comentarios menos respecto al mes anterior. Además, en diciembre se registró la mayor tasa de retirada de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados -frente al 51% que se suprimieron en noviembre-.

Según este informe, TikTok fue la plataforma más eficaz en la retirada de mensajes y aumentó su tasa de retirada hasta el 86% de los contenidos reportados, frente al 79% que eliminó en noviembre. Le sigue X, con un porcentaje de eliminación del 67%, Facebook con un 42%, Instagram, el 38% y YouTube, con un 32%.

Las redes sociales retiraron el 24% de los contenidos notificados como usuario normal -no como institución verificable-, un dato que supone un aumento notable respecto a noviembre, cuando la retirada por esta vía se situó en el 9%. 

En relación con el plazo de efectividad, el 14% del contenido racista fue retirado en las primeras 24 horas, el 4% en 48 horas y el 6% restante a lo largo de la primera semana tras la notificación.  

Según las conclusiones de este informe, esto pone de relieve las diferencias en la efectividad de las distintas vías de verificación, y demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de moderación y mejorar la eficacia de los reportes realizados como usuarios normales, no institucionales.

La hostilidad en el mes de diciembre se concentró una vez más en personas procedentes del norte de África. 

Un 70% de los contenidos analizados se referían a estas personas, lo que supone un descenso de seis puntos porcentuales respecto al mes anterior. Mientras, los comentarios referidos a personas musulmanas apenas suponen una variación respecto al mes anterior, con un 18% y los afrodescendientes protagonizan un 9% de los mensajes vinculados con discurso de odio.

Según el tipo de contenido, los comentarios que deshumanizan a las personas extranjeras siguen siendo los más frecuentes, a pesar de que han experimentado un descenso significativo pasando de un 68% en noviembre a un 46% en diciembre, pero siguen siendo los más frecuentes y contribuyen a la normalización de las actitudes hostiles.

Se duplica el porcentaje de mensajes que presentan al grupo de las personas extranjeras como amenaza y fomentan la percepción de estas como un peligro ya que alcanzan un 28% frente al 13% del mes anterior. 

Los mensajes que incitan a la expulsión suponen un 14%, los que incitan a la violencia un 6% y los que alaban a quienes fomentan discursos hostiles suponen un 5%, todos ellos suponen un repunte de 3 puntos respecto al mes anterior lo que implica un incremento de mensajes hostiles y que legitiman la violencia contra estas personas.

En el 92% de los mensajes el contenido es además agresivo explícito, lo que refleja altos niveles de hostilidad y contribuye a la polarización social.

Los episodios que más mensajes eliminados por odio hubo en redes sociales estaban vinculados principalmente con la inseguridad ciudadana, con un 57% del total. 

Entre los episodios más frecuentes destacan el conflicto armado (20%) en relación con el genocidio en Palestina, que fue detonante de comentarios con contenido antisemita e islamófobo con mensajes que justifican la violencia. También destacan en relación con el terrorismo (16%) los mensajes de odio retirados tras los atentados en Bondi Beach, en Australia.

Respecto al ámbito económico, que concentra un 14% de los mensajes detectados, cabe destacar el odio generado tras el desalojo en Badalona de una antigua escuela de secundaria en la que residían 400 inmigrantes.

Presunción de inocencia, indefensión, derecho a una sentencia fundada en derecho, derecho a no ser condenado por una conducta no prevista como delito (legalidad penal) y libertad de expresión. Son los cinco derechos fundamentales y garantías procesales que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha invocado este lunes ante el tribunal que lo condenó para reclamar la nulidad de su sentencia por revelación de datos reservados que lo apartó del máximo cargo del Ministerio Público el pasado diciembre. El escrito, último trámite antes de recurrir en amparo al Constitucional, denuncia las sucesivas "incoherencias", "mutaciones" e "inconsistencias" que llevaron a cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal a apoyar el fallo y recoge párrafos enteros del voto particular radicalmente discrepante de Ana Ferrer y Susana Polo, que propusieron sin éxito la absolución de García Ortiz y acusaron a sus propios compañeros de retorcer la Constitución para lograr su inhabilitación.

Los abogados del Estado que defendieron al ex fiscal general, la ex abogada general Consuelo Castro y su compañero José Ignacio Ocio consideran la indefensión de García Ortiz se produjo, en primer lugar, por los sucesivos cambios del objeto del proceso provocados por el Supremo. Mientras que el auto de admisión a trámite del caso, redactado el 15 de octubre de 2024, excluía que la redacción del desmentido oficial al bulo –difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de aquella– fuera ilegal, la sentencia considera que esa nota de prensa, por sí sola, sí era constitutiva de delito. El fiscal general argumentó durante la instrucción y el juicio que desconocía de qué se debía defender, si de la filtración de un correo electrónico, o de la redacción de esa nota cuya autoría él mismo confesó.

El escrito que solicita la nulidad considera que ese cambio de acusación constituyó "una mutación incongruente, generadora de indefensión" y recuerda que el voto particular –una de cuyas firmantes es la autora del auto de admisión que descartó que el desmentido fuera delito– mostraba la "absoluta discrepancia con la afirmación de la mayoría sobre que la nota informativa sea por si misma constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos de la sentencia que ataca con más firmeza el escrito es que los cinco magistrados que apoyaron la condena dieran una importancia crucial a que García Ortiz hubiera borrado el contenido de su teléfono un día después de que se iniciara la causa contra él. En realidad, de las diligencias que se practicaron en el juicio, es imposible conocer de manera directa qué borró García Ortiz ese día de su teléfono. Tampoco era posible conocer el motivo concreto que lo llevó a cancelar sus datos. Sin embargo, la mayoría de los miembros del tribunal concluyó que, en las tripas de ese dispositivo estaban las pruebas directas de la filtración del correo con la confesión del novio de Ayuso que los magistrados no han encontrado.

La defensa de García Ortiz considera que esa suposición o sospecha en la que se basa en parte el fallo vulnera su presunción de inocencia. "Inferir que el único motivo posible del borrado es la existencia de pruebas de la comisión de un delito, sin ningún elemento adicional que sustente tal conclusión, transforma un acto neutro o ambiguo en una prueba de cargo autónoma, lo que vulnera de manera directa la presunción de inocencia". Pero es que, además, el tribunal no solo desconoce qué había exactamente en el teléfono, sino que, al aceptar su borrado como prueba, ataca directamente a otro derecho fundamental que tiene cualquier acusado, también el fiscal general: el de no declarar contra sí mismo o autoinculparse.

Durante el juicio del pasado noviembre en el Supremo, cuatro periodistas que tuvieron acceso al correo con la confesión de los delitos de Alberto González Amador, declararon –bajo juramento y apercibidos de que se podría actuar contra ellos por falso testimonio en caso de que no dieran la verdad– que García Ortiz no había sido la persona que les había facilitado ese documento. El escrito de la Abogacía del Estado considera que, al obviar sus declaraciones, el Alto Tribunal atentó contra el derecho del entonces fiscal general a obtener una resolución fundada en derecho.

Los cinco magistrados que sostuvieron el fallo, aseguraron en el texto de la sentencia que los periodistas tenían credibilidad, pero en realidad no dieron ni la más mínima relevancia a sus testimonios. Para dar ese giro argumental compraron el criterio esgrimido por el abogado de González Amador: que el testimonio de un periodista, al tener el derecho constitucional de no revelar sus fuentes, era equiparable al de un acusado. Es decir, que un periodista puede mentir en un proceso. Esa argucia, según la defensa de García Ortiz, permite al tribunal "ignorar las pruebas directas de la inocencia del acusado".

Los periodistas, según el escrito de García Ortiz y el voto particular discrepante con la sentencia, pueden no revelar sus fuentes, pero como cualquier otro testigo están obligados a decir la verdad sobre lo que se les pregunte. No pueden mentir. La aceptación por el tribunal de lo contrario permitió a los magistrados no valorar sus declaraciones lo que "habría conducido a una conclusión diferente sobre la autoría de la filtración del correo electrónico". Los periodistas no revelaron quién fue su fuente, pero aseguraron que no fue García Ortiz. Cuando lo dijo el ex director adjunto de eldiario.es, José Precedo, el presidente del tribunal interpretó su declaración como una "amenaza". Esgrimir que los periodistas pueden faltar a la verdad le permitió al tribunal orillar una prueba directa (de primera mano) de que el fiscal general no fue autor del delito.

La declaración que, sin embargo, sí tuvo en cuenta el tribunal fue la de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que relató sin prueba alguna sus sospechas de que García Ortiz hubiera sido el autor de la filtración. También afirmó que era partidaria de desmentir el bulo de Ayuso, pero no con la contundencia que defendía su superior, el fiscal general. Además, Lastra fue, en última instancia, quien ordenó la publicación de la nota con el tenor que le impuso su jefe, pese a considerarla ilegal. La defensa de García Ortiz sostiene que esto último supone una "incoherencia patente" de la sentencia. "Si la nota de prensa en en sí misma constitutiva de un delito de revelación de secretos, como sostiene la sentencia condenatoria, resulta jurídicamente inexplicable que no se anude responsabilidad penal alguna a quien ejecuta conscientemente una orden que, según esa misma lógica, sería manifiestamente ilícita", dicen los abogados del Estado.

El recurso que reclama la nulidad de la sentencia carga también contra la valoración como indicio relevante de una llamada sin respuesta (saltó el buzón de voz) del periodista que primero publicó el correo –Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER– a García Ortiz. Esa llamada, recuerda la defensa del ex fiscal general, se produjo a las 21,38, al menos 20 minutos antes de que el entonces jefe de la Fiscalía hubiera tenido acceso al correo. Pero es que, además, el registro de llamadas recabado por el Supremo muestra que justo en el momento en que la recibió, estaba al habla con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que le estaba ayudando a recopilarlos para elaborar la nota de prensa. La abogacía también recuerda que el email con la confesión de Amador se envió a una cuenta de correo genérico a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios.

García Ortiz, según su representación fue condenado por una conducta que no está recogida como delito en la ley, otra garantía prevista en la Constitución (el derecho a la legalidad penal). Los magistrados, según el recurso, lo hicieron al considerar que la nota de prensa que desmintió el bulo de Ayuso era delictiva porque "revelaba" datos reservados. La Abogacía del Estado recuerda, sin embargo, que, en realidad, no revelaba nada, ya que todo su contenido estaba ya en los medios cuando se envió. Así lo consideró el propio Supremo en octubre de 2024 al abrir la causa contra el fiscal general y centrarla únicamente en la filtración del correo.

El último derecho fundamental que García Ortiz y su defensa consideran vulnerado es de la libertad de expresión. La sentencia, recuerda el recurso, "asfixia la función de comunicación pública del Ministerio Fiscal cuando más necesaria resulta", es decir, "ante ataques políticos que comprometen la confianza ciudadana en la independencia y neutralidad de la institución". La condena del Supremo, además omite el deber del Ministerio Público de informar a la ciudadanía y el contexto de ataques públicos de Ayuso y su entorno, que afirmaban que había orquestado una operación de Estado contra ella y su novio. "Tal construcción doctrinal comporta, en la práctica, un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada", concluye la abogacía, "vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto de amedrantamiento".

El incidente de nulidad instado por García Ortiz se suma al presentado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que acusó al Alto Tribunal de "crear un tipo delictivo" para condenarlo. El Supremo, casi con total seguridad, rechazará ambos recursos por la misma mayoría que sacó adelante la sentencia. Una vez resueltos, la vía judicial quedará cerrada pero el ex fiscal general del Estado podrá seguir reclamando que se le haga justicia ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del órgano de garantías estiman que su sentencia, en caso de que el ex fiscal general presente su recurso de amparo en las próximas semanas, no estará lista hasta después del próximo verano.

El fallo contra el anterior fiscal general del Estado por desmentir oficialmente un bulo de Isabel Díaz Ayuso lo condenó a una multa de 12 meses (7.200 euros en total) y una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo concreto y específico de fiscal general del Estado. La Sala de lo Penal del Supremo desatendió la petición del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y del resto de acusaciones populares de que se le impusieran penas de prisión de hasta seis años. La negativa del Supremo a imponerlas es lo que, con toda probabilidad, permitirá a García Ortiz esquivar la expulsión de la carrera que prevé el Estatuto Orgánico de Ministerio Fiscal (EOMF) para los fiscales condenados por delitos dolosos (intencionados). Y la revelación de datos reservados a la que fue sentenciado lo es.

La literalidad del estatuto con rango de ley que regula el Ministerio Público es tajante. El artículo 44.2 de esa norma establece entre las causas de incapacidad para el ejercicio de las funciones fiscales haber sido "condenado por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación". Ese mismo precepto establece una excepción para "los casos en que la pena no fuera superior a seis meses", sin determinar si se habla de penas de prisión o de cualquier otro tipo. En esos casos, el fiscal general, en este caso la fiscala Teresa Peramato, "de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". Es decir, que como la pena de multa de García Ortiz es de 12 meses y la de inhabilitación de dos años, Peramato no tendría margen para salvarlo de la separación del servicio.

Esa textualidad de la ley es el argumento que manejan los sectores más conservadores de la Fiscalía y de la judicatura, que se han levantado en armas contra Peramato tras comprobar que no solo no ha expulsado a su antecesor en el cargo, sino que ha avalado su reincorporación dándole como destino la sección de lo Social (asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como fiscal de Sala que es (la máxima categoría de la carrera). En caso de que se presente un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra la rehabilitación del anterior fiscal general decretada por su sucesora ese será, con toda probabilidad, el principal argumento.

El problema es que, en Fiscalía, esa previsión expresa y tajante del estatuto de expulsar automáticamente a los fiscales condenados a penas de cualquier tipo siempre que sean superiores a seis meses, se considera un error cometido por el Parlamento al redactar la ley que la introdujo. Y no es algo que se haya sacado Peramato de la manga en este momento para beneficiar a uno de sus principales valedores, como sugieren los más conservadores. Lo estableció la Inspección Fiscal, el órgano que se encarga de la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, tras una consulta planteada al respecto en 2017, año en el que todavía era fiscal general del Estado el conservador Julián Sánchez Melgar, el último nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP.

La Inspección Fiscal recordó entonces que la reforma del Estatuto por la que se introdujo esa previsión buscaba adaptar para los fiscales "la posibilidad ya existente para los jueces de que la sanción de separación de la carrera por haber perpetrado un delito doloso pueda ser flexibilizada por el fiscal general del Estado en determinados casos menos graves", según se establecía en la exposición de motivos de la ley. Sin embargo, recordaba el fiscal jefe inspector, el artículo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados (artículo 379.1.d) establece como causa de expulsión la condena por razón de delito doloso, como en el caso de los fiscales, pero "a pena privativa de libertad", algo que, sin embargo, pese a pretenderlo, no introdujo la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ese error y omisión provoca, si se toma al pie de la letra el texto de ambas normas, una enorme incoherencia. Mientras un juez condenado por un delito doloso con una pena de prisión inferior a seis meses puede ver sustituida su expulsión disciplinaria de la carrera por una mera suspensión temporal, en el caso de los fiscales bastaría cualquier pena –incluso las de menor entidad, como una multa o una inhabilitación que supere esos seis meses–, para perder la condición de miembro del Ministerio Público sin que el fiscal o fiscala general pudiera hacer nada por evitarlo.

La Inspección Fiscal resolvió esa contradicción entre el texto del Estatuto y la intención que buscaba su reforma recordando que, en todo lo relativo a "la pérdida de la condición de miembro de la carrera fiscal", la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, la que regula el estatuto de jueces y magistrados –y prevé que solo puedan ser expulsados automáticamente por "penas privativas de libertad" superiores a seis meses–, es "de aplicación supletoria" al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En conclusión: que al igual que en el caso de los jueces, en el de los miembros del Ministerio Público, la fiscala general del Estado puede rechazar la expulsión de un compañero condenado si, como en el caso de García Ortiz, no lo ha sido a penas de prisión.

Este criterio, además, fue compartido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo –a la que previsiblemente recurrirán los que quieren a García Ortiz fuera de la Fiscalía– en una sentencia de 2017. La resolución establecía, al igual que la Inspección, que en el caso tanto de jueces como de fiscales y no solo en el de los primeros, la pertenencia a la carrera se perdía automáticamente por penas de cárcel de más de seis meses. "Si la condena es a menos de seis meses de privación de libertad ,el Consejo General del Poder Judicial o el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, pueden sustituir la pérdida de la condición de juez o magistrado o de fiscal por la de suspensión hasta tres años", decía la sentencia, que concluía: "Si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal".

El silogismo es claro. Álvaro García Ortiz no ha sido condenado a ninguna pena privativa de libertad, luego no debe ser expulsado. Su sucesora, Teresa Peramato, está habilitada legalmente para impedir que pierda la condición de fiscal aunque su sentencia le achaque un delito doloso como el de revelación de datos reservados. Su inhabilitación, según dice la propia condena del Supremo, es únicamente para el cargo de fiscal general del Estado y ninguno más, según estableció la sentencia.

En esas condiciones, es perfectamente lícito que el perjudicado de una instrucción, un proceso y una condena tan polémicas, desproporcionadas y ampliamente cuestionadas, pueda retomar su labor como fiscal de la más alta categoría apenas un mes después de que se conociera su sentencia.

Pese a la conmoción generada por el cuestionado proceso y la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz por desmentir un bulo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, los cinco magistrados que apoyaron el fallo intentaron, en la redacción de su controvertida resolución, que la inhabilitación no acabara con la carrera del hasta entonces fiscal general del Estado. Esos cinco miembros del tribunal, tras recordar que las responsabilidades disciplinarias derivadas del delito de revelación de datos reservados por el que le condenaron no les correspondía dirimirlas a ellos, quisieron encapsular esa inhabilitación en el cargo concreto de máximo responsable de la Fiscalía. Esa concesión y el hecho de que el jefe del Ministerio Público no forme parte de su estructura orgánica –un magistrado o un jurista prestigioso puede serlo– han permitido a su sucesora, Teresa Peramato, rehabilitarlo en su categoría de fiscal de Sala.

El pasado 17 de diciembre, la Sala de lo Penal del Supremo notificó la apertura de la ejecución de la sentencia a la inspección fiscal. Se trata del organismo que debe analizar si la condena a inhabilitación como fiscal general de García Ortiz debe comportar, además de las penales, alguna consecuencia disciplinaria. Fuentes fiscales explican que el procedimiento es que la inspección elabore un informe sobre el caso concreto para que la nueva fiscala general, Teresa Peramato, decida en última instancia. La decisión de darle como nuevo destino la sección Social (la que lleva los asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo indica que Peramato no ve razones para que su antiguo jefe no siga ejerciendo sus funciones como fiscal.

La sentencia del Supremo que lo expulsó de la cúspide del Ministerio Fiscal es la que, sorprendentemente, "ha echado un capote" para que las consecuencias del fallo no sean más drásticas, según fuentes fiscales. "Estamos juzgando un concreto hecho, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración", decía la sentencia tratando de limitar los daños. "Por otra parte, ese concreto hecho se produce [...] con el deseo prevalente, lo que no anula su antijuricidad, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba", prosigue en su fundamento jurídico sexto, el que versaba sobre la pena concreta que debía cumplir.

Ese mismo pasaje añadía después: "La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae". Y acto seguido: "Se concreta [...] exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado". "Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal", es decir dejando de lado la responsabilidad disciplinaria, cuya decisión recae sobre Peramato, "es proporcionada esa acotación", proseguía la resolución, que apuntaba: "No es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado". "No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano [el de la inspección fiscal y la nueva fiscala general]; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada al cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros".

La reincorporación del ex fiscal general al Tribunal Supremo, el destino que le corresponde como fiscal de Sala, indica, según las fuentes consultadas, que Peramato se habría apoyado en esos argumentos de la Sala de lo Penal para bendecir su vuelta. Su antecesor en el cargo, además, ha reclamado al Alto Tribunal la suspensión de su condena, lo que, en caso de aceptarse, podría retrasar aún más –al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo– la decisión sobre las consecuencias disciplinarias de su inhabilitación penal. En caso de que la deniegue, la nueva fiscala general tendría que tomar una decisión. Y lo que decida es susceptible se ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que tiene la última palabra.

El texto de la sentencia, sin embargo, da margen para orillar las consecuencias más drásticas que podría haber acarreado la condena. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde en caso de "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". El 44 considera incapacitados para serlo a "los que hayan sido condenados por delito doloso", aunque el mismo precepto permite al jefe del Ministerio Público –a Peramato en este caso– sustituir la expulsión "atendiendo a la entidad del delito", "por la sanción de suspensión de hasta tres años". El Supremo resta entidad al supuesto delito del ex fiscal general al considerar que la inhabilitación es solo para ese alto cargo, ninguno más. También concede que la infracción penal que apreció se cometió para defender al Ministerio Público lo que, en principio, frenaría nuevas sanciones.

"El rey está desnudo" es un cuento de Hans Christian Andersen, "El traje nuevo del emperador". La expresión se ha generalizado y se utiliza para describir una situación en la que la verdad es evidente para todos, pero nadie se atreve a decirla por miedo o por presión social. Solo una persona desprovista de malicia, un niño, se atreve a manifestarlo sin tapujos. Según los comentaristas, el cuento alerta sobre la credulidad y la vanidad. 

El modelo político de los vencedores en la Guerra Civil era el que se había instaurado en Alemania e Italia. La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 les hizo recapacitar sobre la viabilidad de un sistema que había sido rechazado en toda Europa y que resurgió al final de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario reconocer que la maniobra para perpetuar la dictadura, que consistía en traspasar la Jefatura del Estado vitalicia a un monarca designado por Franco, surtió efecto durante muchos años y las consecuencias todavía perviven en la actualidad.

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1946 proclama que España como unidad política es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino. En el año 1969 el dictador designa oficialmente a Juan Carlos de Borbón como su sucesor con el título de Príncipe de España. Pero mucho antes se había producido una serie de acontecimientos que demuestran la connivencia y la participación de su padre, don Juan de Borbón, que ostentaba la legitimidad dinástica como descendiente directo de Alfonso XIII.

En una reunión celebrada el 25 de agosto de 1948 entre Franco y el conde de Barcelona acordaron que Juan Carlos se formase académica y militarmente en España. A partir de este momento, el futuro Rey goza del manto protector de la censura informativa y apoyo institucional. Se conocen, pero se encubren, sus iniciales aventuras amorosas durante su estancia en las Academias militares. Un trágico suceso que ocasiona la muerte de su hermano Alfonso mientras manejaban un revolver. El diario Arriba titulaba: «Al disparársele una pistola, muere el infante don Alfonso de Borbón». Sobre lo sucedido surgen numerosas especulaciones, pero creo que no hay motivo para desconfiar de la versión oficial. Es más, me parece que es el único pasaje de sus anunciadas memorias que refleja el inevitable impacto emocional que produce en una persona un suceso que es difícil de olvidar.

El manto de la inviolabilidad, llevado a extremos inconcebibles en una sociedad democrática, le ha protegido incluso frente a demandas de paternidad presentadas en los tribunales españoles, que no sin minoritarias discrepancias, sostienen que también es inviolable frente a reclamaciones de índole civil. Es decir, puede llevarse un automóvil de lujo sin que se le pueda reclamar el precio si no se ha pagado. En cuanto al reconocimiento de la paternidad me imagino la sorpresa de Alberto de Lieja y Alberto de Mónaco, que han tenido que reconocer paternidades reclamadas por las personas legitimadas para plantear esta petición en los tribunales de justicia.

La cobertura de la impunidad le ha acompañado durante todo su reinado y se extiende hasta el momento presente, incluso después de su abdicación (19 de junio de 2.014), aunque constitucionalmente ha perdido su inviolabilidad. Las sospechas sobre sus ilícitas actividades económicas comenzaron a tomar cuerpo con motivo de las condenas a Manuel Prado y Colón de Carvajal y Javier de la Rosa por sus manejos relacionados con el Grupo Torras. Se han conocido y divulgado numerosas actividades ilícitas difundidas por los medios de comunicación. Necesitaríamos varios volúmenes de la misma extensión que las memorias para relatar y profundizar en los numerosos hechos delictivos que se le atribuyen e imputan. Me remito a las Diligencias de la Fiscalía General del Estado y a la extensísima información que se puede encontrar en Wikipedia. La crítica más contundente se desprende del  comunicado de su hijo Felipe VI cuando hizo pública su renuncia a la herencia de su padre, «así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada». 

La situación se volvió insostenible, afectando a la estabilidad de la Corona. Decidió exiliarse voluntariamente en los Emiratos árabes, donde ha permanecido intermitentemente, fijando su residencia fiscal en Abu Dabi para evitar los pagos debidos a la Hacienda española por su inmensa fortuna. Que cada cual valore esta conducta conforme a su libre criterio. El manto de la inviolabilidad y la impunidad le ha cubierto y le sigue cubriendo, por eso no entendemos el error que ha cometido al decidir publicar sus memorias en contra de las tradiciones históricas y los consejos de algunos.

Desbordado por su soberbia, decide ajustar cuentas con los ciudadanos que han sido críticos con su conducta y confía a su biógrafa –y, según dicen, admiradora– Laurence Débray la redacción de unas memorias, publicadas en primicia por una editorial francesa. Según manifiesta en el prólogo, se decidió a dejar por escrito sus vivencias porque se le había «robado su historia». ¿Quién ha robado a quién?  

Tengo bastante información sobre sus andanzas y por tanto no voy a leer su versión, pero me han llamado la atención algunos comentarios que ha realizado sobre su contenido. Según nos cuenta el periodista del diario francés Le Figaró que le ha entrevistado, afirma que su único compañero es un loro mudo. ¿Por qué no ha seguido usted su ejemplo? El panegírico que le hace el periodista francés me recuerda al aparato de propaganda de la dictadura. Me voy a detener exclusivamente en tres puntos que recalca en su entrevista.

Sostiene que las actuales generaciones no saben quién era Franco. Tiene usted razón, no se estudia en los centros escolares. Me permito ofrecer algunas pinceladas de su figura para que los lectores saquen sus conclusiones. El corresponsal del Chicago Tribune, Jay Allen, le entrevistó en los inicios de la Guerra Civil. Franco le manifestó: “Salvaré a España del marxismo”. Replica el periodista: “¿Significa que tendrá que fusilar a media España?” Respuesta tajante. “He dicho a cualquier precio”. Terminada la Guerra civil, lejos de desarrollar una política de Paz, Piedad, Perdón como pidió Azaña, puso en marcha la máquina exterminadora de los Consejos de Guerra, fusilando a más de 50.000 republicanos. Se despidió de este mundo con cinco ejecuciones sumarísimas en septiembre de 1975.

En relación con el Golpe del 23F se exime de toda responsabilidad y sostiene que hubo tres golpes, el de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Añade una ignominia que me figuro que habrá entristecido a los familiares: “Armada me traicionó”. Me permito refrescarle la memoria. Armada fue condenado a 20 años de prisión en el Consejo de Guerra militar. Se articuló un extraño Recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como es lógico, pidió al entonces Presidente del Tribunal Supremo que le informase del contenido de la sentencia antes de que fuese pública. El Presidente le llamó para informarle sobre su contenido. Sin apenas saludarle le preguntó: "¿Armada?, 30 años" le contestó; reaccionó con un rotundo taco mostrando su rechazo y desagrado. ¿Lo recuerda?

Por último, las referencias al actual Gobierno. Demuestran su pérdida de neutralidad y sesgado partidismo. Afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza las trapisondas de su nieto Froilán para desacreditar a una monarquía que sueña con abolir. Una vez más es usted injusto. Gracias a las órdenes del Ministerio de Hacienda a la Agencia Tributaria para que no investigase sus defraudaciones en el IRPF, se ha librado de ser condenado por cinco delitos fiscales.

La edición española se ha demorado hasta días después de la conmemoración de la restauración de la monarquía parlamentaria. Está a tiempo de cambiar el título. No solo se ha desnudado, sino que ha entrado de lleno en la confrontación política, dejando a un lado la reconciliación.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Un supuesto defraudador fiscal acusado por dos delitos contra la Hacienda Pública plenamente acreditados por la Agencia Tributaria y otro de falsedad documental, y a la vez imputado por administración desleal y corrupción en los negocios por tratar de ocultar una presunta comisión de 500.000 euros a un directivo de Quirón –la principal contratista sanitaria del Gobierno que dirige su novia–, se presentó el pasado martes en el Tribunal Supremo como una víctima de una operación de Estado. La sobreactuación de Alberto González Amador ante los magistrados –"Me han destrozado la vida; o me voy de España o me suicido", declaró– no solo buscaba la condena del acusado, el fiscal general del Estado. Amador cree que, con una sentencia condenatoria contra García Ortiz, podrá lograr el archivo de la causa por cinco delitos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid sigue contra él.

En el relato que trata de imponer su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, ante el Alto Tribunal, Amador es el perjudicado directo de una supuesta conspiración de al menos tres instituciones del Estado controladas por el PSOE –el Gobierno, la Agencia Tributaria y la Fiscalía– para dañar políticamente a su pareja, Isabel Díaz Ayuso (del PP) a través de él. La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo con la que se abrió el caso contra el fiscal general considera que la conducta de la que se le acusa –revelar un correo de unas negociaciones de conformidad en la que Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel– habría afectado a un derecho fundamental de Amador, el derecho de defensa.

"Estimamos que, al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa del Sr. González Amador, como consecuencia de la revelación de un correo existente entre su letrado y el fiscal de delitos económicos, el día 2 de febrero de 2024", sostenían los magistrados en su auto de admisión a trámite, con el que se inició la instrucción.

La causa que se sigue contra el novio de Ayuso en los juzgados de Plaza de Castilla consta de dos piezas. La primera y principal es la que dio inicio al caso, los dos delitos fiscales y la falsedad documental derivada de las facturas falsas que presentó ante a Hacienda para tratar de ocultar el fraude tributario. Esa pieza ya está totalmente instruida y el juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral. El proceso se iniciará en unos meses ante un Juzgado de lo Penal de Madrid. La segunda pieza, la relativa a la compra de una sociedad inactiva y sin capital ni empleados a la esposa de un directivo de Quirón por medio millón de euros en una operación que trataría de ocultar una comisión irregular –una conducta más difícil de probar– sigue todavía en la fase de investigación.

En caso de que el fiscal sea finalmente condenado en el Supremo, la defensa de Amador en el caso en el que está acusado e imputado por cinco delitos –el mismo equipo que lo representa en el juicio contra García Ortiz– reclamará, con total seguridad, que la causa abierta contra él se anule. El motivo que alegará es vulneración de derechos fundamentales. En concreto, hará valer la sentencia para demostrar que la Fiscalía, a través de su máximo representante, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.2 de la Constitución en su vertiente del derecho de defensa. Serán el Juzgado de Instrucción 19, del que es titular Antonio Viejo, el juez de lo Penal al que corresponda el juicio de los delitos fiscales, o la Audiencia de Madrid los órganos que, hipotéticamente, tendrán que decidir si anulan las actuaciones por ese motivo.

Varios magistrados del orden Penal consultados por infoLibre consideran que, aun habiendo condena, en la causa contra Amador no cabría declarar la nulidad. Esos magistrados explican que el derecho de defensa afecta únicamente al proceso en sí, es decir, tanto a las diligencias que hubiera iniciado el fiscal, como a la causa ya abierta en el juzgado o en el propio juicio cuya apertura ya se ha dictado. Esas mismas fuentes aseguran que las negociaciones para una conformidad son externas al proceso, como explica el hecho de que esas conversaciones previas al acuerdo no estén reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reserva o el secreto que establece esa ley para la instrucción no engloba los tratos para establecer los términos del acuerdo entre el fiscal y el acusado, que necesariamente implica la confesión de los delitos que se le achaquen.

Pueda o no lograrlo, que la defensa de Amador trate de conseguir que se le exima de sus delitos mediante la nulidad es algo que solo podría intentar en caso de que, tras el juicio que se celebra estos días, haya sentencia condenatoria. En caso contrario, si el fiscal general sale absuelto, a González Amador solo le quedarán dos vías: las mismas que le indicó su abogado cuando Hacienda le comunicó la existencia de sus delitos. La primera es seguir adelante con el juicio que tiene pendiente por sus dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y su falsedad documental, y defenderse en la instrucción de los otros dos que se le imputan (corrupción en los negocios y administración desleal) en la pieza separada. La segunda es volver a negociar con el Ministerio Público para reconocer de nuevo los delitos que se le achacan y tratar de lograr evitar la prisión.

Una exfiscal de delitos económicos que ha llevado varias causas de este tipo explica que, en estos casos, lo más razonable para el acusado es tratar de llegar a un acuerdo para conseguir una reducción de la condena y que, en principio, no existirían obstáculos para meter en un mismo paquete todas las infracciones penales que se le achacan en una hipotética negociación. El escenario que afrontará en ese caso, sin embargo, es mucho más complicado que el del primer intento, hecho a toda prisa el 2 de febrero de 2024 –fecha del correo en el que su abogado decía "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales"– antes de que ni siquiera hubiera empezado la fase de instrucción y, por supuesto, la pieza separada. En ese momento habría podido salir con una condena muy leve por solo dos delitos, así como el pago de la multa y la cuota defraudada. Si Álvaro García Ortiz sale absuelto, Amador se enfrentará a penas más graves y, si quiere reducirlas o evitar su cumplimiento, tendrá que admitir otra vez los hechos. Por eso, la causa contra el fiscal general es su última bala.

Ocurrió en el entorno de la ciudad de Saint-Étienne, al Sur de Lyon y a muchos kilómetros de la frontera entre Francia y España. Sin embargo, una vez más, un traficante de drogas procedente de la Península Ibérica no tuvo dudas a la hora de poner en riesgo la vida de los policías del país galo para intentar salvar el gran alijo de hachís que transportaba en su BMW. Pero la investigación fue más allá. Su resultado, que se conoce poco después de la relación de otros narcos españoles con el asesinato de un guardia en el río Guadiana, tiene un mayor alcance, pues desvela por primera vez la connivencia de trabajadores de una empresa dedicada al control de peajes de la autopista al servicio de los criminales.

En el marco de la fase de explotación de la operación, según informa la Police Nationale de Francia, se incautaron 450 kilos de hachís en posesión del sospechoso, que, a bordo de un automóvil de altísima gama y cilindrada, transportaba desde España.

La investigación, iniciada a finales del verano de 2025 por la delegación de la OFAST en Lyon y dirigida por la fiscalía de Saint-Étienne, tenía como objetivo frenar "la importación masiva de estupefacientes desde España", según detalla el Ministerio Público francés. El trabajo culminó con la detención del individuo que estaba al volante del BMW durante un operativo antidrogas el 4 de octubre.

El conductor, que actuaba de forma temeraria, lanzó clavos específicos para destrozar los neumáticos contra vehículos policiales. Contaba con ellos en su 'dotación' de narcotransportista. Sin embargo, pese a su resistencia, fue detenido gracias a la tenacidad de los agentes, que pusieron en riesgo su integridad física.

En paralelo, y en los días siguientes a la caída de la droga, también fueron detenidos tres cómplices, nada menos que operadores de cabinas de peaje en el tránsito entre España y Francia que, según parece, estaban a sueldo de los narcos para permitir el paso de los vehículos go-fast cargados de droga.

Ante tales evidencias, todos fueron llevados ante un juez, y tres de ellos, dos trabajadores de la empresa de peajes y el conductor del BMW, fueron ingresaron en prisión preventiva.

Once días después del audaz robo de ocho joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre, siete sospechosos están ya en prisión provisional o bajo custodia policial, aunque aún faltan por localizar a uno de los cuatro ladrones del comando ejecutor del golpe del 19 de octubre y también el botín, tal y como ha informado EFE.

Los frutos de la investigación, en la que participan más de un centenar de agentes y magistrados, empezaron a cosecharse el sábado con los dos primeros arrestos y continuó la noche pasada con otros cinco detenidos, todos en la región parisiense.

La fiscal de París, Laure Beccuau, que anunció hoy las nuevas detenciones, comparó la investigación con "el hilo de Ariadna" y su papel en este proceso, dijo, no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse "firme" para tratar de encontrarlas.

En una entrevista a la emisora RTL, la fiscal envió un claro mensaje a quien tenga las joyas: "La Justicia tendrá en cuenta que en este robo no se causó ningún daño" y "la cooperación con la investigación se tiene en cuenta al determinar la sentencia".

El valor material de las joyas fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es incalculable, según los expertos, ya que incluye la diadema de la emperatriz Eugenia, adornada con casi 2.000 diamantes, así como el collar del conjunto de zafiros que perteneció a María Amelia, la última reina de Francia, y a Hortensia de Beauharnais, madre de Napoleón III. 

La fiscal desveló que uno de los detenidos anoche "era objetivo de los investigadores" y tienen "pruebas de ADN" que lo vinculan directamente con el robo. "Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira", precisó.

Señaló que los otros cuatro detenidos el miércoles "pueden aportar información sobre cómo se desarrolló" el golpe, sin dar datos de sus perfiles porque, señaló, "es demasiado pronto" y "la investigación avanza poco a poco" y no se descartan más arrestos.

La redada de la víspera se produjo la misma noche en la que los dos detenidos del pasado sábado fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso, por "robo organizado y conspiración para delinquir", e ingresaron en prisión preventiva.

Esos cargos pueden acarrear hasta 15 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Los dos hombres detenidos el sábado, ambos en la treintena, "admitieron parcialmente los hechos", explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. 

Se sospecha que fueron ellos quienes "entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas", precisó la fiscal.

Uno de los detenidos anoche formaría también parte del comando que robó las joyas en apenas ocho minutos en plena luz del día y a vista del todo el mundo haciéndose pasar por operarios. 

Según la fiscal, los dos arrestados en la primera redada -de nacionalidad argelina y francesa- tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche.

Fingiendo ser unos operarios, ambos están acusados de penetrar en la Galería de Apolo del museo gracias a una grúa que los elevó hasta un balcón, desde donde entraron en la sala de los tesoros. 

"Nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo", según la fiscal.

Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro cómplice del crimen.

Beccuau elogió la "excepcional movilización" de los investigadores y magistrados en una continua "caza", "siete días a la semana", lo que permitió reconstruir parte del recorrido de los criminales antes y después del robo.