La tecnológica española Indra ha cerrado la compra del 89,68% de Hispasat a la compañía Redeia por 725 millones de euros, tras cumplirse las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo, han informado ambas compañías este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación supone la toma de control por parte de Indra de Hisdesat, operador de servicios gubernamentales por satélites en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

Tras esta adquisición, Indra ha reorganizado la dirección de Indra Space, la unidad que creo Indra y que aglutina su negocio espacial, y que pasará a estar ocupada por Miguel Ángel Panduro, hasta ahora consejero delegado de Hispasat.

Por su parte, Luis Mayo que era el director de Indra Space pasará a ser consejero delegado de Hispasat, que seguirá siendo presidida por Pedro Duque.

Además, Ana María Molina, que hasta la fecha era la directora corporativa de Hispasat, ha sido nombrada consejera delegada de Hisdesat.

Esta adquisición, que se anunció el pasado 31 de enero, se enmarca en el Plan Estratégico “Leading the Future” (Liderando el futuro), que tenía como objetivo consolidar a Indra como el referente de la industria satelital en España.

La operación quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, de carácter esencialmente regulatorio, a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Indra y a la ejecución de determinados acuerdos para que Indra consolidara contablemente Hisdesat.

Hasta ahora, el 89,68% de Hispasat era de Restel (Red Eléctrica Sistema de Comunicaciones), compañía que es a su vez propiedad del grupo Redeia, y la SEPI era el segundo accionista, con un 7,41%, mientras que el 2,91% restante era del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI.

Hispasat tiene, a su vez, un 43% de Hisdesat; Isdefe un 30%, Airbus Defence & Space un 15%; Indra, un 7%; y Sener, un 5%. Para ello, Indra se hizo con el 0,1% de las acciones de esta compañía.

El propio presidente de Indra, Ángel Escribano, reconoció que donde verdaderamente tenía el interés era en Hisdesat y de ahí la cláusula que condicionaba esta operación a adquirir la mayoría.

Indra, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee un 28% de las acciones, ha afirmado en nota de prensa que con la integración de Hispasat y la consolidación de Hisdesat, se generan importantes sinergias para el crecimiento de las operaciones y los ingresos de Indra.

La tecnológica prevé agilizar la producción y lograr una fabricación industrializada a escala, que permita hacer frente a la creciente demanda de satélites miniaturizados, situando a la compañía a la vanguardia de la tecnología satelital del futuro.

Con esta operación, Indra se posiciona como actor decisivo en varios programas europeos como IRIS, crucial para las comunicaciones seguras en Europa, así como SpainSat NG y PAZ, entre otros, según ha dicho.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que "no existe ninguna posibilidad" de que vuelvan a presentar una opa por el Banco Sabadell, y que tampoco les encaja ningún otro banco en España o de fuera del país como alternativa.

En una entrevista en El Periódico, Torres se muestra taxativo sobre esta cuestión: "Lo he dicho claramente, aceptamos el resultado. Capítulo cerrado. Continuamos mirando hacia adelante, centrados en nuestro plan estratégico, que nos lleva a mantener la posición que ya tenemos desde hace varios años de ser el banco europeo con mayor crecimiento y también de mejor rentabilidad".

Descarta asimismo el presidente del BBVA cualquier operación con otros bancos españoles o fusiones transnacionales: "Tienen pocas ventajas. No es que no tengan sinergias, pero son mucho más bajas".

"Y suponen complicaciones como regulaciones que no son del todo homogéneas, restricciones al movimiento del capital y la liquidez entre fronteras, intervencionismo gubernamental, choque cultural... Hay muchos factores que hacen que una operación que cruce fronteras sea más complicada", alega Carlos Torres.

Torres ha explicado también que, después de conocer el resultado de la opa fallida al Banco Sabadell llamó al presidente de esta entidad, Josep Oliu: "La llamada fue más que cordial, nos congratulamos ambos de que haya terminado el proceso".

"Le trasladé mis mejores deseos para él y para Banco Sabadell de aquí en adelante. Él también tuvo una muy buena reacción", ha precisado el directivo bancario.

Según el presidente del BBVA, las relaciones entre las dos entidades y los dos presidentes "siempre han sido cordiales, también los últimos meses, aunque con más distancia".

Torres ha vuelto a considerar que el fracaso de la opa del BBVA al Sabadell "es una oportunidad perdida para todos: clientes, accionistas, Cataluña, España y Europa. Pero cerramos este capítulo y ya miramos al futuro".

Asegura que el BBVA ha asumido "plenamente" la decisión de los accionistas del Sabadell: "Tiene poco sentido que perdamos mucho el tiempo pensando en qué podía haber pasado de haber hecho las cosas de otra manera. Habrá tiempo para los aprendizajes, pero más adelante".

Sobre su futuro, ha insistido en que su continuidad al frente del banco "no dependía para nada del resultado de la operación".

"Lejos de haber alguna razón para dimitir, hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, que era intentar una operación que tiene un enorme sentido estratégico y financiero. La actuación en todo el proceso no es solo mía, sino del consejo, que aprobó unánimemente la decisión, y está apoyada por la junta extraordinaria el año pasado, con un respaldo muy mayoritario del 96%", ha argumentado.

Asimismo, ha explicado que, una vez conocido el resultado, el consejo del BBVA "ha reiterado su apoyo y confianza tanto en el plan estratégico de la entidad como en todo el equipo directivo, y eso incluye a los consejeros ejecutivos".

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, consideran que la entidad sale más fortalecida tras el fracaso de la opa del BBVA y no esperan una nueva "opa hostil" de otras instituciones financieras.

En una entrevista coral que La Vanguardia publica este domingo, Oliu explica que, a su juicio, las razones por las que no prosperó fueron "el bajo precio de referencia, las expectativas de beneficio con el Sabadell, y que esta operación conllevaba gran incertidumbre".

El presidente del banco destaca que "si el precio hubiese sido muy elevado, entonces sí, pero es que el precio no era atractivo, por ser educado".

"En cambio, nuestro proyecto es claro y se focaliza en la creación de valor", agrega Oliu, quien insiste en el papel de los minoritarios en el proceso de la opa: "Los inversores minoritarios casi todos son clientes", explica.

César González-Bueno indica que algunos de esos inversores minoritarios retiraron la venta de opciones cuando empezaron a conocer claramente las consecuencias de la opa, especialmente en el ámbito fiscal.

Oliu reconoce que ya se esperaban la bajada de las acciones del banco en la bolsa el viernes, pero aventura: "Veremos dentro de un par de meses dónde está la acción".

El consejero delegado agrega que la mañana del viernes fue "la mejor mañana del año" porque con el proceso de la opa "se había creado un tapón" que, al desaparecer, provocó "mucha captación de clientes particulares".

Respecto al efecto contrario en el BBVA, la subida de sus acciones el viernes, Oliu dice: "Evidente. Se ha quitado de encima un marrón importante".

En el Sabadell, el mexicano David Martínez es el tercer accionista de la entidad y apoyó la opa del BBVA. Sobre cuál es su futuro ahora en el banco, Oliu indica que "es una referencia importante".

"Es accionista de referencia -continúa-. Su mandato no expira, como mínimo, hasta la próxima junta general, así que él sabrá. Para mí, desde luego, sigue en el consejo. Nadie ha dicho que no vaya a seguir. En un momento dado, su visión no ha coincidido con la del consejo. Pero yo le respeto muchísimo, él me respeta a mí, no hay más que decir".

Ahora, adelanta Oliu, el "mejor movimiento" que pueden hacer para proteger al banco "es hacerlo bien, ganar dinero y tener el apoyo de los clientes". "Con eso la cotización estará fuerte, y con una cotización fuerte estás muy protegido", al tiempo que recuerda que "la opa vino cuando el banco estaba a medio camino de la recuperación".

"Nosotros salimos bastante más fortalecidos de esta cosa -continúa-. Y solo nos queda el cierre de la operación del TSB con el Santander, un banco que vendemos al doble del valor al que lo compramos. No está mal, ¿no?. Pero nosotros en España salimos de esta operación con un banco muy fortalecido, ahora somos un banco más potente".

Respecto a la búsqueda de alianzas con Unicaja o Abanca, como se apuntó meses atrás, Oliu detalla que seguirán "buscando alianzas que tengan sentido" para su proyecto. "Tenemos una alianza con Amundi, una alianza con Zurich", pero "en principio, hoy por hoy, no hay nada que tengamos que contemplar en el futuro". 

El presidente del banco precisa que el Gobierno no les pidió que buscarán una fusión para reforzarse. "El Gobierno no nos ha pedido nunca nada. Lo único que nos pidió es que hiciéramos milagros para que no saliera la opa. Ya los hemos hecho", subraya. González-Bueno puntualiza que "no necesitamos ni tenemos peligro de ningún movimiento", pues "después de esto, yo creo que no es planteable una opa hostil. Si viniese en algún momento, sería una alianza, un acuerdo, pero no una opa hostil".

"Cualquier cosa que venga, hostil no va a ser -apostilla Oliu-. Amistosa va a ser cuando lo veamos conveniente y se cree valor para el accionista".

El presidente del Sabadell reitera que quién le ha apoyado en este proceso ha sido "la sociedad civil". "Y los políticos también pulsaron el sentir de la sociedad, una sociedad que consideraba importante no perder un banco con domicilio en Cataluña", recuerda.

Respecto a un eventual cambio de la legislación para que los procesos de opa no sean tan largos, González-Bueno dice que "el plazo más largo ha sido el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC)". 

"Donde verdaderamente se ha alargado el proceso -continúa- ha sido en ese trámite, y ahí había fundamentalmente conversaciones entre BBVA y CNMC. Tuvimos siete borradores distintos, porque había un problema serio de competencia y no se ponían encima de la mesa remedios suficientes como para dejar tranquila a la CNMC".

Ambos defienden la compra de acciones que el consejero delegado y otros directivos hicieron esta misma semana. González-Bueno argumenta, en este sentido: "A mí me pareció que el banco todavía tiene mucho recorrido. Y que si había una segunda opa, era una inversión".

Oliu informa, además, de su voluntad de seguir al frente del banco tras el fracaso de la opa.

La familia del magnate Rupert Murdoch resolvió este lunes una hermética batalla legal por la sucesión en el imperio mediático de Fox News y News Corp y confirmó que el hijo mayor del empresario, Lachlan Murdoch, su elegido, será quien lleve las riendas del negocio, según informa EFE.

La disputa se originó en 2024, cuando el patriarca de los Murdoch, de 94 años, intentó cambiar los términos del fideicomiso familiar para que después de su muerte, las empresas estuvieran bajo control de Lachlan, de 54 años, a quien eligió como sucesor, y alejar así del poder a otros tres hermanos.

Lachlan Murdoch, que preside Fox News y News Corp desde la retirada de su padre en 2023, quedará efectivamente a cargo de los negocios y sus hermanos Prudence, Elisabeth y James abandonarán su participación, según un comunicado que habla de un "acuerdo mutuo" que finaliza el litigio.

Murdoch creó el fideicomiso a finales de los años 90, principalmente para dar control equitativo sobre sus negocios a sus cuatro hijos mayores, pero buscaba bloquear la interferencia de esos tres hermanos de Lachlan, más moderados políticamente, para preservar su línea editorial conservadora.

Según el acuerdo, que cambia los planes sucesorios establecidos por aquella entidad, Prudence, Elisabeth y James Murdoch venderán sus acciones en las empresas en los próximos seis meses y no podrán comprar ninguna más, lo que confirma su salida del imperio mediático.

Los tres hermanos se opusieron a los movimientos de Rupert Murdoch secundados por Lachlan, y el año pasado un juez del tribunal Reno (Nevada) donde transcurría la batalla legal dio la razón a estos, por lo que la resolución en favor del sucesor elegido supone un giro de guion.

Lachlan y dos hermanastras pequeñas, Grace y Chloe, que son hijas de Rupert Murdoch y su tercera esposa, Wendi, tendrán acciones en otro nuevo fideicomiso que controla las empresas, indica la nota.

El canal CNN, que cita a una persona conocedora de la transacción, indica que los tres hermanos "salientes" del conglomerado recibirán 1.000 millones de dólares cada uno por sus acciones.

Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa, según recoge EFE.

Diez minutos después de la apertura del mercado de valores suizo a la 9:00 hora local (7:00 GMT), la acción de Nestlé caía un 3,4 %, hasta los 73 francos suizos (77 euros).

Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

La decisión de cambiar el consejero delegado "fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía", indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke.

Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.

Navratil, que entró en la Mesa Ejecutiva de Nestlé en enero de 2025, comenzó su andadura en Nestlé hace 24 años, primero como auditor interno, y ocupó diversos cargos comerciales en Centroamérica, entre ellos el de director de Nestlé Honduras o el del negocio de café y bebidas en México. "El consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos por mejorar la eficiencia. No cambiaremos de rumbo en la estrategia ni perderemos ritmo", aseguró el presidente Bulcke.

La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

En julio la compañía, la mayor del mundo en el sector alimentario, reportó beneficios netos de 5.065 millones de francos (5.400 millones de euros) en la primera mitad de 2025, un 10,3 % menos que en el mismo periodo de 2024, afectada por la fortaleza de la divisa suiza, que redujo el valor total de sus ventas. 

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes el despido de más de 600 trabajadores de la agencia federal que engloba a la emisora Voice of America y a Radio Martí, en una nueva vuelta de tuerca en los ataques del Gobierno contra los medios públicos.

"Hoy tomamos medidas decisivas para implementar la agenda del presidente Trump de reducir la burocracia federal descontrolada", declaró Kari Lake, designada por el republicano como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios (USAGM).

En una carta publicada en su cuenta de X, Lake confirmó que hoy "se enviaron avisos de despido por reducción de personal a 639 empleados de USAGM y Voice of America", una acción que completa la reducción del 85 % de esa fuerza laboral, traducida en 1.400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo.

"Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses se han visto obligados a financiar una agencia plagada de disfunciones, sesgos y despilfarro. Eso termina ahora", indicó la expresentadora y excandidata al Senado.

Después de esta ronda de despidos, solo quedarán unos 250 trabajadores en la administración de USAGM, Voice of America (VOA) y la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB, en inglés), matriz de Radio Martí.

"La agencia ahora opera cerca del mínimo legal; con eficiencia y enfoque. Este es un claro ejemplo de un Gobierno responsable que reduce el despilfarro, restaura la rendición de cuentas y cumple la promesa de priorizar a los contribuyentes estadounidenses", concluyó Lake.

Las acciones de hoy evidencian un recrudecimiento en las acciones del Gobierno de Trump contra instituciones culturales, universidades y medios públicos. A principios de mayo, el presidente ordenó reducir al mínimo legal el presupuesto federal de las emisoras NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

El cierre de estos medios, específicamente el de Voice of America -que ofrecía programación en más de 40 idiomas dirigida a países con censura de prensa y era vista como un ejemplo del 'poder blando' de EE.UU en el mundo- ha sido ampliamente criticada por legisladores demócratas y republicanos, que han ofrecido testimonio sobre el vacío que deja la salida del aire de cientos de programas de radio, televisivos y servicios digitales.

El director de la VOA, Mike Abramowitz, y varios periodistas del medio impusieron dos demandas para retar la orden ejecutiva de Trump, y aunque tuvieron éxito inicial gracias a fallos judiciales que bloquearon temporalmente los despidos, estos luego fueron levantados en cortes de apelación, donde actualmente los casos continúan en proceso. EFE

Prisa celebra este miércoles su Junta de Accionistas, que se celebrará marcada por el pulso mantenido en los últimos meses entre sus principales inversores por el control del grupo propietario de El País y la Ser. A las 12.00 está previsto que comience esta sesión, en la que, pese al contexto de discrepancias, se prevé que los puntos salgan adelante y, salvo sorpresas, se espera que se desarrolle con normalidad, según han dicho a EFE fuentes cercanas al grupo.

La reunión de la junta de accionistas se celebrará en un contexto en el que se está a la espera de resolución de una demanda interpuesta por Global Alconaba -que tiene en torno al 7 % del grupo- ante los Juzgados de lo Mercantil por un acuerdo que Prisa adquirió con su principal acreedor, Pimco, para refinanciar la deuda del grupo y por una ampliación de capital por 40 millones -el 10 % del grupo- que se efectuó a finales de marzo.

Global Alconaba acusa al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, entre otros cometidos, de haber lanzado esta ampliación de capital con el fin de diluir la participación de los accionistas, salvo la de él que se mantiene casi con un 30% del capital, según consta en la demanda que presentaron.

Su participación se mantiene ya que después de la ampliación de capital convirtió bonos que tenía de Prisa en acciones.

Las tensiones dentro de Prisa salieron a la luz el pasado febrero a raíz de que el ya expresidente de Prisa Media Carlos Núñez presentara un proyecto de TV en abierto en el Consejo de Administración, una iniciativa que fue rechazada y que supuso su cese al día siguiente.

A partir de ahí se evidenció la existencia de dos bloques dentro del consejo, uno el encabezado por Oughourlian, fundador de Amber Capital, el primer accionista, y, en segundo lugar, el liderado por Global Alconaba, un grupo de empresarios encabezado por Andrés Varela Entrecanales.

En Prisa, el segundo accionista con más capital es el grupo francés Vivendi, que cuenta con un 11% de las acciones y que de momento no se ha pronunciado sobre a qué bloque apoya, al igual que Rucandio, que controla indirectamente algo más de un 7% del capital y cuyo consejero delegado es Manuel Polanco, uno de los que votó en contra de la ampliación de capital del grupo.

También, figura Adolfo Utor, de Balearia, que roza el 5% del capital, cercano a las tesis de Alconaba, además del banquero y empresario catarí Khalid bin Thani bin Abdullah Al Than, con algo más del 3% de las acciones, y el Banco Santander con el 3,15% de los derechos de voto, quienes no se han pronunciado.

El tener una mayoría en la junta de accionistas implica tener la posición de control en Prisa y el mando de la situación ante una posible venta de la compañía en su conjunto, incluyendo Santillana, o de los medios El País y la Ser, afirman fuentes cercanas a la operación.

Se espera que después de esta sesión se establezca el marco propicio para iniciar negociaciones al respecto, han dicho a EFE algunas fuentes.

Desde hace meses, las especulaciones sobre la existencia de posibles compradores del grupo se ha sucedido, al igual que de posibles precios de venta. Sin embargo, no se ha producido ningún anuncio formal de negociación al respecto.

La Junta de Accionistas de Prisa contempla aprobar la reducción de los miembros del Consejo de Administración de 15 a 14 miembros, sin que se contemple cubrir la vacante en éste órgano de Carlos Núñez, expresidente de Prisa Media.

A la junta de accionistas, entre otros puntos del orden del día, se llevará la facultad de aumentar el capital social de la empresa para los próximos 5 años hasta un 50% y con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, hasta un límite del 20 %, con el fin de poder actuar con más agilidad ante oportunidades del mercado.

El límite de la ampliación de capital es hasta el 50%, igual cuantía que figuraba en la que se aprobó en 2024, que pasa a revocarse.

Además, se prevé llevar la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación de Prisa.

Se mantendrán como consejeros ejecutivos, la directora financiera del grupo, Pilar Gil, y el presidente ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado.

El hasta ahora consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha dejado de ser primer ejecutivo del holding de participadas de La Caixa, que nombrará a Francisco Reynés nuevo consejero de la entidad y vicepresidente ejecutivo en las próximas semanas.

En un comunicado publicado este martes, el patronato de la Fundación La Caixa ha dado a conocer que ha «aceptado la salida» del consejo por parte de Simón, que fue nombrado consejero delegado de Criteria en enero de 2024, por lo que apenas llevaba un año y cuatro meses en el cargo, según informa EFE.

Este movimiento implica que Reynés ejercerá de primer ejecutivo de Criteria, que no se plantea por el momento nombrar a un consejero delegado o a un director general, según han explicado fuentes de la entidad.

El patronato también ha acordado cubrir la vacante en el consejo con el nombramiento de Francisco Reynés como consejero de CriteriaCaixa, «con la finalidad de que el consejo de administración de la compañía le nombre vicepresidente ejecutivo en las próximas semanas», ha asegurado la Fundación.

Reynés, que actualmente es presidente ejecutivo de Naturgy, mantendrá ese cargo en la multinacional energética, ha aclarado Criteria en su comunicado.

A principios de abril, la Fundación Bancaria La Caixa nombró patronos a Maite Barrera y a Francisco Reynés, que es un directivo de la máxima confianza del presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidro Fainé.

Ingeniero industrial por la UPC, Reynés ya ha tenido responsabilidades ejecutivas en Criteria, dado que fue director general de Criteria CaixaCorp y lideró la salida a bolsa del holding en octubre de 2007.

Asimismo, ha ejercido como vicepresidente y consejero delegado de Abertis Infraestructuras y ha sido presidente de Cellnex Telecom. Desde 2018 es presidente de Naturgy.

Un consorcio vasco encabezado por Sidenor comprará el 29,77 % de Talgo, a cinco euros por acción, desde los 4,80 anteriores, tras el acuerdo alcanzado con la sociedad Pegaso, en la que el socio mayoritario es el fondo Trilantic, con un 29,8 % del capital, según recoge EFE. 

Talgo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del principio de acuerdo, por el que el Sidenor pagará 4,15 euros por acción fijos y otros 0,85 euros adicionales ligados al cumplimiento por parte del fabricante de trenes de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2027 y 2028.

Para cerrar el acuerdo, Sidenor, presidida por José Antonio Jainaga, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones de BBK y Vital, han elevado su puja en 0,20 céntimos en la parte variable y por encima de los cuatro euros de su primera propuesta, de octubre de 2024. 

Esto supone un desembolso inicial de 153 millones de euros por la parte fija más 31,4 millones por el pago futuro sujeto al cumplimiento de objetivos, lo que suma un total de 184,4 millones, frente a los 177 de la propuesta anterior y arroja una valoración total de la compañía de 620 millones de euros. 

Sidenor ha destacado que la operación permite mantener "en manos locales la propiedad de una compañía estratégica, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y que tiene un gran futuro por delante".

El cambio accionarial supondría el compromiso de "vuelta a casa" de la sede social de Talgo, una empresa que salió de Euskadi "por la lacra del terrorismo", según el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, que entiende que habrá que rendir "un homenaje como una casa" a José Antonio Jainaga, por impulsar la operación. 

Actualmente Talgo tiene su sede social en el municipio madrileño de Las Rozas, donde cuenta también con una factoría con 500 empleados, aunque su planta principal está en Rivabellosa (Álava), con 700 trabajadores. 

Los 5 euros por acción permiten alcanzar el objetivo de Trilantic, cuya referencia era la opa presentada en marzo del año pasado por la húngara Magyar Wagon, a ese mismo precio (en este caso a desembolsar de forma inmediata), pero esta operación fue vetada por el Gobierno por razones de seguridad nacional. 

El acuerdo cierra, por el momento, un largo episodio en la toma de control de Talgo, ya que, además de la opa húngara, el Gobierno ha frenado también la intención del fondo público polaco PFR de presentar una opa por la totalidad del capital de Talgo, y la india Jupiter Wagon, que también había anunciado su intención de comprar, ha desistido de presentar su oferta. 

El Gobierno español ha apoyado a Sidenor desde el inicio de las negociaciones como la primera opción para entrar en el capital de Talgo y en esa línea lleva trabajando desde hace meses, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que defiende la españolidad de la compañía. 

Este mismo miércoles el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se reunió en Varsovia (Polonia) con miembros del Gobierno del país y después Pesa comunicó a la CNMV que no había presentado oferta. 

La entrada de otros socios -como la polaca, la india u otros- podría producirse en una segunda fase tras la toma de control de Sidenor, en el escenario que maneja el Gobierno, confirman a EFE fuentes del propio Ejecutivo. 

La toma de control de Sidenor dejaría todavía en manos de los accionistas de Pegaso -Trilantic (29,8 %) y la familia Oriol (7,6 %)- cerca de un 8 % del capital, parte que podrían comprar otros socios industriales, con los que podría negociar también Torreal, el fondo de Juan Abelló (con el 3,53 %), que ayer mismo salió de Pegaso. 

Fuentes del sector han señalado a EFE que la oferta de Sidenor no garantiza el aumento de la capacidad industrial de Talgo, que tiene una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros y acumula retrasos importantes en las entregas a sus principales clientes, sobre todo Renfe y la ferroviaria alemana Deutsche Bahn.

Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Talgo han cerrado este viernes con una caída del 2,81%, el tercer descenso más abultado en la Bolsa española, después de que ayer cayeran otro 9,28 % cuando se conoció el freno del Gobierno a la opa polaca. 

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Peio Otxandiano, ha valorado el "uso adecuado" del sistema financiero vasco para lograr el arraigo de "una empresa estratégica" como es Talgo en Euskadi.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves, con condiciones, que la saudí STC incremente su participación en el capital de Telefónica a un 9,97%, compañía de la que posee en la actualidad el 4,9% de las acciones, según ha anunciado el ministro de Economía Carlos Cuerpo y recoge EFE.

STC, que compró hace más de un año el 4,9% de la operadora española, anunció ya entonces su intención de hacerse con el 9,9% de las acciones de la compañía, una operación que requería la autorización del Gobierno dado que la actividad de la teleco está relacionada con la defensa nacional.

Cuerpo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se han fijado "condiciones para garantizar esta operación", que la empresa saudí "ha aceptado de manera voluntaria".

Estas condiciones, que no ha desvelado, están orientadas a que "se asegure el elemento estratégico que es la compañía, la autonomía de Telefónica, se salvaguarden los intereses nacionales y se proteja la infraestructura crítica".

Preguntado sobre la posibilidad de que STC pueda pedir un consejero en Telefónica, ha respondido que esa decisión "corresponde a la propia empresa". Cuerpo ha expresado la "prudencia" y "cautela" del Gobierno en este asunto.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el principal accionista de Telefónica, con un 10%; seguido muy de cerca por Criteria con un 9,9%. Por detrás estarían, BBVA, que actualmente tiene un 4,93%; y BlackRock, con un 4,656%.

También ha sido preguntado por la posibilidad de que la SEPI incremente su participación en Telefónica, y ha dicho que es "pronto para empezar a hablar de una toma de posición adicional". Ha apuntado que Telefónica está en un momento "óptimo" para seguir invirtiendo en un sector que es estratégico y ha vaticinado que, "con los socios que tiene, será capaz de crecer en volumen y mejorar de oportunidades en ámbitos geográficos como puede ser Oriente Medio y para la adopción de las últimas tecnologías".

Cuando STC adquirió el 4,9% de Telefónica, compró, a su vez, instrumentos financieros sobre un 5%. Para alcanzar ahora ese 9,97% de participación en la operadora deberá de convertir estos instrumentos financieros en acciones.

El ministro ha afirmado que la autorización de la adquisición de acciones por parte de STC ha venido precedida de un "análisis exhaustivo" de las autoridades en base a la legislación vigente. El objetivo de este análisis es "asegurar el interés nacional en materia de defensa y también ese elemento estratégico que tiene que ver con las infraestructuras de telecos y la importancia de Telefónica en este ámbito".

Aunque no lo ha dicho el ministro en esta rueda de prensa, fuentes del Gobierno explicaron a EFE hace días que el organismo encargado de montar este expediente fue el Ministerio de Defensa, mientras que la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano interministerial colegiado, fue el encargado de informar sobre la operación.Durante tres semanas se ha estado especulando con que el Consejo de Ministros aprobaría esta operación. Finalmente, ha sido este jueves cuando se ha autorizado.

Los rumores se dispararon tras la reunión, a finales de octubre pasado, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del mismo ramo de Arabia Saudí, el Príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Esta adquisición tiene lugar en un momento en el que el sector español de las telecomunicaciones está en plena transformación después de la fusión de Orange y MásMóvil y el cambio de manos de Vodafone España. Telefónica no ha querido hacer valoraciones al respecto tras ser preguntada por EFE. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que los inversores que sufrieron pérdidas con la resolución del Banco Popular no pueden reclamar la nulidad de sus contratos de suscripción de instrumentos financieros a la extinta entidad ni a su sucesora, el Banco Santander, según informa EFE. Esto es así aún cuando los afectados no hubiesen adquirido inicialmente acciones de la entidad, sino otros instrumentos de capital que fueron convertidos en acciones antes de la resolución en 2017, según preció la corte, que confirma así la jurisprudencia que sentó su sentencia de 2022. 

El TJUE se pronunció así sobre los recursos presentados contra el Banco Santander, como sucesor del Popular, por varios inversores que adquirieron entre 2010 y 2011 instrumentos de fondos propios que en 2012 y 2014 fueron convertidos en acciones del Banco Popular. 

En el marco de la resolución de la entidad en 2017, que culminó con su venta al Santander por un euro, todas sus acciones fueron amortizadas a cero, por lo que estos inversores perdieron su titularidad. Además, otros instrumentos de fondos propios se convirtieron en acciones que fueron transferidas en su totalidad al Banco Santander sin consentimiento de los antiguos titulares y sin que estos recibieran contrapartida. 

Los inversores presentaron entonces sendos recursos, por un lado para declarar nula la adquisición de los instrumentos de fondos propios en cuestión, aduciendo que ni el Banco Popular ni su filial BPE Preference International les habían informado debidamente de su naturaleza, características y riesgos; y por otro para pedir una indemnización.

Con posterioridad a estos recursos, en 2022 el TJUE sentenció que la directiva europea sobre reestructuración se opone a que, tras la depreciación total de las acciones de un banco ordenada en el marco de su disolución, quienes adquirieran acciones antes de la misma puedan presentar recursos para declarar responsable a la entidad o su sucesor legal por la información del folleto o para declarar nulos los contratos de suscripción de acciones. 

En este contexto, el Tribunal Supremo español, que debe decidir sobre los recursos, preguntó a la corte de Luxemburgo si esto se aplica también a recursos presentados, no por quienes adquirieron inicialmente acciones, sino por quienes suscribieron otros instrumentos de capital que fueron convertidos en acciones antes de la resolución. 

En la sentencia emitida este jueves, el TJUE considera que debe hacerse la misma interpretación, de modo que los adquirientes de esos instrumentos de capital no pueden pedir responsabilidad o la nulidad del contrato de adquisición con posterioridad a la decisión de resolución. 

La corte destaca el carácter excepcional del régimen de insolvencia que establece la directiva, cuya aplicación busca preservar la estabilidad financiera y debe estar justificada por un interés general superior, y señala que esas acciones judiciales cuestionarían toda la valoración en que se basa la resolución —ya que la composición del capital es parte de la misma— por lo que podrían frustrar el procedimiento y los objetivos de la directiva.  Además, recuerda que en el momento de la resolución, los instrumentos adquiridos ya habían sido convertidos en acciones. 

Por otra parte, el TJUE clarifica que no se puede pedir la nulidad del contrato de suscripción al Banco Santander ya que los antiguos accionistas, cuyos títulos fueran transmitidos en el marco de la resolución, ya no son accionistas ni del Popular ni de su sucesora, por lo que pierden todo derecho respecto a los activos, derechos o pasivos transmitidos.

La corte subraya que la directiva se opone a que acreedores y accionistas puedan pedir la nulidad del contrato de suscripción tras la resolución, ya que esto permitiría que evitasen retroactivamente las pérdidas que deben soportar de manera prioritaria según la norma europea.

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

Los accionistas de BBVA han aprobado, durante la junta general extraordinaria celebrada este viernes, la ampliación de capital necesaria para acometer la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell con un 96,04% de los votos emitidos a favor, según ha informado Europa Press.

Este porcentaje corresponde al total de votos emitidos a favor entre los accionistas presentes y representados. El quórum final alcanzado fue del 70,75% del capital social. "Damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de la operación", ha indicado el presidente de BBVA, Carlos Torres, tras conocerse el resultado de la votación.

La junta celebrada este viernes únicamente constaba de dos puntos en el orden del día. En primer lugar, el banco ha propuesto a sus accionistas la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126,34 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una. Esto representa un importe nominal de 551,9 millones de euros de capital social.

Todas estas acciones irán dirigidas a atender la contraprestación en especie de la OPA de hasta el 100% de las acciones de Banco Sabadell. BBVA ha ofrecido a los accionistas del banco una ecuación de canje de 4,83 acciones de Sabadell por una acción de BBVA.

Al tratarse de una ampliación de capital con aportaciones no dinerarias dirigida a una OPA, los accionistas de BBVA no gozan de ningún derecho de suscripción preferente.

Este aumento de capital se ejecutará total o parcialmente y en una o varias veces en función del resultado de la oferta pública de adquisición o, en su caso, del ejercicio de los derechos de compra y venta forzosa. En todo caso, este aumento de capital no se materializará en el caso de que la OPA no se ejecute.

La aprobación de esta ampliación de capital es uno de los pasos necesarios para que la OPA pueda ser aprobada por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También es necesario que el Banco Central Europeo (BCE) emita su dictamen de no oposición a la operación, algo que debería ser el siguiente hito en este proceso.

En paralelo, la operación está siendo estudiada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque el proceso entre ambos reguladores no está correlacionado ni depende uno del otro, en la práctica la CNMV no suele aprobar una OPA sin que la CNMC haya emitido su veredicto sobre la existencia o no de problemas de competencia como resultado de la concentración.

BBVA aspira a lograr unas sinergias de costes de 850 millones de euros en tres años mediante la absorción de Banco Sabadell. De esa cifra, 100 millones de euros se corresponderán con unos menores costes de financiación. De los 750 millones de euros restantes, BBVA asegura que el grueso del ahorro procederá de tecnología y gastos generales y no de ahorros de personal.

Para lograr estos ahorros, BBVA tendrá que asumir un coste de reestructuración de 1.450 millones de euros, que se traducirá en un impacto en capital de 30 puntos básicos.

Durante su intervención en la junta celebrada este viernes, el presidente de BBVA ha puesto en valor la "experiencia" de BBVA en integraciones anteriores, lo que avala los cálculos del banco y les permite "confiar en el éxito de la integración". "La incorporación de Banco Sabadell representa una gran oportunidad. Es el cuarto banco en España, y tiene activos en Reino Unido y México. Es, además, una franquicia de alta calidad con una evolución muy positiva en sus métricas financieras en los últimos años", ha enfatizado Torres.

Nvidia superó este miércoles a Apple en capitalización bursátil y se convirtió en la segunda compañía más valiosa del mundo, solo por detrás de Microsoft, tras alcanzar los 3,01 billones de dólares (2,765 billones de euros) y superar los 3 billones de dólares (2,756 billones de euros) que registraba Apple, según datos de 'Bloomberg'.

Las acciones de Nvidia cerraron ayer con un incremento del 5,16% en los 1.224,40 dólares (1.124,90 euros), lo que equivalió en un valor total de mercado de 3,01 billones de dólares al cierre del mercado. De su lado, los títulos de Apple subieron un 0,78%.

La firma de semiconductores se ha convertido en el primer fabricante de microchips que ha superado la barrera de los 3 billones de dólares. Al mismo tiempo, Nvidia ha vuelto a superar en valor a la compañía de la manzana, algo que hizo por última vez en 2002, cinco años antes del lanzamiento del primer iPhone.

No obstante, Microsoft sigue conservando el liderato con una capitalización de 3,14 billones de dólares (2,885 billones de euros).

Nvidia lleva acumulado un ascenso de casi el 30% solo desde el pasado 22 de mayo a cuenta del 'boom' de la inteligencia artificial y de la presentación de resultados de su primer trimestre fiscal, que arrojó unos beneficios de 14.881 millones de dólares (13.672 millones de euros), un 628% más en comparativa interanual.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 2.845 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.217 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado. En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con cerca de 4.800 millones de euros, tras elevar un 28% el dividendo, hasta 1,54 euros por acción.

Tras anunciar un beneficio récord de 5.381 millones de euros en 2023, un 30,3% más, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un incremento del dividendo del 28% para el ejercicio 2023, hasta 1,54 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,04 euros y un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: el 2 de mayo de 2024 un pago de 0,77 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 4 de noviembre de 2024 un pago de 0,77 euros por acción (0,27 euros ordinario más 0,50 euros extraordinario). La política de dividendos de Inditex se compone de un payout ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 242 millones en dividendos de Inditex, frente a los 188 millones de euros que percibió el año anterior.

Telefónica ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre acciones representativas de un máximo del 28,19% del capital social y los derechos de voto de su filial alemana, Telefónica Deutschland, de la que actualmente posee, directa o indirectamente, el 71,81%, según informa Europa Press.

La oferta se formulará como una compraventa de acciones y la contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland será de 2,35 euros en efectivo por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 37,6% sobre el precio de cierre de Telefónica Deutschland en el día de ayer y del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen durante los últimos tres meses.

Telefónica tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total de la oferta, según ha asegurado la operadora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En virtud de esta operación, Telefónica y su filial alemana pretenden incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuibles a los accionistas de Telefónica.

Telefónica no aceptará la oferta respecto a las acciones de las que ya es titular. Asimismo, la compañía es titular directo de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32% del capital social y los derechos de voto de Telefónica Deutschland.

La compañía ha asegurado que esta operación refuerza su estrategia de centrarse en sus principales mercados geográficos (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y su "firme apuesta" por el mercado alemán, "uno de los mercados de telecomunicaciones más atractivos y estables de Europa".

La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha destacado además que esta operación, que no está sujeta a ningún porcentaje mínimo de aceptación, también contribuye a sus esfuerzos por "simplificar" la estructura del grupo y aumenta los flujos de caja en euros. Telefónica, que ha explicado que el número total de acciones que formarán parte de la OPA se publicará más adelante, ha informado además a la CNMV de que no tiene intención de implementar un acuerdo de dominación y/o de transferencia de beneficios y pérdidas.

Tras conocerse el anuncio de la operación, los títulos de la filial alemana subían un 42%, hasta intercambiarse a un precio de 2,42 euros, si bien pasados unos minutos, pasadas las 10.00 horas, moderaban su avance hasta el 38% y marcaban un precio de 2,34 euros. De su lado, las acciones de Telefónica cotizaban a un precio de 3,7 euros, con una subida del 0,64%.

En el contexto de esta OPA, Telefónica ha subrayado que tiene intención de promover una revisión de la actual política de dividendos de su filial alemana, sin perjuicio del dividendo ya confirmado de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023 y cuyo abono está previsto para 2024. "La futura política de dividendos de Telefónica Deutschland responderá a las necesidades derivadas de la ejecución de su actual plan de negocio y, en consecuencia, estará sujeta, entre otros, a los futuros planes de gasto e inversión de Telefónica Deutschland, así como a otros riesgos y contingencias existentes o potenciales", ha precisado la operadora.

En este contexto, Telefónica ha afirmado que analizará la política de dividendos de Telefónica Deutschland en su momento conjuntamente con el equipo directivo de su filial germana. Así las cosas, la operadora española considera que esta OPA "ofrece una ventana de liquidez atractiva con una prima significativa para todos los accionistas, en particular para aquellos que cuentan con la actual política de dividendos".

Las características, condiciones y términos detallados de esta OPA se incluirán en el correspondiente documento de oferta que se publicará tras la revisión y aprobación por parte del supervisor del mercado de valores de Alemania. Telefónica ha precisado que el periodo de aceptación de la oferta comenzará tras la publicación de dicho documento, aunque espera que éste arranque en diciembre de este año y finalice a mediados de enero del próximo año.

La operación estará sujeta a una condición MAC (Material Adverse Change) en términos habituales de mercado y podría someterse a aprobación regulatoria en caso de resultar necesario. En el marco de esta OPA, Bank of America y J.P. Morgan, así como Gleiss Lutz, Davis Polk & Wardwell LLP y Uría Menéndez actúan como asesores financieros y legales, respectivamente, de Telefónica.

La junta general de accionistas aprobó este jueves por mayoría absoluta el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. Ninguno de los únicos cuatro accionistas que tomaron la palabra expresó el menor reparo a la fusión transfronteriza que el grupo constructor quiere cerrar antes de que acabe este año. Aun así, hubo un 6,7% de los inversores que votaron en contra de la operación. Asistieron, en persona o a través de representantes un total de 2.696 accionistas, el 77,7% del capital social, que aprobaron igualmente todos y cada uno de 13 puntos del orden del día, entre ellos las cuentas de 2022, la reelección de cinco miembros del consejo de administración y las retribuciones de ese órgano de gobierno.

Antes de la votación, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, había desglosado los principales logros de su empresa en 2022, subrayando la importancia y valor de su negocio internacional, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. De hecho, presentó la polémica operación como “parte del desarrollo natural” de Ferrovial. Pero con mucho cuidado también de seguir enarbolando la bandera. “Ferrovial no se va de España”, subrayó, “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”.

A continuación, Del Pino destacó los 282 millones de euros en que cifró la contribución fiscal de su empresa en España el pasado ejercicio. También el efecto “arrastre” que los proyectos internacionales de Ferrovial tienen sobre empresas pequeñas y medianas españolas. Según dijo, 1.000 proveedores trabajan fuera de España gracias a contratos con Ferrovial y 50 ingenierías han conseguido 500 millones de euros en encargos, la mitad de ellos en Estados Unidos. La operación, por tanto, es “la mejor contribución a la sociedad donde estamos presentes, creando empleo y riqueza a nuestro alrededor”, aseguró.

Las apelaciones directas al patriotismo vinieron de la mano de uno de los accionistas que intervino en la junta, Valentín de Torres-Solanot del Pino, exconsejero de una filial de Pharmamar y primo de Rafael del Pino. “De patriotas es sentar las bases para mantener y mejorar el dividendo, de patriotas es permitir a los trabajadores que ensanchen su experiencia laboral interactuando con otras culturas, llevando el nombre de España por todo el mundo”, proclamó el accionista, para quien no hay “nada más patriótico que encabezar un proyecto en un entorno ferozmente competitivo” como hace Ferrovial.

En contestación a las críticas del Gobierno a la mudanza, Rafael del Pino reiteró que la “reorganización societaria” anunciada el pasado 28 de febrero “persigue objetivos económicos sólidos” y carece de motivos fiscales. “Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes”, adelantó el presidente, por lo que, según reclamó, debería permitírsele a la constructora acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones. La Ley del Impuesto de Sociedades exime de tributar a las empresas por las plusvalías que genera una reorganización como la planteada por Ferrovial: la fusión por absorción de la matriz Ferrovial SA, con sede en España, por la filial Ferrovial Internacional SE (FISE), que tiene su domicilio en Países Bajos.

Perder esa ventaja fiscal es el principal riesgo al que se enfrenta la empresa. Menos por las declaraciones de los ministros en los últimos días y horas que por el hecho de que la Agencia Tributaria ya ha advertido de que comprobará “cuando corresponda” si existen motivos económicos “válidos” que justifiquen el traslado. Su directora general, Soledad Fernández, explicó que se trata de investigaciones “que duran un año o dos, muy largas y costosas”. También negó que haya recibido indicaciones al respecto del ministerio [de Hacienda] o del Gobierno. En el caso de que la Agencia Tributaria considerara que los motivos esgrimidos por Ferrovial no son económicos sino sólo fiscales, la compañía perdería el derecho a las exenciones antes citadas y la factura de la mudanza se dispararía.

Al responder a los accionistas, Del Pino expresó su confianza en que el Gobierno “respetará la soberanía de la junta general, porque también confía en la “seguridad jurídica española y europea”. Precisamente fue la falta de seguridad jurídica uno de los motivos alegados por la constructora para trasladarse a Países Bajos, preferidos por su “solidez financiera y estabilidad”, explicaba Ferrovial en el documento donde presentaba el proyecto de fusión.

Y fue en esa alusión donde primero contraatacó el Gobierno cuando la empresa anunció su marcha. “Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles”, reaccionó la vicepresidenta Nadia Calviño, quien puso en duda “la sustancia de los argumentos” de la empresa para trasladar su sede fuera de España. Uno de ellos es la imposibilidad de cotizar con sus acciones en las bolsas de EEUU sin intermediarios. La CNMV y BME, el operador de las bolsas españolas, han elaborado un informe en el que descartan la existencia de “obstáculos legales, normativos o de operativa” para hacerlo. Por su parte, Ferrovial aduce que no existen precedentes de empresas españolas que hayan utilizado los mecanismos existentes para cotizar directamente en Estados Unidos.

Después llegó el cruce epistolar público entre el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. Mientras el primero le recordaba al segundo que no hay ninguna diferencia entre el procedimiento español para cotizar en EEUU y el que tiene el resto de los países europeos, el segundo destacaba los “interrogantes técnicos y operativos” del mecanismo español, frente a la “alternativa expedita y bien conocida” que, a su juicio, representa la doble cotización desde los Países Bajos. Del Pino abundó en estos reparos cuando aseguró ante los accionistas que la vía holandesa permitirá a Ferrovial cotizar en EEUU “en un plazo breve”, porque hacerlo directamente desde España “no es fácil ni inmediato”. “A día de hoy es un camino de plazo y ejecución inciertos”, concluyó.

Nada más conocerse el resultado de votación en la junta, el Gobierno se ha limitado a transmitir su “respeto” por la decisión de los accionistas y a resaltar los 34.178 millones de euros de inversión extranjera que España atrajo en 2022, “el segundo mejor año de la historia”.

El resto de los argumentos de Ferrovial para cambiar Madrid por Ámsterdam fueron resumidos por Rafael del Pino en la junta: dotarse de una estructura societaria adaptada a la realidad de sus negocios, mejorar sus condiciones de financiación y acercarse a los inversores internacionales, sobre todo a los estadounidenses.

Por ese motivo, tanto Del Pino como Ignacio Madridejos destacaron una y otra vez ante los accionistas los logros internacionales de Ferrovial, con especial mención de EEUU y Canadá. El 90% del valor del capital del grupo procede de su actividad internacional, el 90% de sus inversores institucionales son entidades internacionales y el 75% del valor de la empresa procede de activos situados en América del Norte, presumió el presidente. El 40% de la facturación de Ferrovial viene de Estados Unidos y Canadá, aseguró luego el consejero delegado, y sólo el 15% de España. De los 728 millones del resultado bruto de explotación conseguido en 2022, 400 millones proceden de EEUU y Canadá, por sólo 113 de España. Del Pino también citó los 13.068 millones de su cartera de construcción, el “máximo histórico”. De ellos, el 83% es internacional, y el 51% de los nuevos contratos se consiguió en América del Norte. Además, el aumento del tráfico, tanto aéreo como de carretera, tras el fin de los confinamientos por el covid ha disparado los resultados de los aeropuertos y autopistas que el grupo gestiona en EEUU –Texas, Virginia, Carolina del Norte–, Canadá –Toronto–, Reino Unido –Heathrow– y Turquía –Dalaman–. Es en esos mercados donde Ferrovial tiene ahora también la intención de concentrar sus inversiones. Por ejemplo, acaba de convertirse en el socio de referencia de la empresa que remodelará la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York.

En la junta intervinieron los responsables de la Federación Mundial de Inversores, Jean Pierre Paelinck, y de Better Finance, una asociación de accionistas minoritarios europeos, Christian Gülich. Paelinck mostró su “preocupación” por los “ataques” a Ferrovial por el “mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de establecimiento”, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE. No dudó en tildar esos ataques de “excesivos, improcedentes y al borde de la legalidad”. Gülich también acudió en defensa de la libertad de establecimiento y de que este tipo de decisiones las tomen “los accionistas y no las instancias políticas”.

Otro accionista más se preocupó exclusivamente del uso del castellano tanto en la Oficina del Accionista como en las futuras juntas generales cuando Ferrovial se mude a Países Bajos. Y obtuvo el “compromiso” explícito de Rafael del Pino de que habrá traducción simultánea al castellano en las juntas, que se celebrarán en inglés. Además, habrá un teléfono gratuito para los accionistas también en castellano.

Cuando se publique el acuerdo de la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), empezará a contar el plazo de un mes con el que cuentan los accionistas contrarios al traslado para vender sus títulos. Que la empresa pagará a razón de 26,075 euros la acción. Basta con que el 2,56% de ellos ejerzan lo que se conoce como derecho de separación y se supere el límite de 500 millones de euros en compensación que ha fijado el grupo, para que la operación se anule. En teoría. Porque Ferrovial también se ha reservado el derecho de cambiar esta condición suspensiva. Será difícil, por tanto, que la mudanza se frustre. De hecho, como adelantó Cinco Días, Del Pino ya ha situado en Ferrovial International SE Sucursal en España a uno de sus hijos, Ignacio, como representante legal permanente. Ignacio del Pino Fernández-Fontecha era hasta ahora director financiero de Ferrovial SA. Por el contrario, el hermano del presidente, Leopoldo, que posee el 4,15% del capital del grupo y suele oponerse en el consejo a las propuestas de Rafael, anunció en su día su voto contrario al traslado. El mayor accionista de Ferrovial es el propio Rafael del Pino, con un 20,4%, seguido de su hermana María con un 8,2%. Los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%– son otros grandes inversores. De ellos, sólo TCI había anunciado su voto favorable. El Fondo Soberano de Noruega, que tiene un 1,5% del capital, primero avanzó su rechazo a la mudanza y después dio su sí. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. 

Las acciones de Ferrovial han ganado este jueves un 0,92% en la Bolsa española. Durante la junta de accionistas, Del Pino presumió de que, desde el anuncio de la fusión, los títulos de su empresa se han revalorizado un 3,35%, muy por encima del 1,23% que ha mejorado el resto del Íbex 35.

Las empresas españolas pueden presumir de haber superado 2021 con cifras históricas de beneficios. La recuperación se tradujo en 57.797 millones de euros de ganancias para las 35 marcas punteras del Íbex, lo que equivale a un tirón del 83,5% respecto a las cifras previas al covid. Las 20 que les siguen en tamaño y liquidez, integradas en el Íbex Medium Cap, dispararon sus resultados respecto a 2019 incluso con mayor intensidad, un 99,2%, hasta los 3.736 millones. Por tanto, las 55 empresas más importantes del país ganaron 61.533 millones de euros mientras dejaban atrás la pandemia, un 88,4% más que en 2019, por tanto.

La vigorosa reanimación empresarial la confirma la Central de Balances Trimestrales del Banco de España, cuyos datos se basan en una muestra de 1.000 empresas que representan a un 12% de las no financieras. Según sus cuentas, los beneficios de las sociedades no financieras y no cotizadas repuntaron un 141,3% en 2021 respecto a 2020, aunque todavía continúan un 51,7% por debajo de 2019.

Estos datos los ha recopilado Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España, en un artículo donde destaca el buen estado de salud con que cerraron las empresas el ejercicio de 2021, antes de tropezarse con la guerra de Ucrania. Además, BME resalta que el récord histórico de beneficios en el Íbex 35 se ha producido pese a que su facturación aún se encuentra un 8,8% por debajo de los ingresos obtenidos en 2019. El volumen de negocio de las principales compañías en 2021 ascendió a 477.778 millones de euros, por lo que creció un 17,4% respecto del registrado en el año del covid y las restricciones a la actividad.

BME atribuye la discrepancia entre ingresos y beneficios al hecho de que las empresas redujeron en 2021 el deterioro de sus activos y corrigieron a la baja las fuertes provisiones del terrible ejercicio anterior, y lo hicieron en un porcentaje significativo, el 56,1%. Si se mide sólo el Ebitda, que recoge el resultado de la operativa habitual de la empresa, el de las compañías del Íbex 35 creció un 66,1% en 2021, por un 28,2% el de las empresas de mediana capitalización y un 23,6% el del millar de firmas incluidas en la Central de Balances del Banco de España.

Según BME, además, la estructura sectorial del Íbex 35 resulta apropiada para defenderse de la inflación y de la inminente subida de tipos de interés. Las empresas energéticas, inmobiliarias, de bienes de consumo y de suministros públicos, con una fuerte representación en el selectivo de la Bolsa española, “generan rentabilidad real positiva frente a situaciones inflacionistas”, además de ejecutar políticas de dividendo “muy generosas”. De hecho, la rentabilidad por dividendo del Íbex 35, del 2,8% al cierre del primer trimestre de este año, destaca entre otros índices internacionales, asegura BME. Está por encima de la rentabilidad por dividendo del Dow Jones –1,86%–, del 2,65% del DAX alemán y del 2,03% del CAC francés. Sólo la superan el 3,15% del Stoxx 50, el 3,18% del FTS-100 británico o el 2,9 del Mibtel italiano.

De acuerdo con las estadísticas de BME, la Bolsa española retribuyó en 2021 a sus accionistas con 20.474,73 millones de euros, el 35,4% de los beneficios conseguidos ese año.

También muestra el buen músculo de las empresas su rentabilidad sobre recursos propios, que en las del Íbex 35 se situó en 2021 en el 25,4%, después de caer a números negativos en 2020. La del Íbex Medium Cap casi se duplicó el año pasado respecto del anterior, hasta alcanzar el 21,4%. En las no cotizadas incluidas en la Central de Balances del Banco de España la rentabilidad sobre recursos propios ha crecido dos puntos, hasta el 7,1%.

Por sectores, las energéticas fueron las únicas empresas del Íbex que aumentaron su facturación en 2021 respecto a la prepandemia, rozando los 129.000 millones de euros y sumando unos beneficios de 10.166 millones, cifras históricas que más que cuadriplican los resultados de 2019 y 2020. Aún más dinero ganaron las empresas de industria y construcción, 17.782 millones, multiplicando por 4,5 los beneficios de 2019. En ingresos, el aumento fue del 26% en el ejercicio, pero ArcelorMittal y Acerinox dispararon su cifra de negocio casi en un 50%.

El sector que sigue luchando por recuperar la vitalidad anterior al covid es el turismo y la hostelería. Aunque su facturación creció un 12,6% el año pasado, todavía permanece un 64% por debajo de la que acostumbraba antes de la pandemia. Suma unas pérdidas de 3.186 millones, aunque son la mitad de las registradas en 2020.

Bancos e inmobiliarias son los líderes en beneficios del Íbex, 21.618 millones de euros, un 43,6% más que en 2019. Sus ingresos mejoraron el año pasado un 5%, hasta facturar 134.000 millones, pero aún no han recuperado el nivel precovid.

Finalmente, las empresas de tecnología y telecomunicaciones ganaron 7.786 millones, el triple que en 2019, pese a que sus ingresos descendieron un 4,2% por culpa de Telefónica, cuya facturación se resintió un 8,8%. Pero no por culpa del negocio, sino por el impacto en las cuentas de operaciones extraordinarias.

Los títulos de Prisa se han disparado un 19,5% hasta los 0,668 euros en la sesión de este martes después de que el grupo francés Vivendi comunicara que aspira a pasar de un 9,9% hasta el 29,99% en el accionariado de la empresa española, lo que le convertiría en máximo accionista, según informa Europa Press.

Durante la sesión se han negociado más de 1,4 millones de títulos, más de tres veces el volumen habitual de negociación del valor.

La compañía francesa notificó el lunes al consejo de Prisa que había pedido permiso al Gobierno para llevar a cabo esta operación, solicitud que se encuadraría dentro del marco del escudo anti-opas para compañías estratégicas puesto en marcha por el Gobierno.

Para llegar a su objetivo, Vivendi deberá pactar con algún accionista significativo de Prisa, algo que aún no ha hecho ni para lo que ha comenzado negociaciones, según la comunicación del pasado lunes.

El grupo presenta este martes sus resultados y el próximo miércoles hará una conferencia con inversores.

El accionariado de Prisa

Vivendi entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.

El grupo industrial es el segundo accionista del grupo editorial tras Amber, fondo que cuenta con el 29,84% del grupo y con el que recientemente cerró en Francia la compra de su 18% en la editorial Lagardère por 610 millones de euros.

Tras Vivendi, se sitúan en el accionariado Telefónica, que tiene un 9,4%, Rucandio SA, la sociedad de la familia Polanco, que tiene el 7,6%, el qatarí Jalid Thani Abdulá Al Thani, que controla el 5,13%, y el mexicano Roberto Alcántara, con el 5% a través de su sociedad Gho Networks, entre otros.

Con participaciones por debajo del 5% están Inversora del Carso, vehículo del multimillonario mexicano Carlos Slim (4,3%), Banco Santander (4,1%), el empresario mexicano Carlos Fernández González (4%) y los fondos de inversión Melqart Opportunities (2,2%) y Polygon (1%).

El club británico de fútbol Manchester United ha registrado un incremento de hasta el 10,8% en el precio de sus acciones este viernes después de informar que fichaba de nuevo a Cristiano Ronaldo tras haber llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín, informa Europa Press. El club inglés ha pagado por el futbolista, que firma hasta 2023 y con un salario cercano a los 28 millones, sobre los 20 millones, según publica Marca.

Aunque el equipo es británico, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Desde la apertura del mercado en Estados Unidos, las acciones de los diablos rojos han seguido una senda alcista ante los rumores de que el fichaje de Ronaldo se podría cerrar a corto plazo.

De esta forma, los títulos han alcanzando un precio de 17,38 dólares tras el toque de campana, frente a los 17,28 dólares del cierre del jueves. En las primeras horas de cotización el valor ha superado la cota de los 18 dólares y se ha impulsado hasta los 19,15 (+10,8%) tras el anuncio oficial del club.

"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y reconocimiento médico", ha anunciado este viernes el equipo inglés en un comunicado.

El anuncio se ha producido después del cierre de la Bolsa de Milán, donde cotiza la Juventus, por lo que sus acciones no han recogido por completo el impacto de la noticia. Al cierre del parqué italiano, los títulos del actual club de Ronaldo se han situado en los 0,78 euros, un 1,23% más que al cierre del jueves.

Ronaldo, de 36 años y cinco veces ganador del Balón de Oro, inició su primera etapa en el Manchester United en 2003, cuando llegó procedente del Sporting portugués. Con la camiseta de los diablos rojos, el luso marcó un total de 118 goles en 292 partidos a lo largo de seis temporadas antes de mudarse a España.

Tras cerrar en 2018 su etapa en el Real Madrid, hace tres años llegó a la Juventus, donde ha jugado las tres últimas temporadas, y ahora retorna a la Premier League para jugar a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer. En la Liga de Campeones será rival del Villarreal, con el que el United ha quedado emparejado en el Grupo F.

El consejero delegado (CEO por sus siglas en inglés) de Pfizer, Albert Bourla, se desprendió del 61,8% de sus acciones en la compañía farmacéutica el pasado lunes, coincidiendo con el anuncio por parte del laboratorio sobre la eficacia de la vacuna del covid-19 que desarrolla junto a Biontech, según consta en los registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC).

El máximo ejecutivo de Pfizer procedió el pasado lunes a la venta de un total de 132.508 acciones de la compañía a un precio unitario de 41,94 dólares, lo que equivale a 5.557 millones de dólares (4.727 millones de euros).

El viernes anterior al anuncio por parte de Pfizer de los esperanzadores resultados de los ensayos de su vacuna, las acciones de Pfizer habían despedido la sesión en 36,40 dólares, más de un 13% por debajo del precio de venta de las acciones de Bourla.

Tras la operación, el consejero delegado de Pfizer mantiene de forma directa un paquete accionarial de 78.273 títulos en la compañía, además de otros 3.539 de forma indirecta.

Asimismo, los registros de la CNMV estadounidense confirman también la venta por parte de Sally Susman, vicepresidenta de Pfizer, de un paquete accionarial de 43.662 títulos a un precio unitario de 41,94 dólares, lo que equivale a un total de 1.831 millones de dólares (1.557 millones de euros).

Susman mantiene en la compañía una participación directa de 108.096 acciones y controla de manera indirecta otros 708 títulos de Pfizer.

La operación estaría avalada por la regla 10b5-1 del mercado de valores estadounidense, que fija las condiciones para que los ejecutivos de empresas cotizadas puedan operar sin infringir las normas sobre el uso de información privilegiada.

En este sentido, la compañía farmacéutica indicó que la transacción había sido autorizada con antelación por Bourla el pasado 19 de agosto en el marco del programa de administración de acciones de la firma.