"Una lista cívica para hacer la independencia". Ni la receta es nueva ni están claros los ingredientes, pero se ha convertido en la fórmula estrella de la ANC para conseguir lo que ERC, Junts y la CUP aún no han podido lograr. Una propuesta que su presidenta, Dolors Feliu, volvió a defender el pasado lunes durante la manifestación de la Diada y que lleva meses cocinando a fuego lento pese al rechazo que suscita incluso entre buena parte de los miembros de la entidad.

Ante las miles de personas que se congregaron en la plaza de España de Barcelona -115.000 según la Guardia Urbana, una cifra menor que en citas anteriores- y la mirada atónita de algún que otro líder independentista, Feliu no dudó en volver a destapar sus cartas. "Cualquier pacto en Madrid solo sirve si tiene efectos directos para conseguir la independencia de Cataluña. Independencia o bloqueo", dijo en un intento de poner contra las cuerdas a las formaciones independentistas, sumergidas estos días en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. "Independencia o elecciones", les espetó.

Un mecanismo de presión

Pero vayamos por partes. La primera vez que la Assemblea Nacional Catalana se planteó impulsar una lista cívica de cara a las próximas elecciones al Parlament, previstas para 2025, no fue de la mano de Feliu, que luego se ha acabado convirtiendo en una de sus más acérrimas defensoras. La iniciativa la puso sobre la mesa el anterior secretariado -el órgano que gobierna la entidad- como una herramienta para incrementar la presión sobre las instituciones y los partidos.

Ya entonces esa hoja de ruta alejaba la posibilidad de que la ANC se convirtiera en un partido político al uso y condicionaba su propuesta a la actitud que tomaran las formaciones independentistas hegemónicas. "Que la Asamblea se convierta en un partido y se presente a las elecciones no es una opción. Desde este momento nos planteamos el impulso de una lista cívica, independiente de partidos, para defender la voluntad de los electores independentistas en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña", rezaba el documento.

La dirección de la entidad renovó a sus miembros y redobló su empeño. La nueva hoja de ruta, que se aprobó la pasada primavera, no sólo recupera la lista cívica, sino que detalla cómo se debería llevar a cabo: será una agrupación de electores, limitada en el tiempo, formada por personas independientes y relevantes dentro del movimiento independentista. "No es una lista para colocar a gente", aseguran a este diario fuentes de la organización al recordar que sus cargos directivos no podrán formar parte de la candidatura.

En cualquier caso, según las mismas fuentes, "aún no está decidido al 100%" si acabarán impulsando un cuarto espacio independentista, que tendrían que ratificar las bases de la entidad en una consulta marcada para el último trimestre de 2023, pero que se podría acabar celebrando "a principios del año que viene".

"Dependerá de si los partidos independentistas cumplen el trabajo. Si no, lo haremos nosotros", recalcan miembros de la ANC.

El peligro de dividir el voto

De lo que no hay duda es que la amenaza de la Assemblea ha sentado como un jarro de agua fría al Govern de Esquerra, ya caracterizado por su talante negociador en Madrid. Aunque esta vez las críticas han llegado también de una de las voces más respetadas dentro de la organización, la que fuera su presidenta Carme Forcadell. Para la también expresidenta del Parlament la lista cívica es un "error" porque contribuiría a fragmentar el voto independentista: "Ya se intentó algo parecido con Junts pel Sí (...). Pensábamos tener mayoría absoluta y no la tuvimos. Más tarde se probó en las municipales hacer listas cívicas de la Assemblea y no salió ningún concejal. Lo que sí se consiguió es fragmentar aún más el independentismo". Y ese es precisamente el reto mayúsculo al que se enfrenta este espacio político, el de concentrar el voto frente a un PSC que ha arrasado en las urnas.

La lista de la ANC no busca convertirse en un "elemento de fragmentación". Quiere ser un "instrumento para forzar una unidad estratégica coherente" y recuperar así la capacidad de incidencia que ha ido perdiendo en los últimos años, pero lo cierto es que este ambicioso proyecto no lo tendrá fácil para recoser las relaciones entre dos formaciones, ERC y Junts, que durante la Diada escenificaron su enésimo choque.

El papel que desempeñe Carles Puigdemont en las negociaciones de cara a la investidura también será clave. Un escenario en que Junts decida finalmente activar las conversaciones con el PSOE de Pedro Sánchez podría dar alas a la ANC para poner en marcha la maquinaria. Por si acaso, ya han registrado la marca "Llista Cívica" para asegurarse de que, llegado el momento, sólo ellos la podrán utilizar.

La estrategia unilateral de Feliu pretende, además, ser revulsiva, busca remover consciencias y apremiar a los partidos. "Por ahora, es una herramienta de presión, pero no dudaremos en activar la declaración de independencia". No obstante, aunque la ANC mantiene todavía músculo movilizador, las encuestas apuntan en una dirección distinta. Según el Centre d'Estudis de Opinió (CEO), ni han crecido los partidarios de que Cataluña sea un estado independiente -de hecho, el porcentaje de quienes están a favor y en contra se mantiene estable desde antes del 'procés'-, ni son mayoría quienes defienden la vía unilateral -suman el 10% frente al 30% que opta por una solución pactada-.

En cualquier caso, será el contexto político el que acabe inclinando la balanza. "Estamos expectantes a ver qué hacen los partidos", apuntan desde la ANC. Sea cual sea el desenlace, éste promete levantar polvareda también dentro de la organización, ya que la cuestión de una nueva opción política que compita con el resto de partidos del arco parlamentario no genera unanimidad. De hecho, el pasado febrero la entidad se vio inmersa en una profunda crisis interna que llevó a la dimisión en cascada del entonces vicepresidente Jordi Pesarrodona y 13 secretarios nacionales, que acusaron a Feliu de hacer gala de formas poco democráticas.

Pareciera que desde entonces las aguas se han calmado, aunque aún están por ver las consecuencias que tendría si finalmente prospera y triunfa la lista cívica o se produce el hipotético descalabro electoral pronosticado por Forcadell. Un todo o nada decisivo para el futuro de una entidad que nació para conseguir la independencia de Cataluña y que se plantea ahora concurrir a unas elecciones autonómicas.

El vicepresidente de la ANC, Jordi Pesarrodona, y otros 13 miembros del secretariado nacional dimitieron este sábado tras la reunión para abordar la crisis generada por la lista cívica para las próximas elecciones municipales. Han atribuido su decisión a una "pérdida de democracia interna" y a un abuso de poder por parte de la presidencia y otros miembros del comité permanente de la entidad, según informa Europa Press.

Pesarrodona seguirá en el secretariado de la entidad pese haber abandonado su cargo de vicepresidente, y los 13 secretarios nacionales salientes también seguirán en la entidad, ha informado la ANC.

En un comunicado en la página web Col·lectiu Indesinenter, creada por este sector crítico, han explicado que "la falta de democracia se ha traducido en una vulneración repetida de derechos" de aquellos que les votaron, y que ha empobrecido el debate interno de la entidad.

Han remarcado que no se han posicionado nunca en contra del debate de la lista cívica, y que sus propuestas defendían "ampliar el debate y centrar la lista cívica en el marco estratégico del embate, la confrontación y la lucha no-violenta, imprescindibles para hacer efectiva la independencia".

Sin embargo, han explicado que "pese a los esfuerzos de diálogo de los últimos días, no ha sido posible encontrar puntos de entendimiento para reconducir" la situación, que tachan de muy grave y que atribuyen a la concentración de poder del comité permanente y a la situación de bloqueo del secretariado.

Pese a ello, han recalcado que continúan "creyendo que la Assemblea es una herramienta esencial en la lucha para hacer efectiva la República Catalana" y han llamado a convocar una asamblea general extraordinaria para aprobar unas nuevas elecciones del secretariado nacional.

Las principales instituciones, partidos y entidades catalanas han arrancado este domingo la Diada con la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova. El independentismo afronta este domingo con más división que los últimos años, justo cuando se inicia la conmemoración del quinto aniversario del 1-O de 2017. A pesar de este clima de tensión, los partidos y entidades independentistas han animado a la ciudadanía a participar en los actos de este 11 de septiembre, según recoge Europa Press.

En declaraciones a los medios tras participar junto al resto del Govern en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael de Casanova por la Diada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este domingo a "acumular fuerza" en esta Diada para avanzar en la resolución del conflicto y lograr un referéndum de autodeterminación.

También ha pedido a la ciudadanía expresarse "en toda su pluralidad" y enfocar este 11 de septiembre con el objetivo de que Cataluña pueda escoger libremente su futuro. "Hoy es un día de reivindicación, de mostrarnos orgullosos de la nación que somos, una nación diversa y plural pero determinada en decidir en absoluta libertad su futuro", ha asegurado.

El Govern y el resto de formaciones han sido abucheados por unas 50 personas que protestaban por la precariedad en el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cataluña. Aunque la pitada más sonora se la ha llevado la delegación de ERC que ha sido recibida con una pitada y gritos de "Fuera". Encabezados por su presidente, Oriol Junqueras, y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, los republicanos han llegado a la ofrenda gritando "Independencia", mientras recibían una pitada de la gente concentrada cerca del monumento.

Ya en el acto previa del sábado por la noche en el Fossar de les Moreres se vivieron momentos de tensión con gritos y pitos hacia varias delegaciones políticas, como la de ERC, a su llegada y durante los discursos. 

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha llamado este domingo a la movilización en la Diada: "Solo nos ganaremos la libertad si somos capaces de defenderla". También ha afirmado que el 11 de Septiembre conmemora la "pérdida de libertades" de Cataluña en 1714 pero también es un día de esperanza para poder recuperarlas. Por eso, ha emplazado a la ciudadanía a mantener la esperanza para "convertir Cataluña en una nación libre de Europa, con todos sus derechos y deberes pero con la libertad completa y plena".

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha pedido acudir a la manifestación para demostrar que la gente es "el motor hacia la independencia". También ha insistido en que "será la fuerza de la gente la que moverá los escenarios políticos hacia la independencia". "Hago un llamamiento a salir para que se nos escuche en el mundo, en España, que habitualmente no nos hace caso, los partidos y el Parlament", ha concluido.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido que movilizarse este 11 de septiembre es "la mejor respuesta contra la guerra sucia del Estado y su estrategia del miedo" contra el independentismo, que ha definido como un movimiento plural y democrático. Junto a los presidentes de Acció Cultural País Valencià (ACPV) y Obra Cultural Balear (OCB), Anna Oliver y Joan Miralles, ha resaltado los vínculos lingüísticos, históricos, culturales y políticos entre los tres territorios.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido que Cataluña celebre una Diada "de respeto", que manifieste la pluralidad de la ciudadanía y que ayude a fomentar la convivencia. En respuesta al mensaje institucional de Aragonès, en el que afirmó que volverá a votar un referéndum, Illa ha replicado que ya hace tiempo que la ciudadanía vota a sus gobernantes y lo seguirá haciendo, pero que lo importante es que haya un Govern que gobierne "en vez de pelearse" entre los socios del Ejecutivo.

Illa ha estado acompañado por los dirigentes del PSC, como la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado este domingo que el curso político haya empezado "demasiado marcado por las batallas entre partidos de Govern" y ha pedido al Ejecutivo catalán centrarse en la respuesta a la inflación y los precios de la energía. 

En declaraciones a los medios tras participar junto a miembros del Ayuntamiento en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael de Casanova por la Diada, ha urgido a la Generalitat a explicar su "plan de choque y hoja de ruta ante la crisis" y para reforzar la vivienda pública, la sanidad y las renovables. Colau ha sostenido que la Diada es un día de celebración de la lengua, la cultura y los "elementos que hermanan dentro de la diversidad", y ha defendido que todos los catalanes la celebren como consideren mejor.

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha asegurado este jueves que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez concede los indultos a los presos del 1-O no sería "ningún éxito" porque, a su juicio, políticamente desarmarían al independentismo y tendrían consecuencias a nivel internacional. "De hecho, serían una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedarían fuera de estos los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarmarían e internacionalmente son nefastos", ha sostenido en diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press.

Para Paluzie, el indulto muestra al Estado "como benevolente y puede tener el efecto perverso de retrasar" las causas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo porque, a su juicio, está sobrepasado de recursos y debe priorizar. "Si ya son libres, la causa no es tan urgente", ha añadido la presidenta de la ANC, que tampoco cree que una ley de amnistía por sí sola resuelva nada.

En su opinión, una ley de amnistía si no va acompañada de un referéndum de autodeterminación acordado que resuelva el conflicto político "pondría el contador a cero, sí, pero no impediría condenar de nuevo cualquier dirigente o activista que volviera a intentarlo".

Según Paluzie, el Estado, empezando por el PSOE, la judicatura y la derecha española, comparte el objetivo de "acabar con el movimiento independentista" después del 1-O. Por ello, defiende que la ANC mantiene su determinación en la lucha por la independencia: "Será la República Catalana la que nos traerá la amnistía para todos los represaliados", ha zanjado.

Estos tuits de la presidenta de la ANC, que es una de las asociaciones clave del independentismo junto con Òmnium Cultural, llegan en pleno debate sobre los indultos tras el informe negativo del Supremo. Y se producen también en la misma semana en la que el nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès, haya tomado posesión de su cargo gracias al acuerdo para la formación de Govern entre ERC y Junts. Unas negociaciones que en, caso de Carles Puigdemont, llevó el secretario general, Jordi Sànchez, que anteriormente fue presidente de la ANC. 

Este pacto incluye, entre otros elementos, la creación de un espacio de dirección estratégica independentista con estos dos partidos y la CUP, pero también con la propia ANC y Òmnium. Estas formaciones se coordinaran con el Consell per la República (CxRep), un órgano presidido por Puigdemont que se reformulará para que tenga el consenso de todos los actores del independentismo.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrado su VIII Asamblea General, en la que sus bases han avalado la hoja de ruta de la entidad, que contempla exigir a los partidos una propuesta que contemple la vía unilateral como "condición indispensable para que la ANC les dé apoyo".

En un comunicado este lunes, ha informado de que los 6.100 miembros, el 92% ha apoyado la hoja de ruta que marcará la actuación de la ANC en el próximo año, y que incluye "trabajar por la unidad de acción de los diversos actores independentistas" y apostar por la lucha no violenta.

"Si fruto de estas elecciones se constatase una mayoría social independentista a partir del 50%+1 de los votos, se debería validar la estrategia unilateral y el Parlament debería dar paso a la investidura de un gobierno dispuesto a reconocer la voluntad de la mayoría social", defiende la hoja de ruta aprobada por la ANC.

Además, por la crisis del coronavirus han decidido atrasar las elecciones del Secretariat Nacional a, "como tarde, el sábado de la quinta semana posterior al momento en que se levante el confinamiento y sea posible celebrar reuniones con seguridad".

La ANC ha puesto toda su estructura y su red territorial "al servicio para ayudar a superar esta crisis" del Covid-19 y ha lanzado una iniciativa para fabricar mascarillas de uso doméstico con el fin de distribuirlas por Catalunya.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha asegurado que la pandemia ha evidenciado "en qué estado de sumisión" está Catalunya y ha acusado al Estado de provocar un aumento de la burocracia y de la ineficiencia para gestionar la crisis.

"Esta mentalidad autoritaria se manifiesta con el uso impúdico del Ejército para afianzar el poder y con la negación de las medidas de confinamiento total que le piden científicos y gobiernos como el nuestro", ha criticado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado viernes y que, con dos votos discrepantes, rechaza el recurso presentado por el exdiputado y expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez –condenado por sedición en la causa del procés independentista de Cataluña–, contra las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión antes de dictarse sentencia. El TC afirma que la medida fue proporcionada y respondió a un fin constitucionalmente "legítimo".

Concretamente, se desestima el recurso de amparo que la defensa de Sánchez presentó contra dos autos de 6 de febrero de 2018 y 20 de marzo de 2018 y rechaza que se hayan vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la libertad personal, la libertad ideológica y la participación política, según informa Europa Press.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, considera que las medidas acordadas cumplen las exigencias de los principios de legalidad y de proporcionalidad desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso y ejercicio del cargo público, conforme a la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Además, las resoluciones impugnadas explicitan el presupuesto por el que se mantiene la prisión provisional, los indicios racionales de la intervención del demandante en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves, y responden a una finalidad constitucionalmente legítima, el riesgo de reiteración delictiva.

El Tribunal explica que le compete supervisar el control externo de que la medida cautelar se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la institución. Así, los argumentos de los autos impugnados sobre el riesgo de reiteración delictiva "no pueden considerarse irrazonables, voluntaristas, carentes de individualización o de la necesaria extensión argumental", sino que formulan un juicio de pronóstico que aparece suficientemente razonado.

No se valoró su ideología

Además, la sentencia del tribunal de garantías descarta que las decisiones del Supremo se basaran en la ideología política de Sànchez. "La valoración de la situación del recurrente, de sus capacidades, de su cargo como diputado autonómico y del liderazgo que ostentaba en la ANC, así como de su comportamiento en el pasado, no supone en modo alguno censura ni impide o perturba el ejercicio de sus derechos de libertad ideológica y participación en los asuntos públicos.

Por el contrario, obedece exclusivamente a la necesidad de explicitar las razones por las que las decisiones judiciales fundan el pronóstico de comportamiento futuro en que tiene su asiento la finalidad constitucionalmente legítima de la prisión provisional; finalidad cuya realidad fue apreciada y que justifica la adopción de la medida cautelar".

La sentencia también sostiene que la privación cautelar de libertad es proporcionada porque el recurrente en amparo pudo impugnar, y de hecho impugnó hasta en dos ocasiones en poco más de tres meses, la modificación de la prisión provisional contra él adoptada. Y además, en respuesta a sus pretensiones, "los órganos judiciales han ponderado los derechos e intereses del demandante y de la sociedad en materia de participación política, así como los del buen funcionamiento de la justicia, en unos términos que no pueden merecer reproche constitucional alguno".

Se considera igualmente satisfecha la exigencia de proporcionalidad al constatar que se valoraron medidas alternativas a la prisión que pudieran suponer una injerencia menor en el derecho de participación política pero fueron descartadas porque el riesgo de reiteración delictiva "estaba directamente conectado a una actividad pública a la que no ha renunciado y que desde diversos frentes ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos investigados sin que resultase suficientemente acreditada su voluntad de abandonar la conducta desplegada".

Votos particulares

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por los magistrados del sector progresista del TC Juan Antonio Xiol Ríos y Fernando Valdés Dal-Ré, los mismos, junto a María Luisa Balaguer, que discreparon de una resolución similar sobre un recurso del líder de ERC Oriol Junqueras, aunque esta última no se adhiere en esta ocasión.

Consideran que se debió estimar el recurso de amparo de Jordi Sánchez y, en consecuencia, anular las resoluciones del Tribunal Supremo porque el alto tribunal maximizó el control sobre los riesgos de reiteración delictiva a través del sometimiento al recurrente a un control prácticamente absoluto mediante la privación de libertad.

Además cree que es necesario valorar, entre otros aspectos, el hecho de que la decisión debía tomarse en un contexto en que aquellas conductas habían provocado ya la excepcional aplicación del artículo 155 CE y que el recurrente había renunciado a la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, que era el cargo al que en buena medida se había vinculado el riesgo de reiteración delictiva.

Ambos magistrados también subrayan, como señala la jurisprudencia del TEDH, la necesidad de ver si era posible adoptar medidas alternativas que paliaran la restricción del ejercicio del derecho de representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal.

La tónica de esta falta de unanimidad respecto a asuntos del procés es reciente, se inauguró el pasado 28 de noviembre cuando el acuerdo de los doce magistrados en torno a estos asuntos se rompió respecto a un recurso del exlíder de ERC también condenado y en prisión Oriol Junqueras contra el mantenimiento de su prisión provisional durante la instrucción y el juicio por esta causa.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, por unas declaraciones denunciadas por Societat Civil Catalana (SCC) por presuntamente apoyar la violencia, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

SCC denunció a Paluzie hace una semana ante la Fiscalía por presuntos delitos de incitación a la violencia y a los desórdenes públicos, y presunto delito de odio, por decir que los altercados ocurridos en Catalunya tras la sentencia del 1-O "hacen visible el conflicto" en el exterior, en una entrevista de TV3.

La presidenta de la asociación soberanista valoró así los altercados ocurridos en Catalunya a raíz de las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas, e indicó: "Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto".

Añadió que la principal responsable es "la violencia del Estado" porque ha condenado a un movimiento pacífico y democrático a penas de cárcel, según ella.

Denuncia de SCC

En su escrito de denuncia, SCC indicó que la ANC promueve y apoya a través de sus canales las movilizaciones de los CDR y que "con una mínima actividad investigadora quedaría probada la conexión entre las proclamas de la señora Paluzie y los actos vandálicos y violentos de los llamados Comités de Defensa de la República".

SCC consideró que las declaraciones de Paluzie tienden a "incitar a la violencia y a la comisión de actos vandálicos por considerarlos 'positivos' para su causa en tanto en cuanto 'hacen visible el conflicto".

Además, la entidad partidaria de la unidad de España afirmó en su denuncia que Paluzie "señala directamente al Estado como responsable de la violencia, dirigiendo al mismo las miradas de sus seguidores, y con ello, ese discurso de odio hacia un objetivo determinado y concreto".

Las relaciones entre los distintos actores y organizaciones que conforman el bloque independentista en Cataluña no pasan por su mejor momento cuando falta poco más de un mes para el 11 de septiembre, fecha en la que el secesionismo quiere hacer una nueva demostración de fuerza coincidiendo con la Diada. Los movimientos para conformar mayorías en los ayuntamientos y las diputaciones, así como las diferentes posiciones adoptadas ante la votación de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, no han hecho más que constatar el alejamiento experimentado en los últimos tiempos por Junts per Catalunya y ERC. Pero las desavenencias no solo se dan entre ellos, y buena muestra de ello son los duros reproches que se han lanzado entre sí la ANC y ERC en los últimos días: el partido ha acusado a la entidad de "actuar como contrapoder" y la ANC ha criticado la "piel fina" de ERC.

Todo el bloque está de acuerdo en que el inicio del nuevo curso político, en septiembre, será un momento clave para el secesionismo, y en que la Diada del 11 de septiembre debe ser una demostración de músculo que funcione como antesala de la sentencia contra los principales líderes independentistas por el juicio del 1-O, prevista para principios de otoño. Asimismo, tanto los partidos como las asociaciones secesionistas coinciden en pedir que la respuesta a esta sentencia sea unitaria. Pero desde hace meses cada uno defiende una estrategia contrapuesta. A grandes rasgos, dentro del independentismo conviven dos almas: los que insisten en no dar por muerta la vía unilateral y los que apuestan por acumular fuerzas rehuyendo el choque frontal con el Estado.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que representa al sector de Junts per Catalunya más próximo a las tesis de Carles Puigdemont, es uno de los representantes de quienes se niegan a dar por zanjada la vía unilateral y, en junio, aseguraba estar "convencido" de que se volverá a declarar la independencia. Pero ERC rechaza de plano esta posibilidad y cree que mantener una actitud frentista es contraproducente para los intereses del secesionismo. La estrategia de los republicanos, según han expresado en multitud de ocasiones, pasa por tratar de atraer a sus posiciones a todos aquellos que desean que se celebre un referéndum de autodeterminación aunque no sean independentistas, lo que a efectos prácticos se traduce en intentar hacerse con una parte del espacio que ahora mismo ocupan los comuns.

Para ello, ERC ha desplegado en los últimos meses una hoja de ruta que busca acumular cada vez más fuerzas para que acabe siendo inevitable la convocatoria de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente. Así se explica, por ejemplo, su buena disposición a prestar sus votos en el Congreso para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, lo que les permitiría llevar la batuta de una eventual interlocución con el Ejecutivo central si finalmente la legislatura se desbloquease. Una posición opuesta a la que decidió tomar Junts per Catalunya, que se mostró en todo momento opuesta a colaborar con sus votos a la investidura argumentando que Sánchez no había hablado con ellos y llegó a pedir infructuosamente a ERC que también votase no a Sánchez.

La ANC carga contra ERC y Tardà la acusa de "contrapoder"

Pero es la Assemblea Nacional Catalana (ANC), junto a Òmnium la principal entidad cívica del independentismo, el actor del bloque independentista que se ha mostrado más crítico con el proceder de los partidos y el peligro de una deriva "autonomista", en lo que algunos dirigentes de ERC han considerado una crítica dirigida especialmente contra los republicanos. Hace unos días, ANC y Òmnium exigieron a las formaciones políticas "una estrategia conjunta" de cara al próximo otoño. Y, aunque no mencionaron expresamente cuál debe ser esta hoja de ruta, la apuesta de la ANC volvió a quedar clara a principios de julio, cuando quiso dar "un toque de atención a Junts per Catalunya y ERC" por pactar en algunas instituciones con el PSC. "Ningún pacto con el 155 y no investir a Pedro Sánchez", exigió.

Aunque la crítica de la ANC y su exigencia de mantener una posición dura contra el Estado se dirigió contra las dos principales formaciones del independentismo por sus pactos con el PSC –Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona y ERC en ayuntamientos–, no puede obviarse que su posición es exactamente la contraria que la que plantea ERC. De ahí que algunos exdirigentes republicanos –como los exconsellers Josep Huguet y Anna Simó– hayan anunciado que no irán a la manifestación de la próxima Diada, que según Huguet "una panda de exaltados quiere convertir en un aquelarre purificador contra los traidores". Y de ahí también que el exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, denunciase hace unos días que la ANC "se equivoca" en su forma de actuar.

"La ANC se equivoca. Se ha convertido en un contrapoder. En lugar de facilitar la acumulación de fuerzas, creo que está pervirtiendo la voluntad diáfana del independentismo de ser flexible, abierto", criticó el pasado martes Tardà en los micrófonos de RAC1, en los que también lamentó que la entidad haya "abandonado" su "ADN" inicial "de trabajar para desvelar inquietudes, socializar aspiraciones y rentabilizar energías". El dirigente, asimismo, volvió a defender la línea de ERC en contraposición a la de la ANC: "¿Habrá que volver a desobedecer? Es posible. ¿Es posible que tengamos que volver a escenarios de unilateralidad? Es posible. Pero no es el objetivo prioritario", afirmó.

Las palabras de Tardá fueron rápidamente contestadas por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que acusó a ERC de tener la "piel fina" ante las críticas. "La esencia de la ANC es, desde su nacimiento, condicionar la agenda política desde la sociedad civil", respondió Paluzie, que recordó que la entidad también ha criticado en los últimos meses a Junts per Catalunya por su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona y sostuvo que la ANC "ha sido cuidadosa para mantener su neutralidad y su apartidismo". "Quizás [Tardá] tiene un desconocimiento de lo que ha hecho la ANC el último año y quizás se está dejando llevar por los titulares en las redes sociales", deslizó la presidenta de la organización.

Un discurso "transversal" o hacer España "ingobernable"

Este intercambio de reproches, lejos de ser un incidente aislado, refleja el clima de tensión que existe entre los dos polos del independentismo, el que apuesta por la vía posibilista y el que quiere adoptar una actitud frentista. Fuentes de ERC insisten en que el próximo otoño el independentismo debe dar "una respuesta masiva y transversal" a la sentencia del juicio del procés, lo que implica atraer "a todos los soberanistas preocupados por la judicialización" del problema territorial "sean o no independentistas". Abandonar esta estrategia "mayoritaria" por una que apele solo a los secesionistas "será gestionar una derrota", advierten estas fuentes, que advierten de que cuanto más se apele al independentismo "puro", "más honda se va a cavar la tumba del soberanismo".

Por el contrario, la ANC lo dejó claro en su comunicado de principios de julio: "El movimiento político independentista ha de entender que el mejor mensaje que se puede dar al mundo es que España es ingobernable si no se resuelve el conflicto catalán", y por tanto no se pueden entregar "las instituciones al 155" o investir "gobiernos que reprimen, humillan, niegan el derecho a la autodeterminación y ni siquiera aceptan Cataluña como un sujeto político". "Los partidos están enredados en declaraciones, en tirarse los trastos a la cabeza, y lo que hace falta es que se pongan las pilas", argumentan fuentes de la entidad independentista en la misma línea que la propia Paluzie hace unas semanas, cuando indicó que se había "comprobado de forma muy cruda el regreso al partidismo y la disputa por espacio de poder autonómico y local".

Ante este enquistamiento, vender una imagen de unidad del independentismo para el próximo otoño parece una quimera, aunque tanto la ANC como ERC plantean precisamente eso: la necesidad de un discurso "unitario" y sin fisuras. La sentencia del juicio del procés del próximo otoño puede ayudar a que todos los actores del bloque independentista se compacten en torno al futuro de los presos, especialmente si son declarados culpables. Pero parece complicado que las diferencias, de calado y relativas a la estrategia a largo plazo, desaparezcan, especialmente cuando en el horizonte se avecinan problemas como la posición a tomar por el independentismo en una repetición de las elecciones generales o la eventual convocatoria de comicios autonómicos, que ERC pide pero que Junts per Catalunya rechaza.

Lo que todo el mundo tiene claro es que el fin del juicio es "la etapa final del procés" tal y como ha sido hasta ahora, en palabras de un dirigente de ERC, o que, al menos, "marcará el final de una etapa y el inicio de otra", según señaló hace unos días Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium. Y cómo gestione el independentismo esa fase será clave para su futuro, como planteaba hace días Paluzie: "Nos jugamos que los partidos independentistas cumplan con su compromiso hacia el país y evitar que el independentismo quede dormido por años".

La ANC ha convocado concentraciones este miércoles y jueves en Barcelona para protestar contra ERC y JxCat por sus pactos "con el 155", en alusión a los acuerdos que estos dos partidos han tejido, respectivamente, con el PSC en varias instituciones.

En un comunicado interno dirigido a sus asociados y al que ha tenido acceso Europa Press, critica específicamente el pacto de JxCat y PSC en la Diputación de Barcelona porque la base social del independentismo "no se merece este regreso acelerado al autonomismo y a la política partidista".

La entidad independentista que preside Elisenda Paluzie considera que el pacto en la Diputación de Barcelona ejemplifica este regreso, "con mayor crudeza aún que otros pactos con el 155 de ERC" en los ayuntamientos --JxCat también ha pactado con los socialistas catalanes en algunos consistorios--.

La protesta del miércoles se ha convocado a las 19 horas en la calle Calàbria entre Aragò y València, un emplazamiento que se ha elegido porque es donde se encuentran las sedes de ERC y el PDeCAT --este último, partido que se presenta a las elecciones con las siglas de JxCat--.

La protesta del jueves será las 11 horas en Rambla Cataluña con Provença, cerca de donde se encuentra la sede de la Diputación de Barcelona y el día en que está previsto que se celebre la votación para elegir al nuevo presidente del ente provincial.

La ANC también busca una campaña de difusión en las redes sociales y animan a expresar en Twitter el rechazo por estos pactos con el PSC con la etiqueta #STOP155 y a través de la web de la entidad partidaria de la independencia de Cataluña.

Otras iniciativas

Además, la ANC ha apelado a sus secciones territoriales a escribir a las secciones locales de cada partido independentista, para que a su vez lo envíen a las respectivas direcciones, para reclamarles "que se unan por la independencia, no para apoyar el 155".

Según la ANC, es necesario que la ciudadanía comprometida con la independencia ocupe y gestione espacios de poder para estar preparados "para el próximo embate democrático".

"Las diputaciones recaudan impuestos y son agentes clave en la construcción de una hacienda propia. Ahora vemos como los partidos a los que votamos regalan espacios de poder clave o tienen intención de investir a Pedro Sánchez sin que respete el derecho a la autodeterminación ni se pare la represión", destacan.

A su juicio, los partidos están inmersos "en una lucha por la hegemonía electoral y la prioridad es debilitarse uno al otro, incluso si esto representa dar poder a los que ejercen la violencia represiva".

(Karl Deutsch, citado por Javier López Facal en Breve historia cultural de los nacionalismos europeos)

Elisenda Paluzie Hernández es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Según la Wikipedia «es una economista y profesora española» nacida hace casi 50 años en Barcelona. Yo desconocía que existiese hasta que hace unos días oí en la radio una grabación sonora tomada de un impertinente micrófono que ella creía apagado a través del cual quedaron registradas para la posteridad estas palabras suyas: «qué desagradable aquella periodista... La morena, la española esta... Qué pesada... No te daré el titular que quieres, borde». La borde periodista española no hizo otra cosa que ejercer su oficio, mediante el cual se hace efectivo el derecho ciudadano a la información recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Fue pesada, porque indagaba mediante sus preguntas sobre la intención que inspiraba al sector independentista catalán representado por la señora Paluzie a activar un buscador de empresas comprometidas con la autodeterminación, después de haber llevado a cabo una campaña en toda Cataluña para animar a los catalanes a dar de lado a los que llaman «oligopolios estatales».

A juzgar por las palabras grabadas a esta adalid del derecho de autodeterminación de la nación catalana, que la Wikipedia la presente como una economista y profesora españolaespañola –palabra esta última en azul que cuando se pincha sale una rutilante bandera constitucional– le tiene que producir a la interfecta el mismo efecto que a la niña de la película de El exorcista los rituales y persistentes rezos del Padre Damien Karras. No es exagerada la analogía, ya que cuando hablamos de nacionalismos estamos hablando más de teología que de política. Dado que la profesora Paluzie es parte de ese ente metafísico-teológico que es la nación catalana, ella no es española. Los españoles, como esa borde reportera, somos manifestación de una sustancia totalmente distinta. Entonces, podría deducirse –dejándonos llevar por este irresistible divertimento metafísico– que el ser borde es atributo esencial del español, como ser una víctima pacifista del antidemocrático Reino de España lo es del heroico catalán separatista.

Me causa perplejidad constatar que esta señora tiene el suficiente nivel académico como para haber sido decana de la Universidad de Barcelona, que la respalda una formación intelectual en instituciones tan prestigiosas como la London School of Economics, y que sin embargo parezca incapaz de discernir entre lo convencional y lo natural, esos dos ámbitos entre los que se trazó frontera categorial hace ya 2.500 años, cuando aquellos outsiders de la filosofía, los llamados sofistas, tan denostados por Sócrates y Platón (geniales guardianes de las esencias metafísicas), dejaron claro que la ley natural no es la ley social, en cualquiera de sus versiones, estética, moral o política. Que tras las esencias se disimula en realidad un brumoso mundo de palabras (o al revés). Y, según los retazos que nos quedan de sus pensamientos, fue uno de los más conspicuos sofistas, Gorgias de Leontinos, quien nos advirtió en aquella época dorada de Atenas, la primera democracia,  del inmenso poder de la palabra, a la cual con respecto al alma ponía en parangón con los efectos de los medicamentos sobre los cuerpos.

«Español» y «catalán» son etiquetas para aludir a realidades diversas, complejas, mutables y hasta contradictorias. Con ellas nos referimos a individuos concretos a los que agrupamos dotándoles de una identidad construida en gran medida a partir de elementos ficticios y de narraciones con un alto porcentaje de mito. Por esto la historia es un caballo de batalla de primer orden en la conformación de identidades nacionales. A este respecto me viene a la memoria una magnífica viñeta de El Roto donde la imagen de un hombre tocado de la típica barretina catalana en su cabeza emula la figura icónica del Tío Sam, acompañada del texto siguiente: «historiador, tu patria te necesita». En el caso catalán, precisamente, es muy ilustrativa la conmemoración nacional del once de septiembre con su ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova al que se considera iniciador de la lucha por la independencia de la nación, pero que en verdad comandó ejércitos de distintas partes de España, no sólo de Cataluña, en una guerra de disputa por la corona del reino hispano, no por la independencia frente a él, y que confesaba luchar per la llibertat de tota Espanya. «No nos esforcemos tanto para explicar la complejidad del pasado. A casi nadie le importa. Lo rentable políticamente son los mitos. Los mitos hacen votar. Y enfrentan también a la gente, la llevan a matarse entre sí», advertía el historiador José Álvarez Junco a principios de año en un artículo que tituló La Reconquista. En él denuncia el falseamiento de la historia como elemento común del adoctrinamiento del que se nutren todos los nacionalismos sin excepción.

Como los mitos son eso, mitos, para que tales vaporosas etiquetas tribales adquieran cierto peso de realidad objetiva más allá de la pura sentimentalidad –es decir, del yo me siento sólo catalán, o catalán y español, o sólo español– está la materialización de la convención mediante la institucionalización, es decir, la creación de una realidad social objetiva en forma de instituciones reconocidas universalmente. De manera que por mucho que la profesora Paluzie se sienta catalana y se perciba como un ente parte de la res o sustancia catalana, objetivamente es española mal que le pese, porque tiene DNI y pasaporte español (a este respecto, resulta patéticamente ejemplar la historia del ínclito President Puigdemont y su pseudocarné catalán).

Los Estados son reales en ese sentido institucional, que es el que verdaderamente les otorga realidad objetiva y que se funda en el reconocimiento universal de su existencia; igual que el dinero, una ficción desde un punto de vista estrictamente material, pero capaz de causar efectos materiales por su realidad institucional. La nación, sin embargo, carece de tal realidad institucional. Esta carencia ontológica trata de suplirse por parte de los nacionalistas, con una absoluta falta de respeto por la verdad, mediante la identificación de algún elemento objetivable, ya sea de carácter natural (rasgos genéticos o fisonómicos singulares), cultural (la lengua distintiva) o histórico (algún acontecimiento señalado que marca el pasado idiosincrásico y unificador de un pueblo con identidad propia como el ya señalado por la fecha del once de septiembre o «la Reconquista»). Todos estos son rasgos que pueden otorgar un cierto sentido de identidad, eso sí, tribal; pero no valen por sí mismos para armar un Estado. Por eso la  verdad es que la república catalana no existe y el Reino de España, sí.

Sé que estos argumentos y otros que se le pudieran ofrecer en el mismo sentido no cambiarían la postura de la señora Paluzie ni la de los demás de su misma cuerda (todos inmersos en el delirio nacionalista al que ya me he referido en otras ocasiones, como en mi artículo Esbozo del delirio nacionalista, en «Claves de razón práctica», nº 257). Mucho me temo que nos encontramos ante lo que el filósofo José Antonio Marina llama fracaso cognitivo en su libro La inteligencia fracasada, que no es sino un tratado sobre la estupidez humana. No hay que confundir el fracaso cognitivo con el error, que es intrínseco al dinamismo de la inteligencia. Ese dicho de que quien tiene boca se equivoca podría muy bien ser que quien ejercita su inteligencia está expuesto al error. Pero la inteligencia de uno no fracasa si reconoce el error y es consecuente con ese reconocimiento; fracasa cuando se torna ciega al error, es decir –como explica Marina en su libro–, «cuando alguien se empeña en negar una evidencia, cuando nada puede apearle del burro, cuando una creencia resulta invulnerable a la crítica o a los hechos que la contradicen, cuando no se aprende de la experiencia, cuando se convierte en un módulo encapsulado». Los nacionalismos conforman módulos encapsulados que para según qué asuntos predisponen a quienes los profesan al fracaso cognitivo. Tipos de fracaso cognitivo son el prejuicio, la superstición, el dogmatismo y el que por ser condensación de los anteriores es el peor de todos, el fanatismo.

Aquí es donde pasamos de la perplejidad al temor, porque el fanatismo es pura violencia en potencia que únicamente requiere de un cebador para desencadenarse, ya que al blindaje contra las evidencias adversas se añade una defensa de la verdad absoluta y una llamada a la acción. El fanatismo es un peligro frecuente en los ámbitos político y religioso, porque estos últimos comparten una raíz común de naturaleza teológica que conecta las creencias de esas clases con verdades absolutas y trascendentes, tales como Dios, la salvación eterna, la nación, la patria... Todas a salvo del examen racional y la duda metódica en su mundo sutil, ingrávido y gentil, al margen de las evidencias materiales. Uno encontrará así, tanto en el pasado como en el presente, a fanáticos que han matado por creencias políticas y/o religiosas, pero no por teorías filosóficas y/o científicas.

El fanático ve un enemigo en el no creyente en sus doctrinas, lo que le conduce ineluctablemente al sectarismo, porque su mente secciona el mundo en dos: los que creen en la misma verdad que yo y los que no. Así pues, fanatismo y sectarismo van de la mano. Según el psiquiatra Fernando García Delgado, autor de El secuestro de la mente, nuestra psique comparte con la de otras especies animales el instinto de territorialidad. Para los animales territoriales, como nosotros, existe el territorio propio, distinguible del resto del espacio. A decir del doctor García Delgado, tal instinto es un programa innato fuertemente establecido que nos hace percibir el territorio propio como un espacio de confianza; lo que queda fuera de él es causa de temor y agresividad, pues es objeto indefectiblemente de desconfianza.

La frontera política que exige el nacionalista en busca de un Estado de su propiedad es trasunto de ese esquema mental que desconfía del espacio que queda fuera del territorio propio, el cual muta en fetiche que encarna la esencia de la nación, el país, los Països Catalans en el caso de la versión más fanática del separatismo catalán. Cuando el territorio propio no coincide con el espacio mental en el que se encuentran los diversos habitantes de ese territorio, se impone una tarea sistemática de adoctrinamiento y de purga que se halla moralmente justificada sin discusión ninguna, pues es deber ineludible de quien está en posesión de la verdad absoluta implantarla velis nolis; y no puede parar hasta que el país sólo lo constituyan auténticos catalanes, con lo que se habrá alcanzado en la práctica la suprema identidad metafísica entre pueblo y territorio.

En esas estamos en Cataluña, y dentro de estos parámetros hay que valorar episodios como el reciente del linchamiento verbal dirigido contra la alcaldesa Ada Colau cuando no pacta con los independentistas. O el de la campaña pregonada por la profesora y economista española Elisenda Paluzie Hernández a la que nos hemos referido al inicio de este artículo, y que incluye la elaboración de una lista negra de empresas a las que hay que hacerles la vida imposible por anticatalanas (en realidad, supuestamente no favorables a la independencia). Ambas son manifestaciones de ese sectarismo fanático que ha decidido seccionar a la comunidad de quienes conviven en Cataluña (qué lejos queda aquella definición de Jordi Pujol: «es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña») e identifica al catalán auténtico con el separatista, quintaesencia de la nación (léase a este respecto el conmovedor artículo de Javier Cercas titulado La gran traición).

Pero, cuidado, porque en este eterno proceso catalán de independencia (esta vez no hemos podido, pero os vais a enterar, porque volveremos a intentarlo hasta la victoria final) se podría muy bien evocar estas palabras atribuidas al ya mencionado Gorgias de Leontinos: «Las victorias sobre enemigos merecen himnos, las de sobre hermanos y amigos, cantos fúnebres». _______________

José María Agüera Lorente es socio de infoLibre

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha calificado de "insurreccional" el clima en Cataluña a partir de las actuaciones en Unipost —donde el Instituto Armado se incautó de miles de tarjetas censales— y sobre todo de la operación de registros del 20S en diferentes sedes del Govern. "Aquello era literalmente un polvorín", ha dicho.

Así lo ha señalado este testigo clave ante la sala que juzga el procés en el Tribunal Supremo, incidiendo en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —desde noviembre de 2015— y después raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

"Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro", ha señalado, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser "difícilmente obtenibles". "A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional", ha añadido.

Dentro de este clima de acciones dirigidas contra la investigación, el teniente coronel ha señalado que se contabilizaron un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil, tan sólo dos dias antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de nuevo tan solo dos después de dicho momento. Ha dicho también que la celebración del referéndum no era solo el objetivo, sino "la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, la condición sine qua non para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto".

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal —cuyo interrogatorio ha merecido varias protestas de las defensas por la terminología utilizada, como la mención a "asedios" cuando el testigo había mencionado escraches—, el teniente coronel ha situado el periodo de "máxima conflictividad" entre el 20 de septiembre y el "paro de país" del 3 de octubre de 2017.

Así, en cuanto a los escraches, el testigo ha contabilizado un total de 47 durante dichas fechas en casas cuarteles de la Guardia Civil, en las que viven los agentes junto a sus familias y hay niños, según ha subrayado a requerimiento de la fiscal, añadiendo que uno de los casos, en Igualada (Barcelona), se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable. Los cortes en carreteras y vías férreas, sin embargo, fueron más numerosos a raíz de la aplicación del 155 según este testigo —se contabilizaron un total de 193—. Lo que cambió radicalmente tras la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy fue la respuesta que encontraron cuando acudían a las sedes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o a Ómnium Cultural para ejecutar alguna diligencia, ya que entonces no se encontraban con la resistencia ciudadana que en jornadas anteriores era la tónica general.

Jordi Cuixart cumplió 43 años el pasado abril en la cárcel de Soto del Real. Preside desde 2015 Òmnium Cultural —organización a la que pertenece desde que tenía 21 años—, ya con el procés en marcha. Jordi Sànchez acaba de cumplir 54 —nació un 1 de octubre—, también en prisión. Se hizo con el mando de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en mayo de 2015, también en plena activación del procés. A diferencia de Cuixart, Sànchez abandonó la ANC al mes de su ingreso en la cárcel de Soto Del Real y se presentó a las elecciones del 21 de diciembre en la candidatura de JuntsxCat. Es diputado, pero fue suspendido en sus funciones por el juez Pablo Llarena. El mismo magistrado que le impidió comparecer en el Parlament para ser investido president de Cataluña.

Son los Jordis, los presos más antiguos del procés. Y este martes cumplirán 365 privados de libertad sin haber sido juzgados porque el Tribunal Supremo no sólo teme que se puedan fugar sino que considera que hay riesgo de que ambos se alcen de nuevo “violenta y públicamente” para declarar la independencia de Cataluña. Es decir: que vuelvan a cometer el delito de rebelión del que han sido acusados y por el que se exponen a condenas de decenas de años de prisión.

Tanto ellos como sus abogados, Amnistía Internacional (AI), más de cien expertos penalistas de toda España y centenares de miles de catalanes niegan la mayor y afirman que jamás recurrieron a la violencia cuando contribuyeron con sus actividades a la celebración del referéndum del 1 de octubre y a la posterior declaración unilateral de independencia que tuvo lugar cuatro semanas después. El juez instructor de la causa contra el procés, la Fiscalía General de Estado y el partido ultraderechista Vox, como acusación particular, sostienen lo contrario. El Ministerio Público ultima estos días su acusación y todo apunta a que mantendrá el delito de rebelión.

Amnistía Internacional no los considera “presos de conciencia” —no utilizan el concepto “presos políticos” porque “no hay una definición internacional unívoca”— pero sí pidió en su momento a las autoridades españolas que pusieran fin de inmediato a su detención preventiva, que juzga injustificada.

Prisión “injustificada”

En relación con el expresidente de la ANC, Gauri Van Gulik, la directora de AI para Europa, declaró a comienzos de año que “la prolongación de la prisión provisional de Jordi Sànchez constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Debe ser puesto en libertad de inmediato”. Los jueces no han aportado “elementos nuevos que justifiquen la prolongación de la prisión provisional. Además, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sànchez y Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben retirarse”. Convocar protestas para “obstruir operaciones policiales legítimas puede ser, si se demuestra su comisión, un delito sancionable contra el orden público” pero “no constituye un delito grave como la sedición o la rebelión, castigados con penas de hasta 10 y 30 años”, según la responsable europea de la organización de derechos humanos.

Los Jordis llevan un año en prisión en un país en el que sigue abierto el debate en torno al abuso de la prisión preventiva. No existen estadísticas oficiales sobre la duración media de la prisión a la espera de juicio en España. Su extensión depende, sobre todo, de la importancia de las penas que se deriven de la acusación y en el caso de los Jordis incluye el delito de rebelión, uno de los más graves de los previstos en el Código Penal. Pero también depende de la existencia de riesgo de reiteración delictiva o de fuga.

¿Qué hicieron los Jordis, Jordissegún sus acusadores, para ser merecedores de las penas asociadas a un delito de rebelión —entre 15 y 25 años— y que el juez les mantenga en prisión desde hace un año?

En su auto de procesamiento, dictado el pasado mes de marzo, el juez instructor Pablo Llarena lo explica con cierto detenimiento. En él se refiere, sobre todo, a los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre de 2017. Como parte de “una estrategia de movilización”, afirma el magistrado, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart “convocaron a la población a que compareciera” ante la sede de la Consellería de Economía. Aquel día los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, por orden del Juzgado de Instrucción número 13, habían practicado una serie de detenciones y se encontraban registrando las instalaciones de la consellería en busca de “elementos y datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración”.

  Una “inmensa concentración” controlada por los Jordis “sometió a su fuerza a la comisión judicial” el 20 de septiembre, según el juez Llarena

El Supremo afirma que “las convocatorias no sólo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas y pedían a los catalanes que se movilizaran, alentándoles” con el argumento de que “no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar”. A partir de esa “incendiaria convocatoria”, subraya Llarena, “lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes”.

Desde las 10:30, relata el juez, una “inmensa concentración” había “sometido a su fuerza a la comisión judicial”, protegida exclusivamente por dos agentes de los Mossos d’Esquadra. “Los acontecimientos se desarrollaron bajo el asedio de hasta 60.000 manifestantes, cuya masa se agolpaba hasta tocar la propia puerta de entrada del edificio. No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó y para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había otro paso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila individual”.

El resultado fue que los manifestantes impidieron a la Guardia Civil introducir en el edificio a los detenidos y practicar el registro con normalidad, “además de impedir la entrada o salida de los agentes del edificio durante las muchas horas que duraron los incidentes”. La muchedumbre“ rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y, ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones”.

Sólo sobre las 24.00 horas, prosigue Llarena, “pudo diseñarse una salida para que la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción actuante pudiera abandonar el lugar con seguridad, lo que hubo de hacerse infiltrándole entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante y al que hubieron de acceder desde la azotea de los edificios”. El resto de los agentes de la Guardia Civil tuvieron que salir en dos turnos “cuando la manifestación ya se hubo disuelto”: uno a las 4 de la madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 7:00 horas.

El Supremo sostiene que el control de estos “disturbios” lo ejercían los Jordis Jordis porque desde primera horas de la mañana Sànchez “se había erigido en el interlocutor de la movilización ante los agentes policiales” y fueron miembros de Assemblea Nacional Catalana quienes mantuvieron “con unas identificaciones que fueron respetadas los pasillos de acceso entre la muchedumbre”. También fueron miembros de la ANC “quienes se encargaron de repartir comida y bebida entre los congregados” y fue “el señor Sànchez”, afirma el auto de procesamiento, “quien negó a los agentes de la Guardia Civil que pudieran introducir a los detenidos en el edificio, salvo que los agentes de la comisión judicial asumieran conducirlos a pie entre la muchedumbre”.

Jordi Sànchez, según el juez, “se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse cargo de los vehículos policiales si no se acercaban a pie hasta el lugar donde estaban estacionados” y, acompañado desde su llegada por Jordi Cuixart, “se dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para dirigir su actuación”.

El presidente de Òmnium, siempre según el relato de Llarena, “se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos”. Y “pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil (¡no pasarán!) y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales”. Cuixart, prosigue el juez, acabó su alocución diciendo: “Hoy estamos decenas de miles aquí, mañana seremos centenares de miles allí donde se nos requiera; si seguimos unidos desde la diversidad, no tengáis ninguna duda que ganaremos nuestra libertad”.

A continuación tomó la palabra Sànchez para asegurar que había llegado el día de “salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas las Fuerzas de Seguridad del Estado podrían pararles”. Y acabó su intervención “pidiendo que nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una noche larga e intensa”.

Fue sobre las 23:41 horas, según el auto de procesamiento, cuando Sànchez y Cuixart se subieron a uno de los coches oficiales de la Guardia Civil y se dirigieron una vez más a la muchedumbre. Cuixart dijo “hablar en nombre de las entidades soberanistas, así como del PDeCat, ERC y la CUP-CC”, y “proclamó que todos estaban alzados para luchar por su libertad”, por lo que hizo un llamamiento “a una movilización permanente en defensa de los detenidos”, emplazándoles a una concentración al día siguiente junto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Jordi Sànchez “volvió a arengar” a los manifestantes diciendo que “ni el Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedir” el referéndum del 1 de octubre y, “tras pedir a los congregados que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior”.

Los "hechos" del 1 de octubre

Pero los “hechos” a los que se refiere Llarena no se limitan a los ocurrido el 20 de septiembre, durante la protesta ante la Consellería de Economía, sino que incluyen el 1 de octubre, el día del referéndum.

Llarena sostiene que Cuixart y Sànchez, conociendo el “violento levantamiento” del 20S, “asumiendo que podría reiterarse” y sabiendo que este tipo de actuaciones resultaban “ineludibles” para celebrar un referéndum “prohibido por los tribunales” y del que dependía la declaración de independencia porque “la votación pasaba por superar la intervención de los Mossos y de seis mil agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “aprovecharon su notoria capacidad de movilización colectiva e impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido”.

Los Jordis, sostiene Llarena, “movilizaron a través de Twitter a los ciudadanos para que acudieran masivamente a votar”, “instigaron a los ciudadanos a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que estaba ordenada la intervención de los agentes del orden y a resistir en todo caso a su labor policial, estimulándoles también a que protegieran el recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

La consecuencia fue, según el Supremo, que “además de las lesiones sufridas por diversos ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial”, tuvieron lugar “numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material”.

Por qué siguen en prisión

¿Y por qué los mantiene en prisión? Los argumentos del Supremo son varios. En primer lugar, el “riesgo de reiteración delictiva”, es decir, que el juez Llarena cree que pueden aprovechar su salida de la cárcel para alzarse “violenta y públicamente” para declarar, de nuevo, la independencia de Cataluña.

En segundo lugar, la existencia de “un grave riesgo de fuga” a la vista de la gravedad de las penas a las que se exponen, que pueden alcanzar decenas de años de prisión. Además, subrayó en marzo el juez Llarena, “la investigación ha reflejado el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, las cuales se han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”. Así como su “pertenencia a un amplio colectivo que se solidariza con su causa” y “que cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como con armazones internacionales desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte”. Además de la existencia de encausados que han huido al extranjero, “un elemento secundario”, admite el juez, “pero complementario” y “que apunta a la posibilidad” de que tanto Cuixart como Sànchez decidan también escapar a otro país.

  Más de un centenar de catedráticos y profesores de derecho penal niega la existencia del ingrediente clave: la violencia

Frente a los argumentos del Supremo, son muchas y muy autorizadas las voces que no ven violencia ni delito de rebelión en la conducta de los Jordis y el resto de procesados. Al poco tiempo de ser detenidos fueron 109 los catedráticos y profesores de derecho penal de universidades como la Carlos III de Madrid, la de Oviedo, Cádiz, la de Jaén, Alicante, la Universidad del País Vasco, de Castilla La Mancha, la Universidad Autònoma de Bacelona, la Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Salamanca, la Complutense de Madrid, la de Burgos, la de Valencia, la de las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Illes Balears y la Universidad de A Coruña, entre otras, los que firmaron un manifiesto pidiendo su liberación.

Los expertos en derecho penal que promovieron aquel escrito sostienen que de la conducta observada de los procesados “puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados“, pero es “gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión por la poderosísima razón de que está ausente un elemento estructural de ese ilícito cual es la violencia”.

Los firmantes del escrito recuerdan que ese delito se tipificó “tras una viva discusión en el Senado para, precisamente, constreñir su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso: sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia”.

Tampoco creen los expertos “que concurra en este caso el delito de sedición, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley, y no pueden atribuirse a aquéllos sucesos ocurridos con anterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal rige el principio de responsabilidad personal y sólo cabe juzgar a alguien por sus propios hechos”.

Hubo, además, “falta de mesura” en “el dictado de las prisiones preventivas que, sin duda, han sido gravemente desproporcionadas y carentes de suficiente justificación, más allá de abstractas manifestaciones”, según los mismos catedráticos y profesores de derecho penal de las universidades españolas.

Como señala la Asociación Pro Derechos Humanos de España, los efectos de la prisión provisional en la vida de los afectados son, en muchos sentidos, “los mismos o más intensos que los que produce el cumplimiento de una condena, ya que, por ejemplo, los presos en situación de prisión provisional no pueden optar a ningún tipo de permiso derivado del cumplimiento de la pena, al contrario de los presos condenados por sentencia firme”.

Casi 9.000 presos preventivos

En España había en agosto 8.853 presos preventivos, un 2,4% más que en el mismo mes del año anterior, según datos de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales sobre aspectos como la duración de la prisión provisional, el porcentaje de personas en prisión provisional que finalmente son condenadas y absueltas, o la cifra de personas investigadas que quebrantan medidas cautelares alternativas a la prisión provisional.

Lo que sí es una evidencia pública es que la duración de la prisión provisional depende en gran medida de la apreciación subjetiva de los jueces. En España ha habido casos tan relevantes como dispares a lo largo de los últimos años.

Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid detenido por su participación en la trama de corrupción conocida como caso Púnica, completó dos años ininterrumpidos en prisión provisional antes de ser liberado previo pago de una fianza de 400.000 euros. Y sigue a la espera de juicio. El expresidente madrileño Ignacio González, en cambio, estuvo en prisión preventiva seis meses investigado por la operación Lezo, antes de ser puesto en libertad tras pagar idñentica fianza.

El excomisario José Manuel Villarejo, muy popular en las últimas semanas por las grabaciones que han empezado a difundir algunos medios comprometiendo la trayectoria de personas con altas responsabilidades en el Estado, lleva 11 meses de la cárcel por la operación Tándem. Y Sandro Rossell, el expresidente del FC Barcelona, suma un año y cuatro meses en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ambos continúan en prisión.

Luis Bárcenas, el extesorero del PP que está en el centro las tramas de corrupción que afectan al partido que preside Pablo Casado, completó un año y siete meses de prisión preventiva antes de salir previo pago de una fianza. Hoy cumple una pena de cárcel de 33 años. Rodrigo Rato, en cambio, quedó en libertad sin fianza después de ser condenado a cuatro años de prisión por las tarjetas black a la espera de que el Supremo revisase la sentencia. Confirmado el fallo, ahora sí deberá entrar en la cárcel para cumplir su condena.

El Tribunal Supremo prevé celebrar el juicio contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno por los hechos relacionados con el denominado procés a finales de este año, según han informado fuentes del alto tribunal.

Así mismo, se espera que la vista oral en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por dos delitos de sedición por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 tenga ocasión una vez que se conozca la sentencia contra los líderes independentistas.

Este lunes ha tenido lugar el Solemne Acto del Apertura del Año Judicial, que ha sido presidido por el Rey Felipe VI, en el que la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han centrado sus respectivos discursos en el cumplimiento de la ley y de la Constitución ante la situación independentista en Cataluña.

Tras este acto, las fuentes consultadas han explicado que los magistrados del Tribunal Supremo prevén que el comienzo del juicio contra los líderes independentistas por la deriva secesionista, que culminó con la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017, sea a finales de este año –entre noviembre y diciembre–. Una vista que los magistrados quieren que discurra lo más rápido posible, por lo que tienen intención de realizar sesiones de mañana y tarde.

Intereses políticos de las defensas

No obstante, han apuntado que el tiempo que se emplee para juzgar a Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no depende exclusivamente de los magistrados, pues, según subrayan las mismas fuentes, la estrategia de las defensas tendrá un papel importante, ya que tienen intereses políticos.

Asimismo, las fuentes consultadas creen que una vez que el Tribunal Supremo dicte sentencia, los jueces de la Audiencia Nacional comenzarán a juzgar al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler y la intendente Teresa Laplana por los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por simular "un dispositivo engañoso" para permitir la celebración del 1-O.

Escrito de acusación

La Fiscalía está ultimando ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar en las próximas semanas o en el próximo mes de octubre ante la Sala de Lo Penal del Supremo para dar paso a la apertura del juicio contra los miembros del exGovern de Carles Puigdemont procesados. En este documento, se mantendrán el delito de rebelión por el que se optó en la querella que dio inicio a este procedimiento, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

Pese a que este procedimiento tiene 25 procesados, el escrito que preparan los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno no se dirigirá contra todos ellos, debido a que el propio Puigdemont, cinco de sus exconsellers y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, se encuentran huidos de la Justicia española y se prevé que sean juzgados en otro procedimiento diferente.

Por otro lado, Trapero se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos de sedición y uno de organización criminal; mientras que César Puig y Pere Soler sólo están imputados por un delito de organización criminal y de sedición. La intendente Laplana solo responderá por un delito de sedición.

Ciudadanos lo llama “aquelarre independentista”. El PP habla de “fiesta xenófoba”. El Govern en pleno, encabezado por el president Quim Torra, estará en la manifestación. Y la cifra de participantes, imposible de medir pero que en todo caso estará por encima de varios centenares de miles de personas, se convertirá al día siguiente, como es ya habitual, en la piedra angular del debate político catalán enfrentando a quienes verán en las imágenes de la concentración un pinchazo independentista con los que observarán en ellas la prueba definitiva de la vigencia del secesionismo en la sociedad catalana.

Es el rito anual de la movilización multitudinaria de la Diada que, desde hace siete años, marca el ritmo de las demandas independentistas en Cataluña en un intento de trasladar al mundo, y especialmente al Gobierno de España, la dimensión social del movimiento secesionista. Una movilización ciudadana que año tras año encabezan Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, las dos organizaciones sociales más importantes del territorio ideológico que apuesta por la ruptura con el resto de España y que, de la mano de la antigua Convergència, Esquerra Republicana y la CUP, se han convertido en una herramienta esencial del independentismo.

La historia de las movilizaciones multitudinarias de la Diada es, desde 2012, la del procés. Aquella masiva manifestación, organizada bajo el lema “Cataluña, nuevo estado de Europa” apenas dos años después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el Estatut que los catalanes había aprobado en referéndum, impulsó al entonces president, Artur Mas, a convocar elecciones anticipadas en respuesta a la negativa de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal para Cataluña, un rechazo que muchos sitúan en el origen de la transformación de la antigua Convergència de un partido nacionalista a uno independentista. Del mismo modo, las diadas de 2013 —“Vía Catalana hacia la Independencia”— y 2014 —“9N Votaremos, 9N Ganaremos”— dieron soporte ciudadano a la consulta del 9N, que acabó costándole a Mas una pena de inhabilitación.

La Diada de 2015 —“Vía libre a la república catalana”— sirvió de pistoletazo de salida a las elecciones plebiscitarias del 27S, plebiscitariasque por primera vez trasladaron al Parlament una mayoría parlamentaria -que no de votos— comprometida con la celebración de un referéndum de autodeterminación. La de 2016 —“A punt”— y, sobre todo, la del 2017 —“La Diada del sí”—, fueron la diadas de la preparación del "referéndum" que se acabaría celebrando el 1 de octubre. Ambas tuvieron lugar ya bajo la Presidencia de Carles Puigdemont. La segunda sirvió además de puente entre la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, que el independentismo sacó adelante en el Parlament pese a las advertencias de inconstitucionalidad de los letrados, el Consell de Garanties Estatutarias y el Constitucional, y la celebración del referéndum.

“Hagamos la república catalana”

La movilización convocada por el independentismo para la Diada de este martes participa del mismo espíritu. Con el lema “Hagamos la república catalana”, los convocantes se proponen llenar la Avenida Diagonal de Barcelona para, según sus propias palabras, “recuperar la fuerza popular” y “dar forma al mandato del 1 de octubre de 2017”. “Nunca antes habíamos estado tan cerca de la cima”, subraya el llamamiento de la ANC: “Sólo con la fuerza de la gente conseguiremos hacer este último tramo para conquistar, de una vez por todas, la independencia”.

Bloqueados por la respuesta judicial a la declaración unilateral de independencia, que ha llevado a la cárcel o al extranjero a los principales dirigentes del procés, el soberanismo catalán fía ahora su estrategia a corto plazo en volver a movilizar a sus seguidores en la calle, en demostrar que, pese a la decepción de una parte de sus filas que esperaba haber llegado hasta aquí ya como un Estado independiente, la secesión todavía es posible.

Fue hace unos días el propio president de Cataluña, Quim Torra, en su particular reinicio del curso político, el que anunció esta estrategia al explicar, en una conferencia pronunciada en el Teatro Nacional de Catalunya, el conjunto de iniciativas con las que el independentismo pretende recuperar la iniciativa en defensa de la secesión. Entre ellas, precisamente, un llamamiento a la movilización de los ciudadanos. “Ahora ya definitivamente”, subrayó Torra esta semana, “hemos aprendido que la República no se hace desde un despacho, ni desde muchos despachos; la soberanía es de la gente, no viene de arriba, viene de todos vosotros, de la gente que se une y lucha por el derecho de tener derechos y que se siente pueblo soberano y pueblo constituyente”.

La Diada, tal y como la plantea el independentismo, es sólo el comienzo de una movilización “permanente” que pretenden culminar el día que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre los dirigentes sociales y políticos encausados por su participación en el procés. La segunda cita será el 1 de octubre, cuando —tal y como anunció el president— los catalanes sean llamados a presentarse en los colegios electorales y declararse “culpables de haber participado en un acto democrático, tan culpables como los que hoy están en prisión o en el exilio por haber hecho lo mismo que nosotros”. No por casualidad el lema de este año incluye las dos fechas (11-S y 1-O) y la imagen gráfica de un itinerario que conduce a la independencia.

En busca de una movilización que exprese no sólo un respaldo masivo sino que traslade un mensaje, en esta ocasión los organizadores pretenden crear una “onda sonora” que represente la voz de los catalanes y recorra la Diagonal de Barcelona. La concentración comenzará a las 17:14, en referencia al icono del independentismo que es 1714, el año en el que Felipe de Borbón finalizó la Guerra de Sucesión contra los Austrias con un ataque contra Barcelona.

El objetivo de los organizadores es que en ese preciso momento se haga el silencio en la zona hasta que una ola recorra la Diagonal desde el tramo situado en Gloriès hasta el de Palau Reial para exigir a los “representantes políticos que hagan efectivo el mandato del 1 de octubre”, informa Europa Press.

La concentración de la ANC sucederá a la Marcha por la Libertad institucional que tendrá lugar este lunes y en la que varios artistas trasladarán la llama del Canigó a la Generalitat para simbolizar la metáfora de llevar la luz a la institución tras “la oscuridad y la parálisis impuesta por la aplicación del 155”, según explicó en su día la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi.

Conscientes de la importancia de la jornada, el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su Govern —todos destituidos, en prisión o en el extranjero— difundieron hace pocos días una carta advirtiendo que, este año, la movilización es “más importante que nunca”. La causa independentista necesita “que se repitan los éxitos de las Diadas anteriores” combinando “una gran participación, un espíritu de concordia y transversalidad y un insobornable compromiso con la no violencia”.

Las bases de la ANC mantuvo su apuesta por investir al diputado de JxCat Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en la consulta que la entidad soberanista inició este jueves y cuyos resultados dieron a conocer este sábado, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios este sábado, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, explicó que los socios de la entidad apoyaron con un 81,3% de los votos mantener su petición de investir a Puigdemont.

La consulta que se celebró entre el jueves y este viernes constaba de dos preguntas: la primera pedía si la ANC debía mantener su defensa de la candidatura de Puigdemont y la segunda planteaba escoger entre apoyar a un candidato alternativo "en caso de que los partidos políticos independentistas renuncien a investir a Puigdemont, aceptando la presión de las instituciones españolas", o bien repetir las elecciones.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha admitido este jueves en el Congreso que "puede haber falseamiento de facturas" por parte de la Generalitat de Cataluña que hubieran posibilitado la financiación con dinero público del referéndum de independencia del 1 de octubre.

"Claro que sí, puede haber falseamiento de facturas. ¿Cómo voy a decir lo contrario?. Puede haberlas", ha dicho, durante su réplica al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En este sentido, ha invitado a Rivera a "leer de verdad" su entrevista en El Mundo, pues ha dicho que en ella no descartaba que pudieran haberse falseado documentos. "¿Dónde digo que no hay falseamiento de facturas?. Digo lo contrario", ha justificado.

"¿Sabe lo que es un procedimiento administrativo?", ha preguntado a Rivera, contestándose seguidamente con un "no lo sabe". "No me diga que sí. ¿Cómo va a saberlo, si no ha estado a cargo de ninguna gestión directa?", ha apostillado.

En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública días antes del referéndum del 1 de octubre, el ministro aseguró que una de las pruebas por las que no se iba a celebrar tal votación era que la Generalitat no había dedicado ni un euro para ello. Tanto él como el presidente Mariano Rajoy aseguraron que no se destinaron recursos públicos para el referéndum.

La Policía Nacional requisó camisetas amarillas y esteladas ala entrada del estadio Wanda Metropolitano, donde este sábado se celebró la final de la Copa del Rey, disputada entre el FC Barcelona y el Sevilla FC. La ANC animó a los aficionados del Barça a llevar esa prenda en solidaridad con los políticos soberanistas en la cárcel. 

Según El País, la Policía aseguró que ayer no tenía una orden específica para intervenir camisetas amarillas, pero que sí requisó camisetas o pancartas "cuya simbología y contenido pudieran aumentar el riesgo de que se produjera alteración del orden público o violencia en el recinto deportivo y sus alrededores".

Los agentes defienden que actuaron de acuerdo a la ley 19/ 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte "para evitar cualquier episodio de violencia en un partido declarado de alto riesgo por las circunstancias concurrentes", añade el diario.

JxCat ha pedido la dimisión inmediata del ministro de Interior, Juan Ignacio Zodio, por "la incautación de piezas de ropa de color amarillo, silbatos y otros bienes personales, así como fotografías de los aficionados que silbaban al himno español" en la final de la Copa del Rey que se celebró el sábado en Madrid.

Fuentes de la formación han criticado que, a su juicio, el comportamiento de la Policía Nacional es inaceptable en una democracia, ya que consideran que no tenía ninguna justificación en materia de seguridad y que fue una "vulneración escandalosa" de la libertad de expresión.

Ha reclamado la dimisión de Zoido "por haber convertido el Cuerpo Nacional de Policía en una auténtica policía política al servicio del PP y la monarquía, y en contra del pueblo de Catalunya".

La ANC repone las camisetas requisadas

La ANC criticó la actuación de la Policía Nacional y en una publicación en Twitter recogida por Europa Press, alertó de que "el Gobierno español también decide cómo se debe ir vestido" a la final de la Copa del Rey y reivindicó que, a su juicio, la solución es la independencia de Cataluña.

Por todo ello, la organización anunció que regalará una camiseta a todas las personas a las que se la requisaran: "Si te han requisado la camiseta de la @assemblea a la #FinalCopa, ven esta semana a nuestra sede de Marina con tu entrada y te daremos una nueva. Contra la represión hagamos la #RepúblicaARA", escribieron en Twitter.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también se pronunció a través de las redes sociales y se preguntó que "si un simple color es ahora una ofensa contra el Estado, ¿qué será lo siguiente?". 

El Estado "ha perdido el norte"

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, criticó la actuación de la Policía Nacional: "Cuando la última respuesta que les queda es, ya no solo cerrar a la disidencia, sino hasta perseguir camisetas amarillas, silbatos o bufandas es que realmente han perdido el norte".

Lo dijo en declaraciones a los medios en el festival Cultura contra la repressió organizado por Òmnium este domingo en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se están realizando actuaciones musicales y culturales para pedir la liberación de los presos soberanistas el día del cumpleaños del presidente de la entidad, Jordi Cuixart.

Mauri aseguró que el Estado "se ve arrinconado" ante las protestas por su actuación contra el independentismo y que lo que pasó en la final de la Copa del Rey es una nueva muestra de que, a su juicio, no saben qué hacer para parar al independentismo.

Recriminó que la confiscación de camisetas y esteladas es un "ataque a la libertad de expresión" y destacó que la respuesta de la ciudadanía sea con actos como el que ha organizado Òmnium.

"Ante un Estado que sólo sabe responder con imposición, con confiscar camisetas amarillas, con prohibir la disidencia, seguimos respondiendo con la misma esperanza con la que seguiremos construyendo el país libre que queremos, donde la cultura sea un pilar fundamental para recuperar los derechos", reivindicó.

Atentado contra la democracia

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tachó este domingo de "atentado contra la democracia" la actuación de la Policía, informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Garzón manifestó que él no es independentista, ni está de acuerdo "con las camisetas independentistas", si bien considera que "prohibir la entrada de camisetas en un estadio de fútbol por el color que lleva la camiseta o por el mensaje político que implica es un atentado contra los derechos fundamentales".

Al respecto, comentó que "el Gobierno del PP inició hace ya unos meses una deriva autoritaria y represiva que no tiene cabida en una democracia", cuando, a su juicio, "una de las virtudes de la libertad de expresión es que alcanza a los elementos que no gustan".

Por lo tanto, le parece que lo que hizo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "porque es una orden claramente del Gobierno del PP, es un atentado más contra la democracia y una deriva que acerca mucho más a países antidemocráticos que a los estándares de una democracia como se entiende en el resto de la Unión Europea".

En este sentido, calificó como "absolutamente censurable lo que ha hecho el Gobierno del PP, que debería comprender que el conflicto en Cataluña se resuelve con política, con diálogo y con propuesta".

Ante ello, defendió que en IU tienen propuestas a tal efecto, de manera que cree que "se va a tener que construir un nuevo país, que va a ser una república federal, donde ahí se pueden encajar todo tipo de sensibilidades y diversidades".

Sin embargo, insistió en que "la propuesta de poner en marcha a la Policía y la Guardia Civil sistemáticamente es una vulneración, que no solo afecta en este caso a los independentistas, sino que pronto afectará, como ya lo ha hecho en muchos casos la ley mordaza, a sindicalistas y a personas de cualquier territorio que protesten contra las leyes vigentes en cada momento".

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también criticó los hechos y criticó a "un Gobierno que obliga a tirar a la basura la palabra 'Libertad". 

Unas 55.000 personas, según la Guardia Urbana, participaron en la marcha convocada por las entidades soberanistas. La nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, apeló a la opinión pública de la UE en general y de Alemania en particular para que no entreguen a Puigdemont.

En declaraciones a los periodistas justo antes de iniciarse la manifestación, Paluzie confió en que no extraditen a un presidente electo "para entregarlo a una justicia autoritaria que está falseando absolutamente todos los hechos" en torno al referéndum de octubre.

En este sentido, recordó que Puigdemont se expone en España a una pena de cárcel de hasta 30 años, "superior a la de un homicidio, de un asesinato".

Por su parte, también en declaraciones antes de comenzar, el eurodiputado de ERC Jordi Solé defendió que "las extradiciones por motivos políticos, como se ve claramente en este caso, no deberían ser ni contempladas por ningún país europeo".

"La persecución contra el presidente Puigdemont y el resto de exiliados no és solo una persecución en contra de ellos, sino contra el pueblo de Cataluña y la democracia", dijo.

Concentraciones de los CDR

La movilización de los CDR, que aglutinó a un millar de personas, arrancó en la fuente de Canaletas, en la Rambla, a las 16.00 horas bajo el lema Contra la repressió i cap a la República. Vaga general! para después desplazarse hasta la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca.

Manifestantes y Mossos d'Esquadra forcejearon en el cruce de las calles València y Llúria, donde se desplegó un cordón de seguridad para evitar que la movilización alcanzase la sede. Varios de los asistentes empujaron un contenedor contra los agentes y estos respondieron con golpes de porra, pero pocos minutos después se restableció la calma.

Diferentes medios recogen que los Mossos detuvieron a tres personas y que los antidisturbios cargaron y dispararon salvas para evitar que se rebasara el cordón policial. Al menos 33 personas resultaron heridas,según el Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat

Los CDR ya se movilizaron durante la mañana ante la Subdelegación del Gobierno en Girona –en cuya fachada los manifestantes pintaron la palabra 'Llibertat'– y convocaron a las 19.00 horas concentraciones en las delegaciones del Gobierno en Girona, Tarragona y Lleida.

Cuatro carreteras cortadas

Además, se cortaron cuatro carreteras en Cataluña: la C-14 en Ponts (Lleida), la C-16 y la C-25 en Sallent (Barcelona), y la N-154 en Puigcerdà (Girona), según registró el Servei Català de Trànsit (SCT).

Además, hubo una quinta protesta en la B-10 en Barcelona en ambos sentidos, pero no se llegó a cortar el tráfico pasadas las 20.15, sino que se produjeron retenciones.

El Secretariado Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) designó presidenta este sábado a Elisenda Paluzie por 71 votos a favor y 2 en blanco, tras las elecciones previas de la semana pasada en que los afiliados ya le dieron una ventaja de 2.000 votos sobre el segundo clasificado.

Los otros cargos orgánicos votados este sábado, en la reunión del Secretariado en Sant Cugat del Vallés, son la Vicepresidencia, la Secretaría y la Tesorería, según un comunicado de la ANC. El nuevo vicepresidente es Pep Cruanyes (66 votos a favor, 7 en blanco), la secretaria es Montserrat Rossell y el tesorero es Joaquim Arnau, representante territorial del Gironès, Alt y Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany y la Selva.

En sus primeras declaraciones como presidenta de la ANC, Paluzie expresó el apoyo incondicional de la entidad soberanista a los políticos independentistas presos o exiliados: "Trabajaremos sin descanso para hacer posible la República catalana". Asimismo, la nueva presidenta agradeció el apoyo de los socios e insistió en que ganarán "la batalla".

"Estoy contenta de poner mi granito de arena y contribuir al trabajo que nos debe llevar a la independencia y a la República catalana", señaló Paluzie, que dijo que el Estado español viola derechos fundamentales al encarcelar a líderes independentistas. También aseguró que Cataluña se enfrenta a un Estado "autoritario y vengativo que quiere humillar" porque el soberanismo celebró y venció el referéndum del 1 de octubre, según ella.

Miles de personas se están manifestando este domingo en Barcelona para pedir que se forme cuanto antes un Govern que implemente la República declarada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, informa Europa Press.

La marcha la ha convocado la ANC bajo el lema República, ahora y ha contado con representantes de los tres partidos que, precisamente, están inmersos en las negociaciones para alumbrar un Ejecutivo catalán: JxCat, ERC, y la CUP.

Con predominio de banderas independentistas, se han coreado consignas a favor de la independencia y en defensa de los "presos políticos", en alusión a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat).

"¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se nos está diciendo?"

La ANC ha afeado este domingo a JxCat, ERC y la CUP que aún no hayan llegado a un pacto de Govern para empezar la legislatura e impulsar la República y les ha exigido explicaciones por ello: "¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se nos está diciendo?".

Lo ha dicho el miembro del Secretariado Nacional de la ANC, Jordi Pairó, en los discursos de la manifestación que ha convocado la entidad para exigir que el independentismo pacte un Govern, y ha expresado "sorpresa e indignación" porque aún no se haya hecho.

Ha lamentado que los partidos independentistas hayan renunciado por ahora a investir los dos candidatos que se habían propuesto, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez: "El Parlament no puede estar condicionado por el Estado. Si el Parlament quiere decidir soberanamente el presidente de la Generalitat, se hace y punto".

También ha criticado que ERC –sin mencionar explícitamente al partido de Oriol Junqueras– defendiera la necesidad de formar un Govern que sea efectivo cuando expresó sus dudas sobre investir a Carles Puigdemont: "¿Un candidato efectivo? ¿Uno de aprobado por el Estado español?", se ha preguntado Pairó.

La ANC alega que siempre ha estado en la calle cuando se le ha pedido defender el proceso soberanista, y ahora exige correspondencia en los partido independentistas cuando es desde la entidad que se les reclama un mensaje inequívoco: un Govern y una República.

"Vemos que alguien se ha olvidado de la fuerza de la calle. Estaremos siempre. No podemos ceder ni un ápice ante el Estado y no vemos la misma determinación en el Parlament", ha concluido Pairó, que ha recordado que han pasado más de dos meses y medio desde las elecciones y no hay pacto aún.

Ha reprochado a los tres partidos que están negociando con "normalidad" cuando, a su juicio, la situación es completamente anormal ya que hay líderes políticos soberanistas en la cárcel desde hace más de cuatro meses, algo que ha considerado intolerable.

"¿Queremos un Govern autonómico? No. Pues a ver si nos ponemos la pilas", ha exigido a JxCat, ERC y la CUP, partidos que han acudido a la manifestación y que han escuchado los reproches desde la misma cabecera de la marcha.

27 de octubre

Las críticas de la ANC se han remontado al 27 de octubre: Pairó ha explicado que salieron a la calle para defender la República, pero el 28 vieron que lo que pasaba "realmente", en alusión a que el Govern renunció a implementar la independencia.

La entidad soberanista ha reivindicado que hasta le han llegado a "partir la cara" para defender la independencia, como en la cargas policiales del 1 de octubre, por lo que ahora exige ver en los tres partidos una reciprocidad y jugársela también por el Estado catalán.

Pairó ha avisado a JxCat, ERC y la CUP de que seguirán movilizados haya o no acuerdo, ya que ha considerado ineludible implementar la independencia: "Las calles han hecho un ejercicio de sacrificio y de compromiso. Nada calmará la sed de República en las calles".

"Retomemos el camino del 27 de octubre, comencemos a desarrollar la República ahora. ¡República ahora!", ha proclamado Pairó para cerrar su discurso.

Mayoría independentista

También ha intervenido el vicepresidente de la entidad, Agustí Alcoberro, para defender que las elecciones catalanas del 21 de diciembre arrojaron una nueva mayoría parlamentaria que permite seguir impulsando la independencia: "No somos ni nos sentimos ciudadanos del Reino de España".

A diferencia de Pairó, Alcoberro ha evitado los reproches directos a los partidos, pero sí ha lamentado que renunciaran a investir a Puigdemont por las trabas que puso el Estado: "Solo el Parlament puede escoger a través de una mayoría clara la persona que se tiene que hacer cargo de la Presidencia".