Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad", según informa EFE. Ninguno de los tres políticos ocupaba ya escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El TJUE señaló que el Parlamento Europeo, en su propio reglamento, ha establecido que "para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad (...), no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina". Ello es así porque "las potenciales afinidades entre ellos podrían suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad del ponente". 

Y siguiendo esta misma lógica, "en aras de la coherencia" los jueces subrayaron que "el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina". 

Después de que el Tribunal Supremo español solicitara el suplicatorio para Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Eurocámara designó al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki como ponente del caso, perteneciente al grupo ECR del que en la anterior legislatura formaban parte C's y Vox, partido que está personado en la causa del procés. 

"Ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración", apuntó la sentencia. 

El TJUE se ha pronunciado este jueves contra el recurso que Puigdemont, Comín y Ponsatí interpusieron contra la sentencia del Tribunal General de la UE, que en una sentencia previa en 2023 avaló la suspensión de su inmunidad, por lo que el fallo de hoy también anula esa decisión. 

"El Tribunal General incurrió en error al declarar que el hecho de que el ponente designado para instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados en cuestión perteneciera al mismo grupo político que los miembros del partido político Vox, que promovió el proceso penal contra esos diputados, era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente", señaló el TJUE. 

Los jueces subrayaron también que el TGUE "pasó por alto un elemento especialmente pertinente par ala exigencia de imparcialidad", el hecho de que el 6 de marzo de 2019, Dzhambazki organizase un evento en el que participó el secretario general de Vox con el tema "Cataluña es España". 

"En aquel momento el partido Vox ya había entablado el proceso penal de que se trata. Por tanto, la organización de ese evento era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los diputados", apuntaron este jueves los jueces.

Una portavoz del Parlamento Europeo consultada por EFE señaló que están analizando la sentencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional, a partir de una ponencia de la magistrada progresista Laura Diez, es no desautorizar la actuación del juez Llarena y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo. 

Pero, además, no atiende el principal argumento del expresident al dejar claro que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión. Recordaba, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, entendía que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

La pugna entre Esquerra Republicana y Junts se recrudece cada día más. ¿Quién se puede arrogar más logros en Madrid para Cataluña? Con la Generalitat en manos de Salvador Illa (PSC), el independentismo tiene de manera paradójica como principal tablero político el Congreso. Y la nueva financiación autonómica se ha convertido en un elemento clave para el futuro político de las dos formaciones.

El nuevo sistema ideado por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pasa este miércoles por la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP, que tiene en sus manos la mayoría de gobiernos regionales, no piensa apoyarlo cuando llegue al Congreso (todavía el proyecto de ley no ha sido acordado en el Consejo de Ministros). Por lo que todas las miradas están puesta en Junts de cara a esa futura negociación en las Cortes.

El sistema de financiación nace marcado políticamente por el acuerdo entre los socialistas y ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña. Entonces, los republicanos para dar su apoyo al líder del PSC vendieron la creación de un concierto económico al estilo del País Vasco.

En el documento que suscribieron las dos formaciones se recogía el impulso de “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes”.

El acuerdo que alcanzaron Oriol Junqueras, líder de ERC, y el presidente, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la semana pasada supone un aumento de financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, además de contemplar, al igual que el resto de autonomías, el aumento de la cesión de la recaudación del IRPF y del IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente.

Y uno de los aspectos más polémicos es que el sistema “tiende a la ordinalidad”, como señaló Montero, por lo que Cataluña será la tercera que más recibe por habitante al ser la tercera que más aporta en global. Pero eso no sucede igual en todas las autonomías, debido a los ajustes del modelo, por lo que Madrid no será la primera por habitante a pesar de ocupar ese puesto a nivel general.

Pero la llamada financiación singular para Cataluña dista mucho de ser un sistema como el cupo vasco, algo que está sirviendo a Junts para marcar distancias con ERC y amortiguar su pacto con el Gobierno. En realidad, se trata de una renovación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) y no implica, como pretende desde hace años el independentismo, la recaudación total de los impuestos por parte de una Hacienda catalana.

Junts en estos momentos se posiciona en contra del sistema precisamente por considerar que se trata de “café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”. Su apuesta sigue siendo un concierto económico y que la comunidad salga del paraguas de la ley de régimen común. Pero, sobre todo, está utilizando políticamente el asunto para desgastar a Esquerra, en un momento en el que los posconvergentes necesitan marcar terreno por la subida en las encuestas de Aliança Catalana.

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, hacía estas reflexiones al hilo del acuerdo entre Junqueras y Sánchez: “No entendemos por qué ERC, que siempre ha votado a favor del concierto económico. ha llegado a un acuerdo tan débil y que mantiene a Cataluña en el café para todos”. “Negociar un nuevo modelo de financiación sin las balanzas fiscales es un fraude”, reflexionaba. 

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha sido muy crítica con el plan acordado por el Gobierno y ERC: “El modelo de financiación dice que Madrid gestiona el dinero de los catalanes: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o incluso Abascal. Nosotros no queremos eso”. No obstante, Puigdemont todavía no se ha pronunciado específicamente.

En Esquerra son conscientes del intento de Junts de rebajar de todas las maneras por el acuerdo. El que ha hablado de manera más clara ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha expresado durante estos días:  “Ante cualquier acuerdo de ERC siempre lo mismo. La derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto. PP, VOX y Junts con diferentes banderas pero la misma soberbia”.

Por eso, ha pedido: “Si quieren votar en contra, que lo hagan. pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y, sobre todo, Junts”.

Asimismo, Junqueras está tratando de presionar al propio Carles Pugidemont, al que ha pedido una cita en Bruselas para hablar del nuevo modelo. Los posconvergentes están muy molestos con que el líder de ERC hiciera pública en una entrevista este lunes esa reclamación.

A juicio del portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, esta petición "llega tarde", reduciéndola a un "tanteo vía mensaje privado". "Lamentamos que haya trascendido al ámbito público este mensaje, una petición de reunión que era privada y que no tenía ni motivos ni concretaba ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde, esto tendría que haber ocurrido antes de la reunión y la foto en Moncloa", señaló al hilo.

Y también Juns se ha lanzado contra el nacimiento de la empresa mixta que gestionará Rodalies, cuya firma se realizó entre Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta es otra de las exigencias que puso ERC a los socialistas en las negociaciones tanto de la investidura del presidente catalán como de Sánchez. Al acto de rúbrica de este lunes acudió Ester Capella, exconsellera de Territori y una de las figuras de ERC más próximas a Junqueras. 

Los posconvergentes han desacreditado por completo esta iniciativa: "La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa”.

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", lanzaron desde el partido posconvergente.

En mitad de esta pugna entre las fuerzas catalanas, en La Moncloa tratan de evitar enfrentamientos. Y no quieren poner presión sobre Junts de manera pública en un momento en el que las relaciones están rotas por parte de los de Puidgemont. Pero los socialistas creen que los posconvergentes pueden terminar apoyando tanto el sistema de financiación como la quita de la deuda (que fue aprobada en el último Consejo de Ministros de diciembre y ya pasa a tramitación parlamentaria) porque suponen miles de millones de para Cataluña y es muy difícil de justificar socialmente. 

La oferta de Pedro Sánchez a Junts no ha servido de nada por el momento. "Estamos donde estábamos", ha sido la respuesta que ha dado la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, después de que el jefe del Ejecutivo haya dado un giro en su discurso y haya puesto en marcha un paquete de medidas para atraer de nuevo a Carles Puigdemont al bloque de investidura,

Junts no contestó oficialmente al presidente del Gobierno hasta este miércoles por la mañana: "Que nadie se confunda. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir".

La portavoz de Junts ha enfatizado en una rueda de prensa en Barcelona: “La relación entre ellos y nosotros está cerrada, no hay negociación y no va a haber negociaciones”.

No obstante, sí ha reconocido que el presidente haya admitido "incumplimientos" sobre el acuerdo de Bruselas entre los dos partidos para la investidura de Sánchez. El jefe del Ejecutivo cambió, en sendas entrevistas este martes en Rac1 y La 2 Cat, su discurso, ya que hasta ahora había dicho que el Gobierno había hecho todo lo posible y que los acuerdos no se materializaban por actores externos: Congreso (traspaso de migración) y UE (cooficialidad del catalán en las instituciones europeas).

Respecto al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para flexibilizar el gasto de ayuntamientos como exigía Junts, Nogueras ha remarcado: “Demuestra que no querían cumplir, no que no pudieran, lo de ayer es parte de lo que se debería haber aprobado hace tiempo”.

Para Nogueras, el PSOE ha incumplido "la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura: "Cuando nosotros rompemos, rompemos". En este sentido, ha analizado que el Gobierno no tiene margen para aprobar los presupuestos, como se evidenció con el 'no' a la nueva senda de déficit la semana pasada por parte del Congreso. Para ella, el Ejecutivo está en una situación de "debilidad política".

"La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta", ha apostillado Nogueras, que ha insistido en que sólo aprobarán aquello que sea bueno para Cataluña: "Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea"

Fue el acuerdo de Bruselas firmado entre PSOE y Junts el que propició que la España plurinacional cristalizara con un gobierno en el que todos los partidos, salvo PP y Vox, se situaron dentro del hemiciclo en 2023. Todos dentro y a funcionar. El acuerdo abrió la puerta a un escenario político que ha escaseado en la historia contemporánea de España. Como apuntaba Enric Juliana hace dos años, todos los partidos, fuerzas y corrientes estaban dentro del juego institucional, sin un pie en el exilio, en el extrañamiento o en el boicot. A partir de entonces, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento español fueron plenamente operativas para participar en la legislación del país, mediante coaliciones, pactos, alianzas o acuerdos puntuales. 

Dos años después, el presidente del Gobierno vive su mayor crisis política, asediado por el Napoleón del Poder Judicial, amenazado por dos ex-secretarios de Organización y un confidente de  la Guardia Civil, en mitad de una legislatura bloqueada por Junts. Con este horizonte, ha entendido el Gobierno acertadamente que ha llegado el momento de dar un golpe de efecto. Y ese golpe ha sido la entrevista del Presidente Sánchez con Gemma Nierga, una entrevista ciertamente clarificadora, previa a un Consejo de Ministros, algo inusual que, entre sus virtudes, resitúa la crisis política del Ejecutivo en el contexto de la ley de Amnistía, da relieve al momento con Junts y difumina el ruido que se emite desde el templo de Debod.  

La entrevista con Nierga este martes ha sido, ante todo, un ejercicio de expiación. Pedro Sánchez ha reconocido que en estos dos años no ha cumplido con todos sus compromisos con Junts. Vivimos un momento antipolítico y los contactos con los de Carles Puigdemont están rotos debido a los incumplimientos, pero no es menos cierto que esos puentes se pueden reconstruir porque lo único real, querido y  desocupado lector, de este tiempo singular es que el eje sobre el que rueda la actual legislatura sigue siendo el mismo que cuando salió adelante la investidura: la amnistía reconocida por la España  plurinacional que los situaba a todos dentro de la Corte de los Leones. 

Todos dentro y a funcionar. Tras hablar con los de Junts, Pedro Sánchez ha querido dar un impulso a la legislatura anunciando tres medidas acordadas con Miriam Nogueras y Jordi Turull en 2023.  Tres compromisos menores que buscan ofrecer un gesto de reconciliación: facilitar la inversión de  ayuntamientos y diputaciones de un modo más sostenible, mejorar la financiación de las empresas catalanas en el proceso de transición digital y, finalmente, respaldar a los propietarios que sufran los impagos de los inquilinos jóvenes o de las familias en situación vulnerable, algo que no caerá muy bien en el saco de Podemos. Finalmente, Sánchez y Nierga han mencionado la posibilidad de ver publicados los balances fiscales de las comunidades autónomas aunque, de momento, esos balances  no están incluidos en el paquete del perdón.  

Tras todo esto, conviene no perder de vista que el efecto del golpe negociado con Junts se iba disipando a medida que iba anunciando medidas. Concluyó la entrevista de Nierga con una desabrida sensación de insatisfacción. Sigue siendo necesario, pues, que suceda algo más. Hacer  que pase. Ese ha sido un lema en los siete años de gobierno de Sánchez. Hacer que pase hoy es hacer que Sánchez anuncie su reunión en Madrid con Carles Puigdemont. Hacer que suceda ese  encuentro en Madrid y no en Waterloo porque de ese modo habrá significado que la Ley de Amnistía se ejecuta de forma plena y con todas las garantías en toda España, sin temor a ninguna argucia del Napoleón del Poder Judicial. A Sánchez le ha faltado informarle a Gemma Nierga de que a  Puigdemont le esperaba un vuelo en Waterloo media hora después de la entrevista. Este país, no sólo Sánchez, no puede seguir esquivando al presidente de Junts como a un leproso. El mejor golpe  de efecto del Gobierno en este Campo de Agramante es conseguir que Puigdemont aterrice en El Prat y entone de una santa vez el Ya sóc aquí. 

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pide que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme, según informa EFE.

En un escrito dirigido al Pleno del TC al que ha tenido acceso EFE, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del Abogado General sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.

Recuerda, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, la defensa del expresidente catalán argumenta que el pronunciamiento del Abogado General, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

Advierte de que la ejecución de las órdenes de detención produciría "un perjuicio irreparable" y afectaría "de modo irreversible a la libertad personal, a la participación política del recurrente, al ejercicio de su mandato representativo y a su libertad de circulación".

En este sentido, señala que una eventual sentencia estimatoria no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional.

Detalla que durante años, Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la Ley de Amnistía y confirmada tanto por este Tribunal como por el estándar europeo. 

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

Por tanto, señala que la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente. 

Por todo ello, pide "la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión" y que se mantenga hasta que este Tribunal dicte sentencia firme, así como la comunicación inmediata de la suspensión a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado este viernes optimista para aprobar mediante el diálogo con Junts más iniciativas después de que la abstención de los nacionalistas permitiera este miércoles al Gobierno salvar una importante votación sobre la fecha de cierre de las nucleares.

La decisión de los catalanes no fue una sorpresa para el grupo socialista, ha asegurado López en una entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha señalado que sus "cálculos decían que podía pasar lo que pasó".

En su opinión, se debe tener cuidado con los "órdagos" en política porque luego hay que posicionarse sobre asuntos que "están encima de la mesa, no en el vacío", como el decreto para desarrollar la ley ELA que llega la semana que viene al Congreso u otras propuestas que mejoran la vida de los ciudadanos, incluidos los catalanes.

Entonces "¿van a votar en contra o se abrirán al diálogo?", ha preguntado el dirigente socialista, quien ha vuelto a ofrecer la "mano tendida" a Junts y ha asegurado que van a seguir hablando con ellos.

"En ese diálogo y esa negociación vamos sacando las cosas adelante y vamos a seguir haciéndolo así", ha insistido López, convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura.

Preguntado si al entendimiento con Junts contribuirá el aval del abogado general de la UE a la ley de amnistía, ha destacado que el informe respalda la tesis del Gobierno sobre que la polémica norma ha ayudado a la reconciliación en Cataluña.

Y sobre si allana el camino para aplicar la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont, ha contestado que no sabe para añadir acto seguido que "quita una piedra del camino para ese recorrido y ese cumplimiento".

Pese a lo sucedido el jueves, el diputado de Junts Josep Pagès ha reclamado al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque la mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y el Ejecutivo ha perdido la capacidad de gobernar. 

Así se lo ha dicho el diputado de Junts al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso a la que el ministro ha acudido a presentar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

El diputado de Junts ha recordado que su formación decidió hace unas semanas dar por finalizado el acuerdo del gobierno con el PSOE. "El acuerdo que teníamos con el PSOE ya no existe, lo han roto ustedes con sus incumplimientos".

Pagès ha subrayado, en consecuencia, que esta mayoría parlamentaria y de gobierno "ya no existen" y "a pesar de que el Gobierno sigue adelante, ha perdido la capacidad de impulso político, por ejemplo, mediante la aprobación de leyes".

"Ustedes pueden ocupar el Gobierno, lo que no pueden hacer es gobernar", le ha espetado, para después instar al Gobierno a acudir "a la fuente de la legitimidad democrática, devolver la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo".

En este sentido, ha recordado que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración, de legitimidad en el sistema parlamentario. 

El diputado ha reprochado a Bolaños que "ante este hecho traumático" que supone la ruptura con Junts, esté de lleno en la fase de negación, la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad". 

En cuanto a la reforma del Ministerio Fiscal, ha reprochado que se impulse justo en medio del juicio al fiscal general del Estado. "Nos parece que es difícil justificar cómo se puede pretender una reforma histórica con un fiscal encausado y con la Fiscalía cuestionada", ha dicho.

Y ha denunciado que lo que el Gobierno pretende no es la mayor transformación, "sino la mayor adquisición, es la mayor apropiación de la justicia en décadas".

“No sabemos por dónde respiran cada minuto”. Esta sensación la expresa un dirigente del núcleo duro de Pedro Sánchez. Junts juega al misterio continuamente. Rompe y no rompe. Ata y deshace. Los de Carles Puigdemont se han instalado, a pesar del anuncio oficial de separación con el PSOE, en una eterna contradicción envuelta siempre en un tono muy alto.

Y esa contradicción se ha evidenciado de manera exponencial durante las últimas horas. A lo largo de la maratoniana comparecencia de Sánchez en el Congreso del miércoles, la portavoz de la formación catalana, Míriam Nogueras, llegó a llamar “hipócrita y cínico” al también secretario general del PSOE. Con esta contundente expresión de adiós: “S’ha acabat”.

Todo ello presagiaba un jueves negro para el Gobierno en el Congreso, donde tenía varias leyes clave negociadas durante estos meses. Con el fondo de una legislatura supuestamente bloqueada por los de Carles Puigdemont. El termómetro estaba puesto en una enmienda a la ley de movilidad sostenible que había incluido el Partido Popular en el Senado para eliminar el calendario del cierre de las centrales nucleares. Los posconvergentes guardaron silencio durante días, creando la expectativa de que arrearían un golpe a La Moncloa uniendo sus votos a los populares y Vox.

Esta enmienda tenía un alto nivel simbólico, a pesar de que el Ejecutivo rebajaba su potencialidad a la hora de parar el cierre de las nucleares. Y es que el Gobierno de coalición ha hecho de las energías verdes y de la transición ecológica una de sus grandes banderas frente al redoble del apoyo de las derechas a las nucleares. Pero la pantalla del Congreso el jueves reflejó una victoria por la mínima del bloque progresista frente al PP y Vox gracias a la abstención final de los de Carles Puigdemont.

Todo ello en un clima de máxima tensión, que hizo que hasta el presidente del Gobierno se trasladara al Palacio de la Carrera de San Jerónimo porque cada voto era vital para luchar por las nuevas leyes. Además, los de Puigdemont dieron su respaldo a la ley de atención a la clientela, pilotada por el ministro Pablo Bustinduy y que incluye la obligación de atención telefónica a clientes en catalán por parte de las grandes empresas.

Esto supuso un fuerte alivio para el Gobierno que tiene sobre sus espaldas constantemente la nube de bloqueo de nuevas leyes por parte de los de Puigdemont. Esta situación ha provocado que en el Ejecutivo sigan pensando que pueden tirar hacia adelante a pesar de que está muy en entredicho la estabilidad parlamentaria. En el entorno de Sánchez plantean este análisis: “No debemos hacer lectura de ruptura o no. Habrá cosas que saquemos adelante y cosas que no. Esto nos alegra mucho, la política debería ser así, votar lo que tú crees. Estamos contentos. Han decidido que no quieren negociar, pero tienen representación en la Cámara y la han ejercido”.

“En la última semana hemos hecho pedagogía de que el Parlamento es complejo para todos. Te posicionas con cada tema. Es una partida que hay que jugar, no es Juego de tronos”, reflexionan fuentes gubernamentales.

Desde Junts rebajan totalmente esa sensación del Gobierno y señalan que esto no se trata solo de una enmienda: “El problema no se soluciona así”. Y repiten esa idea constantemente: “Si un Gobierno celebra que una enmienda no se aprueba, el problema es más gordo de lo que esconden”. Insisten los posconvergentes en que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio” y creen que el Ejecutivo no ha captado bien su mensaje de ruptura.

En el Gobierno trasladan que sí han interiorizado el mensaje de Junts pero que ellos van a apostar por la fórmula del diálogo. El presidente del Gobierno fue muy franco el miércoles en su réplica a Míriam Nogueras, a quien dijo: “Mi grupo necesita sus votos, como los de otras formaciones. Pero su grupo necesita nuestros votos, también los necesita”. Lanzando esta pregunta: “¿O va a negociar con quien desprecia la identidad de Cataluña y quiere acabar con su autogobierno?”.

Junts anunció la semana pasada de forma solemne su bloqueo de la legislatura, pero, a la vez, no quiere poner fin de manera inmediata. De hecho, constantemente rechaza la posibilidad de unirse al PP y a Vox para formular una moción de censura que podría tumbar en unos días al Gobierno central. 

Y esas contradicciones también están aflorando en discrepancias internas, ya que algunos sectores posconvergentes entienden que se deberían conservar puentes con el Gobierno para sacar adelante los presupuestos con fuertes partidas impuestas por Junts. Esas reflexiones están llegando a través de algunos de los alcaldes independentistas más señalados como Jordi Masquef (Figueres) y Rafa Navarro (Premià de Mar).

Otra de las grandes dudas que surge dentro del partido es hasta qué punto sale rentable a Junts alejarse de Pedro Sánchez y perder influencia a la hora de la toma de decisiones. Esto es especialmente relevante por parte del empresariado catalán, que siempre ha utilizado históricamente al espacio de CiU como brazo ejecutor en las políticas en Madrid.

Y otra de las grandes contradicciones que lleva a Junts a navegar por este proceloso océano es el miedo al ascenso de Aliança Catalana, pero también el efecto que puede tener en el electorado catalán el hecho de que Puigdemont pudiera permitir un Gobierno en La Moncloa con Alberto Núñez Feijóo de presidente del Gobierno y con Santiago Abascal de vicepresidente, en tanto que las encuestas dan que los votantes de Junts respaldan a Pedro Sánchez como su opción favorita para estar al frente del Ejecutivo. El soberanismo catalán, en plena contradicción.

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann consideró este jueves que la directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía española, ya que esta "meramente" supone desactivar "parcial y temporalmente" los efectos de la norma europea y no afecta a cómo se aplica la directiva de forma general, según informa EFE.

Spielmann ha defendido que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

El abogado general también ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.

Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que publicó hoy.

En sus conclusiones publicadas este jueves, el letrado asegura que "nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía" y argumenta que se trata del "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario, y que "su aplicación no se sustrae al control judicial".

"La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente", señala el abogado en sus conclusiones.

Para Spielmann, la amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

En la vista de la causa que se celebró en el TJUE el pasado mes de julio, el abogado de la CE, Carlos Urraca, dijo que no parecía que la norma española respondiese a un "objetivo de interés general", porque fue "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Un argumento que refutó entonces la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña.

Por otro lado, el abogado general no vio hoy ninguna incompatibilidad entre la directiva antiterrorista de la UE y la ley de amnistía, ya que "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el comunicado remitido por el TJUE, la ley de amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente".

Respecto al potencial carácter vago o abstracto de la formulación de la ley de amnistía que Bruselas había puesto sobre la mesa, el abogado general comunitario apunta a que, aún con un "ámbito de aplicación material y temporal amplio", la norma abarca "un período determinado y unos hechos que se identifican con precisión, vinculados en su totalidad al proceso independentista de Cataluña".

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que lo que ha hecho el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en sus conclusiones sobre la ley de amnistía es aplicar el sentido común porque fue una "salvajada" condenar y meter en la cárcel a gente por un referéndum. 

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso nada más conocerse el escrito del abogado general de la UE, ha señalado que sería una buena noticia "si no fuera porque la justicia española más que justicia para con este tema fue venganza".

Ha pedido además al juez Manuel Marchena, quien presidió el tribunal que dictó la sentencia del juicio del 'procés', que se lea las conclusiones del abogado general. 

Preguntado por si considera que el informe conocido este jueves abre la puerta a la amnistía de Carlos Puigdemont, ha indicado que debería, pero ha insistido en que "hay jueces en este país (...) que están haciendo política y están sobre todo aplicando no la justicia o la legalidad sino la venganza y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país".

Sobre si podría afectar también a la situación actual de la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE, ha señalado que su formación, que está en "quinto de lawfare", tiene muy claro que si algún día hay una salida a esto será por la vía europea. 

"Aquí hay jueces españoles que dicen que no les da la gana aplicar una ley aprobada aquí por la inmensa mayoría del hemiciclo y punto. Esto es grave, es gravísimo", ha apostillado.

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este jueves que el informe del abogado general de la Unión Europea supone que la ley de amnistía vulneró el Estado de derecho.

Así, aunque "hay que esperar" a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ha dicho, el escrito ratifica que el Gobierno de España ha podido vulnerar con la aprobación de esta ley "los principios del Estado de derecho" y, por tanto, "la legislación europea".

Gamarra ha insistido, en declaraciones en los pasillos del Congreso, en que la ley de amnistía fue una ley "inmoral" porque ha sido utilizada "única y exclusivamente" con el objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantuviera en el poder.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha celebrado el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía, una decisión que ha dicho es "un paso significativo" antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Puedo decir que estoy contento", ha reconocido Illa en un acto en el Liceu. El president ha pedido asimismo que "la ley de amnistía se aplique con agilidad y sin subterfugios" pues "es una ley buena para Cataluña y para España".

"Está cogido por los huevos”. Así de crudo se expresa un veterano periodista cuajado en mil batallas. Ciertamente, si el fiscal general del Estado fuese condenado, el Poder Judicial se juega su desmoronamiento. El próximo jueves, el magistrado Martínez Arrieta dejará el juicio que se sigue contra Álvaro García Ortiz listo para sentencia. Su inocencia depende de seis periodistas, seis, que han visto cómo desvelar su fuente no es sólo una cuestión profesional (que también), sino personal.

El dilema se disuelve si la absolución o la condena a seis años de cárcel de un fiscal inocente dependen de una decisión ética. La suya y, sobre todo, la de sus fuentes. Nadie se atreverá a desacreditar su valía profesional si con ello consiguen preservar el Estado de derecho. Terrible paradoja sería que las fuentes de Alfonso Pérez Medina, de Miguel Ángel Campos o de José Precedo autorizasen revelar sus identidades para preservar la libertad de un hombre que es inocente. Si algo ha quedado claro de sus testimonios, auténtica clase de periodismo, es que uno son sus fuentes y sus lectores. El periodista nunca es un sujeto sino un medio.

La lógica siempre juega a favor de la verdad. El dilema enunciado por José Precedo se convirtió la semana pasada en una amenaza para el presidente del tribunal, lo que evidencia que a Manuel Marchena, el Napoleón del Poder Judicial, el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortíz se le ha ido de las manos. Quiere decirse que el lapsus de Martínez Arrieta ante el director adjunto de elDiario pone de manifiesto que Marchena ha perdido el control del proceso o que, por vez primera, “le tienen cogido por los huevos”. Si el FGE es condenado a seis años de cárcel (así se las gasta la Asociación de Fiscales) por revelación de secreto, se abre la puerta a que cualquiera de esos seis periodistas y sus fuentes se presten a decir quién filtró el correo electrónico, inmediatamente después.

Este país vive un momento antipolítico que pone en tela de juicio la libertad prensa, sin la que no se puede entender la democracia, y la división de poderes, sin la que no es posible un Estado de derecho. El legado de Marchena, su justicia amenazada, será el caos interno dentro del Poder Judicial, y algo más. Qué confianza pueden depositar los ciudadanos en una magistratura que se permite condenar a un hombre inocente después de desestabilizar al conjunto de las instituciones del Estado.

Vivimos un momento antipolítico que busca canalizar el resentimiento tanto en una sentencia judicial (o tres) como en el borombombón falangista que exhala sus soflamas bien en la Corte de los Leones, bien en las universidades públicas o en ambas la vez. De eso va la actual coyuntura política. Se busca un punto de ruptura.

El momento antipolítico se sustancia en el Tribunal Supremo como el chirrido de un cuchillo sobre un plato. Transita de las calles a los juzgados pero también desde las pantallas del móvil al escaño, desde el IBEX35 al Congreso y desde los palcos de los estadios a los atrios de los parlamentos. Así lo confirma el último sondeo de Opina 360. Según los datos de la encuesta –realizada a 1.202 personas de todo el país–, un 29,1% de los españoles adultos querría ver a Florentino Pérez aprobando reales decretos. Se vislumbra la leyenda del Cesar Visionario. Lejos de ser un dato menor, esta cifra representa a unos 10 millones de ciudadanos, de un total de 35,5 millones que componen el censo electoral. Es el caso de la banquera Ana Botín (26,2%), con algo más de 9 millones. En el terreno cultural y mediático, el presentador David Broncano irrumpe con cerca de 6 millones de españoles (16,3%) que querrían verle en la tribuna del Congreso. Conviene retener este dato. Concentra simpatías en los votantes de izquierdas y progresistas, muchos de ellos jóvenes, pero también entre los poderes mediáticos, ante un posible asalto de RTVE. Lo mismo ocurre con la actriz Najwa Nimri –quien ha interpretado a una presidenta autonómica en una serie de televisión–, con el apoyo de 5 millones de españoles (14,1%). El luchador hispano-georgiano Illia Topuria también destaca con 4,8 millones de españoles respaldando su salto al ámbito político (13,8%).

Volvemos a la antipolítica. Figuras como la del parlamentario Carlos Hernández Quero (VOX) sustituyen al viejo señoritismo fascista madrileño encarnado hasta ahora en Ortega Smith. La ultraderecha se ha puesto la camisa azul mahón para intentar convertir al lumpen proletariado en sujeto político revolucionario, siguiendo la estela de los viejos fascismos y la vía heterodoxa de Pier Paolo Pasolini. El camino lo marcó Gabriel Rufián hace unos meses cuando indicó desde el atrio del Congreso cuál debía ser la política del Gobierno en lo que nos resta de legislatura: “vivienda, vivienda, vivienda”. Carlos Hernández Quero ya puede presumir de haber cumplido con la promesa hace más de cincuenta años.

La advertencia de Rufián dirigida a Pedro Sánchez se ha articulado a través del discurso político de Vox orientado hacia los jóvenes y las familias en riesgo de pobreza. Pablo Iglesias lo intentó también en su momento político más alto y fracasó estrepitosamente. Desoyó los consejos de Marx por precipitarse hacia el delirio cuando quiso asaltar los cielos. En cambio, en el campamento de la ultraderecha, instalado en el 20% de los votos, los gendarmes de la libertad tienen experiencia en atrapar votos del lumpen proletario. Hernández Quero se ha vestido de Podemos con el yugo y la flecha tatuados en el brazo. La experiencia M (de Mussolini) les ha marcado el camino. El factor H (de Hitler) también. Hoy, Mr. T (de Trump), revisado y actualizado, tiene escrito el manual para excitar a los red necks españoles que siguen en manada las soflamas de un playmobil, Vito Quiles un suponer, a las puertas encadenadas de las universidades públicas de nuestro país. Muera la inteligencia.

El momento antipolítico se vive también en Catalunya. La semana pasada, Miriam Nogueras anunció que la arteria que conecta a Junts con el Gobierno tiene un trombo que bloqueará lo que resta de legislatura. Nunca dirá que su partido irá a una moción de censura, pero Carles Puigdemont cerró el 13 de mayo de 2024 un acuerdo con determinados empresarios para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Puigdemont se comporta como un trombo en la femoral dispuesto a viajar al corazón del Congreso. El momento antipolítico al que hemos llegado es fruto de ese acuerdo y también el inicio de una operación mucho más ambiciosa en la que Feijóo no está ni se le espera.

Como todo el mundo ya sabe, el PP de Feijóo ofreció la presidencia del Congreso de los Diputados al PNV para ganarse su apoyo durante la investidura de 2023. Conviene recordar la frase pronunciada desde la tribuna del Congreso por el entonces portavoz y hoy presidente del partido vasco, Aitor Esteban: “Algún día se sabrá lo que ustedes nos ofrecieron”.

En el trajín de las conversaciones, se contactó con diferentes barones territoriales para confirmar que la propuesta era cierta. Entre ellos, se consultó al Club de las Pitiusas (Mazón, Azcón, Prohéns y López Miras) que no dio su aprobación hasta que conoció la posición favorable del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Cuando le preguntaron a Bonilla, el líder popular andaluz y amigo personal de Alberto Núñez Feijóo respondió: “Es una de las opciones en las que se está trabajando y otros barones lo ven bien”. A todos ellos se sumó inmediatamente después el beneplácito de Coalición Canaria. La sorpresa llegó cuando Carles Puigdemont también expresó su conformidad desde Waterloo, afirmando que sería muy positivo que la tercera autoridad del Estado estuviera en manos de un nacionalista. Los empresarios catalanes recomendaron a Feijóo que Sánchez fuera a la investidura antes que él. “Deja que se queme mientras seguimos negociando la tuya y convencemos a Puigdemont de que te apoye” fue el mensaje que le transmitieron.

“No fui presidente porque no quise”, fue el mensaje convertido en meme después que continuamente persiguió a Feijóo y que tanta gracia le hizo a Sánchez en una de sus sesiones de control. En el fondo, Feijóo expresaba en la Corte una verdad incontestable. No fue presidente porque hizo todo lo contrario a lo que le habían aconsejado. El expresidente gallego se dejó llevar por la presión de Santiago Abascal, presidente de Vox, que acuciaba diariamente al líder del PP con la misma frase: “A qué estás esperando”.

Las condiciones y términos que articularon la negociación planteada por los empresarios catalanes a Puigdemont fueron expresadas en los mismos términos y condiciones que le fueron transmitidas a Pedro Sánchez. Empezaba con un indulto y terminaba con una consulta soberanista. En ese pacto que no llegó a ser, se barajó el nombre con el que tomar el control de RTVE. Nadie quería perder su porción del pastel. En ese pacto se planificó al detalle el asalto de la corporación pública, con Broncano en la mesa de negociaciones. Y alguien dijo: “la operación es mucho más grande”. ¿Lo sabía José María Aznar? Recuerden lo que dijo cuando Esteban González Pons resucitó a Junts: “Por ahí, no”. ¿Qué recibirían aquellos empresarios a cambio de sus buenos oficios durante la negociación fallida con Puigdemont? Sólo Feijóo y Puigdemont lo saben.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que su partido ha "cumplido" con lo pactado por la investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE no ha usado "las palancas de poder" que tiene, por lo que ha remitido a los socialistas al icónico "que os den" pronunciado por Xavier Trias.

En un mensaje en su cuenta de X, Puigdemont ha arremetido contra "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas", que "se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral" tras romper Junts sus relaciones con el PSOE.

"No hemos ido nunca a Madrid a hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que-no-parecen-catalanes", ha dicho Puigdemont, sino a "defender los intereses nacionales en todos los ámbitos".

A juicio del expresidente catalán, Junts ha demostrado ser capaz de "proponer acuerdos ambiciosos" y ha ofrecido al PSOE "la oportunidad de demostrar" si coincidía en la misma defensa de estos intereses o no.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas de poder están exclusivamente en sus manos", ha añadido Puigdemont, que acto seguido ha recordado, sin citarlo explícitamente, el "que os den" que pronunció Trias cuando el socialista Jaume Collboni logró hacerse con la alcaldía de Barcelona con los votos de Comuns y el PPC.

El líder de Junts también ha destacado una encuesta de Elnacional.cat en la que se asegura que el 57,7% de los españoles considera que Sánchez no ha cumplido los acuerdos con el partido catalán y solo un 30% cree que sí.

El expresidente catalán también ha señalado la "sospechosa coincidencia" en las críticas a Junts entre el PSOE y "otros espacios políticos", en clara referencia a ERC.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha contestado en la misma red social, adjuntando un listado con 23 leyes actualmente en tramitación: "Demasiada chapa para justificar que tumbarás todo esto con PP y Vox".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible" y en que "no hay marcha atrás", aunque en las últimas horas ha habido nuevos gestos del Ejecutivo con la convocatoria de la ponencia de la ley sobre multirreincidencia presentada por su formación en la Cámara Baja.

"El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha añadido.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, y que recoge EFE, ha remarcado que su formación no "va de farol", después de la ruptura hace una semana con el PSOE y de presentar ese jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso, además de anunciar que harán lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro.

"A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar, la diferencia es abismal", ha dicho sobre los efectos de la decisión de Junts.

Ha reiterado que la medida adoptada ayer no era la escenificación de nada, que era el trabajo parlamentario que les correspondía tras la ruptura y que les ha llevado unos días porque había que preparar las enmiendas a la totalidad. "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha recordado.

La portavoz de Junts ha insistido en que lo que ha pasado es consecuencia de la "inacción del Gobierno español", de sus "incumplimientos, mentiras y faroles".

"Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos. Ojalá nuestro gran problema sea que acaban cumpliendo los acuerdos y que nos tengamos que comer el sapo, pero yo creo que esto no va a pasar", ha añadido.

Preguntada sobre si Junts iría a una moción de censura, aunque fuera instrumental, ha mantenido lo mismo que en los últimos días, que si el PSOE en materia de incumplimientos ha "suspendido todos los exámenes", el PP "repite curso".

Junts ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al parlamento en el futuro, incluidos los presupuestos generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha subrayado que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio ni el techo de gasto, a menos que "una sus votos con el PP y Vox".

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Nogueras ha remarcado que el presidente Pedro Sánchez “debería dar explicaciones en el Congreso” sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora. La portavoz ha recordado que el PSOE y Sumar no solo deben explicaciones a Junts, sino a todos los catalanes, e insistió en que Cataluña debe recibir lo que le corresponde. “Nuestra responsabilidad —que debería ser la de todos los servidores públicos catalanes— es hacer lo necesario para que eso ocurra”, dijo. “Es inaceptable que los partidos catalanes, los 19 diputados socialistas catalanes y el Gobierno de Cataluña, con el presidente Illa al frente, no hagan nada ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña".

Ante esta situación, el Ejecutivo ha insistido en los argumentos que expuso después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, informase de que su partido rompía el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

"Mano tendida siempre", han subrayado fuentes del Gobierno a EFE tras conocer el nuevo paso dado este jueves por Junts. Han insistido también en que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo.

En esa línea, han subrayado que el Ejecutivo mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Han insistido asimismo en que el Gobierno cumple con sus compromisos y han recalcado que siempre lo ha hecho.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero lamentó este lunes que el "Partido Popular está gestionando la crisis política en Valencia igual que la dana" y consideró que Carlos Mazón "debería haber asumido hace tiempo su responsabilidad".

Zapatero hizo estas consideraciones durante su intervención en Los desayunos del Ateneo, donde protagonizó una larga charla marcada por la actualidad al coincidir con la noticia de que Mazón dimite como presidente de la Generalitat valenciana después del duro funeral de Estado de la semana pasada.

"Lo pasé mal. Había dolor y duelo no consumado", confesó el expresidente sobre el funeral del Estado. Y puso sobre la mesa el papel del Partido Popular: "Debería poner esmero y tener el máximo respeto por los ciudadanos y las instituciones". Para Zapatero, esta situación debería ser "proclive a que hubiera unas elecciones" porque "lo importante es que la Comunidad Valenciana tenga un proyecto de esperanza y de futuro". 

Preguntado sobre si el Estado en su conjunto estuvo a la altura de tragedia, el expresidente hizo una larga reflexión, empezando por la idea de que no se dimensionó bien el alcance "tan terrible" que iba a tener la dana en número de víctimas mortales.

Por eso, apostó por hacer una reforma sobre el modelo para encarar este tipo de situaciones "tan graves". En este punto, Rodríguez Zapatero apostó por duplicar el número de efectivos de la UME. "Hay que darle una vuelta con sosiego desde el diálogo político", señaló, para remarcar: "Vamos a tener más danas, es incuestionable".

Además, abordó el escenario de que el PSOE pudiera dar sus votos al PP para que no tenga que depender de Vox en la Comunidad Valenciana: "Si hay una circunstancia que el Partido Popular no se merezca el apoyo, es esta".

Buena parte de su intervención estuvo también focalizada en la relación entre Junts y el PSOE. Zapatero ha jugado un papel clave como enlace con Carles Puigdemont después de que cesara de su puesto Santos Cerdán. El expresidente reiteró su apuesta absoluta por el diálogo y cree que el tiempo empleado en esas reuniones es "extraordinariamente positivo".

"Jamás me he arrepentido de dialogar, escuchar y sentarme. Tengo respeto por Junts y he aprendido y he entendido cosas de las historia del catalanismo y del nacionalismo", enfatizó Zapatero, que apostilló que sería "muy positivo" que pudiera volver Puigdemont a Cataluña: "Estoy deseando poder hablar con él en Girona". Lo que no ve el socialista es un escenario en el que Junts se una al PP y a Vox para una moción de censura.

El expresidente consideró, no obstante, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no debe convocar elecciones ni presentarse a una moción de confianza. Y defendió que el Gobierno español es uno de los más estables de toda Europa, a lo que agregó: "Los datos del país son muy buenos". Aunque también quiso reivindicar que la vivienda es el mayor desafío social que tiene el país.

Zapatero también se refirió al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha arrancado este lunes en el Tribunal Supremo. Según el expresidente, hay en este proceso un "debate sobre cuestiones trascendentes para el Estado de Derecho, pero no definitiva". "Debemos ser respetuosos con el Tribunal Supremo". Señaló que conoció hace dos años al fiscal y le causó una "impresión excelente", remarcando que tiene derecho en democracia a defender su inocencia. 

"No pienso que se esté contaminando el prestigio de la institución", ahondó Zapatero, quien recordó que en el Estatuto del fiscal está también la función de explicar e informar a la ciudadanía sobre su tarea.

Se detuvo también Zapatero en la publicación de las memorias de rey emérito, lanzando el mensaje de que "Felipe VI está mejorando a Juan Carlos I". "Al actual monarca estas memorias le fortalecen", prosiguió. Y, acto seguido, quiso desvelar una anécdota.

Según relató Zapatero, Juan Carlos I estaba incómodo en los despachos que mantuvieron cuando se estaba tramitando la ley de memoria histórica. Y un día le soltó: "¿Sabes quién me puso?". "Todos lo conocemos, es muy sincero", señaló el expresidente, que indicó que, por eso, no le ha extrañado lo que dice de Franco en el libro de memorias.

El presidente, además, no se quiso aventurar sobre el impacto de los casos de corrupción en la intención de voto del PSOE y pidió ser "respetuosos" con los procesos judiciales. Pero afirmó: "El Partido Socialista está en condiciones de disputar de manera bastante razonable el volver a gobernar España en las próximas elecciones".

"Y, como siempre, dependerá de la propia convicción del PSOE. del momento de autoestima que tengamos. Eso es fundamental. La ciudadanía sabe lo que pasa y lo que quiere para su país", remarcó Zapatero, quien cree que los socialistas pueden ser primera fuerza en las elecciones de Castilla y León.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que la legislatura "no puede llegar a 2027" ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene mayoría".

"La semana pasada dijimos que era la hora del cambio. Esto no es un ultimátum. Esto no es un aviso. Esto es una ruptura", ha aseverado en una entrevista publicada en El País.

La vicepresidenta de Junts ha subrayado que es Sánchez quien debe dar explicaciones sobre "qué va a hacer ahora".

"Con Junts se ha roto, no se habla, no se dialoga, se ha acabado y no vamos a negociar. Nosotros nos vamos a cobrar todo lo que hemos negociado, cerrado y firmado antes de la ruptura. Ya no nos vamos a reunir en Suiza. No vamos a abrir espacios nuevos de negociación para blanquear que han incumplido todo", ha expresado.

Preguntada sobre por qué han decidido "romper" ahora, Nogueras ha recordado que el último punto del acuerdo que firmaron era que la estabilidad de la legislatura iría en función del cumplimiento de los acuerdos.

Aunque ha puesto en valor que el PSOE se haya sentado en una mesa de negociación con representantes políticos del independentismo catalán, Nogueras ha incidido en que se confunde negociar con "hacer la lista de la compra".

"A nosotros no nos hace falta poner la lista de la compra porque el acuerdo dice que queremos el súper entero. No renunciamos a la unilateralidad, cosa que se nos ha pedido, y hemos escrito que no lo vamos a hacer", ha sentenciado.

Estas declaraciones de la portavoz de Junts, se producen después de que la militancia del partido catalán apoyase con el 86,98 % de los votos la ruptura del acuerdo de investidura.

Junts se enfrenta en estos momentos a una realidad compleja, marcada principalmente por la irrupción con fuerza en las encuestas de Aliança Catalana, que está atrayendo a parte del electorado posconvergente. Además, se encuentran en un terreno absolutamente contradictorio porque con su ruptura hacen tambalear la legislatura, pero, a la vez, rechazan cualquier tipo de moción de censura que suponga desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa y se niegan a ir de la mano en bloque con el Partido Popular y con Vox.

Carles Puigdemont decidió romper la baraja a medias esta semana con Pedro Sánchez. Y esa decisión fue ratificada por sus militantes este jueves en una consulta, que se saldó con un elevado apoyo al divorcio con los socialistas. Pero los efectos prácticos no se concretan por el momento y, además, los posconvergentes unieron el miércoles sus votos al Gobierno para seguir con la tramitación de la ley de atención a la clientela. Pura contradicción. 

"¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?", era la pregunta sometida a consulta entre los militantes. El resultado fue de un apoyo del 86,98 % de los votos, frente a un 10,22 % de 'noes' y un 2,8 % de votos en blanco. Emitió su voto 66% de los 6.300 militantes que tiene Junts.

La participación es similar a la consulta en noviembre de 2023 en la que, en cambio, los militantes dieron su apoyo al pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, donde el sí fue respaldado por el 86,16%. Ahora los simpatizantes dejan en manos de la dirección la respuesta de qué significará esta ruptura. 

Junts se enfrenta en estos momentos a una realidad muy compleja, marcada principalmente por la irrupción con fuerza en las encuestas de Aliança Catalana, que está atrayendo a parte del electorado posconvergente en zonas del interior y en las provincias de Girona y de Lleida, los principales feudos de los herederos de CiU en estos momentos en Cataluña.

Los posconvergentes se encuentran en un terreno absolutamente contradictorio porque con su ruptura hacen tambalear la legislatura, pero, a la vez, rechazan cualquier tipo de moción de censura que suponga desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa y se niegan a ir de la mano en bloque con el Partido Popular y con Vox.

Estas contradicciones continúan en sus duras críticas al Gobierno respecto a la situación en Cataluña, pero a la vez ponen sobre la mesa que no van a apoyar a “otro Ejecutivo” que vaya en contra de los intereses catalanes. Todo ello conscientes del sentimiento de rechazo que hay en buena parte del electorado catalán a que en Madrid gobierne una coalición integrada por el PP y Vox, como ya se evidenció en los resultados clave en esta comunidad durante 2023 para que aguantaran el PSOE y Sumar en el poder.

Las contradicciones son públicas, pero también están en privado. Dentro del propio Junts hay diferentes sensibilidades sobre cómo encarar esta nueva situación. Hay presión de alcaldes respecto a que Aliança les come el terreno en las calles, por lo que creen que hay que apretar en temas como la migración. Pero a la vez existe entre muchos dirigentes la sensación de que escorarse les lleva a un terreno colindante con la ultraderecha que les aleja de grandes bolsas de votantes. No obstante, el control de Puigdemont sobre la organización es total, e incluso algunos críticos han ido abandonando en los últimos meses puestos de responsabilidad como Jaume Girò y Miquel Buch.

El clima de bandazos se materializó en la votación del miércoles en el Congreso, en fase de comisión, de la ley de atención a la clientela. Era la primera gran norma que podían haber bloqueado los de Puigdemont en la Carrera de San Jerónimo después del anuncio de ruptura del pacto con los socialistas. Pero, en cambio, se unieron al bloque de investidura, anticipando una victoria de la norma en el próximo Pleno del día 11.

Los de Carles Puigdemont sostienen que ellos negocian carpeta a carpeta y que van a aprobar aquellas normas que beneficien a Cataluña. En este caso, se han introducido en el texto modificaciones para exigir a las grandes empresas que tengan que atender en catalán en los servicios a los clientes. 

Todo ello en un momento en el que el brillo de Junts no alumbra con fuerza en los sectores políticos, empresariales y mediáticos en Cataluña. Su pérdida de poder institucional en las instituciones catalanas y su posible alejamiento de influencia en Madrid, si se consuma su ruptura total con los socialistas, les coloca en un lugar más al margen. Ahí radica parte de su contradicción y de las incógnitas sobre su futuro: competir en radicalismo con Aliança alejándose de la centralidad del poder o jugar a ser más pragmáticos a pesar de las críticas que han hecho directamente sobre esta cuestión a Esquerra Republicana.

Desde el Gobierno tratan de rebajar los ánimos en todo momento y dicen que hay que escapar de la “adrenalina” mediática en el tema de la relación con Junts. Por eso, su receta pasa, como señalan fuentes de La Moncloa, por “diálogo, diálogo y diálogo”. El presidente Pedro Sánchez, en su cara a cara con el senador Eduard Pujol, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo volvió a insistir que cumple con los acuerdos de investidura frente al tono desafiante del posconvergente. 

La legislatura entra en un nuevo territorio. Desconocido. Junts ha decidido redoblar su presión a Pedro Sánchez verbalizando una ruptura del pacto de investidura, que ahora deben votar sus bases hasta el jueves, y con la proclama de que se sitúan desde este momento en “la oposición”. Carles Puigdemont aprieta al máximo al Gobierno de coalición, pero, por el momento, no lo ahoga.

"El PSOE ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos. Ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señales que hemos ido enviando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", fue el mensaje que quiso lanzar desde Perpiñán el expresident catalán después de reunir a la cúpula posconvergente.

El paso dado por Junts supone agitar más la legislatura, pero no conlleva un movimiento rápido y efectivo para desbancar ya a Sánchez del Palacio de La Moncloa, porque en ningún caso ha hablado de una moción de censura instrumental para convocar elecciones ni ha desempolvado la amenaza de forzar una cuestión de confianza en el Congreso.

Lo que sí advirtió Puigdemont es que esta ruptura supondrá dejar atrás la mayoría de la investidura que se fraguó con los acuerdos tras las elecciones del 23J. Una mayoría que, a pesar del ruido mediático, sí iba salvando votaciones cada semana, como sucedió recientemente con el decreto del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible.

La lista de agravios de Puigdemont es extensa, pero tampoco ha puesto sobre la mesa imposibles, como una consulta sobre la independencia. Junts habla de la publicación de las balanzas fiscales, del traspaso en materia de interventores municipales, de transparencia en las inversiones en infraestructuras en Madrid y Barcelona y de la negociación de leyes sobre ocupaciones y multirreincidencia. Los posconvergentes quieren forzar a los socialistas a que se muevan en alguna de estas materias, que son claves para un electorado que se está dejando seducir, según las encuestas, por Aliança Catalana.

El Gobierno trata de superar esta crisis apelando al diálogo. Fuentes del Palacio de La Moncloa lanzaron este mensaje tras la comparecencia del expresidente catalán: “Máximo respeto por Junts”. Con este ofrecimiento: “Mano tendida siempre para seguir dialogando y llegar a acuerdos”. Y asumieron esta dinámica a partir de ahora: “Vamos a trabajar, como siempre, votación a votación”. 

No se quiere entrar en ningún choque directo con los posconvergentes y el Ejecutivo busca hacer valer su papel como único interlocutor para armar mayorías frente al bloque PP-Vox. En La Moncloa recuerdan las palabras de este fin de semana del titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en una entrevista con La Vanguardia. El ministro le decía a Junts que debe decantarse entre "la España del nodo o la España moderna, volver al pasado o seguir avanzando hacia el futuro".

Desde la calle Ferraz también insistieron en su “mano tendida” y recordaron: “En lo relativo al pacto y en lo que está en nuestra mano, entendemos que tanto el Gobierno como el PSOE estamos cumpliendo lo pactado. En lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla”. Por ejemplo, Moncloa y Exteriores siguen negociando para el reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, con un importante hito reciente: la decisión de Alemania de abrirse a debatir la cuestión. 

Sánchez, a pesar de la difícil aritmética, no ha dado ninguna señal de que pueda convocar elecciones anticipadas. En Moncloa y Ferraz siempre hablan de su intención de agotar la legislatura, aunque no salieran las cuentas públicas para el año que viene. Además, a pesar de que el PSOE mejora en intención de voto tras el verano, los sondeos siguen dando una mayoría al PP y a Vox.

En la coalición de Gobierno saben también que Junts, pese a sus amenazas, tiene vértigo a entregar el Gobierno al Partido Popular y a Vox, lo cual sería un enorme problema para el independentismo. Esa sensación, por ejemplo, la señalaron los ‘comunes’, que forman parte del Ejecutivo a través de Ernest Urtasun. Fuentes de este partido subrayaron: “La decisión de Junts no beneficia en nada a Cataluña, a su autogobierno, a su lengua y a su cultura”.

“Erosionar deliberadamente al Gobierno de coalición progresista es acercar la posibilidad real de un Gobierno del PP y Vox. No entendemos en qué mejora la vida de los catalanes y catalanas que Junts se posicione en el "no" a todo. No quieren reducir la jornada laboral, no quieren revalorizar las pensiones, ¿no quieren mejorar la financiación?”, aseveraron desde el núcleo duro de los 'comunes', donde se hace también este análisis: “Si Junts sigue por este camino, estarán abandonando a los catalanes para ponerse del lado de la derecha y de la extrema derecha. Es incomprensible para toda la ciudadanía de Cataluña, que defiende la democracia y el catalanismo, que Junts quiera censurar a este Gobierno pero no se atreva a censurar al de Sílvia Orriols en Ripoll mientras promueve el odio y la división”.

Además, hay otros datos que pueden pesar para Junts de cara a su propio electorado ante la opción de dejar caer al PSOE. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, Sánchez es el político preferido por los votantes posconvergentes para ser presidente del Gobierno (con un apoyo del 55,6% frente al 1,7% de Feijóo). Además, los electores de Puigdemont le dan una nota media de 5,6 al socialista frente al 2,73 del líder del PP y el 1,34 de Abascal.

En el Gobierno miran especialmente al PNV, socio clave para que aguante la legislatura. Los nacionalistas vascos lanzaron estas ideas tras la intervención de Puigdemont: “La posición trasladada hoy por Junts no hace otra cosa sino constatar lo que ya se sabía: que existe una mayoría negativa en el Congreso. Es una decisión relevante para Sánchez, pero habrá que ver cómo evoluciona. No creemos, sin embargo, que el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana. Aún así, Sánchez debe asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías. Está en su mano. Un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo”.