Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

El fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha reclamado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, que encargue a la Agencia Tributaria una investigación sobre el patrimonio del exalcalde socialista de Cartagena y exdiputado en el Congreso José Antonio Alonso Conesa, considerado por el magistrado que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como una de las personas que estaba "a la cabeza del entramado de tráfico de influencias" liderado por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

En un escrito de 27 de febrero pasado, al que ha tenido acceso infoLibre, el representante del Ministerio Público se opone el sobreseimiento del denominado caso Novo Carthago, y recuerda a a la jueza Marín "que prácticamente está agotada la instrucción judicial, faltando sólo el pronunciamiento sobre la investigación solicitada por la Fiscalía sobre las sociedades de José Antonio Alonso Conesa", una petición que ya fue realizada por el propio fiscal en junio de 2016.

La Fiscalía de Murcia acordó en diciembre de 2006 abrir de oficio diligencias por la construcción de la urbanización Novo Carthago, que incluía 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto fue presentado en 2003 por el Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel antes incluso de la recalificación de los terrenos.

"Se han acreditado pagos directos de comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena por el PSOE por un total de 1.629.801 euros, pero también al exconcejal de Turismo del PP hasta 1999 Juan Martínez García (745.208 euros), con buenas relaciones con el Ayuntamiento de Cartagena", explica el fiscal, que hace referencia a la amistad entre el propio Alonso Conesa y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro, que junto a la Comunidad de Murcia fueron los que aprobaron la recalificación de los terrenos:

El propio exalcalde del PSOE Cartagena confirmó a este diario que el día que fue arrestado por orden del juez Eloy Velasco tenía en el bolsillo de su chaqueta la tarjeta de peajes asignada por el Congreso de los Diputados a la exparlamentaria y entonces alcaldesa del PP en Cartagena Pilar Barreiro.

"Somos amigos"

“Hemos dicho en público que somos amigos [él y Pilar Barreiro], y es verdad que tenemos que pagar el peaje de que siendo amigos yo haya sido alcalde y ella la alcaldesa actual, y habiéndome ganado ella las elecciones y habiendo sido del PSOE y ella del PP. Bueno, tengo derecho a tener mis amigos siendo del PSOE, del PP o de Podemos, aunque de Podemos tengo pocos, aunque alguno sí”, manifestó en mayo de 2015 Alonso Conesa. Barreiro ya no es alcaldesa, pero sí senadora del PP.

Según el escrito del fiscal, Alonso Conesa cobró comisiones de los vendedores originales de los terrenos en los que se iba a construir la urbanización Novo Carthago, de los intermediarios, y también de la empresa promotora, que era Hansa Urbana, la división inmobiliaria de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): "Se tuvo que recurrir a dos exconcejales del Ayuntamiento de Cartagena para tal fin. Y fijada la venta a [la promotora de la CAM] Hansa Urbana, se procedió a un nuevo reparto de las comisiones de intermediación", completa el documento.

"Igualmente llamativo es que los verdaderos intermediarios con honorarios pactados de los vendedores de las fincas tengan que recurrir a su vez a otros intermediarios (José Antonio Alonso Conesa y Juan Martínez), abonando importantes pagos, participando estos en sociedades con los compradores e intermediarios, así como pagos de la propia compradora Hansa Urbana en el caso de Alonso Conesa, cuyo contrato de mediación no consta", resalta el fiscal, que sostiene que los abonos coinciden con los hitos administrativos de la recalificación de los terrenos.

Supuestos intermediarios

Por ello, Juan Pablo Lozano solicita a la magistrada que pida a la Agencia Tributaria toda la documentación sobre "las mercantiles en las que conste participación societaria de José Antonio Alonso Conesa, Agustín Alonso Conesa [hermano del anterior] y [el exconcejal del PP] Juan Martínez García o de cualquiera de sus empresas participadas, como supuestos intermediarios que consiguieron una decisión favorable respecto a los terrenos de La Finca Miramar y Derramadores, a fin de conocer los ingresos-ventas y las compras-pagos por las que pudieran estar percibiendo ingresos y derivándolos como compras relacionados con esta operación en Novo Carthago", especifica el documento de 2016.

La intermediación del presunto cabecilla de la Púnica se llevó a cabo con dos fincas incluidas en un espacio natural protegido, "pese a que ya existían nombrados gestores para su venta y hasta una opción de compra de dicha finca", recuerda el fiscal, que concluye: "Esa contratación no obedece al mero ejercicio de la legítima actuación de intermediario, sino que sólo intermediaron en la finca cuya reclasificación en principio se antojaba imposible por su elevado grado de protección".

El proyecto Novo Carthago, por el que están investigados entre otros los exconsejeros del Gobierno de Murcia Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pero también una de las hijas y un yerno del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, fue publicitado como una iniciativa empresarial que incluía una inversión de más de mil millones de euros para construir unas 10.000 viviendas para 35.0000 habitantes e iba a crear 8.000 puestos de trabajo. 

Pilar Barreiro, Ramón Luis Valcárcel, Javier Guillamón (CAM) y Rafael Galea (Hansa Urbana) durante la presentación del proyecto de Novo Carthago.

Pero, según destaca el fiscal en su escrito de febrero, esta inversión trataba de urbanizar "la última ventana al Mar Menor", que además estaba protegida por la Unión Europea. Sin embargo, el 12 de junio de 2003, antes de que se recalificara el terreno, el propio presidente murciano Ramón Luis Valcárcel asistió a la presentación pública de la promoción, acto en el que coincidió con varios de los ahora imputados y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, "pese a que debían conocer que una parte del proyecto podría ser inviable al afectar a un espacio natural, y cuya obligación era proteger en aras del interés general evitando la especulación urbanística".

Cabecilla de GürtelGürtel

Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree "acreditado" que José Antonio Alonso Conesa se concertó "con diversas autoridades en la Región de Murcia Murcia, León y la Comunidad de Madrid Madrid para la adjudicación de contratos públicos", siendo uno de ellos el entonces consejero de Educación y expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP).

Hace dos semanas Velasco envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)) una exposición razonada en el que reclama la imputación del propio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El juez de Primera Instancia número 1 de Madrid escucha este martes en vista pública los argumentos por los que Feria de Valencia reclama al Partido Popular el pago de 568.111,94 euros correspondientes al Congreso Nacional que la formación política celebró en el recinto en el año 2008.

La fecha del juicio fue fijada después de que el pasado mes de junio fracasara el acto de conciliación previsto en la Ley para alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En su demanda, Feria de Valencia afirma que el PP incumplió el contrato por el cual se obligaba al pago de los servicios prestados para la celebración del cónclave popular en el que Mariano Rajoy fue designado candidato a la Presidencia del Gobierno.

La reclamación fue presentada en 2015, siete años después de la celebración del cónclave porque en dicha fecha la factura permanecía "impagada en su totalidad". La entidad asegura en su demanda haber realizado "numerosas comunicaciones extrajudiciales con el fin de hallar una solución negociada al presente conflicto, sin que estas hayan resultado fructíferas".

De hecho, apuntan, "tras siete años de silencio", la parte demandada "argumenta en su escrito de oposición que no existe contrato ni presupuesto y que por eso el pago no se ha realizado".

La institución ferial detalla no obstante que en abril de 2008 el PP entró en contacto con ellos con el propósito de contratar el espacio y los servicios necesarios para la celebración del Congreso Nacional, que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio de 2008. Alude a una reunión celebrada el día 17 de abril "al más alto nivel" en la que participaron, entre otros, el presidente en ese momento del PPCV, Francisco CampsFrancisco Camps, y el presidente del comité organizador del congreso, Ramón Luis Valcárcel.

Peticiones del cuñado de Bárcenas

De acuerdo a los argumentos de Feria de Valencia, ésta elaboró un presupuesto y preparó un borrado del contrato enviado el 10 de junio y el día 11 mandó un presupuesto complementario por unos arcos de seguridad, que el exgerente del PP Cristóbal Páez confirmó ese mismo día.

Además, el día 13 de junio, Antonio de la Fuente, quien era adjunto a la gerencia nacional del partido y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, solicitó unas variaciones en la seguridad que, finalmente, no se ejecutaron ni facturaron.

En todo caso, Feria de Valencia sostiene que si esta entidad "no hubiera tenido aprobado el presupuesto, no comienza ni el montaje, por ello dio por aprobado el presupuesto porque así se lo indicaron los organizadores, aunque nunca lo hicieron por escrito".

"El presupuesto fue aceptado verbalmente y hubo un consentimiento tácito clarísimo, nadie deja que se preste un servicio de este importe, conociéndolo previamente, sin estar de acuerdo; y aquí debemos apelar al sentido común", sostiene la parte demandante.

Añade que el motivo último por el cual parece que no se pagó –lo que deduce por un correo enviado en septiembre de 2008 donde les instaba a enviar el presupuesto al PP valenciano– es la "discrepancia entre el PP nacional y el valenciano sobre quién debía pagar los gastos"

Las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, por cuya construcción presuntamente ilegal está imputado el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), incluye importantes sombras en su puesta en marcha, según se constata en un informe de 13 de noviembre de 2015 enviado por el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil a la jueza que investigó el caso en Lorca (Murcia), Consuelo Andreo.

Los agentes se desplazaron a Puerto Lumbreras el 9 de octubre de 2015 Puerto Lumbreras para realizar una inspección del material adquirido por la constructora a cargo del presupuesto abonado por el Ayuntamiento entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez para iniciar las obras, que fue de 2.254.068 euros. El Ayuntamiento asumió en septiembre de 2011 la propiedad el auditorio inacabado, asegurando que sí se había llevado a cabo la construcción completa del mismo.

Y los guardias, según el documento de 22 páginas al que ha tenido acceso infoLibre, constataron in situ, cuatro años después de que el auditorio estuviera supuestamente acabado y en funcionamiento, que el edificio no disponía de numerosos utensilios que presuntamente habían sido instalados por la empresa, que dejó la obra inacabada en casi un 40%.

En concreto, los policías judiciales de la Guardia Civil de la Región de Murcia hicieron un repaso de todo el material que no les fue posible divisar en el auditorio inacabado, como por ejemplo tres depósitos de combustibles líquidos de doble pared, de los que el técnico municipal informa a los agentes que no están: "Se constata por los agentes que no se encuentran en las instalaciones los citados depósitos", explica el informe de la Policía Judicial, que tampoco logra divisar, a modo de ejemplo del contenido del informe, "dos centralitas de regulación de la temperatura de la caldera o tres grupos electrógenos".

Numerosas carencias

Pero el listado del material abonado y que no se encontraba en el auditorio durante la inspección de la Guardia Civil, años después de que el presidente murciano asumiera la propiedad del auditorio, era mucho más amplio: como por ejemplo faltaba una batería de condensadores, 15 cuadros secundarios, dos calderas, dos plantas enfriadoras, 26 depósitos de 3.000 litros cada uno, 120 extintores de 6 kilogramos, 14 termos eléctricos de 75 litros cada uno, una moqueta, 105 puertas de abedul, un rótulo de neón, 971 adoquines, 51 cisternas y un telón. 

Precisamente, el telón es el ejemplo que cita el perito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia Andrés Checa el de material abonado y que no se encontraba durante la visita de los agentes: "A modo de ejemplo indico que en ella se encuentran aparatos de climatización, de electricidad, de la instalación contra incendios e incluso se le abonaron 44.395 euros por el telón cortafuegos boca de escena, material certificado y abonado del que nadie hizo referencia cuando la empresa constructora presentó la certificación de liquidación".

En este sentido, el informe del perito, que asegura que el perjuicio del Ayuntamiento fue de 2.278.421 euros, destaca que con una obra ejecutada "al 2'15%, se presenta y acepta una factura que representa el 39'82% del total del presupuesto general". Para este arquitecto, "en esa certificación se le abonó a la empresa una gran cantidad de material supuestamente acopiado en obra, y que corresponde a partidas de obra no ejecutadas finalmente en la construcción del teatro-auditorio, que se encuentra sin terminar".

El otro informe oficial que apoya la implicación de Pedro Antonio Sánchez es el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, que resalta que con fecha 5 de julio de 2008 "se emitió la primera certificación de acopios, por un importe de 2.254.068,68 euros, IVA incluido, junto con los correspondientes avales.

"No es regular acopiar todos los materiales"

"Esta certificación recoge una gran cantidad de materiales de acopio de todo tipo no encontrándose en la documentación recibida la justificación de un acopio tan importante. Los acopios están limitados en las obras a los materiales de difícil localización, escasez o los de plazo de entrega largo. No es regular acopiar todos los materiales necesarios para la obra. En los pliegos no se recoge ninguna norma sobre estos acopios tal como dispone el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

La IGAE llama también la atención en el hecho de que este adelanto de material, que desde un punto de vista técnico se denominan "acopios", no se incluye en los pliegos de la obra, tal como dispone el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Estos acopios deben realizarse sólo con relación a materiales de difícil localización, de gran escasez o de plazo de entrega largo", especifica el informe de este organismo público incluido en el sumario del caso Auditorio.

Pero los funcionarios del Ministerio de Hacienda explican que este adelanto, por importe de 2.254.068 euros, "aunque legalmente sea factible, previa aportación de las pertinentes garantías, no se considera normal en este tipo de contratos, ya que los acopios están justificados solamente cuando existen materia fes que por su complejidad, su plazo de entrega, o su rareza podrían retrasar la ejecución de la obra".

Sin embargo, el informe de la IGAE explica que la relación de material adelantado, "por su importe, parece contener todos los acopios de la obra completa. La necesidad de realizar todos estos acopios son de índole técnica y debería ser precisada por un técnico competente en la materia".

"La Ley lo considera excepcional"

Por todo ello, la IGAE concluye en relación a este adelanto del material: "No se conoce tampoco la razón de una certificación de acopios de importe tan elevado. Ya que la ley lo considera excepcional v lo permite sólo para casos debidamente justificados. Se deberla solicitar un informe técnico sobre la necesidad de estos acopios".

infoLibre se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del PP, para conocer su versión sobre los hechos. Sin embargo, una portavoz del Consistorio aseguró que no tenía nada que decir al respecto.

Sin embargo, este periódico ha accedido a las conclusiones de dos dictámenes aportados por el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en los que el exdecano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia Antonio García Herrero asegura que la "totalidad" de los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras, "y que debe considerarse que se construyeron las obras que se habían contratado, salvo las precisiones que la futura liquidación determine".

Asimismo, estas conclusiones argumentan que "no se ha practicado la liquidación de las obras realizadas", ya que "la mera presentación de la certificación tras el acto de recepción de obra no puede considerarse como tal".

El dictamen aportado por Sánchez resalta, además, que tras la aprobación del modificado, "la obra contratada pasa a ser aquella que contiene en detalle ese proyecto. Deja por tanto de estar en vigor el proyecto inicial".

"Intenta legalizar las irregularidades"

En este sentido, el perito independiente del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia aseguró en su informe pericial que "es a partir de la certificación número 18, cuando existe la certeza de que no va haber más dinero, cuando se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento".

El segundo dictamen aportado por Pedro Antonio Sánchez tiene carácter jurídico, y lo ha realizado el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entrena Cuesta, que concluye que no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez "dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal".

Para este abogado, el presidente murciano "no ha prevaricado y, por tal motivo, tampoco ha existido un delito de fraude administrativo. No se ha pagado un euro de más, por lo que no hay malversación, y tampoco existe documento alguno falsificado".

Este dictamen critica  también la investigación realizada por la Fiscalía de Murcia, y asegura que el Ministerio Público se olvida de la posterior aprobación de un modificado conforme a Derecho: "Se observa que la querella de la Fiscalía no tiene rigor en tanto en cuanto lo decisivo y elemental es que las obras a realizar sí se hicieron, es decir, las obras del modificado, que es el documento que sirve de referencia para ello".

En cuanto al certificado de la obra, el catedrático explica en el informe encargado por Pedro Antonio Sánchez que la acusación no ha tenido en cuenta a la hora de valorar las obras finalmente ejecutadas la existencia de un modificado.

"El típico caso de un presupuesto corto"

"Estamos ante un típico caso en que el presupuesto inicial se quedó corto, con lo cual, en vez de aumentar el precio del contrato, se optó por rebajar obra, manteniendo el precio del contrato", puntualiza el resumen del documento, al que ha tenido acceso infoLibre, que pese a las evidencias concluye que no se ha recibido la propiedad de la obra de forma definitiva, "ni se ha emitido el certificado final de obra, ni se ha probado la liquidación del contrato".

Sin embargo, la acusación de la Fiscalía se basa en los dos informes oficiales e independientes arriba citados que apuntalan la acusación iniciada por el ex fiscal jefe Manuel López Bernal. El primero de ellos es un dictamen del arquitecto Andrés Checa, que sostiene que el Ayuntamiento, encabezado entonces por Pedro Antonio Sánchez, al aprobar el modificado del proyecto acepta las irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio".

Un segundo trabajo, esta vez de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que tras la aprobación del proyecto modificado, "la obra no era completa, por lo que se considera que el Ayuntamiento no debería haber firmado el acta de recepciónAyuntamiento de forma favorable"

"No está detenido, el alcalde sólo está retenido. Los periodistas mienten". Así se expresaban furiosos decenas de vecinos de Totana mientras asistían consternados a los registros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaban dentro del Ayuntamiento de Totana (Región de Murcia). Era el 29 de noviembre de 2007 y el regidor arrestado era José Martínez Andreo, del PP.

Andreo, considerado "un buen chico del Paretón", una de las pedanías de Totana, permaneció en prisión de forma preventiva durante tres meses. Y en Nochebuena sus partidarios, unas 5.000 personas unidas en torno a la plataforma ciudadana Por el buen nombre de Totana, organizaron una cena de apoyo al regidor a las puertas del centro penitenciario de Sangonera la Verde.

Los incondicionales del PP de esta localidad habilitaron autobuses, que también se fletaron el 1 de febrero de 2008, fecha en que Andreo abonó la fianza de 70.000 euros y abandonó la cárcel. Ese día, los vecinos llenaron las calles del pueblo, al mismo tiempo que lanzaban improperios contra la prensa, a la que acusaban de haberse inventado las informaciones.

Pero el caso de Totana, cuyo pleno municipal había aprobado en enero de 2007 un Plan General Municipal de Ordenación con 59 convenios urbanísticos que posibilitaban la construcción de un total de 40.000 viviendas, lo que superaba con creces la población del municipio, que entonces tenía 28.360 habitantes, no era excepcional, ya que en toda la Región de Murcia se llegaron a proyectar 200.000 viviendas sin tener garantizado el suministro de agua.

Apoyos en prisión

También fueron agasajados otros alcaldes de la Región de Murcia tras ser detenidos e incluso ingresar en prisión. Como por ejemplo pasó con el regidor de Torre Pacheco Daniel García Madrid (PP) o el alcalde del pequeño municipio de Ojós Francisco Salinas (Independiente). En el caso de Salinas, el entonces primer edil fue arrestado por corrupción de menores. 

También llamó la atención la imputación por un delito electoral del exalcalde de Fortuna Matías Carrillo. En concreto, a este cargo del PP, cartero de profesión, se le acusaba de comprar votos a cambio de vales de comida, que pagaba el Consistorio que dirigía en tiendas de la localidad.

En todos los casos mencionados a modo de muestra, los cargos políticos han sido condenados o inhabilitados. Por ejemplo, el exregidor de Totana José Martínez Andreo fue condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación. En declaraciones al diario La Verdad de Murcia, 9 años después de su detención, aseguró: "He reconocido haber cometido dos delitos y pido perdón por ello, pero lo hice tratando de ser buen alcalde y sin que me haya reportado algún beneficio personal. Ha quedado demostrado que no he metido la mano y la sentencia me parece justa, porque se adapta a lo que de verdad ocurrió".

Contra la corrupción urbanística

¿Quién fue el gran responsable de que se conocieran esos y otros delitos? Sin duda el todavía fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López BernalManuel López Bernal, que en 2006 accedió al cargo con una misión principal: luchar contra la corrupción urbanística. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a 2014, la Región de Murcia era una de las comunidades autónomas con más políticos imputados por habitante. En concreto, una comunidad con 1,4 millones de habitantes tenía ese año 80 imputados y 17 condenados.

Llama la atención que en la Comunidad Valenciana (5 millones de habitantes), en la que se han destapado importantes tramas, hubiera en 2014 un total de 110 imputados y 10 condenados, unos dígitos bajos por habitante si se comparan con la Región de Murcia.

Mientras tanto, en otra comunidad como Aragón, con una población similar a la murciana, de 1,3 millones de habitantes, el número de implicados en casos de corrupción era sensiblemente inferior (53 imputados y 1 condenado). En Galicia (2,7 millones de habitantes) había 157 políticos imputados por corrupción y 8 condenados. En Asturias (un millón de habitantes), 38, y 3; respectivamente; en Castilla y León (2,4 millones de habitantes), 10 imputados y 4 condenados; en Cataluña (7,5 millones de habitantes), 178 imputados y 20 condenados; en Extremadura (1,1 millones de habitantes), 7 condenados; en Andalucía (8,4 millones de habitantes), 383 imputados y 56 condenados.

Y todo este trabajo, cuya cabeza visible desde 2006 en la Fiscalía de Murcia es Manuel López Bernal lo ha venido desarrollando un reducido grupo de fiscales. Como José Luis Díaz Manzanera, el responsable de perseguir los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente; y que es el fiscal que ha encabezado la investigación del denominado caso Auditorio contra el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Díaz Manzanera es uno de los fiscales que aspira a suceder a López Bernal si el actual fiscal general del Estado José Manuel Maza no le renueva en su puesto en los próximos días.

Otros de los fiscales que han destacado por su lucha contra la corrupción son Juan Pablo Lozano, que está adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y el encargado de los delitos económicos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en la Región de Murcia, Jaime Sánchez Nogueroles.

Querellas y allanamientos

Tanto López Bernal como Juan Pablo Lozano han sido objeto de ataques personales. El primero recibió dos querellas interpuestas por la Asociación Justicia y Libertad, que no fueron ni siquiera admitidas a trámite por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Lozano ha sufrido dos robos en su vivienda en seis meses. En uno de ellos, en julio pasado, los asaltantes le robaron un ordenador que contenía documentos sobre sus investigaciones, entre las que destacan los casos Novo Carthago, Umbra, Rotondas y AVE.

El pasado martes, un subinspector de Hacienda que actúa como perito en una investigación secreta de la Fiscalía de Murcia también sufrió un robo en su vivienda. La Policía investiga si los asaltantes de esta casa manipularon el ordenador personal del funcionario de la Agencia Tributaria.

El trabajo del fiscal superior de Murcia no siempre ha contado con el apoyo de toda la sociedad civil murciana, cuyas fuerzas vivas le han acusado de investigar a personas respetables dejando sin atajar la delincuencia común. Sus pesquisas no tenían freno, aunque se tratara de los propietarios de Polaris World, la empresa que más publicidad repartía entre los medios de comunicación regional, con potentes campañas también a escala estatal.

Sentencias blandas

El fiscal López Bernal, cuya trayectoria en Murcia es muy dilatada, fue conocido por destapar también un caso de presunta corrupción judicial. Se trata de las denominadas sentencias blandas o bondadosassentencias blandas o bondadosas, tal y como definió el caso el periodista de La Opinión de Murcia Chema Gil. 

Eso fue en enero de 1991, y el periodista Chema Gil dio a conocer las investigaciones que realizaba el entonces fiscal antidroga Manuel López Bernal acerca de unas sentencias consideradas blandas o bondadosas contra narcotraficantes por parte de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, sin celebrar la vista oral. En este asunto se vieron implicados tres jueces, un exfiscal y un abogado, que acabaron querellándose contra López Bernal, que durante años tuvo que defenderse de la persecución de los aludidos.

En 2006, López Bernal como jefe máximo de la Fiscalía en Murcia da un fuerte impulso a la lucha contra la corrupción. Y logra destapar numerosas causas, como por ejemplo Novo Carthago, Tótem, Biblioteca, Limusa, Ninette (Malaya), Umbra, Valhalla, Zerrichera, AVE o Barraca. Los imputados no son exclusivamente políticos del PP, aunque sin duda sí son los más importantes en una Comunidad Autónoma en la que gobierna este partido desde 1995, lo que supone 22 años. Además, el poder regional no tiene un contrapeso en los diferentes municipios, que también controlan los cargos de la formación de Mariano Rajoy, que llegó a recibir casi el 60% de los votos, pese a los continuos casos de corrupción destapados. 

El cargo político de mayor relevancia que ha sido imputado ha sido el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, al que durante muchos años se le consideró el sucesor de Ramón Luis Valcárcel, que fue presidente regional entre 1995 y 2014, año en el que fue elegido europarlamentario por el PP. Cámara está con un pie en el banquillo de los acusados en el caso Umbra.

Dos años sin sacar dinero

La investigación del fiscal y del juez destapó que Cámara disponía de 750.000 euros en el banco, 4 casas, 4 plazas de garaje, 3 coches y ninguna hipoteca. La unidad familiar del entonces regidor de Murcia, que ingresaba un máximo de 80.000 euros anuales, vivió dos años sin sacar un euro de sus cuentas y en 2007 y 2008 solo gastó 13.450 euros, especifica La Verdad de Murcia.

El que no está formalmente imputado es el propio Ramón Luis Valcárcel, pese a que la jueza Miriam Marín García, con el apoyo de la Fiscalía de López Bernal, le pidió que declarara de forma voluntaria como investigado en el marco del caso Novo Carthago. En concreto, la magistrada alertó de indicios que apuntan a que para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto: "Entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad [Ramón Luis Valcárcel], que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur".

Los 123.070 euros que la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, Rosario, y su esposo, Fulgencio Perán, ingresaron en sus cuentas a lo largo de once meses de 2007, procedían, según sus declaraciones, de regalos por su boda, que se celebró en octubre del mismo año. En concreto, la investigación del fiscal del caso, Juan Pablo Lozano, logró destapar que Perán realizó 30 ingresos consecutivos el día 27 de septiembre de 2007, todos ellos por importe de 1.000 euros y en su gran mayoría con billetes de 500 euros.

Proyecto avalado por Valcárcel

En diciembre de 2006, apenas unos meses después de ser nombrado fiscal superior de Murcia, López Bernal inició sus pesquisas sobre esta urbanización de Cartagena, cuyo desarrollo contó con el apoyo explícito del Consistorio de Pilar Barreiro (PP), pero también del Gobierno regional encabezado por Valcárcel.

De hecho, el expresidente murciano participó de forma activa en la presentación del proyecto urbanístico, que diseñado en una de las últimas zonas vírgenes del Mediterráneo español Novo Carthago, fue avalado públicamente por Valcárcel antes de que se iniciara la reclasificación de los terrenos.

La lista de políticos murcianos no se acaba, ni mucho menos, con Cámara y el entorno familiar de Valcárcel. Otros imputados son exconsejeros como Antonio Cerdá, Francisco Marqués o Joaquín Bascuñana, los dos últimos también delegados del Gobierno. El exdiputado regional del PP y exalcalde de Totana Juan Morales ha llegado a ingresar en prisión.

Por eso la lista de agraviados por el trabajo del Ministerio Público podría ser muy elevada, y por eso peligra también la continuidad del máximo responsable de la Fiscalía en la Región de Murcia, Manuel López Bernal, pendiente de la propuesta que haga el nuevo Fiscal General y de la decisión que tome, la próxima semana, el Consejo Fiscal. 

La gota que colma el vaso

A la vista del rosario de incidentes relacionados con la investigación de la corrupción en Murcia, ya no puede sorprender lo ocurrido a lo largo de la última semana, cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuye la posible comisión de tres delitos al actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen personal. El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez ha sido incapaz de explicar un hecho absolutamente anómalo que ha provocado la indignación de las principales asociaciones de fiscales, incluida la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no sólo ha defendido a su compañero de partido sino que además cargó contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.

 Murcia ha venido siendo una especie de laboratorio en el que se concentran los signos más evidentes de la galopante corrupción política ligada a la burbuja inmobiliaria, aunque en pocas zonas de España sería posible encontrar además tantos ejemplos de trabas a la justicia o de presiones de distinto signo a todo aquel que pretenda levantar las alfombras, ya se trate de fiscales, periodistas o inspectores de Hacienda.

El pasado miércoles salieron a subasta las instalaciones de la 7 TV, la televisión autonómica murciana. Los locales, situados en el municipio de Molina de Segura, pertenecen a una sociedad en liquidación, Tecnoproducciones Multimedia, cuyos bienes pone a la venta al mejor postor el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. En esas instalaciones vive de alquiler y realiza sus programas desde abril de 2015 la 7 TV, que gestiona la productora audiovisual Secuoya Secuoyaa través de su filial Central Broadcasting Media (CBM). Sólo pujó uno de los acreedores, Banco Santander, pero por la mitad del precio fijado por el juez, que era de 600.000 euros. Así que la oferta fue rechazada y los locales siguen a la venta. La murciana es la única televisión autonómica cuya gestión ha sido privatizada íntegramente. Y sus adjudicaciones han estado siempre rodeadas de polémica.

En esta última están batallando en los tribunales algunas de las principales productoras audiovisuales del país: un bocado de 10 millones de euros anuales para un contrato de tres años prorrogable por otros tres; 60 millones en total. Mediapro, la empresa de Jaume Roures; Tres60, propiedad del fondo HIG, y la murciana GTM, anterior adjudicataria de la televisión murciana, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Acusan al Gobierno autonómico de favoritismo hacia Secuoya.

Además, un abogado local, Diego de Ramón, tiene previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Finalmente, el consejo de administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia ha debatido ya dos denuncias sobre los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Secuoya, y las ha remitido a la Asamblea regional para su debate.

El Gobierno murciano sacó a concurso la televisión autonómica en marzo de 2014 y recibió las ofertas en abril, pero la mesa de contratación no abrió los sobres con las ofertas hasta el 1 de agosto y no adjudicó el contrato hasta febrero de 2015. Tardó casi un año en completar el procedimiento, pese a que los pliegos estipulaban que las nuevas emisiones debían comenzar el 1 de mayo de 2014, apenas una semana después de terminar el plazo para concursar.

Las productoras alegan en sus recursos que la mesa de contratación la presidió el actual vicesecretario de Organización del PP murciano, Fernando López Miras. Y que uno de sus vocales y dos de sus técnicos trabajan para el ente público, por lo que no eran “imparciales” y sus valoraciones resultaron “arbitrarias”. Además, ponen el acento en la situación irregular de las instalaciones alquiladas por Secuoya. Los recursos judiciales repiten los argumentos que las productoras ya esgrimieron contra la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contracturales, que depende del Ministerio de Hacienda. Y que desestimó sus demandas.

Una de las denunciantes, GTM, no ha dudado en asegurar públicamente que la productora “ocupa” los locales desde los que transmite. Haberlos alquilado a Secuoya le costó el puesto el pasado mes de noviembre al primer administrador concursal de Tecnoproducciones, que autorizó el contrato de arrendimiento sin el permiso del juez del concurso. Fuentes de GTM explican que el titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil ha instado a Secuoya a abandonar las instalaciones por carecer de título válido para ocuparlas.

El pasado miércoles, en cualquier caso, la productora estaba invitada a la subasta y pudo pujar por los locales. No lo hizo. “Seguiremos con nuestro contrato de alquiler”, han asegurado a infoLibre fuentes de Secuoya. También niegan cualquier tipo de irregularidad en sus emisiones. “Cumplimos escrupulosamente las condiciones del pliego del contrato”, zanjan. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Mediapro como con Tres60, pero no ha conseguido una respuesta a sus preguntas.

Noticias repetidas, programa canadiense de humor

Tampoco el Gobierno murciano se queja del desempeño de Secuoya en la 7 TV, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Las productoras que han recurrido la concesión alegan que la oferta de la adjudicataria era la que menos horas de servicio pública proponía. Las denuncias presentadas en las consejerías de Economía y Cultura por la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) advierten, además, de que entre abril y septiembre del pasado año, Secuoya ha emitido 857 horas, 27 minutos y 44 segundos de servicio público menos de las comprometidas en el contrato. De ellas, casi el 90% corresponden a programas informativos. Debería emitir 73,5 horas de producción de servicio público a la semana.

También aseguran que los informativos repiten noticias –hasta cuatro veces en un mismo programa– o alargan entrevistas hasta los 20 minutos para prolongar la duración de estos telediarios. Los informativos de medianoche y de primera hora de la mañana se graban el día anterior, para ahorrarse los pluses de nocturnidad que deberían pagarse a los trabajadores si se hicieran en directo. Los informes explican que las horas de redifusión –programas cuya emisión se repite– alcanzan el 40%: “Una media de 11 horas diarias de redifusión”.

La 7 TV, añaden, tampoco emite el número de las retransmisiones deportivas y acontecimientos socio-culturales a que le obliga el contrato de adjudicación. Pero sí programa en horario de servicio público emisiones que no lo son. Por ejemplo, un programa canadiense de humor llamado ACHO y La 7 Motor, que los informes describen como de “publicidad de la industria automovilística”.

De 13TV a Sáenz de Buruaga

Fuentes del consejo de administración del ente comparten las denuncias sobre el incumplimiento de la programación de servicio público y la repetición de noticias en los informativos. Añaden las de “sectarismo” a favor del PP y del Gobierno regional. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, y desde entonces está pendiente el nombramiento del director general del ente público televisivo.

El responsable de la 7 TV es Alejandro Samanes, anterior responsable de 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y su director de informativos es Antonio Peñarrubia, hasta su nombramiento en Murcia asesor del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. De 2011 a 2014 fue consejero de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Comunicación de José María Aznar.

Aunque tampoco su antecesora en la concesión y ahora denunciante, GTM, está exenta de vínculos con el PP, el partido que gobierna Murcia desde 1995. Detrás de la productora figuran algunas de las principales empresas de la región, desde Embutidos El Pozo hasta la constructora Terrapilar o Golosinas Vidal. Se hizo con la televisión murciana en 2006: un sustancioso contrato de siete años a cambio de 36 millones de euros anuales. Entonces figuraba como asesor de GTM Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de RTVE con José María Aznar. También figuran entre sus accionistas el grupo Intereconomía.

En la concesión a Secuoya también se mezclan las convulsiones políticas. La salida de Ramón Valcárcel de la presidencia de la región, su sustitución por Alberto Garre y la dimisión del consejero que firmó el contrato con Secuoya, Juan Carlos Ruiz, imputado por el caso Púnica. Fuentes consultadas por este periódico mencionan igualmente la intervención a favor de Secuoya de Vicente Martínez-Pujalte, que fue comisionado de Asuntos Económicos para la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados hasta que Garre, con quien estaba enfrentado, suprimió ese puesto en marzo de 2015, apenas un mes después de que fuera adjudicada a Secuoya la televisión autonómica. La concesión a la productora, aseguran, se decidió en Madrid.

Los problemas de GTM

En 2007 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia llamó a declarar como testigo a Sáenz de Buruaga, tras haber abierto diligencias por un posible delito de prevaricación en el concurso público que adjudicó a GMT la televisión autonómica. La investigación no prosperó. Pero la crisis y los recortes de gasto público fueron reduciendo los importes que el Gobierno murciano le pagaba cada año: 30 millones de euros en 2011, 15 millones para 2012. Ese año se rescindió de forma anticipada el contrato con GTM, que aún cuenta con unas enormes instalaciones –9.000 metros cuadrados de platós– y entonces poseía una plantilla de 264 trabajadores.

Tras cambiar el modelo de gestión, el Ejecutivo murciano licitó la televisión por sólo 12 millones de euros, la tercera parte de lo que le costaba en los tiempos de euforia económica. Secuoya se la quedó con una quita del 10%: 10 millones. Si antes se acusaba a GTM de hacer una televisión demasiado cara, ahora el problema es que Secuoya no alcanza a cumplir las obligaciones del contrato con el presupuesto comprometido.

La batalla por la televisión murciana no es más que un episodio más de la guerra que libran las productoras audiovisuales por el sector de las cadenas autonómicas desde que cambió la ley audiovisual en 2012 y se permitió la privatización, total o parcial, de los entes públicos. Secuoya presta servicios en las televisiones canaria y balear, asturiana, manchega y aragonesa. También en TV-3, TVG y Canal Sur. Tres60 se ha hecho con contratos en la balear IB3, TV Canarias y Aragón TV. Pero los dos botines más deseados, Telemadrid y la valenciana Canal Nou, siguen aún a la espera.

Al empresario Florentino Pérez le sale rentable firmar contratos con la Administración... aunque terminen en un fracaso. ACS, la empresa que preside Pérez, ya consiguió a finales del año pasado una indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Castor y ahora existe el riesgo de que otros dos proyectos que no han tenido el uso esperado –la desaladora de Escombreras (Murcia) y el túnel de alta velocidad entre Figueres y Perpiñán– le cuesten a los ciudadanos otros 750 millones de euros más.

infoLibre se puso en contacto con el Grupo ACS para conocer su versión sobre estos tres casos. Un portavoz respondió que la "política de comunicación" habitual de la empresa es no hacer declaraciones.

La constructora ACS es la más internacionalizada del mundo, y sus saneadas cuentas han proporcionado a Pérez una fortuna estimada en más de 1.800 millones de euros, según la lista Forbes. El empresario se cubre bien las espaldas cuando firma contratos para encargarse de la construcción y explotación de grandes infraestructuras con la Administración, ya que tanto en el caso de Castor como en el de la desaladora de Escombreras los acuerdos contenían una cláusula de indemnización en caso de que se rescindiera el contrato.

El caso del almacén Castor fue especialmente polémico por su enorme cuantía, ya que el Estado tuvo que hacer frente al pago de 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, controlada en el 66,67% por el grupo ACS. El Gobierno decidió en septiembre de 2014 paralizar la inyección de gas que se realizaba desde esta planta al subsuelo al encontrarse relación entre la misma y varios terremotos ocurridos en la zona de Vinaròs (Castellón), cerca de donde se encontraba situada. Un mes después, el Ejecutivo anunció el abono de la indemnización. En consecuencia, a ACS le correspondieron 900 millones de la indemnización pagada a Escal UGS (el 66,67% del total).

La compensación a la concesionaria se irá cargando al recibo del gas de los consumidores, y con intereses la cifra ascenderá a 3.500 millones. Este pago quedó justificado por una cláusula incluida en el contrato que rubricó en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia.

La desaladora de Murcia

En el caso de la desaladora de Escombreras, el problema es similar: el Gobierno de la Región de Murcia, que en 2006 presidía Ramón Luis Valcárcel (PP), concedió ese año a Hydro Management –una sociedad participada al 80% por Cobra, filial de ACS– la construcción y gestión de la infraestructura –de titularidad pública– y añadió una cláusula indemnizatoria si el contrato se rescindía.

La desaladora estaba diseñada para proveer de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales de agua a una macrourbanización que se había proyectado, pero que finalmente no se construyó. Por ello, la infraestructura no trabaja actualmente ni al 10% de su capacidad y la Administración autonómica no puede hacer frente a los pagos anuales que acordó con Hydro Management, a quien se concedió la gestión de la planta hasta 2034. La empresa demandó ya en 2013 al Gobierno regional por este asunto, si bien terminó llegando a un acuerdo con el Ejecutivo de Valcárcel, que se comprometió a abonar los 570 millones de euros que le adeudaba entonces.

Pero la desaladora no ha dejado de tener pérdidas: más de 13 millones de euros en 2013, según El Economista, que cita las últimas cuentas depositadas. La Consejería de Presidencia de la Región de Murcia propuso hace unos días que se cerrase la planta para evitar mantener la sangría de dinero, pero el contrato firmado con el grupo presidido por Florentino Pérez sigue en vigor, así como su cláusula indemnizatoria, de 559 millones de euros, si se rescinde el contrato. En este caso, a ACS le corresponderían algo más de 447 millones (el 80% del total).

Un portavoz de la Consejería de Agua y Agricultura de la Región de Murcia admitió a infoLibre que existen "ciertos compromisos" contractuales asumidos para abonar esta indemnización, si bien señaló que la Administración autonómica está tratando de "revisar el contrato, porque las condiciones que existen ahora no son las que había cuando se firmó, cuando existían unas perspectivas de crecimiento mucho mayores".

Este portavoz explica que otra opción que baraja la comunidad es pedir ayuda al Estado central para que el precio del agua desalada, actualmente muy elevado, "sea asumible por los usuarios, especialmente por los agricultores, que son los que podrían hacer un uso a gran escala". No obstante, el representante se negó a concretar la cantidad exigida por el Grupo ACS a la comunidad, ya que, según aseguró, esto podría perjudicar a las negociaciones que ahora mismo mantiene la empresa con el Gobierno autonómico, unas conversaciones que también se mantienen en secreto.

Un túnel infrautilizado, el último frente abierto

El túnel ferroviario entre las localidades de Figueres y Perpiñán es la última adjudicación en la que se encuentra relacionado el Grupo ACS que le da problemas a la Administración. La empresa TP Ferro –participada al 50% por ACS y la compañía francesa Eiffage– se adjudicó en 2003 el contrato para construir la infraestructura y explotarla durante 50 años, que posteriormente el Estado alargó a 53, además de pagar una indemnización de 130 millones de euros para compensar el retraso en la puesta en funcionamiento. Pero los cálculos de tráfico que realizó la empresa fueron demasiado optimistas: en la actualidad circulan alrededor de diez vehículos de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, frente a los 80 que se estimaron entonces.

El pasado 17 de julio, TP Ferro se declaró en concurso de acreedores al no poder hacer frente a la deuda de alrededor de 400 millones de euros que mantiene con sus acreedores, en su mayor parte bancos. La compañía lleva desde el mes de marzo negociando, pero no ha conseguido llegar a un acuerdo para refinanciar sus deudas, y en caso de quiebra los Estados español y francés tendrían que hacerse cargo de la infraestructura a causa del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración, según reconocen desde el Ministerio de Fomento.

Un portavoz del departamento dirigido por Ana Pastor explica que las cantidades a las que deberían hacer frente ambos países "no están claras, pero se manejan cifras en torno a los 400 millones", de los que España debería asumir la mitad si TP Ferro no lograse un acuerdo con sus acreedores. Fomento, no obstante, señala que la resolución de este caso será "un proceso largo, incluso de años", y afirma que ahora se encuentra "en un estadio muy inicial". El portavoz también explica que la empresa participada por ACS "ha inyectado dos millones en sus cuentas para garantizar la infraestructura hasta la primavera que viene", lo que considera un gesto de buena voluntad.

El expresidente de Murcia y actual eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel considera que el resultado electoral del 24 de mayo exige "una reflexión profunda en el PP sobre cómo explicar las cosas y cómo hacerlas", según dijo en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.

Eso sí, Valcárcel dejó claro que, en su opinión personal, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "es un excelente presidente" porque está gestionando la crisis como nadie ha sabido hacerlo. "Si el resultado es malo no se habrá explicado bien lo que hemos hecho, o habrá puesto el acento en lo economicista y habrá faltado un poco de corazón", sugirió.

No obstante, puntualizó que eso no sería responsabilidad sólo de Mariano Rajoy, sino de todo el partido, así que cada uno tiene la "parte de culpa" que le corresponde y "habrá que enmendarlo".

Valcárcel recordó que todos los Gobiernos europeos que han tenido que gestionar la crisis "se han visto abocados, en un proceso electoral, al fracaso" y que, con todo, el PP fue el partido más votado, aunque añadió que eso no les "consuela". "Hemos perdido muchos votos y hay que recuperarlos, y para eso se requiere reflexión, autocrítica e iniciativas que contribuyan a cambiar lo que es necesario que sea cambiado", sentenció.

El magistrado Manuel Abadía, instructor del caso Novo Carthago que investiga una presunta trama de corrupción urbanística, acordó, por auto notificado este viernes, remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días emita informe sobre si debe llamarse como imputados, entre otros, al expresidente de la Región de Murcia y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, y de su hija, M. R. V. C. Además, pide al Fiscal que emita informe sobre si debe llamarse como imputado a J.S.C., J.A.M.G., J.F.C.A., y F.P.J, según el auto judicial.

Cabe recordar que este procedimiento investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del complejo Novo Carthago, un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas.

En la causa está también imputado el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta este mismo jueves, cuando decidió dimitir alegando razones personales.

Asimismo, en el procedimiento se encuentra imputada la alcaldesa de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien fue citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo; y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

En el auto, el juez instructor recuerda que, desde su declaración como imputado, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, "no pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis Valcárcel al contraer matrimonio, en consideración al cargo que tenía su padre, porque era confesar algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho".

Al no revelarlo, el instructor considera que "ya se comprendía que era una cantidad económica fuera de todo uso social"; pero un estudio exhaustivo revela que "han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso", a través de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija.

Así, añade que las investigaciones desarrolladas últimamente "revelan que la hija de Valcárcel trabajó para una consultoría, domiciliada en Jerez de la Frontera, que era un despacho que realizaba trabajos para Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente con más de un 40 por ciento de facturación".

Recibida declaración al administrador más antiguo del despacho, el instructor explica que "no supo explicar por qué contrató" a M. R. V. C., domiciliada en Murcia, y en el interrogatorio de preguntas llegó a reconocer que, efectivamente, al inicio del trabajo no "podía contar con ventaja alguna en la contratación de ella, pues al no ser residente en Andalucía no llevaba ningún cliente a la empresa". En realidad, el juez sostiene que el cliente que llevaba la hija Valcárcel "sí que existía y era Hansa Urbana".

De igual modo, el administrador "tampoco supo responder a las preguntas del instructor sobre si allí en Andalucía había llevado asuntos de Hansa Urbana, destacando finalmente que es la última que entra en la empresa y es la que más retribución percibe de los 13 que trabajaban en el despacho", informa Europa Press.

Venta de terrenos de Hansa Urbana

El instructor también se refiere a la venta de terrenos de Hansa Urbana a la sociedad Promociones Faromur S. L. y adquisición por el cuñado de Valcárcel, J.A.C.A., del 40 por ciento de la sociedad "al precio de un euro la acción".

En los años de la recalificación de Novo Carthago, el instructor recuerda que Hansa Urbana vendió en escritura de 12 de Febrero de 2004 suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas "a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur S.L., cuyos socios iniciales eran J.S.C. y J.A.M.G.".

Concretamente, la venta se produjo a 25,24 euros el metro cuadrado y "cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio de la sociedad, aparece el J.A.C.A., hermano de la mujer de Valcárcel y compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción". Por el contrario, explica que cuando Faromur Promociones S.L. adquiere de Asicomur S.L. terrenos, el precio satisfecho por la compra asciende a 105,59 euros por metro cuadrados, es decir, "un 400 por ciento más".

"Regalos y dádivas en efectivo"

El juez también destaca que cuando fue llamado a declarar como testigo F.P.J., yerno de Valcárcel, "no fue capaz de decir el regalo que le hizo Galea".

Tras una primera investigación que abarca el año 2007, fecha del matrimonio de la hija de Valcárcel, el juez detectó en un primer momento que hay unas "entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares". Según el juez, "quedaban por depurar en las cuentas del citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000 euros de un traspaso, lo que asciende en total a 123.070 euros".

Destacan, "30 operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el mismo día", en un intervalo de cinco minutos, "antes de que la oficina abriera al público, y todas ellas fueron realizadas a cabo por el propio F.P.J. en su condición de empleado subdirector de la sucursal".

En su opinión, es significativo que las 30 operaciones del día 27 de septiembre de 2007 como las dos del 14 de septiembre de 2007, "eran ingresos en efectivo, (no titular) y en todas ellas no se hizo constar en el apartado relativo a ordenante y concepto el nombre y apellidos y DNI de quien las hacía".

Dichas operaciones, explica el juez, "constituyen un supuesto de fraccionamiento de una sola operación de 30.000 euros y 4.000 euros respectivamente y la finalidad de dicho fraccionamiento sería aparentar que son imposiciones en efectivo inferiores a 3.000 euros y evitar la identificación del impositor, decisión plenamente deliberada por cuanto llegó a utilizar hasta 32 nombres de pila, simulando que se trataban de regalos de boda".

La condición de F.P.J. de empleado de la propia entidad, en cuya sucursal ocupó el cargo de subdirector entre las fecha 1 de marzo de 2007 y 5 de febrero de 2009, "hace incuestionable que conocía tanto las instrucciones internas de la entidad sobre identificación de las operaciones en efectivo, como la normativa que sobre blanqueo de capitales se encontraba en vigor en dichas fechas".

"Indicios existentes en los jefes de la trama"

El instructor ha comprobado que "afloraban los múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Valcárcel, revelándose como el integrante de la trama que acordó el pactum scaeleris con la alcaldesa Pilar Barreiropactum scaeleris y Galea, antes de junio de 2013, pues era el único que podía asegurar el éxito de la misma".

A su juicio, la misma Barreiro en una prueba que delata el pacto entre ella y Valcárcel dice textualmente que "en el proyecto se atribuye aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de junio de 2004".

"Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor inmobiliario, sino solo el presidente de la Comunidad Autónoma que tenía mayoría para hacerlo y que citó al consejero Cerdá y al representante de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de recalificación medioambiental".

Diego Valderas no irá a los campos de refugiados saharuis en Tinduf como lo que es, vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. Su jefa directa, Susana Díaz, ya le ha dicho con rotundidad que no puede viajar como miembro del Gobierno. Que no es "aconsejable" porque la comunidad podría sumergirse en un "conflicto internacional" con Marruecos, "a sólo 14 kilómetros" del reino alauí. Y no conviene tampoco por la coyuntura, tras un atentado islamista que ha conmocionado el mundo, y Rabat sirve de frontera frente al yihadismo. Pero Valderas no habría sido el primer consejero autonómico que viajase al Sáhara. Ni mucho menos. En diciembre lo hizo el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP). Y antes lo hicieron Juan José Ibarretxe (PNV) y Ramón Luis Valcárcel (PP), cuando eran presidentes de Euskadi y Murcia. Y consejeros de PSOE, IU o Eusko Alkartasuna también se desplazaron en los últimos años. Al igual que diputados nacionales o parlamentarios autonómicos de todos los signos. No es extraño, porque la relación con el Sáhara siempre ha sido intensa y fluida con España desde el abandono de la colonia, en 1975. 

El choque entre los dos socios del Gobierno andaluz, PSOE e IU, se recrudeció la semana pasada y sigue a día de hoy abierto. Valderas, en una entrevista con Europa Press, se mostró dispuesto a viajar a los campamentos de Tinduf, en Argelia, en el primer trimestre de 2015, en calidad de vicepresidente de la Junta y de presidente de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). En realidad, era un compromiso antiguo, que había formulado meses atrás, justo dos semanas después de que Díaz regresase de Marruecos y se entrevistase con el rey Mohamed VI, y arrancase de él la promesa de un encuentro entre empresarios marroquíes y andaluces. Reunión que se hará en febrero. La presidenta desautorizó de inmediato a su número dos y le dijo no. "Por sentido común", porque Andalucía no puede entrar en un "conflicto internacional" sin tener competencias y porque debe "poner la seguridad por encima de todo". 

IU, la formación de Valderas, recordó de inmediato que Valderas no quería ser ningún precursor. Tiró de hemeroteca y comprobó que había un caso muy cercano en el tiempo: el pasado diciembre, el vicepresidente gallego, el conservador Alfonso Rueda, había visitado a la población refugiada en Tinduf. 

Tensión creciente en las últimas semanas

En el PSOE son conscientes de ese dato. Fuentes del Gobierno próximas a Díaz señalaban, no obstante, que el episodio del Sáhara no era más que la "gota que colmó el vaso de la paciencia" de la presidenta. Gráficamente, en palabras de un consejero, podría resumirse así: "El viaje de Valderas es el detonante, no el culpable de la crisis" del bipartito. Los socialistas sienten el escozor del enfriamiento de relaciones con su socio desde hace algo más de un mes. La propia jefa del Ejecutivo situó el arranque de la tensión con el paso adelante del diputado Alberto Garzón a las primarias federales de IU, a mediados de noviembre.

Allí comenzó, según explicó ella misma en La Sexta NocheLa Sexta Noche, "decisiones" que pretendían "poner fecha de caducidad" al Gobierno, algo "gravísimo". A saber: la asamblea de balance de IU Andalucía (IULV-CA) que se celebrará en el verano para evaluar la tarea de la Junta y decidir la permanencia de la federación; la propuesta de una comisión de investigación sobre corrupción en el Parlamento; la sugerencia de que el coordinador andaluz, Antonio Maíllo, podría reemplazar en el Gobierno a Valderas... y por fin el viaje del vicepresidente. "Es un cúmulo de circunstancias, no se puede poner constantemente en cuestión al Ejecutivo. IU debe aclararse y decir si quiere estar dentro o fuera", expresaban en el círculo de Díaz. Miguel Ángel Vázquez, el portavoz del bipartito, lo dijo con palabras similares el martes: la federación debe poner en "valor" lo conseguido en estos tres años, "defender" las conquistas desde la firma del pacto. 

En IU, el malestar también es palpable. Condenan los gestos "autoritarios" de Díaz y creen que su negativa tajante es un intento de "desviar la atención" sobre otros asuntos encima de la mesa, como la citada comisión de investigación. Que la baronesa sólo busca una "excusa" para romper el pacto y poder convocar elecciones anticipadas, y así tener vía libre en caso de que quisiera presentarse a las primarias del PSOE, ya con una presumible victoria autonómica en las urnas a sus espaldas. 

Intento de aplacar la crispación

Ahora los dos socios intentan aplacar la tensión, aunque la crisis "sigue en stand by", como recuerda un consejero. Valderas conversó brevemente con Díaz antes de la reunión del Consejo de Gobierno, el martes. Ella le recordó su posición oficial y él le dijo que abría un periodo de "reflexión" sobre el viaje, que abordaría con su equipo, el responsable de los proyectos de solidaridad y cooperación, y después se la trasladaría a la presidenta y al comité de enlace que supervisa las relaciones de los dos aliados. No hay prisas. El vicepresidente abordará este asunto "con serenidad pasmosa".

La intención evidente es enfriar los ánimos, como lo demostraban las declaraciones conciliadoras ayer de Mario Jiménez, portavoz socialista en la Cámara ("La presidenta de la Junta ha hablado con mucha claridad en estos días, a día de hoy no ha cambiado nada, e IU tiene que aclararse, saber dónde está y ver con claridad que lo más importante es la estabilidad del Gobierno"), y de Antonio Maíllo (que apeló al diálogo para que el viaje a Tinduf "se efectúe en condiciones de normalidad exentas de polémica"). 

Basta consultar la hemeroteca y contactar con los Gobiernos autonómicos para descubrir que los desplazamientos al Sáhara han sido relativamente frecuentes en los últimos años. Las visitas del máximo nivel que se han producido son dos: la del lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en junio de 2002, y la del murciano Ramón Luis Valcárcel (PP), en mayo de 2010.

En el segundo escalón se sitúan los vicepresidentes (el gallego Rueda, en diciembre de 2014) y los consejeros autónomicos con competencias en bienestar y en cooperación al desarrollo. Aquí ya salen más casos. Y de distintos partidos. En el PSOE, se encuentran las visitas de Leonor Flores, titular extremeña de Bienestar Social, en abril de 2006 –en la última legislatura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra– o de Ana Fernández, responsable aragonesa de Servicios Sociales y Familia, en mayo de 2010, en el último Gobierno de Marcelino Iglesias. 

Si vamos al PP, además de Rueda y Valcárcel, está el ejemplo de Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora. El pasado 30 de agosto, el Gobierno marroquí expulsó a una delegación de la Unión de Asociaciones de Castilla y León Solidarias con el Pueblo Saharui, que encabezaba la regidora. La comitiva no voló hasta Tinduf, sino hasta El Aaiún, la capital –en la zona ocupada por Rabat–, pero las autoridades del reino alauí les impidieron bajarse siquiera del avión. En febrero de 2014, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, Giorgio Cerina, acompañó a la caravana solidaria hasta la localidad argelina. Él es un alto cargo del Ejecutivo del conservador José Antonio Monago.

Delegaciones parlamentarias

Y cabe también mirar a otros partidos. IU, por ejemplo. Su consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Gobierno asturiano de Vicente Álvarez Areces, Francisco Javier García Valledor, visitó en octubre de 2005 Tinduf. En Euskadi, cuando Ezker Batua, compartía el Ejecutivo con el PNV, el titular de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, voló en marzo de 2003. Tres meses más tarde, en junio, inició su visita al Sáhara otro consejero del Ejecutivo vasco, el de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna, formación hoy miembro de EH Bildu. En junio 2002, una delegación canaria liderada por el que entonces era vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, de Coalición Canaria (y hoy afiliado de Nueva Canarias), intentó entrar en El Aaiún, pero fue expulsada por el Gobierno marroquí. 

A esta relación hay que añadir los viajes, más frecuentes, de comitivas de parlamentos autonómicos y del Congreso. 

En Andalucía, en esta legislatura, ningún alto cargo del bipartito ha viajado hasta los campos de refugiados. Sólo técnicos de la Junta, para supervisar que las ayudas llegaban correctamente. La comunidad es una de las que más fondos ha aportado tradicionalmente para la causa saharaui, junto con Canarias. Entre 2003 y 2014, la Junta inyectó 18,5 millones de euros. Solidaridad que la presidenta recordó en su entrevista en La Sexta: "La Junta es una de las que más ayuda a los campamentos. Lo que creo es que la posición de España la tiene que marcar el Gobierno en el seno de la ONU y Andalucía no puede en estos momentos entrar en un conflicto internacional que no nos corresponde y debe tener sensibilidad con el momento que estamos viviendo". 

A Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España, no le sorprende la actitud de Díaz. En declaraciones a infoLibre, recordaba que esa posición "favorable a Marruecos" del Gobierno andaluz es "influencia" directa de sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y "era también la posición de Felipe González". "El mayor movimiento solidario con el pueblo saharaui del mundo está en España, con cerca de 400 asociaciones amigas del Sáhara, y dentro de España, el movimiento más potente es el andaluz. Marruecos sabe que la presidenta no puede influir en ese movimiento de solidaridad, pero ella sí influye en el Gobierno", sostiene. Beyún cree, por tanto, que se trata de un acto de "hipocresía" que no concuerda, además, con la postura mostrada por "muchos cargos, diputados o alcaldes socialistas". 

Beyún: Díaz "ha aceptado el chantaje"

El delegado saharaui en España subraya que los argumentos dados por Díaz "no son verdad", porque en los últimos años se han repetido las visitas institucionales a Tinduf sin que se abriera ningún conflicto internacional. En buena medida, como recuerda José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), esa zona de los campamentos está en otro país, Argelia. "Marruecos no puede hacer nada. Es más, muchas embajadas suyas están en varios países al lado de las del Frente Polisario –remacha Beyún–. Han ido cargos públicos y no ha pasado nada. Simplemente, es un chantaje que unos aceptan y otros no. Y Díaz lo ha aceptado, porque Andalucía, como Cataluña, tiene poderosos intereses económicos. En definitiva, con la posición de la presidenta contradice la filosofía del PSOE, el espíritu español y el movimiento prosaharui".

El PSOE andaluz ha cerrado filas con su presidenta. Y ella es comprendida por compañeros de partido como el extremeño Guillermo Fernández Vara, jefe del Ejecutivo autonómico de 2007 a 2011. Vara considera que la política exterior debe marcarla el Ejecutivo central. "Cada una de las 17 comunidades no puede hacer lo que quiera. Yo ahí sigo la línea de Juan Carlos [Rodríguez Ibarra], se confunde la cooperación al desarrollo con las relaciones diplomáticas, y eso no puede ser. Yo mismo me he entrevistado con Mohamed Abdelaziz [el presidente en el exilio de la República Árabe Saharaui Democrática desde 1976], y le he dado todo mi afecto y mi cariño, pero siempre fuera de la sede del Gobierno", indica a este diario. 

Valderas no estará en la lista de los consejeros que vuelan hasta Tinduf para palpar de cerca la vida en los campos de refugiados. Si lo hace, si viaja hasta allí, será como dirigente de IU y con dinero de IU, y no como vicepresidente y a costa de la Junta. Es la única concesión a la que está dispuesta Díaz. 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia abrió diligencias informativas tras la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, personado en la causa de Novo Carthago, de "sucesivos viajes de placer" entre los años 2001 y 2003 del expresidente murciano y actual europarlamentario, Ramón Luis Valcárcel; y el que fuera delegado del Gobierno y consejero del Ejecutivo regional, Francisco Marqués, "invitados" por Hefame.

Estas diligencias son fruto del escrito que el pasado 31 de julio presentó este letrado, en el que se denunciaba que "estos viajes de placer estarían pagados por HefameHefame, empresa a la que poco después la Comunidad le adjudicó por 46 millones de euros el contrato para la distribución, almacenamiento y compra de todos los fármacos de la sanidad murciana", explicó a Europa Press De Ramón.

A juicio de este letrado, estos viajes constituyen un presunto delito de cohecho al considerar que pudieran ser regalos recibidos por su cargo, puesto que la compañía farmacéutica "habría invitado" a Marqués y Valcárcel a viajes a Berlín, Estambul, Venecia, Islas Griegas y La Habana con sus respectivas esposas.

Dicho escrito se ha ido complementando con diversas pruebas, entre ellas fotografías, que justificarían estos viajes, que el abogado ha ido aportando hasta este sábado, cuando presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Murcia la tercera ampliación.

Nuevas pruebas 

A mediados de septiembre, el magistrado que instruye el caso Novo Carthago, Manuel Abadía, puso en conocimiento del Fiscal Anticorrupción nuevas pruebas de este abogado consistentes en unas fotografías datadas en 2003 en las que figura Marqués y Valcárcel en un crucero.

El juez dictó una providencia en la que emplazaba al Ministerio Público por si considera oportuno abrir nuevas diligencias sobre estos hechos en el marco del caso Novo Carthago, donde se encuentran imputados, entre otros, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; además de Marqués.

En concreto, en dichas fotografías aparecen Valcárcel y Marqués en un crucero, donde se afirman que los gastos han sido pagados por Hefame, pidiendo que se deduzca testimonio por estas manifestaciones y del reportaje fotográfico.

Recuerda el magistrado instructor la pena de 12 años si fueran regalos recibidos en consideración al cargo que ocupaban y pide que para evitar una supuesta prescripción, le sea remitido el testimonio a la mayor urgencia al fiscal.

Al respecto, con fecha 31 de julio de 2014, se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que "abriera diligencias penales para averiguar e identificar a los responsables de presunto delito de cohecho y tráfico de influencias y demás recogidos en el código 149 contra Ramón Luis Valcárcel, por haber recibido regalos, que consistían en viajes de placer al extranjero a lugares como Berlín, Estambul, Grecia, Cuba, con gastos pagados por Hefame, teniendo en cuenta que es la distribuidora de fármacos y almacenistas de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia".

En esas imágenes, adjuntadas en las diligencias previas, hay fotografías de varios encuentros organizados por Hefame y que recogía la revista de la cooperativa de distribución mayorista farmacéutica. Una de ellas es la "cena de despedida que comenzó con un paseo en el Bósforo". Además de Estambul, hay fotografías que recogía la publicación de Venecia o Mykonos. "Y a la llegada al barco ¡Fiesta brasileña! con esculturas de hielo incluidas. Fue muy divertida". Los documentos muestran también imágenes de varias cenas organizadas por Hefame.

La imputación de Joaquín Bascuñana, el actual delegado del Gobieron en Murcia, era un secreto a voces después de que el fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, elevara al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) un escrito en el que apuntaba la responsabilidad del que fuera consejero de Obras Públicas en la reclasificación de uno de los últimos terrenos vírgenes del Mar Menor.

Apenas unos días después de recibir el escrito del representante del Ministerio Público, el magistrado que instruye el caso ha dictado un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que se asegura: "Al proceso debe ser llamado como imputado, el que en 31 de marzo de 2005 era consejero de Obras Públicas y Urbanismo y firmó la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan general Cartagena en San Ginés de la Jara", para construir una macrourbanización de 9.000 viviendas denominada Novo Carthago, en referencia a Joaquín Bascuñana, que ahora es el delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

Actuación "prevaricadora"

Según el tribunal, la resolución firmada por Bascuñana "puede ser prevaricadora al aprobar una reclasificación a suelo urbanizable de un espacio natural protegido", lo que supone de facto la "voladura de las leyes estatales y autonómicas en materia de Medio Ambiente", explica el auto.

El auto sostiene que la actuación de Bascuñana y de otros integrantes del Gobierno murciano presidido por Ramón Luis Valcárcel, podría suponer un delito de prevaricación continuada, en el que se produce una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, "no pudiendo entenderse la última resolución de Bascuñana sin las anteriores y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido, todos son necesarios y esenciales".

Cargos regionales

En el delito de prevaricación, presuntamente cometido por Bascuñana, también participaron, según el auto, varios cargos del PP murciano, pues ayudaron a reclasificar unos terrenos cuyo suelo "era y es un suelo no urbanizable de protección especial y a través de la intervención de todos ellos lograron por medio de resoluciones e informes notoria y manifiestamente ilegales reclasificarlo a urbanizable, con absoluto desprecio y pretensión de todo el ordenamiento jurídico medioambiental y las leyes de Protección de la Naturaleza que son de inexcusable cumplimiento, por lo que deben ser llamados al proceso penal como imputados Luis Romera Agulló, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, Antonio Alvarado y José María Bernabé".

Además, el consejero de Agricultura murciano, Antonio Cerdá, tendrá que volver a declarar como imputado en el TSJ de Murcia. En la misma resolución, se da la facultad a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de las actuaciones y declarar voluntariamente, ya que es aforada, como imputada por el delito de prevaricación ante el magistrado-instructor. En la parte dispositiva se pide que se acredite documentalmente su condición de diputada nacional.

La investigación del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, sobre la recalificación del último gran terreno virgen del Mar Menor en favor de la promotora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha supuesto un tsunami en el PP murciano, que tiene a dos de sus principales cargos al borde de la imputación en el seno de una investigación por los delitos de cohecho y prevaricación.

Se trata de la alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, y el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, dos de los pilares fundamentales de un partido que durante dos décadas ha dirigido con mano de hierro el eurodiputado Ramón Luis Valcárcel.

Joaquín Bascuñana

"En teoría, la aprobación del avance, aprobación inicial y provisional en una modificación estructural del plan general, convierte al Ayuntamiento [de Cartagena] en partícipe del delito de prevaricación que, en puridad, solo comete la autoridad que dicta la aprobación definitiva, [que realiza] el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana", explica el responsable del Ministerio Público en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Hasta la fecha, Bascuñana no ha sido llamado a declarar como imputado. 

La posibilidad de que la alcaldesa Barreiro acabe imputada, en tanto que senadora y por tanto aforada, podría obligar a los magistrados a elevar un escrito al Tribunal Supremo, que tendría que ser el encargado de proseguir con la instrucción del denominado caso Novo Carthago.

"En el estado actual de la instrucción es necesario tomar declaración como imputada, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por un posible delito de prevaricación", especifica el escrito del fiscal al TSJM. Fuentes del caso han asegurado a este diario que la imputación podría demorarse todavía un par de meses más.

Compra viviendas

Mientras la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ultiman la imputación de los dos anteriores cargos del PP, el contenido de la investigación, a cuyo sumario ha tenido acceso infoLibre, muestra que días después de que en 2009 el Gobierno de Valcárcel dejara abierta la posibilidad de edificar las 10.000 viviendas en el último terreno virgen del Mar Menor, una de las asesoras del Gobierno murciano ingresó en una cuenta 120.000 euros, cuyo origen no pudo justificar en su declaración como imputada.

Pero el primero de los cargos de Valcárcel implicado en la recalificación irregular de los terrenos fue el ahora consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que fue quién inició el expediente de desclasificación de la finca. "Cerdá convocó una anómala reunión en mayo-junio de 2004 con funcionarios de la Comunidad a la que asistió un representante de Hansa Urbana, en la que el propio consejero interviene defendiendo el proyecto urbanístico pese a las dudas existentes en el funcionariado técnico", explica el fiscal. En el caso Novo Carthago también están imputados representantes de la empresa Hansa Urbana.

La investigación muestra que éste consejero murciano y su sucesor en el área de Medio Ambiente, Francisco Marqués, fueron los encargados de la desprotección de este terreno considerado por la Unión Europea Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). 

50% del valor

Precisamente, el caso de Francisco Marqués es el que la Fiscalía tiene más documentado. Pues la investigación patrimonial ha determinado que este político adquirió, tan solo 13 días después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el plan parcial de la urbanización, una vivienda a la misma Hansa Urbana al 50% de su valor de mercado.

Marqués adquirió otros dos inmuebles a Hansa Urbana mediante una cuenta en la que el entonces consejero ingresó más de 72.300 euros en metálico. "En esta vivienda adquirida en 2006 en Valencia se aprecia una diferencia entre el precio estipulado en la escritura por la adquisición, que es de 230.000 euros, con el valor de 462.033 estipulado como tasación por una entidad autorizada, existiendo por tanto una diferencia del 200%", especifica un auto del pasado 24 de abril.

8.000 puestos de trabajo

"El consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, modificó la composición de la comisión técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, y nombró a uno de sus miembros (Juan Ignacio Sánchez Gelabert), pese a no reunir la cualificación requerida en un primer momento, siendo desde entonces una comisión en la que sólo participaban ciertos jefes de servicio de designación discrecional", explica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

El 12 de junio de 2003 el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presentaba ante los medios de comunicación una macrourbanización en el último terreno virgen del Mar Menor. Este resort, promovido por la constructora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) iba a suponer "una inversión de mil millones de euros y 8.000 puestos de trabajo".

10.000 viviendas

Y el acto publicitario se llevó a cabo con toda pompa y boato pese a que la finca de 5 millones de metros cuadrados tenía la calificación de suelo no urbanizable de protección especial. El ahora europarlamentario del PP se dio un baño de multitudes en presencia de la plana mayor del PP, que presentaba un resort que además de 10.000 viviendas en primera línea del Mar Menor incluía dos campos de golf de 18 hoyos y hoteles de lujo.

Entre los cargos que acudieron al evento, tal y como documenta la fotografía de esta noticia, se encontraban la alcaldesa de Cartagena, municipio en el que se iba a construir la urbanización denominada Novo Carthago, y el consejero de Obras Públicas murciano, Joaquín Bascuñana, ahora delegado del Gobierno.

Prevaricación y cohecho

Al día siguiente de la presentación de la urbanización en 2003, la alcaldesa de Cartagena anunció por sorpresa la modificación del PGOU de esta localidad para declarar urbanizable la finca. Fue el inicio de un expediente en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel Abadía Vicente, han descubierto importantes irregularidades.

La investigación ha servido, hasta el momento, para que ya estén imputados por prevaricación y cohecho los entonces consejeros Francisco Marqués y Antonio Cerdá. Este último es el titular de Agricultura del Ejecutivo murciano encabezado por el presidente Alberto Garre.Alberto Garre

El PP ataca al fiscal

El diputado del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha acusado al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de "filtrar los documentos" sobre la presunta trama de corrupción de Novo Carthago, cosa que "no le compete en absoluto". A su juicio, se trata de una maniobra con la que quiere "presionar al juez en un determinado camino".

El diputado cree que en la Región de Murcia se está asistiendo "a un tema distinto, y es si el fiscal ha dicho algo". A este respecto, ha querido aclarar que el Ministerio Público "no imputa a nadie, sino que solicita al juez".

Hay cuestiones sobre las que será difícil que los conservadores hablen en la campaña electoral que llevará a las elecciones europeas del 25 de mayo. Tantas como las cuestiones polémicas que el PP o el Gobierno tienen entre manos. A saber: reforma de la ley del aborto, ley de seguridad ciudadana, caso Bárcenas... Pero hay una que no evitarán y de la que harán uno de los ejes de su campaña: la herencia recibida de los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De ello dio ayer muestras el presidente del Gobierno en el acto de proclamación de Miguel Arias Cañete como cabeza de lista a las elecciones celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo. "A Europa tiene que ir el partido que está sacando de la crisis y no el que metió a España en su peor depresión [en alusión a los socialistas]", señaló Rajoy.

Para Rajoy, en los últimos meses, España "ha vuelto a la sala de mando donde se decide el futuro de la Unión Europea". Bien lo sabe él, dijo. Porque ahora, las cosas son muy diferentes a cuando llegó, en 2012, a las primeras reuniones en las instituciones europeas como presidente del Gobierno.

Optimista sobre esta cita que según las encuestas no pinta muy bien para el PP, su líder recalcó que la formación que dirige va a ganar "porque los españoles quieren el futuro y no un pasado que lamentablemente todos recordamos y sufrimos". En definitiva, que la "recuperación" no será tal si regresan al poder los socialistas.

Echando mano del discurso de la "recuperación" económica, Rajoy señaló que no puede hablarse todavía de la salida de la crisis. Pero sí de que las cosas han cambiado. "Hay algunos que se empeñan en negar la evidencia. Ahora niegan que España ha salido de la recesión...", mantuvo en alusión al principal partido de la oposición. "Esto no se puede negar porque es un hecho objetivo y los hechos objetivos no se pueden discutir. ¿Cómo confiar en un partido que tiene un conflicto con la realidad. Parece mentira. Pero siguen sin aprender nada", remató.

En un tono más desenfadado, broméo con su tardanza a la hora de designar a su candidato. "El mejor", dijo. "El candidato que algunos no querían ver ni en pintura". 

Según sostuvo, todo este tiempo, hasta la designación de Cañete, el PP ha estado dando tiempo a los socialistas para que "en vez de meterse con una persona, presentasen sus propuestas para Europa". Pero, "nadie recuerda ninguna", dijo. Aplausos.

La anfitriona, María Dolores de Cospedal, número dos del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, precedió a Rajoy en el uso de la palabra. Y, en una línea similar a su jefe,sostuvo que apostar por los socialistas es "mirar al pasado". 

"Nosotros le pedimos a todos los españoles a todos los europeos que nos apoyen", subrayó la secretaria general del PP, que hizo hincapié en que ya se ven los primeros síntomas de la recuperación gracias a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Cañete a Rajoy: "Gracias por ser previsible"

Antes de que el presidente del Gobierno y la secretaria general del Partido Popular tomaran la palabra fue el turno del candidato, Miguel Arias Cañete.

El ministro de Agricultura Rajoy arrancó con un guiño al presidente del Gobierno. Agradeciéndole haber apostado por él, por haber sido "previsible".

En la línea de lo que un día antes había dicho en la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura insistió en que hay mucho en juego en la cita que se celebra el 25 de mayo porque cada vez más, el día a día de los ciudadanos viene marcado por directrices que parten de la Unión Europea. Una idea fuerza que usarán los conservadores en la campaña.

Rajoy reclamó recientemente a sus cargos públicos que en esta campaña se empeñen muy fuerte en cargar contra la herencia recibida. Y su candidato se empeñó muy a fondo en ello. 

"Hay dos maneras de estar en Europa: defendiendo a España o jugando a ser amiguito bueno de todos a bajo coste", señaló en alusión a los socialistas, a los que acusó, entre otras cuestiones de haber descuidado las políticas agrarias.

A su juicio, el discurso de los socialistas es "mucho humo" y "poco impacto". "Frente a una declaración política, nosotros tenemos un programa realista", volvió a comparar.

Para el todavía ministro de Agricultura, la única forma de que España vuelva a recuperar su peso en Europa pasa por la victoria del PP. Avance, frente al "retroceso que implican las ideas socialistas".

Crecimiento y empleo, modenización y progreso, los ciudanos y la unión y la integración serán, según el cabeza de lista los cuatro ejes de un programa electoral que será presentado a partir del 21 de abril.

La gran ausencia: Jaime Mayor Oreja

Jaime Mayor Oreja, el predecesor de Miguel Arias Cañete en la lista europea no estuvo presente en este acto celebrado en Toledo. Ni físicamente ni en los discursos de sus compañeros. 

Por contra, Rajoy sí dedicó menciones especiales –además de al candidato– a Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP y número dos de la lista. Y a Ramón Luis Valcárcel, número 6 y expresidente de la Región de Murcia.

Presencia de ministros

A la cita, acudieron los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro; Fomento, Ana Pastor; Industria, José Manuel Soria; Interior, Jorge Fernández Díaz; Empleo, Fátima Báñez. Esta delegación fue encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

A la llegada de Rajoy y Cañete al Palacio de Congresos de Toledo, un grupo de unas veinte personas con camisetas amarillas con la leyenda: "Planta de purines. Sector porcino" demandaban una solución para el sector y la dimisión de Cañete. Éste ya ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno antes de meterse de lleno en la precampaña. Pero continuará en el ministerio, al menos, hasta el lunes cuando acude a una reunión a Luxemburgo con sus homólogos europeos.

Ramón Luis Valcárcel ha dimitido este jueves como presidente de Murcia tras 19 años al frente del Ejecutivo regional señalando que se va del Gobierno con "la conciencia tranquila", con "frustraciones" pero también "con muchas alegrías", sin mirar atrás y sin añoranza. "Y en ningún caso con rencor", ha añadido.

Acompañado por su equipo de Gobierno, ya en funciones, y tras presidir su último Consejo de Gobierno, Valcárcel ha manifestado que ésta era "la crónica de una dimisión anunciada", todo "tiene un punto final", según informa Europa Press.

"Hay Valcárcel para rato", ha confesado tras apuntar que su espina es el alto índice de paro de la Región y su mayor alegría "y privilegio", haber servido "a mi gente". Valcárcel deja la Presidencia de la comunidad para formar parte de las listas del PP al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo mes de mayo.

El secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, logró este domingo el respaldo de la militancia de su partido en las primarias cerradas en las que se eligió al cabeza de lista de la formación para las próximas elecciones autonómicas en la comunidad murciana. 

Rivalizó contra Roberto García, primer edil en Beniel, también uno de sus contrincantes en el congreso de marzo de 2012. González Tovar obtuvo 2.413 votos, el 56,66% del total, mientras que su rival se hizo con 1.825 (42,85%), informó el PSOE de Murcia en su página web. Además, hubo 21 votos en blanco y 12 nulos. En total, 4.271 votos emitidos.

González Tovar apoyó a Alfredo Pérez Rubalcaba en el congreso de Sevilla de 2012, que ganó frente a Carme Chacón. 

En Cartagena (Murcia), el progresivo desmantelamiento de los servicios del hospital Santa María del Rosell mantiene en vilo a los casi 300.000 vecinos del área sanitaria a la que presta asistencia. Es lo que denuncia la Platafoma Salvemos el Rosell, un movimiento ciudadano integrado por pacientes, especialistas de la salud y sindicatos. La nueva marea blanca lleva años enfrentada al Gobierno regional por lo que cree que es un proceso encubierto de privatización y precarización de la sanidad pública murciana.

Hace tiempo que la plataforma exige la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones del Hospital Santa María del Rosell, un centro que, aseguran, funciona a medio gas, por lo que se requeriría impulsar su actividad al completo para evitar el colapso del Hospital Santa Lucía,el único que en la actualidad presta todos los servicios a los ciudadanos de Cartagena y que absorbe la gran mayoría de las necesidades sanitarias del área.

La tensión ha terminado por estallar estos dos últimos meses con la recogida de setenta mil firmas de apoyo, la convocatoria de una manifestación a la que asistieron alrededor de 15.000 vecinos, un encierro simbólico en el propio hospital y una sonora pitada al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

Las resoluciones que prometían dos hospitales

En las Asambleas Regionales celebradas en los años 2009 y 2010 se aprobaron de forma unánime dos resoluciones donde todas las fuerzas políticas se comprometían a garantizar el completo funcionamiento tanto de las instalaciones del Santa María del Rosell como aquellas correspondientes al Hospital de Santa Lucia, previsto como principal centro de asistencia sanitaria para la zona de Cartagena y que abriría sus puertas en 2011. Sin embargo, la situación que describe la Plataforma Salvemos el Rosell es bien distinta: el área que abarca los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y La Unión, así como cuatro municipios del Mar Menor, depende de los servicios asistenciales de un único hospital que se ha visto colapsado por las listas de espera y la dilatación de los plazos de acceso a las prestaciones sanitarias.

Según la federación sindical de sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras en Murcia, las listas de espera para operaciones, consultas médicas o pruebas diagnósticas se han multiplicado exponencialmente en los dos últimos años. Una situación que, según el sindicato, está obligando a derivar a los pacientes a centros de salud concertados. “Han pasado de 50 personas en lista de espera a 500 en cirugía mayor”, aseguró a infoLibre José Mula, delegado sindical de CCOO en Murcia.

Inspirados por la marea blanca de Madrid

Bajo el lema “Salvemos el Rosell”, la plataforma no ha dejado de hacer sonar sus consignas contra el cierre y desmantelamiento del hospital en numerosas manifestaciones y campañas. Pero la experiencia y el éxito de la marea blanca de Madrid el éxito de la marea blanca de Madrid les ha inspirado para llevar sus acciones al terreno judicial. “Nos hemos puesto en contacto con los abogados de la marea blanca de Madrid y nos brindan su apoyo”, dijo a infoLibre Leandro Sánchez, portavoz de la plataforma.

Pero no son solo los logros de la marea blanca los que han inspirado la lucha de la plataforma, sino situaciones cuyo dramatismo ha desencadenado la alarma social por las consecuencias de los recortes presupuestarios en la salud pública. El fallecimiento de dos pacientes en los pasillos de las urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo es un caso al que se refieren constantemente. “No queremos que alguien tenga que morir para poner un poco de cordura en este asunto”, sentencia Leandro Sánchez.

“El Rosell no se va a cerrar”

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Murcia negó tajantemente a este diario que se estuviera procediendo al desmantelamiento de los servicios del hospital: “El Rosell no se va a cerrar, se va a potenciar para continuar ofreciendo una mayor calidad asistencial”, declaró por escrito a infoLibre esta administración. Asimismo, aseguró que tienen previsto incrementar la actividad de los quirófanos y que se "podrán crear nuevas unidades", aunque no precisó fecha ni plazos. Es una promesa que sin embargo, cuestina la plataforma. “Hablan de querer dotarlo de cosas como si fuera un gran geriátrico”, señaló Leandro Sánchez.

Además, desde la consejería subrayan que “la puesta en marcha del Santa Lucía ha conllevado importantes mejoras para los ciudadanos del Área de Salud II-Cartagena” y que acepar la propuesta de la Plataforma supondría "tener servicios a medio camino", al tiempo que se felicitan por "el trabajo que se está haciendo para lograr grandes servicios médicos”.

El incumplimiento de las promesas, el colapso de los centros de salud, la sombra de las privatizaciones y el progresivo deterioro de la sanidad pública en general, son parte de las preocupaciones que han logrado aunar a los sectores más dispares de la sociedad cartagenera en una lucha que, con el próximo asalto judicial abre un nuevo capítulo en la defensa del Estado del Bienestar en tiempos de recortes. Un asunto en el que cada vez más ciudadanos han dejado de ser meros espectadores para decidirse a tomar el papel protagonista.

Quién, qué, cómo

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CÓMO:

La propuesta tendrá que ser debatida en el Comité Ejecutivo del partido y la Junta Directiva, que ha convocado Valcárcel para este miércoles, a las 19.00 y 20.00 horas. De forma que hasta que no se alcance un acuerdo, el partido no se pronunciará al respecto. En concreto, a las 19.00 horas está convocado el Comité, donde Valcárcel propondrá a su sucesor; una propuesta que una hora más tarde se elevará a la Junta Directiva, el órgano competente para determinar quién será la persona elegida.

Según las últimas informaciones, el presidente murciano habría optado por una vía de posible transición hasta las elecciones autonómicas del año 2015. En las últimas semanas, la cuestión de la sucesión ha estado de plena actualidad, dado que hace una semana la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia decidió investigar a uno de los dos candidatos en la terna, Pedro Antonio Sánchez, actual consejero de Educación, Universidades y Empleo, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos públicos en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Previamente, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, presentó su renuncia a la carrera sucesoria, quedando solamente dos candidatos: Pedro Antonio Sánchez y el actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz. 

En declaraciones a Europa Press, Garre ha confirmado que, efectivamente, Valcárcel va a elevar su nombre este miércoles al Comité Ejecutivo del PP regional como propuesta para sustituirle, en su momento, como presidente de la Comunidad Autónoma. Garre ha explicado que esta propuesta se llevará a continuación a la Junta Directiva para que, en su caso, ratifique esa propuesta. Posteriormente, será notificado a los órganos institucionales, a la Asamblea Regional.

"Ni me lo esperaba ni me lo dejaba de esperar", ha reconocido Garre, quien explica que "se ha debatido bastante últimamente sobre este asunto". Recuerda que se han postulado "una serie de personas y "cualquiera de ellos podría haber optado a la Presidencia de la Comunidad con absoluta garantía". En este caso, explica que Valcárcel le ha escogido a él y reconoce sentirse "muy orgulloso", pero no por él mismo, sino "por representar a un partido que tanto quiero, a una Comunidad Autónoma por la que tanto he dado y quiero seguir dando, y a cada uno de su 1,5 millones de ciudadanos, sin distinción de colores".

"Ahora mismo estamos pasando dificultades absolutamente todos, unos más que otros", ha señalado Garre, que no obstante ha afirmado que "hay que intentar ir superando esas dificultades entre todos, porque en esa tarea somos todos necesarios". Al ser preguntado por si su elección es una solución transitoria hasta las próximas elecciones autonómicas, Garre dice no habérselo planteado, sino que se trata de una cuestión que "se planteará siempre el Comité Electoral del PP llegado su momento, y elegirá al mejor candidato".

Garre es vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia, y diputado del Grupo Parlamentario Popular por la circunscripción número 2 y presidente local del Partido Popular en Torre Pacheco. Nacido en Balsicas, Torre Pacheco, el 10 de febrero de 1952, es licenciado en Derecho y abogado. Además, fue concejal-portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco desde 1987 a 1995, según la biografía que aparece recogida en la web del parlamento autonómico. Ha sido diputado regional por el Partido Popular desde la III hasta la VI Legislatura (1991-2004) –etapa en la que desempeñó los cargos de secretario segundo de la Mesa de la Cámara (1991-1995) y de portavoz del Grupo Parlamentario Popular (1995-2004)–, también ha sido diputado nacional (2004-2011).

Sin embargo, de ser condenado por corrupción, y aunque la sentencia no fuera firme, Sánchez no podría ser elegido, según la Ley Electoral que se aprobó en el Congreso el 29 de enero de 2011.

El propio presidente murciano aseguró el pasado jueves que "no hay delito" en las diligencias abiertas por la Fiscalía sobre la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, ayuntamiento del que fue alcalde su actual consejero. Valcárcel afirmó además que la denuncia contra Sánchez se ha producido porque este "suena como candidato" a sucederle en la Presidencia, pero acabará archivada.

En cualquier caso, el TSJM ordenó este lunes averiguar la comisión de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y lo que se pueda derivar de ello, según el auto dictado por la Sala. La resolución judicial es firme y frente a ella no cabe recurso alguno. 

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha estimado el recurso de apelación que presentó el Fiscal y la Acusación Popular respecto a la investigación de cuentas corrientes que se abrió contra el actual consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, por un supuesto delito de cohecho en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

El TSJ ordena averiguar la comisión de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y lo que se pueda derivar de ello, según el auto dictado por la Sala. La resolución judicial es firme y frente a ella no cabe recurso alguno.

La Fiscalía murciana investiga, como ya publicó infoLibre, desde finales de año el pago de seis millones de euros por un teatro-auditorio que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras dio por recibido en septiembre de 2011 pese a que, a día de hoy, las obras ni siquiera han finalizado. Denunciado por el PSOE, el caso afecta al político señalado por la prensa murciana como virtual sucesor del presidente Ramón Luis Valcárcel: Pedro Antonio Sánchez, hoy consejero y hasta julio de 2013 alcalde de Puerto Lumbreras (14.500 habitantes) por el PP.

El dinero público pagado por el inexistente teatro es casi idéntico al importe de la deuda viva que Puerto Lumbreras arrastraba al cierre de 2011: 6,63 millones de euros.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró el pasado jueves que "no hay delito" en las diligencias abiertas por la Fiscalía. En un desayuno informativo en Madrid, Valcárcel sostuvoo que la denuncia contra Sánchez se había producido porque este "suena como candidato" a sucederle en la Presidencia, pero que acabará archivada.