Didáctica de la concreción. No es sólo un deseo sino una necesidad que tendrá que ser expresada por los partidos a lo largo de los próximos meses. El que concreta gana. Lo hemos dicho para unas elecciones locales y también para unas generales; lo afirmamos tanto para los partidos del bloque plurinacional como para aquellos que integran los partidos del bloque autoritario. Frente a la corrosión que provoca el algoritmo judicial, concreción programática en los plurinacionales de la izquierda y de la derecha ante un electorado que demuestra mantener una gran estabilidad, ya sea en Catalunya o en el resto de España. Efectivamente, la prioridad nacional toma la dimensión política que sólo se decide en el Madrid D.F. cuando la verdadera prioridad, en estos momentos, es la vivienda y el calentamiento global. Quizá la fortaleza de Aliança Catalana puede ser sólo otro espejismo que tenga el mismo origen y que se puede desmantelar únicamente desde una didáctica de la concreción.

El camino es la concreción. El que concreta gana. Concretar es también rectificar: Junts votó en contra del consorcio de inversiones hace unas semanas, una herramienta que permitirá que Catalunya participe en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del Estado. Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC en el Ritz: “La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta”. Ahora le pide a Junts que rectifique y sea un partido útil, apoyando iniciativas como la del consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación. O sea, todos dentro.

Quedan doce meses para la batalla municipal, primera vuelta (volumen II) del armagedón que enfrentará al Consorcio PP-Vox y al Frente democrático y plurinacional en 2027. Tiene razón el exjesuita en su homilía. Lo recordamos otra vez. Cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, cuando no son capaces de dar respuesta a la crisis energética, a los flujos migratorios, a los incendios de sexta generación, al problema estructural de la vivienda, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática, necesita una didáctica de la concreción.

Didáctica de la concreción es también poner en práctica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que falló la semana pasada a favor de la ley de amnistía. Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el procés, según indica Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que fue realizada tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España, país de países, no volverá a otro procés como el de 2017, expresión de una herida política profunda y severa cuando no se reconoce la plurinacionalidad. Ahora se hace necesario que el algoritmo judicial no opere en contra del TJUE y respete el ordenamiento comunitario o, al menos, que lo haga en la misma medida que el Parlamento español lo ha respetado. Se hace necesario que Carles Puigdemont aterrice cuanto antes en Catalunya y se materialice el Estado de derecho.

Didáctica de la concreción es actuar desde la plurinacionalidad, basamento social sobre el que se construye nuestra democracia, desactivando leyes que incluyan como eje de acción de cualquier gobierno autonómico la "prioridad nacional". En ese sentido, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, periferia muda, incorporó el pasado miércoles el significante vacío en su último presupuesto aprobado con el apoyo de Vox. Hay que dejarlo claro: en su modalidad más moderada, el arraigo, la prioridad entra en serio conflicto con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. En su vertiente más agresiva y explícita, la "prioridad nacional" es sólo el éxtasis político del supremacismo.

Es la demoscopia quien guía la didáctica de la concreción y adquiere su plenitud en el municipalismo. El acceso a la vivienda es el problema más grave en Barcelona para el 31% de los encuestados en el último barómetro publicado por la Oficina Municipal de Datos de su Ayuntamiento, seguido de la inseguridad, con un 26,3%. En tercer lugar aparecen los problemas asociados a la inmigración, citados por un 7,5%; por delante del turismo (6,9%), la limpieza (3,7%), las obras (2,6%). También aparecen la masificación y el modelo de ciudad, ambos con un 2,2%, y la falta de civismo o de educación, con un 2,1%. La agenda local de los Ayuntamientos está clara.

Catalunya tiene un votante muy estable. España se disciplina y progresa desde la plurinacionalidad, a través de presupuestos sociales, y desde la consagración de la UE, cumpliendo con su ordenamiento y sus sentencias. Juntas son dos motores que conforman y definen la materia social de la que se compone nuestro país. Si Junts concreta y demuestra que es útil para Catalunya, una parte de sus votantes seguirán votando a los de Puigdemont. En cambio, si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Catalunya, una parte de sus votantes acabará buscando alternativa en Aliança Catalana. Dicho de forma más clara: cada vez que Junts vota en contra del Gobierno y de sus socios, el partido de Orriols crece exponencialmente en los municipios de Catalunya, principalmente porque los de Nogueras se sitúan fuera de los márgenes del sistema España absorbidos por un nuevo marco político definido por la prioridad nacional.

A pesar de ello, volvamos a la clave municipal: ¿significa eso que los de Orriols reemplazarán a Junts en la mayoría de municipios catalanes en las próximas locales? Pues no. Aliança es sólo una respuesta a la inmigración y sólo a la inmigración. De los 900 ayuntamientos de Catalunya, el partido independentista tiene serios problemas de organización y persuasión para conseguir cabezas de cartel en más de la mitad, o sea, en aquellos territorios con menos de 5.000 habitantes. Si en enero no logra asentar candidaturas fiables en esos municipios, Aliança puede situarse en el horizonte de sucesos que destruyó a Ciudadanos. Dicho de otra manera, el hundimiento acelerado de Junts puede obedecer a una burbuja mediática que emana, como tantas otras veces, exclusivamente desde el Madrid D.F. Atentos.

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso EFE, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.

En su "denuncia" contra el Reino de España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, Boye pide abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento", por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.

El escrito, que no solo representa a Puigdemont sino también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dice que el Tribunal de Cuentas "difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo" del TJUE, al afirmar por ejemplo que este fallo "admite las ocho cuestiones planteadas" por el tribunal español, pese a que varias de ellas "fueron declaradas inadmisibles".

El "efecto combinado" de la providencia del Tribunal de Cuentas, señala el texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, es la "inaplicación de la sentencia" del TJUE, ya que "se reabre una fase probatoria que el marco procesal declarado conforme prohíbe, se suspende 'sine die' el plazo perentorio de dos meses" de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, "medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

Por ello, la defensa pide a la Comisión Europea que remita "al Reino de España la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

La postura del Tribunal de Cuentas, según la denuncia, contraviene el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, sobre la cooperación leal, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.

"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", subraya el texto.

La defensa de Puigdemont, Comín y Puig también ha remitido un escrito al TJUE para hacerle saber que el Tribunal de Cuentas está cometiendo "un incumplimiento manifiesto y deliberado" del fallo que dictó la semana pasada el tribunal europeo sobre la amnistía.

Asimismo, ha dirigido un escrito de alegaciones al Tribunal de Cuentas en el que niega que los gastos del procés se sufragaran con "fondos procedentes del presupuesto de la Unión" y reclama que "dicte, dentro del plazo máximo de dos meses, una resolución que declare amnistiados los hechos".

Precisamente este martes, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del procés, al considerar "innecesario e improcedente" que se plantee no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.

Han sido tres años trepidantes, que han servido para cerrar una herida, tres años para asentar las bases de un nuevo ciclo político, cuando Carles Puigdemont aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas, el algoritmo judicial haya corregido sus defectos y España, país transversal, plural y periférico, haya dado un portazo definitivo a las mayorías absolutas y acoplado definitivamente su sistema democrático a la plurinacionalidad, con el respaldo de Europa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Somos un país estable, un país de países que funciona coordinado cuando se ponen a prueba las estructuras del Estado. Por eso las sentencias judiciales no moldean la voluntad de los votantes, en otras coordenadas que invitan a pensar que el equilibro político se alcanzará cuando los partidos de la derecha se decidan a ser aquello que realmente quieren ser: derecha autoritaria o derecha plural. Si sus líderes no encuentran la respuesta, lo hará en las urnas la ciudadanía.

El Madrid D.F. emite señales de catástrofe. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dispara una nueva alarma a los principales líderes del Partido Popular Europeo: “Hoy nos gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho, que utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para dañar nuestra salud democrática”. Lo dice ante Alberto Núñez Feijóo. El Madrid D.F. provoca sistemáticamente disonancias cognitivas que no se compadecen con el nombramiento de Pedro Sánchez como copresidente de los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible esta semana en la ONU, ni tampoco con el aval de la Comisión Europea a las reformas judiciales españolas. El informe sobre el Estado de derecho de la UE de 2026 considera un “progreso significativo” que el proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule del Gobierno el mandato del fiscal general. Todo en orden. El algoritmo judicial, sin embargo, no funciona.

El electorado español es muy estable. Lo demuestra la reestimación de Opina 360 sobre el barómetro del CIS que, más allá del resultado, verifica esa enorme disonancia. El PSOE se sitúa a sólo dos puntos por debajo de un PP que supera el 30%, mientras se acentúa la tendencia declinante de Vox hasta el 16%. Los datos confirman que el Gobierno debe presentar unas cuentas públicas este año. Los Presupuestos Generales son la herramienta indispensable para conectar con su electorado, un millón de indecisos y otros 700.000 dispuestos a retirar su voto a Alberto Núñez Feijóo.

Mientras tanto, el consorcio se debilita. Quién lidera qué es la pregunta después de ver al líder del PP junto a Keiko Fujimori. Esta semana hemos comprobado que algunos prebostes de la industria de la actualidad se apartan del gallego. Los barones, atentos a sus votantes; algunos diputados del PP también se apartan, e incluso José María Aznar López observa la evolución electoral al margen de todo y de todos. Apartarse es el verbo/tendencia de este verano que se conjuga en la derecha española. ¿Todos se apartan? Todos no. Isabel Díaz Ayuso se ha acercado esta semana a Feijóo. 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo judicial, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el desorden y la dispersión de este país. Y ese algo estabilizador tiene su fuente en la plurinacionalidad y el europeísmo. Desde la plurinacionalidad, a través de unos presupuestos sociales, y desde fuera, a través del TJUE, aunque para Oriol Junqueras aún no sea suficiente.

El otro viernes, en el Ritz, Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC que no viven su momento más afectivo: “El crecimiento de la extrema derecha no es una respuesta a la inmigración. Es posible que responda a fallos en la seguridad pero esa sería también una respuesta incompleta. ¿Por qué crece entonces? Porque hay una batalla campal entre el miedo y la esperanza y porque el mundo es tan complejo que las instituciones no siempre pueden resolver los problemas planteados”. Tiene razón el jesuita en su homilía: cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, la crisis energética, las deudas públicas desbordadas o las devaluaciones monetarias encubiertas, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática pero necesita ser concreta.

Y la sentencia del TJUE, efectivamente, no es suficiente pero suma. Conviene detenerse en ella: no cierra completamente la herida del procés pero apuntala la convivencia constitucional en el sistema España. El Alto Tribunal ha resuelto las cuestiones prejudiciales que plantearon la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La sentencia no afirma explícitamente que Puigdemont sea un hombre libre (continúa sobre él una orden de detención desde hace nueve años firmada por el juez Llarena), pero sí refuerza el sentido histórico, jurídico y político de la amnistía, aprobada hace dos años, consolidando la plurinacionalidad como condición de posibilidad de nuestra democracia parlamentaria, afianzando la interpretación que haga el Tribunal Constitucional en su fallo previsto para el otoño (plena validez de la Ley) y acentuando el dilema sobre lo que quiere ser España y también sobre lo que quiere ser Junts: o un partido cautivo y asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. 

Es importante no perder de vista un hecho importante para el soberanismo catalán. El partido ultra e independentista, liderado por Sílvia Orriols, ha sumado varios concejales llegados desde Junts per Catalunya en diferentes municipios de Cataluña durante los últimos meses. En Cambrils, en Vic o Santpedor no sólo se produce el trasvase de votos, también comienza la sangría de concejales. Llegados a este punto, Miriam Nogueras, Jordi Turull y Carles Puigdemont deben elegir si quieren seguir la senda de Trump o, por el contrario, el camino marcado por León XIV.

El PSOE también ha decidido lo que quiere ser en las últimas primarias locales de Madrid. Las municipales son primera vuelta técnica de las generales y también son presente y futuro para un territorio que quiere ser capital plural. Enma López ha enseñado el camino. La victoria formal de Reyes Maroto nos sirve para hacer un diagnóstico: el socialismo madrileño debe resolver su propio dilema: apostar por los líderes cautivos del aparato o por aquellas que tienen la valentía de conectar con la ciudadanía. Deténganse a ver qué han votado los socialistas en los diferentes distritos y comprobarán que no fue a las urnas el socialismo madrileño, tan solo fue el Madrid D.F. progresista.  

Mundiales femenino y masculino de fútbol, Eurocopa y Nations League, mundial masculino de basket, Wimbledon, Roland Garros y US Open, Cannes, Berlinale y Venecia, una pila de Grammys y hasta un Kavli (y parece que se avecina Oscar). El peso de España crece y se expande, a partir del reconocimiento del otro, la Nueva Diplomacia Española desplegada por Albares, el entusiasmo de sabernos una comunidad abierta convertida en el estandarte de la democracia liberal. En el deporte, en la literatura, en el cine y la música, en la defensa de los derechos humanos y el ordenamiento internacional, España siempre está ahí, a pesar del efecto devastador del algoritmo Marchena: somos la coda definitiva a una manera de estar en el mundo. Bien! 

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el procés para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, ha informado en la mañana de este martes al Pleno de la decisión de incluir el primero de los recursos en el pleno de finales de septiembre.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, huido en Bélgica.

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha pronunciado. Su aval a la ley de amnistía ha sido recibido con gran satisfacción entre el Gobierno, los miembros del bloque de investidura y especialmente Junts. Una victoria jurídica y política frente a las proclamas del fin del Estado de derecho por parte de las derechas desde la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Esta es la ley clave de esta legislatura. Una polémica norma exigida por Junts y ERC para hacer presidente a Sánchez y que supuso todo un terremoto político. Con dudas incluidas dentro del propio socialismo. Pero tres años después, y con la mirada ya puesta en el fin de la legislatura, el texto ha sobrevivido a la ofensiva en los tribunales y, además, ha servido para reconducir el panorama político catalán.

Esta decisión judicial era esperada desde hace meses con ansiedad por parte de Junts y del Gobierno, pues sirve para allanar la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. No obstante, el paso no se traducirá en el restablecimiento de las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes en esta etapa final de la legislatura.

A pesar de la satisfacción por la decisión del TJUE, diversas fuentes socialistas indican que no ven a Junts dispuesto a apoyar ahora de manera férrea al Ejecutivo de Sánchez. “Son imprevisibles”, señala un dirigente del núcleo duro de Ferraz. El fallo del tribunal llega en el momento en el que Moncloa prepara los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un factor clave para saber cuándo se pondrán las urnas.

El presidente del Gobierno abrió la puerta a adelantar las elecciones generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, si no logra sacar adelante las cuentas públicas. El primer gran debate en el Congreso, el de enmiendas a la totalidad, podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Aunque en el Gobierno siguen trasladando que van a intentar sacar las cuentas públicas y que no tiran la toalla, muchas voces en el partido reflexionan que ahora parece casi imposible lograrlo. La decisión del TJUE da algo de esperanza, pero los posconvergentes llevan semanas trasladando que ellos prefieren que haya ya comicios.

Junts no quiere apretar el botón de la moción de censura junto al Partido Popular y Vox, algo que considera que sería letal para sus resultados en Cataluña. No se puede permitir Puigdemont ir de la mano de la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero, a la vez, el nerviosismo prende entre todos los sectores de Junts, especialmente entre los alcaldes, por el auge en las encuestas de Aliança Catalana.

Ahora Junts pone el foco en la aplicación de la ley y mira al Tribunal Supremo. Según el expresidente, el “partido” ahora se jugará en “el Bernabéu”: "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño".

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", remarcó Puigdemont en un texto en redes sociales, donde mandó un mensaje a los tribunales españoles: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", apostilló el expresidente catalán, que recordó que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa quisieron en un primer momento aprobar esta norma.

Para el Gobierno central, la decisión de la Justicia europea supone todo un triunfo en el aspecto técnico de la norma, cuya firma principal es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue una ley redactada con lupa, hasta la última coma, ya que los socialistas y los independentistas sabían que se enfrentaría a una ofensiva judicial sin precedentes para tumbarla.

“Hoy es un gran día”, consideró el propio Bolaños en una declaración en el Palacio de la Moncloa, donde pidió que se aplique “lo antes posible” a los líderes independentistas. Pero, además de calificar de “impecable” y de constitucional la norma, el ministro puso énfasis en la dimensión política que supuso su aprobación.

Para Bolaños: "La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución”. El ministro aseveró que ha servido para zanjar un conflicto: "Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen".

El Gobierno, además, durante estas horas quiere presentar la resolución del conflicto catalán como uno de sus principales legados. En la pasada legislatura, el Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes soberanistas. Y en esta llevó a cabo la amnistía. Como reconocen en Ferraz, era esencial para la investidura, pero también se ha evidenciado que ha sido una buena solución en el plano de la convivencia y del diálogo. Los socialistas valoran que, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, el ‘no’ a la independencia se impone en la sociedad y que está en mínimos históricos la preocupación por las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La decisión del TJUE supone un varapalo para el PP, que lleva toda la legislatura tratando de tumbar esta ley a través de todas las instituciones judiciales posibles y que confiaba mucho en Europa. A pesar de ello, los populares tratan de desviar la atención a través de sus críticas a Sánchez: “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”.

La ley de amnistía permitió la investidura. Ahora el aval llega en su recta final. A la política le quedan todavía muchos capítulos hasta las elecciones.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el encaje de la ley de amnistía en el derecho comunitario. La Gran Sala del tribunal, con sede en Luxemburgo, ha rechazado los principales argumentos esgrimidos contra la norma y ha concluido que su aplicación tanto a la responsabilidad contable derivada de los gastos del procés como a los delitos atribuidos a miembros de los CDR no vulnera las obligaciones asumidas por España como Estado miembro.

El TJUE considera que la ley de amnistía persigue el objetivo de "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". La sentencia sigue así las líneas fundamentales trazadas en noviembre por el abogado general Dean Spielmann, quien ya había defendido que la norma no suponía una derogación de la legislación europea contra el terrorismo, sino una desactivación limitada de sus efectos para unos hechos determinados.

La corte europea ha resuelto, en primer lugar, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía de la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista podía poner en riesgo las finanzas comunitarias. El TJUE responde negativamente porque no considera que los intereses financieros de la Unión puedan verse afectados por la posible disminución de la renta nacional bruta que habría podido provocar la secesión de una parte del territorio español.

El tribunal descarta, por tanto, cualquier vínculo directo, actual o potencial entre los gastos del procés y el presupuesto comunitario. Este pronunciamiento afecta a los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior de la Generalitat.

El TJUE también determina que la ley de amnistía no menoscaba la directiva europea contra el terrorismo, ya que la norma excluye del perdón aquellos delitos que hayan provocado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. De esta forma, la corte avala que la amnistía pueda aplicarse a los delitos atribuidos a algunos integrantes de los Comités de Defensa de la República, cuya causa se encuentra en manos de la Audiencia Nacional.

La sentencia respalda igualmente el plazo de dos meses que la ley concede a los tribunales españoles para decidir si aplican la amnistía en cada procedimiento. Según el TJUE, este periodo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que queda limitado exclusivamente a la resolución sobre la aplicación de la norma y puede suspenderse cuando los jueces eleven cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

Los magistrados recuerdan además que las medidas cautelares impuestas a los encausados pueden mantenerse durante la tramitación de esas cuestiones. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberán ahora reanudar los procedimientos que mantenían suspendidos y dictar sus resoluciones respetando la interpretación fijada desde Luxemburgo.

El fallo no concede directamente la amnistía a las personas afectadas, ya que corresponde a los tribunales españoles resolver cada caso concreto. Sí establece, sin embargo, una interpretación del derecho europeo obligatoria para todos los órganos judiciales nacionales.

La decisión tampoco modifica automáticamente la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas a quienes el Tribunal Supremo se negó a aplicar la norma. No obstante, elimina uno de los principales obstáculos utilizados para cuestionar su validez y refuerza considerablemente los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional.

Puigdemont recurrió la decisión del Supremo de no amnistiarle por el delito de malversación. El alto tribunal consideró que el expresidente catalán se había beneficiado personalmente al no pagar de su bolsillo la organización del referéndum y planteó que la amnistía podía afectar a los intereses financieros europeos, una cuestión que el TJUE ha descartado.

La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Puigdemont y su eventual regreso a España. El órgano de garantías, que ya avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley, había decidido esperar al pronunciamiento de Luxemburgo antes de resolver los recursos concretos de los dirigentes independentistas.

La política es, también, la observación de un puente lejano. Los sanfermines nos han permitido detenernos en las generaciones que hoy llegan a la mayoría de edad y sólo han vivido un periodo de la existencia nutrido de crisis. Probablemente se han visto empujados a tener una idea demasiado catastrófica de la vida y de cómo deben vivirla sin poder detenerse un momento a pensar y decidir qué es lo que quieren.

Arreglar una de cada seis de ellas es quizá una buena media. De eso van las primarias entre Enma López y Reyes Maroto en el Madrid D.F. y, por distante que parezca, de eso también va la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría permitir a Puigdemont regresar a Catalunya. La plurinacionalidad es un buen pegamento para reparar fracturas. Hoy la divisamos como un viaducto construido para forjar una alianza no sólo reactiva frente al futuro terror, sino para unir a los españoles en su nuevo periodo de existencia, ese que acaso verá a un presidente de Bildu en el gobierno de Navarra, como ha visto previamente a un alcalde en Pamplona que convocaba al optimismo al grito alegre y festivo de ¡Viva San Fermín! 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo Marchena, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el principio de entropía político de este país. Y ese algo viene hoy desde dentro y desde fuera. Desde dentro, a través de unos presupuestos sociales y, desde fuera, a través del TJUE. Efectivamente, este jueves el TJUE publicará su sentencia sobre la ley de amnistía para cerrar completamente la herida del procés y apuntalar la convivencia constitucional en el sistema España. Probablemente, esa sentencia no afirme explícitamente que Puigdemont es un hombre libre pero sí reforzará el sentido histórico de la amnistía, acentuando el dilema sobre lo que quiere ser Junts, si un partido asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. Dicho de otra manera, Nogueras y Puigdemont deben elegir si van con Trump o con León XIV.   

Europa, como Catalunya, es siempre una solución para este país de países que ni siquiera el algoritmo judicial es capaz de entorpecer. El sello europeo viene a significar el corolario final de un periodo político que empezó en 2018 y termina ahora en 2026 con una decisión que permitirá en algún momento a Carles Puigdemont aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas y acaso volver a repetir el emblemático "Ja sóc aquí". Mucha agua ha corrido bajo este puente, un puente entonces lejano que hoy colmata la democracia española desde la plurinacionalidad y permite afirmar que en Catalunya gobiernan fuerzas constitucionales dispuestas a protagonizar el nuevo ciclo político. 

La plurinacionalidad es siempre un puente lejano que ordena territorios, orienta alianzas y afianza el modelo de un país transversal, plural y democrático que permite que la conversación pública, constante y perfectible, fortalezca a los partidos que se dispongan a caminar siguiendo su curso. Por ese motivo, ni Junts ni el PNV deben dejarse llevar por la soberbia, ni dar la espalda a la ciudadanía que ha dado sentido y sensibilidad a la materia social que permite, en última instancia, que el sistema España funcione mejor por dentro y se reconozcan sus potencialidades más allá de sus propias fronteras. 

Acaso sorprenda a algunos que el partido que mejor ha entendido la importancia estructural de este puente lejano que es la plurinacionalidad haya sido EH Bildu. Desde el entorno de la izquierda independentista vasca se ha defendido la necesidad de preservar los puentes con Carles Puigdemont. A pesar de los momentos de tensión (como las votaciones conjuntas de Junts con PP y Vox en el Congreso para forzar la dimisión de Pedro Sánchez), el entorno de Otegi tiene muy claro que ahora mismo es el único viaducto que mantiene relaciones con todo el bloque de investidura. Efectivamente, alguien tiene que mantener la relación con Puigdemont tras la caída de Cerdán, primero, y de José Luís Rodríguez Zapatero, después. 

Aunque las últimas encuestas dan a Junts tres diputados en la Corte de los Leones, el partido del de Waterloo sigue siendo un engranaje indispensable para taponar el acceso al poder del consorcio PP-VOX. No obstante, el objetivo de la alianza de los partidos de la investidura debe ser más ambicioso: ya no puede limitarse a ser una herramienta meramente reactiva, frenando a la ultraderecha, sino que debe avanzar con brío y valentía en la transformación social y plurinacional.

Por este mismo motivo, los presupuestos que Pedro Sánchez entregue antes de que termine el verano no pueden ser sólo los del Gobierno. Conviene sustituir la clave presidencial por la parlamentaria. Las cuentas de 2027 deben ser, sin excusas, las cuentas de todos, el puente.

Pamplona, capital plurinacional, donde convergen múltiples imaginarios, fue el primer paso y la izquierda abertzale llegó a su Ayuntamiento con el respaldo del socialismo navarro. Semilla de un nuevo ciclo que progresivamente se va asentando y que puede cristalizar con el gran momento fundacional que inaugure una nueva etapa con presidente de Bildu en su gobierno, desplegando sus políticas para el conjunto de los navarros. Así es; la chica de 18 años que no votó la Carta Magna ya no sube al Barrio Viejo si no es para disfrutar del ocio. La Txantrea es periferia, pero Sarriguren es periferia de la periferia. También ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y, sin embargo, en Navarra también se preparan las bases para la política de los que vienen, o sea, de los que ya están ahí y necesitan saberse representados. 

Navarra, reino histórico, ha sido el libro abierto sobre el que se ha ido escribiendo la plurinacionalidad de este siglo que es, antes que una aplicación mecánica de trasvase de competencias o el levantamiento de muros, una arquitectura de caminos y puentes que fraguan alianzas, futuros, emancipaciones. Y en ese tiempo invertido para el levantamiento de una nueva arquitectura política dentro de la ya existente, ha sido y será necesaria una gran dosis de optimismo, la aceptación de lo que somos pensando en el futuro. La política, a fin de cuentas, siempre es la arcilla con la que se va modelando un porvenir colectivo.

Enma López tiene cartas. Y las está jugando bien. Su objetivo es convertir el Madrid D.F. en capital abierta y plural. Tras conseguir los avales para ser candidata y disputar la victoria a Reyes Maroto, continúa en la carrera con todos los poderes. Enma López ha transformado la desidia en ilusión y la está liderando porque forma parte de un nuevo ciclo político que rompe mayorías absolutas. Maroto es la reliquia de otro ciclo que se acaba, que termina.

En política ganan aquellos que quieren ganar y no los que sólo quieren ocupar un espacio. Como ya indicamos aquí, en la rula no preguntan, apuntan. Efectivamente, Maroto ha perdido las primarias antes de que los afiliados hayan decidido por quién votar. En la esperanza y en la democracia nunca hay espacio para la deslealtad.

El algoritmo Marchena falla. La última encuesta publicada en El Periódico le da al PP un 29,5% de los votos. Las sentencias sirven para hacer justicia y aplicar el derecho y no para cambiar gobiernos. El electorado español es muy estable. El algoritmo Marchena no funciona pero se corrige y modula a sí mismo en la sentencia que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación. Bastan los indicios para llegar a una conclusión "con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón que permitan alcanzar la plena convicción de la culpabilidad del acusado". En el algoritmo judicial no hacen falta pruebas, tan sólo indicios que apuntalen las convicciones. Aun así, el hermano del presidente se libra de la cárcel, quizá porque la crueldad se negocia en la garita de Argüello, el arzobispo impío.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

El servicio de prensa del tribunal informó este viernes de que la corte con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España.

El pronunciamiento del TJUE viene precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre avalando los principales puntos de la ley de amnistía, al considerar que no perjudica a las finanzas europeas y que responde al interés general.

Spielmann refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas —que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación— de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su aportación al presupuesto comunitario.

Siguiendo este criterio, señaló el abogado general, se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario.

Y añadió además que no se puede establecer "un vínculo de conexión directa" entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó "ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión" para promover la independencia de Cataluña.

En contra de lo que cree la Comisión Europea, el abogado general negó también que la ley del olvido sea una "autoamnistía" porque no busca "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

El abogado general tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque "conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el letrado, la amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente.

No obstante, pese a avalar los principales aspectos de la amnistía, el abogado general cuestionó algunos de sus aspectos procedimentales, principalmente los dos meses de plazo que la ley da a los jueces para que decidan si deben aplicarla, porque "podrían ser incompatibles" con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.

El final del curso político no podía pintar mejor para el Partido Popular. Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno y la presión de unos socios parlamentarios que ven la legislatura en “vía muerta”,  dejaban el campo libre al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de corrupción, de un Gobierno agónico y presionar con unas elecciones anticipadas que también le reclaman a Pedro Sánchez aliados parlamentarios. Pero la moción de censura que volvió a agitar el lunes en una entrevista televisiva ha terminado colocando de nuevo al líder de Junts, Carles Puigdemont, en el centro del tablero y devolviendo a los posconvergentesel “foco” de la atención política y mediática que el PP tanto ha querido evitar en las últimas semanas.

El líder del PP dijo la pasada semana que estaba dispuesto "a todo" para desalojar al presidente del Gobierno. "Todo es todo", insistió Feijóo en el Congreso tras la entrada de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, en relación con el caso Leire Díez. Una frase que deja abierta la pregunta de si ese “todo” incluye también pagar el peaje de Junts, que este martes le exigió lo mismo que al PSOE para investir a Sánchez hace tres años. Una visita a Waterloo (Bélgica), ciudad en la que reside Puigdemont desde hace años, para “empezar” a negociar.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó cerrar del todo la puerta a escuchar al PP este martes —a diferencia del “no” rotundo que esgrimía hasta ahora— , pero sí fijó sus condiciones: "Las reuniones serias las hacemos en Waterloo". Así, si Feijóo quiere los siete votos de los independentistas para una moción contra Sánchez, tendrá que aceptar primero una fotografía que lleva años denunciando cuando los protagonistas han sido miembros de la cúpula socialista, entre ellos el president catalán, Salvador Illa. 

Aunque no acudiera el propio Feijóo, en Génova asumen que esa imagen tendría costes en una gran parte de su electorado, sería utilizada por Vox y tampoco se entendería a nivel interno. A lo largo de la legislatura, tanto el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado públicamente sus reservas a cualquier acercamiento a los de Puigdemont, especialmente después de que el equipo de Feijóo admitiera que planteó un indulto condicionado al líder de Junts e incluso sopesó la amnistía durante 24 horas. No obstante, también hay sectores del partido que creen que ese “precio” es asumible si con ello logran desbancar a Sánchez de La Moncloa antes de 2027.

Aunque Feijóo insiste en que, a diferencia de Sánchez, impulsaría una moción de censura "instrumental" para convocar elecciones de inmediato tras “limpiar instituciones” como RTVE o el CIS, Junts le pone las mismas condiciones que al presidente del Gobierno. En Génova entienden que el precio es demasiado alto para un partido que criticó con vehemencia que Santos Cerdán, exsecretario de organización, fuera a Waterloo a negociar con Puigdemont; que ha llegado a tildar al líder de Junts de “terrorista”; y que se refiere a él de manera habitual como “prófugo de la justicia”. Así, para no alimentar más la cuestión, el líder del PP no se refirió a la moción ni tampoco al partido de Puigdemont en el acto celebrado este martes en el Cercle d’Economia de Barcelona, en el que buscaba una alianza con el empresariado catalán para aumentar la presión sobre los posconvergentes. 

“No pretendo remover conciencias, no busco atajos porque lo que conviene es atajar la situación de España. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos, vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que en todo caso devolveré esa decencia a mi país con ayuda o sin ella”, fue lo único que dijo en el acto. A su salida, instó a "hablar de cosas serias", tras ser preguntado por la exigencia de Junts de desplazarse a Bruselas. Horas antes, desde su equipo aseguraban que no querían entrar a comentar las “ocurrencias” de nadie, tampoco de quienes son imprescindibles para desbancar al presidente del Gobierno. 

Los movimientos de Feijóo no han pasado desapercibidos para los barones de la formación, algunos de los cuales consideran que su líder se está “metiendo en charcos” innecesarios. Aunque más allá de la propuesta del exministro José Manuel Margallo de presentar un candidato alternativo a Feijóo —“políticamente neutral, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual”, en sus propias palabras—, ningún cargo de peso de la formación conservadora ha alzado la voz para cuestionar a su jefe de filas.

Más allá de las intenciones del líder del PP, hay varios motivos por los que la moción es, por el momento, inviable. El primero es Vox. Feijóo puede prometer que su líder, Santiago Abascal, no entraría en ese Gobierno transitorio, pero sin los 33 diputados de Vox no hay suma posible. Para el PNV, votar una moción que dependa de la extrema derecha es una línea roja. Para Junts, también implica un coste evidente en Cataluña, el de aparecer como socio de una operación que solo sería viable con los ultras. 

El segundo es Junts. Puigdemont no ha dicho un "no" definitivo, y precisamente por eso ha recuperado el foco. Le basta con poner una condición que sabe casi imposible para el líder del PP, que queda atrapado en ese regalo envenenado de los posconvergentes. Si acepta, blanquea la interlocución directa con el expresident catalán y dinamita años de discurso contra Sánchez. Si no lo hace, Junts puede responder que el "todo" de Feijóo tenía letra pequeña. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont gana protagonismo.

En el caso de la moción, hay un tercer factor: la contradicción interna del PP. Feijóo acusa a Sánchez de haber entregado la gobernabilidad a Puigdemont, pero ahora le necesita para derribarle. Así, la tesis mayoritaria en Génova es que les sale más a cuenta esperar a que el PSOE “se siga desgastando” y ganar las generales, que no llegar con una moción condicionada por un Junts del que tampoco se fían. 

Es más, la situación judicial de Puigdemont explica, en parte, por qué mantienen la presión sobre Sánchez sin terminar de romper todos los puentes.  La ley de amnistía ya fue avalada en términos generales por el Tribunal Constitucional, pero el caso del líder de Junts sigue encallado por la negativa del Supremo a aplicársela en la causa de malversación. El TC admitió su recurso de amparo, pero mantuvo la orden de detención en España mientras resuelve el fondo. En los últimos meses la Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido que debe aplicarse la amnistía y han cuestionado la interpretación del Supremo. La última palabra, sin embargo, no ha llegado aún.

Así, mientras el expresident catalán siga pendiente del recurso del Constitucional y de la justicia europea, su partido conserva un poderoso incentivo para mantener abierta la negociación, elevar el precio de sus votos y evitar que el relato se le escape. Si la amnistía se desbloquea y Puigdemont puede volver, el tablero cambia y Feijóo pierde su oportunidad. Si no lo hace, Junts puede seguir acusando al PSOE de incumplimientos y de incapacidad para garantizar lo pactado.

El contexto catalán tampoco ayuda a Feijóo. Este martes, ante el empresariado reunido en el Cercle d’Economia, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, puso sobre la mesa otro asunto incómodo para el PP: la financiación autonómica. "El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla", trasladó ante Feijóo. La financiación es otro recordatorio de que el tablero catalán no se mueve solo por la moción y de que Cataluña es uno de los territorios en los que Feijóo prevé volcarse hasta las generales, pero también uno en el que gobiernan los socialistas de la mano del principal apoyo de Sánchez, Salvador Illa.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad", según informa EFE. Ninguno de los tres políticos ocupaba ya escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El TJUE señaló que el Parlamento Europeo, en su propio reglamento, ha establecido que "para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad (...), no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina". Ello es así porque "las potenciales afinidades entre ellos podrían suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad del ponente". 

Y siguiendo esta misma lógica, "en aras de la coherencia" los jueces subrayaron que "el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina". 

Después de que el Tribunal Supremo español solicitara el suplicatorio para Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Eurocámara designó al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki como ponente del caso, perteneciente al grupo ECR del que en la anterior legislatura formaban parte C's y Vox, partido que está personado en la causa del procés. 

"Ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración", apuntó la sentencia. 

El TJUE se ha pronunciado este jueves contra el recurso que Puigdemont, Comín y Ponsatí interpusieron contra la sentencia del Tribunal General de la UE, que en una sentencia previa en 2023 avaló la suspensión de su inmunidad, por lo que el fallo de hoy también anula esa decisión. 

"El Tribunal General incurrió en error al declarar que el hecho de que el ponente designado para instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados en cuestión perteneciera al mismo grupo político que los miembros del partido político Vox, que promovió el proceso penal contra esos diputados, era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente", señaló el TJUE. 

Los jueces subrayaron también que el TGUE "pasó por alto un elemento especialmente pertinente par ala exigencia de imparcialidad", el hecho de que el 6 de marzo de 2019, Dzhambazki organizase un evento en el que participó el secretario general de Vox con el tema "Cataluña es España". 

"En aquel momento el partido Vox ya había entablado el proceso penal de que se trata. Por tanto, la organización de ese evento era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los diputados", apuntaron este jueves los jueces.

Una portavoz del Parlamento Europeo consultada por EFE señaló que están analizando la sentencia.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional, a partir de una ponencia de la magistrada progresista Laura Diez, es no desautorizar la actuación del juez Llarena y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo. 

Pero, además, no atiende el principal argumento del expresident al dejar claro que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión. Recordaba, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, entendía que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

La pugna entre Esquerra Republicana y Junts se recrudece cada día más. ¿Quién se puede arrogar más logros en Madrid para Cataluña? Con la Generalitat en manos de Salvador Illa (PSC), el independentismo tiene de manera paradójica como principal tablero político el Congreso. Y la nueva financiación autonómica se ha convertido en un elemento clave para el futuro político de las dos formaciones.

El nuevo sistema ideado por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pasa este miércoles por la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP, que tiene en sus manos la mayoría de gobiernos regionales, no piensa apoyarlo cuando llegue al Congreso (todavía el proyecto de ley no ha sido acordado en el Consejo de Ministros). Por lo que todas las miradas están puesta en Junts de cara a esa futura negociación en las Cortes.

El sistema de financiación nace marcado políticamente por el acuerdo entre los socialistas y ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña. Entonces, los republicanos para dar su apoyo al líder del PSC vendieron la creación de un concierto económico al estilo del País Vasco.

En el documento que suscribieron las dos formaciones se recogía el impulso de “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes”.

El acuerdo que alcanzaron Oriol Junqueras, líder de ERC, y el presidente, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la semana pasada supone un aumento de financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, además de contemplar, al igual que el resto de autonomías, el aumento de la cesión de la recaudación del IRPF y del IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente.

Y uno de los aspectos más polémicos es que el sistema “tiende a la ordinalidad”, como señaló Montero, por lo que Cataluña será la tercera que más recibe por habitante al ser la tercera que más aporta en global. Pero eso no sucede igual en todas las autonomías, debido a los ajustes del modelo, por lo que Madrid no será la primera por habitante a pesar de ocupar ese puesto a nivel general.

Pero la llamada financiación singular para Cataluña dista mucho de ser un sistema como el cupo vasco, algo que está sirviendo a Junts para marcar distancias con ERC y amortiguar su pacto con el Gobierno. En realidad, se trata de una renovación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) y no implica, como pretende desde hace años el independentismo, la recaudación total de los impuestos por parte de una Hacienda catalana.

Junts en estos momentos se posiciona en contra del sistema precisamente por considerar que se trata de “café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”. Su apuesta sigue siendo un concierto económico y que la comunidad salga del paraguas de la ley de régimen común. Pero, sobre todo, está utilizando políticamente el asunto para desgastar a Esquerra, en un momento en el que los posconvergentes necesitan marcar terreno por la subida en las encuestas de Aliança Catalana.

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, hacía estas reflexiones al hilo del acuerdo entre Junqueras y Sánchez: “No entendemos por qué ERC, que siempre ha votado a favor del concierto económico. ha llegado a un acuerdo tan débil y que mantiene a Cataluña en el café para todos”. “Negociar un nuevo modelo de financiación sin las balanzas fiscales es un fraude”, reflexionaba. 

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha sido muy crítica con el plan acordado por el Gobierno y ERC: “El modelo de financiación dice que Madrid gestiona el dinero de los catalanes: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o incluso Abascal. Nosotros no queremos eso”. No obstante, Puigdemont todavía no se ha pronunciado específicamente.

En Esquerra son conscientes del intento de Junts de rebajar de todas las maneras por el acuerdo. El que ha hablado de manera más clara ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha expresado durante estos días:  “Ante cualquier acuerdo de ERC siempre lo mismo. La derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto. PP, VOX y Junts con diferentes banderas pero la misma soberbia”.

Por eso, ha pedido: “Si quieren votar en contra, que lo hagan. pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y, sobre todo, Junts”.

Asimismo, Junqueras está tratando de presionar al propio Carles Pugidemont, al que ha pedido una cita en Bruselas para hablar del nuevo modelo. Los posconvergentes están muy molestos con que el líder de ERC hiciera pública en una entrevista este lunes esa reclamación.

A juicio del portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, esta petición "llega tarde", reduciéndola a un "tanteo vía mensaje privado". "Lamentamos que haya trascendido al ámbito público este mensaje, una petición de reunión que era privada y que no tenía ni motivos ni concretaba ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde, esto tendría que haber ocurrido antes de la reunión y la foto en Moncloa", señaló al hilo.

Y también Juns se ha lanzado contra el nacimiento de la empresa mixta que gestionará Rodalies, cuya firma se realizó entre Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta es otra de las exigencias que puso ERC a los socialistas en las negociaciones tanto de la investidura del presidente catalán como de Sánchez. Al acto de rúbrica de este lunes acudió Ester Capella, exconsellera de Territori y una de las figuras de ERC más próximas a Junqueras. 

Los posconvergentes han desacreditado por completo esta iniciativa: "La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa”.

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", lanzaron desde el partido posconvergente.

En mitad de esta pugna entre las fuerzas catalanas, en La Moncloa tratan de evitar enfrentamientos. Y no quieren poner presión sobre Junts de manera pública en un momento en el que las relaciones están rotas por parte de los de Puidgemont. Pero los socialistas creen que los posconvergentes pueden terminar apoyando tanto el sistema de financiación como la quita de la deuda (que fue aprobada en el último Consejo de Ministros de diciembre y ya pasa a tramitación parlamentaria) porque suponen miles de millones de para Cataluña y es muy difícil de justificar socialmente. 

La oferta de Pedro Sánchez a Junts no ha servido de nada por el momento. "Estamos donde estábamos", ha sido la respuesta que ha dado la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, después de que el jefe del Ejecutivo haya dado un giro en su discurso y haya puesto en marcha un paquete de medidas para atraer de nuevo a Carles Puigdemont al bloque de investidura,

Junts no contestó oficialmente al presidente del Gobierno hasta este miércoles por la mañana: "Que nadie se confunda. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir".

La portavoz de Junts ha enfatizado en una rueda de prensa en Barcelona: “La relación entre ellos y nosotros está cerrada, no hay negociación y no va a haber negociaciones”.

No obstante, sí ha reconocido que el presidente haya admitido "incumplimientos" sobre el acuerdo de Bruselas entre los dos partidos para la investidura de Sánchez. El jefe del Ejecutivo cambió, en sendas entrevistas este martes en Rac1 y La 2 Cat, su discurso, ya que hasta ahora había dicho que el Gobierno había hecho todo lo posible y que los acuerdos no se materializaban por actores externos: Congreso (traspaso de migración) y UE (cooficialidad del catalán en las instituciones europeas).

Respecto al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para flexibilizar el gasto de ayuntamientos como exigía Junts, Nogueras ha remarcado: “Demuestra que no querían cumplir, no que no pudieran, lo de ayer es parte de lo que se debería haber aprobado hace tiempo”.

Para Nogueras, el PSOE ha incumplido "la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura: "Cuando nosotros rompemos, rompemos". En este sentido, ha analizado que el Gobierno no tiene margen para aprobar los presupuestos, como se evidenció con el 'no' a la nueva senda de déficit la semana pasada por parte del Congreso. Para ella, el Ejecutivo está en una situación de "debilidad política".

"La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta", ha apostillado Nogueras, que ha insistido en que sólo aprobarán aquello que sea bueno para Cataluña: "Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea"

Fue el acuerdo de Bruselas firmado entre PSOE y Junts el que propició que la España plurinacional cristalizara con un gobierno en el que todos los partidos, salvo PP y Vox, se situaron dentro del hemiciclo en 2023. Todos dentro y a funcionar. El acuerdo abrió la puerta a un escenario político que ha escaseado en la historia contemporánea de España. Como apuntaba Enric Juliana hace dos años, todos los partidos, fuerzas y corrientes estaban dentro del juego institucional, sin un pie en el exilio, en el extrañamiento o en el boicot. A partir de entonces, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento español fueron plenamente operativas para participar en la legislación del país, mediante coaliciones, pactos, alianzas o acuerdos puntuales. 

Dos años después, el presidente del Gobierno vive su mayor crisis política, asediado por el Napoleón del Poder Judicial, amenazado por dos ex-secretarios de Organización y un confidente de  la Guardia Civil, en mitad de una legislatura bloqueada por Junts. Con este horizonte, ha entendido el Gobierno acertadamente que ha llegado el momento de dar un golpe de efecto. Y ese golpe ha sido la entrevista del Presidente Sánchez con Gemma Nierga, una entrevista ciertamente clarificadora, previa a un Consejo de Ministros, algo inusual que, entre sus virtudes, resitúa la crisis política del Ejecutivo en el contexto de la ley de Amnistía, da relieve al momento con Junts y difumina el ruido que se emite desde el templo de Debod.  

La entrevista con Nierga este martes ha sido, ante todo, un ejercicio de expiación. Pedro Sánchez ha reconocido que en estos dos años no ha cumplido con todos sus compromisos con Junts. Vivimos un momento antipolítico y los contactos con los de Carles Puigdemont están rotos debido a los incumplimientos, pero no es menos cierto que esos puentes se pueden reconstruir porque lo único real, querido y  desocupado lector, de este tiempo singular es que el eje sobre el que rueda la actual legislatura sigue siendo el mismo que cuando salió adelante la investidura: la amnistía reconocida por la España  plurinacional que los situaba a todos dentro de la Corte de los Leones. 

Todos dentro y a funcionar. Tras hablar con los de Junts, Pedro Sánchez ha querido dar un impulso a la legislatura anunciando tres medidas acordadas con Miriam Nogueras y Jordi Turull en 2023.  Tres compromisos menores que buscan ofrecer un gesto de reconciliación: facilitar la inversión de  ayuntamientos y diputaciones de un modo más sostenible, mejorar la financiación de las empresas catalanas en el proceso de transición digital y, finalmente, respaldar a los propietarios que sufran los impagos de los inquilinos jóvenes o de las familias en situación vulnerable, algo que no caerá muy bien en el saco de Podemos. Finalmente, Sánchez y Nierga han mencionado la posibilidad de ver publicados los balances fiscales de las comunidades autónomas aunque, de momento, esos balances  no están incluidos en el paquete del perdón.  

Tras todo esto, conviene no perder de vista que el efecto del golpe negociado con Junts se iba disipando a medida que iba anunciando medidas. Concluyó la entrevista de Nierga con una desabrida sensación de insatisfacción. Sigue siendo necesario, pues, que suceda algo más. Hacer  que pase. Ese ha sido un lema en los siete años de gobierno de Sánchez. Hacer que pase hoy es hacer que Sánchez anuncie su reunión en Madrid con Carles Puigdemont. Hacer que suceda ese  encuentro en Madrid y no en Waterloo porque de ese modo habrá significado que la Ley de Amnistía se ejecuta de forma plena y con todas las garantías en toda España, sin temor a ninguna argucia del Napoleón del Poder Judicial. A Sánchez le ha faltado informarle a Gemma Nierga de que a  Puigdemont le esperaba un vuelo en Waterloo media hora después de la entrevista. Este país, no sólo Sánchez, no puede seguir esquivando al presidente de Junts como a un leproso. El mejor golpe  de efecto del Gobierno en este Campo de Agramante es conseguir que Puigdemont aterrice en El Prat y entone de una santa vez el Ya sóc aquí. 

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pide que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme, según informa EFE.

En un escrito dirigido al Pleno del TC al que ha tenido acceso EFE, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del Abogado General sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.

Recuerda, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, la defensa del expresidente catalán argumenta que el pronunciamiento del Abogado General, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

Advierte de que la ejecución de las órdenes de detención produciría "un perjuicio irreparable" y afectaría "de modo irreversible a la libertad personal, a la participación política del recurrente, al ejercicio de su mandato representativo y a su libertad de circulación".

En este sentido, señala que una eventual sentencia estimatoria no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional.

Detalla que durante años, Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la Ley de Amnistía y confirmada tanto por este Tribunal como por el estándar europeo. 

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.

Por tanto, señala que la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente. 

Por todo ello, pide "la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión" y que se mantenga hasta que este Tribunal dicte sentencia firme, así como la comunicación inmediata de la suspensión a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas.