Las extrabajadoras de Gürtel Isabel Jordán y Mónica Magariños han asegurado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market de un contrato para Fitur que fue el expresidente autonómico Francisco Camps el que introdujo a la trama en la Comunidad Valenciana y el que ofreció al grupo diversos contratos con la Generalitat, informa Europa Press.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas ilegalidades cometidas en relación al contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Magariños, una de las acusadas, ha detallado que Gürtel decidió trasladarse de Madrid a Valencia después de que Camps instase a Álvaro Pérez El Bigotes a asentarse en la comunidad autónoma. "Camps le dijo a Álvaro que allí iba a tener trabajo, y en el año 2003 empezamos a hacer los congresos regionales", ha apuntado.

Magariños, que trabajó como secretaria de El Bigotes y de el "número dos" de la trama, Pablo Crespo, ha asegurado que el primero pidió a Camps que le recomendase a una persona para asegurar la entrada de Gürtel en el territorio. El expresidente, ha explicado, le recomendó a Ignacio Blanch.

"Era una persona conocida en Valencia, su hermano tenía una empresa y bastante relación con todo el mundo y eso ayudaba a Blanch a tener contactos", ha señalado Magariños, que ha dado detalles de sus funciones: "Álvaro era el que se dedicaba a conseguir clientes y yo me encargaba de organizar los eventos".

Los propios clientes, ha continuado, eran "solamente" administraciones públicas. Después de que la trama organizase un "evento para Camps en 2004 que salió en todos los periódicos", el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y Pablo Crespo presionaron "muchísimo" a El Bigotes para que consiguiese trabajo.

"¿A quién se lo pedían?", le ha preguntado la fiscal Concepción Nicolás. "Al señor Camps", ha contestado Magariños, que ha indicado que el grupo tuvo sus primeros inicios "en Presidencia". "Nos dieron los USB y guías de comunicación en 2004. Uno de los primeros trabajos con la Generalitat lo trajo Blanch. Esteban González Pons, que era quien estaba, no tenía muy buena relación con Pérez, pero con Blanch sí", ha añadido.

La trabajadora de la trama ha ahondado en la importancia de Camps para los trabajos de Gürtel recordando una visita que ella mismo hizo al club de tenis con El Bigotes. "Allí estaba Camps con su familia. Álvaro volvió y me dijo: 'vámonos, que ya tenemos el Open de tenis'", ha explicado.

En este contexto, Magariños también ha detallado la forma de facturar con el gobierno valenciano después de que la fiscal le expusiera distintos documentos. "La Generalitat dijo que había que hacer facturas por menos de 12.000 euros. Ellos decían la cantidad y era Crespo quien ponía los conceptos", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado otra de las acusadas, la considerada como administradora de algunas de las empresas del grupo, Isabel Jordán, que también ha relatado cómo Gürtel se trasladó a Valencia. "Todo el mundo sabíamos que se iba Álvaro a Valencia porque tenía una amistad con Camps y porque le había ofrecido que se fuera a Valencia donde tendría posibilidad de trabajar", ha aseverado.

El Bigotes, que había dejado de trabajar con el PP nacional, valoró esa oportunidad y decidió que era "un buen momento" para asentarse en la comunidad autónoma. Jordán, además, también ha incidido en la relevancia de Blanch para el desarrollo que el grupo tuvo en Valencia.

"Dicho por el propio Blanch, a él se le contrata porque tiene relación con Camps y con González Pons y es una persona con mucho conocimiento de lo que es Valencia en sí o las instituciones. Es una persona influyente o que tenía contactos, esto dicho por él mismo", ha señalado.

Así las cosas, Jordán ha explicado que a raíz de los trabajos que Orange Market realizó para el PP valenciano se generó "una gran deuda". "A partir de ahí, de esa gran deuda digamos, empiezan a darle a Pérez los diferentes trabajos que se hacen", ha apostillado.

La sesión de este martes también ha servido para escuchar la declaración de otro de los acusados, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, que ha sostenido que nunca habló con Camps y que nunca le vio en la oficina de la empresa. "Como he jurado decir la verdad, nunca le oí ni oí hablar con él. Sinceramente no", ha asegurado.

Herrero, que inicialmente fue contratado como jefe de producción, recibió más adelante poderes para encargarse de cuestiones logísticas y de firma de documentos debido a los problemas que El Bigotes tenía con Hacienda "desde el punto de vista legal".

Pese a reconocer que acompañó a Pérez a algunas reuniones en las que se concertaron contrataciones, Herrero ha sostenido que lo hacía como "convidado de piedra". "Yo no era el comercial ni sabía lo que se pretendía. Iba por captar un poco para después en producción transmitir por dónde iban los tiros del acto que se iba a hacer", ha añadido.

Y, preguntado por cómo se hacía la trama con esos contratos, Herrero ha sido tajante: "Era Álvaro el que las conocía". Sin embargo, ha revelado que el grupo no "trabajaba mucho", lo que provocó que Crespo se enfadase porque "la empresa no conseguía tanto" trabajo como se pretendía.

El inicio de la sesión ha dejado un nuevo incidente en torno al propio Camps después de que el letrado de El Bigotes haya denunciado que el expresidente se dirigió a él el lunes como a un "abogado miserable". Ese insulto, ha sostenido, se produjo coincidiendo con el interrogatorio del propio Pérez.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha decidido ordenar a Camps que pasase de ocupar la última fila de la sala a sentarse en la primera "en prevención" a que el otrora mandatario valenciano mantuviese "el orden". El propio Mora ya pidió este lunes al expresidente que guardase respeto y que se abstuviese de realizar comentarios durante el turno de preguntas a otros acusados.

La representación de Camps, por su parte, ha solicitado al tribunal permiso para que el exdirigente del PP pasase a ocupar un "puesto en el estrado" haciendo valer su condición de letrado en ejercicio. Después de que Mora accediese a su petición, Camps se ha sentado junto a su defensa tras hacerse con una toga.

En declaraciones a los medios al término de la sesión Camps ha agradecido al tribunal "la oportunidad" y ha aprovechado para arremeter nuevamente contra la Fiscalía Anticorrupción. "Esto está roto. La línea de la Fiscalía se ha venido abajo: la desesperación es absoluta", ha clamado.

En este sentido, Camps ha aseverado que el Ministerio Público "lo está pasando muy mal porque se da cuenta de que el montaje" al que ha sometido a los "antiguos miembros" de la Generalitat "es una pura falsedad que se viene abajo". "Después de una declaración que ha sido clave yo creo que podemos hablar de causa finita, causa acabada", ha zanjado.

El ex presidente valenciano Francisco Camps ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos.

La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados. "No debe en cualquier caso admitirse ni puede servir de base objetiva, para quien sostiene la acusación, ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso", sostiene.

En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, "todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto".

Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre.

Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Cabe recordar que Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de 'Gürtel'. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a 9 años al añadir tráfico de influencias.

Entre los conformados destaca Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel. En su caso, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. "El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio.

En él, se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias El Bigotes) inició con Paco Camps".

Correa cuenta que "presionaba constantemente a Álvaro" porque "el 90% de los contratos" de publicidad, comunicación y eventos se adjudicaban a Global, una empresa que "trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana". "También recuerdo que Iñaki Urdangarín nos arrebató a través de su fundación varios eventos, no sin antes previa llamada del rey emérito", añade, matizando que toda esta información se la proporcionaba El Bigotes.

Asegura que, tras su "continua exigencia" a Pérez, cambiaron las tornas y el Gobierno valenciano les confió "algunos eventos", como los que componen esta pieza separada, conocida también como de contratos menores. Detalla que el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo, se ocupaba de la facturación e Isabel Jordán, de producción y montaje.

Asimismo, precisa que solo ha coincidido dos veces con Camps, una en la ya famosa boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar y otra en la boda de El Bigotes, al que sí atribuye una "estrecha relación de amistad" con Camps. "De manera que mi relación con él es inexistente", zanja.

Aprovecha además para resaltar que desde su primera declaración en el juicio por la primera época de 'Gürtel' ha venido mostrando "total transparencia" sin recibir "nada" a cambio. "Como se suele decir, me lancé a la piscina sin agua", ilustra.

Recalca que su "extensa declaración" sirvió para condenar al PP y que, como consecuencia de la tormenta desatada, Pedro Sánchez llegó a Moncloa, planteándose qué habría obtenido "de haberlo negociado 'a priori'".

Por su parte, Crespo reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de Gürtel, teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market". Crespo afirma que todos actuaban "siguiendo las instrucciones u órdenes" que él "transmitía" en materia de facturación. "Pues, salvo en las cuestiones administrativas internas del día a día, no daban un paso sin contar con mi aprobación previa", resume.

El número dos expresa su "arrepentimiento sincero" por el "daño económico" de sus delitos, aseverando que destinará "hasta el último céntimo de sus bienes para reparar el daño causado a las entidades públicas lo antes posible". Jordán, la considerada como administradora de las empresas de Gürtel, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. "Jamás me dio indicaciones", aclara.

La acusada también da extensos detalles sobre Camps y El Bigotes, a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".

Y es todavía más explícita sobre el papel de Pérez y su relación con Camps al manifestar que "durante los años 2004 a febrero de 2009, todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar" corrían de la mano de El Bigotes.

El gerente de Orange Market, Cándido Herrero, también ha llegado a un acuerdo de conformidad reconociendo su participación en Gürtel. Según admite, "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos".

Señala directamente a El Bigotes como quien "conseguía los trabajos". También expone que "en Orange Market no se enviaba presupuestos o una factura si no había sido ordenado por Pablo Crespo", mientras que la contabilidad correría a cargo de Ramón Blanco Balín.

Herrero subraya que tras su ingreso en prisión empezó a estudiar Criminología y que ahora es "más consciente" de su culpa, por lo que incide en que está "arrepentido". Así, acepta 7 años y 11 meses de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, y multa por 582.500 euros.

Por otro lado, la ex gerente de la fundación de la Comunidad Valenciana La luz de la imágenes Carmen Díaz Quintero accede a 1 año y 6 meses de prisión. Además, según consta en su propio escrito, ya ha abonado 34.626 euros para reparar el daño causado.

Por último, la ex directora general del Libro Silvia Caballer reconoce que acordó con El Bigotes contratar a Orange Market para el II Congreso Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005.

Admite que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".

Y para "minimizar" costes reconoce contactos con diez entidades para que patrocinaran el evento, así como con Proyecto Cultural Castellón para que lo "coorganizara", facturando unos 63.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación de la última pieza—la "principal"— de la macrocausa Gürtel, la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los líderes de la trama corrupta para eludir los pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron de ellos, y solicita para Francisco Correa y Pablo Crespo 77 años de prisión.

Según el escrito de la fiscal Concepción Nicolás presentado el pasado 25 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, ocultó la totalidad de su patrimonio y su "ilegal" procedencia y habría logrado al menos entre los años 2000 y 2007 el ahorro fiscal ilícito de 24.835.533,40 euros.

La fiscal Anticorrupción afirma que desde al menos el año 1998 hasta febrero de 2009 –cuando estalló el caso Gürtel–, Correa consiguió todo ello a través del uso del dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas y mediante un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

Facturas falsas, Caja B y complejo entramado societario

Al igual que en otros escritos de acusación relativos a otras piezas del caso Gürtel ya juzgadas, la representante del Ministerio Público analiza pormenorizadamente la estructura y composición de un complejo entramado societario de Correa y explica que se sirvió de las empresas de organización de eventos y viajes domiciliadas en España "tanto para obtener contratos públicos sobornando a distintos cargos públicos como para ocultar dichos pagos", así como sus propios gastos personales.

Para ello, se elaboraron facturas falsas con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que "no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos".

El Ministerio Público destaca que para dicha actividad, Correa contó, desde un primer momento, con la "indispensable colaboración" del considerado contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y, desde al menos el año 2002, con el que fuera su mano derecha, Pablo Crespo, así como con la de otros acusados.

Por otro lado, Correa desarrolló otra operativa para invertir su patrimonio y disfrutar del mismo ocultando su verdadero origen y su titularidad frente a terceros, incluido Hacienda. Así, constituyó entramados financieros y societarios en el extranjero y en España a través de los cuales ocultó tanto lo percibido por su intermediación en adjudicaciones irregulares como distintos ingresos por la prestación de servicios.

El escrito también relata las "diversas estrategias" que llevó a cabo el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, al menos desde 1999, para ocultar su patrimonio, en parte procedente de su "ilegal" intermediación de adjudicaciones públicas junto con Correa.

"En concreto, constituyó una estructura societaria y financiera en España y en el extranjero que fue variando a lo largo de los años; ocultó sus ingresos bien cobrándolos en efectivo bien reflejándolos como ingresos de su sociedad Cresva S.L. y encubrió sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba", cuenta el escrito de acusación.

Peticiones de pena 

Con todo ello, Anticorrupción dirige su acusación contra 26 personas y pide penas que oscilan entre tres años de prisión y los 77 años de cárcel que interesa para Correa y su 'número dos', Pablo Crespo, por un total de 23 delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. También solicita una elevada pena, la de 74 años de cárcel, para el que fuera el contable de la Gürtel.

Entre los acusados se encuentra la que fuera administradora de las empresas de Correa, Isabel Jordán, para la que piden 21 años de prisión; sus asesores financieros, Ramón Blanco Balín, que se enfrenta a 31 años de prisión, y Luis de Miguel, que afronta la petición de 27 años de cárcel; o los empresarios Jacobo Gordon o José Luis Ulibarri, para quienes solicitan 23 y 14 años de prisión, respectivamente.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó a principios del pasado mes de marzo un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado de la "pieza principal" del caso Gürtel, dando por concluida la instrucción de la macrocausa que empezó a investigarse en 2008.

En esa resolución acordó además el sobreseimiento de las actuaciones para 28 personas que habían sido investigadas, entre ellos el responsable de Orange Market –empresa de la Gürtel en ValenciaGürtel–, Álvaro Pérez 'el Bigotes'.

Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de 30 millones de euros por su "intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera".

Estos fondos "nunca fueron declarados" por Correa, por lo que el magistrado calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".

El líder de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', ha asegurado este martes que el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino tenía la "última palabra en todo" lo relacionado con la visita del papacon la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Asimismo, ha apuntado que fue el expresidente valenciano Francisco Camps el que le puso al mando de la gestión del acto.

Así lo ha dicho en su declaración como acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por los amaños en la contratación de empresas vinculadas a la red corrupta liderada por Francisco Correa para la organización de este evento. A preguntas de la Fiscalía ha afirmado que fue él mismo el que pidió a Camps participar en la organización de la visita del Pontífice porque "toda España quería participar de alguna manera, no había empresa de eventos que no quisiera participar".

'El Bigotes' es uno de los 13 acusados que han pactado con Anticorrupción una rebaja de petición de pena de prisión a cambio de reconocer los hechos de acusación. La segunda sesión del juicio ha comenzado con la explicación por parte del presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, de que es él el que tiene la "facultad" de decidir cuál es el orden de los interrogatorios, para acabar aceptando la solicitud del Ministerio, de que primero comparezcan los acusados 'arrepentidos'.

Por ello, el que fuera responsable de Orange Market, empresa de la trama Gürtel radicada en Valencia, ha declarado antes que los 'cabecillas' de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, que ya han anunciado que se van a acoger a su derecho a no declarar. 'El Bigotes' ha comenzado explicando que cuando se comenzó a oír que el papa visitaría Valencia, le propuso directamente a Camps hacer el diseño del escenario. Sin embargo, el expresidente de la Comunidad Valenciana le instó a que hablara con Cotino porque era "la persona que dirige todo el evento del papa en Valencia".

Tras subrayar que el expresidente de las Cortes Valencianas era "famoso por ser ocho años director de la Polícia, un hombre importante en el PP, respetado y valorado por todo el mundo", ha hecho hincapié en que en el asunto del papa "la última palabra en todo la tenía Juan Cotino"y que fue el propio "Paco Camps" el que le puso al mando del todo. Cotino se enfrenta en este juicio a 11 años de prisión.

Un escenario tan grande como "un pueblo"

'El Bigotes'  ha relatado que finalmente no le encargaron el montaje del escenario porque debía hacerlo un equipo de arquitectos, ya que iba a ser igual de "grande" que "un pueblo" y tenía hasta un ascensor. Por ello, le concedieron la instalación de pantallas gigantes y la megafonía para seguir el recorrido del papa.

No obstante, ha indicado que "lo que pareció un regalo" fue lo más "complicado" porque era necesario que las pantallas fueran de "extrema calidad" y, debido a que la visita del papa coincidió con un campeonato de fútbol, no había este tipo de equipos en "ningún rincón de Europa". Con todo ello, ha insistido en que no sabe cuánto fue el coste final de estos servicios –la Fiscalía apunta en su escrito que se elevó a más de 7 millones de euros que permitió el reparto de 3,3 millones– ni cuando fue el momento en el que se decidió que la Radio Televisión Valenciana (RTVV) fuera la adjudicataria porque era la encargada de retransmitir el recorrido. Aún así, ha apuntado que, pese a que nunca ha elaborado presupuestos, sabe que este tipo de evento tiene un alto coste y lo ha comparado con el espectáculo de la 'Super bowl', que "dura 15 minutos y cuesta 100 millones de euros".

Niega cobro de comisiones

Por otro lado, la fiscal le ha preguntado por el presunto reparto de comisiones y regalos a funcionarios y autoridades de la Comunidad Valenciana. Sobre la entrega de dinero, ha dicho que no sabe nada cuál fue el beneficio que tuvo Correa por este acto y que el líder de la Gürtel –sobre el que ha señalado que ha "ayudado mucho" a su familia– nunca le dijo que le iba a "regalar" nada de esto.

En este sentido, ha afirmado que le llama la atención que su nombre aparezca en la hoja excel de la contabilidad de Teconsa –empresa vinculada a la Gürtel finalmente adjudicataria–, pues ha negado cualquier tipo de relación con esta mercantil. Asimismo, ha rebajado el tema de los regalos realizados por la Gürtel al que fuera director de RTVV Pedro García Gimeno –otro de los acusados que ha pactado con la Fiscalía y a quien ha definido como "muy escrupuloso"–y a Cotino. Sobre este último ha admitido que le hace "mucha gracia" lo del "chaquetón de Cotino" –un abrigo de la marca Milano valorado en 375 euros– porque no recuerda haberle entragado nada de ese estilo.

En cuanto a distintas prendas de vestir por importe de 3.550 euros a García Gimeno, los ha enmarcado en regalos que se hacían entre ellos debido a que tenían "una relación muy estrecha". La Fiscalía le ha preguntado también por un coche de la marca Mini valorado en más de 30.000 euros que entregó al exdirector de RTVV, sobre el que ha dicho que era un vehículo que compró para su mujer y que trató de vender después de que Correa le dijera que se "deshiciera" de él porque era un peligro en caso de accidente.

'El Bigotes', antes de empezar a contestar a su defensa, ejercida por el abogado José Javier Vasallo– ha querido concluir el interrogatorio de la Fiscalía haciendo una referencia, sin mencionarlo expresamente, a los presos por el 'procés' independentista. Así, ha aludido al "arrepentimiento" que tienen que mostrar los acusados para "que se les otorgue un perdón".

"La independencia de la Comunidad Valenciana"

Tras defender su "impecable" trabajo que ha realizado para Correa y para "otras personas", ha asegurado que de lo que realmente se arrepiente es "de no haber convencido a Correa para declarar la independencia de la Comunidad Valenciana". "Yo hoy estaría esperando y viendo como el Gobierno cambia las leyes para mí y ademas estaría en mi casa cuidando de mis seres queridos y sería un héroe", ha concluido.

En la sesión de este martes también han comparecido el resto de acusados que han pactado con la Fiscalía, comenzando por el considerado 'cerebro' financiero, Ramón Blanco Balín, quien ha reconocido que le pidieron consejos para poder realizar una facturación falsa y que fuera "lo más verosímil tanto contable como fiscal". Este acusado también ha acabado su declaración mostrando arrepentimiento, pero por haber trabajado para las empresas de Correa, que le han hecho tener "por primera vez en 40 años de profesión" un problema judicial. Después ha sido el turno de Carlos Fragio, uno de los administradores de una de las empresas subcontratadas por Correa para la visita del papa, que también ha asegurado que Cotino era el "responsable" de todo este evento. Según ha dicho, en una reunión en Valencia, Álvaro Pérez presentó al dirigente 'popular' y se refirió a él como "el organizador", como la persona "que realmente manda en todo esto".

En vísperas de la vista oral que comenzará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 9 de marzo, buena parte de los 23 acusados en este nuevo proceso ultiman sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha confirmado infoLibre en fuentes conocedoras del caso. Reconocer los delitos y devolver dinero del sustraído al erario público por aquel "desembolso ilícito" –uno de los objetivos habituales de Anticorrupción y de la acusación popular que en Gürtel ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE– reportará a quienes firmen los llamados "acuerdos de conformidad" un beneficio: el pacto que suscriban les evitará bien entrar en prisión al aceptar condenas de, como mucho, dos años. O, al menos, les garantizará permanecer entre rejas menos de lo que podría acarrearles una condena sin atenuantes.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que a la admisión de culpa ya se han sumado los funcionarios que participaron en la mesa que desde Canal Nou adjudicó un contrato hinchado y amañado y cuyo objetivo formal pasaba por garantizar la retransmisión mediante pantallas gigantes del Encuentro Mundial de la Familia y las intervenciones del pontífice. 

En este caso, quien en 2006 dirigía la radiotelevisión pública valenciana, Pedro García Gimeno, se arriesga a 40 años. Pero todo apunta a que, como adelantó el domingo el diario Levante, García se cuenta entre quienes buscan a marchas forzadas un pacto con la Fiscalía antes de que el juicio arranque. Porque, dirigido por un tribunal integrado por José Antonio Mora, Julio de Diego y Fernanda García (la ponente), este juicio ofrece visos de arrancar desde su primer minuto como una máquina imparable en cuanto a pruebas y declaraciones incriminatorias. El cerebro del asesoramiento financiero que desde el estallido del caso en 2008 ha planeado sobre distintas operaciones, José Ramón Blanco Balín, consta igualmente en la lista de posibles firmantes de los acuerdos de conformidad.

Más lejos de la cifra de 40 años de prisión, pero también con dos dígitos en juego –11 años le pide la Fiscalía; 15, el PSOE–se encuentra Juan Cotino. Y afronta un riesgo de condena potencialmente mayor si otros inculpados de relevancia –como el ya citado Pedro García– reconocen que delinquieron y expoliaron las arcas de Canal 9. Histórico del PP valenciano, exdirector general de la Policía, luego conseller, más tarde presidente de Les Corts, tío de uno de los empresarios que terminó por confesar su papel en la financiación ilegal del partido y auténtico poder fáctico, según la Fiscalía, en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de llevar las riendas de la visita papal y ahora señalada como partícipe a título lucrativo: es decir, beneficiaria económica de los delitos supuestamente perpetrados.

Las acusaciones consideran crucial la participación de Juan Cotino en un tinglado que, supuestamente, sustrajo a Canal 9 más de siete millones a través de un contrato de "precio desorbitado, y notoriamente superior al del servicio realmente prestado". La "empresa instrumental" contratada –relata la Fiscalía– fue Teconsa, uno de los clásicos en el entramado Gürtel.

Según los escritos de acusación, la meta real de aquel contrato era una muy distinta a la de ofrecer cobertura a la visita del papa. Lo que se buscaba era el enriquecimiento de la trama Gürtel, que se embolsó 3,3 millones de los 7,49 que costó el evento a una radiotelevisión pública, Canal Nou, cuyo cerrojazo impuso luego la Generalitat valenciana en noviembre de 2013. Para cuando la televisión valenciana dejó de emitir, los 22 millones de deuda de 1995 se habían disparado hasta 1.200 millones. ¿Hubo más contratos como el de la visita del papa que contribuyesen a la ruina de la cadena autonómica? No se sabe. Pero de lo que no hay duda es de que el grupo beneficiado por aquel contrato millonario de la visita papal, el de Francisco Correa, era el mismo que participó en la financiación del partido admitida casi a coro hace dos años en la vista oral donde Ricardo Costa disparó un auténtico cañonazo: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Basándose en todo lo investigado, Anticorrupción sostiene que Juan Cotino, Pedro García y los tres principales responsables de la red Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– "acordaron y planificaron de común acuerdo" atribuir al ente público RTVV (Canal Nou) "el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido". Al hacerlo –prosigue el escrito de la Fiscalía– conseguían "apoderarse directamente de los fondos públicos de RTVV a los que Pedro García Gimeno tenía más fácil acceso por su condición de Director general del Ente Público".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado este jueves auto de apertura de juicio oral al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco CampsFrancisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la trama Gürtel en la edición de Fitur del año 2009. Además de procesarle por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, el magistrado incluye también tráfico de influencias. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press calculan que el juicio se iniciará la próxima primavera.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que ha quedado acreditado que "con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad".

Según el juez, el que fuera responsable de Orange Market y mano derecha de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez Alonso el Bigotesel Bigotes, y el gerente de dicha empresa Cándido Herrero, "bajo la superior dirección" del líder de la Gürtel y de su número dos, Pablo Crespo, "se concertaron con Camps para que éste,como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno". Además, según el auto de apertura de juicio oral, "actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo bajo la autoridad del presidente".

De la Mata detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados contra el expresidente y señala que otros investigados que han apuntado hacia él, como Pérez Alonso, no han hecho una "declaración aislada o inconexa", como invoca la defensa de Camps, sino que existe un "arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar" que el exdirigente conservador participó directamente en el direccionamiento del contrato. "Lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda", asevera el magistrado.

Así pues, el instructor concluye que la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, "sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009".

Evitar la publicidad y transparencia

Para el juez, los hechos encajan dentro del delito de prevaricación en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en "actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites". "Fueron por tanto actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración", afirma. "Se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado", añade el magistrado.

Respecto al delito de fraude a la administración, que incluye la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, De la Mata cree que no se puede descartar que Camps e Ibars acordaran un "plan criminal" siguiendo esta última las indicaciones del primero y pusieran en marcha "ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo", organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.

En cuanto al delito de tráfico de influencias que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que el expresidente valenciano ejerció influencia sobre Ibars para conseguir que ésta "diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos".

Así pues, Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude y pide 2 años y medio de prisión. La acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

No sé si recuerdan ustedes El guardián entre el centeno, la magnífica novela de J. D. Salinger. Se trata de la historia de un joven rebelde, Holden Caulfield, contada por él mismo. Al poco de comenzar, el protagonista y su profesor de Historia tienen una conversación. El señor Spencer le dice: “La vida es una partida, muchacho. La vida es una partida que uno juega de acuerdo con las reglas”. El chico le contesta que sí. Pero añade para sí mismo: “De partida, un cuerno. Menuda partida. Si te toca del lado de los peces gordos, desde luego que es una partida, lo reconozco. Pero como te toque en el otro lado, donde no hay ningún pez gordo, ¿qué tiene eso de partida? Nada. De partida, nada”.

Resultaría ocioso averiguar si Francisco Camps (Valencia, 1962) había leído o no el relato de Salinger cuando empezó todo. Seguramente no. Pero es ahí, en el párrafo que encabeza esta crónica, cuando ese todo tiene la hechura de unos trajes que vestían de largo una corrupción política de unas dimensiones que luego se demostrarían estratosféricas. El dinero sucio iniciaba (hablamos de comienzos de 2009) su senda tenebrosa por los laberintos contables del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza. Los “cuatro trajes” (como protestaba el propio Camps ante las primeras acusaciones que apuntaban al cohecho y a la financiación ilegal, entre otras irregularidades) servían para escenificar lo que luego habría de ser norma de uso por parte de la justicia: por más datos que hubiera (que los hubo, y bien que los desgranó la prensa del momento), el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, se los saltó todos a la torera. “Su suerte fue el poder que tenía, su control de la judicatura y sus contactos”, dice sobre Camps el periodista Sergi Castillo, autor de los libros Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel y Yonquis del dinero. Las diez grandes historias de la corrupción valenciana. En esas palabras empieza a tener sentido el murmullo de Holden Caulfield: no es lo mismo pertenecer al mundo de los mindundis que codearse con el mundo submarino donde nadan libres de peajes los peces gordos. O dicho una miaja a lo bruto: algunas veces, ser rico te libra de ser considerado por la justicia un delincuente.

Le llamaban Forrest Camps

Francisco Camps se inicia en la carrera política desde muy joven. Siempre andaría untado con los óleos sagrados de una entregada militancia cristiana que -casualidades de la vida- habría de acompañar sus últimos suspiros en el declive ya imparable de aquella carrera política. El Ayuntamiento de Valencia sería su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por Rita Barberá cuando ella era la delfina valenciana de la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después habría de desempeñar cargos públicos en el Congreso, en el gobierno valenciano presidido por Eduardo Zaplana, en el de Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como Molt Honorable Senyor. Estábamos entonces en el año 2003.

El primer flashback de la corrupción a lo grande del PP podemos situarlo en el descabellado proyecto de Terra Mítica, cerca de Benidorm. Mandaba entonces Zaplana en los anunciados paraísos terrenales a los que estaba destinada la Comunitat Valenciana. Antes, en febrero de 1990, protagonizaba el luego presidente y ministro la impagable conversación telefónica con su colega Salvador Palop, concejal del Ayuntamiento de Valencia. Esa conversación daría pie al caso Naseiro, el primer tesorero del PP en poner una pica en el Flandes político de una corrupción que habría de ser, con el tiempo, el modus operandi del partido que entonces comandaba José María Aznar. Un año después, en noviembre de 1991, obtendrá Zaplana la alcaldía de Benidorm gracias a Maruja Sánchez, tránsfuga socialista. Finalmente, será en 1995 cuando el cartagenero acceda a la presidencia de la Generalitat. Esas fintas a la decencia moral y a la dignidad de la política ilustraban lo que pronto sería la vida del PP en todo el territorio valenciano: la política no iba de servicio público sino de servicio, pura y llanamente, librado a sus bolsillos y a los de sus amigos y familiares. “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora tengo que comprarme un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?”, le decía Zaplana a Salvador Palop en aquella charla de 1990. Y tenía muy claro de dónde sacar ese dinero: de la política. Bueno, no exactamente de la política, sino de la política en su estado más sucio y despreciable. Lo mismo que habría de ser la consigna de Camps y el PP en su largo mandato al frente de las instituciones valencianas. El dinero desaparecía como por arte de birlibirloque de las arcas públicas y aparecía después en las cuentas corrientes de altos representantes del partido y de algunas empresas creadas para enriquecerse con el dinero de los contribuyentes.

En las elecciones de 2003 fue Camps el candidato a la presidencia de la Generalitat. Ganó esas elecciones con mayoría absoluta y, cuando poco después fue nombrado presidente del PP, empezó el distanciamiento con su antiguo jefe, Eduardo Zaplana. La crueldad de Zaplana en esos momentos no tuvo complejos: “Ahí os dejo a Forrest Camps”, se comenta que dijo de su heredero. Pero pronto comprobaríamos que de Forrest Camps nada de nada. Las lecciones de Zaplana calaron hondo en el alma de su sucesor, pues lo que hizo Camps en sus sucesivos mandatos fue convertir el PP en un ilimitado estercolero y, de paso, conseguir que la Comunitat Valenciana fuera vergonzosamente percibida como un impresionante modelo de corrupción.

La lujosa prosperidad predicada por el Partido Popular se alimentaba de la mafia política y empresarial, al mismo tiempo que esa mafia hacía estragos, para provecho propio, en la economía y la política públicas valencianas. “Las redes clientelares han funcionado en la Comunitat Valenciana como una máquina perfecta. Las bandas de música, las amas de casa, los clubs deportivos, los medios de comunicación, el gremio empresarial... todos recibían dinero público en función de su afinidad”, afirma Sergi Castillo.

Los procesos judiciales empezaban con el caso de los trajes y ahí empezaba también lo que se conocería como el caso Gürtel. La empresa Orange Market, comandada por Francisco Correa y con delegación valenciana a nombre de Álvaro Pérez, alias el Bigotes, se pondría las botas organizando todos los saraos del PP en los que había dinero a espuertas para engordar sus cuentas corrientes. Los “cuatro trajes” se habían convertido en una fábrica ilegal de hacer dinero, sellado, ese dinero, por una maquinaria de delincuencia financiera perfectamente engrasada. Las elecciones de 2007 y 2011 las ganaría Camps con mayorías absolutas. Las de 2011, cuando ya había sido encausado por el caso Gürtel y nueve de los diputados del PP estaban igualmente imputados -como su presidente- por diversos delitos de corrupción. Se decía irónicamente aquellos días que los imputados del PP en las Cortes Valencianas podrían convertirse en el tercer grupo parlamentario, después del PSPV y del mismo PP. Lo que escribía el novelista francés Léo Malet en Niebla en el puente de Tolbiac en boca del detective Nestor Burma: “Hoy por hoy la mala fama es rentable”.

Ni en la imaginación de Agatha Christie

Ni la mismísima Agatha Christie hubiera podido imaginar tantos casos policiales como los que ha protagonizado Francisco Camps en sus sucesivas etapas al frente de la Generalitat Valenciana. Los trajes eran poca cosa comparado con lo que vino luego. La construcción del circuito de Fórmula 1 y su gestión supondrían un agujero sin fondo para las arcas públicas. Los chanchullos con la empresa Valmor, de Jorge Martínez, conocido en el mundo de las motos como Aspar, y la mano negra del magnate Bernie Ecclestone aún colean y de nuevo la justicia se abraza a los del toma el dinero y corre sin el más leve pestañeo. Una imagen para la posteridad es la que nos deja el mismo Camps pilotando un Ferrari en el circuito motociclista Ricardo Tormo en Cheste. De ilustre compañía ahí andaban Rita Barberá y Fernando Alonso en esa especie de bajel pirata al que solo le faltaban los 10 cañones por banda que le añadía al barco el mismísimo José de Espronceda.

En las últimas semanas saltaba la última noticia: el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, decide procesar a Francisco Camps, junto a otros socios de su partido y empresarios, en la causa de la construcción del circuito de Fórmula 1. Esas obras no iban a costar un sólo euro -en las propias palabras del expresidente- a las arcas públicas y, según los datos que maneja la jueza instructora, la cuenta podría ascender a cerca de 90 millones de euros entre 2007 y 2008. Los delitos que imputa la acusación son los de “prevaricación, malversación y falsedad documental y/o tráfico de influencias”. Nada menos. Sin embargo, cuando hablamos de Francisco Camps, la última noticia nunca es la última. A los pocos días de esa dura imputación, la propia Fiscalía exigía el archivo de la causa. Según esta paradójica petición, no habría existido el delito de malversación, mientras que el de prevaricación habría prescrito en septiembre de 2017.

Intentar abrir una miaja de luz en los laberintos judiciales por donde circula Francisco Camps desde hace años es toparte sin remedio con el minotauro de la extrañeza, con esa amarga sospecha -tan repetida en estas mismas páginas y otras que no son mías- de que la justicia es demasiadas veces enérgica con la fragilidad y enormemente suave con quienes detentan o detentaron un poder que, pase lo que pase, no se agota con el paso del tiempo. No sé lo que puede suceder con algunas de las acusaciones a las que tiene que enfrentarse el ex presidente de la Generalitat Valenciana desde hoy mismo hasta el momento en que salgan publicadas estas páginas. En todo caso, y después de este lío de imputaciones exprés y archivos lo mismo de veloces, lo peor -al menos para mí- en la trayectoria institucional de Francisco Camps tuvo lugar en el mes de julio de 2006, cuando el papa Benedicto XVI visitó Valencia para el llamado V Encuentro Mundial de las Familias.

Unos días antes de esa visita, el 3 de julio, los vagones del Metro se estrellaban en la curva de la estación de Jesús y dejaban en el descarrilamiento 43 muertos y 47 heridos. Los medios públicos -Canal 9 y Ràdio Nou- ocultaron ese desastre y se centraron en la visita del pontífice. Desde aquel día terrible, la Asociación de Víctimas 3 de Julio no dejó de exigir, en sus concentraciones en la plaza de la Virgen de la capital, justicia y verdad sobre las causas del accidente. Y, sobre todo, que el presidente de la Generalitat escuchara sus reivindicaciones y asistiera de cerca al dolor que dejó el accidente entre los familiares de las víctimas. Nunca lo hizo. Él ya tenía bastante con su beatería de pacotilla y, para dolor, también tenía suficiente con el que infligía cotidianamente a una sociedad valenciana que se arruinaba cada día más. La sentencia de Antonio Machado cobra actualidad en los tiempos que corren: “En toda catástrofe moral solo quedan en pie las virtudes cínicas”. La visita del papa se saldó con una nueva imputación de Francisco Camps, de su socio Juan Cotino y de otros de sus excelsos Legionarios de Cristo. Según el juzgado de instrucción número cinco de Valencia, habrían aprovechado la visita papal para defraudar otra vez la voluntad de una ciudadanía atónita y la frágil economía pública valenciana. La vieja sentencia “a Dios rogando y con el mazo” arrimando la pasta a nuestros bolsillos.

Fugado de The Walking Dead

El 20 de julio de 2011, acosado por el viejo caso de los trajes, Camps abandonaba la presidencia de la Generalitat. Una vez más, se escuchaba el lenguaje indecente y cínico de su beatería: “Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno”. Por esa cosa rara de las leyes, el rey de la corrupción orgánica e institucional pasaría a formar parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Un chollo -seas o no un corrupto- para quienes han ostentado la presidencia del gobierno valenciano. Pero hay ahora mismo una verdad incontestable: Francisco Camps es un personaje que apesta incluso entre los suyos. No pisa la calle. Va a todas partes en el coche oficial que le permite su condición de expresidente. En su etapa final solo le quedaban los rezos compartidos con su confesor y con su leal cofrade Juan Cotino. Hace unas semanas lo vi bajar del auto en la calle de las Barcas y meterse rápido en un portal lujoso de esa calle. No sé si ustedes se lo creerán, pero era como si se hubiera escapado del set donde se rueda la serie The Walking Dead. Un muerto viviente. Eso es en esta primavera de 2019 el antes tan larga y anchamente todopoderoso Francisco Camps. Eso sí: no despierta en mí ese hundimiento ninguna compasión. Ninguna.

*Este artículo está publicado en el número de junio de tintaLibre, puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí. aquí

Con cuarenta comparecencias repartidas en 28 sesiones a lo largo de casi dos años, la Comisión de Investigación de la Presunta Financiación Ilegal del PP quedó liquidada este martes sin emitir conclusiones. Sin proponer, por tanto, medidas legislativas. Y, sobre todo, sin que el expresidente Mariano Rajoy se haya sometido a interrogatorio en el Congreso tras el judicial de hace dos veranos y antes de la disolución de las Cortes. El pacto alcanzado por PSOE con Ciudadanos y Podemos tras el arranque de la comisión estipulaba que Rajoy sería el último en comparecer.

Unos –PSOE– y otros –Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra– se culpan mutuamente de haber impedido que el Congreso concluya oficialmente que el PP se financió de manera ilegal. Pero todos, salvo el partido investigado, coinciden en que la verdadera conclusión no escrita es el retrato que, en paralelo a todo lo que en la vía judicial ocurrió, terminaron de perfilar esas 28 sesiones de la comisión en sus 21 meses de vida. Un dibujo, entienden, que confirma la simbiosis entre el PP y una trama que el policía Manuel Morocho, uno de los comparecientes que mejor recuerdan los portavoces de la comisión, definió así el 7 de noviembre de 2017: Gürtel, dijo ante los diputados, es "el concepto de corrupción en estado puro". En resumen, todos salvo el PP entienden que los trabajos de la comisión han desembocado en el mismo punto que la sentencia de la Audiencia Nacional, que certificó la existencia de la caja B y cuestionó la veracidad del testimonio prestado por Rajoy. Su difusión, el 24 de mayo de 2018, precipitó la moción de censura.

¿Conduce entonces esa ausencia de conclusiones y de propuestas legislativas a que la comisión acabe pronto en el sumidero del olvido? Salvo la representante del PP, Beatriz Escudero, que cree que la comisión fue una farsa inútil porque todo estaba ya prejuzgado por los partidos cuyo voto propició la apertura de la comisión en mayo de 2017, los otros diputados ofrecen un análisis radicalmente opuesto. Aunque por razones muy distintas –su inclusión en el Grupo Mixto le mantuvo alejado de la comisión– también el portavoz del PdeCat en esta legislatura, Carles Campuzano, opina que la comisión "ha sido poco útil dado que ha terminado sin conclusiones y sin opción a repetirse".

La moción de censura

Otro nacionalista, Mikel Legarda, portavoz del PNV en la comisión, traza un relato en las antípodas: "Si finalmente hubiéramos elaborado conclusiones de la comisión de investigación, lo que dirían es que las comparecencias nos habían reafirmado en que hicimos lo correcto con la moción de censura". Legarda se pronuncia así en referencia expresa a cómo en el camino de la comisión, y cuando llevaba celebradas 19 comparecencias, se cruzó el 24 de mayo de 2018 la sentencia de Gürtel. El mazazo que, una semana después, precipitó el desalojo de Rajoy.

Es esa confluencia de factores la que lleva a Legarda a minimizar el alcance real de la ausencia de conclusiones. O, dicho al revés: en su opinión, el paso lógico siguiente a la aprobación de conclusiones habría sido presentar una moción de censura de no ser porque eso ya ocurrió. Ocurrió y cambió el rumbo político del país.

La línea argumental de Legarda aflora, aunque de manera menos explícita, en el discurso del socialista Artemi Rallo, portavoz de su partido en la comisión. ¿Comenzó a desinflarse la comisión una vez se produjo la censura contra Rajoy y el subsiguiente relevo en el Gobierno? "En un iter [secuencia] lógico –responde el portavoz del PSOE en la investigación parlamentaria–, si una comisión de esta naturaleza hubiese formalizado conclusiones el paso siguiente habría sido una moción de censura. Pero la sentencia produce un big bang y empuja la moción". "Una comisión –apostilla– se crea para evidenciar responsabilidades políticas". Y no hay mayor evidencia ni responsabilidades que una moción de censura, es su argumento.  

Incluso Txema Guijarro, diputado de Podemos y secretario de la mesa de la comisión, admite que la moción de censura supuso un punto de inflexión que restó, como mínimo, protagonismo a la comisión de investigación. Pero eso, contraataca al PSOE, en absoluto justificaba dejar los trabajos a medias. Entre el 11 de mayo de 2017, fecha en que oficialmente arrancó la comisión, y el 29 de mayo de 2018, antevíspera de la moción de censura, se celebraron 27 comparecencias. A partir de ahí, solo 13. El primero en declarar fue el extesorero del PP Luis Bárcenas. El último, el expresidente balear del PP Jaume Matas. Ambos están hoy en prisión.

El "cerrojazo en falso"

Para Ciudadanos, Podemos y ERC, el acento está hoy ahí. En que los trabajos se han quedado a medias. Y en que Rajoy –“el jefe de la organización”, dice Guijarro- no ha dado las explicaciones debidas ante la sede de la soberanía popular, donde el formato y los objetivos difieren del que se le aplicó como testigo en el juicio de Gürtel. Los tres partidos acusan a los socialistas de pactar con el PP justamente para ahorrar a Rajoy el trance de la comisión a cambio de que Pedro Sánchez se librase a su vez de dar explicaciones sobre su tesis doctoral en el Senado. Y ven confirmado lo peor del bipartidismo en el "cerrojazo en falso" de la comisión.

Socialistas y populares lo niegan. "No he hablado con nadie del PSOE", dice Beatriz Escudero, del PP. "Era público y notorio hace ya 15 días que se estaba barajando el adelanto electoral y que no habría tiempo para que declarase Rajoy", aduce Artemi Rallo, del PSOE.

Los socialistas, que desmienten cualquier pacto bajo cuerda con el partido de Pablo Casado y sitúan el adelanto electoral como la inevitable campana que ha salvado a Rajoy, atribuyen el fiasco a esos tres grupos por su "ocurrencia exótica" –así la define el diputado Artemi Rallo– de supeditar la votación de conclusiones a una condición sine qua non: que la comisión recomendase la reapertura de investigaciones en la próxima legislatura. No cabía –remacha Rallo- ceder en ese punto porque habría equivalido a emitir ahora una especie de conclusiones provisionales sin valor real.

Esa recomendación, y en ello conviene Rallo con la diputada del PP Beatriz Escudero, vicepresidenta de la comisión, y Mikel Legarda, portavoz del PNV, habría carecido de toda validez jurídica. "Era un brindis al sol", dice Escudero, cuyo mensaje central desde el martes se resume en dos palabras que ella misma repite por teléfono: "Estamos encantados". Con la ausencia de conclusiones, quiere decir. Expertos consultados por infoLibre aseguran que, en efecto, una recomendación de ese tenor habría carecido de toda virtualidad dado que las Cortes son soberanas. Y ningún acuerdo de esa naturaleza puede comprometer a la nueva Cámara que salga de las elecciones.

La sombra de Florentino Pérez

Ciudadanos, Podemos y ERC querían la reanudación de las pesquisas parlamentarias en la próxima legislatura para, básicamente, llamar a Rajoy y los otros comparecientes que quedaron en la cuneta. Entre ellos, el exdirector general de la Policía y en esta legislatura portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; el empresario Florentino Pérez –"ese señor tan poderoso", espeta Gabriel Rufián, de ERC–, Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal... y el chófer de Bárcenas, figura clave en la Operación Kitchen. Es decir, el operativo supuestamente ejecutado en 2013 para robar a Bárcenas documentos comprometedores sobre la financiación del PP.

Al igual que Rufián, también Txema Guijarro cree que evitar al presidente del Real Madrid y de la constructora ACS su desfile ante la comisión ha resultado "decisivo" para que PSOE y PP se pusieran aquí de acuerdo. ¿Tenía sentido la existencia de la comisión tras la sentencia de la Audiencia Nacional y la moción de censura contra Rajoy? "Si esta comisión no servía de nada no la habrían querido cerrar", aventura Gabriel Rufián.

Toni Cantó, que acudió a la reunión del martes con una propuesta de conclusiones de 35 folios –el PSOE presentó una de cuatro, "el panfleto de la pataleta", dice con un regusto de venganza la conservadora Beatriz Escudero–, porfía en la idea de que los dos grandes partidos han actuado al alimón para "taparse las vergüenzas". ¿No se planteó Ciudadanos optar por la vía del pragmatismo para cerrar unas conclusiones que condensaran lo que todo el mundo sabe, porque así lo han expresado sus dirigentes, que piensan de la financiación del PP los restantes partidos del arco parlamentario? "No, en nosotros hay una negativa a blanquear el comportamiento del bipartidismo que ha bloqueado al último compareciente, que debía ser Mariano Rajoy. Han hecho un cambalache, se cubren", replica.

Cantó, Garrido y Rufián ponen el énfasis en un hecho irrefutable: que ya a finales de noviembre, cuando aún no estaba en la agenda el adelante electoral aunque planeaba como hipótesis, ya el PSOE y el PP acordaron demorar la citación de Rajoy y los restantes comparecientes de la tanda final. Declararían en febrero, fue el mensaje. "Es verdad –desliza un observador que ha seguido muy de cerca los trabajos de la comisión– que desde la Moncloa se ven las cosas de otro modo, y que tras la moción de censura ha habido picos y valles en la comisión".

Pero Rallo niega la mayor. Y aduce esto: que si a finales de noviembre el PSOE, y con el apoyo del PP propuso posponer las citaciones pendientes hasta febrero fue porque lo aconsejaba "la efervescencia” de las informaciones que en ese momento se sucedían sobre la Operación Kitchen.  

Ciudadanos y Podemos creen que se trata de un pretexto. Y argumentan que la trayectoria de la comisión demuestra que la investigación judicial y la parlamentaria marchan en paralelo. Y que la segunda no puede ni debe quedar postergada por cuanto no busca responsabilidades penales sino políticas. En el plano penal, dicen uno tras otro, poco cabe añadir a lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la pieza troncal del caso Gürtel.

En solitario y fiel al discurso de su partido, la conservadora Beatriz Escudero, que fue magistrada suplente de la Audiencia de Segovia, sigue reiterando en cambio que la sentencia de Gürtel no considera "plenamente acreditada" la caja B –ese entrecomillado figura en la página 1.078 de la resolución judicial–. Y sostiene que, en cualquier caso, nada hay probado aún de manera fehaciente dado que esa misma sentencia ha sido recurrida ante el Supremo. 

"Gente que ha podido abusar"

Escudero saltó a los titulares en octubre cuando desde la mesa de la comisión profirió un grito dirigido a Gabriel Rufián: ¡No me guiñes el ojo, imbécil!", aunque el diputado de ERC niega tal guiño y asegura que las cámaras de la sala le han dado la razón. Tras el cierre de la comisión, Escudero se mantiene sin moverse en los postulados del partido: no hubo financiación ilegal y si hubo algo más ella no lo conoce. Hubo, repite como el grueso de sus compañeros de filas, algunos que se aprovecharon para su propio bolsillo. "Gente que ha podido abusar".

A título personal, Escudero dice compartir una de las propuestas incluidas en dos de las proposiciones de ley que el adelanto electoral ha dejado en dique seco: introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. En su opinión, España "no es un país en el que haya corrupción sistémica". Ahora se declara feliz por el cierre de la comisión porque "anímica y personalmente nos han machacado". La incorporación del delito de enriquecimiento ilícito se inscribe en el bloque legislativo que preconizaba Ciudadanos en su propuesta de conclusiones. "Pero eso –tercia el socialista Rallo– ya está en proposiciones de ley que se han quedado sin tramitar".

Frente a la satisfacción proclamada por Beatriz Escudero, al PP –convienen socialistas, Ciudadanos, Podemos, ERC y PNV– le asisten pocos o ningún motivo para las alegrías tras el cierre de la comisión. En la retina colectiva, sostienen sus distintos portavoces, han quedado ya instaladas confesiones ante la Cámara Baja como la del antiguo número dos del partido en Valencia, Ricardo Costa, que se ratificó en que distintos empresarios pagaban las campañas electorales. Asentadas creen también revelaciones como la de Manuel Morocho, inspector de la unidad anticorrupción de la Policía, la UDEF, y que convirtió en leitmotiv dos palabras –"indiciariamente, sí"– cuando Carolina Bescansa, de Podemos, le fue preguntando nombre a nombre si Rajoy y el conjunto de los secretarios generales del PP habían cobrado sobresueldos.

Para el socialista Artemi Rallo, ha quedado asimismo grabada a fuego la tensísima comparecencia de la ahora ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien aseguró, por ejemplo, que la sentencia de Gürtel se refiere "a personas que hacen cosas" y no al PP. "En mi opinión –expone el diputado– las comparecencias que más han venido a confirmar las conclusiones de la financiación ilegal fueron las de Ricardo Costa, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes; y la más paradigmática de hasta qué punto han ido a ir a negarlo todo es la de Cospedal, como luego se demostró con las cintas de Villarejo, en las que se evidencia que había un plan para obstaculizar las investigaciones". A la número dos de Rajoy le tocó declarar en uno de los peores momentos: el 29 de mayo de 2018. El 1 de junio, la moción de censura triunfó.

"Un PP chulesco"

Toni Cantó, de Ciudadanos, cree que la opinión pública tampoco olvidará actitudes como la de los sucesivos tesoreros, que –Bárcenas incluido– se mantuvieron dentro del guion oficial del PP: "Porque vemos a un PP chulesco que no está dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad ni a pedir perdón". Mucho menos conocida que Luis Bárcenas o que su antecesor Rosendo Naseiro, la ya extesorera Carmen Navarro –procesada por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y miembro del comité nacional de campaña del PP para las municipales de mayo– condensó en una frase lo que Cantó reprocha a quienes controlaban las cuentas del partido: "Yo –aseguró Navarro en su comparecencia, el 13 de julio de 2017– he venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado, y no lo voy a investigar nunca".

Ni fueron verosímiles los tesoreros ni los demás dirigentes del PP que desfilaron por la comisión, prosigue el diputado. "Otros muchos han tenido la poca vergüenza de intentar decirnos que no se enteraban de nada. Ricardo Costa y David Marjaliza [el principal arrepentido de la Operación Púnica, antiguo socio de Francisco Granados] desmienten por completo esa tesis. Y es aquí, al hilo de lo que dice sobre la "poca vergüenza", donde Cantó introduce una reflexión compartida con los demás grupos que sostuvieron durante 21 meses la comisión. Una reflexión o una pregunta que, en el plano judicial, persiste hoy como gran incógnita: hasta dónde sabía la alta dirigencia del PP sobre el trasvase de fondos públicos a los bolsillos del partido, sobre la entrada de donaciones en negro aportadas por grandes adjudicatarios de contratos públicos, sobre la tolerancia hacia quienes desviaron al menos una parte de todo lo anterior a su peculio particular. "Hay momentos  –y esa es la reflexión, o el interrogante– en que tú vas a un acto en una plaza de toros, miras a tu alrededor y, oye, te tienes que preguntar de dónde sale ese dinero". 

El Gran Wyoming respondió este lunes a Álvaro Pérez, El Bigotes. Lo hizo en el plató de su programa, El Intermedio, donde contestó que el exresponsable de Orange Market "no está en prisión" porque él haga chistes. Quiso enfrentarse así a los insultos vertidos por El Bigotes tan solo horas antes durante su comparecencia por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula. 

El Bigotes, que ya había llamado "indeseable" a Francisco Camps, "gusano" a Esteban González Pons, y advertido a Pablo Casado de que "tiene mucha mierda en la mochilla", cerró su intervención quejándose de la persecución mediática a la que a su juicio sigue siendo sometido."Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", señaló el empresario.

"Desde el cariño, el respeto y con mucho humor. Señor Álvaro Pérez entiendo que esté enfadado, frustrado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de que ha disparado al tipo equivocado porque, reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque se juntó con gente muy importante que no era de su círculo y cuando vinieron las maldades, hicieron como si no existiera", apuntó Wyoming, que quiso hacerle, además, una recomendación: "Si decide disparar contra alguien, elija mejor su objetivo y si no lo quiere hacer por mí, hágalo por su abogado, que por la cara que ha puesto parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones de registrador de la propiedad".

Álvaro Pérez, El Bigotes, ha aprovechado este lunes su comparecencia por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula para insultar a El Granoperación Taula Wyoming.

El Bigotes, que ya había llamado "indeseable" a Francisco Camps, "gusano" a Esteban González Pons, y advertido a Pablo Casado de que "tiene mucha mierda en la mochilla", cerró su intervención quejándose de la persecución mediática a la que a su juicio sigue siendo sometido."Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", ha señalado el empresario.

La frase que ha levantado un serio alboroto en Les Corts Valencianes y causado asombro en su letrado, quien ha llegado a echarse la manos a la cabeza. La presidenta de la comisión ha dado por concluida su intervención y El Bigotes se ha colocado en pocos minutos como trending topic en Twitter.

El que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotesl Bigotes, ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Pablo Casado, a quien se ha referido como "la regeneración", debería saber que "todavía tiene mucha mierda en la mochila" y ha agregado que el eurodiputado Esteban González Pons "es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en la manzana por los años de los años" y "vive de maravilla todavía".

Así se ha pronunciado Pérez durante su declaración por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula, al ser preguntado sobre el actual eurodiputado y exconseller valenciano. "Que González Pons diga que me echó, miente como un bellaco porque en plena Gürtel se reunió conmigo para ver si me podía ayudar en un asunto personal, lo que pasa que se reunió a escondidas porque le daba miedo que le vieran conmigo por Valencia, es un mentiroso", ha señalado, para agregar que sabe que ha conocido "muchas cosas de él". "Demasiada gente en Valencia es testigo de cómo me trataba y del respeto que me tenía", ha dicho.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado al salir de su declaración como imputado en la Audiencia Nacional por contratos a la trama Gürtel que esta situación obedece a "una creación", ya que "desde la Izquierda" se "creó un relato y no pueden romperlo" porque interesa para mantenerle alejado de la política y al PP, su partido, señalado por corrupto; informa Europa Press.

Esa es la explicación de Camps para las imputaciones que le han llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en relación a la contratación con Orange Market de contratos de la Generalitat Valenciana que él presidía, como el del stand de la administración en Fitur 2009.

"He estado imputado en algunas causas, sigo imputado en otras más y lo que intento explicar es que esto es una creación, un relato construido hábilmente –y hay que dar la enhorabuena a quien lo pensó–, para dar la sensación de que yo iba a la presidencia de la Generalitat a hacer cosas que no se correspondían con lo que realmente me preocupaba", ha señalado en declaraciones a los medios.

Según ha afirmado, "se creó un relato y no pueden romperlo". "Es necesario para seguir haciendo posible que yo no vuelva a la política y que mi partido siga arrastrando una imagen de corrupción que no se corresponde", ha señalado, para defender que bajo su presidencia "todo lo que se hizo, se hizo bien, y no hay ni un dato, ni prueba ni circunstancia que varíe" esa afirmación.

"Yo no he cambiado de opinión"

Sobre el hecho de que algunos colaboradores y compañeros de gestión, como Ricardo Costa, le estén señalando ahora ante el juez como responsable de las adjudicaciones objeto de la investigación, Camps se ha limitado a apuntar que "llevan 10 años diciendo justo lo contrario" y, si "en las últimas 48 horas por circunstancias personales" han "querido cambiar de opinión", es cosa suya. "Yo no he cambiado de opinión", ha zanjado.

Preguntado en particular por Álvaro Pérez, el Bigotes, ha reconocido que le conocía porque "organizaba los actos del partido", pero ha incidido en que su relación no era de amistad pese al audio de la conversación telefónica grabada un 24 de diciembre en la que se refería a él como "amiguito del alma". Ahí nació, en su opinión, ese relato artificial construido en torno a su persona, intentando "destruir y ridiculizar".

Además, ha dicho que "no hay hilo conductor que valga" entre él y el Bigotes, tampoco el que fuera conseller y portavoz de la Generalitat Esteban González Pons, que según la declaración de Pérez, fue quien dio el primer contrato en Valencia a Orange Market.

"Esteban González Pons es un político ejemplar y extraordinario", ha destacado, para apuntar que a los dos les gusta "la convicción por el trabajo político y la seriedad y trabajar por los ciudadanos" y así, "cualquier otro tipo de atribución o tarea no se corresponde" con su "forma de ser".

"¿Cómo es posible que diez años abierto en canal y nadie haya descubierto ni una reunión con policías como la de Dolores Delgado, ministra de Justicia o el exjuez Baltasar Garzón donde se habla de 'qué bueno que tengáis una red de prostitución para sacar información y extorsionar'?", ha planteado también Camps.

Comparaba así su situación, rodeado de medios de comunicación a la salida de la Audiencia, con el menor "revuelo" que, a su juicio, provocan conductas de ministros socialistas. "Cuando veo todos los días que los políticos del PSOE tienen empresas para esconder beneficios y yo lo que tengo es la misma casa que tenía cuando entré en la Presidencia de la Generalitat y nada más que eso, me pregunto '¿Dónde está aquí esta historia que se ha contado? ¿Todo esto que se hacía aquí a cambio de qué era?'", ha planteado.

El que fuera gerente de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, ha implicado al exconseller y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en relación a la financiación del PPCV y en las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia: "Era otra de las personas con mando en plaza".

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, presentado este mismo lunes por la defensa de El Bigotes en el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga la construcción del circuito urbano de F1, aunque redactado el pasado 30 de noviembre, después de comparecer voluntariamente como testigo por dos veces en esta causa.

En el escrito, Pérez, que cumple prisión en la cárcel de Valdemoro, se lamenta de que la instructora no recogió y cortó aclaraciones sobre su primera declaración en relación a "la financiación del partido popular, emisión de facturas, órdenes dadas para su pago, políticos implicados además del señor Camps" --el expresidente de la Generalitat Francisco Camps-- y precisa que ha podido comprobar que "jamás" se ha recogido su referencia al propio González Pons.

"Dije que con respecto a los temas de financiación y su participación, además, en la Fórmula 1 era otra de las personas con mando en plaza, de las que el señor Camps estaba enterado del día a día de la gestión de la contratación, de las adjudicaciones y todo lo relacionado con el circuito", al igual que los exvicepresidentes del Consell Vicente Rambla, Juan Cotino y Gerardo Camps.

Según señala Álvaro Pérez en este escrito, "cualquiera de estas personas tenía mando en plaza, voz y voto para decidir con el señor Camps quién tenía que ser beneficiario de todas las adjudicaciones y que todos estos informaban y todos ellos tenían sus proveedores en cuanto quién tenía que realizar las adjudicaciones relacionadas con el circuito, al igual que cualquier otro extremo de la propia comunidad autónoma, como es el tema de emisión de facturas para sufragar de forma ilegal las campañas a través de empresarios, extremo que controlaba y dirigía el señor Rambla por instrucción y delegación directa del señor Camps".

Afirmaciones "totalmente falsas y difamatorias"

Esteban González Pons ha anunciado a través de un comunicado que estudia denunciar al que fuera gerente de Orange Market al haberle implicado en relación a la financiación del PPCV y las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Valencia como persona "con mando en plaza".

González Pons, que asegura haber tenido conocimiento por los medios de comunicación de la carta remitida por Pérez al Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, acusa a El Bigotes de realizar afirmaciones "totalmente falsas y difamatorias" por lo que anuncia que se reserva "las acciones judiciales que me correspondan en Derecho".

Al respecto, ha subrayado que, de haber tenido conocimiento de algún hecho delictivo, "lo habría puesto en conocimiento de la Justicia" y ha añadido que la participación que le atribuye el responsable de Orange Market en la contratación del circuito urbano de la Fórmula 1 en València es "falsa", porque en ese momento él ya no era miembro del Gobierno valenciano. De hecho, puntualiza que hace 12 años que dejó la Generalitat Valenciana.

Además, ha recalcado que "nunca" ha ocupado un cargo ejecutivo en el PPCV y, en consecuencia, no estuvo "al tanto de su financiación". González Pons ha señalado que esas afirmaciones de Pérez ya las realizó "hace dos meses" ante el juzgado de València y se consideraron "inadmisibles".

El número tres de la trama Gürtel, Álvaro Pérez,el Bigotes, ha dicho este viernes al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PP que "ningún empresario que ha pagado" al partido lo ha hecho "por amor a las dos gaviotas", sino por haber "recibido algo" a cambio.

Según han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración que ha prestado el Bigotes ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, también ha asegurado que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, le dijo que el PP implantó un "sistema para adjudicar" obra pública que implicaba el pago de comisiones ilegales por parte de empresarios.

El Bigotes ha comparecido en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 a petición de IU, que ejerce la acusación popular en la causa de la presunta caja B del PPcaja B. El responsable de las empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana ha llegado a la Audiencia Nacional en furgón de la Guardia Civil, ya que cumple condena en la cárcel de Valdemoro (Madrid).

La acusación popular en la pieza también conocida como los papeles de Bárcenas pidió la declaración de Álvaro Pérez después de su comparecencia a principios de este año en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, donde reconoció su participación en diferentes hechos relacionados con actividades ilícitas relacionadas con los pagos en negro al partido.

Al término de la declaración del Bigotes, el abogado de IU —que ejerce la acusación popular—, Juan Moreno, ha confirmado estas palabras del numero tres de la Gürtel, que también ha relatado que "en el PP existía una connivencia con empresarios para ver cómo se podía avanzar en la adjudicación de obra publica de forma ilícita".

Captar cargos públicos para adjudicaciones

Según Moreno, Álvaro Pérez ha explicado cómo Francisco Correa "ponía en marcha una maquinaria para contratar con un empresario" y a partir de ahí "contactar" con el extesorero popular Luis Bárcenas o con el "grupo" de dirigentes del partido que participaron en este sistema con las empresas de Gürtel. El Bigotes ha mencionado al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y el exdiputado por Segovia Jesús Merino, ambos condenados por las actividades de la trama corrupta.

"A partir de ahí se ponía en marcha la búsqueda de captación de cargos públicos para que adjudicara esa obra publica. Esa mecánica ilícita y criminal ha quedado patente en la declaración del señor Pérez", ha indicado el abogado de IU en sus declaraciones posteriores a la comparecencia.

Eso sí, según ha afirmado, el Bigotes "no ha podido relatar hechos concretos porque no participaba directamente en la mecánica de adjudicación", si bien para Moreno ha quedado claro que con sus explicaciones "va tomando forma esta mecánica de realizar adjudicaciones de forma ilícita".

Según Moreno, Pérez Alonso ha insistido en que conocía el sistema "por las conversaciones" que tuvo con Francisco Correa y que, aunque no conocía las cantidades que se pagaban, "sí sabía que había negocios, que había adjudicaciones ilícitas y que Correa era un conseguidor de obra pública irregular"."Es un testimonio más que pone de relieve cómo desde Génova había un entramado para adjudicar obra pública y enriquecer al partido y a sus dirigentes", es la conclusión que saca el abogado de la acusación popular después de oír el testimonio del número tres de la Gürtel.

El Bigotes también ha aprovechado su presencia hoy en la Audiencia Nacional para quejarse ante el magistrado de que los empresarios valencianos que fueron juzgados junto a él por financiar de forma ilegal al PP en dicha comunidad "están en su casa y él en prisión", ya que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y recibieron condenas inferiores a dos años de cárcel.

60.000 euros en un sobre 

Por su parte, el empresario David Marjaliza se ha ratificado ante De La Mata de lo que previamente había declarado en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de la trama Púnica, que entregó 60.000 euros en efectivo en un sobre a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas en un despacho de la calle Génova en calidad de "gesto" y por indicación de Francisco Granados. Iba acompañado del exconcejal del Ayuntamiento de Madrid José Fernández Bonet.

"Llegamos a la sede. Bonet fue el que entró y habló en recepción y una vez habló, pasamos al ascensor y subimos a una planta, no sé si la quinta o la sexta, y entramos en un despacho y estaban estos señores. Fue un café de diez o quince minutos, más o menos", ha señalado, para concretar que entregó el dinero en efectivo en "un sobre". "Lo dejé encima de la mesa y me fui", ha apostillado, para incidir en que aquella "fue la única vez".

Según ha señalado, Granados le había informado de que 60.000 euros era "la donación máxima que se podía hacer de forma anónima, sin que tuviera que ir con un DNI". El dinero salía de una de sus empresas y no tenía una contrapartida directa, de acuerdo a su declaración, era "un gesto, nada más, para ayudar a la campaña de las municipales y autonómicas" de 2007 en "la pelea" entre Ignacio González y el propio Granados por la sucesión de Esperanza Aguirre en la Presidencia del PP madrileño.

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, fue muy explícito en su día sobre el impacto de esa memoria USB en la investigación de todo el caso. En 2009, durante una conversación con su abogado —intervenida por orden del juez Garzón— en la cárcel de Soto del Real (Madrid), Correa le dijo: "El puto pen drive, macho [...] si no existiera... [...] Sin este pen drivetodo esto no hubiera ocurrido". Entre los documentos que figuran en la memoria —tal y como el abogado le explicó a Correa en esa charla—, se encuentran anotaciones detalladas sobre adjudicaciones públicas a empresas de la trama y pagos de estas empresas al Partido Popular en las localidades donde Gürtel estaba implantada —sobre todo en Madrid y Valencia—.

En las últimas grabaciones salidas a la luz esta semana, en las que se demuestra una reunión secreta entre María Dolores de Cospedal y el entonces comisario Villarejo para obtener información sobre la instrucción de Gürtel, vuelve a aparecer el lápiz de memoria. Cospedal, en esa conversación, se muestra preocupada por el USB y las posibles pruebas que el dispositivo pueda aportar. La entonces ecretaria general del PP dice que en el pen drive "hay de todo" y la respuesta de Villarejo es contundente: "Hemos hecho todo lo posible por romperlo".

Escondido en la mano de José Luis Izquierdo

Ese lápiz USB, de color negro y con una capacidad de ocho gigas, al que varios implicados en Gürtel han hecho referencia en diversas ocasiones; fue interceptado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la detención del contable de la red de empresas de la trama, José Luis Izquierdo. El contable intentó ocultarlo de los investigadores escondido en una mano, pero finalmente los agentes se percataron de que Izquierdo escondía algo y se lo requisaron. Cuando Correa se lamentó con tanta vehemencia por que el pen drive estuviese en manos de la Policía no le faltaba razón; y es que la acusación de Gürtel hubiese sido mucho menos sólida sin el contenido del pen drive. 

Aunque no es un nombre reconocible en el imaginario de Gürtel, José Luis Izquierdo es una figura principal y su USB uno de los elementos clave para que la Justicia armase las acusaciones del caso. De hecho, cuando se empezó a utilizar la información contenida en el dispositivo, tanto Izquierdo como Isabel Jordán, la administradora de muchas de las empresas de Correa, se ofrecieron a colaborar con Garzón a cambio de beneficios judiciales.

Los investigadores encontraron en el interior del lápiz decenas de carpetas con diversas informaciones. Algunas de esas carpetas tenían nombres elocuentes como "Caja B ctual"; otras hacían referencia explícita a personas, como "Alejandro Agag"Alejandro Agag (el yerno de Aznar), que tomó vuelos y se hospedó en hoteles en múltiples ocasiones a cargo de la GürtelGürtel. Además, y a raíz de los datos contenidos en dichas carpetas, la Justicia elaboró varias tablas donde aparecen detalladamente relaciones de gastos destinados a personas, como la anotación"Gtos. Alvaro Pérez" ("el bigotes", subalterno de Correa en Valencia) y a restaurantes y otros locales. La información extraída de la memoria demostraron, por tanto, mordidas de varias empresas al PP a cambio de un trato de favor en la adjudicación de obras públicas.

La carpeta azul

Aparte del pen drive, en el descubrimiento del funcionamiento de la trama Gürtel existe otro elemento clave: una carpeta azul en el que salen reflejados nombres y apellidos —a veces acrónimos e iniciales— de personalidades públicas implicadas en el caso. En el interior de este dossier, donde también había subcarpetas, los investigadores encontraron numerosos documentos, anotaciones a mano, reflejos de pagos directos de dinero negro, siglas de decenas de implicados. Así, por ejemplo, una de estas anotaciones manifiesta la mordida de 300.000 a "GG" (Gerardo Galeote, eurodiputado del PP), y en otras se hace mención a la entrega de dinero negro a "LB" (Luis Bárcenas). Después de que se anularan como prueba algunas de las grabaciones encargadas por el juez Garzón, tanto el pen drive como la carpeta azul se convirtieron en los principales sustentos del caso.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, concretamente para saber quién las ordenaba después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez El BigotesEl Bigotesdurante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps, informa Europa Press.

En un auto, los magistrados de la Audiencia Nacional estiman así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza en la que Ibars está acusada de prevaricación administrativa.

Recuerda la Sala que los hechos imputados a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pendrive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

El auto indica que el motivo de la petición de la Fiscalía radica en las revelaciones que tienen lugar al inicio del juicio oral 12/2016 del Juzgado Central de lo Penal con las declaraciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez "de las que se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana”, entre otras declaraciones expuestas durante la vista oral.

El cerco a Julio de Diego, uno de los jueces que dictaron la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel y a quien uno de los condenados acusa ahora de haberse "dormido" en varias sesiones de la vista que finalizó en noviembre, se ha convertido en piedra angular en la carrera emprendida por la mayoría de los sentenciados para lograr que el Tribunal Supremo anule el juicio.

El misil contra De Diego fue lanzado a finales de junio por el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 años de cárcel), quien con su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró que el órgano de gobierno de los jueces abriera una investigación interna todavía en marcha. El magistrado niega de manera tajante la acusación, en apoyo de la cual Ortega esgrime un breve vídeo difundido por el diario El Mundo y donde se observa cómo De Diego cierra un instante los ojos mientras mantiene la cabeza baja para volverlos a abrir de inmediato.

En esta estrategia común de descrédito del magistrado y que, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, comparte la mayoría de los 29 condenados, el ataque más feroz lleva el sello de Pablo Crespo, a quien la sentencia considera el lugarteniente de Francisco Correa.

En su recurso de casación, Crespo alega que se ha vulnerado su derecho a un juicio justo porque Julio de Diego permaneció "privado de conciencia y voluntad en distintos lapsos temporales" de la vista. El texto lo repite tres veces para argumentar otras tres supuestas infracciones de las garantías procesales.

Asesorado por el mismo bufete –el de Miguel Durán– esas idénticas palabras se reproducen en el recurso elevado por el contable José Luis Izquierdo, el hombre al que la Policía intervino un pendrive que resultó crucial para la persecución penal de la trama y sus cómplices.

Tanto Crespo como Izquierdo sostienen que  el comportamiento que atribuyen a De Diego produjo una "situación sobrevenida de deficiente configuración del Tribunal enjuiciador" dado que, según su versión, solo dos de los tres jueces estaban realmente al tanto de lo que sucedía en la sala. 

El grueso de los recurrentes, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, han adoptado una posición a primera vista menos beligerante que la de Crespo pero guiada por el mismo objetivo: minar al juez De Diego, uno de los dos integrantes del tribunal que forzaron la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo y, luego, firmaron la resolución judicial que considera acreditada la caja B del PP.

Como Bárcenas, todos ellos se limitan a pedir al alto tribunal que les facilite copia íntegra de las grabaciones efectuadas durante las 126 sesiones de un proceso que se prolongó durante 13 meses, entre octubre de 2016 y noviembre de 2017. La defensa de Bárcenas expone así su solicitud: "Habiéndose preparado el recurso de casación, entre otros, por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, se hace preciso disponer de las referidas grabaciones en su integridad, incluyendo, interesando especialmente las grabaciones realizadas a través de la cámara frontal que captan de forma directa la actuación de los Ilustrísimos Magistrados durante la celebración del juicio oral".

Uno de los que reclama copia de las grabaciones es el propio Guillermo Ortega, cuya queja ha desatado una guerra interna entre el grupo mayoritario de condenados y Álvaro Pérez, El Bigotes. En prisión por el caso Fitur –los contratos que la Generalitat valenciana adjudicó bajo el Gobierno de Francisco Camps a la trama–, Pérez resultó absuelto en la pieza principal de Gürtel. Y no está dispuesto –advierte su defensa– a permanecer de bajos cruzados ante la posibilidad de que el Supremo anule el proceso y obligue a repetir la vista.

Este periódico no ha logrado averiguar en qué posición se ha situado Francisco Correa. Su exmujer, Carmen Rodríguez, figura entre quienes piden las imágenes captadas por las cámaras de la Audiencia Nacional.

Como informó este periódico el lunes, Álvaro Pérez ha enviado un escrito al CGPJ en el que se posiciona en las antípodas del exalcalde de Majadahonda y pide personarse como interesado.

Su defensa, ejercida por el abogado Javier Vasallo, entiende que si una eventual nulidad obligara a repetir el juicio esa repetición se produciría "por hechos que son irrelevantes en cuanto a la fundamentación, motivación y fallo de una sentencia que tiene 1682 folios". Para Álvaro Pérez, sostiene la fuente, esta absolución "tiene un alcance y un valor importantísimo de cara a otras piezas y a su situación penitenciaria y no va a correr ningún riesgo, sobre todo porque lo  únicoque busca esta denuncia es preconstituir una prueba de cara a una casación con el fin de buscar un motivo de vulneración de derechos fundamentales".

El lunes, Ortega difundió a través de su abogado un comunicado en el que contraataca a El Bigotes. "Quiero expresar mi más enérgica oposición frente a la posición adoptada por Don Álvaro Pérez y su abogado Javier Vasallo en este asunto", dice el texto. Y continúa así: "Con sus actuaciones persiguen la denostación personal y el desprestigio profesional del abogado o los abogados que están apoyando una queja veraz sobre unos hechos intolerables que afectan a la credibilidad del sistema judicial español". Ortega arremete de nuevo contra Pérez al asegurar que está "inmerso en un desesperado intento de pactar con la Fiscalía".

La investigación del CGPJ a Julio de Diego se encuentra en fase preliminar. Una vez concluidas las diligencias informativas, el denominado Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces debe proponer el cierre de las actuaciones o, por el contrario, la apertura de un expediente sancionador.

La investigación abierta en julio por el Poder Judicial (CGPJ) a uno de los dos jueces que dictaron la sentencia de la pieza troncal de Gürtel, Julio de Diego, tras la queja de un condenado ha desatado una guerra interna dentro de la trama corrupta, algunos de cuyos principales integrantes buscan con el cerco al magistrado una baza para lograr la nulidad del proceso.  

La queja contra el juez fue presentada por el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 años de cárcel), el pasado 26 de junio bajo el argumento de que, más de un año antes, De Diego se había dormido en varias jornadas del juicio. Ahora, Álvaro Pérez, El BigotesEl Bigotes, en prisión por otra condena derivada del mismo caso pero que resultó absuelto en la pieza principal, ha decidido movilizarse en dirección contraria. 

Su abogado ha pedido personarse en las diligencias abiertas a De Diego por el CGPJ y amenaza con querellas a quienes captaron "ilícitamente" las imágenes aportadas por Ortega y en las que se ve a Julio de Diego con los ojos cerrados durante unos segundos. El letrado Javier Vasallo ha pedido copia de las grabaciones oficiales, que reproducen de modo íntegro las sesiones del juicio.

Además de su personación en esas diligencias en calidad de interesado, la defensa de quien durante años fue la cara visible de Orange Market en Valencia pide algo más esta vez a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: "Relación de los abogados asistentes al acto del juicio oral y posición [emplazamiento físico] de los mismos, para su comparación con la grabación ilícita que ha sido difundida en los medios de comunicación". ¿Para qué pide Vasallo saber dónde se sentaba cada abogado? Porque –y así lo anuncia en su escrito a la Audiencia– está estudiando "interponer querella". 

Vasallo subraya que Guillermo Ortega jamás "formuló protesta alguna" contra De Diego durante el juicio. E insinúa que las imágenes entregadas al Poder Judicial para atacar al magistrado pudieron ser captadas durante alguna de las pausas de aquel larguísimo y "tedioso" proceso. "¿Acaso se estaba celebrando plenario en esas grabaciones aportadas o nos encontrábamos en algún receso o esperando a la práctica de alguna prueba?", se pregunta.

La queja del exalcalde de Majadahonda llegó a manos del CGPJ cuando la sentencia de Gürtel ya se conocía y cuando había transcurrido más de un año de los hechos. A lo largo de los 13 meses que duró el juicio, ninguno de los 37 acusados ni sus defensas denunció en ningún momento que De Diego se hubiera dormido durante los interrogatorios o la práctica de ninguna prueba.

En agosto, el diario El Mundo publicó que otros condenados como Pablo Crespo y Luis Bárcenas podrían adherirse a la queja de Ortega. A día de hoy, el extesorero del PP no ha tomado aún ninguna decisión.

Un jurista consultado por este periódico y que representa desde el campo de la defensa intereses distintos a los de Álvaro Pérez minimiza la relevancia que para El Bigotes pudiera tener cualquier decisión del CGPJ respecto de Julio de Diego. "Incluso en la hipótesis poco probable de que una sanción disciplinaria se tradujera en la nulidad del juicio, la absolución de Álvaro Pérez sería inamovible".

Fuentes cercanas a la defensa de El Bigotes niegan la mayor: en la "improbable" hipótesis de que se produjera una nulidad, "la vista se tendría que repetir" y nada está escrito nunca de antemano diga lo que diga la jurisprudencia.

Y esa vista –agregan– se repetiría "por hechos que son irrelevantes en cuanto a la fundamentación, motivación y fallo de una sentencia que tiene 1682 folios". Para Álvaro Pérez, sostiene la fuente, esta absolución "tiene un alcance y un valor importantísimo de cara a otras piezas y a su situación penitenciaria y no va a correr ningún riesgo, sobre todo porque lo únicoque busca esta denuncia es preconstituir una prueba de cara a una casación con el fin de buscar un motivo de vulneración de derechos fundamentales"

Una cadena de tribulaciones para los dos firmantes de la sentencia

La investigación del CGPJ a Julio de Diego se encuentra en fase preliminar. Una vez concluidas las diligencias informativas, el denominado Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces debe proponer el cierre de las actuaciones o, por el contrario, la apertura de un expediente sancionador.

El papel de este magistrado resultó esencial en la vista de la pieza troncal de Gürtel y en la posterior sentencia. Sumado al del magistrado José Ricardo de Prada, fue su voto el que deshizo el empate planteado cuando el tribunal hubo de dirimir si Mariano Rajoy debía comparecer como testigo.

Los dos dejaron de nuevo en minoría al presidente de la sala y ponente original de la sentencia durante la redacción de la sentencia. El conservador Ángel Hurtado se quedó solo en su negativa a condenar al PP a efectos civiles –en ningún caso penales– como beneficiario económico de la trama corrupta o partícipe a título lucrativo. Esa condena se sustenta, precisamente, en los gastos electorales que la red de Francisco Correa financió en dos ayuntamientos gobernados por el PP, uno de ellos Majadahonda durante la etapa de Guillermo Ortega.

Cuando el exalcalde de Majadahonda presentó su queja el 26 de junio, Julio de Diego reaccionó dos días más tarde con un escrito en el que negaba de plano las acusaciones y pedía amparo al Poder Judicial.  "Esta vez me ha tocado a mí y qué raro e incongruente que se presente la queja un año después", escribió De Diego tras leer en el digital okdiario que Ortega había presentado una queja contra él sustentada en la referida acusación.

"Es absolutamente falso que me durmiera en las dos o tres sesiones del juicio Gürtel apuntadas en la queja", recalcó el juez en su escrito inicial. En otro posterior, De Diego recalcó qué pretende en su opinión Guillermo Ortega, en prisión por riesgo de fuga y en espera de que el Supremo resuelva los recursos contra la sentencia: "injuriarle con la intención de socavar su independencia judicial".

El 2 de julio, el CGPJ abrió diligencias contra el magistrado. Y una semana después, el 10 de julio, la comisión permanente del CGPJ le denegó su amparo.

A las vicisitudes de Julio de Diego se añaden las de José Ricardo de Prada, el otro magistrado que firmó la sentencia de la pieza troncal de Gürtel, que certifica la existencia de la caja B del PP. El jueves, y enarbolando argumentos de índole administrativa, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta Electoral de la judicatura, ambos órganos bajo control absoluto del sector conservador, tumbaron el intento de De Prada de aspirar a una vocalía de ese mismo Consejo.

A comienzos de junio, el Poder Judicial ya había descartado emitir un pronunciamiento público en su favor después de que el entonces portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, le acusara de estar "en sintonía con el mundo proetarra".

La sentencia dictada este lunes y con la que, por segunda vez en menos de tres semanas, la Audiencia Nacional declara acreditada la financiación ilegal del PP –ahora la del PP valenciano– da alas a las acusaciones populares en la pieza de Gürtel que expresamente investiga la caja B: la de los papeles de Bárcenas.

Fuentes de las acusaciones consultadas por infoLibre coinciden en que la detallada referencia a cómo ciertos empresarios pagaron gastos electorales del PP valenciano a modo de “soborno en diferido” pulveriza la tesis de que sin coincidencia temporal entre una donación opaca y un contrato público no cabe colegir que esa donación perseguía un fin espurio.

Tras conocerse la resolución, el abogado de IU Juan Moreno, que encabeza una de las cuatro acusaciones populares, escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "La sentencia de Gurtel Valencia pone de manifiesto lo que siempre hemos denunciado. Las donaciones de los empresarios, como las de los papeles de Bárcenas, son sobornos para obtener obra pública. Se abre una nueva fase en #QuerellaBarcenas".

“La sentencia de Valencia –opina otra fuente de una segunda acusación– desmonta aquello de que no constaba una correlación entre las donaciones que reflejan los papeles de Bárcenas y la adjudicación de contratos públicos”. "Nadie haría coincidir una donación opaca con la adjudicación de un contrato porque sería tanto como dejar rastro del cohecho", agrega. 

Otro jurista de una tercera acusación pone el acento en que, tal como han sostenido las acusaciones populares desde el inicio, la resolución sobre las cuentas del PP valenciano demuestra que “los empresarios no pagaban necesariamente por una adjudicación concreta sino que los pagos formaban parte de la dinámica”: la dinámica de colaboración o de quid pro quo, dinero para el partido a cambio de un trato privilegiado en las licitaciones oficiales. “Cuando Bárcenas –agrega la fuente– dice que Álvaro Lapuerta [su precedesor como tesorero del PP ] llamaba al responsable de un ministerio y le decía que diera cariño a tal empresario, es esa dinámica la que está reflejando”.

Sin contar a Manos Limpias, cuya actuación en papeles de Bárcenas ha sido prácticamente nula salvo para oponerse a la recusación de un juez afín al PP, el tercero apartado de Gürtel, son cuatro las acusaciones personadas: la que encabeza IU, la del PSOE valenciano, la de la asociación de abogados Adade y la de Observatori Desc.

A tenor de la información recabada por infoLibre este lunes, lo previsible es que las cuatro pidan que la sentencia sobre la financiación del PP valenciano se incorpore a las diligencias de la parte reabierta en la pieza de los papeles de Bárcenas. Todo indica que las acusaciones populares formalizarán en breve esa petición, que en el argot jurídico se conoce como solicitar que se remita testimonio de la resolución judicial.

El requerimiento de testimonio de esta segunda sentencia se sustenta, precisamente, en los argumentos que el juez Vázquez Honrubia expone en cuanto al binomino donaciones-contratos. Si la resolución judicial conocida el 24 de mayo, la de la llamada Época 1, ya hacía constar que el PP recibía donaciones opacas para “pagar favores” y como “contrapartida por adjudicaciones irregulares”, la que ha visto la luz ahora introduce un elemento crucial para las acusaciones populares. Porque en ese texto el magistrado sostiene que la actuación de los empresarios que abonaron gastos electorales del PP camuflados mediante facturas falsas de Orange Market –la filial valenciana de la trama Gürtel– permite “hablar de un soborno en diferido”.

El párrafo completo resulta inequívoco en cuanto al contexto: "Que no produzca una lesión económica inmediata no impide, como se ha hecho, que se conceptúe por este juzgador como un delito de riesgo (peligro futuro), pues en síntesis se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos".

No se trata de una mera alusión hecha de paso. En otro pasaje del texto el juez ya había marcado esa línea: “Esta responsabilidad de los empresarios apartadores de fondos al PP es la clave del asunto pues en definitiva, además de la financiación ilegal al partido es fácilmente deducible que se colocaban en situación privilegiada, no solo para mantenerse como contratistas de la administración regional sino, evidentemente, para colocarse en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolística, en contratos futuros”.

El magistrado dedica parte de la sentencia a subrayar cómo la financiación ilegal por parte de contratistas públicos rompe el principio de igualdad entre partidos que compiten en las elecciones. "Naturalmente –dice el texto– que los financiadores sean o vayan a ser adjudicatarios de obras o servicios públicos empaña de una manera absoluta la repetida neutralidad y objetividad afectando de manera directa a los intereses generales".

Y tampoco se detiene aquí. Porque, a renglón seguido, el magistrado escribe lo siguiente: "Pero junto esta puesta en peligro de dichos intereses generales también se produce un peligro concreto para el resto de empresas y empresarios, intereses particulares, que no participan en la financiación irregular pues es fácilmente inducible que tendrán enormes dificultades cuando no serán inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o servicios de una administración cuyos ocupantes sean de un partido al que no han querido financiar".

La incógnita de la Fiscalía

La ausencia de “correlación temporal” entre donaciones y contratos adjudicados a los donantes fue el que esgrimió la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015  para pedir con éxito al juez Pablo Ruz el sobreseimiento de la causa en lo relativo a una docena de empresarios unidos por un doble nexo: todos habían sido donantes del PP y todos habían recibido contratos públicos de administraciones gobernadas por la formación conservadora.

La poda de imputados y la incapacitación del ahora ya fallecido extesorero del PP Álvaro Lapuerta por demencia sobrevenida dejó el caso con solo cinco procesados: el más relevante, Luis Bárcenas. Año y medio después, la investigación del caso quedó parcialmente reabierta tras la confesión de Francisco Correa en el primer juicio de Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional, el de la llamada Época 1, justamente el que ha acabado derribando a Mariano Rajoy y su Gobierno.

El hecho de que la sentencia de Época 1 no solo considere acreditada la existencia de la caja B del PP sino que establezca un vínculo entre donaciones y contratos no ha modificado sustancialmente hasta ahora la posición de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza de los papeles de Bárcenas.

Esa sentencia se conoció el 24 de mayo. El 4 de junio, hace solo una semana, el juez que instruye la parte reabierta del caso –la otra, relativa a los pagos en B para la reforma de la sede de Génova, está en espera de juicio-, José de la Mata, prorrogó la investigación hasta agosto de 2020. Es decir, hasta nada menos que dentro de dos años. Lo hizo a requerimiento de una de las acusaciones populares, la que ejercen varias organizaciones capitaneadas por IU. Y lo hizo en contra de Anticorrupción.

¿Cambiará de criterio la Fiscalía especializada tras la sentencia dictada ahora por el juez José María Vázquez Honrubia en el proceso específico sobre la financiación del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps? Es una incógnita.

Rebaja de penas

La pena impuesta por la sentencia conocida este lunes al líder de la trama, Francisco Correa, es de cinco años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de cinco años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de sis años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

Entre la antigua cúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La exgerente Cristina Ibáñez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.

La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los nueve empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestructuras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.

El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas o avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación durante el juicio.