El pasado martes, nada más conocerse la exclusión de Altri del listado del Gobierno de España de proyectos que se beneficiarán de los fondos PERTE para la descarbonización, la Xunta no tardó en repetir su argumentación: el Ejecutivo central "discrimina" a Galicia y sigue "criterios políticos" y no técnicos para perjudicar las iniciativas empresariales. Horas antes, Greenfiber —la sociedad promotora de la planta que la papelera portuguesa tiene prevista en Palas de Rei— reconoció en un comunicado que se presentó a esta convocatoria de ayudas de la UE sabiendo que "no podría ser elegible por razones de plazo" a no ser que el Estado "consiguiese acordar con la Comisión Europea una prórroga". Aun así, añadió, recurrirá la decisión del ministro de Industria que deja a la compañía sin 30 millones de Europa a la espera de otros 220 que aún aspira a obtener. 

La pregunta, advierten fuentes comunitarias, es clara. ¿Qué recorrido tiene un recurso sobre la exclusión de un paquete de ayudas del que se queda fuera por no cumplir los plazos? ¿Por qué una empresa se presenta a una convocatoria sabiendo que no cumple con las fechas marcadas como límite? "La táctica es muy vieja", responden, avisando de que la "imposible" adaptación del proyecto a los tiempos que imponen los fondos Next Generation de la UE no impide que Altri (y la Xunta) mantengan el discurso de la ofensa por la supuesta "discriminación a Galicia". 

Porque, tal y como se desprende del documento del Ministerio que aclara las puntuaciones de los proyectos rechazados, el de Altri —el segundo con peor puntuación— fue rechazado, en primer lugar, porque su "fecha de finalización supera el plazo máximo señalado" en la orden de agosto de 2024 que establece las bases reguladoras de la convocatoria de los PERTE de descarbonización. 

Pero también porque no cumple con las exigencias respecto al consumo de combustibles fósiles, que "no deben ser su fuente de energía" ni como "materia prima" ni en "equipos de emergencia o similares". Además, otro de los criterios en los que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima fue el referente a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de evitarlas con recursos técnicos y mejoras ambientales, recibiendo una puntuación de 3 cuando el mínimo exigido era 7. 

En cualquier caso, el hecho de que el proyecto no estuviese en plazo dejó a Altri sin opción en este PERTE. ¿Y cuáles son los plazos? La propia empresa, en su comunicado, aclara que su participación en esta convocatoria "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea", los proyectos candidatos "se deben finalizar antes del 31 de marzo de 2026". En menos de un año. 

Se refiere a los plazos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se basa en las fechas estipuladas por la normativa comunitaria que establece este mecanismo de recuperación impulsado tras la pandemia del covid. En el texto se aclara que los pagos a los Estados sólo se hará a finales de ese año 2026 y que aquellas medidas que se vayan a ejecutar con estas subvenciones tendrán que estar finalizadas antes del 31 de agosto de ese año. En España, como en la mayoría de Estados, los plazos para tramitar las ayudas y completar todo lo requerido para los pagos están ajustados, de ahí que la fecha límite para ejecutar gastos o inversiones sea el 31 de marzo. 

Teniendo en cuenta que Altri aseguró varias veces que necesitaría unos tres años para terminar la planta y producir fibras textiles una vez obtenidos todos los permisos, y que la Xunta espera tener la Evaluación Ambiental Integrada que necesita antes de que acabe el verano, las expectativas sitúan el proyecto, como mínimo, en 2028. En el caso de que quisiera acelerar los plazos, la empresa tendría en torno a seis meses para finalizar las obras y poder recibir así los fondos de recuperación, ya sea en forma de PERTE o de otro paquete de ayudas. 

La propia UE lo deja claro en sus documentos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entró en vigor en febrero de 2021, "sirve para financiar las reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2026". Respecto a los fondos Next Generation, aclara que el plazo para ejecutarlos “finaliza el 31 de agosto de 2026”, según la normativa de dicho mecanismo de recuperación. 

"Es un castillo de naipes de manual, porque de eso se trata este proyecto, que tiene como objetivo real obtener en Galicia el eucalipto que no encuentran en Portugal. Por lo tanto, Altri no cumple con los plazos ni del PERTE ni de ninguna otra subvención del Plan de Recuperación que demandan", explica el eurodiputado gallego del PSOE gallego, Nicolás González Casares, que advierte, con ironía, de los "pequeños detalles" que Greenfiber tendría que solucionar ya, como la conexión a la red eléctrica. 

"Incumplieron las reglas conociéndolas desde el minuto cero", añade Casares, quien supone que la Xunta "seguirá con el lamentable rol jugado en toda esta historia y buscará culpar al Gobierno central si Altri no logra lo solicitado". "Acusarán al Estado de marginar a Galicia por no dar 250 millones de euros a fondo perdido a una industria que no puede ejecutar esos fondos en tiempo, incumpliendo las bases por principio", denuncia, además de advertir de la "inmadurez" de un proyecto cuya idea surgió ya en 2020.

Además, ya antes, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, había advertido del "posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas" por parte de Altri y de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar el proyecto. Ante la exclusión del PERTE, asegura que el Estado sabe que su inclusión supondría inmediatamente "la apertura de un procedimiento de infracción en Bruselas". "Esa es también una de las claves", asegura. 

Pero Altri denuncia que el Gobierno español podría pactar una prórroga de los plazos en la UE. "Es un wishful thinking, un pensamiento ilusorio, no tiene sentido", explican fuentes comunitarias, que advierten de lo que supondría activar ese cambio. Nada más y nada menos que reformar un reglamento, el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y para esto necesita que lo proponga la propia Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, y que lo aprueben (y sean convencidos) cada uno de los 27 Estados del Consejo y sea enviado al Europarlamento para recibir el visto bueno de la cámara, además de la convocatoria de un trílogo (negociación entre esas tres partes) para adaptar el texto. 

"Casi nada", insisten las mismas fuentes, que aclaran que "no tiene ningún sentido" algo así teniendo en cuenta que ya hay proyectos en marcha y que, además, recuerdan que hace no mucho el PP votó en contra de la exigencia de ampliar los plazos en lo que tenía que ver con las reformas impulsadas por los Estados al amparo de este mecanismo de ayudas. 

Desde la Eurocámara insisten en que en la UE hay ahora mismo "otras prioridades" antes que las ayudas vinculadas al proyecto de recuperación tras la pandemia, que tienen desde hace tiempo como fecha de caducidad el años 2026 y, además, prorrogarlas supondría una pérdida económica que pocos Estados aceptarían. La pregunta, explican las mismas fuentes, es "qué hicieron Altri y la Xunta desde que se anunció la intención de ejecutar un proyecto hasta que se implementó, teniendo en cuenta que sabían perfectamente cuáles eran los plazos de los fondos europeos". 

Ante la imposibilidad de Altri de acceder a los fondos Next Generation o vinculados al mecanismo de recuperación del covid, como aseguran varias fuentes comunitarias, deja a Altri con pocas opciones. ¿Las tiene? "Pocas o ninguna", insisten, en referencia a los IPCEI (Important Projects of Common European Interest), proyectos de interés común europeo que reciben ayudas extraordinarias si contribuyen claramente a los objetivos de Bruselas, que tengan un impacto significativo en la competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de valor de la UE. También en el caso de involucrar a varios Estados o con beneficios que "no se limiten a las empresas o sectores en cuestión, sino a toda la economía o sociedad europea a través de efectos indirectos positivos", según aclara la UE.

En este caso, "el proyecto tendría que estar vinculado a un sector estratégico y tendría que ser el Estado el que solicitara su inclusión en esas ayudas", aseguran las mismas fuentes, que también advierten del "procedimiento extremadamente complejo" que conlleva y de la dificultad que tendría para no incumplir las normas de competencia comunitarias.

Hacen su aparición de forma fugaz. Julia ha sido testigo este verano de cómo en playas de Málaga “grupos de turistas llegan muy temprano por la mañana, colocan sombrillas y tumbonas vacías en primera línea y se van. Cogen sitio, aunque no vayan a regresar hasta horas después, fastidiando al resto”. Ha presenciado incluso “alguna pelea”. Y eso pese a que, en puntos como en Torrox, la Policía Local multa con hasta 300 euros por esa práctica. Cree que comportamientos como ese “son los que provocan que haya un rechazo local hacia los visitantes, porque ven que los están expulsando de sus lugares”, traslada a infoLibre. Y los llenos se repiten estos meses estivales no sólo en el litoral andaluz. Sucede lo mismo en la costa catalana, donde “cada vez se alarga más la temporada de verano”, según admiten desde la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava; en enclaves del norte como Asturias o el País Vasco, escenarios de postales turísticas abarrotadas; o en las islas, Canarias y Ballears, enroscadas tradicionalmente a esa área económica.

Y no sólo crece el turismo de sol y playa. Se prevé que estos meses medio millón de personas recorran el camino de Santiago, en Galicia, por ejemplo. Es innegable. El turismo oxigena la economía española. Si 2023 fue de récord, con 85 millones de viajeros, que se gastaron más de 108.700 millones de euros y un aporte al Producto Interior Bruto (PIB) cercano al 13%, todo hace vaticinar que en 2024 la tendencia seguirá siendo positiva. De hecho, la Mesa del Turismo prevé que el desembolso de los visitantes internacionales trepe hasta los 125.000 millones y, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el sector contribuirá con 225.000 millones al PIB español este ejercicio.

Sólo el pasado julio, el número de pasajeros aéreos internacionales que llegaron al país superó los 11 millones, un 8,6% más que el año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas alcanzaron los 2.904.908, lo que significó un incremento de 97.282 personas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros rebasaron los 44 millones y los precios en ese tipo de alojamientos se acrecentaron más de un 7%. El Ministerio de Industria y Turismo cuantifica en 97.000 los puestos de trabajo que se crearon ese mes. El empleo turístico supuso ya casi un 14% en relación con el mercado laboral del conjunto del Estado y la suma de afiliados se extendió a todas las ramas turísticas: la hostelería, las agencias de viajes y otras actividades. El número de asalariados se elevó un 4% y el trabajo fue al alza en todas las comunidades, excepto en Extremadura, con las ascensiones más significativas en Madrid y, sobre todo, en Canarias.

Desde esa última comunidad, Pablo Díaz, miembro de Ben Magec–Ecologistas en Acción, sostiene que “se habla de cifras macroeconómicas y es cierto que hay gente que trabaja por el turismo y, si no existiera, no tendría otra cosa. Pero también lo es que las condiciones laborales cada vez son peores, son precarias. Y luego hay otra cuestión: ¿dónde está esa riqueza, a quién va?”, se pregunta. Asegura que “todos los miles de millones que supuestamente están entrando a la economía canaria no se ven en el día a día, los sueldos no suben, la pobreza sí, y los recursos como el agua o el territorio se están agotando. En Tenerife está declarada la emergencia hídrica y hay restricciones para el consumo humano. Es insostenible y posiblemente se llegue a los 17 millones de visitantes este año. En algún momento habrá un colapso”, augura.

No es el único que piensa así. El 69% de los canarios considera que el turismo encarece el coste de la vida para la población residente en las islas, un 76,6% en el caso concreto de la vivienda. Y un 62,1% que trae algunas consecuencias negativas para el medio ambiente, como un mayor consumo de agua, energía o suelo, a tenor de las conclusiones del módulo de turismo de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc) que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), con información correspondiente al segundo trimestre de 2024. Igual que el 76,4% de los canarios percibe que la industria turística contribuye al desarrollo económico del archipiélago, el 60,9% opina que genera demasiados residuos y contaminación, el 56,2% que perjudica el tráfico y la movilidad y el 57,1% que dañan los ecosistemas de forma irreparable.

“¿Hacia dónde vamos?”, lanza Díaz. Y se contesta: “Hacia una mayor calidad de vida en el archipiélago parece que no”. Ve “poca democracia en el reparto de beneficios” de ese negocio y critica que se toleren anomalías como las del “conocido hotel Papagayo Arena”. Su organización ha denunciado que “carece de licencia turística e incumple el Plan Insular de Lanzarote y el Plan Parcial, ocupando más de 200.000 metros cuadrados de suelo público”, yendo más allá de “la altura máxima permitida, las plantas construidas, el número de plazas alojativas” e “invadiendo el vial público de acceso a la playa de Las Coloradas”. Pese a todo ello, “el establecimiento continúa abierto y opera con normalidad desde hace 15 años”, censuran.

Desde otro punto del mapa nacional, Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Palma, confirma que las hordas de turistas “ejercen presión sobre temas como la vivienda”. Anota que “por menos de 900 a 1.500 euros no alquilas nada en Palma y se están ofreciendo habitaciones por 800. Conclusión: no hay trabajadores de fuera que vengan, ni siquiera a hacer la temporada, que ahora empieza en abril lo que antes empezaba en junio. Hoteles, bares y restaurantes no encuentran gente. Y hay una sobrecarga sobre los trabajadores de aquí, a quienes se les exigen horas, unas pagadas y otras no”. “Además de que –añade– en torno a los alquileres turísticos, muchos ilegales, se mueve mucho dinero negro y hay una parte de mano de obra sumergida. Las mujeres que los limpian nadie sabe cuánto cobran o si están dadas de alta”, resume.

“El panorama es dantesco. Se calcula que este año a las Islas Baleares, con dos millones de personas, vendrán 20 de visitantes. No tenemos ni los servicios ni las dotaciones necesarias para aguantar esto”, avisa, para recordar que ya en 2023 “pidieron a los residentes que se abstuvieran de coger el coche el mes de julio por saturación”. Aquel ejercicio, el puerto de Ibiza registró 548.969 cruceristas, un 86% más que en 2022. Sobrepasaron en 3,45 veces los 159.180 habitantes que residen allí todo el año. Desde el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza han alertado sobre el “impacto irreversible” que ese volumen puede tener en los “ecosistemas marinos y costeros".

El interior tampoco escapa a los efectos de la rotura de compuertas turísticas. Los resultados de un estudio con big data realizado por la empresa Kido Dynamics, investigadores del Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del grupo Estructura Social y Territorio-Arqueología del Paisaje (EST-AP), han permitido concluir que el paraje natural de Las Médulas, en la comarca leonesa del Bierzo, acogió a 221.370 visitantes en 2019. En poblaciones rurales que apenas cuentan con 500 habitantes, se contabilizaron entre 5.000 y 6.000 foráneos algunos días del año, con las mismas infraestructuras públicas.

En Ben Magec–Ecologistas en Acción tienen claro que “ningún gobierno va a poner freno al turismo”, pero tampoco pueden evitar que “movimientos ecologistas, sindicales, agrícolas y laborales, como el de las trabajadoras de los hoteles, caminen” para agitar conciencias, tras la semilla que se plantó en Canarias el pasado 20 de abril, cuando miles de personas tomaron las calles de las ocho islas para rebelarse contra el modelo turístico. Es más, adelantan a este periódico que trabajan en “un gran encuentro a finales de octubre o noviembre y de una gran manifestación” porque “los datos son cada vez más alarmantes y la vorágine turística no va a parar”. Pablo Díaz lo expresa en corto: “La ciudadanía se está organizando”.

Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos (GECU) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), admite que “la saturación turística, el crecimiento de la turistificación está haciendo que cada vez sea más tensa, más difícil y más conflictiva la convivencia entre los turistas y la población local, los residentes”. “El malestar se está empezando a manifestar de muchas formas”, amplía, “entre ellas las movilizaciones que estamos viendo, pero también, aunque sea de forma simbólica, en pintadas contra los turistas" o en reacciones contra "los de determinadas zonas", como las muestras de lo que se ha denominado "madrileñofobia", mensajes de rechazo a los procedentes de esa región, que estos días circulan por las redes. "En general reflejan un grado de turistificación muy fuerte que cada vez está tensando más y haciendo más imposible esa convivencia”, defiende.

Preguntado sobre si atisba que pueda haber algún cambio de modelo hacia otro más sostenible, responde rotundo: “Todo lo contrario. En España se sigue apostando por el turismo como elemento central de crecimiento, aunque sea un modelo depredador que saquea los recursos, los territorios, las poblaciones, las culturas… y que no redistribuye beneficios, genera trabajo precario, temporal, con horarios partidos o bajos salarios. Lo que necesitamos es que las movilizaciones cobren fuerza, consigan asentarse y adquirir de verdad” el suficiente brío “como para disputar las ciudades y los territorios al turismo”, cierra.

En relación a las ciudades, el economista y socio fundador de la consultora 3CS Estrategia Económica, José María Zambrano, pone el acento en que el turismo pernocta en ellas, “no visita una comunidad autónoma en abstracto. Las ciudades son las que compiten por la captación de turistas y las que ofrecen servicios y productos para satisfacerlos”. A su juicio, hay que plantearse si “están preparadas para atender a los turistas”, teniendo en cuenta que “tienen sentido de existencia, si son capaces de abastecer a todos sus usuarios, vecinos y visitantes”. “No se puede –advierte– engañar a un flujo constante de turistas a los que se les promete una estancia de calidad y sólo obtienen una visita a un parque temático lleno de gente, donde no pueden apreciar esencias culturales, patrimoniales, paisajísticas, gastronómicas, de ocio, etc., diferentes a la ciudad de la que provienen”.

En su opinión, “ver tiendas de souvenirs, bares con tapas de estándares universales, paseos por calles donde no pueden interactuar con ningún vecino, donde solo hay ofertas para turistas de alojamiento o de ocio, sin un comercio tradicional, no es una experiencia que cuide a nuestra gallina de los huevos de oro. Este tipo de gestión exprime al turismo, no lo cuida, es competir con los parques temáticos, pero sin tener el parque de forma óptima”. Tras la sacudida, Zambrano aboga por que “las regeneraciones urbanas, auspiciadas por la Agenda Urbana Española”, no dejen de lado “los nuevos retos, sean para vecinos o visitantes”. “No pensar en las respuestas a estos es permitir la degeneración de los equilibrios de la ciudad”, manifiesta, para engarzar: “España ha hecho sus deberes respecto a las acciones de captación de flujos turísticos, pero no lo está haciendo bien respecto al servicio real que presta basado en precios bajos”.

Desde esa convicción, apuesta por que los ayuntamientos tengan “más competencias y recursos sobre su planeamiento urbano” para “poder atender de forma adecuada a sus usuarios”, sean habituales o pasajeros. “De igual forma –une– deben tener más competencias sobre su financiación. Las ciudades son las hermanitas pobres del proceso de configuración del Estado español, ni pueden por sí solas establecer una tasa turística de 1 euro para que los visitantes contribuyan directamente al uso que hacen de ellas, ni decidir el planeamiento urbanístico de uso turístico de su área de gestión”.

Insta, en definitiva, a “aprovechar los esfuerzos en regeneración urbana para realizar una planificación que contemple el uso turístico. Para ello hay que dotar de mayores competencias a los ayuntamientos" y exigirles, de otro lado, que cumplan sus compromisos con sus "habitantes permanentes, ocasionales y turistas”, recalca.

El ministro del ramo, Jordi Hereu, no ha podido esquivar estos días el fenómeno de lo que se ha bautizado como "turismofobia". Interrogado por él, ha aceptado que es algo que "en algunos puntos se puede dar" y que "se debe gestionar". ¿Cómo? "A través de desconcentrar, diversificar y generar valor añadido en el sector", ha enumerado. Fácil no parece.

Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universitat de les Illes Balears, es consciente de la complejidad del asunto, cuando se tiene "una economía muy orientada al turismo de masas, con regiones donde representa el 40 o el 50% del PIB". “Nadie tiene una solución mágica”, afirma, si bien aporta que existe un “instrumento” para “poder inducir una reducción del número de turistas” y “eliminar masificación”. Se refiere al impuesto sobre pernoctaciones al que se ha recurrido “en destinos turísticos maduros como pueden ser Venecia o París” para recaudar y “destinar ese dinero a un objetivo finalista”.

"Si multiplicas por tres o cuatro ese impuesto", sugiere como hipótesis, "puede ser que haya turistas que decidan no ir, es disuasorio, pero hay un problema: vas a tener al sector empresarial en contra", previene. Es más, en las zonas de España donde se ha tirado de ese gravamen como Ballears o Cataluña, la reacción de los hoteleros fue "crispada", constata. Es "algo concreto" por donde se podría empezar a trabajar, aunque "a sabiendas de que supondría una contestación inequívoca de los empresarios. Y es lo que hace temer a los gobiernos", finaliza.

En ese sentido, desde el ámbito activista arrojan otro mensaje: "A los que repiten que no se le pueden poner puertas al campo porque el turismo tiene que ser para todos, y no para las elites, no se les oye con el mismo ímpetu exigiendo una sanidad o una educación para todos", proclaman. Y es que mirar paisajes o degustar pintxos en un bar determinado del centro de una ciudad vasca y tal vez poder evocar emociones después, no debería implicar expulsar a los autóctonos de la foto.

Tres años después de abandonar la primera línea, allá por 2015, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu daba la receta para una buena jubilación política: marcharse con un proyecto ilusionante bajo el brazo y sin nostalgia. El primero de los ingredientes lo encontró durante largo tiempo en el sector privado, pero el segundo, en cambio, parece haber vuelto a aflorar ahora, cuando se le ha encomendado la sorpresiva misión de pilotar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Jordi Hereu (Barcelona, 1965) pone fin así a tres años al frente de la operadora de satélites de telecomunicación Hispasat y toma el relevo del canario Héctor Gómez, que aceptó el cargo hace tan sólo nueve meses. Asume, además, una cartera con tradición socialista catalana, que ocupó durante el mandato de Felipe González Joan Majó (1985-1986), y en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de la Generalitat José Montilla (2004-2006) y, posteriormente, Joan Clos (2006-2008), su predecesor en el Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, fue el salto de Clos a Madrid lo que precipitó en 2006 que Hereu se hiciera con el mando del consistorio barcelonés, donde había aterrizado en 1997 como gerente del distrito de Les Corts para abrazar, más tarde, los asuntos de Seguridad y Movilidad. En 2007 pudo revalidar el cargo y, cuatro años después, salió victorioso de las primeras primarias a las que se sometía un alcaldable socialista en Barcelona. Su perfil se impuso al de Montserrat Tura, pero la buena racha tocó fondo. La derrota sin paliativos en las municipales de 2011 llevó al PSC a perder la hegemonía de una institución que lideraba desde la restauración de la democracia. Si bien Hereu había sido uno de los principales impulsores de las nuevas políticas de movilidad urbana, le pasaron factura proyectos como la construcción del tranvía de la Diagonal y el desgaste de un partido que llevaba 32 años en el poder. El alcalde tuvo que ceder la vara a Xavier Trias (entonces CiU, ahora Junts) sin saber que, más de una década después, el apoyo de la formación que le arrebató la posición sería clave para que pudiera regresar a la arena política.

Durante todos esos años, Hereu acumuló varios cargos orgánicos: secretario de organización entre 2011 y 2008, secretario de Política Municipal entre 2008 y 2011 y miembro del comité Federal del PSOE. Sin embargo, tras la derrota electoral y unos meses en la oposición, dejó su carrera política para adentrarse en el sector privado, convencido de que la fórmula de éxito pasa por las colaboraciones público-privadas. Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) en ESADE, creó la consultora IdenCity Consulting, especializada en políticas urbanas, con la que estuvo viajando por múltiples países, especialmente en Latinoamérica. 

También ha participado en la consultora Fledge Barcelona de Barcelona Plataforma Empresarial, centrada en la internacionalización de empresas, y es consultor en Barcelona Centre Logístic BCL, así como patrono de la Plataforma Fórum Ambiental Barcelona. Entre otros, ha sido miembro del consejo de administración de AENA y del consejo asesor de AGBAR.

En todo este tiempo, nunca ha dejado de militar en el PSC, partido al que se afilió cuando tenía 22 años, empujado por los ideales de Josep Pallach que tanto admiraba. En estos años, ha logrado mantener las buenas relaciones con el partido y también con su actual líder, Salvador Illa. Los lazos vienen de lejos y es que ambos llegaron a trabajar juntos en 2010 cuando el actual dirigente del PSC fue fichado como director de servicios del ayuntamiento que encabezaba Hereu. De hecho, el pasado mayo participó en la campaña electoral de las municipales para apoyar a Jaume Collboni en su carrera a la alcaldía de Barcelona, un gesto que Illa ha sabido apreciar al proponerlo como ministro una vez recuperado el preciado feudo socialista.

Y aunque con este nombramiento Sánchez reconoce el peso del PSC, cuyo apoyo se encuentra disparado —las últimas encuestas lo sitúan como primera fuerza política en Cataluña—, así como su papel clave en las elecciones del 23J, lo cierto es que el partido pierde cuota de poder en el nuevo gobierno. La sorpresa no ha sido menor, dado que las quinielas apuntaban a que, como mínimo, el PSC retendría el mismo número de carteras que hasta ahora. Lo que no se veía venir es que, después del triunfo electoral del pasado julio, crucial para apuntalar la candidatura de Sánchez, los socialistas catalanes vieran mermada la creciente implicación que han tenido en el Gobierno central en los últimos años. Especialmente a las puertas de una legislatura en la que está previsto que entre en vigor la Ley de Amnistía pactada con ERC y Junts.

Con el nuevo organigrama, el PSC gana la cartera de Industria, pero se ve obligado a ceder las de Cultura y Transportes, que estaban en manos de su presidente, Miquel Iceta, y de la exalcaldesa de Gavà Raquel Sánchez, respectivamente. Tampoco tienen la presidencia del Congreso, que ha pasado a la balear Francina Armengol en sustitución de Meritxell Batet, quien renunció a la política el pasado septiembre pese al éxito cosechado en los comicios generales, en los que fue cabeza de cartel. Eso sí, aún está por ver qué ocurre con el denominado “sottogoverno”, el conjunto de altos cargos donde radica gran parte del poder. Hasta la fecha, el PSC tenía a nombres como el de Francesc Vallès al frente de la secretaría de Estado de Comunicación y el de Víctor Francos en la de Deporte, así como figuras de peso en empresas públicas: Mauri Lucena en AENA, Marc Murra en Indra, Antonio Llardén en Enagás o Raül Blanco en Renfe.

Sea como sea, Hereu entra en el Ministerio de Industria en un contexto en el que se pronostica cierto desaceleramiento de la economía española y con el gran reto de gestionar los fondos europeos Next Generation. Entre sus principales misiones está hacer frente al Perte Chip, el Perte Naval, el Perte de Descarbonización o el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con la mirada puesta en la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto o el hub mediterráneo del coche eléctrico. También estará en sus manos impulsar una nueva ley que regule el sector industrial. Su antecesor en el cargo, Héctor Gómez, se comprometió a aprobar esta norma en el Consejo de Ministros para llevarla al Congreso de los Diputados, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes frustraron estos planes.

Cuando se convirtió en alcalde, Hereu prometió “proximidad y diálogo”, “escuchar antes de decidir”. Han pasado casi dos décadas de esas declaraciones y el encargo ahora es mucho mayor. Habrá que ver si, lejos del consistorio y en su nuevo despacho de ministro, reedita esta máxima.

La velocidad de ejecución de los fondos europeos Next Generation es la clave del impacto de los 140.000 millones de euros que España recibirá para recuperarse del golpe que la pandemia propinó a la economía en 2020. De esa cantidad, 70.000 millones son entregas a fondo perdido y el resto, préstamos. Una cantidad ingente de dinero cuya gestión es todo un desafío para las administraciones públicas. El Observatorio de Fondos Next Generation EU, creado por la escuela de negocios Esade, ha analizado tanto las licitaciones públicas como las subvenciones convocadas y concedidas por las administraciones españolas desde mayo de 2020 y financiadas con los fondos europeos. Las licitaciones ofertadas sumaban 4.997 millones de euros hasta febrero de 2022, cuando Esade publicó un primer informe. Las subvenciones constituyen un paquete de mucho mayor volumen, 28.459 millones hasta el 15 de noviembre pasado.

Según este segundo análisis, de los 28.459 millones de euros en subvenciones convocadas, 18.570 millones, el 65,15%, tienen como destinatario directo el tejido productivo y social –empresas, asociaciones y personas físicas–, mientras que los 10.000 millones restantes son transferencias entre administraciones, que el informe considera, por tanto, “convocatorias interpuestas”. De esos 18.570 millones en subvenciones convocadas se han concedido ya 4.200 millones de euros, el 23,3%. El total de las ayudas adjudicadas –sumando las que son transferencias entre administraciones y las que van directamente a empresas y particulares– asciende a 9.300 millones, un tercio de las convocadas.

Manuel Hidalgo, autor de ambos estudios, codirector del observatorio y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, explica que el ritmo de convocatoria de las subvenciones se ha acelerado, sobre todo en los últimos seis meses. Si hasta enero de este año se habían publicado anuncios de ayudas por importe de 8.700 millones de euros, desde entonces se han más que duplicado las convocatorias, que suman casi 20.000 millones en lo que va de ejercicio.

Otro tanto ha ocurrido con las concesiones, aunque su velocidad es mucho menor, debido al problema que está representando para unas plantillas públicas insuficientes ejecutar procedimientos administrativos muy complejos. En cualquier caso, las concesiones se aceleraron a partir de julio de 2021, cuando alcanzaron los 2.787 millones de euros, pero sobre todo desde el pasado abril, cuando se elevaron hasta los 8.465 millones.

En resumen, hasta febrero se cuentan 1.267 licitaciones y hasta noviembre 1.486 convocatorias de subvenciones asociadas a los fondos europeos.

Las ayudas ya otorgadas han beneficiado en mayor número a sociedades limitadas, que han conseguido 1.132 millones, el 12,2% de los 4.200 millones que ya han llegado al tejado productivo y social. Ese importe casi duplica el que han recibido las sociedades anónimas, 622,5 millones. Las universidades se han hecho con 810 millones. Otros 663,8 millones han ido a parar a asociaciones y 417,4 millones más a personas físicas. También figuran en la lista de perceptores finales de las subvenciones las instituciones religiosas, con 25,8 millones de euros, y las cámaras de comercio, con 3,37 millones. El estudio destaca así el carácter “más transversal” de las subvenciones en comparación con las licitaciones, que han sido adjudicadas en un 26,7% a uniones temporales de empresas –893,3 millones de euros–, un 20,2% a sociedades anónimas –676 millones– y el 8,9% a sociedades limitadas –299,7 millones–.

Las cifras de convocatorias también reflejan esa amplitud del reparto: 10.017 millones de euros de los 28.459 millones ofrecidos hasta noviembre están destinados a pymes y autónomos, mientras que a empresas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de cifra de negocio se dedican 3.370 millones, una tercera parte. Otros 3.359 millones tienen como objetivo fundaciones o asociaciones y 1.198 millones son ayudas a investigadores.

La administración que más subvenciones ha convocado es la central, incluidos sus organismos autónomos y empresas públicas: 22.900 millones, el 80,2%. El ministerio más activo es el de Industria, con el 25% de las convocatorias, 7.130 millones, seguido de Transición Ecológica, con 4.200 millones y Economía, con otros 3.500 millones. El departamento autonómico que más subvenciones ofrece es el de Derechos Sociales de Cataluña, con 416,37 millones de euros, más que los ministerios de Política Territorial, Cultura, Seguridad Social o Derechos Sociales. También encabeza la clasificación entre los organismos autonómicos el Institut Català d’Energia (Icaen), que destina 208 millones a ayudas. La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid se queda por detrás, con 143,36 millones. La Consejería de Fomento andaluza –161,77 millones– y la Secretaría de Planificación valenciana –155,22 millones– figuran también a la cabeza de las convocatorias autonómicas por importe.

En total, y tras la Administración central, es Cataluña la comunidad autónoma que más subvenciones oferta, 1.128 millones de euros, seguida de Andalucía, con 713,59 millones, y la Comunidad Valenciana, con 654,1 millones. Madrid se queda en 538,39 millones, la mitad que Cataluña. Cuando el foco se coloca en las subvenciones ya concedidas, el panorama cambia. Madrid es la que más dinero ha recibido hasta el 15 de noviembre: 1.979 millones. El estudio explica que son los fondos procedentes de convocatorias hechas por la Administración General del Estado los que explican ese liderazgo. La provincia de Barcelona ha percibido 1.085 millones. La de Valencia, 554,1 millones. Le sigue Sevilla, con 542,7 millones de euros.

¿A qué se van a dedicar esos miles de millones? De momento, hay 1.047,5 millones de euros para incentivos al autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables, el capítulo de mayor volumen, pero también otros 1.000 millones para crear zonas de bajas emisiones en las ciudades y hacer más sostenible el transporte urbano. Los programas MOVES II y III, para fomentar el uso del vehículo eléctrico, se llevan 942,5 millones de euros. Bajo el epígrafe “actividades profesionales, científicas y técnicas” se han concedido ya 713,4 millones para contabilidad, ingeniería, consultoría... Un total de 694,9 millones han ido a parar a educación, 470,7 millones de euros a sanidad, 468,1 millones a rehabilitar edificios y 535,2 millones a avales. De estos últimos se han hecho convocatorias por un importe total hasta el momento de 1.932 millones de euros, la mayoría a cargo de la entidad pública CERSA.

Pero el programa estrella, por ser el de mayor volumen de subvenciones de todos, es el PERTE del vehículo eléctrico, por el que la Administración central ofrece ayudas por valor de 2.975 millones. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, han orientado sus convocatorias hacia la sanidad, con un total de 675 millones, así como a la rehabilitación de edificios –552 millones– y el empleo –445 millones de euros–.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa incoada contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación –por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros– ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones por un presunto delito continuado de apropiación indebida, como ha avanzado Diario de Sevilla este lunes, según informa Europa Press.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes", presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como "préstamos a terceros", retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como "socio encubierto de Bio Wood", pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría "sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada".

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del "procedimiento administrativo de apremio" incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del "reembolso" del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

En este marco, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez señala un préstamo de 200.000 euros concedido en 2017 por Biowood Niebla a Manuel G.G., quien se reconoció "deudor" de tal empresa y habría acometido la devolución del dinero prestado por Biowwod, mediante pagos al despacho de abogados de Francisco Serrano, a López Ballesteros, a Enrique Pelegrín y a Biowood Niebla.

Al respecto, reclama averiguar "si las cantidades que se dicen devueltas, bien por transferencias a la entidad Serrano Abogados de Familia SLP, a Enrique Pelegrín y López Ballesteros han sido percibidas, como parece ser, por la nombrada entidad y los mencionados investigados, que no se debe olvidar en esa fecha quien ostentaba la titularidad de las participaciones sociales fue Francisco Serrano, siendo, además, su representante legal".

Esta acusación popular, así, pide indagar "la presunta apropiación de dichas cantidades, que fueron, al parecer, por devoluciones del préstamo", por lo que solicita que los investigados sean nuevamente llamados a declarar en tal condición y que Manuel G.G. comparezca como testigo.

Vivendi ha pedido al Gobierno autorización para comprar acciones de Prisa hasta llegar al 29,9% de su capital social, el máximo legal para no tener la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), según ha notificado la empresa de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informa Europa Press.

Vivendi ha aclarado que no está en negociaciones o conversaciones con ningún accionista del grupo de comunicación para la adquisición de dichas acciones, lo que trasluce su intención de acudir al mercado.

En concreto, la compañía francesa ha presentado ante la Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social.

El grupo entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.

Las acciones de Prisa cerraron a 0,56 euros este lunes, un 3,52% más que en la apertura gracias a un repentino repunte a finales de sesión.

Una vez aprobado en Bruselas el Plan de Recuperación de España, los primeros 9.000 millones de euros deberían llegar al final del verano, y el resto antes de que acabe el año. Pero, ¿en qué se van a gastar esos fondos iniciales? El Gobierno ya diseñó un reparto en los Presupuestos Generales que, según explican a infoLibre fuentes de Moncloa, no se ha alterado. Los 26.634,3 millones de euros consignados entonces, incluidos los 2.436 millones destinados a Sanidad para comprar vacunas y reforzar la atención primaria, ya se han distribuido por ministerios, que deberán acometer con ellos todo tipo de reformas e inversiones no sólo para recuperar la economía tras la pandemia, sino también, al mismo tiempo, para transformarla en un sistema “más resiliente, sostenible, inclusivo, moderno y cohesionado”, tal y como lo describe la literatura que acompaña a las cuentas del Estado.

Bruselas ha comprometido para este ejercicio 19.000 millones, una cantidad inferior a la inicialmente presupuestada por el ajuste del programa comunitario de emisión de deuda para 2021, según la ministra de Economía, Nadia Calviño. Si se consigue ejecutar en plazo esa cantidad, explican las mismas fuentes, el Gobierno adelantará el resto, hasta completar los 24.198,3 millones que figuran en las partidas correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignadas en los Presupuestos –los 2.436 millones de Sanidad proceden de otro fondo, React-EU, las ayudas para la cohesión de los territorios–.

De todos los ministerios, es Transición Ecológica el que se lleva la mayor partida de los primeros fondos europeos, 6.805,2 millones de euros. Le sigue Transportes, con 4.982,3 millones, y Economía, con otros 3.653,7 millones. Ellos serán los responsables de los mayores proyectos sobre transición verde y digitalización, los dos objetivos del Fondo de Recuperación Europeo. Educación recibirá 1.852,5 millones e Industria, 1.708. Un poco menos aún Trabajo –1.167,5 millones– y Ciencia –1.101,7 millones–. Los que menos, Justicia y Defensa, con sólo 27,7 y 25 millones, respectivamente.

Además, casi el 73% del dinero serán transferencias de capital; es decir, subvenciones o ayudas. A inversiones se destinará un 7% de los fondos. El resto sufragará gastos corrientes y de personal de las administraciones para poner en marcha los proyectos.

Clasificados por tipo de política, los fondos dedicados a gasto social suman casi 9.000 millones de euros, mientras que las actuaciones económicas se llevan la parte del león, 17.210 millones.

En virtud de sus competencias, las comunidades autónomas recibirán un total de 18.793 millones de euros, de los que 10.793 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 8.000 millones del React-EU. Los ayuntamientos percibirán 1.489 millones. De las cantidades destinadas a las comunidades autónomas, los ministerios de Transición Ecológica y Transportes ya han preasignado 2.873 y 1.380 millones de euros, respectivamente. Andalucía es la que más fondos recibe, 703 millones de euros. Cataluña tiene ya comprometidos 596 millones, Madrid 461 millones y la Comunidad Valenciana 414. A La Rioja le llegarán 31 millones; 13 millones a Ceuta y 10 a Melilla.

Estos son algunos de los proyectos que ya tienen nombres y apellidos en cada uno de los ministerios:

ENERGÍAS RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE

La mayor parte de los 6.805, 2 millones de euros que se destinan al Ministerio de Transición Ecológica serán para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), un total de 5.300 millones, que este organismo distribuirá en forma de ayudas para promover las energías renovables –1.900 millones–, la eficiencia energética y la movilidad sostenible –1.100 millones–. También habrá 600 millones para promover el hidrógeno verde y 350 millones para rehabilitar viviendas y para regeneración urbana en municipios con menos de 5.000 habitantes. El Fondo de Restauración Ecológica y Resistencia (FRER), creado el año pasado, tendrá 601,4 millones de euros para restaurar ecosistemas marinos y terrestres, crear infraestructuras hidráulicas en las diferentes cuencas hidrográficas, depurar aguas y actuar en la costa.

Además, la Estrategia de Economía Circular –reutilización y reciclaje de materiales y productos– recibirá 500 millones que se distribuirán a las comunidades autónomas.

Finalmente, el Instituto para la Transición Justa dispondrá de 90 millones de euros para eficiencia energética, así como para crear empleo en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.

1.285 MILLONES PARA EL AVE

A facilitar el acceso a la vivienda de los grupos de población más desfavorecidos, así como a la rehabilitación de edificios se dedicarán 1.651 millones de euros. A infraestructuras se reserva la partida más voluminosa, 3.121,7 millones. De ahí saldrán 1.285 millones para el AVE, 675 millones para ADIF y 13,2 para Renfe. Enaire percibirá 28,5 millones y Puertos del Estado, 140 millones más. Para el plan de choque de movilidad sostenible, que incluirá zonas de bajas emisiones, las comunidades autónomas dispondrán de 105 millones y los ayuntamientos, 240; las empresas tendrán acceso a ayudas por importe de 410 millones de euros.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ROBOTS, 5G

Para la innovación tecnológica en las telecomunicaciones, el Ministerio de Economía destinará 1.793,2 millones de euros, que distribuirá a través de dos de sus organismos: Red.es, que desarrolla la sociedad de la información, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). La economía del dato, la inteligencia artificial, así como las ayudas para pymes serán el objetivo de Red.es, mientras que el Incibe dedicará los fondos europeos a fortalecer la ciberseguridad de las empresas. Habrá 25 millones para incluir la robotización en las cadenas de valor y 109 millones para proyectos de inteligencia artificial. El Plan de Conectividad repartirá 250 millones entre las comunidades autónomas, un millón entre los ayuntamientos y 894 millones más se destinará a subvenciones para las empresas.

Además, para el despliegue de 5G se consignan 256 millones en ayudas a empresas, y 105 millones para convertir España en un centro de referencia de producción y distribución audiovisual.

FORMACIÓN PROFESIONAL, EDUCACIÓN INFANTIL

El foco del Ministerio de Educación será la Formación Profesional, al que se comprometen 370,4 millones para un plan de choque. Otros 78,2 millones irán a un programa con que paliar la situación de emergencia provocada por el covid-19 en “centros de especial complejidad educativa”. También se reservan 49 millones para formar a cuidadores, así como a ocupados y parados en materia de sostenibilidad y para su reciclaje profesional.

Para crear plazas públicas de educación infantil (de 0 a tres años) se dedicarán 119 millones de euros. La partida de gastos de personal para profesores es de 3,3 millones de euros. El Plan Educa en Digital, cuyo objetivo es reducir la brecha de uso de dispositivos móviles y de conectividad, supondrá 996 millones de euros para las comunidades autónomas y tres millones para los ayuntamientos.

1.095,3 MILLONES PARA EL SEPE

De los 1.167,5 millones comprometidos con el Ministerio de Trabajo, la mayor parte, 1.095,3, se los llevará el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en transferencias corrientes, así como otros 46 millones en transferencias de capital. A las políticas activas de empleo –formación y recualificación de trabajadores– se destinarán cuatro millones de euros.

CONVENIOS TURÍSTICOS CON BALEARES Y CANARIAS

El Ministerio de Industria financiará con el dinero europeo convenios de resiliencia turística con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por un importe total de 46 millones de euros. Además, dedicará 33,3 millones a modernizar mercados municipales y áreas comerciales, así como 50 millones a rehabilitar inmuebles del patrimonio histórico. Y destinará 120 millones más a las ayudas de un plan de transformación digital en destinos turísticos.

A través del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), sufragará también programas de apoyo a la inversión extranjera en I+D+i, la gestión digital y el fortalecimiento de empresas de rápido crecimiento. Para que Cersa, la empresa pública de reafianzamiento sigue reavalando a las sociedades de garantía recíproca que, a su vez, avalan los préstamos solicitados por las pymes, el Presupuesto reserva 97 millones de euros.

NEUTRINOS, SINCROTÓN, RADIOTELESCOPIO

El CSIC recibirá 147,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos y el Instituto de Salud Carlos III, otros 113,5 millones. La Agencia Estatal de Investigación dispondrá de 140,5 millones. Y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que canaliza las ayudas a los proyectos de I+D+i de las empresas, tendrá un total de 427 millones de euros para pymes, capital de riesgo en tecnologías estratégicas, el Plan Tecnológico Aeronáutico, tecnologías prioritarias e I+D de vanguardia.

El resto del dinero se ha asignado ya a proyectos muy concretos, desde la investigación en dos detectores de neutrinos hasta el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Laboratorio de Luz Sincrotón, las investigaciones nucleares del CERN o la participación española en el Square Kilometer Array (SKA), un proyecto internacional para construir un radiotelescopio en Australia o Suráfrica.

4,6 MILLONES PARA EL PRADO, 9,5 PARA EL REINO SOFÍA

El Ministerio de Cultura recibirá sólo 206,3 millones de euros de los fondos europeos. Al Consejo Superior de Deportes se han asignado 28,5 millones en transferencias de capital y 20,9 millones en transferencias corrientes para sus fastos de funcionamiento. La Biblioteca Nacional recibirá mucho menos, tres millones; el Museo del Prado, 4,6 millones, y el Reina Sofía, 9,5 millones –más otros tres millones en transferencias corrientes–. Las entidades de gestión –desde la SGAE hasta Cedro Egeda– tendrán derecho a un total de 10 millones de euros para el Plan de Digitalización. Para bibliotecas públicas, las comunidades autónomas tendrán 10 millones más.

AHORRO DE AGUA EN LA AGRICULTURA

Más de la mitad de los recursos europeos que el Ministerio de Agricultura recibirá de Bruselas se destinarán al desarrollo del regadío, 270,8 millones, básicamente a actuaciones para el ahorro de agua y la eficiencia energética en la agricultura. Otros 114,8 millones irán a garantizar la transición ecológica de la agricultura y la ganadería, así como a la defensa de las plagas y las “enfermedades emergentes”. La protección de los recursos pesqueros se financiará con 8,9 millones de euros.

80 MILLONES PARA CENTROS DE ACOGIDA

Un total de 80 millones de euros se dedicarán a modernizar los centros de acogimiento familiar, también los de migrantes no acompañados. Cincuenta millones servirán para desarrollar proyectos piloto de innovación en servicios sociales. A nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración se destinarán 300 millones. A remodelar residencias públicas, otros 178,5 millones, y a incorporar nuevas tecnologías a los cuidados, 80 millones de euros.

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

El Ministerio de Igualdad creará centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual con los 19,8 millones de fondos europeos comprometidos. Una partida de 11,7 millones servirá para modernizar los dispositivos de protección a las mujeres víctimas de violencia.

80 MILLONES PARA POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

Con 70 millones de euros se financiarán políticas de inclusión, aún por precisar, en las comunidades autónomas y con otros 10 millones en los ayuntamientos.

186 MILLONES PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La UNED recibirá un total de 17,7 millones de euros para modernizarse y digitalizarse, así como para recualificar a sus profesores. Las universidades públicas se beneficiarán de 186,2 millones que repartirán las comunidades autónomas.

El Gobierno de España se prepara para autorizar a la empresa pública Navantia a constituir en la dictadura teocrática de Arabia Saudí una sociedad filial de responsabilidad limitada con un capital social de casi 3,3 millones de euros. La propuesta llegará al Consejo de Ministros de la semana que viene de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento es titular de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —propietaria a su vez de Navantia—, pero la iniciativa parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, según fuentes consultadas por infoLibre.

Fuentes de Hacienda aseguran que la creación de la filial estaba prevista en el contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas y que su ubicación en ese país está “relacionada con labores de mantenimiento”.

El Gobierno no reveló en su día los detalles del contrato amparándose en que contiene cláusulas “de confidencialidad”. De hecho, Hacienda ni siquiera los ha compartido con el resto de miembros del Ejecutivo.

Navantia, que se dedica a la construcción naval civil y militar en instalaciones de Ferrol, Cádiz y Cartagena, firmó en 2018 un contrato para diseñar y construir en sus instalaciones de la Bahía de Cádiz cinco corbetas con destino a la marina real saudí de las que tres ya han sido botadas y que según Hacienda “ha generado y genera miles de empleos en España”. La tercera de las naves, bautizada Hail, en referencia a una ciudad del norte saudí, está a flote desde el domingo, tras una ceremonia a la que acudió el capitán Abdullah Alsheri, oficial de enlace del Programa Avante 2020, en representación del vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily, comandante de la Marina Real de Arabia Saudí.

La construcción y equipamiento del buque proseguirán en el agua y no concluirán hasta el año 2022. Hail, como sus cuatro hermanas gemelas, tiene una eslora de 104 metros, una manga de 14 y será capaz de transportar a un total de 102 personas entre tripulación y pasaje. Alcanzará una velocidad máxima de 27 nudos y tiene capacidad para llevar a bordo provisiones para 21 días.

El contrato resultó clave en su momento para las supervivencia de los astilleros gaditanos, que anunciaron su firma el 12 de julio de 2018. Una operación cifrada en “1.800 millones de euros" y que representa, todavía hoy, “la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero”. En el marco de esta operación, Navantia anunció “la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí”. Una iniciativa que “supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con su estrategia de internacionalización”, explicó en su momento la empresa sin dar más detalles acogiéndose a las “cláusulas de confidencialidad” del contrato.

Este contrato, subrayan las fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre, “fortalece el futuro inmediato de Navantia y beneficia a todos los astilleros de la compañía y a su industria auxiliar, en especial, a toda la Bahía de Cádiz”. Supone “una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas, es decir, 6.000 empleos anualmente durante cinco años. De estos, más de 1.100 serán empleados directos en Navantia, más de 1.800 corresponden a la industria auxiliar y más de 3.000 son empleados indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en el programa”, destaca el ministerio que dirige María Jesús Montero.

La entrega del último buque está prevista para el año 2024 e incluye, además de la construcción, el llamado “apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales”. El contrato “también incluye el suministro de varios servicios” que Hacienda no ha especificado.

Margarita Robles ya se vio obligada, en agosto de 2019, a salir al paso de las relaciones de Navantia con la dictadura teocrática saudí después de que el hasta ese momento presidente de la empresa, Esteban García Vilasánchez, fichase por la pública Saudi Arabian Militar Industries (SAMI). Él fue precisamente quien, estando al frente de Navantia en la época de Mariano Rajoy, cerró el contrato de construcción de las corbetas en colaboración con la propia SAMI.

“No se trata de dar lecciones de ética a nadie”, se limitó a declarar entonces la ministra de Defensa, “pero quizá no es lo más oportuno. A nivel personal, no me gusta. Las apariencias también son muy importantes”.

Falta de respeto a los derechos humanos

La dictadura saudí es famosa por su falta de respeto a los derechos humanos, en especial la ausencia de libertades políticas y sindicales, la persecución de los homosexuales o la opresión de las mujeres. La situación se ha vuelto todavía peor desde que el heredero al trono, el príncipe Mohammed Bin Salman (conocido por sus siglas, MBS), se convirtió hace cuatro años en el líder del país. Todas las investigaciones independientes realizadas hasta la fecha le atribuyen a él personalmente ordenar el asesinato y descuartizamiento en un consulado de Turquía del periodista saudí Yamal Jasshoyi.

Arabia Saudí participa además activamente desde 2015 en la guerra contra Yemen, en la que se han utilizado armas españolas. A pesar de ello, España ha seguido exportando material militar a la dictadura saudí, por un importe que entre los años 2018 y 2019 superó los 270 millones de euros, según los informes entregados el verano pasado al Congreso por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida.

La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí granadas de mortero, munición de artillería, bombas guiadas láser de aviación y sistemas porta morteros o elementos para aviones, entre otros.

Estas ventas se mantuvieron pese a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen y las peticiones de organizaciones no gubernamentales de que se paralizasen las exportaciones de armas. España también vendió armas a Emiratos Árabes Unidos, otro de los países implicados en este conflicto armado, por valor de 193 millones de euros entre 2018 y 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto su silencio este viernes tras tres noches de disturbios en varias ciudades en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél para condenar "el uso de cualquier tipo de violencia" y no hay nada que la justifique. "En una democracia plena, como es España, resulta inadmisible el uso de la violencia", ha asegurado el líder del Ejecutivo desde Mérida donde presenta  el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

"La violencia es un ataque a las libertades de los demás. La democracia nunca jamás ampara la violencia", ha reconocido el presidente del Gobierno que ha apuntado que el Ejecutivo actuará "con contundencia" contra cualquier forma de violencia. Sánchez también ha reafirmado que va a legislar para mejorar la libertad de expresión, porque la democracia debe amparar hasta las más "infames" opiniones, pero "nunca jamás ampara la violencia". 

Casado advierte a Sánchez: Será "corresponsable" de la "kale borroka" si "no para los pies" a Iglesias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este viernes a Sánchez que será "corresponsable" de la "kale borroka" que se está produciendo en varias ciudades tras la detención del rapero Pablo Hasél si "no para los pies" a su vicepresidente Pablo Iglesias. Según ha dicho, el Gobierno debe actuar de forma "conjunta", como marca "la ley en vigor".

En un encuentro digital con Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, que ha organizado NEF Online, Casado ha lamentado los "graves disturbios violentos que están sufriendo varias ciudades españolas después de la detención de un radical por enaltecimiento del terrorismo". "Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que está alentando esta kale borroka", ha solicitado el presidente de los 'populares'.

A su entender, el Gobierno debe actuar "de forma conjunta, tal y como marca la ley en vigor". "Y, por tanto, si el presidente no para los pies a su vicepresidente se está haciendo corresponsable de lo que suceda", ha proclamado. Además, Casado ha expresado el "absoluto respaldo" de su formación a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra y las Policías Locales, que trabajan "para hacer cumplir la ley y preservar la seguridad ciudadana".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha cargado contra Sánchez por "callar" ante la "violencia" que a su juicio instiga su socio de gobierno.

Marlaska: "Son actitudes injustificables en una sociedad democrática"

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este viernes su apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hacen frente a disturbios en varias ciudades en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, lo que ha calificado de "una minoría que con un concepto equivocado de los derechos hace uso de la violencia". "Son actitudes injustificables", ha defendido. Grande-Marlaska ha lanzado este mensaje al comenzar su intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de su departamento durante el temporal de nieve Filomena, que azotó el país varios días desde el pasado 6 de enero, según recoge Europa Press.

Al inicio de su intervención, ha dicho que quería reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "prestando servicio a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables". "Esa misma Policía Nacional", ha añadido, "que garantiza los derechos y libertades de toda la sociedad entre una minoría que con un concepto equivocado de los derechos hace uso de la violencia". "Son actitudes injustificables en una sociedad democrática y, desde aquí, todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado el ministro del Interior antes de centrarse en la gestión por el temporal Filomena.

Este jueves, después de los disturbios en varias ciudades de Cataluña y en la madrileña Puerta del Sol, el Ministerio del Interior mostró en Twitter su apoyo a la labor de los policías de las unidades de antidisturbios frente a "una minoría de violentos" que protagoniza altercados en diferentes ciudades españolas en protesta por la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. "Nuestro reconocimiento a la labor de la Policía y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos", ha señalado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional también respaldó a los agentes -como se hizo desde la Delegación del Gobierno- que hacen frente a los desórdenes públicos de los que protestan desde que el rapero Pablo Hasél entró en prisión en cumplimiento de una condena por enaltecimiento del terrorismo. "La Constitución Española recoge las misiones de la Policía. Una de ellas es garantizar la seguridad ciudadana. Y eso hacemos. Mucho ánimo a todos los agentes (especialmente a los heridos) que trabajan contra los disturbios callejeros", publicó la Policía en sus redes sociales.

El PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra Marlaska por no condenar a quienes desde el Gobierno alientan la violencia en las calles ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en referencia a Unidas Podemos. Y tanto los de Pablo Casado como los de Santiago Abascal le han reiterado que dimita.

En el PP, la diputada Ana Vázquez ha reclamado al ministro que haga lo mismo que pidió hace un año al entonces presidente catalán Quim Torra y condene "de manera firme y sin rotunda" la violencia que se ha visto estos días contra la Policía Nacional en las calles. "Pablo Iglesias es culpable de lo que pasa en las calles y Sánchez, cómplice, y si usted no es capaz de condenar la violencia, debe dimitir", ha apuntado Vázquez, quien ha mostrado su sorpresa por que el Gobierno aún no haya instado a la Fiscalía a abrir una investigación al "impresentable" portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por "incitar a la violencia" a través de su Twitter.

De su lado, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha condenado a Unidas Podemos por "alentar y amparar a los delincuentes" desde el Gobierno y ha afeado al ministro que no haya condenado ni esta actuación ni se haya puesto del lado de los policías. "No lo ha hecho y le pido que presente la dimisión o sea cesado de manera inmediata", ha proclamado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha tachado de "auténtica vergüenza" las escenas que se están viendo en diversas ciudades españolas en los últimos tres días y ha agradecido al ministro que se haya posicionado al inicio de su comparecencia del lado de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora bien, le ha recriminado que nadie en el Gobierno diga "nada" de quienes alientan desde su seno, en alusión a Unidas Podemos, esos comportamientos "incívicos" e "intolerables".

Almeida cifra en unos 200.000 euros la factura de los daños ocasionados por los disturbios en Sol

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en unos 200.000 euros, entre público y privado, la factura de los daños ocasionados por los disturbios del pasado miércoles en la Puerta del Sol. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el primer edil ha recordado que fueron 35 los policías nacionales heridos de distinta consideración, además de manifestantes y ciudadanos que pasaban por la zona.

Los daños materiales se siguen cuantificando pero sí ha adelantado que los provocados en el mobiliario urbano no representan "una cantidad excesiva" y además serán cubiertos por el contrato de mantenimiento en vigor. Le preocupa más los daños en los establecimientos privados, que el jueves los propietarios de los negocios calculaban en más de 150.000 euros. Esto le ha llevado a adelantar la cifra global de 200.000 euros.

Almeida se ha comprometido a "estudiar todas las acciones necesarias para que, quien lo haya hecho, lo pague, para que no salga del dinero de los madrileños". Preguntado si hay alguna vía para que esto pueda hacerse, el primer edil ha insistido en que pondrán "todos los medios necesarios" sirviéndose además de las detenciones, de las identificaciones policiales y de las cámaras de seguridad, aunque no ha obviado que "será una tarea complicada".

Por su parte, ante las nuevas restricciones impuestas por países de todo mundo por el empeoramiento de la situación de la pandemia y su impacto en el turismo, la ministra ha asegurado que cuando se recupere la movilidad a nivel internacional, España estará bien posicionada como destino turístico. "España sigue siendo, junto a Italia, el país preferido para viajar", ha remarcado la ministra.

Por ello, Maroto ve como un acierto haber incluido al turismo por primera vez como una de las líneas maestras de la política exterior española, según la Estrategia de Acción Exterior para 2021-2024 que ha remitido esta semana el Gobierno a las Cortes para su conocimiento y debate.

"Es importante resaltar que el turismo es una industria exportadora por excelencia, generadora de valor añadido y motor de atracción de actividad económica en España", ha resaltado la ministra durante la entrevista.

Hostelería de España ha reclamado responsabilidades en el Gobierno ante la falta de "ayudas serias" y directas que puedan compensar las continuas restricciones que está sufriendo el sector por la crisis sanitaria del coronavirus, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la patronal ha hecho esta reclamación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha asistido este lunes al comité ejecutivo de Hostelería de España, en el que también han estado representadas todas las comunidades autónomas a través de los presidentes de las asociaciones provinciales.

Durante la reunión, Maroto ha derivado la responsabilidad de otorgar ayudas directas a las regiones, a las que asegura "se les han otorgado 12.000 millones de euros del fondo Covid, además de haberse eliminado el techo de gasto".

Desde las diferentes asociaciones nacionales se ha insistido en la crítica situación que atraviesa el sector, y en la urgencia de las medidas. Los representantes de las diferentes regiones se han mostrado "decepcionados" por la falta de seriedad con la que las diferentes administraciones están tratando a la hostelería, pasándose las responsabilidades entre ellas.

Los hosteleros lamentan que a pesar que desde las diferentes organizaciones empresariales de hostelería se ha tendido la mano a las diferentes administraciones, desde éstas se han "hecho oídos sordos", dejando al sector en una complicada situación ante la falta de ayudas directas tras nueve meses de cierre o restricciones.

"Creemos que un sector que genera el 6,2% del PIB merece un respeto suficiente como para que no se estén eludiendo responsabilidades y desviando de unas a otras administraciones a quién corresponde aportar las ayudas directas, que desde hace ya varios meses se han dado en los principales países europeos", ha indicado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Maroto ha señalado a los hosteleros que el sector está "hiperprotegido" en el Plan de Refuerzo, presentado el pasado 22 de diciembre, mientras que bares y restaurantes aseguran que solo han contado con moratorias fiscales, planes ICO y ERTE.

Por ello, durante la reunión se ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento tripartita, donde se incluya al Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como la patronal representada por Hostelería de España.

La patronal hostelera considera "imprescindible resolver" la situación de miles de trabajadores que todavía no han cobrado la ayuda de los ERTE y se encuentran en una situación "caótica y de indefensión total".

De esta forma, la extensión de los ERTE hasta el final de la pandemia también ha sido otra de las peticiones del sector, si bien no se ha establecido ningún compromiso por parte de la titular de Industria, Comercio y Turismo.

Durante la reunión también se han destacado los proyectos europeos, que ya se han presentado a la Secretaría de Estado de Turismo, en los que ya está trabajando Hostelería de España en su esfuerzo por una reconversión del sector, centrados en los dos principales requisitos que impone Bruselas: la sostenibilidad y la digitalización.

Por último, se ha abordado el tema de la fiscalidad, ya que para los hosteleros las ayudas que se aprobaron en el pasado Consejo de Ministros son "insuficientes y se limitan a moratorias".

Los en torno a 1.000 trabajadores de la fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo), más de 500 de la planta de aluminio y otro medio millar de la de alúmina, están convocados a una huelga indefinida a partir de este domingo día 4 de octubre, informa Europa Press.

La decisión ha sido tomada por unanimidad este martes en asamblea, tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y Liberty para vender la factoría y también después de una mesa sin acuerdo entre la multinacional y el comité de empresa, que acusa de "mala fe" en el proceso a la compañía estadounidense.

Según ha informado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, la convocatoria para este paro indefinido ya ha sido registrada. De este modo, la plantilla intensifica sus protestas, después de varias semanas de movilizaciones con cortes de tráfico en la provincia de Lugo y concentraciones como la de este mismo martes a las puertas de la factoría, donde han quemado neumáticos y un cartel de la empresa.

Xunta de Galicia y Gobierno central también coinciden en acusar a Alcoa de "mala fe" en la negociación con Liberty, puesto que, de hecho, tras romper las conversaciones el pasado martes, también rechazó la oferta realizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que fuera esta la que adquiriera la fábrica.

La multinacional del aluminio, por su parte, asegura haber negociado de "buena fe", pero critica que las alternativas planteasen condiciones "fuera de mercado" y advierte que la refinería de alúmina de San Cibrao "no se incluyó en proceso de consulta ni en el de venta".

En este escenario, el vicepresidente económico gallego, Francisco Conde, ha asegurado que ambos ejecutivos estudian "todas las vías" desde el punto de vista jurídico y administrativo, incluida la de la intervención, para lograr que Alcoa "deje de operar la planta" y "dé paso" a Liberty.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Xunta de Galicia han trasladado al comité de empresa de Alcoa su "decepción" por la ruptura de las negociaciones para la venta de la planta de San Cibrao a Liberty y han acusado a la multinacional estadounidense de actuar de "mala fe" y de "empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario".

La ministra Reyes Maroto y el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, se han reunido telemáticamente con representantes de UGT-FICA, CCOO Industria y CIG, a los que han trasladado su malestar por la decisión de Alcoa de romper las negociaciones para la venta a la británica Liberty House, apenas una hora antes de que finalizara el plazo establecido para llegar a un acuerdo.

"La compañía norteamericana ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, tanto desde el comprador interesado, Liberty House, como del propio Gobierno de España, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta a través de la SEPI, para venderla inmediatamente a continuación a los británicos de Liberty", subraya el Ministerio en un comunicado.

Esta última posibilidad surgió a raíz de que Alcoa rompiera las negociaciones directas con Liberty el pasado martes. "Se trataba de una operación novedosa e impecable, que cumplía todos los requisitos legales tanto españoles como a nivel comunitario", insiste el departamento de Maroto.

Tanto la ministra como el conselleiro han emplazado a Alcoa a, antes de la reunión de la mesa multilateral de este lunes, "reflexionar sobre las consecuencias que su decisión tendrá para sus trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña en su conjunto", y aceptar alguna de las soluciones que el Gobierno le ha ofrecido para salvar los puestos de trabajo de la factoría de Cervo.

Ambas administraciones siempre han defendido que es posible alcanzar un acuerdo que dé continuidad a la producción de aluminio primario en la planta y a los puestos de trabajo. "No existen argumentos que puedan justificar una decisión que perjudica a todas las partes, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa San Cibrao y de la industria auxiliar", asegura Industria.

El Gobierno y la Xunta han afirmado que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y las capacidades productivas de la planta, con el objetivo de que no se pare la producción.

Los trabajadores no descartan la vía judicial

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha insistido en que la representación de los trabajadores no negociará la aplicación de "ERTE ni ERE" con la empresa, al ver el proceso "fraudulento", y no ha descartado acudir a los juzgados si esta apuesta por los despidos.

Preguntado antes de participar en la mesa negociadora con Alcoa, que ha tenido lugar en el Pazo de Cea del municipio pontevedrés de Nigrán –a unas tres horas de San Cibrao–, Zan ha remarcado que el comité de empresa no aceptará "nada que implique parar la producción" y ha incidido en que el Gobierno y la Xunta están "de su parte".

Mientras, la empresa ha advertido de la aplicación de un despido colectivo permanente que afectaría a los 534 puestos de trabajo de la planta de aluminio de San Cibrao en caso de que no haya "acuerdo sobre un ERTE". A ese respecto, el presidente del comité de empresa ha recordado que "hay juzgados y otras formas" para poder paralizar los despidos "legalmente". "La Xunta puede recurrir, el Gobierno puede recurrir y todos podemos recurrir esa decisión", ha advertido. Así, ha esperado que el Ejecutivo central y el Gobierno gallego "mantengan su palabra" y "Alcoa y sus asesores reconsideren su posición".

Millones de personas contienen desde hace días la respiración a la espera de las medidas que este martes se propone tomar el Consejo de Ministros para hacer frente al hundimiento de la actividad económica derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus. Empresas que no pueden trabajar, empleados a las puertas de un despido o de una regulación temporal y autónomos sin colchón para aguantar un parón que se va a prolongar durante semanas, si no meses, dependen de lo que decida el Ejecutivo.

Hasta este lunes la enfermedad había contribuido a matar a 309 personas en España de un total de 9.191 infectados. Otras 530 ya han superado la dolencia, según el sistema nacional de salud, y 432 permanecían en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para hacerle frente, las medidas de confinamiento, el cierre de establecimientos públicos —salvo supermercados y farmacias— y la prohibición de toda clase de eventos, tratan desde este último fin de semana de frenar el avance del virus.

A ellas se suman casi cada día nuevas propuestas —este lunes fue la decisión de restablecer las fronteras y cerrar el paso a los extranjeros no residentes— pero las medidas económicas no acaban de llegar. Se supone que saldrán este martes del Consejo de Ministros para intentar impedir que la paralización de la actividad deje heridas irreparables en la economía española con el fin de que, cuando se supere lo peor de la crisis sanitaria, que los expertos sitúan en el plazo de un mes o dos meses, las empresas y los autónomos puedan volver al trabajo y recuperar cuanto antes algo parecido a la normalidad.

Hasta cinco departamentos (Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social e Industria), con la omnipresente participación de la Vicepresidencia Primera, por cuyas manos, de un modo u otro, acaban pasando todas las normas, repasaban este lunes línea a línea el Real Decreto en el que trabajan desde hace días para conseguir ese objetivo. A la hora de redactar esta información todavía no había acuerdo, pero fuentes del Ejecutivo mostraron a infoLibre su esperanza de que el Consejo de Ministros sea capaz de alcanzar este martes un acuerdo que ya no puede esperar más. Y que, según todas las fuentes consultadas, dará lugar a una Real Decreto muy ambicioso.

Fuentes del Gobierno atribuyen la dificultad a la cerrar el documento a su extraordinaria complejidad. Afecta a muchísimas personas y a una gran variedad de sectores y no existe además ningún precedente al que agarrarse. El Ejecutivo transita un territorio desconocido y quiere evitar pasos en falso que puedan quedarse cortos o ir demasiado lejos.

Encima de la mesa están medidas para agilizarlos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los sectores más afectados, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia o la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.

También la creación de avales para ayudar a las empresas a superar el trance, además de la agilización de la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos.

Peticiones de los agentes sociales

Muchas de estas medidas están siendo reclamadas por sindicatos, empresarios y organizaciones de autónomos desde hace días. CCOO, UGT, CEOE y Cepyme reclaman una nueva regulación de los ERTE que incluya en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución. Los agentes sociales quieren que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esta crisis no cuenten para el futuro y que se suspenda el pago de cotizaciones sociales por parte de las empresas. También esperan que el Gobierno acepte completar hasta el 100% el salario de los trabajadores aislados o contagiados (la Seguridad Social les considera de baja por enfermedad profesional y les abona el 75%), regular la atención del cuidado de hijos y mayores de primer grado con nuevos permisos retribuidos, y facilitar la realización del teletrabajo en sectores y empresas donde no esté implementado.

Las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae esperan, por su parte, el reconocimiento y la concesión automática de la prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocios por la crisis o que deban quedarse en casa para el cuidado de hijos o dependientes, bonificaciones del 100% de las cuotas para quienes abandonen su actividad para cuidar de hijos o personas dependientes, y bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social a los autónomos infectados por el coronavirus o en cuarentena. Piden también liquidez y mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad (hipotecas, alquileres, suministros).

Nadie en el Gobierno quiere que se repita una situación como la del sábado, que dio a entender la existencia de dificultades para tomar decisiones en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Más allá del origen de las filtraciones que este fin de semana trataron de dibujar un enfrentamiento con límites definidos entre los socios de coalición —PSOE y Unidas Podemos—, todo indica que las bases de la discusión tienen fronteras más difusas. De un lado estarían los departamentos que tratan de preservar la salud macroeconómica del país —Economía, que dirige Nadia Calviño, y Hacienda, responsabilidad de María Jesús Montero— y aquellos que intentan dar respuesta a la angustia y la preocupación de los sectores más amenazados por las consecuencias económicas del coronavirus: Trabajo (Yolanda Díaz), Seguridad Social (José Luis Escrivá) e Industria (Reyes Maroto).

Los argumentos que separan a uno y otro bando apelan a la urgencia de atender a los que van a sufrir más la violenta crisis que se avecina pero también a la necesidad de evitar que un enorme agujero en el erario público hipoteque los próximos años. Un debate que se ha enrarecido en los últimos días después de que este sábado algunos medios lo planteasen como una pelea entre Unidas Podemos y el PSOE, algo que fuentes de los dos partidos consultadas por infoLibre desmienten que se hubiese producido en esos términos. Del lado de los partidarios de dar prioridad a los afectados en vez de al déficit se alinearon no sólo los miembros del Gobierno de Unidas Podemos sino hasta cinco ministros socialistas: José Luis Ábalos (Transportes), Isabel Celaá (Edudación), José Luis Escrivá (Seguridad Social), Reyes Maroto (Industria) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura).

Guatemala, en el corazón de Centroamérica, es una zona de intenso conflicto social debido, entre otros motivos, a la pugna entre la población autóctona y las centrales hidroeléctricas. En 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid denunció un caso de incumplimiento de derechos humanos en las obras de la hidroeléctria RENACE, a cargo de la compañía española Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. Tres años después de la denuncia, el Punto Nacional de Contacto (PNC) –organismo responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales–, que pertenece al Ministerio de Industria español, ha reconocido en un informe [ver aquí] que el Grupo Cobra no actuó de forma adecuada, informa la ONG.

Las obras de RENACE afectan a más de 29.000 personas de la etnia q'eqchi que viven junto al río Cahabón, donde se está construyendo esta infraestructura, que será el complejo hidroeléctrico más grande de toda Centroamérica. Grupo Cobra es el contratista del proyecto –que depende de la guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI)– y fue denunciado por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos.

El documento del organismo integrado en el Ministerio de Industria no menciona el nombre de la compañía española, pero da la razón a la ONG Alianza por la Solidaridad en cuanto a las reclamaciones por vulneraciones de derechos y deja claro que el hecho de ser contratista no exime a la multinacional de su obligación para con el cumplimiento de los derechos humanos: "La posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla”, ratifica el informe.

Dicho informe coincide, además, con el encuentro de representantes de las comunidades afectadas por el caso RENACE con el embajador español en Guatemala, Alfonso Manuel Portabales, a quien han expuesto también la situación de líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en la misma región que la obra de ACS, Alta Verapaz. 

El pasado julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó una sentencia que obligaba a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por RENACE. En esta línea, el PNC indica también que Grupo Cobra debe ajustarse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la compañía española debe asegurarse de que antes de la realización de un proyecto “se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas”.

La reclamación de Alianza por la Solidaridad al PNC es la primera de una ONG en España que cuenta con un dictamen. Para Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Sostenible de la ONG, “es muy importante que se den pasos como este informe para que las empresas entiendan que respetar los derechos humanos no depende de si la empresa actúa como inversor, contrata o subcontrata”.

No obstante, al carecer de capacidad sancionadora, y teniendo en cuenta que la obra está prácticamente terminada, el PNC tan sólo insta a la filial de ACS a disculparse ante los afectados y a colaborar con la justicia guatemalteca para mitigar y remediar los daños ya causados.

Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, los últimos datos indican que 32 personas que lideraban la lucha por su territorio y los recursos naturales han sido asesinadas entre 2018 y 2019 en Guatemala, donde los enfrentamientos ligados a la explotación de los recursos superan ya los 1.500.

Paradojas del destino, resulta que el azote de las paguitas guardaba en su armario una paguita de nada menos que 2,48 millones de euros. Y no sólo eso, sino que nadie sabe dónde está ese dinero que el Ministerio de Industria le prestó a una empresa suya para poner en marcha una fábrica de pellets (combutible a base de madera) en la localidad onubense de Niebla.

La defensa de Serrano, tras las decena de informaciones exclusivas de infoLibre, ha sido decir que los "medios progres" manipulamos las informaciones y que sus entonces compinches y ahora exsocios –Enrique Pelegrín y Javier López– son los malos de esta película. Cuando un delincuente (presunto) intenta desviar la atención, no hay nada más útil que un relato desapasionado de los hechos. Deja en evidencia a los tontos irremediables dispuestos a creer ciegamente al delincuente (presunto) y sirve a los demás para entender las cosas.

Así que vamos a intentarlo. Primero, los hechos. Y luego, las preguntas que Serrano, el de las paguitas, debería responder a la vista de esos hechos.

  1. Los hechos

Francisco Serrano es desde 2014 socio único y administrador de un bufete que lleva su nombre: Serrano Abogados de Familia SLP. Dos años más tarde, el 30 de marzo de 2016, decide intentar nuevos negocios y crea una compañía para dedicarse a fabricar pellets. Su nombre: Bio Wood Niebla SL. Esta sociedad se constituye con un capital de 1.245.000 euros, procedente en un 99% de la aportación de maquinaria industrial. Una aportación que era falsa, como el propio Serrano ha confesado públicamente: la maquinaria no existía. En todo caso, Serrano controla el 60% de las acciones de Bio Wood Niebla SL, a través de su bufete, que es quien figura como accionista.

Nada más constituirse, Bio Wood Niebla SL se presenta a una convocatoria de ayudas del Ministerio de Industria. La solicitud la firma, como representante de la compañía, Francisco Serrano. El 24 de noviembre de 2016, Industria le concede a Bio Wood Niebla SL un préstamo de 2.489.000 euros. Una de las normas de la convocatoria limitaba el importe máximo del crédito a las empresas constituidas ese mismo año al triple de los fondos propios de la empresa. Es decir: si Bio Wood Niebla no hubiese falseado los datos de su capital social, inventándose que aportaba una maquinaria inexistente, habría obtenido un máximo de 21.000 euros, ya que sus fondos propios reales ascendían a 7.000 euros. Gracias a esa manipulación, consiguió 2.468.000 euros a los que no tenía derecho.

En 2017, Serrano decide constituir una nueva compañía. El 28 de marzo, inicia sus operaciones Francisco Serrano Castro SLP, la sociedad limitada profesional que utilizará para su actividad como abogado. Y a su antiguo bufete –Serrano Abogados de Familia SLP– lo transforma en una sociedad limitada que se llama Proyectos e Inversiones Serralba SL. Este cambio se produce el 23 de mayo de aquel año, día en que además le vende un 33% de esta compañía a su entonces socio Enrique Pelegrín.

De forma inmediata, planean montar otra fábrica de pellets en Extremadura. Así que constituyen el 21 de junio de 2017 la compañía Pellex Energía SL, con sede en Mérida y con un capital de un millón de euros. El dinero lo ingresan en una oficina de Ibercaja Banco en Sevilla. Todas las acciones están a nombre de Proyectos e Inversiones Serralba SL, cuyo administrador único es en aquel momento Serrano.

El 4 de octubre de 2017, Francisco Serrano rompe con sus hasta entonces socios. Le vende a Enrique Pelegrín el 66% de las acciones que controlaba en Proyectos e Inversiones Serralba SL y dimite como administrador tanto de esta compañía como de Bio Wood Niebla SL. ¿Por qué? La explicación ofrecida por el dirigente de Vox es la siguiente: que se había dado cuenta de que la maquinaria de Bio Wood Niebla SL no existía y que sus socios querían montar otro proyecto idéntico en Extremadura para pedir más subvenciones públicas. La realidad es que, según su propia confesión, de la inexistencia de la maquinaria se había dado cuenta un año antes. Y en cuanto al proyecto extremeño fue él mismo quien lo puso en marcha.

En definitiva, durante el tiempo que Francisco Serrano fue el administrador y principal accionista del grupo empresarial, realizó las siguientes actuaciones:

1) Montó una empresa declarando falsamente que se aportaba una maquinaria valorada en más de 1,2 millones de euros.

2) Obtuvo de Industria, gracias a ese capital falseado, una ayuda de 2,48 millones de euros.

3) Creó en Extremadura otra sociedad con una aportación dineraria de un millón de euros, cuyo origen se niegan a desvelar Serrano y sus compinches.

Cuando cortó con sus socios, la fábrica de pellets en Niebla tenía que estar avanzada, puesto que el 25 de mayo de 2018 finalizaba el plazo de ejecución del proyecto. Pero en Niebla no hay ninguna fábrica; ni existía en mayo de 2018, ni existe ahora. Así que Industria pidió que le devolviesen el dinero. Sin éxito. Los 2,48 millones de dinero público han desaparecido.

  2. Las preguntas para Serrano, 'el de las paguitas'

Los hechos descritos están basados íntegramente en dos fuentes: documentos oficiales del Registro Mercantil y declaraciones del propio dirigente de Vox. No están, por tanto, sometidos a discusión. Ni Serrano ni nadie ha puesto en duda ninguno de esos datos. 

Esos hechos plantean una serie de preguntas para el propio Serrano. Y aunque de momento se niegue a contestar, un juez (aunque sea prevaricador) debería saber que a veces la Justicia corre más rapido que los defraudadores (presuntos).

He aquí las preguntas:

1. ¿Fue Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas, o alguna feminista supremacista quien acudió el 30 de marzo de 2016 a la notaría sevillana de Álvaro Sánchez Fernández para constituir la empresa Bio Wood Niebla SL?

2. ¿Fue Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas, o algún vividor memorialista quien declaró falsamente que aportaba para constituir dicha empresa maquinaria que no tenía?

3. ¿Fue Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas, quien confesó en Twitter que esa maquinaria jamás existió o acaso le hackeó la cuenta algún menor extranjero no acompañado?

4. ¿Fue Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas, o alguna feminista radical quien presentó ante Industria la solicitud para embolsarse 2,48 millones de euros sabiendo que la documentación presentada contenía datos falsos?

5. ¿Fue Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas, o algún rojo peligroso quien desvió un millón de euros para montar otra compañía en Extremadura con el objetivo de apropiarse de más dinero público?

Y, por último, pero quizá la pregunta más importante:

6. ¿Dónde está nuestro dinero, qué has hecho con los millones, Serrano, el de las paguitasel de laspaguitas?

Francisco Serrano, juez prevaricador, pertenece a esa clase de sujetos que se dedica a señalar a gente honrada para que los imbéciles miren a su dedo mientras él y sus compinches van robando (presuntamente) el dinero público de 2,48 en 2,48 millones.

Francisco Serrano, eso ya ha quedado establecido, es Serrano, el de las paguitasel de las paguitas. Pero la gran incógnita que queda por despejar es si, finalmente, podrá redondear su nombre artístico y pasar a la pequeña historia de la infamia como Serrano, el atracador de paguitasel atracador depaguitas. Eso lo tendrá que determinar la Justicia, que ya está investigando el asunto.

Trabajadores de Alcoa han protagonizado esta tarde una concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia para reclamar al Ejecutivo una "solución" que garantice la continuidad de todos los empleos en las fábricas de A Coruña y Avilés (Asturias) antes del 1 de julio, fecha límite fijada en el preacuerdo con la empresa para encontrar un inversor, informa Europa Press.

La protesta de los empleados de la fábrica coruñesa, unos 300, según la Policía Local, ha contado con el apoyo de trabajadores asturianos. También lo han hecho representantes de otras empresas como la de Ferroatlántica en Sabón, Arteixo (A Coruña), que han exhibido una pancarta en demanda de un tarifa eléctrica 'competitiva'.

'Contra el cierre y en demanda de una solución energética' ha sido el lema de la pancarta de los trabajadores de Alcoa, que han tirado durante la protesta bengalas, petardos y también han lanzado algún bote de humo. Se ha identificado, por parte de agentes de la Policía Nacional, a "dos o tres" personas, según ha explicado, a preguntas de los periodistas, el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.

"No sabemos si son órdenes del Gobierno o es una cosa particular", ha lamentado el dirigente sindical, quien ha señalado que le da la impresión de que "alguien se lo está tomando de otra manera", ha añadido sobre sus movilizaciones.

Estatuto electrointensivas

En la concentración, con algún corte de tráfico puntual, los trabajadores han coreado distintos lemas reclamando al Gobierno que actúe. 'Si no hay solución, Maroto dimisión', han dicho en alusión a la ministra de Industria en demanda de la búsqueda de un inversor para las fábricas. 'La solución, la intervención', han coreado también.

En línea con estas proclamas, el presidente del comité de empresa de A Coruña ha insistido en que, para que haya un inversor, "tiene que estar regulado cuanto antes" el estatuto para las empresas electrointensivas. "Ya nos tarda el tener algo", ha añadido pidiendo "premura" al Ejecutivo para tener un estatuto que permita a la industria tener un precio de la electricidad "razonable".

Por otra parte, ha reclamado un "pacto por la energía" para lo que ha considerado necesaria la implicación de todos los partidos. Con ello, según Corbacho, se evitaría que las empresas fuesen "coto de caza según quien gobierne" por parte de determinadas compañías.

Mientras, ha reiterado que van a seguir "presionando" para garantizar el empleo para toda la plantilla. Así, ha recordado que el 2 de febrero se manifestarán ante las autoridades portuarias de Vigo y Vilagarcía de Arousa para denunciar la entrada de aluminio de importación. "Hay que crear una normativa que proteja la producción de aluminio", ha insistido sobre el que se fabrica en España.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha alcanzado un acuerdo con la firma española Network Steel, por el que la compañía se ha comprometido a invertir entre 70 y 110 millones de euros en las instalaciones que Vestas mantiene en Villadangos del Páramo (León), ha informado Europa Press.

Así lo anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, que señaló esta inversión de hasta 100 millones de euros se destinará a la puesta en marcha de nuevas capacidades productivas con las que no cuenta en la actualidad el centro de Vestas.

Maroto, que se mostró satisfecha por haber alcanzado este "importante acuerdo" que permitirá mantener esta unidad productiva que Vestas pretendía cerrar, indicó que la llegada de Network Steel como inversor impulsará entre 200 y 350 empleos directos y hasta 1.000 puestos de trabajo indirectos.

En este sentido, la ministra ha precisado que los antiguos trabajadores de la planta de Vestas tendrán prioridad a la hora de ser contratados por esta nueva empresa. La multinacional certificó el cierre de su factoría en Villadangos del Páramo (León) el pasado mes de septiembre.

Este anuncio se ha producido tras la reunión que han mantenido este lunes en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Madrid, la ministra, el secretario de Industria, Raúl Blanco, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y representantes de CCOO y UGT.

Con todo, ha explicado que el Ministerio, fruto de este acuerdo, ha asumido compromisos con Network Steel en materia de financiación, así como la creación de infraestructuras logísticas. De esta manera, se trabajará de manera conjunta con otros departamentos ministeriales, asi como con la Junta de Castilla y León. La marca española Network Steel tiene una actividad comercial basada en los metalizados.

Entrará en vigor el 1 de enero

Tal y como ha concretado Maroto, el nuevo inversor se hará cargo de este acuerdo el 1 de enero de 2019 y empezarán la contratación de personal en marzo del mismo año. "Hemos cerrado esta crisis industrial de manera satisfactoria", ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Industria, Raúl Blanco, ha destacado el acuerdo alcanzado con la firma española y ha agradecido a los sindicatos y la delegación del Gobierno en Castilla y León su "predisposición" para llegar a una solución.

"A raíz del cierre, empezamos a trabajar de manera conjunta con sindicatos, empresa y delegación del Gobierno en Castilla y León mirando más allá de una simple decisión unilateral de cierre para garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales en León", ha concretado.

Colaboración con la Delegación de Gobierno

Asimismo, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, también ha evaluado el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y Network Steel asegurando que se trata de un "día importante para la moral colectiva".

"Agradezco a la ministra su implicación, porque cuando fue consciente del terrible problema que teníamos encima, ella tardó 24 horas en estar al frente de la acción política para buscar soluciones", ha sentenciado Barcones.

Posteriormente, la delegada del Gobierno ha puesto en valor la colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria para solucionar este problema y ha recalcado la unión entre ambas administraciones.

Valoración de sindicatos

Representantes de CCOO y UGT también han valorado positivamente el acuerdo por el cual se impulsarán entre 200 y 350 empleos directos y hasta 1.000 puestos de trabajo indirectos.

El responsable de política sectorial de CCOO, José Manuel Casado, ha destacado la "visión de futuro" de la negociación y ha agradecido el "grado de implicación" del Ministerio en este problema que azotaba a más de 200 trabajadores de la planta de Vestas.

Por último, el secretario de Acción Sindical de UGT, Jesús Ordoñez, ha explicado que la adjudicación a esta empresa española se ha producido porque ofrece "garantías de contratación".

Casi un año después de que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la decisión del Gobierno de Rajoy de aprobar mediante decreto el pago de una indemnización de 1.350 millones a una empresa del grupo ACS por la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor, el caso continúa vivo. Y no solo en los tribunales, donde se han ido abriendo diferentes frentes en los últimos meses, sino también en la arena política. La comisión de investigación sobre el fracasado proyecto gasístico del Parlament de Cataluña aprobó este lunes las primeras comparecencias que se celebrarán en el órgano parlamentario. En concreto, la Cámara catalana ha acordado citar al presidente de ACS, Florentino Pérez, así como a la actual titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a otros nueve exministros de los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Las citaciones comenzarán en un par de semanas, por lo que aún no hay ningún calendario establecido.

El Pleno del Parlament de Cataluña dio luz verde el pasado mes de junio, con el voto a favor de todos los grupos, a la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor. El objetivo de este órgano parlamentario de nueva creación, según se refleja en la resolución aprobada –presentada por ERC, JxCat, Catalunya en Comú y las CUP–, es evaluar “las causas, los antecedentes, los indicios directos e indirectos y las posibles negligencias y actuaciones dolosas” alrededor de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas levantado frente a las costas de Tarragona y Castellón. Para ello, se escucharán las explicaciones de expertos y responsables políticos, se analizará toda “la documentación” referente al Castor, se estudiará el impacto medioambiental que haya podido tener y se valorarán “los posibles daños y responsabilidades” derivados del proyecto gasístico. En definitiva, sostienen los impulsores del órgano parlamentario a infoLibre, se tratará de “arrojar luz” sobre algo “tan oscuro”.

La petición para poner en marcha una comisión de investigación en el Parlament sobre el almacén subterráneo de gas buscaba “evitar” que el caso terminase decayendo a nivel político, según explica a este diario David Cid, diputado de Catalunya en Comú, que se pregunta por “los intereses en juego” que había detrás del proyecto y que llevaron al Ejecutivo a ponerlo en marcha a pesar de que “no tenía ningún sentido” y a diseñar “concursos a medida para que los ganara Florentino Pérez”. Lo que no sabían es que, lejos de caer en el olvido, el debate también terminaría instalándose en el Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. El pasado mes de septiembre, la Cámara baja aprobó la creación de un órgano parlamentario para depurar responsabilidades en la construcción, financiación e indemnización del fallido proyecto gasístico. Es decir, se intentará arrojar luz al mismo tiempo desde Madrid y desde Barcelona.

¿Obligados a comparecer?

De momento, sólo ha comenzado a caminar la comisión de investigación del Parlament de Cataluña, que se constituyó a principios de octubre y que celebró su primera reunión este lunes. En este encuentro, todos los grupos parlamentarios acordaron las primeras comparecencias, aunque el calendario está todavía por cerrar. En condición de testigos, están llamados a declarar, además de Florentino Pérez y Teresa Ribera, nueve exministros de los últimos gobiernos –José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián, Elena Espinosa, Magdalena Álvarez, José Montilla y Joan Clos–, así como un ex alto cargo del Ministerio de Energía, dos exconsellers –uno de la Generalitat Valenciana y otro de la Generalitat de Cataluña–, tres alcaldes, el presidente del Banco Europeo de Inversiones o los consejeros delegados de Caixabank y Santander, entre otros. Además, se ha llamado a declarar a otras tantas personas en calidad de expertos.

A pesar de lo jugosas que puedan resultar todas estas comparecencias, desde Junts per Catalunya y Catalunya en Comú aseguran que la “esperanza” de que tanto Florentino Pérez como todos los exministros acudan a la llamada “no es muy elevada”. “A pesar de no tener esperanzas, nuestro papel es reivindicar la responsabilidad que todos ellos tenían en aquel momento. Por eso, es mejor que vengan si no tienen nada que esconder, porque si no lo hacen pensaremos que hay cosas que no quieren aclarar públicamente”, asevera Mònica Sales, diputada de JxCat en la comisión, que recalca la importancia de que todos ellos den explicaciones tanto a los “afectados directos” por el proyecto, en alusión a los vecinos de la zona, como “a los consumidores, que están pagando la gestión”. “A mí me parece que por el órgano pasarán más expertos que testigos”expertostestigos, afirma, por su parte, el diputado de Catalunya en Comú.

En teoría, todos los que estén llamados a comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria tienen la obligación de asistir. De no hacerlo, incurrirían en un delito de desobediencia. Así se recoge en el artículo 502.1 del Código Penal: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Ese mismo artículo, además, establece en su tercer punto que quienes falten a la verdad en su testimonio en una comisión de investigación parlamentaria se enfrentarán a una pena de cárcel de seis meses a un año o a una multa de uno a dos años.

El Consejo de Estado lleva, sin embargo, poniendo límites desde hace años a esta obligación en el caso de las asambleas autonómicas. En 2003, por ejemplo, consideró que el Parlamento de Galicia no tenía potestad para requerir la comparecencia de “autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General del Estado” en la comisión de investigación sobre la catástrofe del Prestige. Esta misma idea se ha repetido una y otra vez en los últimos años. La última ocasión, en junio de 2017, cuando el Consejo de Estado aseveró en un informe que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no tenían obligación de comparecer ante la comisión de investigación del Parlament sobre la denominada operación Cataluña. El escrito, además, ampliaba esta protección a exministros, ex altos cargos y miembros en activo o en “otras situaciones administrativas” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A estos dictámenes podrían agarrarse, por tanto, los ex titulares de carteras ministeriales que no quieran acudir a la cita en el Parlament. Pero los informes del Consejo de Estado no cubrirían ni al principal ejecutivo de ACS, ni a los consejeros delegados del Santander o Caixabank. Sin embargo, el diputado de Catalunya en Comú tampoco cree que tengan obligación de asistir a las comparecencias. “Está en sus manos decidir si asisten o no”, explica. “Consideramos que, interpretando el reglamento, solo están obligados a comparecer los funcionarios o cargos de la Generalitat. Por tanto, no hay capacidad de obligarles a que vayan”, aseveran desde el grupo parlamentario. Las comisiones de investigación están reguladas en el artículo 68 del reglamento de la Cámara catalana, que en su letra a) establece que la comparecencia “únicamente puede requerirse con relación a cuestiones que son competencia de la Generalitat”.

Las trabas en la petición de documentos

Otra de las dificultades que podrá encontrar la comisión a la hora de investigar el proyecto Castor será el requerimiento de información. En este sentido, el Consejo de Estado ya recordó, en el dictamen sobre la investigación del Prestige en el Parlamento gallego, que no hay obligación de que la Administración General del Estado atienda las solicitudes de documentación en relación con “la ejecución de funciones” que sean de su competencia. Es decir, los ministerios, dependiendo del caso, pueden negarse a facilitar ciertos documentos que les sean requeridos. De hecho, el reglamento del Parlament señala que las comisiones de investigación sólo podrán pedir a las autoridades del Estado “información y documentación” relacionada con “las competencias atribuidas” a la Generalitat “cuyos servicios aún no han sido transferidos”. Por todo ello, Cid cree que tendrá más recorrido el órgano creado en el Congreso de los Diputados que el que han puesto en marcha en la Cámara catalana.

No obstante, desde los dos grupos aseveran que, en cuanto finalice la investigación, estudiarán si hay indicios delictivos para llevar ante la Fiscalía el dictamen final sobre el caso. Los orígenes del conocido como proyecto Castor se remontan a 1996, cuando el entonces ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, otorga a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a la empresa Escal UGS –que pertenece en un 66,7% a ACS– a través de una orden ministerial firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, José Montilla, ministro de Industria entre 2004 y 2006, incluyó el proyecto gasístico como una prioridad en el Plan Energético Nacional 2005-2011. Y su sucesor en el cargo, Joan Clos –ocupó la cartera hasta el final de la legislatura–, dejó listo el denominado decreto Castor.

Una vez finalizada la fase de investigación, se dio el pistoletazo de salida a la fase de explotación. En 2008, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, firmó el decreto Castor, que otorgaba la concesión a Escal UGS e incluía una cláusula en la que se establecía que la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones” aunque existiese “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. Un año después, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dio luz verde al almacén de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona. La DIA, según denunció en un informe el Síndic de Greuges en 2014, no tomó en consideración “el apartado de riesgo sísmico”, a pesar “de las denuncias recibidas”. A pesar de ello, según señaló Ribera el pasado mes de junio, “nadie recurrió en su momento” la declaración.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa de explotación, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante el mes de septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona. Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar el real decreto-ley, que tiró parcialmente por tierra el Constitucional hace un año, que indemnizaba a ACS con 1.350 millones de euros.

"El compromiso de un Gobierno con los Derechos Humanos es fácil de expresar, pero su deber es plasmarlo en acciones concretas". Es la valoración de Alberto Estévez, portavoz de Armas Bajo Control –campaña lanzada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón–, que se muestra optimista ante la "declaración de intenciones" del Gobierno de revisar los contratos de exportación de armas a Arabia Saudí. Pero lo cierto es que esa "declaración de intenciones", tal y como la calificó este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, era el lunes un compromiso en firme. Según adelantó entonces la Cadena Ser, el Ministerio de Defensa había decidido paralizar la venta al país del Golfo de 400 bombas de precisión –por las que España recibiría 9,2 millones– que podrían emplearse contra la población civil en la guerra de Yemen, tildada ya por la ONU de "crisis humanitaria". 

El anuncio de Defensa llegó unos días después de un ataque de la coalición que lidera Arabia Saudí y que mató a decenas de personas en Yemen –muchos de ellos niños–. El Gobierno español se sumó a la "preocupación" expresada por Naciones Unidas y explicó que la venta de material de defensa a todos los países de esta zona está sujeta a "estrictas condiciones", incluida una garantía de que no será utilizado fuera del país. 

La decisión, según confirmó el propio Ejecutivo, generó algún conflicto con Arabia Saudí, pero fueron las protestas de los trabajadores de Navantia las que complicaron aún más la situación. Este viernes, más de un millar de trabajadores de la empresa en San Fernando (Cádiz) cortaron el tráfico de la autovía A-4 por temor a que el conflicto con el país rompiera también su contrato de construcción de cinco corbetas –de mucha más cuantía, 1.813 millones–, que se calcula generará 6.000 empleos directos e indirectos durante cinco años.

Y precisamente, esta puede ser una de las causas de la rectificación del Gobierno. Según Jordi Armadans, presidente de FundiPau, estas dos "presiones" han podido empujar al Gobierno a dar marcha atrás y a desdecirse de lo anunciado el lunes. "Algunos contactos y presiones han podido haber influido" en la decisión del Gobierno, afirma en conversación con infoLibre. Pero el Ejecutivo ha intentado salir al paso y desmentir, este mismo viernes, que los contratos de Navantia estén en peligro. En este sentido, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.

Lo confirmó, poco después, la portavoz del Gobierno. Celaá negó una crisis diplomática entre España y Arabia Saudí y, además, señaló que el Ejecutivo defenderá la carga de trabajo de los astilleros gaditanos de Navantia. "No creo que exista una crisis diplomática. Puede haber algún intercambio de opinión y puede haber habido alguna discrepancia, pero yo creo que se resolverá", dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

"Ruido innecesario"

Han podido servir como presiones al Gobierno, pero de manera injustificada, según Estévez. "Lo de Navantia ha sido un ruido innecesario, sobre todo porque la secretaria de Estado de Comercio ya dijo que el contrato no corría peligro", afirma. Lo dice porque, a su entender, no tiene sentido que la rescisión del contrato de las 400 bombas de precisión afecte al de los astilleros. Y lo constata con ejemplos: "Alemania, Bélgica o Noruega ya tomaron medidas restrictivas y prohibieron la exportación de armas que pudieran utilizarse en Yemen", recuerda. Y Arabia Saudí no tomó en ningún momento ningún tipo de represalia. 

"El Ministerio de Defensa tan sólo cumplió con su deber: ha afirmado que revisará los contratos y, si alguno no se ajusta a la ley, se eliminará", celebra. Pero desde Armas Bajo Control continúan insistiendo: debe eliminarse de forma completa el comercio de armas entre España y Arabia Saudí. 

Desde que comenzó la guerra en Yemen en el año 2015 y hasta 2017, España ha vendido 932 millones de euros en armas a Arabia Saudí. Tan sólo el año pasado, España ingresó 4.346,7 millones de euros por exportar material de defensa, y aunque el 72,6% de las ventas fue a países de la UE o la OTAN, fuera de este marco su principal cliente fue Arabia Saudí, de quien ingresó 270,2 millones de euros.

El beneficio económico es elevado, pero, según las ONG, se recibe a costa de la violación sistemática de Derechos Humanos. Por eso, después de tantas insistencias al Gobierno para que cesaran las ventas de material armamentístico, ahora celebran la voluntad de revisión de los contratos de exportación. "Valoramos muy positivamente que el Gobierno anteponga los derechos a los intereses comerciales, pero hasta que no se concrete en paralizar las ventas o en paralizar algunas que ya están en marcha tampoco podemos decir mucho más", expresa Armadans. 

Por ello, de momento se muestran cautos. Desde Armas Bajo Control ya conocían que la intención del Gobierno era revisar los contratos, pues se lo adelantó Méndez en la reunión que mantuvieron el pasado martes. Aunque, según afirman en conversación con este diario, esperaban más de su comparecencia de este viernes. "Esperábamos que en el Congreso de los Diputados concretara la revisión de los contratos, pero hasta que no se reúna la JIMDDU –Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso–, no sabremos nada más", critica Armadans. "Veremos, en ese momento, si de verdad hay cambios o no", afirma. 

La decisión depende ahora, por tanto, de ese organismo, formado por Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria, Hacienda, Interior y Energía –según un decreto de 2014–. Lo único seguro, por ahora, es que el Ejecutivo tratará de "encontrar una solución satisfactoria para todas las partes", que pase por "mantener buenas relaciones con Arabia Saudí" y al mismo tiempo asegurar la carga de trabajo de los astilleros en Cádiz, según dijo la propia Celaá.