Casi siete años de instrucción, dos centenares de imputados y una docena de piezas separadas es el balance del caso Púnica, una de las macrocausas de corrupción más longevas de la Audiencia Nacional. Este año, distintas resoluciones judiciales de las últimas semanas avanzan el final de la investigación en los próximos meses, en los que se dilucidará qué personas de todos los implicados que han pasado por el tribunal son enviados a juicio y quiénes terminan en sobreseimiento. En todo caso, todo eso se verá después de las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo, ya que los tribunales no suelen llevar a cabo actuaciones que puedan influir en la intención de voto.

La instrucción del caso Púnica estaba destinada a terminar el verano de 2020 en función de los plazos marcados por la ley. Una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a finales de julio permitió extender los plazos sine die, lo cual fue acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, frente a las protestas de investigados en la causa como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya representación letrada solicitó el cierre de las actuaciones. Desde entonces se han acordado numerosas comparecencias de nuevos imputados y de testigos, incluida la del extesorero del PP Luis Bárcenas después de que se comprometiera a colaborar con la justicia.

No obstante, el pasado otoño y los primeros meses de 2021 también han sido escenario de archivos con respecto a ciertos imputados y la denegación de diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya han ido orientando lo que debe ser el futuro más inmediato de la macrocausa: el fin de la investigación tras siete años abierta.

La Sala ordena cerrar y el juez avisa de que no aceptará más diligencias

Una de las resoluciones más recientes ha sido la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la encargada de resolver los recursos durante la instrucción, que rechazaba las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y urgía a concluir la instrucción "que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014". "Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9", dijo la Sala en un auto del 17 de febrero.

Esta advertencia interesaba no sólo a la Fiscalía, que era la que había pedido a la Sala que ordenara al juez que acordara las diligencias solicitadas, sino al propio García-Castellón, porque aparte de confirmar su decisión de no seguir con las diligencias que le solicitaban desde Anticorrupción, ponía ya sobre la mesa lo que opina el tribunal sobre el caso Púnica: la instrucción empieza a estar, si no lo está ya, agotada. Y así lo ha expuesto el magistrado en un reciente auto de esta semana, aparte de archivar las pesquisas con respecto a Indra como persona jurídica en el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Aguirre.

El Ministerio Público alegaba que las nuevas diligencias que proponía eran pertinentes y entendía que la investigación sigue abierta "hasta que finalicen los plazos fijados por la ley para su conclusión". El juez discrepa y remarca que una cosa es que los plazos de instrucción no hayan concluido y otra muy distinta es que la investigación esté ya "agotada". "Si se estuvo en condiciones de poder finalizarse el 27 de agosto de 2020, con mayor razón se debería estar en situación de hacerlo en este momento", afirma, insistiendo en que la Sala ya expuso la "necesidad de finalizar la instrucción de esta pieza".

Fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre son conscientes de que las últimas decisiones de la Sala y el magistrado abocan a un cierre próximo de la instrucción de la macrocausa. Unas piezas lo harán antes que otras, pero están de acuerdo en que la investigación de los casos no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Ahora, lo que tiene que abordar el Ministerio Público es la ordenación de los hechos en cada una de las piezas y pronunciarse sobre qué investigados deben ser procesados y sobre quiénes se solicita el sobreseimiento para poner sobre la mesa del juez sus conclusiones provisionales. Fuentes jurídicas confirman que García Castellón está esperando a recibir los escritos de la Fiscalía.

Según las fuentes consultadas, el cierre de la investigación no llegará hasta que pasen los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pues hay una regla no escrita en los tribunales según la cual éstos no suelen tomar ciertas decisiones que puedan interferir o influir en el desarrollo de procesos políticos como puede ser una campaña electoral. En todo caso, prevén que tras el 4M se aceleren los acontecimientos con respecto a esta macrocausa de corrupción.

¿Qué pasará con Aguirre?

De todo el caso Púnica, la pieza 9 ha sido la más mediática en los últimos años. Las comparaciones con la existencia de una caja b en el PP nacional, ya confirmada por el Tribunal Supremo, son inevitables: dos gerentes, Luis Bárcenas en el nacional y Beltrán Gutiérrez en el regional, que iban anotando entradas de dinero en efectivo que escapaban al control fiscal y engrosaban una contabilidad opaca para financiar campañas electorales. Lo que está por ver es si Esperanza Aguirre es finalmente procesada por haber sido supuestamente la supervisora de esa financiación ilegal que le habría servido para financiar campañas en 2007, 2008 y 2011, tal y como concluían tanto el juez como Anticorrupción cuando fue imputada en septiembre de 2019. Aparte de ella, están también investigados otros dos expresidentes madrileños, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además del ex secretario general y exconsejero Francisco Granados, entre otros.

La tesis de los investigadores es que Aguirre "ideó la búsqueda de recursosque financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" y que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba el auto de imputación. La "estrategia" –añadía– era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Aguirre siempre ha negado la mayor y en este tiempo sólo la han señalado tres personas condenadas o investigadas en el caso Gürtel: la administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Casualmente, los tres tienen como abogado al mismo letrado que acaba de contratar Bárcenas, quien también ha acusado a la expresidenta de, entre otras cosas, aceptar un sobre con 60.000 euros de un empresario. Tanto ella como el constructor lo niegan y él ya ha sido exculpado. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha mostrado partidaria de seguir buscando más indicios contra la expresidenta.

La declaración del empresario señalado por Bárcenas, que tuvo lugar el pasado jueves, puede ser de las últimas que tome el juez en la pieza 9 de PúnicaPúnica. La macrocausa tiene otras diez líneas de investigación que comenzaron a abrirse en 2014, tras la detención de Francisco Granados, que es precisamente el que da nombre al caso –punica granatum es el nombre científico del árbol de la granada–, y del constructor David Marjaliza por los negocios que habrían hecho juntos cuando el primero era alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, antes de entrar en el Gobierno de Aguirre en 2003. 

Pieza 1. El chivatazo de un guardia civil a Granados avisándole de que estaba siendo investigado. Es la única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del exconsejero a dos años de prisión y de dos agentes. Granados ya había cumplido con creces la condena debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Pieza 2. La rama leonesa de la trama. Trata de adjudicaciones irregulares a las empresas de reputación online vinculadas al llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

Pieza 3.  Hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en Murcia. Están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero Juan Carlos Ruiz. Esta línea de indagación salpicó al expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, que acabó dimitiendo. Sin embargo, el juez García Castellón acabó archivando las diligencias contra él, contra el criterio de Anticorrupción y las acusaciones populares.

Pieza 4. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades urbanísticas en Valdemoro, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados como alcalde. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama. 

Pieza 5. Hechos concernientes a contratos menores en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama corrupta. 

Pieza 6. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios ayuntamientos como Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. Están imputados exalcaldes y otros cargos de los municipios afectados, así como directivos de la empresa.

Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de 47 ayuntamientos madrileños entre 2004 y 2014 con la empresa de eventos musicales Waiter Music. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO, Urbaser, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes así como mítines y actos del PP. José Luis López Huerta Balbuena, propietario de esta empresa recientemente fallecido, reconoció en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios. El pasado septiembre, el juez citó a declarar como imputados a exalcaldes y otros cargos, entre ellos David Erguido, ex teniente de alcalde de Algete en el momento de los hechos, motivo por el cual dejó su escaño de senador.

Pieza 8. Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre: consejerías de Transportes, Presidencia y Justicia e Interior.

Pieza 9. Posible financiación ilegal del PP de Madrid tras la llegada de Aguirre a la Presidencia a través de varias vías: contratación a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y del Canal de Isabel II, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a Indra a cambio de comisiones, desvío de dinero procedente de la cláusula del 1% –fundamentalmente desde las consejerías de Sanidad y Transportes–, y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), entidad ligada al partido.

Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero público por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas administraciones públicas y empresas.

Pieza 11. La última línea de investigación versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid. 

Casi siete años después de que comenzara la investigación, el caso Púnica sigue más vivo que nunca en la Audiencia Nacional. Así lo demuestra el intenso calendario de citaciones que ha previsto el juez Manuel García Castellón para las próximas semanas, con 24 imputados, 31 testigos y dos peritos que irán desfilando por el tribunal con sede en la calle Génova de Madrid a lo largo de enero y febrero para seguir indagando en varias de las piezas abiertas todavía en esta macrocausa de corrupción, cuyo plazo de instrucción finaliza el próximo verano, aunque podría prorrogarse.

En esta amplia ronda de declaraciones, en la que figuran exalcaldes y otros antiguos cargos municipales del PP que habría participado o tenido relación con las actividades desplegadas por la trama corrupta, empresarios, además del que fuera uno de los cabecillas de la misma, el constructor David Marjaliza, que desde hace años colabora con la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, lo que le ha enfrentado con el fuera su principal colaborador en el partido conservador, el exdirigente madrileño Francisco Granados.

De todas las piezas del caso, quizá la número 9 es la más mediática por ser la que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y en la que están imputadas las expresidentas autonómicas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pero no es ni mucho menos la única sobre la que se indagará en las próximas semanas. Este intenso calendario hace pensar que el magistrado quiere ir acelerando el final de la instrucción de algunas de las piezas más avanzadas, como son la que indaga en los contratos de reputación online de políticos que ofrecía el conseguidor de la trama Alejandro de Pedro y para los que se habría destinado dinero público, las adjudicaciones supuestamente amañadas en municipios a las empresas Cofely y Waiter Music o la investigación de la trama que saqueó, entre 2002 y 2014, 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados.

En el auto del verano pasado en el que García Castellón dejó sin efecto el fin de la instrucción en virtud de la última reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que extiende los plazos de investigación de las causas penales, el juez ya adelantó que realizaría un "estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento", que supera la decena, para adoptar en su caso la resolución que corresponda. Es decir, renunciaba a dar cerrojazo a la instrucción de la macrocausa en conjunto, si bien podría finiquitar determinadas piezas que considere ya concluidas, siguiendo con la investigación de otras.

Aunque el caso Púnica nunca ha estado parado del todo en cuanto a comparecencias de imputados y testigos se refiere, el magistrado ha acordado una intensa tanda de declaraciones que comenzará el próximo 18 de enero y prevé finalizar el 22 de febrero. Poco más de un mes para tomar declaración a un total de 57 personas, según la diligencia de ordenación. Entre los investigados están los exalcaldes del PP Juan Antonio Bataller (Castellón), Juan Carlos Boza (sucesor de Granados en Valdemoro), Narciso de Foxá (Majadahonda) y Ana María Kringe (Denia), aparte del exdiputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto, por hechos concernientes a las supuestas adjudicaciones fraudulentas a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa para trabajos dirigidos a mejorar la imagen de políticos en Internet, hechos que se examinan en la pieza 10 del caso Púnica.

Desviación de fondos

La línea de investigación referida a la existencia de una supuesta caja B en el PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre se abordará, el 25 de enero, con la comparecencia de Álvaro de Arenzana, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) entre 2005 y 2011, un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejería de Economía que fue presuntamente el vehículo para desviar fondos públicos para esa posible financiación opaca del partido en la región, fondos que se habrían utilizado para el pago de campañas electorales de la expresidenta. Arenzana es, además, exyerno del cantante Raphael.

Miguel Ángel Valdepeñas, quien fuera viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y vicesecretario de Organización Territorial del PP regional, está citado por los contratos a dedo de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa de eventos Waiter Music, en la pieza 7 de Púnica, la misma en la que está imputado, por su etapa como concejal de Algete, el ya exsenador del partido conservador David Erguido, quien dimitió a finales del pasado mes de septiembre. Era uno de los hombres de confianza de Pablo Casado en la Cámara Alta, ya que ambos trabaron amistad las Nuevas Generaciones del PP de Madrid y crecieron políticamente en el aguirrismo.

De la pieza 11, en la ronda de declaraciones destaca, el 27 de enero, Alfonso Ferrón del Río, propietario de Alfedel S.L., la empresa que, según sospecha el juez, se utilizaba para constituir cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, incluido el acceso a cuentas bancarias para hacer pagos de servicios. El empresario cargaba supuestamente facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama, las de David Marjaliza y José Luis Capita, y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él se procuraba ingentes beneficios. Marjaliza y Capita, ambos imputados, han sido también citados. Según la investigación, los fondos que Alfedel obtuvo de 19 cooperativas fueron de unos 19 millones de euros, mientras que las empresas vinculadas a Marjaliza y Capita habrían obtenido aproximadamente 12 millones.

Cerrará este intenso calendario de comparecencias uno de los más recientes imputados en la trama de corrupción Púnica: exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la empresa poseía en Valdemoro, una operación que benefició sobre todo a uno de los socios del entonces alcalde Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de PúnicaPúnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre del exregidor.

En el marco de esta investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, la pieza número 4, dos acusaciones populares, Adade y PSOE, recusaron al juez García Castellón por su vinculación con El Corte Inglés, ya que presta "servicios de tutoría online" en un centro universitario "perteneciente y dependiente" de la compañía. El magistrado entendió que no concurrían en este caso "ninguno de los supuestos" legalmente fijados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que justificarían la abstención legal", por lo que no se llegó a apartar de la investigación.

Tres investigaciones actualmente abiertas en la Audiencia Nacional y que afectan directamente al PP tienen un nexo en común, un nombre que viene saliendo a colación en las tres causas: Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero Luis Bárcenas y antes del ex secretario general del partido en Madrid Francisco Granados. Las tres investigaciones son la supuesta caja B del PP, que se abrió a raíz de la instrucción del caso Gürtel, la trama de corrupción Púnica y la pieza 7 del caso Villarejo en la que se indaga sobre la operación Kitchen.

En todas estas causas, el nombre de Sergio Ríos ha salido a relucir en algún momento. La que investiga el operativo parapolicial sin control judicial para espiar al extesorero y averiguar si se había llevado información sensible que podía afectar al PP cuando fue despedido del partido fue la primera en la que salió a relucir al ser un personaje crucial en la trama, pues habría sido el confidente captado por los comisarios implicados debido a su condición de conductor en aquellos momentos y a su estrecha relación con Bárcenas y su familia.

De lo investigado en los dos años que lleva abierta la pieza 7 del caso Villarejo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la operación Kitchen costó a las arcas públicas al menos 53.000 euros procedentes de los fondos reservados, lo que le habrían pagado al entonces chófer y ahora policía nacional: 2.000 euros al mes durante dos años por facilitar toda la información que pudiera sobre los movimientos de Bárcenas, lo que sirvió para robarle dispositivos electrónicos como teléfonos móviles.

La sospecha de los investigadores es que esa información sensible que querían sustraer a Bárcenas hacía referencia a la presunta contabilidad opaca del PP que el extesorero habría controlado durante años. De ahí que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya requerido todas las pruebas recabadas por la investigación de la operación Kitchen que pudieran ser de interés para la causa que todavía instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre esa caja B del PPoperación Kitchen. 

En su último informe, la Policía destaca, entre otras cosas, la importancia de los soportes digitales que le fueron intervenidos recientemente a Sergio Ríos, en una parte de la investigación de la Kitchen que continúa secreta y por la que el chófer estuvo declarando en la Audiencia Nacional la semana pasada. También solicita la recopilación de información del disco duro en el que Ríos y uno de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo –hombre de confianza de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal–, descargaron información conseguida con el espionaje al extesorero del PP.

David Marjaliza facilitó el nexo con la PúnicaPúnica

La conexión entre ambas investigaciones está, pues, clara. Pero no son las únicas causas en las que ha aparecido el nombre de Sergio Ríos: poco después de la apertura de la pieza 7 del caso Villarejo, el constructor David Marjaliza, uno de los principales investigados en la trama Púnica, otra de las macrocausas de corrupción de la Audiencia Nacional, declaró en sede judicial que su exsocio Francisco Granados le pidió dar con Sergio Ríos porque el comisario José Manuel Villarejo quería interceptar una documentación. 

De ahí que el PSOE, personado como acusación popular en las tres mencionadas causas de corrupción, haya solicitado al juez de la Púnica, Manuel García Castellón –el mismo a cargo del caso Villarejo–, que cite a declarar como testigo a Marjaliza para que explique esas afirmaciones, en las que también aseguró que consiguió un piso con rebaja en la localidad madrileña de Valdemoro para el que fuera chófer de Bárcenas.

Fue a preguntas del abogado de Granados cuando el empresario afirmó que Granados le comentó que necesitaba localizar a su anterior conductor, Sergio Ríos, porque así se lo había pedido a su vez el comisario Villarejo, ya que le necesitaba para interceptar una documentación. Los conductores de Granados y Marjaliza, según apuntó éste, eran amigos íntimos porque habían pasado largas horas esperando por ellos. Según explica el PSOE en su escrito, Marjaliza indicó al juez que el exdirigente del PP madrileño también le dijo que debía vender a Ríos un piso en el mismo bloque en el que se lo había vendido a su conductor. Marjaliza así lo hizo y además le hizo una rebaja de 3.000 euros que no procedía legalmente porque era de una subvención municipal.

"De ser cierta la información, es absolutamente relevante, pues da indicios de cómo se contrata a Sergio Ríos y que no sólo se le recompensa con pagos mensuales y una plaza en la Policía, sino también con el acceso a la propiedad de un piso, ya de por sí complicado, pero además, con rebaja", señala el PSOE en el escrito remitido a García Castellón.

La representación legal de los socialistas solicita, por tanto, la testifical de Marjaliza y que se le requiera toda la documentación que tenga sobre el asunto. En concreto, hace referencia a los correos electrónicos en los que se facilitaba los DNI de Sergio Ríos y su esposa para los trámites de adjudicación de la vivienda, así como los datos de la notaría en la que se firmó la escritura pública a los efectos de requerir la misma. También pide al juez que el constructor aporte los datos necesarios para poder citar a declarar como testigo al que había sido su chófer y supuestamente amigo y vecino de Ríos.

David Marjaliza, el arrepentido de la Operación Púnica cuyas revelaciones mantienen contra las cuerdas al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y al propio partido, se ratificó este martes en lo que ya había avanzado en declaraciones anteriores: que además de a Granados pagó entre 1999 y 2002 por operaciones urbanísticas a alcaldes y concejales del PSOE y a un edil de IU.

Los papeles que el propio Marjaliza aportó en junio al juez de la Audiencia Manuel García Castellón como extraídos de su contabilidad cifran por encima del millón de euros las cantidades que en ese periodo habrían desembolsado él y sus socios por mordidas urbanísticas. Este martes, el empresario insistió en que la tarifa se situaba en 1.000 euros por cada vivienda cuya construcción quedase autorizada, aunque no ofreció cifras globales según distintas fuentes. Remarcó que el partido que mandaba en cada ayuntamiento cobraba más que los de la oposición. Y que a la hora de pagar también se tenía en cuenta el peso de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, en los distintos consorcios urbanísticos creados para el desarrollo de determinadas áreas de cada municipio.

Marjaliza sostiene que entregó personalmente elevadas cantidades a Granados, por aquellas fechas alcalde de Valdemoro, y a un edil de IU de ese mismo municipio madrileño y a quien el empresario identifica como Felipe Rodríguez. En el caso de las localidades de Parla y Pinto, entonces gobernadas por el PSOE, Marjaliza asegura que dio el dinero a dos intermediarios: José Antonio Alonso y José Luis Capita, ambos imputados. Su misión consistía, mantiene Marjaliza, en hacérselo llegar a los respectivos alcaldes: Tomás Gómez, entonces al frente del ayuntamiento de Parla, más adelante secretario general del PSOE madrileño entre 2007 y 2015, ahora alejado de la política y cuyo entorno niega de forma tajante las acusaciones que Marjaliza le dirige desde el inicio de la causa; y Antonio Fernández, regidor de Pinto.

¿Tiene el antiguo socio de Granados certeza de que Gómez y Fernández recibían esos fondos? Fuentes cercanas a Marjaliza responden que no. "Pero lo lógico es que así fuera", agregan. ¿Por qué? Porque los intermediarios le hacían saber a él y a sus socios que en tal municipio se iba a iniciar el proceso para adjudicar la construcción de viviendas y a partir de ahí "se decidía pagar". Ni Felipe Rodríguez, ni Tomás Gómez ni Antonio Fernández figuran entre los investigados. 

En 2017, un informe de la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba que la venta de suelo para desarrollo residencial también “sirvió para engrosar presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE". Es decir, de los partidos "con ediles que eran miembros del consejo de administración del respectivo consorcio urbanístico”.

Pese a que este martes Marjaliza se reiteró en esa línea, su principal objeto de ataque continúa siendo Francisco Granados, el primero alcalde y luego consejero de Esperanza Aguirre que durante años manejó buena parte del urbanismo madrileño a través de la empresa pública Arpegio. Durante su comparecencia hubo un momento de tensión cuando como ejemplo de lo que sucedía mencionó cómo una finca con vivienda de la madre de Granados había ido mejorando de forma ostensible. Esa mejoría, dijo para enfado del abogado de Granados, Javier Vasallo, no se explica con la pensión que cobra una viuda.

El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en el caso Púnica de corrupción, ha entregado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los libros contables de algunas de sus sociedades y correspondientes a los ejercicios de entre 1999 y 2003 que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

Según la documentación, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Europa Press, se trata de los libros contables pertenecientes a las sociedades Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios, S.L. (AGPI, SL), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, S.L. (EPG, SL), Técnica de Promoción y Construcción, S.A. (TPC), Gestión de Técnica y Ordenación Urbana, S.L. (GTO), Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción, S.A. (APCC), y MUSARA 1057, S.L.

Tal y como explica la defensa de Marjaliza en un escrito al juzgado, "esta documentación no es sino la documental contable que en su día la fuerza actuante revisó durante las entadas y registros practicadas, y que entendió que no era de interés para la causa, debido a que, sin la identificación de los nombres en clave de los participantes, no sería posible relacionar las entradas de los libros aportados con los hechos investigados".

En los libros ahora entregados por el investigado "aparecen las claves que se establecían en función de la localidad de la obra o adjudicación, para registrar el destinatario de las dádivas" que pagaban las empresas de Marjaliza a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Fin de la instrucción

Ahora, esta nueva documentación será estudiada por el juez y las fiscales anticorrupción para decidir si los posibles delitos están prescritos o si tiene valor probatorio en esta macrocausa cuya instrucción está ya cerca de concluir. Antes de la pandemia de coronavirus, el plazo estaba fijado para su finalización el 6 de junio, si bien el parón de la actividad judicial por el estado de alarma ha hecho que el magistrado instructor haya alargado la investigación el tiempo en que los plazos procesales han estado parados, es decir, hasta el 27 de agosto.

El documento incluye alusiones a cuatro documentos diferentes, el primero de ellos relativo al grupo empresarial de Pinto Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios S.L. (AGPI) por la construcción de un apartahotel en el municipio en septiembre y octubre de 2002, momento en el que este Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE. La suma de los pagos realizados por este grupo alcanza los 300.504 euros.

Así, el 27 de septiembre el cuaderno refleja cuatro anotaciones de salida de banco ingresadas en caja por un total de 240.404 euros y en la misma fecha la relativa a un pago por la misma cantidad con el concepto PP1 (Pinto Principal 1) en referencia al PSOE de Pinto. Se adjunta un documento con el plan financiero del apartahotel donde se puede apreciar una partida que refleja el título "Incremento de Suelo".

En un segundo capítulo, el escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional se refiere a otro libro de cuentas referido a la empresa Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana S.L. (EPG), cuya única anotación es de 31 de diciembre de 2002 y refleja otros 240.404,84 euros. Se trata, según el empresario, del pago que hizo el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, por el cambio de clasificación y calificación del sector denominado R9-Norte.

El tercer libro contable entregado es el relativo a la sociedad Técnica de Promoción y Construcción (TPC) correspondientes principalmente al año 2002, que registra el pago total 626.026,78 euros a formaciones políticas de Parla, Getafe y Valdemoro.

Marjaliza explica que se pagaron facturas a los socialistas de Parla o de Valdemoro como se puede ver en la anotación con fecha del 5 de septiembre bajo el código VS1, que significa "Partido Socialista de Valdemoro", a quienes se les abonaron 6.010 euros para afrontar el "gasto de publicidad". Pero también del Partido Popular en Getafe (GP1), Valdemoro (VP1) y Parla (PP1).

El objetivo de algunos de estos abonos era la adjudicación de parcelas o viviendas. Así se puede ver en los tres pagos realizados entre julio y septiembre de 2002, por el importe de 60.100 euros cada uno de ellos, bajo la clave "PS1", que "debe traducirse como Parla Socialista" y que están relacionadas con el "pago de cantidades por la adjudicación" de 196 viviendas.

Estas anotaciones revelan además que a finales de septiembre de 2002 el PSOE de Parla tuvo que devolver 240.404 euros porque, según explica el empresario en su escrito, no se cumplió el compromiso de adjudicar dos parcelas –solo se concedió una–. No obstante, en 2003 se adjudicó en otro concurso otra parcela, por lo que "en este momento se volvió a pagar las cantidades exigidas", indica Marjaliza.

El escrito presentado en la Audiencia Nacional también destaca que el libro contable de TPC refleja los pagos de regalos a políticos y trabajadores municipales por Navidad, tal y como se puede ver en la anotación con fecha del 24 de diciembre de 2002, bajo el nombre "Campaña Navidad" por la cuantía de 22.510 euros.

La contabilidad del empresario también reflejó que, con fecha 31 de diciembre de 2.002, se abonó 15.025 euros a la formación de Izquierda Unida (IU) en Valdemoro; 72.200 euros a los conservadores de la misma localidad; y 48.000 euros a los socialistas.

Un cuadro para Tomás Gómez

Otro de los libros contables entregados ha sido el de Gesintra, sociedad gestora que se constituyó con personas vinculadas al exdiputado socialista José Antonio Alonso --también imputado en la causa-- y a Lorenzo Sánchez para adjudicación de viviendas en Parla, que registra pagos por el importe total de 219.838,61 euros.

Entre las anotaciones de este libro se encuentra el pago de 6.000 euro al PSOE de Aranjuez, bajo el código AS1, en diciembre de 2002, pero destaca la cantidad de 3.485 euros que solicitó Alonso para comprar un cuadro, como regalo de Navidad, para el entonces alcalde de Parla, Tomás Gómez.

Pagos millonarios a Granados

Por ultimo, el informe dedica un epígrafe a un cuaderno de anillas que refleja pagos a Francisco Granados de hasta 805.356 euros actuales realizados en los años 1999 y 2000, coincidiendo con su etapa como alcalde de Valdemoro.

Así, el cuaderno refleja el pago por la operación "El Airón" en 20 parcelas del municipio, por las que la sociedad Gestión Téncia y Ordenación Urbana se pagó al que fuera secretario general del PP en Madrid 17 millones de las antiguas pesetas (102.172,06) euros, a los que se sumaron otros 17 millones en enero de 2000. Por conseguir una licencia para una gasolinera (se precisó un cambio de uso en el estudio de detalle) en la calle Aguado de ese municipio Granados obtuvo 25 millones de la misma empresa (150.253,03 euros).

Un segundo apartado, sobre la sociedad EPG S.L refleja otro pago a Granados en septiembre y octubre de 2000, por 45 millones de pesetas (270455,45 euros), mientras que el último apunte suma otra comisión más para el entonces alcalde de Valdemoro, de 30 millones de pesetas (30 80.303,63 euros que le habría abonado APCC por la adjudicación por concurso público de la parcela del Sector 4 RESTON D.1.2C para uso hotelero.

El titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, interrogará el próximo 12 de marzo en calidad de investigado al constructor David Marjaliza, quien fuera socio del ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados e investigado en la trama de corrupción Púnica, por beneficiarse del 'chivatazo' de un guardia civil que les alertó de que estaban siendo investigados y quemar documentos que podían perjudicarle en este procedimiento.

La citación supone la reapertura de una causa que el juez Martín Gil archivó y que ahora debe reactivar por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 12 de febrero acogió un recurso de Granados y del guardia civil en excendencia José Luis Caro Vinagre –condenados ambos en firme por el mencionado 'chivatazo– contra el archivo de la denuncia que ambos habían interpuesto contra Marjaliza, su secretaria y una tercera persona considerada testaferro del empresario.

Los interrogatorios de los denunciados David Marjaliza, Ana María Ramírez Fernández y Eduardo de la Peña se han señalado para el próximo 12 de marzo a las 10:45, 11:45 y 12:45 horas de la mañana, respectivamente, según el auto del juez instructor al que ha tenido acceso Europa Press.

La denuncia contra su exsocio y sus colaboradores fue presentada por Granados el pasado mes de abril y se basa en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirmada después en el Tribunal Supremo que condenó a Granados y Caro por ese chivatazo, la única pieza del caso Púnica que se ha juzgado por el momento. Fueron condenados a dos años y un año y medio de prisión, respectivamente.

Quemar papeles en un "día de niebla"

Para la defensa de los denunciantes, es inexplicable que habiendo quedado probado en ambas instancias que Granados avisó a Marjaliza de que le habían puesto vigilancia en la puerta de su oficina y constando asimismo que éste se lo comunicó a su secretaria y a De la Peña para que le ayudasen a destruir documentación –"tres carros" de papeles que ardieron "un día de niebla"– ninguno de ellos fuese imputado ni juzgado por el mismo delito de revelación de secretos.

Según el auto del juez Martín Gil, que tiene fecha del pasado martes 18 de febrero, la decisión inicial de archivar las actuaciones sin siquiera tomar declaración a Marjaliza -al considerar que el asunto no tenía trascendencia penal alguna- debe decaer "tras imponerse el de la superioridad que reconoce que los denunciantes han aportado indicios al sostener que los denunciados se han beneficiado de la información secreta obtenida irregularmente y que les determinó a cambiar de hábitos en sus comunicaciones y contactos, así como a destruir fuentes de prueba, con la finalidad de eludir una investigación judicial en curso".

El juez debe acoger también el criterio de la Audiencia de que deben atenderse también otros indicios de delito como la transcripción de las conversaciones telefónicas intervenidas, testimonios de las actas de las sesiones del juicio oral, la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y también la del Tribunal Supremo que confirmó las condenas para el exdirigente popular y dos miembros del instituto armado que partiparon en los hechos.

"Es por ello que, teniendo en cuenta que lo acordado y mandado por la superioridad sobre el pronunciamiento de la actividad probatoria solicitada por los denunciantes en su escrito inicial (...9 resulta necesario acordar la práctica de la totalidad probatoria allí pedida con la sola exclusión, por ahora, de la ya practicada declaración de los denunciantes", concluye el auto del instructor.

El arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, ha declarado ante el juez que fue Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño y con quien compartía amistad y negocios, quien le pidió que localizara al que había sido su chófer, Sergio Ríos, porque el comisario José Villarejo lo necesitaba para “interceptar” documentación en poder de Luis Bárcenas. Ríos se convirtió en conductor habitual del extesorero del PP y, según lo investigado en lo que ya se conoce como Operación Kitchen, desempeñó un papel relevante en la vigilancia extraoficial a Bárcenas desarrollada durante el mandato de Mariano Rajoy por la llamada policía patriótica, en la que Villarejo ocupaba un lugar preeminente.

Sin dar fechas y según fuentes conocedoras de la declaración judicial, el arrepentido ha asegurado que Granados le hizo esa petición porque sabía que Sergio Ríos, que había sido su chófer en su etapa como consejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que ya no trabajaba para la Comunidad de Madrid, era amigo del conductor de Marjaliza, Pedro H. Una vez puso en contacto  con Granados a Sergio Ríos, a quien –ha dicho– él mismo le había vendido un piso en Valdemoro, Marjaliza no supo más del asunto.

Granados, ha remarcado Marjaliza, era amigo de Villarejo y mantenía con él una fluida relación. Tanto –ha declarado– que cuando a finales de 2013 supieron que Suiza había alertado a España de que el entonces senador del PP tenía una cuenta abierta en ese país, Villarejo los puso a ambos en contacto con el bufete de Ernesto Díaz-Bastien. Según Marjaliza, Díaz-Bastien les presentó a su vez a sendos abogados suizos. Díaz-Bastien ejerció la defensa del propio Villarejo desde su encarcelamiento en noviembre de 2017 hasta octubre de este año. Este diario ha contactado con el bufete para conocer su versión sin obtener una respuesta.

Según Marjaliza, Granados y él mismo se reunieron dos veces con Villarejo para tratar de los problemas surgidos con la cuenta suiza. La segunda cita, ha dicho, tuvo lugar en un hotel del madrileño Paseo de la Castellana.

Fuentes presentes en la declaración han explicado que el abogado de Granados, Javier Vasallo, ha mantenido un durísimo enfrentamiento con Marjaliza. Al tiempo que desmentía de forma categórica cada una de sus afirmaciones, Vasallo ha disparado a  Marjaliza una pregunta retórica para desacreditar sus revelaciones: “Usted lee mucha prensa, ¿verdad?” El abogado buscaba referirse así a todo lo que se ha ido publicando en relación a la Operación Kitchen: es decir, al papel del chófer de Bárcenas como espía con cargo a los fondos reservados y al asalto a su vivienda y posterior secuestro que sufrieron la esposa de Bárcenas, su hijo y la asistenta doméstica, a quienes un delincuente disfrazado de cura mantuvo retenidos con la exigencia de que le entregasen los documentos cuya posesión atribuía al extesorero.

El constructor y cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado este miércoles en el Congreso que tiene "un arrepentimiento sincero" por su participación en los presuntos amaños de contratos de obras en varios municipios de la Comunidad de Madrid y ha reseñado que continuará colaborando con la justicia aunque le "peguen un tiro", informa Europa Press.

Así lo ha afirmado el empresario, exsocio del supuesto cabecilla de la red y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, durante su comparecencia en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que en sus últimas sesiones se está centrando en posibles ilegalidades cometidas por el PP de Madrid.

Marjaliza ha relatado que decidió colaborar con la justicia no por vergüenza, sino por "pena" hacia su hijo. Fue su abogado el que le hizo "abrir los ojos": "Me dijo que colaboraba o me quedaba en la cárcel 12 o 15 años. Mi hijo tenía en ese momento seis años. Las palabras de mi abogado me hicieron pensar que quería verlo crecer".

El empresario, quien ha mostrado un "arrepentimiento sincero" por su actuación, ha explicado que se dio cuenta de que estaba actuando de forma "incorrecta" incluso mientras participaba de estas presuntas corruptelas. "Muchas noches estuve sin dormir antes de que me detuviera la Guardia Civil", ha señalado Marjaliza, a lo que ha añadido que, no obstante, era "complicado bajarse del tren que iba a 300 kilómetros por hora", ya que "si no pagaba comisiones no tenía obras".

"Otros empresarios callan mientras no les llega el tiro"

En cualquier caso, Marjaliza ha puntualizado que a él solo le dieron "un trocito de tarta muy pequeño" de todos los contratos de obras presuntamente amañados en Madrid. En este punto, a preguntas del diputado de ERC Joan Tardà, ha detallado que hay empresarios relacionados con estas supuestas irregularidades que, de momento, "callan mientras no les llega el tiro", y que estas prácticas se extendían no solo al PP, sino también a PSOE e IU de varias localidades madrileñas.

Durante el interrogatorio del comisionado catalán, Marjaliza ha reiterado en varias ocasiones su "arrepentimiento sincero", llegando incluso a afirmar que si volviera a nacer no actuaría de la misma forma, ya que "no vale la pena".

"No soy un buen parlamentario, no tengo dialéctica pero lo digo todo de corazón. Podrán intentar tirar mi imagen pero voy a seguir colaborando con la justicia, voy a llegar hasta el final aunque me peguen un tiro", ha revelado el constructor, quien ha reconocido que ha sufrido amenazas pero que no tiene "la certeza absoluta" de que provengan del entorno del Partido Popular.

Tampoco sabe si provienen de antiguos y presuntos miembros de la trama, como el empresario Javier López-Madrid, quien fue acusado por la doctora Elisa Pinto de ordenar que la apuñalaran después de que ella le denunciara por supuesto acoso sexual. Preguntado expresamente por la diputada de Podemos Carolina Bescansa si teme que le suceda algo parecido, Marjaliza ha señalado que prefiere "no poner nombres" a los autores de esas amenazas, pero ha reconocido que tiene miedo sobre todo por su familia.

En este sentido, Marjaliza ha confirmado que el Ministerio de Interior le ha puesto protección policial después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le trasladara a este Departamento su preocupación por las amenazas que estaba recibiendo tanto el investigado como su familia.

Los documentos remitidos a España por la justicia suiza sobre la cuenta que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, mantuvo oculta en el BNP Paribas de Ginebra con hasta 1,6 millones de euros no solo torpedean su versión sobre la fecha en que realmente ordenó cerrarla sino que revelan un dato desconocido hasta ahora y al que ha tenido acceso infoLibre.

En 2005, cuando según Granados él mismo dio al BNP instrucciones para clausurar la cuenta, el político y ahora principal investigado en Púnica dio un paso indicativo de que, lejos de romper amarras con la entidad suiza, preveía seguir operando con ella. El 5 de julio de ese año abrió lo que en la jerga bancaria se conoce como una subcuenta o cuenta asociada a través de la cual canalizó hasta dos años más tarde la compraventa de valores.

El exconsejero madrileño y ex secretario regional del PP no dio al BNP instrucciones para clausurar “definitivamente” el depósito original –y por tanto la cuenta asociada– hasta el 29 de junio de 2007. Sin embargo, Granados sostiene que pidió cerrarla en 2005. Pero que el banco se demoró dos años. Distintas fuentes conocedoras del caso y ajenas a él, pero familiarizadas con la operativa de los bancos suizos, consideran más que remota la hipótesis de que la clausura de una cuenta se viese diferida nada menos que durante dos años.

Como gestor de esa nueva cuenta asociada, Granados puso al ahora arrepentido David Marjaliza, entonces uno de sus mejores amigos y su socio secreto, extremo que el político niega pese a la acumulación de indicios y a que está fuera de toda duda que le otorgó poderes en Suiza. "Yo no he sido socio de ese señor jamás", proclamó este martes durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Un informe de la Policía Federal suiza (Fedpol), fechado en febrero de 2013, ya calificó de “sorprendente” que al BNP Paribas no le hubiese llamado la atención que fuese Marjaliza quien diera las órdenes de compra y venta de valores en la subcuenta de Granados pese a que el perfil elaborado por el propio banco describía al empresario como un “cliente discreto sin conocimientos financieros”. "Es posible –dice el informe de la Policía suiza– que las decisiones de compra y venta de acciones las tomara más bien Granados y que Marjaliza solo transmitiera sus instrucciones". Es decir, que actuara como mera pantalla.

Poderes para Marjaliza

La concesión de poderes a Marjaliza tuvo un efecto práctico inmediato: en esa subcuenta abierta en julio de 2005 y dependiente de la que Granados y su esposa habían abierto en marzo de 2000, cuando todavía no había cumplido un año como alcalde del municipio madrileño de Valdemoro, el político desapareció del primer plano. Y aunque ni él mismo ni su mujer dejaron nunca de figurar como derechohabientes ("beneficial owners", en el argot bancario y societario), el BNP pasó a denominarlos “exclientes” (“former clients”) en los formularios originales remitidos a la Audiencia Nacional.

La cuenta de Granados en el BNP recibió el 26 de junio de 2007 un abono de 1,28 millones de euros tras la venta de todos los valores que poseía el político. Tres días más tarde, remitió un escrito al banco en el que pedía el “cierre definitivo” del depósito. Los fondos fueron transferidos a una cuenta abierta por Marjaliza en otro banco suizo, el UBS, a nombre de una sociedad domiciliada en Costa Rica, Droz&Co.

Granados, con quien este diario contactó para recabar su versión sobre la subcuenta creada en julio de 2005, insistió el lunes en que la cuenta original “no tuvo fondos desde 2005 hasta que se venden los valores de la subcuenta”.

Este diario ignora por qué el antiguo dirigente del PP madrileño pone especial énfasis en reiterar que cerró la cuenta en 2005 y no en 2007, que es lo que indican los documentos de Suiza, y en remarcar que entre julio de 2005 y junio de 2007 los fondos ocultos permanecieron en la cuenta asociada que había abierto él mismo y no en la original.

Este martes, Granados repitió en dos ocasiones que la cuenta "se cerró en 2005". Lo hizo durante su ya referida comparecencia en el Congreso.

infoLibre no ha podido comprobar si, como afirma Granados, la cuenta original se quedó a cero en algún momento posterior a julio de 2005 y anterior al 26 de junio de 2007. Pero expertos tributarios consultados sobre la materia subrayan que la clave radica en que el beneficiario económico de la posición bautizada por el banco suizo con el nombre en clave de Laiker, e identificada con un solo número de cliente válido para la cuenta principal y la subcuenta, siempre fue Granados: antes y después de que Marjaliza constara como gestor de la nueva cuenta asociada.

Una de las fuentes cuya opinión recabó este diario se pronunció así: “Que abriera esa cuenta asociada para comprar y vender valores y en la que era Marjaliza quien tenía poderes de gestión pudo ser incluso una maniobra aconsejada por el banco para ocultar la verdadera titularidad del depósito en un momento en que EEUU estaba ya muy atento a operaciones sospechosas de blanqueo de capitales”. En julio de 2005, el BNP ya sabía que Granados era lo que se conoce como un PEP, siglas en inglés de persona políticamente expuesta. En su caso, expuesta en grado máximo dado que era nada menos que miembro del Ejecutivo regional de Madrid y número dos del partido gobernante en esa comunidad, el PP.

El presunto cerebro de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, no se presentó este martes a su cita en el Congreso donde debía comparecer a las 9.30 horas ante la comisión de investigación que investiga la presunta financiación ilegal del PP, alegando que está enfermo, según informó Europa Press.

Así lo anunció el presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien aceptó que cualquiera "se puede poner enfermo", pero no ocultó su malestar por la ausencia del compareciente.

Quevedo, quien explicó que se exigirá un "certificado médico" a Marjaliza para justificar su incomparecencia, avanzó que los miembros de la comisión van a dedicar los minutos que se habían reservado para la comparecencia con el fin de mantener un encuentro a puerta cerrada. En esta reunión, señaló, estudiarán si pueden tomar medidas para "velar por la dignidad" la comisión.

El siguiente, Granados

El segundo compareciente de esta sesión es el exsecretario general del PP de Madrid y supuesto cabecilla de Púnica Francisco Granados, quien no comunicó que no vaya a asistir al Congreso.

Eso sí, el propio Quevedo recordó que este lunes el también exconsejero de Presidencia no acudió a declarar a los Juzgados de Plaza de Castilla por la querella criminal que presentó contra él la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando la implicó en las supuestas campañas "paralelas" que el partido organizó en 2007 y 2011 para Esperanza Aguirre.

El exdirigente madrileño alegó que no había recibido la notificación del contenido de la querella ni la citación, por lo que junto a su defensa, decidió no presentarse.

El empresario David Marjaliza, uno de los principales investigados en la Operación Púnica y que hace ya meses decidió colaborar con la justicia, acaba de plantar "por enfermedad" a la comisión que en el Congreso investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Su abogado envió anoche a la Cámara un escrito en el que anunciaba que su cliente requiere varios días de tratamiento médico. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, no ha ocultado su enfado. Médico de profesión, Quevedo ha calificado de "insatisfactorio el papelito" adjunto al email del letrado, en referencia a la nota del facultativo aportada por la defensa de Marjaliza para acreditar que su cliente sufre una infección de las vías respiratorias. "Confío -ha avisado Quevedo- en que haya un parte de baja más sólido que este que se ha enviado aquí porque corremos el serio riesgo de que este tipo de situaciones se generalicen. Tendremos que buscar algún mecanismo". La comisión estudiará qué sanciones o medidas puede legalmente adoptar para que no se produzca una fuga de comparecientes.

Esta mañana también debe desfilar ante la comisión el principal investigado en Púnica, el exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y antiguo número dos del PP madrileño Francisco Granados. En su declaración ante el juez que instruye el caso, Granados desveló hace un mes la existencia de un sistema de financiación "paralela" para las campañas de Aguirre. E involucró en la obtención y uso de fondos opacos no solo a Aguirre sino a su primero delfín y luego sucesor , Ignacio González; y a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El lunes, Granados debía haber acudido a declarar ante el juez que ha admitido la querella formulada por Cifuentes a raíz de las palabras vertidas por Granados. Pero el también exalcalde de Valdemoro no se presentó a la cita. Adujo que no había recibido la notificación.

Nuevos documentos analizados por la Guardia Civil han afianzado las sospechas sembradas por el hoy arrepentido David Marjaliza cuando en enero aseguró ante el juez del caso Púnica cómo la adjudicación de tres obras del Metro de Madrid se había amañado a cambio de 3,6 millones en mordidas que se repartieron paritariamente él mismo, el entonces consejero de Transportes Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid. Detallados en un informe al que ha tenido acceso infoLibre,  esos papeles ponen ahora en el punto de mira al empresario leonés José Luis Ulibarri, acusado en una de las piezas del caso Gürtel pendientes de juicio y propietario de la empresa Begar, que en 2015 pasó a denominarse Elodea y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Para Ulibarri Anticorrupción pide siete años de cárcel por los presuntos delitos perpetrados en el municipio madrileño de Boadilla, justamente donde estalló el caso Gürtel en febrero de 2009.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ni siquiera menciona el nombre de Ulibarri, también copropietario de Radio Televisión Castilla y León SA, canal privado financiado por el Gobierno regional (PP) y que en 2012 fue objeto de un homenaje al que se sumó el entonces presidente de la Audiencia de León. Pero a lo largo de sus siete páginas, la Guardia Civil detalla extensamente cómo, a través de una de las empresas que usaba para cobrar comisiones, Marjaliza firmó un contrato con Begar el mismo día de 2004 en que la firma de Ulibarri obtuvo, durante el mandato de Granados como consejero madrileño de Transportes, una adjudicación de 12 millones para construir un tramo del Metro. Y reproduce un correo en el que el antiguo conseguidor pide al que durante años fue jefe de gabinete de Granados que  mire "si se puede hacer algo" por Begar.

Datado días después de que el antiguo amigo y socio de Granados desvelase ante el juez Manuel García Castellón los presuntos amaños en la ampliación del Metro, el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) se centra en dos paquetes de documentos: varios correos electrónicos cruzados por Marjaliza e Ignacio Palacios, que durante años fue jefe de gabinete del consejero y número dos del PP madrileño y a quien los investigadores consideran uno de sus presuntos testaferros; y dos facturas vinculadas al ya referido contrato, que fue suscrito con Begar por una de las empresas que Marjaliza utilizaba para canalizar el cobro de comisiones: Aruba Gestión SL. 

La misma fecha

Ese contrato, destaca el informe de la UCO, lleva exactamente la misma fecha en que Begar obtuvo del Gobierno de Madrid una adjudicación de 12 millones que finalmente se duplicó (26 millones en total) gracias al modificado del proyecto y a la ejecución de "obras complementarias". La adjudicación fue otorgada por Mintra, el ente público que gestionaba las infraestructuras de transporte y cuyos expedientes examina ahora con lupa la Guardia Civil. Para empezar, los investigadores ya han constatado "la ausencia de informes de contenido jurídico y/o normativo en los expedientes administrativos".

La existencia del contrato de Aruba y Begar afloró durante los registros a la sede empresarial de Marjaliza, cuya decisión de confesar le ha convertido en enemigo acérrimo de su paisano y antiguo amigo Granados. Allí, la Guardia Civil encontró dos facturas por importe global de 109.733,68 euros y cuyo concepto es el siguiente: "Factura según contrato firmado de fecha 18 de mayo de 2004". Esa fecha, prosigue el informe de la UCO, "se corresponde con la firma del contrato público adjudicado por Mintra a la mercantil Begar" para la ejecución del tramo dse conexión entre la línea 10 del Metro de Madrid y el Metro Sur, que da servicio a municipios de esa área.

Aunque del informe de la Guardia Civil apunta a que el contrato con Begar no era sino un disfraz para ocultar el pago de comisiones a Marjaliza por la adjudicación de la obra del Metro, otras fuentes que aseguran conocer lo sucedido sostienen que, en realidad, su objeto era otra mordida: "La que se pagó por la adjudicación del centro lúdico inaugurado en abril de 2005 en Valdemoro", auténtico feudo de Francisco Granados. Ese centro lúdico se financió con cargo al mayor plan regional de inversión pública, el Prisma. Y lo levantó Begar, la empresa de José Luis Ulibarri. 

Según esa fuente, que ofreció su versión a infoLibre bajo exigencia de anonimato, cuando Marjaliza giraba facturas contra las empresas en cuyo favor había realizado gestiones jamás lo hacía datándolas el mismo día en que se les hubiera adjudicado el contrato público por el que se habían declarado dispuestas a pagar un soborno. Emitidas siempre por servicios inexistentes, como confesó el propio Marjaliza ante el juez, el importe de esas facturas falsas equivalía a un 2% o un 2,5% del monto adjudicado.

El empresario Javier López Madrid ha negado este martes haberse repartido una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados de la trama Púnica, Francisco Granados y David Marjaliza, resultado del amaño en la adjudicación de unas obras de Metro Madrid, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

López Madrid, que ha declarado en calidad de investigado durante una hora y media ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ha precisado que las facturas que entregó el constructor el día de su última declaración judicial corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario en la localidad alemana de Dusseldorf, además de Parla y Valdemoro, este último epicentro de la trama.

El magistrado le había citado a declarar para este martes junto con el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a otras tres personas más después de que Marjaliza apuntara a un amaño en la adjudicación de contratos públicos en 2004, año en que Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes. Se refirió en concreto a las obras en Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro S.

Al respecto, el empresario ha entregado abundante documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 con la que pretende desmontar la versión del cerebro de la trama, según las fuentes consultadas. La misma vendría a poner de relieve las facturas que obran en la causa corresponden a operaciones inmobiliarias reales.

Mediador de OHL

A preguntas de las fiscales del caso, el investigado ha precisado que su labor consistió únicamente en poner en contacto OHL con Marjaliza, ya que el grupo de la constructora tenía exceso de empresas con diferente calificación y vendían activos para que la sociedad de Marjaliza pudiera presentarse a concursos.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, explicó en su auto de citación que, de las pesquisas desarrolladas se dedujo que Granados, "abusando de su posición" en el Gobierno madrileño garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones".

En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

Tras la declaración de López Madrid, el magistrado ha interrogado a Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, quien ha dicho que su labor dentro de la sociedad de Marjaliza era la relativa a la ejecución de obras y que nunca tuvo responsabilidad alguna en las decisiones sobre los pliegos.

Villar Mir nuega pagos al Gobierno de Aguirre

Antes del receso, han declarado cerca de una hora Juan Miguel Villar Mir, que ha negado el pago de comisiones al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre y donaciones en b al Partido Popular de Madrid asegurando que mientras fue presidente de OHL hubo "tolerancia cero" con la corrupción.

Además ha precisado que él nunca entregó comisiones irregulares a su yerno ni a terceros para que estos a su vez se la dieran al Gobierno regional y también se ha desvinculado del presunto pago de calificaciones de la sociedad Elsan, del Grupo Villar Mir, a Gravitum, propiedad esta última de Marjaliza.

Papel de Mintra

Para este martes estaba citado además Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, pero éste ha pedido la suspensión de su citación. Según el juez instructor, Trabada constituyó la empresa Bustren que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo, por López Madrid y por Granados. Mintra fue la entidad a través desde donde se adjudicaron los contratos licitados para la construcción determinadas líneas de Metro, de acuerdo con el auto del juez.

En su auto de citación, el juez recordó los correos cruzados en enero de 2011 entre Rafael Martín de Nicolás, que fuera ejecutivo de la constructora de OHL, López Madrid e Ignacio Palacios, entonces consejero de Arpegio, de cara a que la empresa Elsan, perteneciente al Grupo de Villar Mir, resultase adjudicataria de los contratos licitados por Arpegio.

A todos ellos se les investiga por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Ni Villar Mir, que ha sido el primero de los imputados en declarar, ni López Madrid han respondido a las preguntas de los medios de comunicación que les aguardaban a su llegada y salida de las dependencias judiciales.

El expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, haber pagado comisiones al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre a cambio de la adjudicación de unas obras de metro en 2004, tal y como apuntó en sede judicial el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, el empresario, que comparece en calidad de investigado, ha precisado ante el magistrado instructor que igualmente no hubo donaciones en B al PPB ya que, mientras fue presidente de la compañía, hubo "tolerancia cero" con la corrupción.

El juez que investiga la trama Púnica le había citado junto con otras cuatro personas más —entre ellas el empresario Javier López Madrid— por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida en el momento de los hechos por Francisco Granados.

Al respecto el empresario se ha desvinculado del presunto pago de calificaciones de la sociedad Elsan, del Grupo Villar Mir, a Gravitum, propiedad esta última de Marjaliza. Igualmente ha negado haber pagado comisiones a su yerno Javier López Madrid para que se las diera al Ejecutivo madrileño que dirigía Esperanza Aguirre.

Reparto de 3,6 millones de euros

En su declaración en sede judicial el pasado 17 de enero, Marjaliza dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa del constructor de tres obras de Metro de Madrid en 2004. Se refirió al Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

El mismo día de su declaración, Marjaliza aportó nuevas facturas a la causa que se investiga desde 2014 que constatan que López Madrid recibió del constructor la cuantía de dinero que le correspondía, a través de Vancouver Gestión SL. Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía relaciones mercantiles que en realidad no existían entre dicha sociedad, vinculada a David Marjaliza, y la de Javier López Madrid (Financiera Siacapital).

López Madrid, también llamado a declarar

Villar Mir ha sido el primero de los cinco citados en declarar y lo ha hecho por marco de una hora, tras lo cual ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional acompañado de sus letrados y sin hacer declaraciones a los medios que le aguardaban a su salida. El expresidente de Construcción de Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido el segundo en comparecer.

Tras ello el juez ha hecho un receso y reanudará a las 15.30 horas los interrogatorios con Javier López Madrid, Jesús Miguel Trabada, exconsejero delegado de Mintra (empresa pública ya extinta) y Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, empresa esta última vinculada al presunto cerebro de la trama, el constructor David Marjaliza.

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 Diego de Egea les citó a todos ellos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

OHL y su política cero con la corrupción

Por su parte, desde OHL defienden que Juan Miguel Villar Mir no ocupa ningún puesto en la constructora en la actualidad y que López Madrid tampoco ostenta ningún cargo directivo en la misma tras haber renunciado a su puesto como consejero en Obrascon Huarte Lain.

Igualmente señalan que el Grupo OHL mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción.

En este contexto afirman que "la totalidad de los procesos de licitación, adjudicación y contratación" de cualquiera de los proyectos han sido ejecutados "con la máxima transparencia, de acuerdo a la Ley".

El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez Morales, ha citado a declarar el próximo 19 de febrero a las 10.15 horas a los seis guardias civiles contra los que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados interpuso una querella por la omisión de investigar al que fuera su socio David Marjaliza por un presunto delito contra la salud pública.

Así consta en una providencia con fecha del 29 de enero de 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también se reclama que se aporten sus antecedentes penales. Asimismo, el juez pide a la defensa del exmandatario madrileño que presente en este juzgado la transcripción "en papel" de los documentos que adjuntó en el CD que acompañaba la denuncia.

Granados presentó una querella contra el que fuera su socio, David Marjaliza y otras dos personas por su presunta vinculación con el narcotráfico a tenor de lo recogido en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante la Operación Púnica. En este contexto, también interpuso otra querella contra seis agentes del Instituto Armado por no investigar estos hechos.

El letrado del exmandatario, José Javier Vasallo, explica en sendas denuncias, a las que tuvo acceso Europa Press, que a raíz de la investigación abierta por el caso Púnicase procedió a la intervención telefónica, seguimiento y vigilancia de los investigados, entre ellos el propio Granados y Marjaliza.

Estas escuchas telefónicas fueron reproducidas en el primer juicio de la Púnica, que se celebró en noviembre en la Audiencia Nacional por el chivatazo que supuestamente dieron dos guardias civiles a Granados acerca de que estaba siendo investigado y en el que el considerado conseguidor de la trama, David Marjaliza, declaró como testigo. Granados fue condenado por esta pieza a dos años de prisión por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secretos.

La vigilancia en la sede

Según refleja la denuncia dirigida contra los guardias civiles —que también testificaron en esa vista oral—, en uno de los informes redactados sobre los pinchazos telefónicos se expone que Marjaliza llamó a su secretaria, Ana María Ramírez, para comentarle la "vigilancia a la que se ha sometido a su sede social" y la atribuye a que "ha acudido dos veces a verle 'el cojo', un individuo cuyo hermano está en la cárcel por drogas".

"El Cojo" alude al empresario Eduardo Arellano, quien también aparece en el sumario de la trama Púnica por sus negocios con Marjaliza, y otro de los querellados por un delito contra la salud pública. La querella concreta hizo negocios con el exsocio de Granados para "ganar un buen dinero y grande", o intentaron pagar la fianza de 90.000 euros alguien al que llaman "el jefe", que fue detenido por la Audiencia Nacional en el aeropuerto de Barajas en agosto de 2014.

El letrado recuerda en dicha querella que "todos los miembros" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que declararon en el juicio "admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del señor Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción" y que de sus conversaciones se desprendía que tenía un contacto con el "mundo del narcotráfico".

Cooperación "en el más absoluto de los silencios"

"A pesar de la existencia de indicios delictivos no consta que los referidos agentes hayan iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público", dice la querella.

"Es más —prosigue Vasallo—, conocedores de estos hechos han contribuido y cooperado en el más absoluto de los silencios" para que Marjaliza obtuviera el "perdón tácito" o el "premio a la futura cooperación en todo lo que a la carta se precise o se necesite" en la instrucción que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Marjaliza "ha podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros conforme se declaró por los agentes en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, y por razones desconocidas se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial", concluye.

El empresario Eduardo de la Peña ha declarado este miércoles en calidad de investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea que David Marjaliza le mandó quemar un día de niebla documentación confidencial sobre el entramado empresarial del constructor y que también giró facturas falsas a la multinacional Cofely a cambio del cobro de mordidas, informa Europa Press.

Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, De la Peña ha confirmado la tesis que expuso Marjaliza en calidad de testigo durante el juicio de la pieza Talamino, la primera de la trama Púnica por el chivatazo que le dio el guardia civilchivatazo José Manuel Rodríguez Talamino al exsecretario general del PP Francisco Granados de que se le estaba investigando.

Al respecto, ha detallado que accedió a las instrucciones del presunto cerebro de esta trama y transportó una docena de bolsas de basura en tres carros de la compra a El Álamo (Madrid) y allí las quemó en un día de niebla la primera semana de octubre de 2014.

El colaborador de Marjaliza había pedido comparecer ante el instructor de la trama Púnica después de que el constructor se dirigiera a él como El ñapas y la persona que quemó documentos que ocultaba en sus oficinas de Pinto con anotaciones con pagos en B a políticos, licitaciones y facturas falsas.

Mordidas por facturas falsas

De la Peña, que ha respondido a las preguntas de todas las partes y no ha mencionado a Granados durante todo el interrogatorio, ha reconocido que giró facturas falsas para la empresa Cofely a cambio de mordidas que iban para Marjaliza, si bien él se quedaba un porcentaje por la operativa.

Las mismas fuentes han precisado que De la Peña no ha sido muy claro al ser preguntado por el contenido de las facturas, la mayoría de las cuáles solo hacían referencia a obras en determinados municipios madrileños, sin concretar más detalles.

Sí ha dicho que uno de los extractos facturados a la multinacional francesa era por un importe de 800.000 euros y que accedió a participar en esta dinámica por la confianza que tenía con David Marjaliza.

Financiera SIA Capital SL, la sociedad que según el arrepentido David Marjaliza utilizó Javier López Madrid para embolsarse mediante facturas falsas 1,2 millones de comisiones ilegales por el supuesto amaño de obras del Metro con Francisco Granados como consejero de Transportes, gestionó durante 10 años un fondo público de capital riesgo creado por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Ese fondo se llamaba Inicap. Estuvo en vigor hasta 2016. Y ocasionó al erario públicos pérdidas de al menos 9,3 millones de euros.

A tenor de lo que Marjaliza le contó el miércoles al juez que investiga Púnica, esas comisiones ascendieron en total a 3,6 millones. Y se las repartieron de forma paritaria Granados, López Madrid y él mismo. El amaño afectó, según su declaración, a varios tramos de la prolongación de la red de Metro. Y López Madrid, sostiene Marjaliza, cobró por dos razones: porque aportó al entramado una empresa –Gravitum– con calificación de contratista público para que pudiese participar en los concursos del Metro y porque era amigo de Granados y miembro habitual de su grupo de acción. En su comparecencia ante el juez, Marjaliza aportó tres facturas abonadas por una de sus mercantiles, Vancouver Gestión SL, a Financiera Sia Capital en 2005 y una cuarta en 2007. Dos de ellas fueron emitidas por la supuesta intermediación inmobiliaria de Sia Capital a favor de Vancouver en Valdemoro –feudo de Granados y centro de operaciones de Marjaliza– y en Parla, entonces gobernado por el socialista Tomás Gómez. Según Marjaliza, el concepto de las facturas era falso.

López Madrid cobró de la empresa de Marjaliza directamente a través de Sia Capital SL. En cambio, la gestión del fondo de capital riesgo madrileño corrió a cargo de una filial de la financiera que preside el yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL y también bajo sospecha por el supuesto pago de un soborno para la adjudicación del fallido tren a Navalcarnero. Fue esa filial de Sia Capital, Möbius Corporate Venture Capital, la que manejó durante diez años las inversiones de Inicap, que se había constituido en mayo de 2006. Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid aseguraron este jueves a infoLibre que Inicap estuvo gobernado por Möbius hasta que el equipo de Cristina Cifuentes resolvió liquidar el fondo, lo que se produjo en agosto de 2016.

De los 11,9 millones desembolsados por la Comunidad, el erario madrileño solo ha recuperado 2,6 millones, sostiene el equipo de la presidenta. Es decir, Inicap le ha costado a la Administración regional pérdidas de 9,3 millones, que equivalen al 78% del dinero público invertido en Inicap. ¿Por qué se liquidó Inicap?, preguntó este diario al equipo de Cifuentes.  "Porque –fue la respuesta– la autorización de la CNMV expiraba en 2016 y había que renovarla o liquidar el fondo y se optó por esa segunda vía".

infoLibre no ha podido contrastar la cifra de 9,3 millones de pérdidas globales ni acceder de momento al listado completo de empresas en las que invirtió Inicap: las cuentas de 2010 fueron las últimas que el fondo de capital riesgo depositó en el Registro Mercantil. Pero Möbius siguió cobrando comisión de gestión del fondo después de que dejase de presentar balances. Quién supervisaba las actividades de Inicap y cómo se seleccionaban los proyectos de inversión es una incógnita. El 16 de febrero de 2017, se publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Möbius.

Este diario intentó el jueves contactar con Javier López Madrid. El empresario, imputado en Púnica y Lezo, no atendió la llamada hecha a Sia Capital ni la devolvió. Durante los registros al despacho y al domicilio  de López Madrid, la UCO intervino numerosa documentación relativa a Financiera Sia Capital. Esos papeles constatan que Sia consideraba a Inicap como parte del grupo: en las actas del comité de dirección se aborda en varias ocasiones el destino del fondo de capital riesgo y entre el material incautado aparece un "organigrupo" que incluye Inicap entre las sociedades de capital riesgo gestionadas por Financiera Sia.

El Imade, de nuevo en escena

Pese a que ya en diciembre de 2010 la Administración de Aguirre anunció su decisión de desprenderse de sus participaciones en Inicap (el 66,6% frente al 33,4% de la Cámara de Comercio de Madrid), la venta nunca llegó a realizarse. Hubo una convocatoria de enajenación en plena crisis pero quedó desierta: se publicó el 2 de diciembre de 2011, viernes, y se cerró el 19 de ese mismo mes. Los potenciales interesados tuvieron así solo dos semanas para presentar ofertas, una de ellas surcada por el macropuente festivo de los días de la Constitución y de la Inmaculada.

Para la adjudicación del contrato de gestión de Inicap la Administración madrileña había dado más tiempo. La convocatoria se publicó el 20 de junio de 2005 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Según el equipo de Cifuentes, la apertura de plicas tuvo lugar el 14 de julio de ese año. Y el contrato con Möbius se firmó el 10 de octubre. El concurso fue auspiciado por un organismo autónomo ya desaparecido, el Imade, cuyas operaciones investigan Anticorrupción y la UCO en el marco de la Operación Púnica.

Ni infoLibre ha logrado encontrar el boletín en que se publicó la adjudicación a Möbius, si es que se publicó, ni los interlocutores de este diario en la Administración regional lo han localizado hasta el momento. Basándose en un "documento de resumen" elaborado para la liquidación de Inicap y al que este diario no ha tenido acceso, el Gobierno madrileño asegura que al concurso se presentaron otras cuatro entidades gestoras: Avanza Inversiones Empresariales, de Caja Madrid; Clave Mayor, Talde Inversión y Going Investment, que quedó excluida.

El constructor y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública, según han informado fuentes presentes en la declaración a Europa Press.

Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.

Así, por ejemplo, y según las fuentes consultadas, en Getafe, aunque en ese momento gobernaba el socialista Pedro Castro, las comisiones las abonó a la representación del PP en dicho consorcio. Igualmente ha explicado que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo. En Parla llegó a pagar 600.000 euros a "un tal José Luis" que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSOE Tomás Gómez.

Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de tres horas, Marjaliza ha confirmado la información adelantada por el diario El País y que obra en el sumario de la trama, según la cual tanto él como Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se refiere a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Empresa de López de Madrid

El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración, fue que JavierLópez Madrid, como amigo de Granados, le vendió al constructor una de sus empresas, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.

Algunos abogados de las defensas han mostrado su queja porque no se les ha permitido preguntar por los motivos de esta declaración, que se produce a petición propia, así como por su nivel de colaboración con la Justicia. En relación a este punto, el investigado ha intervenido para aclarar que no tiene ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que su actitud responde a una estrategia de defensa acordada con su letrado.

Preguntado a las puertas de la sede judicial tras su declaración, Marjaliza ha dicho que no se siente amenazado pero sí ha mostrado su preocupación, "cómo es lógico", por su familia. Se refiere a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Granados, el cual, por su parte, le interpuso una querella por vincularle con el narcotráfico.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al también agente José Luis Caro Vinagre, por el chivatazo que Talamino dio al político de que se le estaba investigando ya que esta revelación produjo "un intenso" daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica, informa Europa Press.

En la sentencia, que cuenta con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

El delito, respecto a Talamino, se consumó precisamente porque la información confidencial llegó al investigado y cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, mientras que en el caso de Granados y de Caro, tuvieron además ventajas de la revelación del secreto, según los magistrados. En concreto, el soplo permitió que el exconsejero madrileño pudiera ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

La resolución recoge que se abona a los condenados el tiempo que han estado en prisión preventiva por lo que presumiblemente Granados se librará de entrar en la cárcel al haber cumplido dos años y medio. El exconsejero ingresó en la prisión de Estremera en octubre de 2014 y la abandonó el pasado mes de junio.

Igualmente, los magistrados dan por hecho que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014. Como resultado, reza la sentencia, los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero.

Provecho económico

"Granados obtuvo para sí mismo provecho económico y facilitó que Marjaliza se beneficiara. Caro buscaba el beneficio de su amigo Granados, así que este ocultó el dinero que poseía y procuró que Marjaliza hiciera lo mismo con el suyo", exponen los magistrados, que no pasan por alto que además consiguieron un "beneficio procesal" porque destruyeron fuentes de prueba "tan importantes" como los documentos del constructor.

La sentencia recoge que Granados, para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión, comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral en la que dijo que su exsocio le mandó quemar "en un día de niebla" todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto (Madrid), entre ellos una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.

Tras el soplo hubo dos "consecuencias inmediatas", por un lado la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y, por otro, la "adopción de cautelas" por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación. La sentencia precisa en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a "concejales, asesores y exconcejales" que acudieron a su despacho.

"Personaje público y de gran trascendencia"

El juicio, que se prolongó durante tres días a mediados de noviembre, fue el primero de la trama Púnica trama Púnica y en él tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información. Granados en concreto detalló que Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico pero en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.

La sentencia no solo recoge los hechos sino que dice que Granados es un "personaje público de gran trascendencia y protagonismo en la Comunidad de Madrid" y recuerda que el cargo que ostentó como consejero regional de Interior y Justicia y el conocimiento de servicios policiales y judiciales le permitió labrarse "las relaciones personales que ha adquirido".

En relación con la petición formulada al inicio de la vista por José Javier Vasallo, letrado de Granados, de que se anulasen las escuchas practicadas durante la instrucción de la causa, los magistrados defienden la legalidad de las mismas en tanto "gozaban de la debidas autorización judicial".

De hecho, la investigación a Talamino no comenzó con una intervención telefónica sino que fue identificado "sin mayor esfuerzo" por sus superiores a raíz de una conversación entre el expolítico madrileño y Caro en la que se referían al agente de la UCO como el calvito.

Voto particular

El magistrado Nicolás Poveda formula voto particular dado que, aunque considera probada la responsabilidad penal de los acusados, pone en tela de juicio el contenido de los documentos que estaban en posesión de Marjaliza y que fueron quemados por orden de Granados ya que "nada se sabe de dicha documentación" salvo la descripción que hizo de ella el constructor en su declaración testifical.

Por tanto, considera que "no existe dato alguno que acredite la preexistencia" de estos escritos sobre licitaciones de mesas de contratación de la Comunidad de Madrid y facturas de regalos ni tan siquiera en soporte informático ya que la información contenida en el disco duro del ordenador del empresario fue borrada.

También expone la existencia de contradicciones entre el relato de Marjaliza, que dice que la quema de los documentos se hizo el primer fin de semana de octubre, y el de su secretaria Ana Ramírez, que apuntó que se deshicieron de ellos "a finales de septiembre o principios de octubre". Además ha señalado que el día que se destruyó toda la documental no había "niebla" en El Álamo "según es público y notorio y se puede comprobar en la AEMET", añade.

Granados recurrirá

El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha afirmado este lunes que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el chivatazo de Púnica. Asimismo, ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según han informado fuentes presentes en la causa a Europa Press, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal tiene "la puerta abierta" al recurso de casación por dos circunstancias: la primera, que los hechos expuestos en esta resolución no cumplen con los "requisitos de tipicidad", y la segunda porque las intervenciones telefónicas son "nulas".

El abogado de Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los pinchazos telefónicos durante la instrucción de la causa son "intervenciones en prospección" y que "infringen las reglas del control jurisdiccional". Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.

Las fuentes consultadas han explicado que el auto que justifica las escuchas no es "válido" para responsabilizar a alguien del delito de revelación de secretos: "Tiene que haber un auto específico que autorice la intervención telefónica; no vale el auto de causa general para justificar una pieza separada", han apuntado y recordado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respeto.

"Las intervenciones son nulas y la Sala ha hecho muchos folios, un alarde en mayor defensa del criterio del fiscal", han dicho. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que las escuchas "son cuestiones de derechos fundamentales" y que la defensa ha mostrado su disposición a llegar hasta Estrasburgo si no le dan la razón antes sobre la vulneración de los mismos.

Está al caer en las teles, por enésima vez, mi comedia romántica navideña favorita, la de Richard Curtis, Love Actually. Una cinta deliciosa, con un equilibrio perfecto entre humor, amor y desamor. Pero, reconozcámoslo, a veces buscamos en la ficción historias apasionantes y no nos fijamos en lo que sucede en las mesas de al lado.

Cerca de nosotros hay historias de parejas reales y no por ello menos fascinantes. Por ejemplo:

¿Qué fue del amor entre Granados y Marjaliza?

Antes de nada, recordemos sus perfiles en First Dates.

(Por si no conocen el programa, les muestro un par de fotogramas en el momento de la presentación de los candidatos a emparejarse).

Paco, 53.

Pepero y dicharachero.

David, 49

Embaucador y emprendedor.

Su primer encuentro en First Dates fue un pelotazo. Se conocieron –según la versión de Marjaliza– cuando Paco era un alcalde primerizo. Ambos tenían toda la Visa... la vida por delante.Eran tan jóvenes y tan apasionados que no se lo pensaron dos veces. Se cogieron de la mano e iniciaron una vida en común, sustentada –presuntamente– en tres pilares: amañar, cobrar y blanquear.Pero cuando la UCO entra por la puerta, el amor sale por la ventana. David ha tirado tanto de la manta que ha dejado a Paco destapado y con las vergüenzas al aire, justo cuando más frío hace.Paco, despechado, se ha querellado contra su expareja de cohecho acusándole de cosas ilegales y ha denunciado a seis agentes de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil por no haberle echado un ojo. Terrible, apocalíptico.¿Qué fue de Aguirre y González?Esperanza, 65Anglófila y ranafóbica Ignacio, 57Conversador y blanqueador.Ignacio parecía fascinado por la sabiduría de aquella mujer de bandera, poderosa y descarada. Esperanza, por su parte, se mostraba en público embelesada por Nacho, su discreto pupilo.Un día se desbordó el Canal en el que Ignacio navegaba, cual gondolero, surcando las aguas desde Madrid hasta Colombia y alrededores y la relación de la pareja se hundió en el fango.Hace unos días conocimos las confidencias de Nacho a su amigo Eduardo. Fue desgarrador oír de su boca palabras durísimas sobre aquella que un día fuera lideresa de su corazón.De ella no hemos vuelto a saber nada. Apartada de la circulación, alejada del carril central, guarda un silencio monacal. Esperanza ni siquiera se comunica a través de carteles, como aquel irresistible Mark de Love Actually en la puerta de Juliet, su amor imposible.  No tenemos ni idea de lo que puede pasar por esa cabeza dorada ahora que su príncipe se ha convertido en rana...¿Qué pasó con la pareja Aznar Rajoy?José María, 64Enfurruñado y musculadoMariano, 62Andarín y pachorrín Mariano siempre estuvo a la sombra de José María, mucho menos llamativo que el ciclón de la negra melena, el hombre corriente ocupaba, cómodamente, el segundo plano. Un día José María decidió emprender un viaje sin billete de vuelta...ejem.Antes de desaparecer por la puerta de embarque, como la niña-estrella que cantaba All I want for Christmas is you en Love Actually, José María señaló con su dedo a Mariano y le guiñó un ojo, era la señal de que debía quedarse con sus cosas y ocupar su lugar. José María eligió a Mariano entre un millón, incluso dejó plantado a un buen partido, el padre del milagro económico... Pero ya no queda nada de aquella unión.Ninguno de los dos se esfuerza en disimular que han partido peras –no confundir peras con manzanas, son frutas distintas–. Ellos también son muy diferentes, José María es impetuoso, bombardea a Mariano con puyitas y piropea delante de su cara a un joven Ciudadano. Mariano, impasible, le dedica –en público– una indiferencia verdaderamente notable.Ya no beben del mismo vaso, ni comen perdices en el mismo plato, un plato es un plato y un vaso es un vaso.Pero quizás, en algún momento de las próximas navidades, sientan nostalgia. Puede que sea cuando Mariano haga un brindis: “¡Viva el vino!” o cuando José María se apoye en el piano, repitiendo entre dientes: “¡Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilamente!”...Ya paro, ya paro, perdón. Mis lectores habituales saben que siempre, a primeros de diciembre, me pongo moña. También saben que el mal es pasajero, el estado febril se me pasa el día de la lotería, cuando vocean los niños y se aproximan los aquelarres familiares.Pero ahora, cuando empiezan a iluminar las calles, cuando se acerca la Navidad, tiempo de reencuentros, de abrazos, de recuerdos, da tanta pena pensar en las parejas rotas, Oriol y Carles, Pablo y Carolina, Pedro y Susana...Menos mal que también hay parejas que comienzan. Conectados por un hilo invisible, a pesar de la distancia geográfica o de la diferencia de edad, los que acaban de descubrirse se comportan como locos, sin dejar de pensar el uno en el otro. Oh, wait...¿Qué pasará con Trump y Jong-un?Donald, 71Bronceado e iluminadoKim, 33Fogoso y caprichosoUna de las frases más dramáticas y repetidas en First Dates es:“No sé, no he sentido que haya saltado esa chispa”Por el bien de la Humanidad, esperemos que “la chispa” no salte entre el vetusto norteamericano y el joven norcoreano que se han echado el ojo, porque si se vuelven más locos –todavía– vamos a pasar las navidades en el hiperespacio. fue un pelotazoAmbos tenían toda la Visa... la vida por delante

amañar, cobrar y blanquear

ha dejado a Paco destapado

expareja de cohecho

¿Qué fue de Aguirre y González?

Esperanza

ranafóbica

Ignacio

fascinado por la sabiduría de aquella mujer embelesada por Nacho

se desbordó el CanalCanal la pareja se hundió en el fango

palabras durísimas lideresa

De ella no hemos vuelto a saber nada Love Actually

¿Qué pasó con la pareja Aznar Rajoy?

José María

Mariano

pachorrín

Mariano siempre estuvo a la sombra de José María

All I want for Christmas is you Love ActuallyJosé María señaló con su dedo a Marianoel padre del milagro económico

bombardea a Mariano con puyitas indiferencia verdaderamente notable

“¡Viva el vino!” yo tengo o no tengo que beber

también hay parejas que comienzanse comportan como locos wait

¿Qué pasará con Trump y Jong-un?

Donald

Kim

First Dates

esperemos que “la chispa” no salte