La incertidumbre se ha apoderado en los últimos días de Podemos Cataluña. Desde hace meses, la relación entre el sector crítico y la dirección viene siendo tensa, pero el pasado miércoles se produjo un cisma cuando el secretario general autonómico, Albano-Dante Fachín, anunció que Podemos rompía con el nuevo partido en el que iba a confluir con ICV, EUiA y Barcelona en Comú y, minutos después, el sector crítico de Podemos anunciaba que mantendría su propia candidatura a los órganos de esta nueva organización. Ahora mismo, no está claro a qué nivel se integrará el partido morado en la nueva formación, y tampoco qué pasará con los críticos o con el propio Fachín, cuya estrategia es cuestionada desde la dirección estatal.

Este sábado comienza la votación para escoger la nueva Comisión Ejecutiva y la nueva Coordinadora de Un País en Comú, el nombre provisional del partido unitario que abandera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El proceso de elección estará abierto hasta el día 8 –cuando se celebrará el congreso fundacional del nuevo partido–, y es muy probable que los críticos de Podemos obtengan representación en los órganos. Su candidatura, liderada por la diputada autonómica Jéssica Albiach y el líder de Podemos en Barcelona, Marc Bertomeu, asegura que el hecho de que haya militantes de Podemos en las primarias de Un País en Comú supone que el partido morado está presente en la formación unitaria, y señala que Fachín se ha retirado a título personal y no en representación de todo el partido.

El secretario general, por el contrario, niega esta interpretación: para él, que su dirección haya decidido retirarse implica que todo Podemos Cataluña está fuera de la nueva organización. Pese a que firmó un pacto con ellos hace unos días, Fachín argumenta que los otros tres partidos no están cumpliendo las condiciones acordadas para que Podemos participe en el nuevo espacio, y asegura que quien no se pliegue a la orden de retirarse –como es el caso de Albiach– se ha "autoexpulsado" de Podemos porque no está cumpliendo con el mandato de las bases. Para el secretario general, los dirigentes críticos que concurran a las primarias tendrían que dejar los órganos de Podemos por "presentarse a las primarias de otro partido".

Los críticos, no obstante, dudan de la capacidad real de Fachín para echarlos del partido: Albiach no tiene cargo orgánico en Podemos Cataluña y únicamente es miembro de la dirección estatal del partido, y para destituir a Bertomeu como líder del partido en Barcelona, aseguran las fuentes consultadas, haría falta una resolución de la Comisión de Garantías. A ello se suma que los críticos cuentan con el favor de la dirección estatal: el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó el jueves sentirse "decepcionado" con la falta de acuerdo e instó a Fachín a "volver a la mesa" de negociación, a lo que este se negó. Incluso Revolta Global –la marca catalana del sector anticapitalista– ha anunciado que "participará activamente" en el congreso fundacional del partido unitario del próximo 8 de abril, una declaración que no es menor teniendo en cuenta que el número dos de Podemos Cataluña, el secretario de Política Joan Giner, pertenece a esa corriente.

Un partido dividido entre dos direcciones

De esta forma, Podemos Cataluña puede encontrarse dentro de escasos días con una dirección alejada del nuevo partido de Colau pero, a la vez, con importantes voces críticas que sí tendrían un puesto en la dirección de la formación unitaria. Fuentes oficialistas de Podemos Cataluña quitan hierro a esta posibilidad, recuerdan que Albiach y los suyos no pertenecen a la ejecutiva del partido morado en Cataluña y afirman que, pase lo que pase, "seguirán sin tener el aval de Podemos", pero un dirigente crítico admite que esa situación abriría un camino lleno de incógnitas para el partido morado.

"No tengo ni idea de qué puede pasar", resume gráficamente este dirigente, que no descarta posibilidades como que la dirección autonómica de Podemos "quede en manos de una gestora", pese a haber sido elegida hace ocho meses. Para llegar a ese punto, o bien Fachín debe dimitir, o bien ha de hacerlo más de la mitad del Consejo Ciudadano autonómico, lo que llevaría a la renovación automática de todos los órganos de Podemos en Cataluña. Sin embargo, las fuentes oficialistas consultadas afirman que "no existe motivo" para celebrar unas nuevas primarias porque, señalan, Fachín y los suyos han "cumplido con el mandato de las bases". Además, los estatutos de Podemos establecen que "en ningún caso podrá transcurrir menos de 1 año" entre congresos extraordinarios, por lo que la renovación de la dirección debería hacerse, como pronto, en julio.

La dirección estatal de Podemos, mientras tanto, observa con poco margen de maniobra el cisma de la dirección catalana. Tanto en público como en privado, los dirigentes hacen hincapié en la "autonomía" de Podemos Cataluña, pero fuentes de la cúpula estatal del partido dicen "no entender la falta de acuerdo" con ICV, EUiA y Barcelona en Comú y señalan que el objetivo final sigue siendo el mismo: conformar un único espacio político de izquierda no nacionalista a la izquierda del PSC. "Que la dirección de Podemos Cataluña no entre, por ahora, al nuevo partido, implica que el proceso [de confluencia] no se cierra", confía un dirigente estatal de Podemos, que muestra su deseo de poder alcanzar acuerdos con el resto de actores después del 8 de abril.

Fachín, por el contrario, únicamente se ha mostrado abierto a suscribir alianzas puntuales con el nuevo partido unitario en los próximos procesos electorales. "Si en el futuro hay posibilidades de hacer coaliciones o buscar listas conjuntas, nosotros siempre estamos abiertos a hablar", señaló el jueves. Pero el empeño de Iglesias en confluir con el resto de fuerzas puede dejar poco margen de maniobra al líder catalán, y así lo interpretan los críticos. "Pablo [Iglesias] tiene claro que su referente en Cataluña es Xavier Domènech [que liderará Un País en Comú] y que necesita a Colau", apunta un dirigente de este sector, que además señala que para que Fachin pudiera presentarse a unas elecciones con la marca de Podemos en solitario "necesitaría el permiso de Madrid, porque Podemos Cataluña no tiene personalidad jurídica propia".

El primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Miquel Iceta, y la pujante alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes) y actual número dos del partido, Núria Parlon, rivalizarán el 15 de octubre en las urnas por el liderazgo del partido.

Ambos equipos esperan un resultado muy equilibrado, lo que puede amenazar con resquebrajar de nuevo a una organización que lleva dos años –desde la dimisión de Pere Navarro en 2014– luchando por estabilizarse. No obstante, ambos aspirantes están realizando una campaña de "guante blanco" y se han mostrado favorables a la integración sea cual sea la decisión de la militancia. Ambas candidaturas obtuvieron el mismo número de avales: 3.717. 

El partido hermano del PSOE llega a estas primarias tras dos años en los que la sangría electoral no ha cesado –principalmente por la irrupción de Ada Colau y sus comuns y el auge de Ciudadanos– y con las persistentes dificultades para tener una sola voz en una cuestión clave, la del derecho a decidir. De hecho, en el único debate celebrado hasta la fecha ambos candidatos discreparon sobre cómo plantear la propuesta de reforma constitucional. 

Iceta –que en 2013 soliviantó a varias federaciones tanto del PSC como del PSOE al proponer la creación de una ley para celebrar un referéndum pactado en el caso de que fracasara la reforma constitucional, la llamada vía canadiense– defendió en ese debate la reforma federal que los socialistas pactaron en la declaración de Granada. Parlon, sin embargo, dijo que "Granada está bien pero es insuficiente" e insistió en que el PSC tiene que hacer una propuesta que desarrolle esa declaración y pactarla con el PSOE. No obstante, en otras ocasiones durante las últimas semanas la candidata ha recordado que aunque en el pasado defendió la vía canadiense ahora esa no es su propuesta. 

A pesar de estas discrepancias, un histórico dirigente del PSC asegura a infoLibre que existen únicamente "diferencias de matiz" entre ambos aspirantes y asegura que "en lo esencial" están de acuerdo. Esta fuente lamenta que no fraguaran los intentos de integración que habrían evitado estas primarias y subraya que, a su juicio, "Iceta tiene la fuerza del liderazgo del partido y Parlon la del apoyo electoral". No en vano, la ahora candidata obtuvo la mayoría absoluta en Santa Coloma de Gramenet en las últimas municipales. 

Esta idea sintetiza la voluntad de algunos sectores del partido, que habrían preferido un pacto para mantener a Iceta como primer secretario con la condición de que Parlon fuera la próxima candidata al Parlament. Conviene recordar que en las autonómicas celebradas en Cataluña en septiembre del año pasado el PSC sólo logró ser primera fuerza en tres de los 97 municipios del antiguo cinturón rojo, el tradicional granero de votos de los socialistas: Santa Coloma de Gramenet, donde gobierna Parlon; Cornellà de Llobregat y Badia del Vallès. 

Propuestas de integración 

En el equipo de Iceta trabajaron hasta el último momento para intentar que Parlon no diera el paso ahora con el objetivo –aseguran– de evitar la imagen de división que proyecta cualquier proceso de primarias. La oferta, según señala un dirigente afín al actual primer secretario, fue un "liderazgo plural" en la organización, que Iceta fuera el candidato a las próximas catalanas –de fecha incierta debido a las tensiones entre Junts pel Sí y la CUP– y que ella tomara el testigo después.

Parlon, que en 2014 no quiso asumir el liderazgo del partido tras la dimisión de Pere Navarro, declinó ahora la propuesta de apartarse. "Entonces no aceptó porque no quería ser una líder tutelada, pero ahora sí está con fuerza y con ilusión, conoce la organización y el territorio", dice un miembro de su equipo. En el entorno de la alcaldesa entienden que dar voz a la militancia no se tiene que ver como un factor de erosión y señalan que este proceso de primarias ha contribuido a "revitalizar" a un PSC "instalado en una situación de confort". 

"Hay que tener en cuenta, además, que ahora tocaba hacer un congreso ordinario que, según nuestras normas internas, va precedido de una consulta sobre el primer secretario. Nosotros queremos que haya cambios en la organización, creemos que tiene que ser más próxima, más horizontal... y creemos también que es importante que las bases se pronuncien", dice un miembro del equipo de Parlon.  

En cualquier caso, ambos candidatos se han ofrecido a trabajar por la integración sea cual sea el resultado. De hecho, los dos han propuesto una misma fórmula de bicefalia: el puesto de primer secretario para el ganador y la presidencia del partido –que pasaría a tener funciones ejecutivas y dejaría de ser un cargo honorífico– para el perdedor. Hay que tener en cuenta, además, que Parlon no es diputada en el Parlament, por lo que en caso de resultar vencedora, Iceta mantendría la portavocía del grupo. 

La clave estatal 

La clave estatal también estará presente en esta campaña. Ambos dirigentes se han mostrado defensores de que el PSOE mantenga el no a Mariano Rajoyno, si bien Parlon ha sido más beligerante en sus declaraciones. En enero de 2016, en una entrevista en elcritic.cat, dijo que se daría de baja en el PSC en el caso que los socialistas llegaran a un acuerdo de Gobierno con el PP. La alcaldesa también se ha mostrado favorable a que los diputados del PSC rompan la disciplina de voto en el caso de que las bases catalanas apostaran por el no a Rajoy y el PSOE decidiera virar a la abstención. Iceta no se ha mostrado por el momento partidario de romper esa disciplina. 

Los dirigentes consultados coinciden en situar a Parlon en un sector "a priori, más izquierdista", más cercano a las bases del partido y a los jóvenes. Su objetivo es hacer cambios orgánicos y abrir el partido al territorio y a la ciudadanía. Iceta, por su trayectoria, es una persona más vinculada al aparato y a la vieja guardia, si bien incluso en el equipo de su oponente no dudan en poner de relieve sus "indiscutibles valores" y en resaltar que es un político "con pasado, presente y futuro en el PSC". El actual primer secretario es más partidario de reformar, que de renovar. 

Por ejemplo, Parlon arremetió contra el fallido acuerdo de investidura que el PSOE y Ciudadanos firmaron en febrero. La alcaldesa calificó ese pacto de "arriesgado" porque, en su opinión, había supuesto "renuncias excesivas" que diluían el programa socialista y, en el caso de Cataluña, dejaban al PSC en una posición "débil". Iceta, aunque sí lo defendió, insistió en todo momento en que había que sumar a otras fuerzas. De hecho, él fue uno de los primeros dirigentes que abogó a los pocos días de las elecciones por pactar con Podemos y Ciudadanos con el argumento de que a los tres les unía la voluntad de expulsar del Gobierno a Mariano Rajoy. 

En la batalla que ha partido al PSOE en dos a nivel estatal ambos se han situado en el sector de Pedro Sánchez. A Iceta se le ha considerado uno de los principales valedores del ex secretario general y Parlon formó parte de su comité de expertos. No obstante, la alcaldesa mantiene una buena relación personal con el diputado Eduardo Madina, al que respaldó en las primarias en las que se enfrentó a Sánchez y perdió en 2014. Pero a Madina y a Susana Díaz les ha unido en los últimos tiempos su oposición a Sánchez.

Miembros de la campaña del todavía primer secretario ven "cierta vinculación" entre Parlon y la presidenta de la Junta de Andalucía, en principio más contraria a cualquier mejora del autogobierno catalán. Aseguran que la líder del PSOE andaluz estaría reforzando a la alcaldesa con el objetivo de mermar así los apoyos de Iceta, muy vinculado a Sánchez.

Las citadas fuentes justifican esta vinculación con dos hechos: el impulso a la candidatura de Parlon por parte de las casas regionales andaluzas –donde tradicionalmente ha habido voto socialista– y las Juventudes Socialistas, donde Díaz también tiene arraigo; y el acto que protagonizó el pasado 22 de julio junto a las alcaldesas más importantes del PSC y al que invitó a Susana Díaz. En ese evento intervino también Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, y a última hora se invitó a Iceta, al que no le gustó demasiado la iniciativa. 

En el equipo de Parlon no ocultan su malestar con estas insinuaciones y aseguran que se trata de una "muy mala interpretación" de los hechos. Reiteran que la candidata, en 2014, hizo campaña por Madina (entonces alineado en el sector opuesto a Díaz) y que, después, mantuvo su lealtad a Pedro Sánchez entrando a formar parte incluso de su comité de expertos. Recuerdan, además, que la alcaldesa también participó en la última Festa de la Rosa en la Pineda de Gavà (Barcelona), en la que el PSC mostró su respaldo sin fisuras al ya ex secretario general. Ese fue el acto en el que un apasionado Iceta instó a Sánchez a mantenerse "firme" y a evitar cuatro años más del PP. 

Pero me veo forzado a hacerlo por el victimismo con el que la dirigencia socialista reacciona a cualquier intento de análisis sobre las causas de la decadencia de su partido. Uno es zarandeado verbalmente si dice, por ejemplo, que la ascensión de Podemos es debida, entre otras cosas, al hecho de que el PSOE dejara abandonado a buena parte de su electorado progresista en el último y penoso tramo de Zapatero y, ya no digamos, cuando, a través de Rubalcaba, su vieja guardia felipista retomó el control de esa formación. A fuerza de pragmatismo, el PSOE, como sus partidos hermanos en Europa, llevaba años renunciando a ideas básicas de la socialdemocracia: el capitalismo debe ser regulado y corregido a fin de evitar sus excesos; las políticas de gasto progresistas no son sostenibles sin políticas de ingreso progresistas, por lo que los impuestos son la mejor vía para una mínima redistribución justa de la riqueza; la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana y un mínimo de renta son derechos imprescriptibles de todos y cada uno de los ciudadanos…

Cuando el 15-M denunció las carencias de un régimen demasiado pagado de sí mismo, el PSOE tuvo una oportunidad de oro para convertirse en el adalid de una reforma profunda y pacífica del mismo, para ser el referente socialdemócrata del deseo de cambio de millones de españoles. Pero no lo hizo: prefirió enrocarse en una defensa numantina de la Constitución de 1978, la monarquía borbónica, la intangibilidad de la unidad de España tal cual está ahora expresada y la imposibilidad de hacer políticas económicas distintas a las impuestas por Bruselas, Berlín y Wall Street.

Los lamentos actuales del PSOE me recuerdan a los de aquel o aquella que ha tenido desatendida a su pareja y se queja de que otro u otra haya terminado seduciéndola. Pues sí, la vida es así, no la ha inventado Pablo Iglesias. Lo que han hecho Iglesias y los suyos es constatar la existencia de un vacío e intentar ocuparlo. Parece legítimo, ¿no?

En la breve legislatura surgida del 20-D, el PSOE tuvo una penúltima oportunidad para reconquistar a esa pareja. Lo escribió aquí mismo Ignacio Sánchez Cuenca y lo dijo en múltiples foros José Antonio Pérez Tapias. El PSOE podría haberse tomado en serio la posibilidad de formar un gobierno de coalición con las fuerzas de izquierda presentes en el Congreso, pero es evidente que tampoco lo hizo. Recién escrutadas las urnas, a Pedro Sánchez se lo prohibieron Felipe González y sus amigos de PRISA, Susana Díaz y los barones castizos, los capos del IBEX 35 y los voceros de Bruselas. El matrimonio exprés en Las Vegas de Pedro Sánchez con Albert Rivera dejó claro que este era el verdadero motivo de la imposibilidad de un “gobierno a la valenciana”. Las torpezas de Podemos fueron notorias, pero no la verdadera causa de que no surgiera una mayoría parlamentaria que terminara ipso facto con el gobierno del corrupto PP.

Escribí hace unas semanas a favor de una coalición electoral de Podemos, Izquierda Unida, Compromís y compañía. Me alegra de que se haya materializado y me alegraría enormemente que, con o sin sorpasso, ese bloque y el PSOE pudieran materializar en un gobierno de coalición el resultado del 26-J que vaticinan los sondeos. Pero me temo que es wishful thinking, me temo que el PSOE, quede por delante o por detrás de Unidos Podemos, tiene las manos atadas para hacerlo. Las presiones de los poderes fácticos para que, por activa o por pasiva, deje gobernar al PP serán descomunales. Ya sé que la militancia socialista no lo quiere ni en pintura, ya sé que ese sería otro paso en la pasokización, pero, insisto, me temo que los patrocinadores y acreedores van a ser muy, muy insistentes.

Entretanto, denunciar con tintes escandalizados que Unidos Podemos aspira al poder es una gilipollez; máxime dicho por alguien que lo ha ejercido, lo ejerce y aspira a seguir ejerciéndolo. Proclamar que uno tiene el monopolio de la socialdemocracia hasta el fin de los tiempos porque en sus siglas está escrita la palabra socialista, supone un insulto a la inteligencia. Y negarle a un competidor la posibilidad de evolucionar cuando se fue marxista y se dejó de serlo en lo que tardan en celebrarse un par de congresos, resulta grotesco.

El PSOE está repleto de gente progresista y muy cualificada para formar parte de un gobierno, algunos de ellos amigos míos. Sería fenomenal que sumaran esfuerzos con Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Mónica Oltra, Ada Colau, Manuela Carmena, Julio Rodríguez y compañía para poner en marcha esa segunda transición, esa reforma a fondo del edificio patrio que deseamos millones de españoles. Y que lo hicieran este mismo verano. Pero supongo que lo más realista es imaginar que, con o sin Rajoy, el PP seguirá en La Moncloa.

El expresidente de Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) ha asegurado que una salida a la tensión política entre Cataluña y el resto de España es volver al Estatut anterior a la sentencia: "La salida al actual laberinto pasa por retornar al punto de partida. Hay que ir siempre al origen de los problemas", ha afirmado.

Lo ha dicho en una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press, donde ha subrayado que el Estatut de 2006 fue para Catalunya una gran oportunidad más que un gran problema, y ha insistido en que se debe volver al texto e invitar a la reflexión al PP y "a los que no eran independentistas y ahora dicen serlo".

Zapatero ha explicado que, a su juicio, un factor clave para entender los acontecimientos en Cataluña es que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall debería haber gobernado en la primera legislatura que ganó en votos a CiU, entre 1999 y 2003, porque esto hizo que la propuesta de Maragall sobre el Estatut fuera "muy ambiciosa" bajo el mandato del expresidente del Gobierno José Maria Aznar.

"Aznar y su clima político. Situación propicia para las tensiones y la alimentación de los extremos", ha expresado, y ha aseverado que los hechos han demostrado que él siempre defendió el Estatut hasta los límites de la Constitución, e incluso, ha señalado, el Tribunal Constitucional (TC) creyó que había llegado más allá.

Zapatero también ha afirmado que el expresidente del PP en Catalunya Josep Piqué mostró capacidad de diálogo, aunque no le dejaron, según él, y ha explicado que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró siempre inflexible en el tema de Cataluña y el Estatut: "Era inflexible cuando se planteaba una visión plural de España y el reconocimiento de las comunidades nacionales", ha dicho.

El expresidente ha expresado que el término comunidades nacionales –sugerido por el exsecretario de Estado y exministro de Justicia, Francisco Caamaño– se debatió mucho como alternativa al término 'nación' en el Estaut de 2006 y que a Maragall "no le disgustaba", aunque ha insistido en que es partidario de una fórmula que pueda generar acuerdo a través del reconocimiento de la identidad de Cataluña y el respeto a la misma.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este martes a trámite el conflicto de competencias planteado la semana pasada por el Gobierno contra la Generalitat por la creación de su departamento de Asuntos Exteriores.

Se solicitó la suspensión de la competencia de dicho departamento, que se ha acordado de forma automática en cumplimiento de lo señalado en la propia Constitución al tratarse de una petición del Ejecutivo, han informado a Europa Press en fuentes del tribunal de garantías.

El Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero aprobó la interposición de este conflicto de competencia al entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo que ningún órgano autonómico puede arrogarse el ejercicio de la misma.

El asunto no estaba en principio encima de la mesa del Pleno del TC iniciado este martes, si bien finalmente ha habido una adición al orden del día inicial y se ha aprobado la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno, que conlleva la suspensión automática de la competencia de la Consejería por al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, según las mismas fuentes.

Los magistrados del Constitucional han dado cuenta de su decisión a la Fiscalía y escucharán al Ministerio Público y a la Generalitat antes de decidir si anulan la creación de departamento de Exteriores del Gobierno autonómico catalán, que ha incluido estas competencias dentro de su proceso de ruptura con España.

El Gobierno acude al tribunal de garantías con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y solicitó que se suspendiera el decreto por el que se crea ese departamento; entiende que, de seguir funcionando, "podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico".

El Gobierno considera que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Gobierno cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".

El Ejecutivo de Mariano Rajoy basa su recurso en que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución), como el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro en diversas sentencias.

El nuevo Gobierno en Cataluña, que presidirá el actual alcalde de Girona, Carles Puigdemont, gracias al acuerdo alcanzado este sábado en el último momento entre la CUP y Junts pel Sí, permitirá que el proceso independentista pise de nuevo el acelerador y salve el obstáculo de unas nuevas elecciones. Este acelerón, fruto del punto común alcanzado para la investidura del nuevo president de la Generalitat, que hace unas horas se concebía prácticamente imposible, también tendrá consecuencias tangibles en clave nacional: la presión sobre el PSOE para que facilite la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo se redoblará durante las próximas semanas.

El Ejecutivo central en funciones ha puesto en marcha su estrategia nada más conocerse el acuerdo alcanzado en Cataluña. Así, a través de un comunicado difundido por el Ministerio de la Presidencia, ha trasladado a las distintas fuerzas políticas que componen el nuevo Congreso tras las elecciones del 20-D "la necesidad de que el próximo Gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria que garantice la estabilidad y la capacidad para defender con solvencia y eficacia el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país, y hacer frente al desafío independentista".

En la misma línea se posicionó durante la tarde del sábado el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol. Así, durante una rueda de prensa celebrada la tarde del sábado, el dirigente conservador hizo hincapié en la necesidad de un Ejecutivo central con la capacidad de responder "de manera rápida e inmediata al desafío separatista que va a provocar el nuevo Gobierno catalán". Preguntado por si los acontecimientos en la comunidad autónoma pueden facilitar un pacto PP-PSOE-C's, el líder de los conservadores catalanes afirmó que tiene el convencimiento de que habrá una respuesta adecuada con un Gobierno "posiblemente de coalición entre los principales partidos que defienden la democracia y las libertades institucionales".

Fuentes de la dirección del PP consultadas por infoLibre admiten que la estrategia que va a seguir durante las próximas semanas el partido conservador pasa por presionar al PSOE aprovechando los acontecimientos en Cataluña. Sin embargo, aclaran que "es necesario medir los tiempos y no ir muy deprisa" si pretenden atraer a los socialistas y "no dinamitar la estrategia". Los conservadores son conscientes de que la presión sobre el PSOE va a ser "insoportable" siempre que el nuevo Ejecutivo catalán continúe empujando hacia la independencia. 

El acelerón independentista catalán coincide con un Gobierno en funciones en España, y sin que a corto plazo sea previsible que Mariano Rajoy o Pedro Sánchez sean investidos presidentes. Si ninguno de ellos lograse apoyos suficientes, el periodo de Gobierno en funciones podría alargarse unos seis meses hasta la celebración de nuevas elecciones generales. Sin embargo, respecto a Cataluña, las fuentes consultadas por este diario dejaron claro que un Ejecutivo en funciones podría aplicar el artículo 155 de la Constitución apelando a la urgencia y al interés general.

El PSOE mantiene su discurso

Desde el partido dirigido por Pedro Sánchez son conscientes de que ahora el foco va a estar sobre sus cabezas. Así, fuentes socialistas consultadas por este diario admiten que "la presión sobre la formación se va a incrementar", pero se remiten a la postura oficial que quedó plasmada en la resolución aprobada por el Comité Federal el pasado 28 de diciembre: "El PSOE votará en contra de la investidura de Rajoy y de un nuevo Gobierno del PP. Porque ese es el mandato de nuestros votantes y de la mayoría de los españoles. Votar en contra del PP y de Rajoy es votar a favor del cambio que expresaron la mayoría de españoles, el pasado 20 de diciembre".

Además, ante posibles ataques de los conservadores utilizando como arma el proceso independentista, desde las filas socialistas centrarán su discurso en señalar que "el responsable es Mas y el culpable es Rajoy", tal y como ya hizo el secretario general del partido, Pedro Sánchez, durante toda la campaña electoral. La estrategia, por tanto, pasa por afirmar que tanto la posición rupturista del líder de CDC como la postura inmovilista del presidente del Gobierno en funciones han desembocado en la actual situación de Cataluña. En este sentido, el PSOE también insistirá en que son "los únicos" que tienen una verdadera solución, un proyecto de "convivencia".

Un acelerón que comenzó el 9-N

El proceso independentista comenzó a caminar un mes después de que las urnas dibujasen un nuevo Parlament tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, que Artur Mas insistió en darles un carácter plebiscitario. Así, Junts pel Sí y la CUP registraron el 27 de octubre una resolución conjunta para que el pleno de la Cámara aprobase el inicio del proceso de independencia de Cataluña. Tras una enorme polémica, el 9 de noviembre quedó aprobada, por 72 votos a favor y 63 en contra, la declaración que establecía  "el solemne inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república".

La resolución, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional a comienzos de diciembre, instaba al futuro Gobierno autonómico a "adoptar las medidas necesarias" para conseguir la independencia, estimando un periodo de 30 días para tramitar tres leyes esenciales para un nuevo Estado: la del proceso constituyente, la de seguridad social y la de hacienda pública. Una hoja de ruta que se encontraba paralizada a la espera de que se conformase un nuevo Ejecutivo en Cataluña y que, a partir de este domingo, podrá reanudar su marcha gracias al acuerdo alcanzado entre la CUP y Junts pel Sí.

Tras más de tres meses de negociaciones, y a pocas horas de que se cumpliera el plazo legal establecido para la investidura de un nuevo president, Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) cerraron un acuerdo para desencallar el proceso. Así, ambos partidos decidieron que el presidente en funciones, Artur Mas, principal escollo en las negociaciones, dé un paso al lado y sea Carles Puigdemont el que se encargue de presidir la Generalitat. La comunidad autónoma evitará, por tanto, tener que sacar nuevamente las urnas el próximo mes de marzo.

El acuerdo supone que la coalición Junts pel Sí –nucleada por ERC y CDC– aparte a Mas a cambio de la voladura de la CUP en el Parlament: después de que la formación salve la investidura del nuevo president –se necesita el voto favorable de al menos seis de los diez diputados que consiguió la CUP el 27 de septiembre–, dos diputados de la CUP se integrarán en "la dinámica parlamentaria" del grupo de Junts pel Sí para garantizar la estabilidad del nuevo Gobierno catalán. Además, otros dos de los actuales parlamentarios de la CUP presentarán su dimisión y serán sustituidos. Por último, la formación anticapitalista se compromete por escrito a votar con JpelSí en todas las votaciones decisivas.

"Tranquilo y convencido"

Artur Mas confirmó el pacto, en una comparecencia pública que se inició a las 18.00 horas del sábado. El aún president en funciones destacó que no ocupará ningún otro cargo en el futuro Gobierno catalán, como se había especulado durante las últimas horas, y recalcó que había sido una decisión "muy dolorosa" pero que está "tranquilo y convencido" del paso que ha dado. Durante tres meses, Mas aseguró de forma reiterada que él sería el candidato de Junts pel Sí. En todo caso, dejó claro que no se retira de la política, que se concentrará en la refundación de su partido, CDC, y no descartó presentarse en unos futuros comicios como candidato. En cuanto a su acta de diputado, explicó que tomará la decisión "en el momento oportuno".

"Junts pel Sí va a controlar la actividad con el compromiso de la CUP de garantizar la estabilidad parlamentaria", dijo el presidente, que aclaró que ha quedado plasmado en el pacto que el partido anticapitalista "se compromete a no votar nunca en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios" al futuro Gobierno y al derecho a decidir.

Además, destacó la importancia de que dos diputados de la CUP se incorporen a la "dinámica parlamentaria" de JpelSí: "Lo que las urnas no nos dieron directamente hemos tenido que corregirlo mediante la negociación". También apostilló que "algunos diputados y diputadas" de la CUP "tendrán que renovarse" para que "la gente comprenda que están asumiendo errores".

Mas también aseguró que había sido suya la propuesta de que el nuevo president catalán sea Puigdemont, alguien que, en opinión del líder de CDC, "sabe lo que es la gestión, el contacto con la gente y tiene un proyecto: el proyecto de país". El Parlamento catalán se reunirá este domingo para la sesión de investidura, en la que Mas espera que Junts pel Sí consiga más de los 68 votos necesarios para nombrar a Puigdemont. 

Puigdemont es alcalde de Girona y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), cargo que ocupa desde que el pasado mes de julio sustituyese a Josep Maria Vila d'Abadal. En noviembre de 2006, el periodista y militante de Convergència Democràtica de Catalunya saltó a la primera línea de la política al ser elegido diputado de la extinta CiU en el Parlamento autonómico. En los últimos comicios ocupó el tercer puesto en la lista de Junts pel Sí por Girona.

"Reconocer errores en la beligerancia"

Desde la CUP se confirmaron los términos apuntados por Mas durante su comparecencia. El partido anticapitalista emitió un comunicado en el que muestra su "compromiso de renovar" su grupo parlamentario "con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir la parte de autocrítica que le corresponde de la gestión" de las negociaciones. Los relevos, que se producirán después de la sesión de investidura, incluyen dos dimisiones entre sus diputados como "un gesto hacia Junts pel Sí ante las dificultades de los últimos meses". La formación dejó claro también que serán ellos los que decidan quiénes serán relevados y aseguró que "en ningún caso se pone en duda la labor y el esfuerzo realizado por sus diez parlamentarios".

Sobre los otros dos diputados que pasarían a formar parte de la dinámica parlamentaria de Junts pel Sí, el partido anticapitalista aseguró que lo harán "para mejorar la coordinación y garantizar el cumplimiento de los acuerdos". Sin embargo, para despejar las posibles dudas, recalcaron que su grupo parlamentario lo componen diez parlamentarios.

Desde la Candidatura d'Unitat Popular también dedicaron unas líneas del comunicado a la autocrítica a la que hizo mención Mas durante la intervención ante los medios de comunicación. Así, la CUP asumió que "la defensa en los términos políticos del proceso" puede "haber puesto en riesgo el empuje y el voto mayoritario de la población y el electorado a favor de la independencia". El partido también reconoce en el texto errores "en la beligerancia expresada hacia Junts pel Sí". "Sobre todo en todo aquello relativo a la voluntad inequívoca de avanzar en el proceso de independencia y en el proceso constituyente que comporta", señalaron.

Acuerdo anunciado en Twitter

Pocos minutos antes de que compareciese Mas, el acuerdo fue anunciado oficialmente por el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. "Tendremos Gobierno y estabilidad. Ahora a trabajar por ganar la independencia", apuntó en su cuenta de Twitter.

La Mesa del Parlament tendría que reunirse esta misma tarde y convocar para mañana domingo el pleno de investidura. Teniendo en cuenta que el plazo para evitar la celebración de nuevas elecciones finaliza a las 23.59 –la legislación establece que si dos meses después del primer debate de investidura no hay president, tendrán que convocarse nuevas elecciones–, sólo podrá realizarse una primera votación en la que Junts pel Sí debe conseguir el visto bueno de la mayoría absoluta del hemiciclo.

Miembros de JxSí y de la CUP negocian este sábado para alcanzar un acuerdo que permita iniciar una legislatura a escasas horas de que finalice el plazo para convocar un pleno de investidura, que sólo puede celebrarse hasta el domingo, informó Europa Press.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron que una de las opciones sería que JxSí cediera y apartara a Artur Mas de la presidencia y, a cambio, la CUP desaparecería como grupo en el Parlament. En concreto, dimitirían ocho de sus diez diputados y los otros dos se integrarían en el grupo de JxSí. De esta forma, el Parlament pasaría a tener de facto 127 diputados –en vez de los 135 elegidos en las urnas– y JxSí dispondría de 64 escaños, lo que supondía la mayoría absoluta.

El nuevo president sería Carles Puigdemont, alcalde de Girona por CDC y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

A primera hora de la tarde del sábado, el núcleo duro de CDC se encontraba reunida con Mas para decidir si aceptaba el acuerdo. A las 19.00 horas está prevista una reunión del aún president con la Ejecutiva de CDC.

Los últimos contactos se producen después de dos reuniones que tuvieron lugar el jueves y el viernes en las que se pusieron sobre la mesa dos fórmulas para alcanzar un acuerdo que fueron desechadas cada una por una formación.

La primera era constituir una asamblea de concejales, alcaldes, diputados y senadores para que hagan una propuesta de presidente de la Generalitat que luego valide el Parlament, un planteamiento que convencía a JXSí pero no a la CUP.

Mientras que la segunda era elegir a un presidente de forma temporal y que en tres meses se celebre una consulta para que sean los ciudadanos los que elijan al definitivo, que fue rechazada por JxSí y aceptada con matices por la CUP.

Un centenar de personas se concentró este sábado frente al Palau de la Generalitat para reclamar que se desencalle la investidura del presidente al grito de "¡Queremos acuerdo!", según informó Europa Press.

Los concentrados corearon lemas como "Independencia", "Queremos presidente, Catalunya independiente", "No queremos traidores, somos 72" y "Somos soberanos", y cantaron Els Segadors.

Los organizadores leyeron un manifiesto en el que reclamaron a los políticos que tengan el "sentido común" necesario para no desaprovechar la representación independentista conseguida en el Parlament. Además, criticaron las "actitudes partidistas" de quienes no posibilitan la investidura y reclamaron dejar los personalismos para trabajar por Cataluña. Finalmente, apuntaron que los catalanes no quieren volver a votar, aunque instaron a que, si se repiten las elecciones, "el pueblo no puede desfallecer".

Una parte de los concentrados gritó lemas contra la CUP y se produjeron pequeños enfrentamientos con transeúntes que pasaban y que gritaban lemas contra Cataluña y el soberanismo.

La convocatoria se impulsa desde la web volemacord.cat, y apoyan la iniciativa Súmate y agrupaciones sectoriales de la ANC y Òmnium como ANC Barberà del Vallès, ANC Mollet del Vallès, ANC Lluçanès, ANC Premià de Mar, ANC Juristes per la Independència y Òmnium Cultural Maresme.

La asociación independentista Súmate ha planteado a JxSí que Mas ceda la Presidencia a la actual vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, y que él asuma el papel de conseller en cap, y la entidad afirma que la CUP le ha dado el visto bueno a esa posibilidad, aunque Munté ya ha anunciado a través de su cuenta personal de Twitter que no tiene intención de ser "moneda de cambio".

Lo han planteado en una reunión que ha comenzado en el Parlament a las 15.20 de este jueves, y después de una reunión de Súmate con miembros de la CUP, en la que han constatado que el "escollo" para el acuerdo es que Mas sea presidente aunque aceptarían que fuera alguien de CDC, según ha declarado Joan Solé (Súmate) junto al diputado de JxSí y presidente de Súmate, Eduardo Reyes.

"Tiene que imperar el sentido común. No podemos ir a nuevas elecciones. Lo que queremos todos los de JxSí es ir a la independencia sin pasar por nuevos comicios", ha dicho Reyes.

Aunque Munté ha descartado rápidamente esta posibilidad: "Mi candidato a la Presidencia y de JxSí es el presidente Mas". "No seré moneda de cambio de nadie para traicionar la voluntad de los electores", ha añadido.

Mas ofrece a ERC entrar al Govern en funciones

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha ofrecido este jueves a ERC entrar en el Govern en funciones hasta que se hagan las elecciones anticipadas si finalmente no hay acuerdo de investidura con la CUP esta semana, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.

Mas lo ha propuesto en el Parlament –según ha avanzado el diario Ara– pero de momento los republicanos no se lo plantean porque consideran que ahora hay que agotar las negociaciones con la CUP.

El objetivo de la oferta de Mas es que Junts pel Sí se visualice unido hasta las elecciones, en las que según las mismas fuentes no está claro si CDC y ERC repetirán coalición electoral, como ya ocurrió en los comicios del mes de septiembre.

Los republicanos, si bien admiten que "técnicamente" sería una oferta realizable, creen que supondría "un fraude democrático", tal y como ha publicado el diario Ara. "Si no hay mayoría para investir un presidente, no puedes entrar en una crisis de Gobierno", señalan, al tiempo que apuntan que este nuevo ejecutivo tampoco contaría con el apoyo de la mayoría del Parlament.

En cualquier caso, los diputados de ambas formaciones, ahora agrupados en torno a la candidatura Junts pel Sí, habrían acordado hablar este lunes, aunque tras el rechazo de ERC la idea resulte ahora improbable de convertirse en realidad.

Los partidos se posicionan de cara a la probable repetición de las elecciones en Cataluña. La negativa de la CUP a investir como president de la Generalitat a Artur Mas aboca a un escenario en el que, presumiblemente, CDC y ERC romperán la coalición Junts pel Sí y se presentarán por separado a los comicios, lo que puede catapultar a los republicanos y poner en serios apuros al partido de Mas. Mientras tanto, la CUP tendrá que encontrar un nuevo candidato tras la renuncia de su líder, Antonio Baños, y Podemos, ICV y EUiA apuestan por reeditar la alianza que, bajo la marca En Comú Podem, consiguió ganar las elecciones generales del pasado 20 de diciembre con el decidido apoyo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en sus planes no prevé abandonar el bastón de mando de la capital catalana para ser candidata a la Generalitat.

Tres meses después de la celebración de las elecciones del 27 de septiembre, la formación del Gobierno está bloqueada. El 9 de enero es la fecha límite para escoger un presidente, y la CUP ya ha dejado claro que sólo prestará sus votos a Junts pel Sí –necesarios para conformar una mayoría suficiente– si la coalición presenta como candidatos a Oriol Junqueras o Raül Romeva, algo que la alianza ha afirmado que no hará. De no alcanzarse un acuerdo in extremis, las elecciones quedarían convocadas automáticamente y se celebrarían probablemente el 6 de marzo, pero el escenario en el que se desarrollarían unos nuevos comicios tiene poco que ver con el de hace apenas unos meses.

Son varias las diferencias fundamentales, y afectan básicamente al campo de las formaciones independentistas o, al menos, favorables a la consulta de autodeterminación. Mientras PP, PSC y Ciudadanos concurrirían a estas elecciones con los mismos candidatos –Xavier García Albiol, Miquel Iceta e Inés Arrimadas, respectivamente–, la CUP tendrá que resolver la fractura interna que ha supuesto su decisión sobre Mas y lo más probable es que CDC, ERC, ICV, Podemos y EUiA ni siquiera se presenten con las mismas marcas con las que lo hicieron el pasado septiembre.

ERC

El carácter plebiscitario que Artur Mas y los partidarios de la independencia trataron de imprimir a los comicios del pasado 27 de septiembre fue el motivo fundamental para que ERC aceptase formar un bloque común con CDC, si bien los republicanos también se vieron presionados a unirse a este frente por la posibilidad de que los comicios se retrasasen si no lo hacía. Hasta este lunes, el partido se había mostrado partidario de mantener como candidato de Junts pel Sí a Mas y no se había planteado ni siquiera la posibilidad de que el líer de ERC, Oriol Junqueras, lo sustituyese tal y como pide la CUP.

Pero este mismo lunes, la ejecutiva de ERC se reunió para analizar el veto de la CUP a Mas, y fue el propio Junqueras el que no descartó aceptar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat: "Estaré encantado de hacer lo que sea al servicio de este país", aseguró el líder republicano, quien no obstante insistió en pedir a la CUP y a CDC que vuelvan a la mesa de negociación, pese a que ambas formaciones han dejado claro que no piensan ceder en sus posiciones sobre Mas. "La libertad de la gente, una sociedad más justa, un país más próspero, ¿qué sacrificio no vale la pena para conseguir todo eso?", lanzó Junqueras.

En cualquier caso, si finalmente hubiese nuevas elecciones, las fuentes consultadas por este diario apuntan que la intención de ERC es presentarse en solitario y no reeditar la coalición con CDC, ya que sus expectativas electorales están en alza y las de los conservadores de Mas, a la baja. Así pudo comprobarse en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, cuando los republicanos obtuvieron un 16% de los votos y 9 escaños, por apenas un 15% y ocho actas de CDC, pero también en los comicios europeos de mayo de 2014, que ganó en Cataluña ERC con el 23,67% de los votos por el 21,86% de CDC, que entonces se presentó en coalición con Unió.

De hecho, y antes incluso de que se convoquen oficialmente las nuevas elecciones, ERC ha comenzado a posicionarse. Además de las declaraciones de Junqueras este lunes planteando la necesidad de hacer "sacrificios", otros dirigentes han pedido explícitamente a Mas que se eche a un lado para salvaguardar el proceso de independencia. Es el caso de Joan Tardà, recién reelegido diputado en el Congreso, que ha pedido al todavía presidente de la Generalitat que haga gala de su "patriotismo" y ceda la Presidencia "a un miembro de su partido".

El argumento principal que utilizará ERC durante los próximos días y en el caso de que finalmente se convoquen elecciones seguirá esta línea: si no ha habido un Gobierno independentista habrá sido por la intransigencia tanto de la CUP como de CDC, que no han querido ceder en sus líneas rojas. ERC, en cambio, se comprometería a apoyar al candidato independentista más votado y trataría de que CDC se sumase a esta promesa; así lo apuntó este mismo lunes Lluís Pérez, presidente de la Fundación Josep Irla, vinculada a Esquerra.

En cualquier caso, explican las fuentes consultadas, ERC ofrecería a algunos de los independientes que concurrieron en las listas de Junts pel Sí que se unieran a su candidatura: es el caso, por ejemplo, del que fue cabeza de lista por Barcelona, Raül Romeva, o de la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya fue concejal en el Ayuntamiento de Sabadell dentro de las listas de la formación republicana. ERC también ofrecería un hueco en su candidatura a Lluís Llach, que ya en 2012 mostró su apoyo al partido.

CDC

Si la primera opción de ERC pasa por presentarse en solitario a las elecciones, CDC aspira a lo contrario: su principal deseo de cara a unos nuevos comicios sería reeditar la coalición Junts pel Sí para no tener que verse en la tesitura de afrontar en solitario unas elecciones autonómicas en las que contarían con un candidato debilitado tras meses de negociación sobre su figura y cuya campaña, además, coincidiría con la declaración como imputados del expresidente Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, que han sido citados el próximo 10 de febrero en la Audiencia Nacional.

El partido ya ha hecho público su deseo de volver a presentarse junto a ERC. Su coordinador general, Josep Rull, afirmó este lunes que la intención de CDC es que Mas repita como candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero también quieren volver a conformar la "herramienta ganadora" que, a su juicio, fue Junts pel Sí, para afrontar la "segunda vuelta" de las supuestas elecciones plebiscitarias. En este sentido, fuentes del partido admiten que no existe en CDC otro dirigente que pudiera sustituir a Mas como candidato.

La táctica de los conservadores, por tanto, consistirá en presentar al todavía presidente de la Generalitat como la víctima de la "falta de madurez" de la CUP, tal y como denunció Rull, que acusó a la formación anticapitalista de haber caído "en la paradoja de ser una aliada del Estado español" al primar "el socialismo y la revolución, la ideología, a la independencia". No obstante, CDC aún no ha tratado el tema con ERC, y su ejecutiva se reunirá este martes para abodar la posible convocatoria electoral.

Y es que los conservadores de Mas admiten en privado que ahora no cuentan con una de las herramientas con la que más presionaron a ERC para conseguir una lista unitaria en las elecciones del pasado 27 de septiembre: la posibilidad de retrasarlas. Ahora mismo, los plazos no dependen de Mas, ya que la ley establece el día 9 como fecha límite para conseguir un Gobierno y, si las fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo para entonces, la convocatoria será automática.

Catalunya Sí que es Pot

La coalición que incluyó en las pasadas elecciones del 27 de septiembre a Podemos, ICV, EUiA y Equo cosechó unos resultados que todos los actores calificaron de decepcionantes. No obstante, el pasado 20 de diciembre, la alianza En Comú Podem, apoyada por estas fuerzas, consiguió ganar las elecciones generales en Cataluña. La diferencia clave, según estiman fuentes de Catalunya Sí que es Pot, fue que la segunda lista contó con el apoyo decidido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su formación Barcelona en Comú mientras la que se presentó a los comicios autonómicos no fue impulsada por la regidora.

En este sentido, las fuentes consultadas explican que el objetivo de las fuerzas que conformaron Catalunya Sí que es Pot en septiembre es claro: conseguir reeditar la coalición En Comú Podem a nivel autonómico, lo que significaría obtener el apoyo de Colau y su partido. "Ahora mismo, el capital político de Ada Colau es incuestionable", sostiene un dirigente, que señala que otra meta para la nueva alianza sería convencer a Procés Constituent, la plataforma liderada por la monja Teresa Forcades, para que se involucrase en la coalición.

Y es que los promotores de Catalunya Sí que es Pot identifican varios errores clave que cometieron en la campaña electoral de las elecciones del 27 de septiembre y que deberían corregir para unas nuevas elecciones. El primero de ellos fue no conseguir atraer el respaldo de Colau, y el segundo haber quedado en tierra de nadie al enarbolar un discurso centrado en lo social en unos comicios muy polarizados en torno a la independencia, dos elementos a los que se une el poco protagonismo que tuvieron los candidatos de la lista en detrimento de dirigentes venidos desde Madrid.

El candidato Lluís Rabell, según señalan las fuentes consultadas, tampoco fue el idóneo. En este sentido, la idea que ahora mismo se plantea para unas nuevas elecciones es que Rabell forme parte de las listas, pero sin ocupar la candidatura a la Presidencia de la Generalitat. Es mucho más complicado que Colau pudiera ser la aspirante, entre otras cosas por una cuestión de tiempos, admiten fuentes de Cataluña sí que Es Pot: en pocos días desde que se anunciara el adelanto electoral las candidaturas deberían estar listas, y a eso se suma que la alcaldesa alcanzó el bastón de mando de Barcelona hace apenas medio año, de forma que no daría una imagen de seriedad que abandonase ya el cargo. 

No obstante, estas fuentes quitan importancia a la cuestión del candidato y aseguran que lo más importante, hoy por hoy, es que cuente con el apoyo decidido de Colau. "En las generales, Ada no ha tenido que encabezar la candidatura y Xavier Domènech [el candidato de En Comú Podem] ha conseguido un gran resultado", explican, lo que a su juicio demostraría que el modelo a seguir es el de los "liderazgos corales". El propio Domènech aseguró esta mañana que "la proyección de Ada va más allá de Barcelona" e incluso "más allá de Cataluña".

CUP

El partido anticapitalista vio este lunes como la división en torno a la necesidad de investir a Mas para salvaguardar el proceso de independencia se personificaba en la dimisión de su líder en el Parlament, Antonio Baños, que renunció a su acta como diputado a raíz de la decisión de vetar al president. Baños afirmó sentirse "incapaz de defender" el rechazo de la CUP a Mas, ya que el "único objetivo" de su implicación en política era "que esta legislatura fuese la de la ruptura irreversible con el Estado español y que, además, la construcción de la República [Catalana] se hiciese desde un proceso constituyente popular y social".

Sin embargo, y pese a las diferencias que dividen prácticamente en dos mitades a la CUP, las fuentes consultadas coinciden en que es poco probable que el partido se rompa antes de unas próximas elecciones en Cataluña. Eso sí, la formación tendría que buscar un nuevo candidato para sustituir a Baños, que se presentó como independiente dentro de las listas al igual que su predecesor, David Fernàndez. La táctica del partido ante unos nuevos comicios está clara: tratar de hacer gala de su coherencia ideológica al no investir a Mas.

Lo que parece imposible es que la CUP llegue a un acuerdo preelectoral con En Comú Podem –si este es finalmente el nombre que toma la coalición–, por la diferencia de sus discursos sobre la independencia: los anticapitalistas defienden la desconexión unilateral si las fuerzas independentistas cuentan con más del 50% de los votos, mientras que la alianza que incluye a Podemos aboga por organizar un referéndum pactado con el Estado. No obstante, fuentes de Catalunya Sí que es Pot se muestran abiertas a colaborar en temas sociales con la CUP una vez conformado el nuevo Parlament.

La reunión del Consejo Político y Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP concluyó este domingo con el rechazo definitivo a la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat de Cataluña. El partido anticapitalista decidió que sus diez diputados se abstengan en el próximo pleno, cuya convocatoria todavía está en el aire –estaba previsto, junto a las votaciones, para el 4, 5 y 7 de enero–. Con este resultado, Junts pel Sí no lograría sumar la mayoría simple –más 'síes' que 'noes'– necesaria tras más de tres meses de negociaciones con el partido anticapitalista. infoLibre repasa cinco claves sobre lo que puede ocurrir en los próximos tres meses en Cataluña.

1. Calendario político

La negativa de la Candidatura d'Unitat Popular de investir a Artur Mas altera por completo el calendario político catalán. Un bloqueo que, si no se consigue resolver a lo largo de los próximos días, podría desembocar en una nueva convocatoria de elecciones, cuya fecha más probable sería el próximo 6 de marzo –la normativa obliga a celebrar los comicios 54 días después del decreto de convocatoria–.

Sin embargo, la candidatura de Junts Pel Sí (JxSí) todavía tiene una semana para sacrificar al que fuera número cuatro de su lista con el objetivo de desbloquear el proceso antes de que cumpla el plazo. Tanto el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña como en el 4.6 de la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno dejan claro el calendario: "Si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria". Teniendo en cuenta que la primera sesión se celebró el 10 de noviembre, será el próximo 10 de enero, domingo, cuando cumpla el plazo. Si el día 9 no hay president, quedará automáticamente disuelto el Parlament.

La posibilidad de un nuevo candidato en las filas de Junts pel Sí fue barajada en la rueda de prensa que ofreció este domingo la CUP al final de la reunión. "Quien quiera mover pieza aún tiene días. No está convocado nada [el Pleno de investidura]", apuntó Gabriela Serra, diputada del partido anticapitalista en el Parlament. Sin embargo, JxSí ya dejó claro en diferentes ocasiones que la candidatura de Mas era una pieza innegociable, una de sus líneas rojas. Como mucho estaba dispuesta a maquillar la que sería su última propuesta: "Una Presidencia de transición hacia la nueva república formada por un presidente del Consell Executiu y tres presidentes de comisiones de Gobierno", en boca del cabeza de lista, Raül Romeva. Tras conocerse el rechazo del partido anticapitalista, Convergència dejó claro que no hay "candidato alternativo" a su líder. Desde ERC, sin embargo, se guardó silencio. Su líder, Oriol Junqueras, se limitó a tuitear: "Nunca nos rendiremos. ¡Seguimos!".

2. Artur Mas, ¿cadáver político?

El bloqueo de la CUP a la investidura del líder de Convergència Democràtica de Catalunya y la posible convocatoria de nuevas elecciones en la comunidad autónoma ponen fin a un año marcado por el desgaste de CDC. Las elecciones del pasado 27 de septiembre se resolvieron con 62 diputados para Junts pel Sí, un resultado peor que el que habían venido obteniendo la suma de CiU y ERC por separado –71 en 2012, 72 en 2010 y 69 en 2006–. Y este resultadose produjo a pesar de que entre los promotores de la coalición se encontraban organizaciones independentistas con gran eco social, entre ellos Ómnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Además, era la primera vez que Convergència y Unió se presentaban por separado a unas elecciones autonómicas en Cataluña. En junio de 2015, ambas formaciones sellaron su ruptura definitiva a causa de las divergencias sobre el proceso independentista encabezado por Mas. UDC, finalmente, se quedó fuera del Parlament el pasado 27 de septiembre al cosechar el 2,51% de los sufragios –102.870 votos–. Atrás quedaron las mayorías absolutas que CiU cosechó en 1984, 1988 y 1992, en las que, con Jordi Pujol a la cabeza, obtuvieron 72, 69 y 70 diputados, respectivamente. 

Finalmente, las elecciones generales del pasado 20 de diciembre pusieron el broche a la caída progresiva de CDC. La candidatura Democràcia i Llibertat, en la que estaba integrada la formación de Mas, salió de las urnas con 8 escaños en el Congreso de los Diputados y un 2,25% de los sufragios, mientras que Unió Democràtica de Catalunya se quedó fuera de la Cámara baja al obtener tan solo el 0,26%. En las de 2011, CiU sobrepasó el millón de votos, lo que le permitió sentar en el Parlamento a 16 diputados.  Tras el veto definitivo de la CUP este domingo, el futuro político del actual president se presume ciertamente complejo, al igual que el de su partido, que junto a Unió ha ostentado el poder político en Cataluña durante buena parte del actual período democrático.

3. Un tablero político en ebullición

Los resultados del 27-S revelaron el fuerte ascenso de C's en la comunidad autónoma, que pasó de 9 diputados en 2011 a 25, y de la CUP, que creció de los 3 a los 10. Sin olvidar tampoco la tímida entrada de Catalunya Sí Que Es Pot, la marca de Podemos, en el Parlament con 11 escaños, y las caídas del PSC, de los 20 a los 16 asientos, y del PP, que perdió 8 parlamentarios y se quedó con 11. 

Sin embargo, los comicios generales en la comunidad dejaron un resultado diferente. En Comú Podem, que en esta ocasión apostó por la imagen de Ada Colau como abanderada de la formación, logró el 24,74% de los votos –927.940 papeletas–, un resultado que le permite entrar al Congreso de los Diputados con 12 actas. ERC y Democràcia i Llibertat, por su parte, se presentaron por separado a las elecciones del pasado 20 de diciembre y lograron un 15,98% y un 15,08%, respectivamente. Una suma que otorga a las dos formaciones que a nivel autonómico integran Junts pel Sí el 31% de los sufragios en Cataluña, algo más de 8 puntos menos que los que obtuvieron juntas el pasado 27-S.

Si comparamos los resultados de las autonómicas con los resultados de las generales, se puede ver también un ligero crecimiento de PSC y PP. Los primeros pasaron de recibir el 12,7% en septiembre a conseguir el 15,7% de los sufragios en la comunidad autónoma hace menos de un mes. Los conservadores, por su parte, pasaron del 8,5% al 11,1%. En cuanto a Ciudadanos, se pudo apreciar una caída de la formación naranja: del 17,9% el 27-S al 13,05% el 20-D.

Con estos últimos antecedentes se encuentra Cataluña de cara a una nueva convocatoria de elecciones. Serían los cuartos comicios en sólo seis años. 

4. La incidencia en los pactos en Madrid

El 'no' de la CUP a la investidura de Mas también puede alejar la posibilidad de una gran coalición entre PP-PSOE-Ciudadanos a nivel nacional para poner freno a una escalada independentista en Cataluña, unos meses después de que el partido anticapitalista y Junts pel Sí registrasen en el Parlament una moción, que sería aprobada a principios de noviembre, que establecía "el solemne inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república". Las elecciones generales del pasado mes de diciembre dejaron unos resultados que obligan a los partidos a pactar. Mariano Rajoy necesitaría en una primera votación el apoyo de los de Rivera y los de Pedro Sánchez, y así lo ha pedido públicamente, la última vez el pasado 29 de diciembre.

En esta idea ahondó este domingo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuando habló, antes del Consejo Ciudadano Estatal, de los posibles escenarios tras los comicios de diciembre. "Algunos analistas dicen, y parece coherente, que si Mas es investido finalmente como president de la Generalitat con un apoyo mínimo de la CUP, eso podría crear más incentivos dentro del PSOE para sumarse a esta Gran Coalición de la restauración y el inmovilismo", apuntó durante la lectura de su informe político. Los de la formación morada insisten en rechazar desprenderse de un referéndum en Cataluña como una de sus líneas rojas, por lo que el pacto con el PSOE para formar un Gobierno alternativo al del PP  está lejos.

Tras más de un año de tensiones entre el Gobierno del Partido Popular y Artur Mas, especialmente tras el 27-S, la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña daría un respiro a la hora de negociar posibles pactos. Y favorecería que si estos no son posibles se repitan los comicios generales en un clima de mayor tranquilidad. El próximo 13 de enero, se configurarán los órganos de Gobierno del Congreso de los Diputados y el Senado. A partir de la primera votación se abre un plazo máximo de dos meses para investir al presidente del Gobierno.

5. Corrupción: el 'caso Pujol' entra en la recta final

Un mes antes de que los catalanes vuelvan a acudir a las urnas, el 10 de febrero, el que fuera presidente Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 y fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, Jordi Pujol Soley, y su mujer, Marta Ferrusola, han sido citados a declarar como "investigados" por un delito de blanqueo de capitales. Así se desprendió de los 13 autos que el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó el pasado 31 de diciembre relacionados con los Pujol, a los que califica como una "organización-familia" y a los que acusa de ingresar 48 millones de euros, la mayor parte en efectivo, en una cuenta de Andorra.

Los integrantes del clan podrían haber cometido delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el magistrado. Estos abonos "en efectivo, de origen desconocido, no pueden asimilarse a una actividad legal", indica el juez, que completa que en algunos casos las transferencias que se han podido identificar se relacionan "con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña". Los próximos meses se convertirán en un goteo de novedades en la investigación de la que fue durante tres décadas la familia más poderosa de Cataluña.

Lo único garantizado en este momento es la incertidumbre, y sólo cabe hacer algunas consideraciones sobre lo ocurrido y sus posibles consecuencias:

1.- La CUP, pese a ser una formación asamblearia, antisistema, con al menos cuatro ‘almas’ diferenciadas, ha sido coherente. “Si Convergència encuentra a alguien que no sea recortador y corrupto, que lo proponga”, dijeron sus principales referentes doce horas después de las elecciones del 27-S. Junts pel Sí se presentó a las urnas con Artur Mas como número cuatro, en una estrategia preventiva muy discutible, puesto que lo “escondía” a la vez que proclamaba que Mas sería de nuevo president de la Generalitat si ganaba. Lo cual venía a ser como decir: “Sabemos que Mas no es presentable, pero es ‘nuestro’ impresentable”. Entre esas ‘almas’ de la CUP parece haberse impuesto la que encabeza Anna Gabriel, la mayoritaria en Barcelona o Sabadell, Endavant, radicalmente contraria a sostener a Mas.

2.- Tres meses de negociaciones han demostrado varias cosas: Artur Mas y Junts pel Sí estaban dispuestos a ejecutar una política que no era la suya con tal de que Mas siguiera en el poder. El 'preacuerdo' anunciado antes de Navidad contenía medidas que estaban en las antípodas de la política de duros recortes sociales practicada por Mas, muchísimo más cercana a la del PP que a la planteada por los anticapitalistas de la CUP, partidarios de salir incluso de la zona euro ante la imposición de la austeridad a costa de disparar la desigualdad.

3.- Antes del 27-S, la CUP también asumió que la hoja de ruta independentista exigía una mayoría amplia de votos que no se produjo. Pese a que el apoyo al soberanismo no llegó al 48%, se dieron pasos hacia la declaración unilateral de independencia que contradecían aquella máxima lanzada para alimentar el carácter plebiscitario del 27-S. Los resultados en Cataluña de las elecciones generales del 20-D confirmaron además un aviso de la ciudadanía: debilitaron las posiciones de Convergència (bajo la marca Democracia i Llibertat), fortalecieron a ERC y dieron alas a los defensores del “derecho a decidir” pero no todos de la independencia, representados por En Comú Podem.

4.- ¿Hacían falta tres meses de incertidumbre, contactos, negociaciones… para llegar al punto final de que Artur Mas no puede encabezar un gobierno catalán apoyado por quienes lo consideran desde siempre heredero (si no cómplice o encubridor) del ecosistema podrido que durante más de dos décadas ha girado en torno al mito de los Pujol? Si ahora Junts pel Sí sacrificara a Mas por otro candidato, el insulto al electorado parecería aún más vergonzante.

5.- Estos tres meses han desgastado políticamente más a lo que fue Convergència que a su socio ERC, y la repetición de elecciones (las cuartas en cinco años) puede fortalecer tanto a los republicanos independentistas como a los anticapitalistas de la CUP. El llamado “proceso” entra en un paréntesis, pero no quiere decir que se finiquite. De hecho, sus impulsores pretenden sin duda superar en primavera la debilidad que le supuso el resultado del 27-S, cuyo planteamiento plebiscitario fracasó se mire con las gafas que se mire.

6.- Ante la posibilidad confirmada este domingo, en la cúpula de Junts pel Sí se manejaba ya fecha probable de elecciones anticipadas: el 6 de marzo. Las dudas a despejar en ese mismo círculo son: ¿Procede repetir la coalición Junts pel Sí? ¿Volverá a presentarse Artur Mas o está ya liquidado políticamente?

7.- La otra pregunta del millón (fuera de Cataluña): ¿cómo afecta la decisión de la CUP a la situación política en España? Una de las razones por las que significados portavoces del poder político y económico creían que la CUP finalmente apoyaría a Mas era el complejo puzzle salido de las urnas el 20-D. Consideraban que nada podía venir mejor a los independentistas que formar un gobierno catalán dispuesto a “desconectar” de España en el momento en que España tiene un gobierno en funciones y por delante unos pactos casi imposibles que provocarían elecciones generales anticipadas antes del verano. Ese escenario de debilidad alimentaba o forzaba la presión para un pacto de gran coalición PP-PSOE o PP-PSOE-C’s, forjado (aun a costa del suicidio socialista) sobre el riesgo para la “unidad de España”. La CUP no ha empujado en esa línea, ya sea por coherencia o porque considera que a medio plazo la decisión fortalece su apuesta de ruptura frente al Estado. No hay que ser adivino para intuir que la decisión de la CUP favorece más (en principio) a quienes establecen como prioridad el referéndum en Catalunya que a quienes apuestan por una reforma constitucional federalista. En cualquier caso, resulta como mínimo chocante políticamente que en Cataluña sean los recortes o la corrupción los asuntos que impiden formar gobierno a los independentistas y que a escala estatal sea el referéndum de autodeterminación en Cataluña lo que bloquea (hasta el momento) la posibilidad de pactos entre PSOE y Podemos.

8.- Lo ocurrido desde septiembre a enero en Cataluña sí debe tener una lectura ineludible en términos democráticos: los personalismos no pueden bloquear los procesos surgidos de las urnas. La CUP habrá intentado aprovechar la coyuntura con mayor o menor acierto, pero el primer responsable del “atasco” es Junts pel Sí y su cerrazón en el mantenimiento de Artur Mas como cartel. Cabría aplicar el cuento al PP y a Mariano Rajoy, que perdió 3,6 millones de votos y 63 escaños el 20-D, y que tiene en su "mochila política" el caso Bárcenas, la Gürtel o los sobresueldos. Incluso a Pedro Sánchez, líder de un PSOE que redujo su apoyo en 1,5 millones de papeletas y 20 escaños. En las democracias con las que tanto nos gusta compararnos, lo normal es escuchar anuncios de dimisión en la misma noche electoral, y no mensajes de absurdo triunfalismo. Es lo que hizo el líder laborista Ed Miliband el pasado mayo en Gran bretaña, pese a obtener el 30% de los votos.

Hace un año escaso, el actual número uno de la CUP, Antonio Baños, publicaba un libro titulado La rebelión catalana. En él cita la frase escrita en la pizarra típica de un bar de Barcelona: “Prohibido hablar de La Cosa”La Cosa. Y La Cosa es lo que Baños define como “versión civil y popular de el proceso”. La formación de Baños ha decidido abocar a Cataluña a nuevas elecciones. Lo cual supone no hablar sólo de La Cosa independentista sino también de un programa político completo. Y eso es de agradecer, aunque no hicieran ninguna falta tres meses para llegar a tal conclusión. Como le explicó Mariano Rajoy a David Cameron en su habitual spanglish: “It'svery difficult todo esto”.

La reunión del Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP, a la que también asistieron, con voz pero sin voto, los 10 diputados y los 15 miembros del secretariado nacional, concluyó, este domingo, con el rechazo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat y decidió llevar a los catalanes a unas nuevas elecciones autonómicas. Así, los 67 dirigentes –56 miembros procedentes de las 13 asambleas territoriales y 11 de las organizaciones en la órbita del partido– encargados de decidir el futuro del líder de CDC en el centro cívico Pere Quart de Barcelona se decantaron, en segunda votación, por que sus 10 diputados se abstengan en la investidura.

Este resultado no permitiría a Junts pel Sí obtener la mayoría simple necesaria para desbloquear el proceso. La candidatura logró en las elecciones del 27 de septiembre 62 escaños, lo que les dejaba a seis asientos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, necesitarían, por lo menos, que dos de los diputados de la CUP diesen luz verde a la proclamación de Mas para que Junts pel Sí se hiciese con la mayoría simple –más votos a favor que en contra–, teniendo en cuenta que C's, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PP, en conjunto, suman 63. Así, después de la decisión tomada este domingo, la votación quedaría de la siguiente manera: 62 escaños a favor de Mas frente a 63 en contra y 10 abstenciones.

La diputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra advirtió en rueda de prensa tras el fin de la reunión que JxSí aún tiene unos días para plantearles un nombre alternativo a Artur Mas: "Quien quiera mover pieza aún tiene días". Serra recordó así que el límite legal para una investidura expira al final de la semana próxima e insistió: "Esperemos que ahora empiece a mover pieza quien no la ha movido".

La diputada reivindicó además que el proceso soberanista no empezó el 27-S ni se acaba con la reunión de la CUP de este domingo, ya que "continuará con o sin investidura de Mas". Su compañero en el Parlament Sergi Saladié retó directamente al president en funciones a retirarse . "Mas dijo que no sería un obstáculo y ahora es el momento de demostrarlo. La pelota está en su tejado", señaló.

El miembro de la CUP Xavi Generó explicó en la misma rueda de prensa  que se habían llegado a votar hasta seis propuestas diferentes sobre el sí o no a Mas, y que acabó triunfando la opción de rechazarle, con 36 votos a favor, 30 en contra y una abstención. La CUP aclaró dos cifras clave: primero, que los miembros del Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria son 67 y no 68, como indicaron en principio; y también que, si hay nuevo pleno de investidura, el no a Mas se traduciría en 10 abstenciones.

Cabe destacar que uno de los escenarios que la CUP debatió internamente era dar libertad de voto a sus diez diputados, pero fue la opción que generó más rechazo: no tuvo ningún voto a favor.

Mientras, el líder de la CUP en el Parlament, Antonio Baños, planteó la posibilidad de dimitir tras el resultado de la reunión, informaron a Europa Press fuentes de la formación. A preguntársele por eso a la diputada Gabriela Serra en rueda de prensa, esta respondió que "Antonio Baños no ha dimitido", aunque no concretó si le consta que el diputado se plantee renunciar.

Serra también dijo que, en general, los niveles de satisfacción del resultado de la reunión son diferentes: "Todos necesitamos nuestros momentos para rehacernos".

Dos escenarios

Tras las asambleas territoriales celebradas el pasado sábado, los miembros de los órganos tenían que decidir entre dos escenarios posibles: dos votos a favor y ocho abstenciones, ejemplificando así su compromiso con la independencia pero su rechazo a la política de recortes y privatizaciones del líder de CDC, o darle 10 abstenciones –o 5 votos a favor y 5 en contra–, que se traduciría como un rechazo a Mas. Sin embargo, de las asambleas territoriales celebradas el sábado también salieron otras propuestas, que todavía no trascendieron en su integridad pero que han estado sobre la mesa en la reunión.

La división dentro del partido anticapitalista, que quedó reflejada el pasado domingo en la Asamblea Nacional Extraordinaria –se produjo un empate exacto a 1.515 votos–, rebrotó durante la cita del Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria. Así, la CUP no pudo tomar una decisión definitiva en la primera votación al contabilizarse un empate. El partido había estipulado, tal y como anunció a lo largo de la semana, que se se celebrarían un máximo de 3 votaciones. Si tras la última seguía sin existir un acuerdo, sería el Secretariado Nacional –la ejecutiva de la formación– el encargado de establecer la metodología necesaria para zanjar el debate. A pesar de todo, no fue necesario.

Así, tras más de tres meses de diálogo entre Junts pel Sí y el partido anticapitalista, con giros en el mensaje de la CUP –pasó de rechazar cualquier tipo de acuerdo con Junts pel Sí si Mas era el candidato a la Presidencia de la Generalitat a barajar la opción de apoyar la investidura del líder de CDC–, el plazo legal para la investidura de Artur Mas como president expira el próximo 10 de enero. Será ese día cuando el Parlament se disuelva y se convoquen nuevas elecciones autonómicas para el mes de marzo. A pesar de todo, la celebración de un nuevo debate de investidura todavía está en duda. La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament se reunirán este lunes para concluir si mantienen el calendario previsto o anulan el pleno y las votaciones.

Reacciones: el PSC ve "fracasado" el proyecto soberanista

El líder de ERC, Oriol Junqueras, reaccionó a la decisión de la CUP con el siguiente tuit: "Nunca nos rendiremos. ¡Seguimos!". Y añadió: "No lo hemos hecho nunca. Y nunca lo haremos. ¡Seguimos!".

La portavoz del PSC, Esther Niubó, afirmó este domingo que el no de la CUP permitirá comprobar si el "gran tema" es la independencia o Artur Mas, informa Europa Press. Niubó aeguró que esta situación es el "fracaso político" del proyecto soberanista, y subrayó que el máximo responsable es Artur Mas.

"Llevamos tres meses perdidos en negociaciones que no han sido fructíferas", dijo, y lamentó que se haya producido, según ella, una parálisis en el gobierno de la Generalitat. Preguntada sobre el papel del PSC en una nuevas elecciones en marzo, Niubó señaló que se encuentran ante una oportunidad de que Cataluña tenga un gobierno "de progreso y estable" que deje atrás el relato de los soberanistas. "La ciudadanía está muy cansada de elecciones", sentenció.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, escribió en su ceunta de Twitter: "Me equivoqué y mucho". "Siempre he pensado que al final la CUP ayudaría a hacer realidad el mandato democrático del 27S. No ha sido así".

El líder del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández, pidió por su parte un "baño de sensatez" en las urnas si hay nuevas elecciones. En un mensaje en Facebook, señaló que el hecho de que Mas no sea investido, sino "embestido" por la CUP, describe el nivel al que se ha llegado en Cataluña, con "un cóctel de independentismo venidos a menos y unos antisistemas venidos a más".

"Ahora unas nuevas elecciones catalanas, las cuartas en cinco años. Espero que no haya quinta mala... y haya un baño de sensatez en las urnas", sentenció.

El líder de C's, Albert Rivera, confió en que Cataluña pueda acabar con "la corrupción, los recortes y la división" ahora que puede haber nuevas elecciones catalanas. "Visto el fracaso de los partidos separatistas, los catalanes tendremos la oportunidad de dar fin a la corrupción, los recortes y la división", dijo en su cuenta de Twitter.

La líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, también reaccionó a través de Twitter, para lamentar que Cataluña ha perdido tiempo, dinero y oportunidades a costa del proceso soberanista, pero añadió: "Saldremos de esta todos juntos".

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) decide este domingo, después tres meses de conversaciones con Junts pel Sí, si facilita la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat o, si por el contrario, rechaza la reelección del líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el cargo, una decisión que llevaría a los catalanes a las urnas en unas nuevas elecciones autonómicas. Después de que el fin de semana pasado los militantes de la CUP no consiguieran tomar una decisión en este sentido –se produjo un empate exacto a 1.515 votos entre los que se muestran a favor y los que se oponen–, este domingo serán 68 dirigentes –57 pertenecientes al Consejo Político y 11 al Grupo de Acción Parlamentaria– los que se encargarán de zanjar la posición definitiva de los diputados del partido anticapitalista en la próxima votación.

Los asistentes a la reunión, que comenzó a las 10.30 horas, celebraron una primera votación, que terminó en empate, pasadas las 14.00 horas. Diez minutos después, el Consejo Político del partido se ha dispuesto para un segundo intento.

El primero de los dos órganos de la formación política está compuesto por los representantes de las 13 asambleas territoriales, que se encargarán de recoger las decisiones de las más de 100 asambleas locales de la CUP, los órganos de menor tamaño en los que se encuentran encuadrados todos sus militantes. Cada una de ellas sumará en el Consejo Político entre tres y seis representantes en función de los militantes, los regidores y de los núcleos locales que integren. Así, según el diario Ara, la distribución de los 57 miembros sería la siguiente: 5 de Barcelona, 4 de Baix Llobregat, 4 de Alt Ter, 4 de Catalunya Central, 5 del Camp de Tarragona, 5 de Maresme, 6 de Nord Oriental, 3 de País Valencià, 5 de Penedès, 5 de Ponent, 3 de Terres de l'Ebre, 4 de Vallès Occidental y 4 de Vallès Oriental.

El Grupo de Acción Parlamentaria, por su parte, está compuesto por 11 miembros que pertenecen a las organizaciones que se encuentran en la órbita de la CUP pero que no forman parte del partido. Es lo que se conoce como Crida Constituent, que apoyaron a la formación política en los pasados comicios hasta el punto de que fueron incluidas en el nombre de la candidatura, que se presentó a las elecciones bajo la denominación CUP-Crida Constituent.

Las elecciones del pasado 27 de septiembre dieron 62 escaños a Junts pel Sí y 10 asientos al partido anticapitalista. Por contra, el resto de fuerzas políticas –C's, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PP– sumaron un total de 63 parlamentarios. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Mas necesitaría en la próxima votación una mayoría simple –más votos a favor que en contra– para zanjar su investidura, necesitaría al menos el apoyo de dos de los diputados de la CUP. Así, los 68 miembros deberán votar, según adelantó la formación a través de un comunicado tras el empate recogido en la Asamblea Nacional Extraordinaria, entre dos posibles escenarios: dos votos a favor y ocho abstenciones, ejemplificando así su compromiso con la independencia pero su rechazo a la política de recortes y privatizaciones del líder de CDC, o darle 10 abstenciones –o 5 votos a favor y 5 en contra–, que se traduciría como un rechazo a Mas. 

Las reuniones de las Asambleas Territoriales que se celebraron este sábado dejaron entrever que todavía existe división en el partido anticapitalista, aunque el 'sí' a la investidura parece que ha ganado terreno. Un choque de opiniones que quedó patente en el empate producido la pasada semana en Sabadell (Barcelona) y que se ha ido reproduciendo a menos de 24 horas de conocerse la postura definitiva de la formación política: si bien en la de Barcelona el apoyo al 'no' ha sido aplastante –80% de los militantes apostó por esta opción–, en otras como Maresme, Nord Oriental o Al Ter, ambos escenarios oscilaban en el 50% de los votos.

División dentro de la Crida Constituent

Además de la división entre las Asambleas Territoriales, también existe una opinión enfrentada dentro de la Crida Constituent, aunque la mayoría de las organizaciones que forman parte son contrarias a la investidura del candidato de Junts pel Sí. Esta contraposición queda ejemplificada, sobre todo, entre las dos formaciones con mayor peso: Endavant y Poble Lliure. La primera, a la que pertenece la número dos del partido anticapitalista en el Parlament, Anna Gabriel, rechaza la investidura de Mas al priorizar la cuestión social. La segunda, por su parte, considera necesaria la investidura del líder de CDC para avanzar en el proceso de independencia. Albert Botran, portavoz de la CUP en el parlamento autonómico, milita en esta última.

La tensión entre estas dos organizaciones ligadas al partido anticapitalista también propició, el pasado viernes, la dimisión como miembro del Secretariado Nacional –la ejecutiva de la CUP– de Xavier Monge, excabeza de lista de la formación por Barcelona en las elecciones municipales de 2011. El dirigente político, militante de Endavant, aseguró en Twitter que "el proceso es el mayor fraude de la política catalana". Además de este mensaje, Monge dejó otros tres antes de cerrar definitivamente su cuenta en la red social: "Ni ganamos el 27S, ni la UE hará nada por nosotros, ni habrá un referéndum pactado", "Un mandato inexistente, una hoja de ruta en blanco, una legislatura muerta, y aún hablamos de investir al mayor cadáver político del momento. Bravo" y "Disfrutad de vuestro reino de fanáticos". Respondía así a unas declaraciones de Toni Infante, referente dentro de Poble Lliure, en las que aseguró que el partido "no se puede permitir tirar por la borda el plebiscito del 27-S".

Otras organizaciones que forman parte de la Crida Constituent, como Corrent Roig, Lluita Internacionalista y Alternativa d'Esquerres de Cornellà y de El Prat, también se han pronunciado al respecto con la firma de un manifiesto en el que alertan de que "investir a Artur Mas como presidente cuestionaría la continuidad de la CUP-CC como fuerza rupturista y anticapitalista y la convertiría en una ERC bis, renunciando a la posibilidad de arraigar en la clase trabajadora y hacerse portavoz de sus reivindicaciones". El colectivo En Lluita, por su parte, considera que la presencia del candidato de Junts pel Sí y la derecha "a la cabeza del proceso" es "un freno" en el camino hacia la independencia de Cataluña. Finalmente, el colectivo juvenil Arran también utilizó un comunicado, titulado "Hasta nunca, Mas", para dejar clara su postura.

Giro en el mensaje

Durante la campaña, el candidato de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Antonio Baños, repitió por activa y por pasiva que su partido no apoyaría a Junts pel Sí en una votación de investidura tras las elecciones del 27-S si su candidato era Artur Mas. Una postura que mantuvo incluso la noche electoral, tras conocerse que el líder de CDC necesitaría la ayuda del partido anticapitalista para ser reelegido. "Nosotros cada día dijimos que no votaríamos afirmativamente al señor Mas, y que el proceso no se podía reducir a una sola persona", aseguró Baños en TV3 tras el final de la jornada electoral. Además, al contrario de lo que se dijo desde Junts pel Sí, el cabeza de lista de la CUP afirmó, un día después, que el resultado suponía una "derrota" en el plebiscito soberanista.

"La declaración unilateral iba ligada al plebiscito. No se ha ganado, no hay proclamación", añadió Baños. Sin embargo, un mes después, las dos formaciones registraron en el Parlament una propuesta para que el pleno aprobase "el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", aprobada a comienzos de noviembre por 72 votos a favor y 63 en contra.

A pesar de ello, y de las concesiones que se estaban dando a la CUP desde Junts pel Sí, que incluso comenzó a moldear su mensaje para acercarse al partido anticapitalista, la formación que tiene en sus manos el futuro de Artur Mas seguía bloqueando su investidura. Aunque ambas formaciones ya se habían lanzado algunos guiños en la segunda votación de investidura, hasta mediados del mes de noviembre no se pudo ver un leve giro en el mensaje de la Candidatura d'Unitat Popular: por primera vez se hablaba de la posibilidad de votar la investidura del líder de CDC, aunque dejaban claro, en un mensaje conjunto, que sería necesario consultar a las bases. Con todo esto sobre la mesa, y con Junts pel Sí asegurando que no habría más movimiento, la CUP llega este domingo a la votación que decidirá si Cataluña tiene nuevo presidente o si los catalanes tendrán que ir de nuevo a las urnas en marzo. Es la última oportunidad de Artur Mas. Si no hay acuerdo, el Parlament se disolverá el próximo 10 de enero.

¿Y ahora, qué? Esa es la pregunta que rondaba en muchas cabezas después de que los militantes de la CUP no consiguieran tomar una decisión este domingo sobre si investir o no a Artur Mas como presidente de la Generalitat. La posición de los diputados del partido anticapitalista, finalmente, la tendrán que deteminar 70 dirigentes pertenecientes a dos órganos del partido –el Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria–, pero su reunión –prevista para el próximo día 2 de enero– estará precedida de un amplio debate entre las bases, que tendrán una fuerte influencia a la hora de tomar la decisión final.

La CUP celebró este domingo una Asamblea Nacional Extraordinaria –una reunión de toda su militancia, en la que también participaron los afiliados de las organizaciones de su órbita– con la que pretendía tomar una decisión final para zanjar las negociaciones para la formación de Gobierno con Junts pel Sí, con quien la formación anticapitalista lleva casi tres meses conversando. Pero el empate entre quienes quieren convertir a Mas en president y quienes lo rechazan  ha provocado que el dilema que divide en dos a la CUP se alargue casi una semana más y mantenga en vilo a Junts pel Sí, que ha dejado claro que no piensa hacer una nueva oferta a los anticapitalistas. Los 70 integrantes del Consejo Político y del Grupo de Acción Parlamentaria decidirán finalmente el próximo sábado, pero no estarán sólos a la hora de tomar la decisión: durante toda la semana, las asambleas de base de la formación se reunirán para debatir al respecto, y las resoluciones que adopten serán vinculantes.

De la base a la cúpula

En este sentido, quienes primero tendrán que tomar una decisión serán las más de 100 asambleas locales de la CUP, los órganos más pequeños del partido en los que se encuentran encuadrados todos sus militantes y que están organizadas, como máximo, a nivel municipal. La postura que consensúen estas asambleas será trasladada a las 13 asambleas territoriales que componen el partido y que reúnen a las agrupaciones locales en función de su ubicación. Este lunes por la noche, el partido decidirá si las asambleas locales tienen que decidir entre el sí o el no a Mas o pueden también mostrarse favorables a alguna de las otras dos opciones que estuvieron sobre la mesa el pasado domingo, informa el diario Ara.

Estas asambleas territoriales tienen diferente tamaño en función de la implantación de la CUP en la zona –Barcelona, por ejemplo, constituye ella sóla una asamblea territorial, mientras que todas las asambleas locales de la Comunidad Valenciana se agrupan en otra–, y es su peso el que determina el número de representantes que envían al Consejo Político, el máximo órgano entre Asambleas Nacionales –reuniones de todos los militantes– de la CUP. Para hacer esta ponderación se tiene en cuenta el número de militantes del partido en el territorio que abarca la asamblea territorial, así como el número de concejales en los ayuntamientos de la zona o la cantidad de asambleas locales.

Los 60 representantes que conforman el Consejo Político no tendrán independencia de voto, sino que serán meros emisarios de la decisión que haya tomado su asamblea territorial tras escuchar, a su vez, las determinaciones de las asambleas locales. Lo que no está decidido todavía por la dirección de la CUP es si los representantes enviados al órgano podrán votar por separado o tendrán que hacerlo en bloque, según lo dictado por el colectivo que les envía.

Las organizaciones que apoyan a la CUP también tienen voz

En la reunión del Consejo Político también estarán presentes los diez diputados de la formación y los 15 miembros del Secretariado Nacional –la ejecutiva de la CUP–, que no tendrán derecho a voto. No obstante, tal y como anunció la formación el mismo domingo, la reunión del Consejo Político contará también con la presencia del Grupo de Acción Parlamentaria, otro órgano formado por diez personas que se encarga de guiar la acción de los diputados en el Parlament de Cataluña.

Estos diez miembros del Grupo de Acción Parlamentaria pertenecen a las organizaciones que se encuentran en la órbita de la CUP, pero que no forman parte del partido: la llamada "Crida Constituent" –"llamada constituyente", en castellano–, que apoyaron expresamente la candidatura de la formación en las pasadas elecciones hasta el punto de que fueron incluidas en el nombre de la candidatura, que se presentó a los comicios bajo la denominación CUP-Crida Constituent.

Entre estas organizaciones –que no son sólo partidos, sino también sindicatos o colectivos juveniles– también hay división sobre si facilitar o no la investidura de Mas, aunque la mayor parte de ellas es contraria a que el candidato de Junts pel Sí revalide su cargo. Las dos formaciones con más peso, Endavant y Poble Lliure, tienen visiones contrapuestas al respecto: la primera de ellas –a la que pertenece Anna Gabriel, la número dos de la CUP en el Parlament– prioriza la cuestión social y rechaza a Mas, mientras la segunda –en la que milita Albert Botran, portavoz de la CUP en el Parlament– cree que hay que investir presidente al líder de CDC para continuar con el camino a la independencia.

Otras organizaciones también se han pronunciado al respecto. Corrent Roig, Lluita Internacionalista y Alternativa d'Esquerres de Cornellà y de El Prat han firmado un manifiesto conjunto en el que alertan de que "investir a Artur Mas como presidente cuestionaría la continuidad de la CUP-CC como fuerza rupturista y anticapitalista y la convertiría en una ERC bis, renunciando a la posibilidad de arraigar en la clase trabajadora y hacerse portavoz de sus reivindicaciones", mientras que el colectivo En Lluita ha asegurado que "la presencia de Mas y la derecha a la cabeza del proceso es un freno" para la independencia. Y la organización juvenil Arran también ha dejado clara su postura con un contundente comunicado titulado "Hasta nunca, Mas".

La división en la CUP sobre si investir o no presidente a Artur Mas para continuar con el proceso de independencia de Cataluña llegó a su punto álgido este domingo. La votación que debía servir para que las bases de la formación decidieran sobre su posición al respecto terminó con un empate exacto a 1.515 votos entre los partidarios de facilitar la investidura de Mas y los que se oponen a ello, un resultado que deja la decisión en manos de la dirección de la CUP y no despeja las dudas sobre el futuro del todavía presidente de la Generalitat y la posible repetición de las elecciones, que quedarían convocadas automáticamente el día 10 de enero si para entonces no se ha elegido un nuevo Gobierno.

La Asamblea Nacional de la CUP reunió este domingo en Sabadell a cerca de 3.000 militantes de la formación, que votaron en tres rondas la posición que sus diputados deben manenter en sus negociaciones con la coalición Junts pel Sí. Ya en las dos primeras rondas –que sirvieron para descartar sendas opciones– el resultado fue muy ajustado: en la segunda votación, por ejemplo, el 49,7% de los militantes dijo no investir a Masno y también a la oferta de la coalición de establecer un Gobierno con cuatro macroconsejeros con los que Mas compartiría el poder, mientras que el 48,7% abogó por hacer presidente al líder de CDC y aceptar su propuesta. Apenas un 1% abogó por facilitar el nombramiento de Mas sin asumir la propuesta de Junts pel Sí.

La primera votación entre cuatro opciones había arrojado un resultado igual de ajustado: un 47% de los asistentes votó por rechazar a Mas y la oferta de la coalición, mientras un 45% se inclinó por investir presidente al candidato de Junts pel Sí aceptando su oferta; poco más de un 1% de los militantes apostó por rechazar la figura de Mas e instar a Junts pel Sí a negociar con otras fuerzas un acuerdo que la CUP viese suficientemente aceptable como para abstenerse en la votación de investidura. 

La tercera y definitiva votación, la que acabó con un empate a 1.515, contempló únicamente dos alternativas: el sí al acuerdo con la coalición y la investidura de Mas, o el rechazo al presidente y a la oferta de la coalición.

La CUP pide a Junts pel Sí una nueva oferta

Así las cosas, será el Consell Nacional –máximo órgano entre asambleas de la CUP– que se celebrará el próximo 2 de enero el que decida qué respuesta ofrecerán finalmente los 10 diputados de la formación –que también estarán presentes en la reunión– a la oferta de Junts pel Sí. Tal y como explicó el líder de la CUP en el Parlamento, Antonio Baños, las asambleas territoriales del partido se reunirán antes de esa fecha para decidir qué postura adoptar en la reunión de este órgano, compuesto por 60 representantes de todos los territorios en los que está presente el partido.

La principal línea roja de Junts pel Sí es que Mas sea presidente, si bien en su oferta la coalición ha aceptado que esté acompañado por tres macroconsejeros, que serían la actual vicepresidenta, Neus Munté; el líder de ERC, Oriol Junqueras; y el número 1 de la lista por Barcelona de Junts pel Sí en las pasadas elecciones, Raül Romeva. Esta presidencia a cuatro estaría diseñada para pasar de "un modelo autonómico a la república catalana", como indicó hace unos días Romeva. La oferta, además, incluye un plan de medidas urgentes de carácter social vinculado a la aprobación de unos presupuestos para el año que viene, si bien muchos militantes de la CUP han tachado estas medidas de insuficientes en la Asamblea de este domingo.

La cúpula de la CUP compareció en rueda de prensa tras conocerse el empate en la tercera votación, una comparecencia en la que los dirigentes no admitieron preguntas. La número dos de la formación en el Parlament, Anna Gabriel, pidió a Junts pel Sí "generar una nueva propuesta" que satisfaga a los militantes anticapitalistas y permita deshacer la "aritmética diabólica", en palabras de Baños, que ha conducido al empate en la votación. "Nosotros creemos que la construcción de la republica catalana sólo se puede hacer a través de la participación popular, la asamblea y el voto, y no tenemos miedo a que las decisiones las tomen 2.000, 3.000 o 4.000 personas", se enorgulleció Baños.

División en la CUP

Tal y como quedó reflejado con claridad, la CUP se encuentra dividida entre aquellos que desean investir a Mas y los que priorizan el programa social de izquierdas de la formación ante la cuestión nacional. El partido está muy influido por la postura de varias organizaciones de su órbita, fundamentalmente dos: Endavant –a la que pertenece Anna Gabriel–, proclive a no hacer a Mas presidente y seguir presionando para aplicar políticas sociales de izquierdas, y Poble Lliure –cuyo representante más conocido es Albert Botrán, portavoz de la CUP en el Parlament–, que se ha mostrado más dispuesta a investir a Mas a disgusto para avanzar en el proceso de independencia.

Además de estas organizaciones, en la órbita de la CUP también se encuentran otras formaciones con menor implantación pero que también se han pronunciado, como Arran, la organización juvenil del partido. Este colectivo es contrario a investir a Mas como presidente, y expresó su posición de forma muy clara a través de un comunicado titulado "Hasta nunca, Mas", que publicó días antes del debate que celebró a finales de noviembre la CUP para conocer la opinión de sus bases sobre las negociaciones con Junts pel Sí.

La división entre los partidarios de rechazar a Mas y quienes aceptan al presidente para que el proceso de independencia avance se hizo patente incluso desde el inicio de la Asamblea de la CUP, ya que un 42,37% de los cerca de 3.000 asistentes ha solicitado que el voto fuese secreto y en urna, en lugar de a mano alzada, como estaba previsto. Los estatutos del partido marcan que las votaciones tienen que hacerse de esta forma si lo solicita al menos un 25% de la militancia, por lo que se han instalado 50 urnas.

Las bases de la CUP votarán este domingo en su Assemblea Nacional de Sabadell (Barcelona) la propuesta de acuerdo de Junts pel Sí, que incluye a Artur Mas como presidente de la Generalitat y supedita a la aprobación de nuevos presupuestos la inclusión de un plan de choque social.

El documento prevé una Presidencia a cuatro encabezada por Mas y con tres macroconsejerías, como una Presidencia de transición "de un modelo autonómico a la república catalana", como dijo el día 22 Raül Romeva, cabeza de lista de la coalición Junts pel Sí en las pasadas elecciones. Al margen de que Mas sea presidente, el texto fija una serie de medidas de gobierno.

Todo eso es lo que la CUP votará este domingo, con cuatro opciones en la papeleta. Una opción es aceptar las medidas políticas de la propuesta de Junts pel Sí y aceptar a Artur Mas como presidente; otra es rechazar a Mas y seguir negociando con Junts pel Sí; otra opción es rechazar las propuestas de Junts pel Sí pero facilitar la investidura de Mas por parte de la CUP; y la última es rechazar la propuesta de medidas políticas y a Mas, e instar a Junts pel Sí a buscar acuerdos que impliquen la abstención de la CUP en el pleno de investidura.

Presupuestos y plan de choque

La propuesta de Junts pel Sí prevé construir estructuras de Estado y un marco legal que asegure una transición "con todas las garantías jurídicas", y hace hincapié en el compromiso escrupulosamente democrático del acuerdo, que tiene como objetivo ampliar la base social que apoye el proceso.

Buena parte del plan de choque social de la propuesta depende de aprobar unos nuevos presupuestos, por lo que Junts pel Sí propone crear un Grupo de Trabajo Presupuestario –con representación paritaria de la Consejería de Economía, de Junts pel Sí y de la CUP– para diseñar los Presupuestos 2016 y que incluyan el plan de choque. Romeva aseguró el día 22 que la propuesta de la coalición pretende priorizar la respuesta a las necesidades sociales de Cataluña, pero que algunas medidas no se pueden hacer con los presupuestos prorrogados: "Están supeditadas a la disponibilidad de un nuevo presupuesto que haga viable su aplicación".

El plan de choque a aplicar inmediatamente incluiría medidas relativas a pobreza infantil, pobreza energética y emergencia habitacional y política de prevención de desahucios, para la que se prevé aplicar un sistema parecido al de municipios como Badalona (Barcelona). El plan estaría pensado para ser implementado en los 18 meses de transición a la independencia. 

Parte de esa ampliación de 270 millones irá destinada a recuperar la renta mínima de inserción, cuyo presupuesto se debe ampliar para garantizar el 100% de la cobertura, lo que costará 70 millones; a las prestaciones económicas para personas dependientes –50 millones–, y a la previsión de plazas de guardería –15 millones–. Además, el documento que se someterá a votación prevé un nuevo salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, lo que lo ascendería a los 1.000 euros al mes, pero no especifica la partida para costearlo.

Prevén la reconversión del Institut Català de Finances en un Banco Público de desarrollo, "insertado en el entramado de apoyo institucional financiero europeo", para ayudar a las pymes y para abordar la inversión de grandes proyectos estratégicos.

Sanidad y Educación

En cuanto a sanidad, Junts pel Sí propone una moratoria en el Consorci Sanitari de Lleida –ente que pretende unificar la gestión sanitaria en la provincia– para garantizar que no podrá incorporar ninguna entidad privada en su actividad futura, tras la oposición generada por la Marea Blanca. También propone reducir un 10% las listas de espera quirúrgicas y un 50% el tiempo medio de primera visita en el especialista sólo en centros públicos y sin externalizaciones, gracias a una inversión anual de 83,76 millones.

Se asegura el acceso a terapias médicas universales y gratuitas para los afectados de Hepatitis C, trasplantados y pacientes oncólogicos, así como personas en situación vulnerable, y un plan de rescate para afectados por fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple. Además, se invertirán 5 millones en reducir la ratio de alumnos por aula en los barrios con más dificultades económicas, y se destinarían 15 para becas comedor.

El texto deja "en suspenso" el Plan Director Urbanístico (PDU) del macroproyecto BCN World y prevé un grupo de trabajo para una posible revisión del Plan de Govern Junts pel Sí - CUP, matizando que la vigencia de la suspensión del PDU se mantendrá hasta que haya acuerdo por consenso. Un punto que queda en el aire es la titularidad pública de la gestión del agua, sobre la que el documento emplaza a tomar una decisión durante el proceso constituyente hacia la independencia, y sólo se compromete a "defender el modelo público de gestión".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, replicó este viernes el mensaje navideño del rey Felipe VI rechazando que la mayoría use sus normas, su fuerza, su voz y sus votos para "ahogar los anhelos de la minoría que representa Cataluña" y que pide acordar con el Estado canalizarlos democráticamente.

Así lo declaró a los periodistas en el cementerio de Montjuïc tras la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933, informa Europa Press.

Mas –que no vio el discurso en directo– sí se mostró de acuerdo con Felipe VI en que "apela al diálogo, pacto, concertación y concordia", porque el presidente cree que esto se hace más necesario que nunca cuando hay situaciones políticas muy complejas, como cree que pasa ahora en Cataluña y toda España en este ciclo electoral.

Por otra parte,  evitó opinar sobre la asamblea del domingo en que la CUP votará sobre su investidura y la propuesta de acuerdo de JxSí, para no interferir porque "la CUP tiene que hacer su trabajo, que tiene todo el derecho a hacer".

"Lo más inteligente que puedo hacer para que vaya bien es no hablar", dijo, y ha añadió que cualquier palabra suya puede ser malinterpretada por alguien, de buena fe o intencionadamente.

Insistió en que la asamblea se haga sin interferencias, y "menos aún" del propio Mas.

Sobre la posibilidad de que la CUP decida no investirle presidente, sólo respondió: "En función de sus decisiones, tomaremos nuestras propias decisiones".Acabar 2015 "con presidente investido"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho estar bastante convencida de que acabará el año "con presidente investido".

Lo dijo en el cementerio de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià.

Forcadell presidió la ofrenda de la cámara junto al vicepresidente de la Mesa del Parlament Lluís Corominas (JxSí) y al secretario David Pérez (PSC) y justificó su confianza en que "es el sueño de Macià y de los catalanes".

Preguntada sobre si ese presidente será el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, respondió: "Mas es, de momento, el único candidato que hay y que me han propuesto".

También ha dado su opinión sobre lo que sucederá en la Assemblea Nacional que la CUP celebra este domingo en Sabadell (Barcelona) y en la que se decidirá si se da apoyo a la investidura de Mas: "Creo que estará a la altura del momento histórico".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la impugnación presentada el pasado 11 de noviembre por el Gobierno y ha resuelto que la resolución independentista aprobada en el Parlament de Cataluña, a instancias de Junts pel Sí y la CUP, para dar inicio a la ruptura con España es inconstitucional.

Con una agilidad inusitada en el órgano de garantías, el asunto fue introducido ayer en el Pleno, el primero de carácter ordinario que celebra el tribunal tras recibir el pasado viernes las alegaciones del propio Parlament, que defiende que la resolución impugnada por la Abogacía del Estado es un "acto parlamentario de naturaleza estrictamente política", por lo que no tiene los elementos necesarios para ser valorada por el TC.

La resolución sobre el fondo del asunto se produce apenas unas semanas después de que, el pasado 11 de noviembre, el TC admitiera a trámite la impugnación del Gobierno y suspendiera de forma cautelar la vigencia de la resolución.

En ese auto, el TC dio un plazo para la presentación de alegaciones y advirtió además a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplían su auto de suspensión. Desde entonces no se habían producido actos de incumplimiento de esta orden.

En la sentencia que se dictará ahora , el Tribunal Constitucional deberá contestar a los argumentos de los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña, que defendían que la resolución fue adoptada "en el ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno" y sólo puede ser valorada en ese contexto.

Aún quedan pendientes de resolver los recursos de amparo presentados por PP, C's y PSOE en el Parlament contra la forma en que se tramitó la resolución, un asunto que no ha merecido la misma premura para los magistrados del TC, que consideran que no tiene el mismo carácter prioritario.

La Fiscalía pide investigar a cinco municipios catalanes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido investigar a los ayuntamientos de Girona, Celrá (en esta misma provincia), La Seu d'Urgell (Lleida), e Igualada y Sant Cugat del Vallés (Barcelona) para determinar si los miembros de sus respectivos plenos pudieron cometer los delitos de rebelión y sedición, entre otros, al aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional.

Así consta en una denuncia presentada por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, el pasado 26 de noviembre, en la que se señala que la adopción de acuerdos de apoyo a la resolución del 9-N podría constituir "no sólo delitos de rebelión o sedición" sino también los de "prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones".

La denuncia, remitida a partir de la información facilitada por la Guardia Civil, señala la necesidad de perseguir por la vía penal a quienes hagan "caso omiso" de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista o realicen "actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad (sea local, provincial o autonómica), o por particulares".

En dos de estos casos, los de los ayuntamientos de La Seu d'Urgell y Celrá, los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz han incoado diligencias previas de investigación. Los dos jueces han solicitado a las dos corporaciones que les envíen las mociones aprobadas y los informes de los secretarios e interventores municipales y que les faciliten la identidad de los concejales que las apoyaron.