La 'Guerra de las Galaxias' en versión UE regará con miles de millones las grandes empresas de armas europeas

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

Las armamentísticas se frotan las manos

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

Fondos sustraídos a otras inversiones

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

No es rearme, es seguridad: Sánchez y Meloni consiguen que Bruselas renombre su Plan de Defensa

Ver más

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.