El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Lezo, ha acordado procesar al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la pieza relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas a Canal Golf y que tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con al intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP, tal y como avanzó infoLibre en sucesivas informaciones publicadas en 2017 [ver aquí nuestro dosier]. Ahora da 30 días a las partes para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa, según informa Europa Press.

Esta es la tercera pieza de Lezo en la que González es propuesto para sentarse en el banquillo de los acusadosLezo , después de las piezas relativas a Emissao y al tren de Navalcarnero. En esta pieza separada número 2, además de al expresidente, García Castellón propone juzgar a su hermano Pablo Manuel González González, al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a José Antonio Clemente -socio de Pablo González-, y al cuñado del expresidente Juan José Caballero Escudier.

En el auto, en el que García Castellón decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de otras ocho personas, explica que esta pieza comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse Dragados.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González -presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012-, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería -TCT-. Los socios de esa empresa eran Clemente, Manuel González y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

TCT no tenía capacidad de ejecución

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad "carecía de toda capacidad para ejecutarlos", ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. De esta manera, según el auto, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Los socios de TCT, sabiendo que eran incapaces de ejecutar esos trabajos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación, por lo que el beneficio aproximado para TCT fue de 381.000€. De esa cantidad, se repartieron entre los socios de TCT al menos 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.

En su auto de fin de instrucción, el magistrado recuerda además que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados).

En esa adjudicación "solo los investigados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron de nuevo a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf que firmó en 2007 la concesión. Pero en junio de ese mismo año Green subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000€. El juez calcula en su auto que entre 2006 y 2012 obtuvieron un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos del Canal de Isabel II.

Un correo electrónico, una factura y un cheque que habían pasado inadvertidos y han sido localizados por las acusaciones populares del caso Púnica –Adade y el PSOE– acaban de convertirse en una nueva amenaza para Ignacio González, expresidente de Madrid. Los documentos destapan que a través de la empresa Tecnoconcret SL, de la que eran socios el hermano y el cuñado de González, el clan familiar del político hizo negocio como proveedor de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Prisma, el mayor plan de inversiones (1.000 millones entre 2006 y 2011) de la Comunidad de Madrid.

El hallazgo de esos documentos, incautados en un registro policial y alojados en el sumario de otro notable caso de corrupción –la Operación Lezo–, ha llevado a Adade y al PSOEa dar un paso que nadie esperaba:en un escrito presentado hace una semana,  ambas acusaciones piden al juez instructor de Púnica que llame a declarar de nuevo como imputado a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado Juan José Caballero. 

Tecnoconcret no figuraba como adjudicatario de ningún contrato para aquellas nuevas instalaciones deportivas. Pero el correo electrónico descubierto ahora y fechado el 10 de enero de 2007 demuestra que, para cobrar, la empresa de los González se valió de una treta mercantil: llegó a un acuerdo con otra compañía que, al menos y según las adjudicaciones que han encontrado las acusaciones, se hizo con cinco contratos para levantar campos de fútbol. Ese acuerdo –se lee en el email– le garantizaba a Tecnoconcret "una comisión del 5% de toda obra en futuros proyectos". Los cinco contratos sumaban 2,3 millones de euros.

El escrito de Adade y el PSOE remarca que Ignacio González hizo "el seguimiento" del proyecto de campos de fútbol a lo largo de los años. Hasta que en 2012 tomó el relevo de Esperanza Aguirre tras su sorpresiva dimisión como jefa del Ejecutivo autonómico, González era vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte. Una nota oficial de julio de 2009 destacaba cómo el vicepresidente había inaugurado un nuevo campo de fútbol en Becerril de la Sierra. Y cifraba en 86 los de césped artificial construidos "en 65 diferentes municipios de la región en esta Legislatura". Es decir, desde el 20 de junio de 2007. infoLibre intentó sin éxito este lunes contactar con el entorno de Ignacio González, al que transmitió mediante un mensaje los datos básicos del escrito presentado por las acusaciones.

Extinguida desde 2019, la compañía que actuó de vehículo para trasvasar a Tecnoconcret fondos públicos del bautizado como programa de "Campos Verdes" se llamaba Elitesport SA. Y según ha verificado infoLibre, a su consejo de administración perteneció hasta octubre de 2005 Carles Sumarroca Coixet, uno de los empresarios que por corrupción política se sentarán en el banquillo junto a los miembros de otro importante clan, el de Jordi Pujol.

Arpegio y las sospechas de financiación ilegal

¿Alcanzó Tecnoconcret pactos con otras adjudicatarias de contratos para la construcción de campos de fútbol? No se sabe. Y por esa razón las acusaciones piden al juez que reclame, entre otros, el llamado modelo 347 de Tecnoconcret. Se trata del formulario que cada año permite a Hacienda saber quiénes han percibido de un mismo pagador más de 3.000 euros. Si el juez accede y en el listado del modelo 347 apareciesen otros contratistas de campos de fútbol con césped artificial, el panorama empeoraría para los González.

La factura mencionada en su escrito por Adade y el PSOE y a la que ha logrado acceder infoLibre apenas sobrepasa los 20.000 euros. Pero, emitida el 28 de febrero de 2007 contra Elitesport, su contenido corrobora que la relación comercial con Tecnoconcret existió. Y que su objeto eran los campos de fútbol. En el caso de la factura, solo dos: el de Manzanares del Real y el de Pedrezuela. La alusión que el correo electrónico hace a "futuros proyectos", concepto del que quedaban excluidas las dos adjudicaciones citadas, se explica por un factor: a ese concurso, Elitesport acudió en unión temporal de empresas (UTE) con otra firma. ¿Explica ese hecho por qué la factura se limita a 20.000 euros en lugar de cifrarse en el 5% del contrato, cuyo importe total fue aquí de 807.195 euros? De momento, no se sabe. Las acusaciones han requerido al juez para que llame en calidad de testigos a los responsables de la empresa que en esta licitación fue en UTE con Tecnoconcret. 

Financiados por el Prisma, cuya multimillonaria gestión estaba en manos de Arpegio, uno de los grandes entes públicos ya desaparecidos y sobre los que recae la sospecha de haber financiado al PP de Madrid, los campos de fútbol no fueron el primer negocio que reportó a Tecnoconcret dinero del Gobierno madrileño. Ocho años antes de que González fuese detenido en abril de 2017, una investigación periodística del diario Público ya reveló cómo Tecnoconcret se había hecho en diciembre de 2006 con la adjudicación de un campo de golf promovido en el centro de la capital por el Canal de Isabel II. Es decir, por el gigante a cuyo frente se situaba el político que primero fue delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre.

La proximidad de las fechas entre la concesión del campo de golf del distrito capitalino de Chamberí y el acuerdo con Elitesport para quedarse con parte de los fondos destinados a nuevos campos de fútbol afianza una idea lesiva para los González y ya sostenida por un testigo de relevancia: que Tecnoconcret estaba en el proyecto del Canal de Isabel II para "robar y malversar". Lo declaró ante el juez uno de los socios de otra empresa a la que Tecnoconcret subcontrataba para instalar la hierba sintética, Onlygolf. Hasta hoy, nadie ha desvelado nada durante la instrucción de Púnica sobre los pagos por el césped artificial tendido entre portería y portería de cada "campo verde". El asunto no existía a efectos procesales. Y, por tanto, nadie ha preguntado por él en ningún interrogatorio. 

Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las referidas al clan familiar de Ignacio González, las acusaciones formulan otra petición de calado: que el magistrado llame a declarar, también como investigado, al exconsejero madrileño Jaime González Taboada, cuya imputación ha aparecido cercana en distintas ocasiones pero nunca ha llegado a materializarse. Taboada, que había sido director general de Cooperación con la Administración Local y figura clave así en la ejecución del Plan Prisma, sostiene que nunca participó en las adjudicaciones de Arpegio. Pero Adade y el PSOE sustentan su solicitud basándose en lo que hace justamente un año adujo en un auto el juez instructor del caso, Manuel García Castellón: que los informes policiales permiten "acreditar indiciariamente la posible participación de Jaime González Taboada (...) en un reparto de obras convenido con el consejero de Presidencia, el investigado Francisco Granados". Enemigo interno y acérrimo de Ignacio González, Granados fue hasta 2011 el número dos del PP de Madrid. Su detención, en octubre de 2014, fue la que sacó a la luz la Operación Púnica.

El Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que ejerce una de las acusaciones particulares como perjudicada en el caso Lezo, acaba de pedir para Ignacio González la misma pena que para los otros cinco principales implicados en la ruinosa compra de la compañía brasileña Emissao. Pide iguales condenas pese a que fue el expresidente madrileño quien en todo momento tuvo el mando y quien, según las investigaciones, se reservó para sí el doble de dinero cobrado en mordidas. Tras el auto dictado por el juez Manuel García Castellón el pasado 18 de noviembre, el caso está ya en la recta final hacia el juicio que sentará en el banquillo al antiguo delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre así como a otras seis personas.

La investigación ha concluido que fue Ignacio González quien entre 2012 y 2014 dirigió aquella operación ilegal de compra de Emissao, que le costó al erario madrileño 31 millones de dólares, una cifra superior entre nueve y 13 millones de dólares a la que distintos informes señalaban como la admisible. Y fue él quien, al ordenar cómo debían repartirse las comisiones, se embolsó el doble (1,8 millones de dólares) que cada uno de sus cuatro principales colaboradores.

Tres de ellos y el empresario que vendió Emissao al Canal acabaron por confesar, lo que permitió cerrar el círculo. Pero las penas que solicita el Canal los equipara a González, que durante casi una década tuvo su feudo en la empresa de aguas, buque insignia del conglomerado público de la Comunidad de Madrid y quien en todo momento ha proclamado su absoluta inocencia. Para todos ellos, la acusación que ejerce la empresa pública solicita en su escrito de conclusiones once años de cárcel: ocho por malversación, que es el máximo previsto por el Código Penal para quien desvía dinero de la Administración; y otros tres por fraude a la Administración, delito susceptible de ser castigado con hasta seis años de reclusión y que consiste en concertarse con un tercero para favorecerle con contratos públicos. Exactamente las mismas condenas solicita el Canal para el antiguo dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien terminó por detallar ante el juez cómo transfirió desde Suiza las mordidas: "corretagem", dijo en portugués. En total, 5,8 millones de dólares que fluyeron desde Suiza hacia Panamá y la República Dominicana.

Solo para la séptima acusada, María Fernanda Richmond, que era directora financiera del Canal y que no recibió comisiones, se reclama en este escrito una pena inferior: dos años por fraude y siete por malversación.

El Canal coincide con el juez de la Audiencia instructor del caso, Manuel García Castellón, en que González, que durante casi una década dirigió la empresa de aguas, fue quien ejerció la "permanente supervisión y vigilancia" de aquella operación ilegal cuyo punto álgido se sitúa en noviembre de 2013. La adquisición del 75% de la mercantil brasileña se hizo ese mes por 31 millones de dólares.

A finales de 2012, el hasta entonces propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, había ofrecido el 80% de la empresa por 23,7 millones de dólares. Y ya en enero de 2013, los técnicos de la gran filial hispanoamericana del Canal, la colombiana Inassa, habían cuantificado en 19,09 millones de dólares el valor de aquel 80%. En resumen, cuando en noviembre de 2013 el buque insignia de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se hizo con el 75% de Emissao debería haber pagado –y así lo recalca el Canal en su escrito de conclusiones– "una cantidad comprendida entre 22.231.005 dólares y 17.901.245 dólares". 

Una confesión que actuó como acelerante

No fue así. Al Canal aquella compra le costó los 31 millones arriba mencionados. Pero esa cifra, y ahí radica la clave del caso, incluía el importe de "las ilícitas comisiones que se iba a repartir": 5,8 millones de dólares que Sebastiao Cristovan transfirió desde Suiza a González y los suyos. ¿Quienes formaban este equipo delictivo? Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II que operaba como su cabeza de puente en América; los directivos locales de Inassa Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira; y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Todos ellos, salvo Moro, le acabaron contando a los investigadores los detalles del asunto. E hicieron algo más que, salvo terremoto, se acabará traduciendo en la presumible solicitud de atenuantes por parte de otras acusaciones, entre ellas la de la Fiscalía cuando presente su escrito.

Ese algo más lo constituye la devolución del dinero, algo que los juristas suelen denominar como reparación del daño. Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Rodríguez Sobrino devolvió el dinero. Según un informe de la Guardia Civil esencial para la acusación, "el hecho de que devolviese 2,7 millones de dólares implicaría que, en esas fechas, aún gestionaba 1,8 millones de dólares que le corresponderían a Ignacio González".

Fechado el 4 de noviembre de 2019, ese mismo informe narra también cómo Ramón Navarro y Diego García "depositaron cheques en la Audiencia Nacional para devolver parte de los fondos desviados, aunque finalmente no han podido ser compensados y han sido devueltos a sus representaciones procesales para que materialicen la devolución de los fondos por otro canal".

Diego García Arias aparece en la causa como un arrepentido de gran relevancia: fue el primero que ante los fiscales Anticorrupción que se desplazaron a Colombia en 2017 ofreció una cascada de datos que luego confirmó Ramón Navarro. La declaración del primero de los dos directivos colombianos actuó como el gran acelerante que inflamó de manera definitiva un caso donde la compra de Emissao constituye una de las dos vertientes principales junto con la de los desmanes del campo de golf del Canal con que la familia González dio un auténtico pelotazo. Ambas facetas amenazan a Ignacio González con devolverlo a la cárcel, donde en 2017 ya permaneció seis meses como preso preventivo tras el estallido de la Operación Lezo.

Una viñeta publicada por el dibujante Manel Fontdevila tras el estallido del caso Gürtel en 2009, retrata a Esperanza Aguirre con una impoluta túnica blanca en medio de la ciénaga. Chorreando barro o algo peor, la rodean varios personajes irreconocibles. Aguirre sonríe de oreja a oreja y mantiene las manos decorosamente recogidas bajo el pecho. Uno de los embarrados le pregunta: "¿Cómo lo haces?" Y ella responde: "¿Lo qué?".

Diez años después, Aguirre ya no luce una túnica inmaculada a efectos políticos pero, al menos todavía, sí desde luego penales. A lo largo de la década, y mientras en sucesivas investigaciones iban cayendo dirigentes del PP como fichas de dominó hasta llegar a quien fue su factótum en el Gobierno –Ignacio González– y en el partido –Francisco Granados–, la histórica lideresa se ha mantenido incólume. Indemne, sí, pero siempre en el ojo del huracán. Y en medio de lo que juristas conocedores de los distintos casos judiciales que afectan al PP de Madrid consideran un círculo que se ha ido achicando a medida que avanzaban las pesquisas.

Ahora, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta aunque progresivamente más acreditada financiación ilegal del PP sitúa de nuevo a Aguirre en el centro del escenario. Porque el informe, conocido hace diez días, arroja conclusiones demoledoras sobre el uso de dinero negro y de facturas falsas para financiar su campaña de 2011, las autonómicas que le depararon su tercera mayoría absoluta.

El adelanto electoral, ¿un elemento disuasorio?

Aunque los expertos consultados por infoLibre creen que el informe estrecha el cerco a Aguirre, algunos juristas observan con escepticismo la opción de que sea imputada en un plazo breve. Y para ese escepticismo esgrimen dos causas: una ya vieja y relacionada con esa capacidad que ha demostrado hasta ahora para salir ilesa y sin barro procesal en la túnica; la segunda causa se sustenta en el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril y la cercanía de las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

No obstante, fuentes de la investigación consultadas por este periódico remachan que lo judicial y lo electoral no interfieren entre sí dado que Aguirre, salvo sorpresa, no será candidata. Lo anterior en absoluto significa que Anticorrupción haya decidido pedir que la expresidenta declare como investigada. Ni que lo haya descartado. Significa estrictamente lo dicho.

La Fiscalía debe comunicar de manera inminente al instructor de Púnica cuál es la delimitación que propone para las diferentes piezas de la causa. Y en principio, esa delimitación –de índole fáctica– debe incorporar una relación de los investigados en cada pieza: los que ya lo son y los nuevos. Pero ni el informe que presente el ministerio público servirá para echar el cerrojo al cupo de imputados ni la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón confirma o desmiente una sola sílaba en relación al futuro cercano de Esperanza Aguirre.

Sea como sea, el informe y las escandalosas cifras que su contenido destapa la devuelven al primer plano. Cuánto influyó en su victoria de 2011 el dopaje electoral resulta imposible de discernir. Pero, siempre según el informe policial, lo cierto es que el PP madrileño gastó el doble –6.200.000 euros– de lo que le permitía la legislación: 3.229.342 euros. 

La UCO desemboca en esa cifra basándose en el análisis de decenas de documentos incautados a quien entonces era gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, así como a los empresarios que se prestaron al juego sucio de camuflar actos electorales como si fueran actividades ordinarias del partido o de la fundación pantalla Fundescam, que compartía no solo sede sino gerente con el PP. 

Nueve mítines en el punto de mira

Entre los actos de campaña cuya fecha fue modificada –es decir, falseada– en la factura para pagarlos con cargo a las cuentas de que disponía el PP para sufragar sus actividades extraelectorales, la UCO desmenuza nueve mítines protagonizados por Aguirre.

Con todo, y casi cuatro años y medio después de que la Operación Púnica saliera a la luz en octubre de 2014, la gran pregunta irresuelta sigue siendo esta: ¿cabe atribuir a Esperanza Aguirre responsabilidad penal por la financiación opaca del PP, un auténtico vórtice que año tras año y siempre de acuerdo a la investigación se fue tragando millones en contratos públicos amañados por el Gobierno que ella misma presidía?

Esa financiación irregular implicó también de forma sostenida "desvío" –lo dice la Guardia Civil– de las subvenciones que el propio Gobierno de Madrid otorgaba a Fundescam, fundación cuyas cuentas presentan a Aguirre como su presidenta hasta al menos 2007 y que ya sufragó parte de sus campañas en 2003, 2004 y 2007.

Esa financiación, por último, fue posible igualmente gracias a una caja B propia cuyos fondos manejaba –presuntamente– Beltrán Gutiérrez. Según la UCO, de la caja B regional, distinta a aquella de ámbito estatal cuyos movimientos quedaron plasmados en los papeles de Bárcenas, salieron 1,25 millones para la campaña de 2011 del PP madrileño.

La larga lista de contratos y facturas bajo sospecha incluye importes millonarios para campañas de "publicidad institucional", algunos adjudicados a empresarios que ya han confesado su participación en los enjuagues. Incluye también los suscritos con el gigante semipúblico Indra para el recuento de datos electorales. Y algunas concesiones públicas, como las de los hospitales privatizados cuya construcción impulsó Aguirre casi como un proyecto personal. La más relevante de todas, por la proyección pública de sus protagonistas, es no obstante la del tren que debía unir Móstoles y Navalcarnero, adjudicada a OHL. Tanto el fundador de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, como su yerno, Javier López Madrid, permanecen imputados.

La austeridad y el milagro de la multiplicación

¿Resulta verosímil que todo eso fuera ajeno al conocimiento y la autorización de Aguirre, que no solo dirigía con mano de hierro el PP y el Gobierno de Madrid sino que en 2011 ya había convertido la austeridad en uno de sus grandes reclamos electorales? "No nos hemos gastado –proclamó aquella campaña– más de lo que teníamos, hemos sido austeros y hemos administrado bien el dinero que los ciudadanos han puesto en nuestras manos". ¿Le sorprendió en algún momento la exuberancia de recursos electorales que manejaba el PP o pensó que el partido conocía los secretos del milagro de la multiplicación? Nada de eso se sabe por cuanto en los casi cinco años de investigación de Púnica Aguirre no ha declarado: ni como imputada ni como testigo.

Si la creencia popular acierta, a Aguirre han debido de pitarle los oídos cientos de veces en estos casi cinco años. Para involucrarla, la nombró, por ejemplo, Francisco Granados, cuando hace un año, febrero de 2018, dijo que en las campañas había una financiación "paralela". Dos meses antes, la había colocado en una posición difícil el empresario de publicidad Daniel Mercado al admitir que el PP le pagó trabajos con facturas falsas que abonaban constructoras cuya identidad le iba señalando... Beltrán Gutiérrez. Es decir, el hombre que, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, gobernaba las cuentas del PP. Y las de Fundescam.

Aún más atrás que lo dicho por Granados y por Mercado, un informe de la Fiscalía fechado en marzo de 2017 ya ponía en uno de sus párrafos el acento sobre Aguirre aunque de una forma escrupulosamente elíptica: su nombre no figuraba. Pero la lectura del párrafo conduce a ella de manera irremisible.

Al abordar el papel de Fundescam en la financiación espuria del PP madrileño y bajo el epígrafe "Una red de decisión y ejecución cohesionada", las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez escribieron esto: "La coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la fundación Fundescam, directores y miembros de los comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de la CCAA de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid] consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo".

El texto dice "presidente" en masculino. Pero tanto en 2007 como en 2011, años a los que se refiere el informe, el Gobierno regional y su partido, el PP, estaban al mando de una presidenta: Esperanza Aguirre.

La semana pasada, el abogado de IU Juan Moreno, que bajo la dirección jurídica de la asociación Adade, ejerce una de las acusaciones populares en Púnica, se preguntaba cómo es posible que en cinco años Aguirre no haya comparecido ante el juez que investiga el caso, Manuel García Castellón. Aunque solo sea para dar explicaciones de qué sabía y qué no sabía –es su argumento–, la mujer que hasta septiembre de 2012 lideró el Ejecutivo autonómico y el PP madrileño hasta febrero de 2016 debe acudir en calidad de investigada. Moreno entiende que llamarla como testigo, sin la asistencia de un abogado y con obligación de decir por tanto la verdad resultaría poco menos que absurdo: casi cualquier pregunta relevante la situaría en la brumosa frontera que en ocasiones separa a los testigos de los imputados. 

IU pedirá formalmente en estos días la imputación de Aguirre. Ya lo pidió en el otoño de 2018 pero Anticorrupción se opuso. Lo hizo con un argumento que activó las alertas de los iniciados en el caso: que antes de decidir sobre la cuestión debía "estarse a la espera de que finalicen las líneas de investigación que están actualmente abiertas en la pieza de financiación". ¿Se cierran esas líneas con el informe de la UCO conocido a comienzos de mes? Algunas fuentes que saben de los entresijos de la instrucción opinan que sí. Y que poco más queda por rascar en esa área. Pero nadie se atreve a aventurar nada.

El campo de golf y el pelotazo de Ignacio González

Y mucho menos se atreve ninguna fuente a deslizar un pronóstico sobre Aguirre en el otro gran caso de corrupción que, además de Púnica, golpea al PP madrileño, la Operación Lezo. En ambos confluyen indicios de que los principales investigados se lucraron personalmente –Francisco Granados en Púnica; Ignacio González, en Lezo– al tiempo que el partido hacía caja. ¿Estaba el PP, como institución, al tanto de ese –supuesto pero cada vez menos susceptible de ser rebatido– enriquecimiento personal y lo toleraba como una especie de peaje, un quid pro quo con el que ambas partes salían ganando?

Y aun suponiendo que el PP estuviera al tanto, ¿implica eso que Esperanza Aguirre tuvo alguna responsabilidad en lo sucedido? Esa pregunta remite en Lezo al episodio que más riesgo entrañaría para la expresidenta de Madrid de no ser porque fuentes conocedoras del caso mantienen que la duda sobre la prescripción de los hipotéticos delitos planea sobre el asunto casi desde el estallido del caso, en abril de 2017: la responsabilidad directa que asumió Aguirre cuando, en enero de 2007, declaró de "excepcional interés general" el campo de golf promovido en el céntrico distrito madrileño de Chamberí por el Canal de Isabel II y cuya concesión deparó un pelotazo millonario a la familia de Ignacio González. Esto es, a la familia de quien en ese momento era su número dos en el Gobierno regional además de presidente de la empresa pública de aguas. Hoy, González es el principal investigado en Lezo.

El primer fiscal de Lezo entendía que Aguirre debía ser imputada como presunta autora de un delito de prevaricación urbanística en concurso medial con malversación. Eso significa que la prevaricación –delito que consiste en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es y que no conlleva cárcel– habría sido perpetrada como trampolín para propiciar el desvío de fondos públicos. Es decir, la malversación. 

El asunto provocó tensiones entre el fiscal, Carlos Iáñez, que acabó por regresar a su ciudad de origen, Granada, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Pero fuentes conocedoras del caso aseguran que la vía para imputar a Aguirre por el campo de golf del Canal no está cegada. Hay un precedente: Anticorrupción tardó un año en materializar la solicitud de imputación del exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Y cuando muy pocos creían que esa petición llegaría a la mesa del juez, la Fiscalía dio el paso. En abril de 2018, Gallardón fue llamado a declarar en calidad de imputado por la compra de Inassa, la filial colombiana por la que el Canal de Isabel II pagó, según los investigadores, un claro sobreprecio a finales de 2002. A día de hoy, su imputación sigue vigente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado embargar el salario que percibe como funcionario del Ayuntamiento de Madrid el que fuera presidente de la Comunidad, Ignacio González, tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de los que pudiera ser responsable en el marco del caso Lezo, según han informado fuentes jurídicas.

Anticorrupción solicitó el pasado mes de octubre al juez que embargase también el sueldo de funcionario del expresidente ya que si bien tiene la práctica totalidad de sus bienes requisados por orden judicial, no sería suficiente para cubrir el montante de la responsabilidad civil en la que podría haber incurrido en su gestión del Canal de Isabel II.

El juez, que autorizó a Ignacio González a reincorporarse como funcionario al Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de noviembre al no haberse dictado ninguna medida cautelar que le inhabilitase o suspendiera para el ejercicio de la función pública, rechaza ahora esta pretensión, de manera que el expresidente podrá seguir percibiendo su salario, que asciende a los 54.000 euros anuales —casi 4.000 euros al mes—. González fue detenido en abril de 2017 y salió en libertad bajo fianza de 400.000 euros 201 días después. Se le investiga en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y prevaricación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado información a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras sobre dos empresarios y una batería de sociedades "relacionadas con la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)" entre 2010 y 2014, cuando Esperanza Aguirre presidía la formación.

En concreto, el juez, instado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pide información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, de quien requiere además datos sobre sus sociedades, movimientos en cuentas bancarias y hasta alquiler de cajas de seguridad.

Asimismo, pide información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas S.A y una decena de sociedades, que podrían estar vinculadas a la financiación del partido durante aquellos cuatro años y en particular, con la campaña electoral de 2011.

García Castellón, que instruye las macro causas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre, ante indicios que apuntaban a que se sirvieron de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, una entidad pública, para utilizar a una de sus empresas adjudicatarias como vehículo para pagar a proveedores electorales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado embargar el salario que percibe el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en su condición de funcionario del Ayuntamiento de la capital para poder hacer frente a sus posibles responsabilidades pecuniarias en el marco de la trama Lezo de corrupción, ya que con los bienes embargados no se cubriría el montante, según han informado fuentes fiscales.

En concreto, la fiscal a cargo del caso, Ana Cuenca, cursó esta petición el pasado mes de octubre ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Manuel García Castellón investiga a González por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la gestión del Canal de Isabel II.

González, que fue detenido en abril de 2017 y salió en libertad bajo fianza de 400.000 euros 201 días después, ya tiene la práctica totalidad de sus bienes bajo embargo por orden del juzgado, no así el salario que percibe del consistorio madrileño al que se reincorporó en calidad de funcionario el pasado mes de noviembre, después de que el juez lo autorizase al no haberse dictado ninguna medida cautelar que le inhabilitase o suspendiera para el ejercicio de la función pública.

Un documento ahora incorporado al sumario de la Operación Lezo ha reforzado las sospechas que ya albergaban los investigadores sobre el pelotazo que la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid proporcionó a partir de 2006 al clan familiar de Ignacio González, entonces número dos de Esperanza Aguirre y más tarde presidente de la Comunidad.

Promovido por el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que hasta 2012 tuvo como máximo responsable al propio González, la construcción del campo de Chamberí fue adjudicada a Dragados. Primero, y para la instalación del césped artificial, la empresa de Florentino Pérez subcontrató a la empresa Tecnoconcret, prácticamente sin actividad y de la que era accionista el cuñado del político madrileño. Y luego le dio entrada en el consorcio al que el Canal de Isabel II adjudicó la explotación del campo. Por la instalación del césped y como ya desveló infoLibre, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones. Una vez descontado lo que pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se reservó una comisión neta de 600.000 euros.

El documento que ahora ha conducido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a "inferir" que la contratación de Tecnoconcret por Dragados pudo ser fruto de instrucciones expresas cursadas por el Canal de Isabel II es un cuadro de ofertas elaborado por la constructora y aportado por sus representantes a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón. En la esquina inferior derecha del cuadro, justo debajo de la columna correspondiente a la oferta presentada por Tecnoconcret y en el apartado "Observaciones", aparece la siguiente leyenda: "A Pet CYII".

"Hay que tener en cuenta que entre la documentación aportada por Dragados –dice un informe de la UCO fechado el pasado 8 de agosto– se ha hallado un documento denominado "cuadro comparativo de ofertas", relativo al hoyo número 4 "golf prueba", en el que se observa la inscripción "A Pet CYII" en el apartado observaciones de la columna donde se consignaba la oferta económica de Tecnoconcret". De esa anotación, prosigue el texto, "se infiere que la contratación de esta sociedad por parte de ACS-Dragados podría haberse realizado a petición del CYII [Canal de Isabel II]". 

Las explicaciones de Dragados

Tras recibir ese informe, el juez  reclamó a Dragados que explicase el significado exacto de esa anotación. La respuesta de la constructora, a la que ha tenido acceso este periódico, dice que, "consultado el jefe de obra"–es decir, el del campo de golf inaugurado por Esperanza Aguirre en marzo de 2007 y cuyas presuntas y múltiples irregularidades ya fueron denunciadas sin consecuencias ese año tanto por la prensa como por los vecinos–, este "cree recordar" lo siguiente: "Que se refiere a que fue a petición del Canal de Isabel II por lo que se restringió inicialmente la contratación de la instalación del césped a un hoyo de prueba, concretamente el hoyo 4 y que, según resulta de la propia hoja comparativa que se acompaña al requerimiento, el contrato se adjudicó a la mejor oferta técnica y económica, que fue la presentada por Tecnoconcret".

El texto no aclara por qué si lo que se hizo "a petición del Canal de Isabel II" fue contratar en primera instancia solo un hoyo de prueba, la anotación remarcada por la Guardia Civil figura solo en la columna de Tecnoconcret y no, por ejemplo, también bajo las de las otras tres empresas que presentaron ofertas, todas ellas, en efecto, de cuantía superior. O junto al enunciado que explica el contenido del cuadro. Ese enunciado expone que el objeto del contrato es justamente el "Hoyo nº 4 Golf Prueba".

Dragados tampoco explica qué compartimentos del cuadro, que solo contiene cifras de precios, constatan la mejor calidad técnica de Tecnoconcret. De hecho, distintos testigos han admitido a lo largo de la investigación que Tecnoconcret no hizo nada en realidad. La empresa en la que participaba José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, que había sido subcontratada por Dragados, subcontrató de hecho a su vez a otra mercantil especializada en instalación de césped artificial. Uno de los socios de esa mercantil, Onlygolf, declaró hace más de un año que el único sentido de la presencia de Tecnoconcret era "malversar y robar".

 El informe de la Guardia Civil destaca que ya en octubre de 2017 el antiguo jefe de la división de arquitectura del Canal de Isabel II, que declaró como testigo, afirmó "que la instalación concreta de césped artificial fue un tema «especial» y que su instalación fue un asunto controlado-decidido" por un arquitecto que ya ha muerto.  El testigo declaró –narra la UCO– que "le parece que efectivamente algún responsable del CYJ1 podría haber orientado a Dragados para que subcontrataran a Tecnoconcret y que sospecha que pudiera haber sido Adrián Martín López de las Huertas". En 2006,  Martín López de las Huertas, igualmente imputado en la Operación Lezo, era director de Innovación del Canal de Isabel II. En julio de 2009 ascendió al cargo de gerente, en el que permaneció hasta 2016.

La UCO también tomó declaración a quien ostentaba el puesto de jefe de obra de Dragados en 2006. El testigo confirmó "la relación de Tecnoconcret y José Juan Caballero". Para la Guardia Civil ese punto posee relevancia por cuando, teóricamente, la sociedad Ecosistemas SL, a través de la cual Caballero se incorporó a Tecnoconcret, no entró en su accionariado "hasta el año 2008".

Un informe de Hacienda incorporado al sumario de la Operación Lezo ha sacado a la luz los contratos opacos de patrocinio de los que se valió el Canal de Isabel II para destinar 5,4 millonesa medios de comunicación afines: La Razón, que obtuvo por esa vía 3,5 millones; ABC, a la que la empresa de aguas que durante una década operó como feudo absoluto de Ignacio González asignó 1,5 millones; La Gaceta (375.000 euros) e Intereconomía (62.500 euros). El informe analiza contratos suscritos entre enero de 2012 y el primer semestre de 2015. Su reedición quedó interrumpida en junio de 2015 tras el ascenso a la Presidencia de Madrid de Cristina Cifuentes, quien finalmente dimitió en abril de este año tras el escándalo desatado por el caso máster.  

Elaborado por inspectores de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el informe llegó a la Audiencia Nacional a finales de junio. Sus autores destacan que fueron firmados "al margen de los procedimientos de adjudicación" pública. Y que la empresa de aguas de Madrid no alcanzó sin embargo, ningún acuerdo de la misma naturaleza "con El País y El Mundo, que son medios de información general como mucha mayor tiradaEl PaísEl Mundo que los primeros".

Todos esos contratos –relata el informe– se articularon como pactos "para la difusión de las actividades medioambientales, empresarial y culturales de Canal de Isabel II SA y para informar sobre el estado de los embalses de la Comunidad". 

Con importes que oscilaban entre un millón por año para La Razón y los 62.500 euros garantizados por un único semestre a IntereconomíaLa Razón, su clausulado solo obligaba en el mejor de los casos a los patrocinados a cumplir tres requisitos: publicitar cada día el estado de los embalses, difundir una noticia trimestral de carácter ambiental, una por mes de índole empresarial y otra más sobre las actividades culturales del Canal.

El informe hace constar que en los contratos con Audiovisual Española 2000 SL, empresa editora de La Razón, no existe "un compromiso de publicación de noticias a partir de un umbral mínimo de cobertura de frecuencia diaria, mensual o trimestral".

El doble papel de Rodríguez Sobrino

"Se da la circunstancia –dice el informe– de que Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000 SA, fue también presidente de Inassa y es objeto de investigación en el procedimiento judicial del caso Lezo". Las oscuras operaciones de la empresa colombiana Inassa, cabeza de puente del Canal de Isabel II en Latinoamérica, centran una de las principales líneas de investigación en Lezo.

Hacienda, que se refiere a estos acuerdos opacos como convenios o contratos de manera indistinta, preguntó al Canal de Isabel II qué norma se había aplicado para su firma.

La respuesta aparece reflejada en el acta levantada tras una visita de los inspectores a la empresa pública, igualmente incorporada al sumario de Lezo. "En relación con la solicitud de aclaración sobre la existencia o no de algún criterio o instrucción establecido por el Grupo empresarial del Canal para la selección de las empresas a las que se patrocina y la elección de las entidades encargadas de la publicidad y propaganda, el representante de la entidad manifiesta que las empresas encargadas de las campañas de publicidad son seleccionadas mediante procedimiento de contratación pública a petición del servicio y supervisados, como en el resto de la empresa, por la Subdirección de Contratación. En relación con el patrocinio, el criterio de selección de las empresas no sigue este procedimiento".

“Suplico al juzgado (…) se proceda a remitir exposición razonada al Excelentísimo Tribunal Supremo en relación con la citación, en calidad de investigado, de Don José Ignacio Echániz Salgado”. Quien en esos términos pidió el 2 de agosto a la Audiencia Nacional que dé los pasos para que el Supremo impute en el caso Lezo al diputado al Congreso por el PP José Ignacio Echániz fue Pedro Calvo, dirigente del mismo partido. Los dos comparten mesa en el Comité de Derechos y Garantías del PP, ahora bajo la batuta de Rafael Hernando.

Al igual que Echániz, Calvo formaba parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que en noviembre de 2001 dio vía libre a que el Canal de Isabel II adquiriese la firma colombiana Inassa mediante una operación en la que los investigadores observan visos de ilegalidad: la compra se articuló a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá y, sobre todo, se cerró por un precio diez veces superior al valor fijado un año antes.

Los indicios delictivos que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez perciben en la compra de Inassa explican por qué Calvo se convirtió en imputado ya en enero. Y por qué, con Gallardón a la cabeza, todos los demás miembros de aquel gabinete han sido llamados a declarar por el juez que investiga el caso. Todos salvo Echániz, que goza de aforamiento por ser diputado, de ahí que solo el Supremo pueda llamarle en calidad de imputado.

La inopinada petición de Calvo respecto de Echániz figura en el recurso planteado por su defensa contra la providencia con la que, el 31 de julio, el juez citó para septiembre a los seis exconsejeros de Gallardón que todavía no han declarado. En su recurso, el abogado Jorge Argote, defensor de Calvo, enfatiza que en esa relación de investigados hay un hueco: "En esa lista falta un miembro de dicho Consejo de Gobierno, don José Ignacio Echániz Salgado".

Este miércoles, infoLibre intentó contactar tanto con Pedro Calvo como como José Ignacio Echániz a través del PP. No fue posible. El penalista Jorge Argote rehusó atender la llamada de este periódico.

Órdago al juez instructor

Otros juristas conocedores de la instrucción de Lezo subrayan que al pedir la imputación de Echániz lo que busca Calvo es lanzar un órdago al instructor del caso, Manuel García Castellón, con la esperanza de que el juez derive la pieza completa de Inassa al Supremo y de que, una vez allí, las imputaciones queden en agua de borrajas. 

Sea como sea, la estrategia de defensa de Calvo para que la pieza completa donde se investiga la adquisición de la empresa colombiana Inassa quede en manos del Supremo ha derivado en una situación insólita: la de un dirigente del PP que insta a la Audiencia a solicitar a otro tribunal, el Supremo, la imputación de un compañero de partido. Un compañero con el que, además, comparte su pertenencia al mismo órgano de decisión, el siempre sensible en todas las formaciones políticas Comité de Derechos y Garantías.

Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que cuando en una causa hay varios potenciales responsables penales y alguno de ellos está blindado por el aforamiento, lo habitual es que el juez instructor practique ciertas diligencias antes de enviar lo que se conoce como exposición razonada al tribunal que tiene la potestad de investigar al aforado en cuestión. Porque una exposición razonada consiste, básicamente, en una especie de auto donde un juez desgrana ante otro tribunal los motivos por los que considera que debe tomar declaración a un determinado aforado. Y esos motivos han de aparecer en la exposición debidamente fundados.

La defensa de Calvo no coincide con esas tesis. "¿Por qué –se pregunta Argote en su recurso– el ministerio fiscal excluye expresamente de ser citado como investigado a un miembro del Consejo de Gobierno que es diputado al Congreso?". "Esta defensa –prosigue el abogado– no quiere pensar que sea porque se pretenda eludir la competencia del Tribunal Supremo". 

Calvo ya declaró como investigado ante el juez de la Audiencia que instruye el caso, Manuel García Castellón. Lo hizo en enero, el mismo mes en que compareció también como imputado otro exconsejero madrileño, Juan Bravo, quien cesó como presidente de Adif tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El PP no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los cargos de Gallardón imputados en Lezo.

En junio, y tras varios meses de confusión sobre su situación procesal, le tocó el turno a Gallardón, que negó cualquier ilegalidad. Y desfilaron también otros integrantes de su Ejecutivo como Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja.

Ahora, y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado que los días 11 y 12 de este mes declaren en calidad de investigados –imputados– el resto de quienes integraban el Gobierno que validó el desembarco del Canal de Isabel II en Inassa mediante el pago 73 millones de euros (83,6 millones de euros al cambio de la época) por el 75% de la compañía. 

Era Pedro Calvo quien en el momento de la compra, avalada por el Gobierno madrileño el 14 de noviembre de 2001, simultaneaba su cargo como consejero de Medio Ambiente de Madrid con la presidencia del Canal de Isabel II, el mayor conglomerado público de la Comunidad de Madrid. Echániz dirigía entonces el departamento de Sanidad.

En agosto, el digital vozpopuli ya avanzó que la defensa de Calvo había pedido la imputación de Echániz. Pero hasta ahora no había trascendido que, más allá de que ambos pertenecieran al Gobierno de Gallardón hace casi dos décadas, hoy comparten hoy el rango de vocal en el Comité de Derechos y Garantías del PP.

A partir de abril de 2017, cuando fue detenido y encarcelado el principal protagonista del caso y que hasta dos años antes había presidido la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la Operación Lezo fue constatando que las sombras de sospecha que desde una década antes ya planeaban sobre el Canal de Isabel II eran más oscuras y más extensas de lo que diversas investigaciones periodísticas habían señalado. Desde noviembre, González se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros.

El ex director la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo ratificó este viernes que el ex presidente madrileño Ignacio González le pidió en torno a un millón de euros al ex consejero delegado de la agencia José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, aunque ha precisado que él no tenía influencia alguna en las adjudicaciones.

Las declaraciones, recogidas por Europa Press, se realizaron en calidad de testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón.

Así, Corujo explicó que Martínez Nicolás le comentó que se sentía presionado por el encargo hecho por Ignacio González mientras era presidente, si bien ha apuntado no le consta que se pagaran sobornos a cargos públicos por parte de empresas contratadas con la ICM.

Al respecto, el ex directivo de la agencia ha asegurado que él formaba parte de las mesas de contratación pero que no ocurría lo mismo con Martínez Nicolás, ya que este no acudía a los comités de dirección ni a las mesas de compra. De hecho, ha dicho que el exconsejero actuó siempre de la mejor manera, según las citadas fuentes.

El magistrado que comenzó instruyendo la trama Púnica, Eloy Velasco, consideró a Corujo "testigo privilegiado" de los hechos precisamente por su posición dentro de esta agencia. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015, el testigo expuso que existían determinados contratos "inflados" de la entidad pública con las mercantiles PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra.

En esta ocasión, y preguntado por estos contratos, el testigo mencionó que desconoce si existían irregularidades puesto que la gestión de estos acuerdos se llevaba a cabo desde la sede del Gobierno madrileño y que el responsable era el entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Blas Labrador Román, quien sustituyó a Martínez Nicolás en el cargo desde el año 2014.

"Contratos cautivos"

A preguntas de la fiscal Carmen García acerca de los "contratos cautivos" con los que González habría ordenado recaudar un millón de euros para financiar irregularmente al PP madrileño y a los que hizo referencia en la denuncia que antepuso en la Fiscalía Anticorrupción, Corujo explicó que en este tipo de adjudicaciones siempre hay una empresa que, por su potencial técnico y su conocimiento en la materia, suele ser la que gana los concursos públicos.

Al respecto ha matizado que las órdenes de los contratos vienen de instancias superiores dentro del Gobierno regional y que ICM es simplemente el brazo ejecutor, aunque ha asegurado que no conoce ningún alto cargo de Indra, a quien se le habría encargado la adjudicación del recuento electoral de las elecciones autonómicas.

La versión que prestó este testigo en Anticorrupción fue clave para el inicio de la investigación Lezo sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Precisamente, tanto Martínez Nicolás como Ignacio González están investigados en esta causa, siendo este último el presunto cabecilla de la misma.

El fundador y expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, acaba de declarar ante el juez del caso Lezo que las transferencias que la empresa hizo en 2007 a una cuenta suiza de la compañía panameña Lauryn Group le parecieron anormales, según fuentes presentes en la comparecencia. El empresario sostiene que se enteró de esas transferencias hace un año.

Los investigadores manejan la hipótesis de que parte de que 1,4 millones de los los 2,5 que en noviembre 2007 transfirió OHL a esa sociedad ocultaban en realidad el pago de un soborno destinado a Ignacio González por la adjudicación que la empresa de Villar Mir había logrado del Gobierno madrileño para la construcción del tren a Navalcarnero.

OHL ha negado en todo momento la existencia de ese soborno. Y sostiene que las transferencias a Lauryn Group iban destinadas a pagar deudas contraídas por servicios que había prestado el empresario Adrián de la Joya, titular de la compañía panameña.

Ante el juez Manuel García Castellón también declarará esta mañana Javier López Madrid, yerno de Villar Mir e igualmente imputado en la causa. Ambos ya habían comparecido en septiembre.

El antiguo equipo de Alberto Ruiz-Gallardón cuando presidía la Comunidad de Madrid ha acusado al expresidente regional Ignacio González y al exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel de crear "un perverso dosier" falso contra ellos sobre la compra de Inassa, un asunto por el que están siendo investigados por la Justicia en la causa de Lezo.

Así consta en un escrito de once páginas, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la defensa del expresidente del Canal y exdiputado en la Asamblea de Madrid Pedro Calvo denuncia al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se está produciendo "un juicio paralelo" en el caso.

El escrito hace suyo el contenido de otro presentado por el abogado de Juan Bravo, exconsejero de Hacienda con Gallardón, en el que se denuncian "las mentiras" de Ildefonso de Miguel acerca de su persona y las "manipulaciones" de un informe.

Calvo, Juan Bravo y Gallardón figuran como investigados en la causa por la supuesta sobrecompra en 2001 de la empresa Inassa. También se investiga en la causa a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

La defensa de Calvo ha solicitado al juez que archive su acusación al no existir "ni el más mínimo" sobreprecio en la compra de la citada sociedad.

"En el escrito contamos la verdad de las acusaciones de la Fiscalía y qué es lo que hay en las actuaciones", ha aseverado a Europa Press el letrado de quien fuera hombre de confianza de Gallardón. "Espero que con la mayor brevedad se sobresea [la causa de su cliente]", ha dicho.

Informe falso

En el escrito, se expone que los dirigentes del CYII, a la sazón, año 2004, "encargaron y manipularon el informe Cuatrecasas"informe Cuatrecasas, porque estaban pretendiendo crear "un perverso dosier, con finalidades de utilización política, y con ánimo y acción torticeras".

"Y no les importaba faltar a la verdad y a la probidad", agrega el texto. Además, critica que la Fiscalía vincula en su querella a su patrocinado "al Gobierno de la Comunidad presidido por el Sr. Ruiz Gallardón, al Consejo de Administración de CYII de 2001, .. con Don Ignacio González, Don Ildefonso de Miguel, Don Edmundo Rodríguez Sobrino".

"Con ello se crea una indebida apariencia de confabulación, connivencia. Llega a insinuarse que la creación de Canal Extensia, la adquisición de Inassa, solo se realizó para facilitar futuras actuaciones delictivas de otro equipo político", señala.

Al respecto, destaca que cuando se redactó la querella, y en los años 2001, 2002, 2003 y en los años sucesivos, era "un hecho público, notorio, y hasta mediático, el enfrentamiento radical entre los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II, en los años 2001, 2002 y hasta 2003, con los siguientes dirigentes políticos, que asumieron esas responsabilidades a partir del año 2003".

"Enfrentamiento radical que es y era públicamente conocido, y que hace incompatible la realidad, con el relato de la querella del Ministerio Público", apostilla.

El empresario Javier López Madrid, investigado en los casos Púnica y Lezo, negó este martes en el Congreso haber donado dinero al PP o haber mediado para que OHL, fundada por su suegro, Juan Miguel Villar Mir, de la que es consejero delegado, obtuviera contratos de la Comunidad de Madrid, informó Europa Press.

Así lo aseguró López Madrid ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, que le citó a comparecer porque, según la investigación, sus iniciales aparecen en la agenda en la que el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, recogía supuestas donaciones irregulares al partido que podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

Al ser preguntado por las "mordidas" que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, se repartían entre el PP, Granados y él mismo, López Madrid remarcó que ni ha "financiado" ni ha "donado nunca dinero al PP" y que las iniciales JLM que la Policía identifica con él, no son suyas.

"No puedo responder al mismo tiempo a dos iniciales distintas", dijo explicando que en la agenda consta por un lado JM y por otro JLM, "con la L colocada de manera un poco extraña". Además, reiteró que puede haber "cientos o miles de personas" cuyo nombre corresponda con esas iniciales.

Eso sí, admitió tener una relación de amistad, pero nunca comercial, con Granados, al que conoce "desde hace 30 años" cuando se dedicaba a la banca de inversión. Pero, según explicó, su relación perdió intensidad cuando Granados entró en política y no pudo hablar mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, no le pudo preguntar sobre el hecho de que tuviera un millón de euros en un altillo de casa de su suegros, algo que, comentó, le resulta extraño.

Tren de Navalcarnero

También reconoció conocer al empresario Adrián De la Joya, pero rebatió las declaraciones realizadas por él ante el juez, que enmarcó en su estrategia de defensa y que, en su opinión, "no se sostienen". De la Joya asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que López Madrid le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenía con él OHL por un negocio en África.

López Madrid negó que él ordenara el envío de ese dinero a De la Joya. "Yo no puedo autorizar facturas, no las veo, no entro en las oficinas", argumentó, remarcando que como miembro del Consejo de Administración él no era informado de los pagos de las facturas.

Asimismo, defendió que la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero "se hizo en transparencia" y que OHL fue la que sacó mejor puntuación en el concurso porque fue "la única que renunció al riesgo de trafico que tenía la Comunidad de Madrid".

Sin poder ejecutivo en OHL

En este contexto, negó que mediara para que OHL consiguiera éste u otros contratos de la Comunidad de Madrid, incidiendo en que sólo era consejero de OHL, pero no tenía poder ejecutivo y recalcando, además, que la empresa de su suegro "era adjudicatario por debajo de la media de las otras grandes constructores". "La realidad es muy tozuda, pero es así", apostilló.

De la misma manera, considera que el constructor David Marjaliza, al que se considera cerebro de la trama Púnica y que ha decidido colaborar con la Justicia, dice en el juzgado lo que le parece oportuno, aunque dejó claro que él aportó documentación para rebatir las acusaciones que el constructor vierte contra él y que salió "perdiendo" en sus negocios con el que fuera socio de Granados.

Relación con la Familia Real

El portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, formuló algunas preguntas sobre la relación del compareciente con la Familia Real. En concreto, le interrogó sobre el hecho de que la reina Letizia, le llamara "compi yogui" y sobre si el rey Felipe VI viajó en un yate de su propiedad.

López Madrid decidió no contestar a nada relacionado con este asunto tras preguntar al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, si tenía que responder a cuestiones ajenas a la supuesta financiación ilegal del PP. Quevedo le dijo que no tenía por qué, pero también reconoció el derecho de los comisionados a preguntar lo que estimen oportuno. Eso sí, pidió Guijarro que se atuviera a la cuestión.

La Fiscalía de Málaga ha solicitado este viernes que la causa por el ático en la localidad malagueña de Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se una al caso Lezo, en el que se investigan en la Audiencia Nacional presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que lleva el caso del ático, un escrito en el que considera que en este momento es procedente acordar la inhibición de esa causa a favor del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional.

En el procedimiento de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el ático a González y su mujer —ambos investigados—, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors y, ya en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

La Fiscalía se opuso el pasado año a la inhibición, al entender que había que esperar a lo que resultara de la investigación de ambos casos, y en este momento considera que "temporalmente" el caso Lezo se conecta con el año 2008, fecha que coincide con la adquisición por parte de Coast Investors de los inmuebles que se investigan en Estepona y con el contrato de arrendamiento de temporada sobre el inmueble, concertado con González y su esposa.

A lo largo de la investigación se han remitido comisiones rogatorias para obtener información patrimonial tanto de dicha sociedad, constituida en el estado norteamericano de Delaware, como de las titulares de la misma y de sus cuentas bancarias; pero el ministerio público entiende que "poco o nada" han aportado, además de que el error en la identificación de la nacionalidad de la empresa titular de Coast Investors también ha ralentizado el caso.

El ático fue registrado en noviembre pasado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras ordenarlo el juez del caso Lezo. Allí hallaron una cartera con tres billetes de 500 euros, un reloj Rolex de imitación, un disco duro de un ordenador, un pendrive y un teléfono móvil, que se hallaba en el cuarto de las hijas del exdirigente regional; además de que se llevaron el contrato entre Cavero y Coast Investors por el alquiler en 2008.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señaló en un informe incorporado a la causa de Estepona que se aprecian "suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos" del ático, apuntando que aunque "no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en 2008 y por tanto su ilicitud", sí se aprecia "falta de información".

El expresidente de la Comunidad de Madrid, su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fueron a declarar como investigados a los juzgados de Estepona en abril de 2016, al solicitarlo la Fiscalía, tras las comprobaciones relacionadas con las grabaciones de unas conversaciones aportadas a la causa, por las que ya habían declarado como testigos los excomisarios de Policía Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.

Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.

Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya consiguió hace una semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio programado para el día 21. En enero, había logrado un primer aplazamiento con la presentación de un certificado médico que la Guardia Civil considera el resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato judicial".

La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el empresario con su médico en lo que la defensa del investigado considera también una vulneración de derechos, en este caso a la intimidad.

A lo largo de  las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el letrado de Villar Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima diatriba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La actividad policial se consuma sin control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio "cuenta inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente". 

Providencia del juez

Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el 20 de marzo una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma cibernética (plataforma Icloud) a través de la cual acceden al sumario los abogados personados en Lezo no hay "ninguna conversación entre letrado-cliente". La providencia especifica que un informe de la Guardia Civil que "por error" se incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud "exclusivamente durante un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada de uno de los altos directivos de OHL investigados en Lezo.

Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas y lo que de ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el destino del dinero (1,7 millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró OHL desde México a una cuenta abierta en el Anglo Irish Banck de Suiza por la compañía panameña Lauryn Group.

El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya un año confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le pidió que enviase el grueso del dinero  (1,4 millones de los 1,7 transferidos) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.  Los investigadores mantienen que ese pago, que al parecer nunca llegó a Ignacio González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo autonómico de adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial de 362 millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes de que OHL hiciera desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto ferroviario acabó siendo ruinoso.

Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García Castellón han negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a Lauryn Group ocultase un soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar Mir- del pago de servicios prestados al grupo por Adrián de la Joya.

Los expresidentes regionales Ignacio González y Esperanza Aguirre están llamados a comparecer el 23 de marzo en la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones y tratar la construcción del campo de golf en Chamberí.

Según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press, el pasado 9 de marzo la Mesa de la Comisión se reunió y decidieron llamar a comparecer para el próximo 23 de marzo a González, Aguirre, el exdirector gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía.

Los cuatro están citados en la comisión sobre las supuestas irregularidades en la construcción y gestión del campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, una pieza separada que investiga el juez instructor del caso de corrupción Lezo.

El pasado viernes y en este órgano comparecieron el exdirector gerente del Canal hasta 2016, Adrián Martín, y dos de los socios adjudicatarios de la gestión del campo de golf de Chamberí, que se negaron a declarar en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid, mientras que el subdirector de Programas sí ha tomado la palabra pero ha dicho que se dedicaba "solo a los números".

"Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo bolivariano". Así comienza la carta que José Antonio Clemente, testaferro del clan familiar de Ignacio González en el pelotazo del campo de golf del Canal de Isabel II a través de la empresa Tecnoconcret, envió el 29 de agosto de 2012 a un alto cargo del Gobierno venezolano y a la que infoLibre ha tenido acceso. Dirigida a la entonces recién nombrada presidenta del Fonep, el ente público encargado de la construcción y mantenimiento de las cárceles de Venezuela, la misiva y sus documentos adjuntos revelan la magnitud de los negocios que durante años mantuvo Tecnoconcret con el Ejecutivo de Hugo Chávez. La empresa, escribió Clemente, venezolano de nacimiento, en su presentación de 2012 ante la responsable del Fonep, Adrilu Álvarez, "ha estado presente en Venezuela apoyando el proceso bolivariano".

A 7.000 kilómetros de distancia, ya hacía dos años que Ignacio González se había sumado a las críticas del PP al régimen venezolano con una diatriba contra Zapatero por echar a España "en brazos de dictadores iluminados" como Chávez. Entonces no existía Podemos. Pero tras su nacimiento y su consolidación electoral, el dirigente conservador, ahora en libertad bajo fianza por presunta corrupción a gran escala, tampoco dudó en acusar a la formación de Pablo Iglesias. Podemos, dijo en octubre de 2016, auspicia "medidas que hacen insostenible el Estado de bienestar, algo que hace imposible recuperar el empleo y tener condiciones laborales dignas, me refiero a Venezuela o a Cuba".

Participada por el hermano y el cuñado de Ignacio González –Pablo González y José Juan Caballero– y siempre de la mano de la también española Auditel, Tecnoconcret había logrado del Gobierno de Caracas en 2007 la adjudicación del sistema de seguridad para los nueve estadios de la Copa América Venezuela. Mientras en España el PP enfilaba el final de aquel ejercicio aplaudiendo a Juan Carlos I por su célebre exhortación a Hugo Chávez –"¿Por qué no te callas?"–, el tándem Auditel-Tecnoconcret, donde los familiares directos del entonces delfín de Esperanza Aguirre ocupaban un lugar clave, computaba 15,5 millones de dólares solo por el citado proyecto de seguridad deportiva. La web de Auditel incluye la Copa América Venezuela de 2007 en su panel de referencias aunque sin mención alguna a la alianza con la empresa de la familia González.

La carta de Clemente a la venezolana Adrilu Álvarez habla de otro gran proyecto ya realizado pero del que no ofrece detalles ni cifras: "Hemos estado varios años asesorando a Fonep para la terminación y puesta a punto del sistema de seguridad de [la prisión de] Coro (...) y posteriormente elaboramos para dicho organismo el proyecto de seguridad integral para la cárcel de Lara".

Conseguidores de contratos públicos

Para cuando Clemente escribió en 2012 a la presidenta del Fonep venezolano, la relación entre Auditel y Tecnoconcret no había dejado de estrecharse dentro y fuera de España. Como ya desveló este diario, Auditel ya había contratado como conseguidor de contratos públicos a Pablo González en 2002, mientras su hermano Ignacio ostentaba una de las Secretarías de Estado –Delegado de Extranjería– de Interior con Ángel Acebes como ministro.

Una década más tarde, la mercantil suscribió en 2014 otro contrato de casi idénticas características con José Juan Caballero, cuñado del expresidente madrileño y marido de la diputada autonómica madrileña Isabel González: y a los tres meses obtuvo un contrato multimillonario del Metro de Madrid.

En 2007, y en un correo electrónico dirigido al administrador de Auditel, José Juan Caballero ya había hecho constar la decisión del trío de articular su colaboración con esa firma de ingeniería a través de Tecnoconcret. ¿Para qué? "Para evitar que se nos relacionara a Pablo y a mí con determinadas operaciones", expuso Caballero en su email. Es decir, para interponer una pantalla que dejase fuera de la vista al hermano y al cuñado del entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González.

Adicionalmente y a tenor de la información que según fuentes conocedoras del caso Lezo se ha incorporado a las actuaciones, Auditel suscribió al menos dos "acuerdos de colaboración" con Tecnoconcret como empresa: uno en 2007 y otro en 2012.

Sobornos a altos cargos de Venezuela

Las conversaciones grabadas a Ignacio González ya destaparon hace casi un año que su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa cuando estalló la Operación Lezo, había participado en sobornos a altos cargos de Venezuela. Pero seguía siendo una incógnita a qué se refería exactamente Pablo González cuando en aquella conversación grabada el 24 de noviembre de 2016 y en alusión a lo que debería hacer Mercasa para medrar en otros países pronunció las siguientes palabras: "Tú vas al Gobierno, como nosotros hacíamos en Venezuela, dime con quién hacemos esto y te dice con la constructora "zutanito" y te vas a la constructora "zutanito" y le dices mira, el precio entendemos que es este, le vas a cargar un 10% más porque habrá que pagar a tal. Y le pagas".

Ahora, los documentos incautados durante los registros policiales de Lezo confirman que la relación con el Gobierno venezolano fue sostenida y de gran importancia económica. Además de la adjudicación de la seguridad para los estadios de la Copa América de 2007, Auditel y Tecnoconcret recibieron en 2009 del Ministerio del Poder Popular para el Deporte un contrato de suministro de "nueve canchas multideporte TCT Antivandálicas y 90 máquinas biosaludables".

Al año siguiente, el comité organizador de softbol femenino Caracas 2010 le encomendó el "suministro e instalación de césped artificial" para dos estadios así como el equipamiento de gradas y tribunas. Esa adjudicación reportó a Tecnoconcret-Auditel 1,5 millones de euros según el certificado adjunto a una carta de reconocimiento firmada por quien dos años antes había ascendido como jefa de la cartera de Deportes, la "gran amiga" –eso dice un email interno– del "grupo" Victoria Mata. En el Mundial de Softbol Femenino 2010, la colaboración de Tecnoconcret fue "invalorable", escribió la ministra de Deportes el 1 de junio de ese año, ya a punto de cesar como ministra.

Auditel, firma de ingeniería a cuyo accionariado pretendían incorporarse Ignacio González y su círculo más próximo cuando el estallido de la Operación Lezo dio al traste con sus planes, ya fichó en 2002 como conseguidor de contratos públicos al hermano del político madrileño, entonces secretario de Estado para Inmigración en el Gobierno de José María Aznar. Doce años después, y tras una sólida y sostenida relación comercial con el clan, Auditel fichó en 2014 a un segundo conseguidor de la familia, también con el objetivo expreso de hacerse con contratos públicos: José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, que ya en ese momento presidía el Gobierno de Madrid.

Fechado el 1 de noviembre de 2002, el acuerdo de Auditel con Pablo González, al que ha tenido acceso infoLibre, no admite dudas sobre para qué quería esa empresa tenerlo como "colaborador" a cambio de 2.000 euros mensuales y una comisión del 5% del beneficio neto derivado de cada contrato obtenido: "La comercialización de los productos y servicios de Auditel en el sector de Gobierno, esto es, Gobierno central, Gobiernos autónomos y Corporaciones Locales" con la excepción del Ministerio de Defensa. Pablo González debía identificar "los centros de decisión y de contratación (no siempre coincidentes)".

El contrato quedó oficialmente cancelado al mes y medio, exactamente el 12 de diciembre de aquel año y por "razones personales" de Pablo González. Según una captura efectuada este jueves de su perfil en la red social Linkedin, el hermano del hoy expresidente madrileño desempeñó entre enero de 2001 y abril de 2005 el puesto de director de inversiones de la empresa pública ahora denominada Sepides. Es decir, cuando Pablo González suscribió el contrato de conseguidor con Auditel, él mismo ya ocupaba un alto cargo.

Auditel, y así lo publicita su web oficial, ha obtenido múltiples contratos públicos en los últimos años. Entre ellos, uno de 9,5 millones del Metro con el que se alzó en julio de 2014, tres meses después de haber contratado a José Juan Caballero, y que finalmente anuló un tribunal administrativo de la propia Comunidad de Madrid por el cúmulo de irregularidades detectadas. Y otro para la videovigilancia de Mercamadrid, empresa pública a cuyo consejo de administración perteneció Pablo González hasta enero de 2015 y a la que permaneció conectado hasta su arresto como director de operaciones y estrategia de Mercasa.

Pese a la ruptura formal de aquel contrato "secreto", el vínculo de Auditel con el clan González nunca se deshizo. De hecho, fue en aumento la intensidad y la frecuencia de su relación mercantil con Tecnoconcret, la compañía de que se valió la familia del histórico delfín de Esperanza Aguirre para dar un pelotazo con el campo de golf promovido por el Canal de Isabel II en 2006 bajo la batuta de quien en ese momento presidía la empresa de aguas de Madrid: el propio Ignacio González, que a su vez era vicepresidente en el Ejecutivo regional.

Tecnoconcret, la pantalla para el hermano y el cuñado

Este diario intentó recabar la versión de Auditel la semana pasada, pero no obtuvo respuesta. Parte de la abundantísima documentación que, incorporada al sumario de Lezo, acredita la simbiosis comercial entre los González y Auditel fue localizada por la Guardia Civil en la sede de la compañía durante los registros de abril de 2017.

El paquete de documentos relativos a la conexión entre Auditel y la familia González, bien mediante los contratos con Pablo González o José Juan Caballero, bien a través de acuerdos de asociación con Tecnoconcret, incluye un email de contenido inequívoco. Enviado el 5 de septiembre de 2007 por José Juan Caballero a Juan Luis Gutiérrez, administrador único de Auditel hasta 2015 y con dos palabras en la casilla reservada al asunto –"Contratos colaboración"–, el texto arranca así: "Contrato Auditel Tecnoconcret. Con este acuerdo se cubre la actividad comercial normal que se inició con Pablo y continuó con Proyectos Ecosistemas [empresa del propio Caballero]. La razón de ello es que, al incorporarse Josete [José Antonio Clemente, figura clave en el pelotazo del campo de golf del Canal] a nuestra actividad conjunta, decidimos que esta fuera mejor a través de Tecnoconcret para evitar que se nos relacionara a Pablo y a mí con determinadas operaciones". Y prosigue de este modo: "Por lo tanto, este acuerdo debe cubrir el 3% de comisión por las operaciones en que nos veamos involucrados Pablo y yo fundamentalmente". Al acudir a esa argumentación, es el propio cuñado de González, casado con la diputada autonómica del PP Isabel González, el que retrata Tecnoconcret como una auténtica empresa pantalla en sentido literal.

En la fecha en que Caballero remitió ese correo al máximo responsable de Auditel, el hermano de Ignacio González no poseía oficialmente títulos de Tecnoconcret. Pero, como ya informó este diario, el antiguo contable de la empresa terminó desvelando ante el juez de Lezo que ya a finales de 2006, cuando él mismo comenzó a trabajar para la mercantil y cuando el Canal de Isabel II adjudicó el campo de golf a una UTE en la que participaba Tecnoconcret, Pablo González ya actuaba como un socio más. "Los tres eran mis jefes", declaró en alusión directa a José Antonio Clemente, José Juan Caballero y Pablo González. Como coartada para justificar la adjudicación del campo de golf a la UTE de Tecnoconcret, el expresidente madrileño siempre ha sostenido que su hermano no se incorporó al accionariado de esa mercantil hasta 2008. 

El periodista José María García ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se refiriera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir cuando habló de que un constructor le reveló presuntas comisiones ilegales a cambio de obra pública. Tampoco ha revelado el nombre del empresario.

En declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, García ha confirmado que mantuvo "una conversación hace años con un alto empresario de la construcción que había tenido cargos políticos importantes".

"No he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir fue de Jordi Évole", ha dicho en alusión al director del programa Salvados en el que hizo esas afirmaciones.

Durante el programa, el periodista deportivo insinuó que "un empresario importantísimo" le confesó que "pasaba por caja para hacer obra pública" porque tenía "un empresa de más de 30.000 obreros" y que si no obtenía adjudicaciones no podía "sobrevivir".

"¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor?", preguntó Évole a García, a lo que éste contestó: "Sí, claro, era un constructor, importante y poderosísimo, con cargos políticos, que había sido ministro...". A la pregunta de Évole de si el nombre de ese empresario empezaba por Villar y acababa por Mir, García contestó: "Empieza por V y acaba por R".

Tras declarar ante el juez durante una media hora, que le ha citado esta tarde como testigo en el marco de la pieza 3 del caso Lezo, que investiga el supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González para la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero, García ha reiterado que "en absoluto" se refería a Villar Mir cuando contó la conversación con el empresario.

"Ninguna prueba"

"Es una deducción de Jordi Évole. Si tuviese la constancia de que era el señor Villar Mir, no vendría aquí a decir que no era el señor Villar Mir. Yo no tengo ninguna prueba de que sea el señor Villar Mir", ha subrayado.

A la pregunta de si no se planteó denunciar lo que le había contado ese constructor, el periodista ha contestado que no porque "no tenía ninguna prueba". "Pienso que todo lo que podamos colaborar, pero fehacientemente, para limpiar un poco este país, lo debemos de hacer en la medida de nuestras posibilidades", ha apuntado.

García, que se ha mostrado sorprendido de haber sido citado en la Audiencia Nacional menos de un día después de la emisión del programa, ha añadido que él no era más conocedor de que se estuviesen pagando comisiones ilegales a cambio de obra pública más allá de lo que "conoce todo el mundo".

Sobre la imputación de Villar Mir en tres casos de corrupción —Púnica y Lezo en Madrid y Son Espases en Palma—, el periodista deportivo se ha limitado a señalar: "Vamos a ver cómo se desarrollan esas causas".