Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino.

En rueda de prensa, el ministro ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, prudencia y responsabilidad" ante la vuelta de la peste porcina, más de tres décadas después de que España consiguiese su erradicación.

Además, ha avanzado que este lunes se reunirá con el sector del porcino para analizar la situación generada por estos focos en la provincia de Barcelona.

La "prioridad" ahora es contactar con los terceros países que no aceptan la regionalización de las importaciones de cerdo llegadas de España, es decir, cierran la frontera a la llegada de cualquier producto porcino procedente del país y no sólo de la zona afectada.

Ha recordado que se han bloqueado más de un centenar de certificados sanitarios de exportación, de los 400 activos, hacia más de una veintena de países.

La idea es trabajar "certificado a certificado" para conseguir que esos países admitan la regionalización del problema.

Las 39 explotaciones que están dentro del radio de 20 kilómetros en torno a los focos verán restringida su labor operativa y comercial.

Planas ha informado de que, desde el momento de la declaración de un foco de peste porcina africana, tiene que pasar un año sin nuevos casos para que el país retome su estatus de libre de PPA.

Ha justificado la "dureza" de las medidas que se aplican "para evitar que la enfermedad pueda propagarse".

El Govern ha justificado este sábado las restricciones que ha impuesto en 76 municipios para evitar la propagación de la peste porcina africana, como limitar actividades al aire libre o cerrar el parque de Collserola (Barcelona), porque una "simple" rueda o suela de calzado pueden transportar el virus a otros puntos, según informa EFE.

Un brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se han hallado seis jabalíes muertos, ha llevado a la Generalitat a establecer un perímetro de seis kilómetros en el que se impide el acceso, excepto a los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, donde se prohíben las actividades al aire libre como excursiones a pie o en bicicleta.

Ante este brote de peste porcina africana, el primero que se detecta en España desde 1994, la Generalitat ha pedido hoy a través de sus redes sociales que la ciudadanía no se desplace al entorno del parque natural de Collserola ni a las zonas restringidas.

"Una simple rueda o la suela de unas bambas pueden transportar y propagar el virus a otros puntos", advierte la Generalitat.

Estas son las restricciones que ha impuesto la Generalitat, que suponen el cierre total de acceso al medio natural en doce municipios y la restricción de acceso en otros 64.

En la zona más cercana al punto de afectación, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), se ha establecido un radio de 6 kilómetros -que comprende 12 municipios-, en el que se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales y la prohibición de cualquier actividad en zona rústica, por motivos de bioseguridad.

En este primer perímetro de seis kilómetros, en los que también se han instalado barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalíes, se han activado equipos de los Mossos, del Seprona y Técnicos del departamento de Agricultura.

Este primer perímetro incluye los municipios de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En el segundo perímetro, las restricciones se expanden por un radio de 20 kilómetros, que incluyen 64 municipios, donde se han limitado las actividades al aire libre, la caza y vinculadas a la biodiversidad.

También se han prohibido las actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y de bioseguridad y se ha restringido el acceso a la totalidad del Parque de Collserola para las actividades al aire libre.

Para evitar la propagación de la peste porcina, la Generalitat recomienda a la ciudadanía y a los municipios que intensifiquen la limpieza de papeleras y contenedores, que se instalen los comederos de gatos en puntos elevados, avisar a los vecinos que no se puede dar de comer a los jabalíes y cerrar las zonas de pícnic hasta nuevo aviso.

Además, la Generalitat pide que, si algún ciudadano se encuentra un jabalí muerto, llame al teléfono de emergencias 112 y no lo manipule.

En cualquier caso, la Generalitat ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que la peste porcina africana no afecta a las personas, si bien supone un "grave riesgo" para el sector porcino, por lo que pide la colaboración de la población y de los municipios para garantizar la eficacia de las restricciones adoptadas

La aparición de los focos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña ha provocado el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien, la parte positiva es que China reconoce la regionalización.

China es el principal cliente de España en productos del cerdo y acepta esa regionalización de tal forma que sólo prohíbe la entrada de carne y productos cárnicos, proteína hidrolizada y "petfood" de origen porcino procedentes de la provincia de Barcelona, según la nota informativa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ese país asiático sí suspende la compra de tripas de porcino para calibración desde toda España.

En cuanto al resto de países, se suspenden certificados de exportación a Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay o Venezuela, entre otros.

Entre los productos vetados a la importación se encuentran carne y producto de porcino, embutidos, jamones, grasa de cerdo, vísceras, material genético, semen, cerdos reproductores, materias primas para piensos, lechones de engorde, tripas o embriones de porcino.

La nota del ministerio ha recordado que este bloqueo de certificados se produce porque España ha perdido el estatus de país libre de Peste Porcina Africana (PPA) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

A raíz de esta notificación, todos los certificados en cuya atestación sanitaria figura el requisito de "País libre de PPA" han sido bloqueados, aclara la nota.

Para los terceros destinos que sí aceptan la regionalización, los operadores tendrán que documentar transitoriamente garantías adicionales.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.

En términos económicos, el sector del porcino factura más de 8.000 millones de euros al año por sus exportaciones, según datos de Comercio Exterior.

Entre enero y septiembre de 2025 (últimos datos actualizados), las ventas rozaban ya los 6.000 millones de euros.

Con esas cifras, España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea (UE).

Además, es relevante a escala económica global porque el porcino representa más del 80% de las exportaciones cárnicas españolas, más del 15 % de las de la industria alimentaria y el 2 % del total nacional, según fuentes sectoriales.

El Ministerio de Comercio de China añadió este jueves a catorce organizaciones extranjeras, la mayoría de ellas con sede en Estados Unidos y pertenecientes al ámbito de la defensa, a su "lista de entidades no confiables", en medio de las fuertes fricciones comerciales entre Pekín y Washington, según recoge EFE.

La cartera señaló en un comunicado que la medida pretende "salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo nacional" de China.

Entre las firmas sancionadas se encuentran Dedrone by Axon, AeroVironment, BAE Systems y TechInsights y sus filiales, así como el Foro de Seguridad Internacional de Halifax (Canadá), evento en el que participó a finales del año pasado la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen (2016-2024).

También están la subsidiaria estadounidense de Elbit, DZYNE Technologies, Epirus, Exelis y VSE Corporation, entre otras compañías.

Según el Ministerio de Comercio, estas entidades tendrán prohibido realizar actividades de importación y exportación vinculadas con China, así como efectuar nuevas inversiones en el país asiático.

Asimismo, las organizaciones e individuos dentro de China no podrán mantener transacciones, cooperaciones ni ningún otro tipo de relación comercial con ellas, especialmente en lo relativo a la "transmisión de datos o el suministro de información sensible".

En un comunicado aparte, el ministerio señaló que varias de las empresas incluidas en esta lista "han mantenido cooperación en materia de tecnología militar con Taiwán, publicado declaraciones maliciosas sobre China y ayudado a Gobiernos extranjeros a reprimir a empresas chinas".

"Estas acciones han dañado gravemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", apuntó Comercio, subrayando que Pekín tan solo ha incluido en este listado "a un número muy reducido de entidades extranjeras" que "ponen en riesgo" la seguridad nacional del país.

"Las empresas extranjeras que actúan con integridad y cumplen la ley no tienen motivo alguno de preocupación. El Gobierno chino, como siempre, da la bienvenida a las empresas de todo el mundo para que inviertan y desarrollen sus actividades en el país, y se compromete a ofrecerles un entorno empresarial estable, justo y predecible para sus operaciones en China", sentenció el texto oficial.

Esta medida se oficializó horas después de que China anunciase un nuevo paquete de restricciones a la comercialización de tierras raras, en un contexto de creciente pugna tecnológica y comercial entre Washington y Pekín.

El vino es un producto que viaja. El 46% de los caldos que se producen en el mundo se consumen fuera de su país de origen y esta vinculación del sector vinícola con el comercio internacional ha hecho que la guerra arancelaria —desatada por el presidente norteamericano, Donald Trump— sea su principal preocupación. En España el consumo repuntó en el último año un 1,5%, pero en el mundo se bebió un 3% menos, según los datos de la Organización Internacional del Vino. El organismo señala que su consumo cayó hasta niveles de hace sesenta años. La sensibilidad del sector a un mercado internacional sumido en la incertidumbre y la apertura a nuevos mercados pueden ser los factores que expliquen estas fluctuaciones. “Lo que está pasando en los últimos años, desde el Breixit, hasta los aranceles de Trump, genera inestabilidad en el mercado del vino”, explica José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV). 

“En conjunto, puede decirse que el consumo tiene una evolución plana. En España ha habido épocas, como pandemia, en las que ha bajado mucho el consumo y otras en las que repunta”, señala Benítez. Sin embargo, y aunque España sea la aldea gala en este momento, insiste en que cualquier alteración en los canales de comercio internacional puede desestabilizar sus cifras. “Los flujos comerciales en el sector del vino son tremendamente importantes y para que puedan fluir las exportaciones se requiere certidumbre y estabilidad”, explica. Algo que actualmente no se da, especialmente en el comercio con Estados Unidos, que grava con un 10% los vinos españoles y podría elevar esa cifra si la Unión Europea (UE) no logra un acuerdo.

El juego de Estados Unidos con las tarifas tuvo otro capítulo de gran actividad esta semana. El mandatario norteamericano ha puesto presión en las negociaciones con la UE recomendando un arancel directo a los productos europeos del 50% a partir del 1 de junio: "¡Nuestras discusiones con ellos no van a ninguna parte!", remarcaba en un comunicado lanzado en Truth, su red social. Ha sido un anuncio inesperado, pero que entra dentro de su forma de proceder habitual, lanzando medidas que luego impone, matiza, negocia o directamente rectifica, como ocurrió con China. Por el momento, desde la Comisión Europea insisten en la vía de la negociación, pero Bruselas ya ha preparado un paquete arancelario de 95.000 millones en caso de que el diálogo fracase. Paralelamente, este miércoles el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por Trump, pero la Administración americana recurrió y el Tribunal de apelaciones restableció provisionalmente las tasas. Por el momento los gravámenes se mantienen, pero la presión interna, que se añade a la de los mercados, ha subido de nivel.

El sector español de alimentación y bebidas es de los que más exporta, con un total de 3.609 millones a EE UU en 2024, de acuerdo con los datos de comercio exterior (Datacomex). En el caso del vino, son 4.397 empresas las que comercian con otros países, la mayoría de ellas pymes. Por otro lado, Washington compra un volumen de en torno a 6.500 millones de euros en vinos internacionales, de los cuales el 5% procede de España. “Si se agudiza la crisis arancelaria, la cosa se pondrá más difícil. Esto es así porque en un producto que no es imprescindible, las crisis de consumo tienen un impacto mucho más alto”, señala el presidente de FEV. Tanto es así, que para Benítez el mercado americano es insustituible a medio y largo plazo para los productores nacionales: “Dejar el mercado de Estados Unidos no es una opción”.

Y es que mirar hacia mercados nuevos, aunque sea bajo la premisa de aliviar el impacto de unos aranceles demasiado agresivos, es un proceso largo y requiere de tiempo. Desde el envasado hasta los matices en los sabores, son cuestiones a tener en cuenta. Por esto, una parte del descenso en el consumo mundial puede venir del aterrizaje lento que este producto tiene en países donde no es una bebida conocida, explican desde FEV. “Hay que adaptarse a nuevas tendencias si queremos seguir vendiendo vino, ir más allá de lo tradicional con productos sin alcohol o derivados”, insiste Benítez, para quien producir menor volumen y mejor calidad será una de las claves a futuro.

El primer trimestre de 2025 ha sido un carrusel de cambios debido a la política comercial norteamericana. Según un informe del grupo de investigación Live-ex, dedicado al análisis del sector vinícola, en la eurozona la actividad comercial se redujo durante los primeros tres meses y en abril los precios cayeron. A nivel de España, la Federación Nacional del Vino explica que se detectó un ligero repunte en las ventas, algo habitual en casi todos los sectores tocados, ya ante la perspectiva de aranceles cada vez más altos algunos grupos importadores estadounidenses adelantaron las compras previstas para aumentar su stock y esquivar precios más elevados en el futuro. “En enero y febrero se anticiparon muchas compras, pero en marzo —cuando Trump amenazó con un arancel del 200%— hubo un parón de dos semanas, aunque luego la situación se fue normalizando”, explican desde la Federación.

Aunque para los productores sustituir el mercado estadounidense es imposible, mirar hacia otras fronteras es un movimiento imprescindible. “Es importante reconocer nuevas oportunidades y desarrollarlas", apunta Benítez, que hace referencia a la relevancia del acuerdo con Mercosur en el contexto actual. "Países como Brasil tienen mucho potencial. Ahora mismo, allí pagamos un 30% de tasas, pero las posibilidades de que se reduzcan con el tratado aumentan y eso es una buena oportunidad", explica el presidente de FEV.

Aunque llegar a un mercado nuevo tiene un precio para los bodegueros. Por un lado, las pequeñas empresas (que suponen la mayoría del tejido español) tienen menos margen de maniobra; por otro, los productos cada vez deben ser más personalizados para cada mercado. "Los métodos de producción se deben orientar más a la calidad y menos al volumen", puntualiza Benítez, porque los consumidores "cada vez buscan productos más diferenciados".

En la tormenta arancelaria que cae sobre el comercio internacional, la Unión Europea acaba de avanzar en la firma de un acuerdo con India que se centra en el sector automovilístico y en el de bebidas espirituosas. También Mercosur será otra puerta abierta y en el sector del vino celebran además que se hayan renovado tratos con México y Canadá. “Para las empresas pequeñas es difícil llegar a mercados nuevos por mucho que haya tratados, pero es un proceso de diversificación necesario”, concluye director general de FEV.

El pulso arancelario que el presidente norteamericano Donald Trump mantiene con el mundo ha desencadenado una ola de respuestas en el ámbito económico. En España, la última en desplegarse ha sido el Plan ICEX, una iniciativa que el Gobierno y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) han creado para hacer un seguimiento personalizado a las 500 empresas españolas que más exportan a Estados Unidos. Además, esta propuesta implementa medidas para incrementar el tamaño de 200 empresas medianas al año, herramientas de gestión de riesgo para pymes y programas de financiación para startups. En la comparecencia posterior al Consejo Interterritorial de Internacionalización de este lunes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que había sido “una reunión constructiva con las comunidades autónomas y los agentes sociales” e insistió en “promover una respuesta conjunta” al desafío comercial.

Hace diez días, el Consejo de Ministros aprobó —con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Podemos— un plan de respuesta para respaldar a las empresas afectadas por las tasas arancelarias. Y pese a que 11 de las 17 comunidades están gobernadas en España por el PP, Cuerpo ha insistido este lunes en la cooperación con las distintas regiones. Además de esta declaración de intenciones, se ha anunciado la creación de un observatorio de seguimiento conjunto con las comunidades autónomas que se concretará en encuentros mensuales. “Vamos a ir dando mayor presencia a las comunidades autónomas en la organización de estas reuniones periódicas”, apuntó el ministro. La próxima de ellas tendrá lugar en junio y se celebrará en Castilla--La Mancha y la siguiente se llevará a cabo en julio en la Comunitat Valenciana.

La primera pata del plan para paliar el efecto de los gravámenes contempla una red de protección con líneas de avales y préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 6.000 millones. La segunda, más orientada a la reconversión de las empresas hacia nuevos mercados, contempla 720 millones de euros en apoyo a la internacionalización y el plan del ICEX que se ha conocido este lunes. El tercer punto de apoyo tiene dimensión Europea y se centra en potenciar el mercado interno en un contexto comercial internacional poco amable. El ministro se ha referido al momento que vive el comercio como “complejo” y de “elevada volatilidad”, pero ha insistido en que esperan que las empresas puedan solicitar los avales ICO “en los próximos días”. 

Pese a la tregua arancelaria de 90 días propuesta por Trump, los productos europeos tienen que pagar un 10% adicional cuando entran en Estados Unidos y el acero y el aluminio siguen siendo los productos más perjudicados, con una tasa del 25% que también paga el sector automovilístico. En esta tormenta comercial, Bruselas ha recortado este lunes cuatro décimas (hasta el 0,9% en 2025) las previsiones de crecimiento para la Eurozona y en España (que sí crecerá un 2,6%, según la Comisión Europea) el plan de contingencia desplegado por el Gobierno ha puesto el foco en mejorar las posibilidades de supervivencia de las empresas. Después de hablar con las comunidades autónomas, Cuerpo ha anunciado que el ICEX hará un seguimiento personalizado a medio millar de compañías, que representan en conjunto el 77% del total de ventas a EEUU. 

La guerra comercial que ha iniciado Trump también ha provocado que la balanza comercial de EEUU se desestabilice. Entre enero y marzo el superávit comercial entre Europa y Washington aumentó desde los 43.400 millones hasta cerca de 82.000 millones, un 88,9% más con respecto al mismo periodo del año pasado, según Eurostat. El motivo es que muchas compañías americanas adelantaron o aumentaron su volumen de compra ante la incertidumbre de la guerra arancelaria. Si se observan los datos para España, elaborados por el Ministerio de Economía, en el primer trimestre del año se realizaron exportaciones a Estados Unidos por valor de 4.371,8 millones de euros, un 2,6% más que en los tres primeros meses de 2024. Con estas cifras, el comercio con la primera economía del mundo supone 4,6% del total de las exportaciones nacionales.

En términos absolutos, las exportaciones en marzo crecieron un 8,5% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 34.119,9 millones de euros. Las importaciones, por su parte, ascendieron a 39.601,7 millones de euros, una subvida del 18,3% interanual, según los cálculos de DataComex.

Por el momento no se conoce una lista oficial de las empresas que se podrán acoger al programa ICEX, pero si se observa el listado que realiza la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) —con participación mayoritaria del Estado— se pueden encontrar algunas pistas. Atendiendo a su volumen de negocio, entre las empresas con mayor exposición a EEUU estarían energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). “Cualquier empresa que esté expuesta puede acudir al ICEX”, remarcó durante la rueda de prensa la consejera delegada del organismo, Elisa Carbonell.

Por comunidades autónomas, las regiones que más productos envían a Estados Unidos son Cataluña (en 2024 exportó 4.351 millones), Andalucía (3.142 millones), Valencia (2.850 millones) y Madrid (2.149 millones), según los datos de comercio exterior. En Andalucía, cooperativas aceiteras como Atlantic Cooper, con una facturación de 2.300 millones, o Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) empujan la actividad de esta comunidad. En Barcelona son SEAT (que factura 10.500 millones) o una filial de Volkswagen (3.200 millones) las más potentes. En Valencia, destaca por volumen Ford (con una cifra de 7.500 millones), pero completan su tejido exportador compañías de componentes eléctricos, calzado o cerámica. 

El aceite de oliva se prepara para sufrir un shock en su negocio exportador. Es el producto número uno que España vende a Estados Unidos y hasta hace unas semanas se encontraba en su mejor momento, con unas exportaciones récord en 2024 muy superiores a las de cualquier año del histórico. Pero a partir del próximo miércoles el sector tendrá que vender a este país un 20% más caro por los nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca, y los productores españoles ya se preparan para una caída de las ventas, principalmente por el auge de países con tasas aduaneras más pequeñas, como Turquía o Marruecos.

Según explican fuentes del sector, su preocupación no es tanto que los estadounidenses dejen de comprar aceite de oliva por la subida de precio, sino que los aranceles de Donald J. Trump varían en función del país, dando ventaja a aquellos exportadores de aceite que solo van a sufrir el arancel base del 10%. Según Rafael Pico, director de la patronal exportadora de aceite de oliva (Asoliva), el principal rival de España en este momento es Turquía, el segundo productor de aceite de oliva del mundo —por detrás de España y por delante de Italia—, puesto que EE UU solo aplicará un arancel del 10% a este país. 

"Realmente el precio del aceite no va a variar mucho en Estados Unidos porque aunque le sumes los aranceles, la cosecha ha mejorado este año y los precios van a bajar. Incluso puede que el aceite sea más barato con los aranceles incluidos. El problema va a estar en que los países con aranceles del 10% van a tener un precio todavía más bajo que nosotros, por no hablar de que estos países encima producen más barato", resume el portavoz del sector. Turquía, Marruecos, Argentina, Chile y Australia son los principales productores de aceituna de fuera de la Unión Europea y todos ellos tienen un arancel por ahora del 10%.

El director de Asoliva ve difícil reorientar el aceite que a partir de ahora ya no compre Estados Unidos porque este país es el mayor mercado del mundo. "Estamos buscando soluciones, pero ahora mismo no hay mercados sustitutivos. Siempre se recurre a China e India, pero a nosotros no nos valen porque tienen una cultura gastronómica muy distinta y no conseguimos penetrar en ellos. Podríamos mirar a Brasil, Japón o la Unión Europea, pero la solución no va a ser sencilla", subraya Pico.

La buena noticia es que la competencia de España en aceite tiene poca capacidad vender un producto de alta calidad, como el español, según José María García Álvarez-Coque, asesor de Naciones Unidas en el sector agroalimentario. "Es cierto que los aranceles abren mercado a Marruecos o Turquía, pero no creo que puedan aumentar sus importaciones de aceite de oliva virgen extra. Es una industria de alto valor que no se construye de un día para otro. De hecho, estos países exportan mucho aceite al por mayor que luego se reetiquetan con marcas americanas con nombre italianos. No compiten con nuestras mejores calidades", opina el experto.

Los analistas consultados coinciden en que EE UU es ahora un mercado clave para el aceite español, y que recientemente se ha alcanzado un récord de valor exportado. España vendió a Estados Unidos 1.013 millones de euros en aceite de oliva el año pasado, un 60% más que en 2023, y tres veces más que la media 2015-2019. Pero hay que matizar que esa subida tiene que ver con que el aceite se encareció enormemente en todo el mundo en 2024, porque medidas en peso, las exportaciones solo crecieron un 14% frente a 2023. La clave está en que el precio del producto subió alrededor de un 50%, con la botella de litro virgen extra por encima de los 15 dólares al otro lado del Atlántico.

El subidón en valor de estas exportaciones provocó que el aceite sea ahora sea el producto principal de la cesta que España vende a Estados Unidos. Le siguen los transformadores eléctricos (771 millones de euros en 2024), los turborreactores (463), los árboles de transmisión (263) y los cuadros eléctricos (134), según los datos de Aduanas.

Rafael Pico explica que España no solo se arriesga a perder sus exportaciones a Estados Unidos, sino también al resto de países europeos. El principal comprador del aceite de oliva español es Italia, seguida de Estados Unidos, Francia, Portugal y Reino Unido. Los socios europeos no solo lo importan para consumo propio, sino para reexportarlo a Norteamérica, y evidentemente estas ventas también sufrirán el mismo golpe con la entrada de nuevos aranceles. "España exporta 180.000 toneladas de aceite a Estados Unidos, pero es que la mitad de lo que vendemos a Italia es para reexportar a ese país, por lo que habría que sumar otras 160.000 toneladas que están en riesgo", advierte el líder de Asoliva.

Otro experto en comercio agrícola, Pablo Resco, doctor en Agronomía por la Universidad Politécnica de Madrid y analista de Tierra-Cajamar, advierte de que ahora habrá que estar muy atentos a quién asume el sobrecoste de los aranceles. "Los importadores saben que Estados Unidos es un mercado indispensable para nosotros y que pueden presionar a los exportadores españoles para que asuman parte de los aranceles recortando sus beneficios", explica Resco.

Además del aceite de oliva, el sector primario también sufrirá especialmente por sus exportaciones a Estados Unidos de vino, queso, conservas vegetales, zumos, pescados y moluscos.

El anuncio de este fin de semana por parte de Donald Trump, en el que ha señalado que implementará aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China a partir de este martes, ha provocado un inicio de semana frenético en los mercados. A la espera de que se concreten las medidas relativas al comercio con la Unión Europea, los selectivos abrieron en números rojos, y en España, componentes del Ibex 35 como Arcelor Mittal, Indra, Fluidra o BBVA (todas con presencia en México) llegaron a caer por encima de un 4%. Al cierre de la sesión, las más perjudicadas eran Indra y Fluidra, ambas con pérdidas por encima del 4%. “Como era de esperar, hemos entrado en un periodo de ruido político e incertidumbre general […] Consideramos, en gran medida, que los aranceles son una herramienta de negociación para alcanzar otros objetivos, como abordar la inmigración y la crisis de los opioides”, explica Norbert Rücker, jefe de economía e investigación en la institución bancaria suiza, Julius Baer. Y pese a que se lo esperaban, el susto en las bolsas europeas se ha dejado notar: el DAX alemán se dejó un 1,10%; el FTSE 100 inglés, un 1,04%; el CAC francés, un 1,2% y el Euro Stoxx 50, cayó un 1,2%.

Por otro lado, los acontecimientos se han ido sucediendo y en la tarde del lunes, Trump decidía pausar “un mes” los aranceles a México y Canadá tras hablar con Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau. Esto no cambió el rumbo de los mercados, que ya se habían estabilizado y muchas estaban cercanas al cierre, pero sí rebajó la tensión entre ambos territorios. “Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Las nuevas medidas proteccionistas de la administración norteamericana no se han concretado aún a nivel europeo, pero el presidente estadounidense mantiene su amenaza y “hay pocas esperanzas” de que Europa salga intacta, explica a infoLibre Tom Van der Heyden, profesor de economía en OBS Business School. “Nadie se esperaba que la segunda administración Trump fuera a cambiar el rumbo yendo por un camino más conciliador”, explica el experto, aunque la premura de las medidas (lleva dos semanas en el cargo) ha asustado a los mercados.

Independientemente del país, todas las empresas con negocios o intereses económicos en China, México o Canadá han arrastrado a las bolsas a la baja porque en una economía global, los resultados de muchas corporaciones dependen de operaciones más allá de sus fronteras. “Por ejemplo, en el caso de empresas que operan en México, como BBVA, si asumimos que el país puede entrar en recesión, eso se podría traducir en menos negocio, menos actividad, menos crédito y menos clientes, por lo que la empresa lo notaría”, explica el economista de OBS. Y este, es solo un ejemplo.

Pero también hay contrapartida para Estados Unidos. “Esos aranceles los acabarán pagando los consumidores americanos porque va a subir la inflación”, explica el profesor, quien matiza que, aunque la economía americana es fuerte y podrá absorber los incrementos, se calcula un aumento de casi medio punto que los ciudadanos podrían notar en el bolsillo. El mismo Donald Trump hizo mención a esta posible dinámica y reconoció que los aranceles podrían causar “dolor”, pero que “valdría la pena el coste”.

De hecho, muchos sectores españoles contienen la respiración por si finalmente el presidente norteamericano se decantase por aplicar a Europa la misma política que a Canadá, China o México. A nivel nacional, las semimanufacturas (productos químicos, farmacéuticos o material de construcción), bienes de equipo (maquinaria industrial y aparatos eléctricos) y alimentación, serían los productos más expuestos si se penaliza a Europa, según un estudio de BBVA Research publicado en enero. “El impacto se podría ver con especial claridad en la industria automotriz y la construcción, donde la subida del coste de insumos como el acero, el aluminio o la madera encarecerá la producción y afectará a la demanda”, explica el analista de mercados de eToro, Javier Molina. De hecho, la siderúrgica Arcelor Mittal ha perdido un 1,84% en Bolsa a lo largo de la jornada del lunes. En conjunto, el selectivo español se dejaba en la sesión un 1,3%, aunque cerraba por encima de los 12.200 puntos.

En términos absolutos, por el lado de las exportaciones, Estados Unidos es el sexto destino para las mercancías españolas y representa el 4,9% del total de las ventas al exterior. Así, pese a que la balanza comercial sufrirá sacudidas, tanto CaixaBank Research, como los expertos de BBVA Research señalan que la exposición es relativamente baja. Esto se debe a que España tiene menos volumen de intercambio con Norteamérica que otros países europeos, explica Van der Heyden. 

Pero también importamos. En concreto, EE UU es nuestro quinto proveedor y la tasa ha ido aumentando en los últimos años. En 2024 la cifra alcanzó los 28.380 millones de euros, por compras correspondientes a productos energéticos (35,2% del total), semimanufacturas (29,2%), sobre todo productos químicos, y bienes de equipo (21,4%), en especial material de transporte y motores, según detalla un estudio de CaixaBank Research. 

Por regiones, si los peores augurios se cumplen, algunas zonas que dependen más del comercio con la primera economía del mundo sufrirían más. Los expertos de BBVA calculan que las más afectadas serían, por un lado, la Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco (bienes de equipo) y, por otro, Cataluña, por su actividad en exportación de productos químicos. En cuanto al ámbito de la alimentación, que es tercer sector más expuesto, el informe señala que son Andalucía y Cataluña las regiones más expuestas, con un impacto particular en el aceite de oliva. “Aunque hay otros países que pueden sostener parte de la demanda, como China, pero quiénes venden a EE UU sufrirán el impacto”, explica el economista de OBS. 

Los tiempos de la economía no son los de la diplomacia, pero una y otra suelen estar muy cerca. Tras conocerse esta mañana la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares no descartaba la posibilidad de que llegasen los aranceles a Europa, pero ha mandado un mensaje de tranquilidad, señalando que la Unión Europea “tiene la firmeza, la determinación y los instrumentos para afrontar cualquier tipo de agresión comercial”. Sin embargo, lanzaba un guiño al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y afirmaba que España es un “aliado natural” de Estados Unidos. “Creemos en el libre comercio, nadie gana con una guerra arancelaria porque produce inflación en todos los sitios”, concluyó.

En la misma línea se pronunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se mostraba partidario de dar una respuesta conjunta a nivel europeo, aunque pedía prudencia porque ese es un escenario que aún no se ha dado. “Protegeremos nuestras industrias si es necesario y protegeremos, por supuesto, a nuestras empresas”, concluyó.

Desde Sumar, el portavoz del partido, Ernest Urtasun, hablaba de “guerra comercial” y llamaba también a organizar una respuesta conjunta a nivel europeo. “La Unión Europea debe ser capaz de construir una respuesta multilateral del conjunto de la sociedad internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, ha dicho.

Menos diplomáticos se mostraban desde Podemos. “Nuestro Gobierno debería reaccionar condenando públicamente esa guerra comercial y promoviendo una reacción conjunta de la Unión Europea para defender nuestros intereses y nuestra economía”, apuntaba la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez. “No se puede permitir que Trump haga lo que le dé la gana y que nuestro Gobierno simplemente mire para otro lado sin reaccionar, porque lo siguiente será coaccionarnos para imponer aumento del gasto militar”, concluyó.

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

Mientras los hogares europeos siguen teniendo que hacer frente a las graves consecuencias sociales de la inflación, al otro lado del mundo se cierne ya otra amenaza: la deflación. Porque en China el principal problema ya no es la subida de los precios, sino su caída. En enero, los precios al consumo interanuales cayeron un 0,8%. Es el cuarto mes consecutivo de descenso, y la caída más pronunciada desde 2009. 

Más preocupante aún es el hecho de que los precios interanuales de la producción industrial china llevan once meses cayendo. En enero, bajaron un 3,4%. Esta situación es la consecuencia lógica del empeoramiento de la coyuntura económica del país y, en particular, de la crisis inmobiliaria que comenzó a finales de 2021 con las dificultades del promotor Evergrande, que fue puesto en liquidación el 28 de enero por un tribunal de Hong Kong. 

La crisis se ha extendido por todo el país y ha afectado a la mayoría de los grandes promotores, privándoles de la oportunidad de completar sus proyectos. Al mismo tiempo, la confianza en el mercado inmobiliario se ha desplomado y el exceso de capacidad de los años de la burbuja, entre 2015 y 2021, ha provocado una caída de los precios de venta que ha disuadido a muchos compradores de entrar en el mercado, lo que a su vez ha provocado una nueva caída de los precios. 

A finales de noviembre de 2023, los precios de las viviendas de nueva construcción habían registrado la mayor caída desde 2014. En Pekín, los precios de las viviendas existentes han bajado un 1,4% interanual. En pleno apogeo, la burbuja inmobiliaria pudo haber representado casi el 30% del PIB de China, teniendo en cuenta sus efectos más amplios. Por tanto, la crisis ha tenido un efecto negativo sobre la actividad, privando de mercados a muchas empresas, reduciendo las entradas de efectivo a las administraciones locales y repercutiendo negativamente en los ingresos de los hogares, que a menudo utilizaban la propiedad como forma de ahorro para la jubilación. 

El gobierno chino se mostró reacio a apoyar abiertamente al sector inmobiliario, cuyo ajuste era inevitable. La estrategia adoptada entonces se basaba en una idea que el presidente Xi Jinping venía defendiendo desde finales de la década de 2010. Está obsesionado con la "trampa de la renta media", es decir, la incapacidad de China para unirse al club de los países de renta alta. Para salir de ella, sostiene que la economía debe subir de nivel mediante el desarrollo del sector de la tecnología avanzada.

Con el inicio de la crisis inmobiliaria, Pekín ha redoblado sus esfuerzos en este sentido, orientando créditos y subvenciones hacia tres grandes sectores ya en desarrollo: los coches eléctricos, las energías renovables, en particular la solar, y las baterías de litio. En el último trimestre de 2023, la producción de estos tres sectores aumentó, respectivamente, un 28,5%, un 54% y un 30,3% interanual, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística. En 2023, China se convirtió en el primer productor mundial de automóviles. 

Al mismo tiempo, la inversión en el sector tecnológico ha aumentado un 10,3%, compensando la caída del 9,6% en el sector inmobiliario. Durante un tiempo, esta estrategia mantuvo las apariencias, es decir, las cifras oficiales de crecimiento. Pero ha abierto un nuevo frente, que recuerda la situación tras la crisis de 2008-2009: ¿qué hacer con todos los bienes producidos? 

El mercado chino es incapaz de absorber esa producción por varias razones. En primer lugar, como se ha dicho, porque la crisis inmobiliaria ha tenido un efecto negativo sobre la confianza y, en consecuencia, sobre el consumo de bienes duraderos. El aumento del desempleo juvenil ha acentuado esa preocupación. En junio de 2023, esta tasa alcanzó su máximo, con un 21,3% de la población activa de 16 a 24 años, antes de que el Gobierno dejara de publicar la cifra y, mediante un cambio de método estadístico, la redujera al 14,3% en diciembre. 

En segundo lugar porque, a pesar del aumento de los salarios, el modelo de desarrollo impulsado por la oferta china sigue basándose en la ventaja del coste salarial. En su intento de ganar cuota de mercado en el sector tecnológico, China no tiene más remedio que recortar los salarios, dada su relativamente baja productividad laboral. Recordemos que en 2022, la parte del consumo de los hogares en el PIB chino era del 37%, casi 16 puntos por debajo de la media mundial y 7 puntos por debajo de la media de los países de renta media-alta.

Todo eso significa que el mercado chino no puede absorber todos los productos tecnológicos diseñados en el país. Este es, por cierto, el núcleo de la estrategia de "desarrollo de nuevas fuerzas productivas" preconizada por Xi Jinping en la reunión del politburó del 31 de enero. 

Como en los años noventa, el cambio de modelo económico de China deberá basarse en las exportaciones y en el establecimiento de una posición dominante en los mercados internacionales. Es este liderazgo el que, a su vez, permitirá elevar el nivel de vida en China. Xi Jinping siempre ha sido muy crítico con cualquier política de demanda o Estado del bienestar. Su idea central es que es el desarrollo de las fuerzas productivas el que lleva al desarrollo del consumo, y no al revés. 

Pero este desarrollo presupone en primer lugar poder desempeñar un papel de liderazgo en el mercado mundial, y no es casualidad que China se haya centrado en los coches eléctricos, las energías renovables y las baterías de litio. Son los sectores con una fuerte demanda de los países avanzados que se han embarcado en estrategias de "neutralidad del carbono" y "crecimiento verde". La situación es, pues, muy sencilla: estos países tienen necesidades y China dispone de los medios para satisfacerlas a bajo coste. 

En otras palabras, en el modelo de desarrollo de Xi Jinping, la sobreproducción no es accidental, sino estructural. Garantiza el dominio de los sectores que asegurarán la subida de nivel de la economía china. Los productos chinos están pues inmediatamente disponibles en el mercado mundial y a buen precio. 

Para los países avanzados, la elección es a priori la más lógica: en lugar de invertir recursos en la construcción de una herramienta industrial costosa y lenta, mejor recurrir a productos chinos para avanzar hacia sus "objetivos climáticos". La estrategia de Pekín consiste, pues, en construir un dominio del mercado que haga inútil cualquier competencia. 

Aquí es donde surge la cuestión de la deflación. Si la estrategia china funciona, las importaciones presionarán los precios a la baja, forzando sobre todo a bajar los salarios en toda la economía. Esto es lo que ocurrió cuando China atravesó su primera crisis de sobreproducción entre 2009 y 2014. Estados Unidos y luego Europa se enfrentaron entonces a un riesgo deflacionista que no fue ajeno a la crisis de deuda de la eurozona. Cuando los precios se debilitan, la carga de la deuda se hace más pesada para los deudores. 

Pero esta vez, lo que está en juego es aún más importante, porque la producción china de vehículos eléctricos amenaza una parte importante de la actividad industrial europea y americana: la automoción. Precisamente cuando los grupos occidentales llevan retraso en ese campo. 

Entre 1990 y 2015, los países occidentales abandonaron las industrias menos rentables en favor de China para concentrarse en los productos de alta gama. La sobreproducción china no era entonces una amenaza para la industria europea. Al contrario, podía impulsar la producción alemana de máquinas-herramienta, por ejemplo, y las exportaciones de coches de alta gama a China. Pero la situación ha cambiado por completo: Pekín busca ahora la confrontación con lo que queda de la industria occidental. 

Por eso los países occidentales intentan reaccionar. Estados Unidos, que ha entrado en una fase de confrontación casi directa con Pekín, es el más avanzado en este punto. Con las medidas proteccionistas de Donald Trump, seguidas de la Inflaction Reduction Act de Joe Biden, ha comenzado a diversificar sus suministros. En 2023, por primera vez en veinte años, China cedió a México su posición como primer proveedor del país y las importaciones americanas procedentes de la República Popular cayeron un 20%. 

Pero estas cifras son engañosas, porque China sortea los obstáculos con exportaciones a México, que a continuación reenvía a Estados Unidos. Por tanto, las cadenas de suministro no han cambiado radicalmente.  

El 18 de febrero, Jay Shambaugh, subsecretario de Estado americano para asuntos internacionales, de regreso de un viaje a China, se declaró "preocupado por el apoyo industrial y las políticas de oferta" del país, advirtiendo que "el resto del mundo responderá" a esta política de exportación de la sobreproducción china. 

El año pasado, la Unión Europea inició una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos. Es probable que esta investigación conduzca a un aumento de los aranceles aduaneros en este ámbito, pero probablemente tardarán bastante en aplicarlo. Mientras tanto, el mercado está inundado de productos chinos baratos. 

Además, las autoridades occidentales siguen siendo muy ambiguas sobre su política hacia China. De hecho, exportar la deflación china es también una forma a corto plazo de reducir la inflación y permitir que bajen los tipos de interés. Varios observadores, como el editorialista de Bloomberg Daniel Moss, creen ya que "la caída de los precios chinos proporcionará una silenciosa pero poderosa ayuda a muchos bancos centrales". 

Pero también hay razones más concretas. En primer lugar, como Occidente va a la zaga en el campo de las tecnologías "verdes", China tiene la ventaja de la disponibilidad. El planteamiento de los gobiernos occidentales en materia de medio ambiente tiene mucho que ver, limitándose a cumplir objetivos cuantificados de reducción de las emisiones de carbono. Los productos chinos permiten avanzar rápidamente hacia esos objetivos y, por esa razón, es poco probable que haya obstáculos a su desarrollo en los mercados occidentales. 

Pero la situación mundial es compleja. China está tan avanzada que los fabricantes de automóviles europeos ya han firmado importantes acuerdos con actores chinos para avanzar en el sector eléctrico, a veces incluso con sus propios competidores. En 2023, Volkswagen firmó un acuerdo con Xpeng y Stellantis con Leapmotors. 

Además, la cuestión no sólo afecta al ensamblaje de vehículos eléctricos, sino también al equipamiento y la electrónica de a bordo. BMW, por ejemplo, ha anunciado que utilizará productos del grupo Appotronics, con sede en Shenzhen, para equipar sus vehículos eléctricos. A mediados de febrero, el grupo de equipos de automoción Forvia (antes Faurecia) anunció que estaba invirtiendo fuertemente en su producción china mediante asociaciones con empresas locales. En realidad, China es ya el hub indiscutible de producción de vehículos eléctricos. Incluso Tesla se apoya cada vez más en su planta de Shanghai. 

En los otros dos sectores, la situación no es muy diferente. China representa el 80% del mercado de paneles solares y el 50% del mercado de baterías de litio, y probablemente la guerra de precios refuerce aún más esta posición. Frente a semejante poderío, el proteccionismo moderado de Estados Unidos y la Unión Europea parece ineficaz y contrario a sus propios objetivos. 

Por tanto, es de esperar que la sobreproducción china repercuta en los precios de los países avanzados, sobre todo porque esa sobreproducción no se limita únicamente a esos tres sectores. Las cifras de precios de producción de enero muestran una caída generalizada de los precios, que afecta a la industria del automóvil (-1%), los textiles (-1,3%), los productos metálicos (-1,8%), los productos informáticos (-3%) y la industria papelera (-5,8%). 

En 2022, China representaba el 20,8% de las importaciones de bienes de la UE y el 14% de las de Estados Unidos, posiciones capaces de influir en los precios de la mayoría de los mercados afectados, sobre todo porque los primeros afectados por la exportación de la deflación china serán los países emergentes, estrechos socios de la República Popular. 

Para las empresas de esos países significa tener que igualar los precios chinos para mantener sus posiciones en sus propios mercados, pero también en los internacionales. El efecto de la caída del precio de los productos industriales chinos es, por tanto, más amplio de lo que podría sugerir la parte del comercio chino en las importaciones por sí sola. 

De hecho, es probable que el fenómeno ya haya comenzado. Los precios de las importaciones manufactureras en la eurozona ya han caído un 3,05% en un año. En Francia, la caída fue del 1,7% en diciembre de 2023. Aunque todavía están muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia, esta caída augura una fuerte presión sobre los precios industriales. En Francia, los precios de producción cayeron un 1,2% interanual en diciembre y los salarios en la zona euro empezaron a caer en términos nominales en el último trimestre de 2023.  

Como hemos visto, algunos podrían alegrarse: esta caída de los precios de importación acelerará la desinflación y permitirá a los bancos centrales bajar los tipos de interés. Pero esto sería hacerse ilusiones sobre la situación real de las economías occidentales, particularmente de las europeas. Contrariamente a lo que se piensa, la deflación no es mejor que la inflación. Las crisis más violentas y duraderas del capitalismo, las de 1873, 1929 y 2008, fueron de naturaleza deflacionista. 

Desde la pandemia, el ritmo de crecimiento de esos países se ha ralentizado claramente. Los niveles de vida reales se han visto en todas partes debilitados por la inflación. Todas las industrias han experimentado, en el mejor de los casos, un nuevo debilitamiento de la productividad y un estancamiento de la producción. Y 2024 anuncia el regreso de la austeridad y las restricciones presupuestarias en la zona euro. 

Una fuerte presión a la baja sobre los precios en este contexto tendría temibles consecuencias. Como los niveles de vida se han visto gravemente afectados por la inflación, probablemente será imposible enfrentarse a una competencia basada en los precios. Ante esta situación, las industrias occidentales no tendrían más remedio que trasladar esa presión a la baja a los salarios y a los proveedores en un intento de salvaguardar sus márgenes, debilitando la demanda de los hogares y el tejido productivo general. 

Sin duda, algunas industrias tendrán dificultades para sobrevivir, y los planes de reindustrialización "verde" se convertirán en una quimera. En esas condiciones, los trabajadores tendrían que aceptar la moderación salarial y la reducción de plantillas. En un contexto en el que el nivel de vida aún no se ha recuperado de los efectos de la inflación, el impacto sobre la demanda sería enorme. 

Sobre todo porque lo que queda de la industria europea estaría en el punto de mira. La única forma de compensación en términos de empleo sería en los servicios de baja productividad y escasa remuneración. 

También hay que recordar que la deflación aumenta el nivel real de la deuda privada y pública, lo que conduce a restricciones del gasto que empeoran aún más la situación. Los bancos centrales volverían sin duda a políticas más acomodaticias, pero la experiencia de 2009-2019 demuestra que su eficacia en este ámbito es limitada. 

Obviamente, no hemos llegado aún a esa situación. La inflación sigue siendo alta, pero no se puede descartar una crisis deflacionista en un momento en que los precios de producción han caído en números rojos en muchos países occidentales. La estrategia china dista mucho de ser ganadora porque, al jugar con fuego, Pekín puede ser la primera víctima de la deflación y entrar en una fase de estancamiento suave al estilo japonés. Sobre todo porque el ejemplo americano demuestra que el desarrollo de un sector industrial de alta gama no garantiza el crecimiento de los ingresos de la mayoría. 

El martes 20 de febrero, se redujo en 0,25 puntos una importante tasa de préstamos inmobiliarios a cinco años del mercado chino, su mayor recorte desde 2019. Y es posible que se tomen medidas más agresivas a principios de marzo, cuando se fijen los nuevos objetivos de política económica. Pero, como hemos visto, la sobreproducción es un hecho estructural de la estrategia china y probablemente la idea sea más la de evitar cualquier espiral recesiva que acabar con la deflación. Así pues, no cabe esperar ninguna inflexión. 

Por su parte, las economías occidentales parecen bastante desamparadas. No disponen realmente de medios para volver a un proteccionismo duro, debido a la falta de medios de producción adecuados y a la creciente complejidad de las cadenas de valor. Estados Unidos está claramente decidido a mantener su ventaja tecnológica, en particular controlando la producción de semiconductores de última generación, pero es una postura defensiva que oculta una debilidad en los mercados avanzados, donde China ya está construyendo su hegemonía. 

El hecho de que el capitalismo mundial se vea zarandeado una y otra vez entre crisis deflacionistas e inflacionistas revela sobre todo sus incoherencias y contradicciones internas. Cualquier intento de resolver una crisis en una parte del mundo abre una nueva fase de otra crisis más global, que ya parece ser la crisis ecológica. Así que la estabilización económica no parece que sea lo más preocupante.

Traducción de Miguel López

Más de tres meses después del inicio de la operación militar israelí Espadas de hierro, que ha matado ya a más de 25.000 personas en la Franja de Gaza –según el Ministerio de Sanidad local–, está cobrando impulso la campaña internacional para detener la venta de armas al Estado israelí. Las voces críticas, hasta ahora limitadas a debates –a veces acalorados, como en Estados Unidos– en los países aliados de Israel, parecen empezar a formar un movimiento más estructurado, con la publicación el 24 de enero de un llamamiento conjunto de 16 grandes ONG para "detener inmediatamente las transferencias de armas, piezas de repuesto y municiones a Israel", así como "a los grupos armados palestinos". 

Lo firman dos grandes organizaciones de derechos humanos (Amnesty International y Human Rights Watch), que ya se habían pronunciado por separado para condenar estas ventas de armas, así como organizaciones humanitarias de emergencia (Médicos del Mundo), ONG especializadas en protección de la infancia (Save the Children, War Child Alliance), protección de refugiados (Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council) y del desarrollo (Oxfam). La lista de firmantes también incluye varias organizaciones benéficas religiosas: Christian Aid, Diakonia, American Friends Service Committee y el Mennonite Central  Commitee. A estas organizaciones podrían sumarse nuevos firmantes en los próximos días. 

Este embargo sobre la venta de armas debe aplicarse "mientras exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos". Este es claramente el caso en estos momentos en la Franja de Gaza. 

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas, el ejército israelí lanzó la operación militar Espadas de Hierro, que parece consistir principalmente en represalias indiscriminadas a gran escala contra los palestinos de Gaza. La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha condenado la "limpieza étnica" por parte de Israel y ha afirmado que existe "riesgo de genocidio" de los palestinos del enclave. 

El llamamiento de las 16 ONG se refiere a la situación sobre el terreno, en particular a los "bombardeos indiscriminados" del ejército israelí, calificados de "inaceptables" y que han provocado, entre otras cosas –además de los muertos y los más de 60.000 heridos–, el sufrimiento de más de 1.000 niños palestinos "que han tenido que sufrir la amputación de miembros", más de medio millón de palestinos "enfrentados a la inanición", "más del 70% de las viviendas" de Gaza destruidas o dañadas y "más de 300 trabajadores sanitarios" muertos. 

Los intentos de enviar ayuda humanitaria a la zona se ven impedidos en la práctica por "la intensidad de las hostilidades", que incluyen "ataques contra convoyes humanitarios, interrupciones recurrentes de los servicios de comunicación, carreteras dañadas, restricciones a las ayudas esenciales, una prohibición casi total de productos comerciales y un engorroso proceso burocrático para enviar ayuda a Gaza". 

La petición de un embargo de las transferencias de armas a Israel y Gaza se vio impulsada por el fracaso de los llamamientos internacionales a un alto el fuego inmediato. "Junto con otras organizaciones, dimos conferencias de prensa en noviembre y diciembre para pedir un alto el fuego humanitario", explica Federico Dessi, Director Regional de Handicap International en Oriente Medio. 

La sociedad civil se hizo eco de esta movilización a través de la campaña Ceasefire Now, a la que se sumaron cientos de sindicatos, organizaciones confesionales, universidades y asociaciones profesionales. Pero estos llamamientos al alto el fuego no pudieron transformarse en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a los vetos de Estados Unidos al respecto. Como estos llamamientos al alto el fuego "no han sido escuchados por el momento", estas ONG "decidieron que había que ir más allá, con un llamamiento a suspender los envíos de armas a Israel y a los grupos armados palestinos", explica Federico Dessi a Mediapart, socio editorial de infoLibre. "Porque a través de esos envíos, ciertos Estados, incluidos los occidentales, están ayudando a prolongar el conflicto". 

"Lo que está ocurriendo en este momento es una masacre, una catástrofe, y hay que poner fin a los combates lo antes posible", insiste este dirigente humanitario. Handicap International tiene actualmente 90 empleados en Gaza. Sólo pueden trabajar en la zona de Rafah, tras haber "perdido gradualmente el acceso" al norte, al centro y después a la región de Jan Yunís en los últimos días debido a la ofensiva terrestre israelí. 

Los principales países exportadores de armas a Israel son Estados Unidos –sobre todo vehículos blindados de transporte de tropas, aviones de combate y bombas–, Alemania, Italia, Canadá y Francia. Según las últimas cifras oficiales disponibles, Francia ha vendido a Israel en 2022 armas por valor de 15,3 millones de euros. 

Si bien Francia es clara en su exigencia de un "alto el fuego" en Gaza, no lo es tanto en su política de ventas de armas al Estado judío. En teoría, sus compromisos internacionales le prohíben continuar con esas exportaciones. Francia es signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2013, que prohíbe a un Estado vender armas si tiene "conocimiento [...] de que las armas o el material podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques contra civiles o bienes de carácter civil protegidos como tales, u otros crímenes de guerra". 

A pesar de eso, ¿ha entregado o vendido Francia armas a Israel desde el 7 de octubre y, en caso afirmativo, cuáles? ¿Seguirá entregándolas o vendiéndolas en el futuro, a pesar del riesgo de convertirse en cómplice de crímenes de guerra en Gaza? Esa pregunta fue formulada por el diputado de La France Insumise, Aurélien Saintoul, al Ministerio de Defensa francés el 7 de noviembre de 2023. Hasta ahora no ha recibido respuesta. Preguntado de nuevo por Mediapart el 24 de enero, el ministerio nos dio por fin un principio de respuesta: "Francia respeta estrictamente sus compromisos internacionales en materia de exportación de armas a Israel [...]. Como tal, no exporta, y no exportaba antes de los dramáticos acontecimientos del 7 de octubre, ningún material letal susceptible de ser utilizado contra civiles en la Franja de Gaza". Pero el mismo ministerio afirma también que Francia "exporta material militar a Israel para que pueda defenderse, como tiene derecho a hacer en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas". 

¿Cuál es precisamente ese material que permite a Israel "garantizar su defensa" sin ser letal? Y si Francia no exportaba material letal antes del 7 de octubre, ¿cómo se explica que, según los últimos datos públicos disponibles, en 2022 Francia haya expedido 9 millones de euros en licencias de exportación de armas de la categoría militar ML4, es decir, "bombas, torpedos, cohetes, misiles, otros artefactos y cargas explosivas y el material y accesorios correspondientes"? 

En el momento de redactar estas líneas, el gabinete del ministro Sébastien Lecornu aún no ha podido proporcionarnos estos detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, preguntado también en la mañana del 24 de enero, nos dijo que pasarían varios días antes de que pudiera darnos una respuesta.

Traducción de Miguel López

Los habitantes de Moras, una pequeña aldea del Levante almeriense, hablan a menudo del pasado. Exuberantes valles verdes con charcas y estanques, abundancia de vida salvaje y parcelas con fértiles huertos, donde los aldeanos cultivaban hortalizas y criaban ganado. “Había una laguna con una playita de arena”, cuenta Juani Marín, de 56 años, que lleva toda la vida en Moras. “Me bañaba allí cuando era joven. Desapareció”.

“Esto era un paraíso”, recuerda Juan José Martínez, de 72 años, tío de Juani y exalcalde de Moras [falleció el pasado diciembre, poco antes de publicarse este reportaje]. “Ahora todo se ha secado”.

La fuente del antiguo esplendor de Moras era su qanat, un túnel oscuro de metro y medio de alto y dos de ancho que se alarga muy por debajo de la ladera rocosa. Excavado a mano durante la dominación árabe de Andalucía, hace más de 500 años, este acueducto subterráneo llevó agua al pueblo de Moras durante siglos. Al final del qanat, tras 187 metros de lodo fangoso y colonias de murciélagos dormidos, aparece un pequeño charco de agua estancada. Es lo que queda del antiguo manantial alimentado por la inmensa reserva subterráneo del acuífero de Sorbas.

El marido de Juani, Luis Braut, de 54 años, empleado del servicio de agua municipal, señala con un gesto cuánto ha bajado el nivel con el paso del tiempo. Donde antes brotaba de la tierra, ahora parece aletargada, una reliquia del pasado. Hoy muchas de las casas del pueblo están vacías y sus huertos secos o abandonados. Moras, donde vivían unos 60 habitantes, apenas cuenta ahora con una docena, la mayoría ancianos.

Quienes se han quedado sufren el calor extremo y la falta de agua, lo que provoca conflictos entre vecinos. Desde hace unos años, alguien del pueblo sabotea el canal de riego, cortando la poca agua que hay. “Si riegas un huerto, no puedes regar el otro”, explica Juani. “Ahí es donde surgen los problemas”.

El culpable, dicen, es el último pequeño agricultor del pueblo, Andrés Máñez. Máñez, que dice tener unos 90 años pero no puede asegurarlo, guarda silencio sobre las acusaciones que pesan sobre él. “Aquí el agua es una miseria”, se queja, “hay muchas disputas porque tú quieres regar, yo quiero regar. Y no hay agua suficiente para todos”.

Hasta finales del verano sólo había llovido una vez en Moras, en junio. El agua potable se suministra semanalmente desde un pueblo cercano. Y no es el único caso. Las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Sur sufren la sequía más duradera desde 1961, que comenzó en la primavera de 2016, según el CSIC.

Pero el problema se extiende a toda la Península: el año hidrológico 2022-2023 fue el sexto más seco en lo que va de siglo, porque llovió un 12% menos de lo normal, y el anterior cerró como el tercero más seco desde que hay registros. Es más, el Ministerio de Transición Ecológica tiene catalogado el 19% de la superficie peninsular en situación de sequía prolongada y el 34% en situación de emergencia o alerta por escasez coyuntural de agua.

Los embalses están al límite no sólo en la cuenca del Guadalquivir –al 19,3% de su capacidad–, Segura –18,9%–, cuencas mediterráneas andaluzas –18,8%– y Guadalete-Barbate –14,5%–, sino también en Cataluña, que sufre la peor sequía de su historia y cuyos embalses languidecen con sólo un 16,8% de agua. Muchos municipios catalanes se abastecen con camiones cisterna, ya se han implantado restricciones al consumo e incluso se estudia el transporte de agua en barcos.

La disputa por un recurso tan fundamental ha provocado protestas de los agricultores y hasta pequeños conflictos diplomáticos internacionales. El agua incluso ocupó un lugar destacado en las campañas electorales andaluza y nacional, con el PP y Vox intensificando su cortejo de los intereses agrícolas en lugares como Almería.

Políticamente, Moras es diverso: algunos votan a la extrema derecha de Vox, otros al Partido Popular y muchos, como Juan José, son del PSOE. Pero la ideología no importa. Aquí, el agua es la verdadera política. Y los vecinos están de acuerdo en señalar qué, y quién, tienen la culpa de la miseria de Moras: las aceitunas y la pujante industria agrícola exportadora española.

Moras está situada en el límite de la comarca almeriense de Sorbas, cerca del desierto de Tabernas. A lo largo de kilómetros en todas direcciones se alzan millones de olivos, todos plantados ordenadamente en hileras. Según un estudio de 2018 de la Universidad de Almería, la industria olivarera de Sorbas-Tabernas se ha “expandido extraordinariamente” en los últimos 20 años, pasando de decenas de miles de árboles a más de 6,6 millones, la mayoría concentrados en una zona de 5.000 hectáreas. El incentivo económico del olivar almeriense ha creado un denso monocultivo que depende de un recurso escaso, el agua.

Las explotaciones agrícolas están consumiendo agua de Sorbas a un ritmo insostenible de hasta 20.000 millones de litros anuales, cuatro veces más de lo que el acuífero puede regenerar de forma natural mediante las precipitaciones, lo que ha provocado una crisis en la zona. El caudal de Los Molinos del Río Aguas, principal salida del acuífero de Sorbas, es ahora peligrosamente bajo. Según el estudio de la Universidad de Almería, ha descendido de 40 litros por segundo hace 20 años a sólo siete. Activistas y científicos afirman que los olivares son una amenaza importante para la biodiversidad que conducirá de forma irreversible a la desertificación.

La agricultura almeriense ha convertido a España en el mayor productor y exportador de frutas y hortalizas de la UE, y el cuarto a escala mundial. Alemania, Francia y el Reino Unido son sus mayores clientes. Los invernaderos de plástico dominan el litoral y rodean ciudades enteras. Más de 30.000 empresas agrícolas trabajan en casi 50.000 hectáreas, generando hasta 3,5 millones de toneladas de productos por valor de más de 1.500 millones de euros. Suponen más de la mitad de todo el sector agrícola andaluz.

Pero esta prosperidad ha tenido un coste. Los periodistas que firman este reportaje visitaron Almería en varias ocasiones el año pasado y entrevistaron a decenas de científicos, agricultores, activistas y políticos. El resultado es una imagen incómoda –a veces de negación absoluta– de una historia de éxito económico basada en la explotación medioambiental.

El abuso crónico de la mano de obra inmigrante norteafricana ha creado una desigualdad rampante y problemas sociales, incluidos barrios de chabolas. Décadas de pesticidas y fertilizantes han envenenado el suelo y convertido en no potable gran parte del suministro de agua. Los invernaderos de plástico generan cada año 33.000 toneladas de residuos, gran parte de los cuales se eliminan ilegalmente y se transforman en microplásticos, que contaminan la tierra.

Pero la amenaza más importante es la sobreexplotación de los acuíferos. Y ahí la ciencia es unánime. La voracidad hídrica de Almería ha conducido al saqueo de las aguas subterráneas a un ritmo muchas veces superior al de su reposición. Cada año los niveles descienden peligrosamente. El aumento de la salinidad del Mediterráneo ha hecho que gran parte del agua que queda no sea potable ni apta para el riego. La desertificación ya ha comenzado.

Ya en 1985 el Consejo Nacional del Agua advirtió del mal estado de los acuíferos. En 2004, las autoridades declararon oficialmente que el acuífero de Níjar había alcanzado su “nivel de sobreexplotación”. Un estudio de la Universidad de Almería calculó en 2014 que, si no se tomaban medidas drásticas, podría agotarse en 10 o 15 años. Diagnósticos parecidos comparten los siete mayores acuíferos de Almería. Lo resume un activista local: “Un buen día, el agua se acabará”.

Las consecuencias de un acontecimiento así serán devastadoras, tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico. La quiebra de pequeñas y grandes explotaciones agrícolas no sólo podría dejar en el paro a millones de trabajadores agrícolas, sino también impactar en los sectores auxiliares, desde el transporte y la logística o la construcción hasta la hostelería, el comercio minorista e incluso la banca. Además, Europa perdería un importante suministrador de alimentos.

A pesar de 30 años de advertencias, los sucesivos gobiernos españoles y andaluces, tanto de izquierdas como de derechas, han incumplido los objetivos fijados para evitar el colapso o revertir los daños. Desde 1998 Níjar y Campo de Dalías, los dos acuíferos costeros, cuentan con la declaración de “zonas vulnerables a los nitratos” debido al uso excesivo de fertilizantes químicos.

En 2021, tras las denuncias de activistas y de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE declaró al Gobierno español culpable de no proteger las aguas subterráneas de los agricultores del Parque Nacional de Doñana, un caso que se convirtió en causa célebre para la derecha durante las elecciones del pasado 23 de julio. De hecho, la presión de Bruselas sobre el robo de agua en Doñana, el mayor humedal de Europa, permitió que el 27 de noviembre se cerrase un pacto político entre el Gobierno central y el andaluz, donde se acordó indemnizar –sobradamente– a los agricultores a cambio de transformar sus tierras en zonas silvestres, una fórmula para acabar con las extracciones de agua subterránea sin enfadar al sector primario, que tiene una fuerte influencia política en la zona. Recibirán 70.000 euros por hectárea, hasta un total de 1.400 millones.

Pero, mientras que el agua de Doñana saltó a los titulares internacionales, la crisis de la vecina Almería aún no ha atraído la misma atención.

“Siempre que los activistas intentan denunciar a empresas y actores por robo u otras infracciones”, se queja Pepe Rivera, del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), la primera ONG medioambiental de Almería, “les llaman antialmerienses. Están en contra del milagro de Almería”.

En 2016 y 2017, el GEM, junto con otros activistas y científicos, presentó denuncias penales contra dos de las mayores empresas olivareras de Sorbas-Tabernas, cerca del pueblo de Moras. Documentaron pruebas de que Castillo de Tabernas y Gespater habían robado miles de millones de litros de agua para sus plantaciones de olivos. La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía siguió ambos casos, que tuvieron distinto resultado: un tribunal declaró culpable a Castillo de Tabernas y le impuso una multa de 500.000 euros, pero un juez archivó el caso de Gespater.

Pepe Rivera dice que estos casos tienen un efecto mixto. “Una vez que se descubre a una empresa, simplemente sigue robando el agua porque piensa: ‘Bueno, me han pillado. Mejor sigo”, lamenta. “Aunque te pongan una multa de un millón de euros, sigue siendo bastante menos que los beneficios que obtendrás”, resume.

Según cuenta el ecologista, es casi imposible cerrar el grifo, incluso en los casos de agua robada. La lenta muerte del acuífero de Sorbas tiene su reflejo en toda Almería, una provincia famosa por su apuesta decidida por la agricultura, la “huerta de Europa”.

Surgió a finales de los años 50, cuando el régimen franquista descubrió inmensos lagos subterráneos de agua dulce bajo el Campo de Dalías, una extensión de 300 kilómetros cuadrados de matorral costero. Fue un milagro. Almería tenía entonces, y sigue teniendo ahora, el clima más seco de toda Europa, y es donde se encuentra el desierto de Tabernas.

Tan famosos son sus valles y mesetas que han servido de escenario a innumerables películas de Hollywood ambientadas en el desierto, desde Lawrence de Arabia hasta Cleopatra, así como a numerosos spaghetti westerns. Más recientemente, series de televisión como Juego de Tronos han aprovechado sus paisajes para plasmar aridez y desolación.

La belleza del paisaje yermo también era una maldición en el mundo real. Durante generaciones, Almería fue tierra de campesinos y pequeños agricultores, que se contaban entre los ciudadanos más pobres de España. Las escasas precipitaciones y un suelo arenoso e infértil les impedían cultivar otra cosa que no fuera el escaso rendimiento del secano.

Pero esa penuria estaba a punto de cambiar de forma drástica. Como parte de las reformas hidrológicas franquistas, el Gobierno concedió a la población local parcelas de dos hectáreas para el cultivo. Y se otorgaron miles de concesiones de agua alrededor de El Ejido, la principal localidad del Campo de Dalías, pero los agricultores apenas las necesitaban. La perforación de pozos ilegales en el acuífero era barata, fácil y estaba poco vigilada.

El agua se convirtió también en el eje de la campaña franquista para pacificar feudos tradicionalmente republicanos y, como escribió la geóloga Elena López Gunn en su estudio de 2009 Agua para todos, pretendía “unificar bajo una bandera común a sectores poderosos clave” como “los grandes intereses agrícolas, las élites tecnocráticas, los movimientos fascistas, el ejército y la Iglesia”.

Durante la década siguiente, se explotaron nuevos acuíferos en toda Almería durante lo que se conoce como un “periodo de colonización” de perforaciones. El agua transformó a innumerables familias pobres en familias agrícolas autosuficientes. Pero fue otro descubrimiento, esta vez accidental, el que cambió por completo la suerte de la comarca.

“Para proteger los cultivos del sol y los vientos del desierto, los agricultores los cubrieron con invernaderos de plástico”, explica Manolo Pérez Sola, profesor jubilado y activista de Acuíferos Vivos, una plataforma en defensa del agua nacida en 2005. “La nueva técnica ayudó a las granjas a diversificar mucho sus cultivos y aumentó el rendimiento en dos o tres cosechas al año”.

Por primera vez, muchos almerienses pudieron vivir de la tierra y vender sus productos en los mercados locales, continúa Pérez Sola. También surgieron pueblos alrededor de esas nuevas comunidades agrícolas. Se construyeron carreteras, escuelas e iglesias y se crearon cooperativas, que controlaban la calidad y la distribución de los productos y organizaban la mano de obra, agrupando sus cosechas para la venta y repartiéndose los beneficios.

En la década de los 80, este modelo de empresa propiedad de los trabajadores dio paso al capitalismo puro, a medida que la agroindustria se percató del potencial económico de Almería. Pérez Sola afirma que este nuevo sistema “producía más cosechas, por lo que [los agricultores] tenían más que vender”. Así comenzó la exportación a Europa.

Además, la adhesión de España a la Unión Europea en 1986 aceleró el auge de los invernaderos, gracias a las subvenciones y a la apertura de nuevos mercados. Almería se convirtió en el escenario de una especie de fiebre del oro agrícola: la agricultura intensiva pasó de 500 hectáreas a 20.000 en sólo una década.

Pepe Rivera recuerda que, en esta época, a finales de los 80 y principios de los 90, apenas había “carreteras plenamente funcionales, pero sí tiendas de Gucci y Louis Vuitton en las calles”. En cientos de kilómetros cuadrados alrededor de El Ejido y Níjar, una distópica extensión de invernaderos de plástico crecía hasta donde alcanzaba la vista. El milagro de Almería había comenzado.

Cuando en 2019 murió el niño de dos años Julen Roselló tras caer 100 metros en un pozo ilegal en Totalán (Málaga), el impacto en la opinión pública condujo a una breve persecución oficial de los agricultores que robaban agua. En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente cifró en más de 500.000 los pozos ilegales que había en España. Los activistas calculan que el número era probablemente el doble, también hoy en día. Casi dos décadas después de ese recuento, sigue sin haber nuevos datos fiables.

José María Calaforra, catedrático de Biología y Geología de la Universidad de Almería que ha estudiado a fondo los acuíferos almerienses, asegura que los pozos ilegales no son el verdadero problema. “Es absurdo que el lugar donde menos agua tenemos sea el mayor exportador de agua de Europa”, protesta. Este preciado recurso sale de Almería “en pimientos, pepinos, tomates, sandías, melones”, añade Calaforra. Porque para cultivar, por ejemplo, una sola sandía se necesitan cientos de litros de agua.

Almería tiene la pluviosidad más baja de Europa. No hay ríos y las aguas superficiales son escasas. Así que el agua subterránea es esencial para los cultivos: más del 85% de ella se destina a la agricultura que, gracias a los avances tecnológicos, se ha convertido en experta en aprovechar al máximo cada gota mediante el riego por goteo y otros sistemas de conservación de agua. Pero toda la frugalidad del mundo no puede compensar el gran número de empresas que tienen concesiones de agua en la zona.

“Desde los años 80”, dice Calaforra, “las autoridades han dado más agua [a los agricultores] de la que realmente tenemos como recurso”. En algunos lugares de Almería, los permisos de agua concedidos desde la promulgación de la Ley de Aguas de 1980 cuadruplican el agua real existente.

Además, la sobreexplotación tiene un efecto secundario: la sal. En condiciones naturales, el agua subterránea fluye hacia el Mediterráneo, creando una barrera de agua dulce contra el agua salada del mar. Pero con los acuíferos agotados y el agua dulce desviada a los cultivos, este muro protector natural se está erosionando y el Mediterráneo invade aún más la tierra. El resultado es un aumento de los niveles de salinidad, que hace que el agua no sea potable y resulte venenosa para la mayoría de los cultivos.

“Siempre se ha pensado que el agua subterránea es infinita”, critica Calaforra. “No se ve… Como no se puede ver el arroyo, se piensa que es infinito. Es un problema mental, psicológico”. A su juicio, la solución es desarrollar en su totalidad el programa Agua, elaborado por el Gobierno del PSOE en 2004 y aprobado por el Congreso en 2006. Él lo califica de “fantástico”. Da prioridad al uso de los acuíferos como recurso estratégico, permitiendo su recuperación, y promueve en cambio la construcción de plantas desalinizadoras para el agua del Mediterráneo. El programa Agua, sin embargo, “ni se cumple ni se respeta”, lamenta.

Si científicos como José María Calaforra coinciden en que España dispone desde hace dos décadas de un plan adecuado para salvar de la ruina a los acuíferos españoles, ¿cuál es el problema?

La política.

“El agua se ha convertido en una guerra de posiciones ideológica”, admite Juan Francisco Rojas Fernández, concejal y portavoz de Vox en Almería. Es un conflicto en el que la ultraderecha se ha mostrado cada vez más dispuesta a participar en los últimos años, proponiendo incluso la amnistía para los freseros ilegales de Doñana cuando el pasado verano una campaña ciudadana en Alemania instó a los supermercados de ese país a no comprar más frutos rojos de Huelva porque se cultivan con agua bombeada de forma ilegal.

Rojas Fernández admite de buena gana que los “acuíferos de Almería están sobreexplotados”, pero los agricultores, justifica, también son los responsables de “convertir este desierto en un vergel”. El problema del agua, continúa, “debe resolverse de forma que la principal actividad económica de Almería pueda continuar”.

Es difícil encontrar a algún político dispuesto a criticar una cultura agrícola que está llevando a Almería al borde del colapso. En su lugar, los debates se desplazan a un terreno ideológico más seguro que trae ecos de décadas atrás, de la época de Franco. Así, Vox exige un “plan hidrológico nacional” que una a España mediante “trasvases de agua entre cuencas”, detalla el concejal Rojas Fernández. Es decir, coger agua de una zona de España y regalársela a otra. Así “se unirá” el país “igual que hizo Estados Unidos con el ferrocarril”, añade.

La política de trasvases siempre ha sido polémica en España. En 2001, el plan del PP para trasvasar 450.000 millones de litros de agua anuales del río Ebro a las zonas agrícolas de Valencia, Murcia y Almería provocó protestas en todo el país. Más de 400.000 personas se manifestaron en Madrid y otras 250.000 en Zaragoza. El clamor llegó incluso a Bruselas en rechazo al papel de la UE como financiadora.

Aún hoy la resistencia es feroz. De hecho, el proyecto de trasvase Ebro-Almería nunca se llevó a cabo, aunque sí ha habido trasvases del Tajo a Almería durante más de 40 años. El PSOE, que había hecho campaña en contra, llegó al poder en 2004 y echó por tierra los planes del PP. Lo que rara vez se menciona es que el propio PP había heredado el trasvase de los socialistas.

Antonio Martínez, senador del PSOE por Almería, elogia a los agricultores por superar su “situación climática y geográfica”. Califica los invernaderos de “buque insignia de la provincia” y dice que la falta de agua es un problema de décadas causado por el cambio climático y cuestiones estructurales que no son exclusivas de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “apuesta” por el agua reciclada, apunta el senador socialista. “Es decir, agua procedente principalmente de la desalación”, explica Martínez, extrayendo agua del Mediterráneo y quitándole la sal. En otras palabras, el plan Agua.

Los agricultores están especialmente enfadados por las propuestas de recortar su acceso a bajo coste a los acuíferos, lo que les obligará a pagar por el agua desalada, que es muy cara. Incluso con las cuantiosas subvenciones estatales, Almería paga la tarifa más alta del país, en torno a un euro por litro cúbico. Y, desde la invasión rusa de Ucrania, el coste de la electricidad necesaria para alimentar las plantas ha subido mucho, al igual que la propia agua desalada.

El concejal de Vox tacha a las desaladoras de caras, contaminantes y sólo abrazadas por otros partidos por “ecologismo ideológico ignorante”, al tiempo que ignora informes recientes que demuestran que las zonas propuestas para los trasvases, como el Ebro, también sufren hoy una “sequía extrema”.

“El problema del agua desalada”, advierte el ecologista Pepe Rivera, “es que es cara. Y por eso [los agricultores] prefieren agua más barata, que es la de los pozos o la de los trasvases, legales e ilegales”. Y añade: “Si la superficie de regadío [en Almería] sigue creciendo, todo el plan [Agua] será inútil”.

La crisis del agua del verano pasado llevó al Gobierno español a aprobar un plan de emergencia de 2.200 millones de euros para salvar el sector agrícola, el 64% de los cuales –1.400 millones– se destinarán a plantas desalinizadoras, instalaciones para duplicar la reutilización de aguas urbanas y a reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. El anuncio coincidió con la petición a la UE de fondos de emergencia de la Política Agrícola Común para ayudar a los agricultores a recuperarse de la sequía y las temperaturas récord.

El plan Agua de 2004 prometía miles de millones para desaladoras, incluidas cinco en Almería, frente a las dos existentes. Veinte años después, estas plantas no se han construido. El último informe de la Directiva Marco del Agua de la UE sobre el estado del agua en España concluye que el país ha fracasado en casi todas las categorías. Sus acuíferos están empeorando en vez de mejorar. Aun así, la superficie agrícola sigue creciendo.

En lugares como Moras, el paisaje está cambiando una vez más. Los olivos silvestres suelen vivir siglos. El más antiguo del mundo se encuentra en Creta, se le calcula una edad de 4.000 años. Pero los olivos de Sorbas-Tabernas, a las afueras de Moras, no durarán tanto. Los métodos de cultivo intensivo y los mayores rendimientos que se les exigen limitan su vida útil a unos 15 años.

El sol sigue brillando en Almería. Por culpa de los suelos degradados y la falta de agua, algunas de las empresas olivareras de la zona ya están vendiendo sus tierras para instalar huertos solares, cada vez más visibles en los pequeños pueblos y en las laderas de Sorbas y Tabernas. Los activistas se oponen, advirtiendo de que los paneles solares perjudican aún más la recuperación del suelo, además de que requerirán miles de millones de litros de agua para su mantenimiento, sin proporcionar energía barata y limpia a la población local.

Es una señal de lo que está por venir. José María Calaforra dice que lo que amenaza a Almería es el abandono. “Si no tienes agua, todo el mundo se va”, alerta. “Si quieres mantener este recurso agrícola, tienes que buscar otros recursos hídricos para intentar mantenerlo. Si eso no ocurre, obviamente te hundes”.

La escena inicial de la película de ciencia ficción de 2017 Blade Runner 2046, protagonizada por Ryan Gosling, muestra una larga toma aérea de un páramo medioambiental. Ambientada dentro de 25 años, retrata un mundo hostil desprovisto de vegetación y belleza naturales, donde los alimentos de la humanidad se cultivan bajo una vasta extensión de invernaderos de plástico. La toma fue real, se hizo en Campo de Dalías, donde los geólogos franquistas perforaron el primer acuífero de Almería hace casi 70 años. El arte distópico pretende actuar como una historia con moraleja para la sociedad moderna. En el caso de Almería y su tierra, la cuestión es si sobrevivirá hasta 2046. Si lo consigue, se convertirá en el nuevo milagro de Almería.

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Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de Journalismfund.eu

Con un chaleco reflectante encima, el jueves 7 de diciembre Kamil Gorzkowski levanta el cordón que impide a los camiones salir de Polonia hacia Ucrania en el paso fronterizo de Korczowa, en el sureste de Polonia. Rodeados de policías, fueron pasando uno a uno siete vehículos con matrícula ucraniana. 

“¿Ha visto lo que yo he visto?", dice el camionero polaco de 37 años, "el conductor me ha hecho esto". Y el camionero hace el gesto de cortarse el cuello con el pulgar. "Sólo dejamos pasar siete camiones cada hora, y nos amenazan constantemente los conductores ucranianos, que nos llaman hombres de Putin". 

Como patrón de una empresa de transportes polaca, Gorzkowski se ha unido al movimiento de protesta del Comité para la Defensa de los Transportistas y Empresarios del Sector del Transporte (Kopipt), un colectivo que se creó en septiembre de 2023. Sus colegas y él se turnan para bloquear, día y noche, cuatro de los ocho pasos fronterizos polacos por carretera por los que transitan mercancías desde y hacia Ucrania. Llevan bloqueando los pasos de Korczowa, Hrebrenne y Dorohusk desde el 6 de noviembre, y el de Medyka desde el 27 de noviembre, con la ayuda de agricultores polacos que se sienten agraviados por la afluencia de grano ucraniano en Polonia. 

El bloqueo, cuyo objetivo es denunciar la "competencia desleal" de los camioneros ucranianos, no se aplica sin embargo a la ayuda humanitaria, la ayuda militar ni los alimentos perecederos, dicen los camioneros en protesta. Según los guardias fronterizos ucranianos, el 10 de diciembre había 3.500 vehículos bloqueados en la frontera polaca, de los cuales 1.200 esperaban en el paso de Shehyni, en Ucrania, frente a Medyka, en Polonia.

El malestar se ha extendido ya a Eslovaquia, donde la Unión de Transportistas Eslovacos por Carretera (Unas) ha bloqueado repetidamente el paso fronterizo de Vyšné Nemecké, frente a Oujhorod (Ucrania), reanudando su bloqueo el lunes por la tarde, en protesta por el "dictado de la UE". La protesta se ha extendido también a Hungría, donde a principios de diciembre ya se habían formado colas de varios kilómetros de vehículos pesados. 

Además, la Asociación de Transportistas Húngaros (MKFE) se prepara para bloquear el paso de camiones por la frontera en Záhony, frente a Čop (Ucrania), por donde cruzarán la frontera sólo dos camiones por hora en cada dirección.

Cubierto con una gorra con logotipo Ferrari y un cigarrillo en la mano, Kamil Gorzkowski ya ha tenido que despedir a diez de sus trece empleados en los últimos meses. "No tenía elección: un camión, en marcha o parado, me cuesta 450 euros al mes con el seguro y todo lo demás", dice este hombre en la treintena, cuya empresa se dedicaba al transporte en Europa del Este, de Polonia a Vladivostok (Rusia), pasando por Bielorrusia y Ucrania. Todos mercados sacudidos por la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a sus dos vecinos agresores.  

En el interior de un contenedor utilizado como cuartel general por los camioneros polacos de Korczowa, su colega Andrzej (nombre ficticio) pronto estará en números rojos: "He agotado la reserva que guardaba para accidentes u otros imprevistos. Además, no tengo leasing en los cuatro camiones que poseo...". Este camionero con cara juvenil afronta una caída de la rentabilidad del 20%. Kamil por su parte, afirma que su empresa sólo habrá realizado 250 transportes en 2023, frente a los 1.000 anuales que realizaba antes de la guerra en Ucrania. 

“Exigimos el regreso al sistema de permisos que la Unión Europea concedía a los transportistas ucranianos antes de la guerra", argumenta este conductor polaco, que está decidido a quedarse hasta enero, o incluso más si es necesario. “Antes de la guerra, estábamos en pie de igualdad con los ucranianos en el mercado del transporte polaco-ucraniano. Ellos tenían 160.000 permisos anuales para el transporte a la UE, y nosotros 160.000 permisos para el transporte a Ucrania. Pero este año ya tienen 880.000 permisos a la UE. Además, nosotros tenemos que cumplir el paquete de movilidad [es decir, la normativa europea sobre transporte o periodos de descanso para los camioneros - nota del editor], mientras que ellos están exentos. Para nosotros, esto supone una enorme competencia". 

Los transportistas polacos también señalan que los salarios, impuestos y tasas son mucho más bajos en Ucrania que en Polonia, lo que da a los ucranianos una ventaja comparativa desmesurada sobre sus homólogos polacos. 

A raíz de la guerra en Ucrania, la Unión Europea estableció corredores de solidaridad con el país invadido por el ejército ruso, para permitir que sus mercancías transitaran sin restricciones por territorio europeo. Desde junio de 2022, la Comisión Europea suprimió los "permisos" que exigía anteriormente a los conductores ucranianos. Este acuerdo con Ucrania, renovado en marzo de 2023, debería estar en vigor hasta junio de 2024. 

"En su momento, la Unión Europea tuvo que reaccionar rápidamente, por lo que es posible que la Comisión Europea cometiera algunos errores, que podría corregir hablando con todas las partes, pero dudo que dé marcha atrás en el acuerdo alcanzado con Ucrania", cree Mateusz Fornowski, analista especializado en transportes del think tank Polityka Insight.  

Es de destacar que las negociaciones entre Ucrania, Polonia y la Unión Europea siguen estancadas. Adina-Ioana Vălean, Comisaria Europea de Transportes, ha declarado que el bloqueo polaco es "inaceptable" y que "Ucrania no puede ser rehén". El primer ministro Mateusz Morawiecki, tras permanecer pasivo durante mucho tiempo –su nuevo gobierno cayó este lunes en favor del liberal y proeuropeo Donald Tusk– exigió la devolución de los permisos, petición que la Comisión no quiere atender. 

El único escaso avance fue que, el 4 de diciembre, polacos y ucranianos consiguieron abrir una fila reservada para camiones vacíos entre Uhryniv (Ucrania) y Dołhobyczów (Polonia). El sistema ucraniano de colas electrónicas, muy criticado por los conductores polacos, no se aplica allí. El ministro de Transportes ucraniano, Serhiy Derkach, ha declarado que está dispuesto a abrir más sistemas de este tipo. 

"Ni el primer ministro ni el Presidente han querido implicarse en esta disputa, dejándosela al próximo Gobierno, dado que el problema es complicado y no se resolverá de la noche a la mañana", lamenta Jan Buczek, presidente de la mayor asociación de representantes de transportistas de Polonia, la Asociación de Transportistas Internacionales (ZMPD). 

Destaca las dificultades a las que se enfrentan los transportistas polacos especializados en el transporte hacia el este. "Cuando los polacos se conformaron con el transporte en Ucrania, tras las dificultades experimentadas con el transporte más al este, el gobierno ucraniano empezó a introducir un sistema electrónico de colas de espera que bloquea el regreso de los polacos durante más de dos semanas, y ha sido sobre todo eso lo que ha generado la protesta de los conductores polacos, porque no se hizo nada por parte ucraniana para mejorar el sistema".  

Al igual que Kami y sus airados compañeros, muchos de los camioneros trabajan en el este de Polonia. "Son sobre todo las pequeñas y medianas empresas del este y el sur de Polonia, dedicadas al transporte a Ucrania y la antigua URSS, las que se han visto perjudicadas por la relajación del sistema europeo de permisos", señala Mateusz Fornowski. 

"Sus costes de explotación son bastante elevados, porque hay que pagar la flota y mantenerla. Pero este sector representa sólo un pequeño porcentaje de la industria de la logística y el transporte en Polonia, que se orienta principalmente hacia Europa Occidental, debido a la ventaja comparativa de Polonia", añade el experto, para quien "la caída de los ingresos de las empresas polacas afectadas es también el resultado de la ralentización de la economía europea en general". 

Los manifestantes, entre los que se encuentra Kamil Gorzkowski, denuncian también el establecimiento "masivo" en suelo polaco de empresas de transporte "procedentes de capitales de Europa del Este de las que no sabemos nada". También afirman que camiones con logos humanitarios realizan transportes comerciales, aunque esta información es difícil de verificar. Las autoridades encargadas del transporte por carretera en Polonia han declarado que uno de cada cinco controles realizados acabó en multa. El ministro eslovaco de Transportes, Jozef Ráž, declaró que "dos tercios de los transportistas ucranianos inspeccionados [el 1 de diciembre] realizaban transporte público no autorizado". 

“Con el pretexto del humanitarismo y la guerra, los ucranianos hacen dinero", dice cabreado Adam Izbeski, director de una empresa polaca de transportes, con quien también nos reunimos en Korczowa. “Desde que la UE levantó los permisos, los ucranianos han empezado a dedicarse al cabotaje, transportando mercancías en los cuatro puntos cardinales de Europa. Eso no es legal.” Su colega Marcin, con gorra negra, coincide con él: "Cuando estalló la guerra, transportábamos suministros humanitarios de forma voluntaria, dábamos cobijo a los ucranianos en nuestras casas, y luego, sin ningún agradecimiento, nos han expulsado del mercado". 

Esos argumentos son inaceptables para los conductores ucranianos atrapados en los aparcamientos de Korczowa, que tienen que esperar en sus cabinas durante días y días. "No nos divertimos recogiendo cargas en ruta, sólo vamos del punto A al punto B", replica Andrei, cuyo cargamento de pescado congelado con destino a Jytomyr lleva siete días esperando en Korczowa. "¿Quién va a comprar nuestras mandarinas y plátanos después de días esperando aquí?", se preocupa Pavel, que se dirige a Leópolis con su carga. 

Sin embargo, los polacos aseguran que los alimentos perecederos cruzan la frontera sin obstáculos. "Y todo ese combustible que ves ahí, lo necesitan en el frente", protesta este ucraniano, que añade: "Cuando los camioneros polacos llegaron a la Unión Europea, ¡los camioneros alemanes y franceses no se pusieron a bloquear las carreteras!".  

En Ucrania empiezan a notarse las consecuencias del bloqueo en la economía, pues las mercancías que transitan por Polonia representan alrededor del 50% de las exportaciones ucranianas por carretera. "Las importaciones ya se han reducido en una quinta parte en noviembre, lo que podría costar a Kiev un punto del PIB", declaró a Reuters Taras Kachka, viceministro de Economía. 

La caída de los suministros debido a las mercancías retenidas en la frontera ha hecho subir los precios de algunos productos importados, en particular el gas licuado de petróleo (GLP) –utilizado por cerca de un millón de automovilistas ucranianos–, que ha aumentado un 30%.  

Tras la invasión rusa y el bloqueo casi total de los puertos ucranianos del Mar Negro, la frontera occidental de Ucrania es un importante salvavidas para las empresas ucranianas. Y las empresas advierten de que, si la situación persiste, el bloqueo podría provocar escasez y precios más altos para los consumidores. 

Las organizaciones benéficas y no gubernamentales que prestan ayuda militar a las fuerzas armadas ucranianas se enfrentan a varias semanas de retrasos en sus entregas críticas de drones, equipos electrónicos y automóviles como consecuencia del bloqueo. Pero el gobierno polaco rechaza esas acusaciones. Y aunque los conductores polacos garantizan que la ayuda humanitaria pasa sin restricciones, parece que no siempre ocurre lo mismo con los bienes de doble uso destinados a apoyar el esfuerzo bélico. 

"Nuestro batallón tiene varios camiones de ayuda humanitaria bloqueados en la frontera, que necesitamos aquí y ahora. Se trata de calentadores de sangre y de goteros, torniquetes y otros equipos médicos. Tenemos reservas de suministros convencionales, pero los calentadores son equipos muy caros y no disponemos de ellos", explica Kateryna Haloushka, voluntaria del batallón médico Hospitaliery, una fundación de voluntarios ajenos al ejército ucraniano.

Traducción de Miguel López

La avenida Raphaël, en el elegante distrito 16 de París, tiene la pesada calma de los barrios de embajadas: un parque extrañamente tranquilo, aceras salpicadas de bolardos antiaparcamiento, cámaras de vigilancia y altas verjas de hierro forjado. Una tarde de mayo de 2021 es, además, el escenario de un inusual ballet.

A las 15.13 horas, un hombre de unos 40 años aparca su coche frente al pequeño edificio blanco situado en el número 14, que alberga la Embajada de Madagascar. Coge su iPhone y marca un número. El intercambio es breve: “He llegado, estoy aparcado delante de la embajada, por las maletas”, dice Renaud Roques. Su interlocutor no se sorprende: “Vale, ya vamos”. Renaud Roques es el número tres del grupo francés Nexa, especializado en equipos de cibervigilancia. En aquel momento, Nexa comercializaba el programa espía Predator, diseñado por su socio Intellexa, un grupo con sede en Europa pero dirigido por antiguos ciberespías israelíes.

En la maleta que Renaud Roques entrega esa mañana en la Embajada de Madagascar hay equipos para espiar teléfonos. A los pocos empleados de la embajada que son informados de ello se les pide que guarden el máximo secreto.

Lo que no saben ni Renaud Roques ni estos empleados es que su jueguecito es seguido de cerca. Los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad, el Genocidio y los Crímenes de Guerra (OCLCH) habían intervenido el teléfono del número tres de Nexa en el marco de las dos investigaciones judiciales contra la empresa francesa por complicidad en torturas en Libia y Egipto.

La investigación judicial francesa estableció después que los directivos de Nexa e Intellexa exportaron a la presidencia malgache, sin autorización alguna, hardware y software que permitían piratear teléfonos móviles. Se trata de una “transacción ilícita”, realizada “en ausencia de contrato y de autorización”, escriben los gendarmes en un informe.

Durante las demos de los equipos que Nexa llevó a cabo in situ, el objeto del ataque fue el teléfono del director de un periódico de la oposición malgache, Roland Rasoamaharo. Ahora se encuentra en prisión. Además, dos meses después de que la presidencia malgache pidiera a Nexa que infectara teléfonos para frustrar un supuesto intento de golpe de Estado, seis personas han sido detenidas y condenadas por este motivo.

Las autoridades malgaches acabaron comprando, a finales de 2021, el producto estrella de Intellexa: el software Predator, competidor de Pegasus, también desarrollado por ciberespías israelíes –NSO Group–, que permite acceder a casi todos los datos de los teléfonos que infecta. Así lo revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por 15 medios internacionales coordinados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, y con la asistencia técnica del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.

La venta de estas potentes herramientas de espionaje a Madagascar es tanto más problemática cuanto que el Gobierno del presidente Andry Rajoelina encarcela a defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales, persigue a los whistleblowers por “desorden público e incitación al odio al gobierno” e intimida a los activistas contra la corrupción. Las revelaciones de EIC llegan en el peor momento para el presidente Rajoelina, que lanzó este pasado martes su campaña para las elecciones presidenciales del 9 de noviembre en un contexto muy tenso, marcado por la represión de la manifestaciones organizadas por la oposición, que teme un fraude electoral.

Sin embargo, se desconoce si Nexa y sus directivos están siendo procesados por la Justicia francesa por haber vendido Predator a la presidencia malgache. Cuando los jueces de instrucción pidieron en junio de 2021 que se ampliara el alcance de la investigación sobre Egipto y Libia a Madagascar, el fiscal nacional antiterrorista respondió que no era competente e invitó a los magistrados a remitir el asunto al fiscal de París. Se desconoce si los jueces cursaron esa denuncia. La oficina del fiscal de París asegura a EIC que no ha encontrado rastro de ninguna investigación en curso relacionada con Nexa y Madagascar.

Los dos jefes de Nexa se han negado a responder a las preguntas de EIC sobre Madagascar, pero afirman que siempre han “cumplido toda la normativa aplicable”.

El grupo Nexa tiene al Estado malgache entre sus clientes potenciales al menos desde 2017. El país aparece mencionado en los “planes de acción comercial” de ese año, con la mención “a la espera de confirmación de necesidades para reunión in situ”. Para la plantilla de la empresa francesa, que pone un nombre en clave a todos sus contratos, es el inicio de la Operación Loco.

Las autoridades de la isla africana quieren adquirir material de cibervigilancia. Oficialmente, para luchar contra la corrupción. “En realidad, la presidencia malgache –bajo Rajoelina, pero también durante la época de su predecesor, Hery Rajaonarimampianina– quería sobre todo adquirir este tipo de material con fines políticos”, explica a EIC un antiguo alto funcionario malgache familiarizado con estos temas. “Cuando estamos en el poder, queremos permanecer en él. Y para eso, hay que estar informado de todo”, asegura.

Las cosas se aceleraron en octubre de 2020. Renaud Roques redactó un “borrador de contrato” con Madagascar por un importe de 11,75 millones de euros. Un mes después, el 7 de noviembre de 2020, voló a la gran isla en compañía de tres colegas, entre ellos el jefe y fundador de Nexa, Stéphane Salies. Al día siguiente, Renaud Roques toma una foto en el interior del hotel Radisson de Antananarivo, la capital, donde parece haberse instalado la delegación de Nexa. En la imagen, se ven los pies del fotógrafo, calzados con unas chanclas de plástico, y en el suelo, frente a él, una maleta que contiene material informático.

El equipo se dio ocho días para convencer al jefe de Estado de que comprara sus herramientas de vigilancia. Andry Rajoelina, de 46 años, es un antiguo empresario de la publicidad y la comunicación. Llegado al poder por primera vez en 2009 con el apoyo del ejército, conserva, según destacan las fuentes consultadas, un miedo tenaz a ser a su vez víctima de un golpe. Así que gestiona personalmente la adquisición de los equipos de cibervigilancia, estudiando los documentos y hablando regularmente con los franceses.

Éstos le ofrecen su “porfolio completo”: programas informáticos para la vigilancia masiva del tráfico de internet, así como una furgoneta de pirateo equipada con un Alpha Max, el IMSI catcher más sofisticado de Nexa. Este dispositivo no sólo permite escuchar los teléfonos móviles dentro del alcance de la antena, sino también infectarlos con Predator en modo zero-click y de forma invisible, sin que el usuario tenga siquiera que pinchar en un enlace malicioso.

Las pruebas realizadas en la capital malgache son un éxito. “Cuando estuvimos allí con el Alpha Max, vimos que todo se conectaba”, señalan los empleados de Nexa; es decir, el dispositivo era capaz de conectarse a los teléfonos, como confirmaron después.

Entre prueba y prueba, los franceses disfrutan de buenos momentos. El 11 de noviembre, Renaud Roques hizo fotos de la piscina del Radisson. El 15 de noviembre, fotografió los jardines Rova, un palacio real transformado en museo. El mismo día, el equipo de Nexa parece haber puesto en su punto de mira a una figura del periodismo malgache: Roland Rasoamaharo, conocido como Lola, director y propietario de La Gazette de la Grande Ile, y crítico con el presidente Rajoelina.

En el teléfono de Renaud Roques, los gendarmes encontraron un informe de vigilancia de siete páginas dedicado a Roland Rasoamaharo, con el sello de “clasificado” y creado el 15 de noviembre de 2020. El documento detalla en particular su historial de geolocalización y los datos relativos a sus teléfonos.

De vuelta a Francia, el equipo se muestra confiado. Roques escribe en sus notas: “Viaje a Madagascar, oferta de nuestro porfolio completo y demos [...] La firma debería tener lugar en los próximos días”. Mantiene informado al jefe de Intellexa, Tal Dilian, que proporciona a Nexa el programa espía incluido en la oferta: “Tenemos que volver a hablar con el presidente esta semana”.

Sin embargo, durante muchos meses, las autoridades malgaches dudaron sobre qué equipo adquirir. Al final, optaron tanto por herramientas de vigilancia masiva del tráfico de internet como de pirateo de teléfonos. El 18 de mayo de 2021, Renaud Roques se muestra optimista: “Proyecto Loco. Parece muy positivo. Negociaciones del contrato final en curso”.

Pero la historia da un giro inesperado. En los días siguientes, el jefe de Nexa, Stéphane Salies, recibe una llamada de sus interlocutores malgaches. “Piden ayuda por una situación tensa y me preguntan si puedo ayudarles a realizar infecciones”, informa Salies a Tal Dilian el 20 de mayo. El jefe de Intellexa no pone objeciones. Propone suministrar a Madagascar sólo una parte de las herramientas de pirateo, a cambio de un anticipo.

En una entrevista en la revista Forbes en 2019, este exmiembro de la famosa Unidad 81 de ciberinteligencia del ejército israelí había prometido, sin embargo, no volver a espiar a nadie sin la preceptiva licencia o sin contrato previo, después de darse cuenta de que una redada militar había asolado un pueblo sudamericano donde había localizado dos teléfonos a petición de las autoridades, como parte de una demostración comercial. “Éramos jóvenes. Hoy diría que no”, declaró Tal Dilian a Forbes. Pero dos años después dijo sí a las exigencias del presidente malgache, Andry Rajoelina.

Así, la alianza franco-israelí puede haber violado la normativa de varios países, entre ellos Francia. Cuando vendió sus equipos a Madagascar, Nexa aún no había firmado un contrato y no había obtenido una licencia de exportación. Sin embargo, esa licencia es obligatoria, incluso para los equipos que se utilizan en las demos.

Durante el interrogatorio bajo custodia policial, Stéphane Salies intentó justificar esta infracción legal, así como el envío de material por valija diplomática, por la urgencia de frustrar un intento de golpe de Estado: “Esa fue la solución que se eligió porque existía la posibilidad de que se ocurriera un incidente grave”. Salvo que él ya había hecho lo mismo el año anterior, durante la estancia de su equipo en Madagascar, cuando ningún acontecimiento excepcional lo justificaba.

La falta de licencia no disuadió en absoluto a los equipos de Nexa. El presidente Rajoelina “está de acuerdo en firmar el contrato” y “hacer la transferencia antes de finales de mayo”, dice el director general Stéphane Salies a su colega Renaud Roques el 20 de mayo de 2021. Pero el asesor del presidente malgache quiere que los franceses “vengan inmediatamente con equipo porque hay una docena de tipos que están intentando dar una especie de golpe de Estado”, apremia Salies.

“Quiere que les infectemos enseguida, es superimportante, es dramático [...] Me dice: ‘Anda, ven con un Alpha Max y luego hacemos una infección de zero click”, añade el fundador de Nexa. Alpha Max es el IMSI catcher más potente de Nexa, capaz de inyectar Predator en los teléfonos.

Renaud Roques reprende a su jefe: “Joder, hacer una misión antes de firmar el contrato, Steph, t’as fait une connerie [la cagaste]”. “Lo sé, lo sé”, responde Stéphane Salies. Pero, siete días más tarde, Roques acepta participar en esa misma connerie. Se encuentra en un coche, delante de la Embajada de Madagascar, en el distrito 16 de París. Allí coloca discretamente varias maletas, que contienen “un IMSI catcher y un interceptor wifi”, según declaró más tarde a los investigadores.

Para eludir la falta de licencia, el material se envía a Madagascar por valija diplomática, que no puede ser registrada ni escaneada. “Estamos preparando todas las maletas, tenemos que ir a dejarlas a la embajada para que las envíen en viaje diplomático, [...] como la última vez”, dice Renaud Roques el 27 de mayo de 2021 a su pareja. “Es un lío”, se queja por teléfono, antes de preguntarse cuál es el mejor sitio para comprar los candados que necesita para cerrar el equipaje.

En la embajada, la tensión es palpable. El 30 de mayo, la primera consejera malgache llama a Renaud Roques presa del pánico: no puede llevar las baterías de los equipos en la cabina del avión, porque ya va demasiado cargada. Tiene que meterlas en el equipaje que había llevado antes Roques, pero no se puede abrir debido a los candados.

Así que Renaud Roques se ofrece a enviar a un colega a la embajada para llevar a cabo la operación. La diplomática acepta, pero insiste: los franceses no deben “sobre todo abrir” la maleta “delante de ellos” –es decir, los demás empleados de la embajada–. “No quisiera arriesgarme en absoluto”, insiste. “No se preocupe [...], él es consciente de la confidencialidad”, intenta tranquilizarla el ejecutivo de Nexa.

Preguntados al respecto por Mediapart, ni Renaud Roques, ni el embajador de Madagascar en París, ni la presidencia malgache han contestado.

El 9 de junio de 2021, Renaud Roques compró un iPhone en Leboncoin, un popular sitio web que permite vender productos de segunda mano. Al día siguiente, hace una prueba de infección destinada a preparar la operación en Madagascar, según declaró posteriormente a los gendarmes. El Laboratorio de Seguridad de la ONG Amnistía Internacional, que analizó a petición de EIC los mensajes recibidos por el teléfono, concluyó que esos SMS contenían un enlace de infección gestionado por la infraestructura técnica de Predator.

La operación de ciberespionaje en Madagascar parece haber sido un éxito. Dos meses después, seis ciudadanos malgaches y franceses fueron detenidos por “atentar contra la seguridad interior del Estado” y acusados de intento de asesinato del presidente. Al final de un juicio exprés marcado por la desaparición de numerosas pruebas –en particular el ordenador y los teléfonos del principal acusado–, los seis fueron condenados a penas de hasta 20 años de trabajos forzados. Siempre han dicho que son inocentes.

Los directivos de Nexa recogieron los frutos de sus esfuerzos para convencer al presidente malgache. En junio de 2021, el contrato estaba “ultimándose”, por un importe de unos 14 millones de euros, según un documento interno al que ha tenido acceso EIC. Y más tarde se cerró un acuerdo entre las autoridades malgaches y una de las empresas de la galaxia Intellexa.

El 16 de diciembre de 2021, el CitizenLab de la Universidad de Toronto anunció que había detectado probables rastros de Predator utilizados en Madagascar. Luego, el 8 de diciembre de 2022, el Gobierno griego admitió haber concedido a Intellexa una licencia para exportar Predator a Madagascar en noviembre de 2021.

La venta se realizó a través de la empresa británica Signum, propiedad de un empresario alemán residente en el Reino Unido llamado Oliver Böcking. Este último está relacionado con Nexa, ya que es accionista, junto con el grupo francés, de una sociedad registrada en Seychelles, que posee la propiedad intelectual del Alpha Max. ¿Se utilizó a Oliver Böcking como intermediario para ocultar la participación de Nexa en este contrato? La empresa no ha contestado a esa pregunta. Los directivos del grupo francés, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco quisieron hacer comentarios al respecto.

Pero, en su respuesta a EIC, afirmaron que su filial Advanced Systems en Dubái “actuaba como distribuidor/intermediario y no era responsable del control de las exportaciones”, y que la responsabilidad de obtener las licencias de exportación recaía exclusivamente en Intellexa.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot añaden que tras los registros y el interrogatorio al que fueron sometidos por los investigadores franceses en junio de 2021, transfirieron a Intellexa todos los contratos relacionados con Predator “antes de que fueran operativos”, y que cesaron en toda actividad relacionada con la interceptación de de teléfonos móviles.

El periodista Roland Rasoamaharo, objetivo de la demo de Nexa en 2020, afrontó después muchas adversidades. El 10 de noviembre de 2021, los locales de La Gazette de la Grande Ile sufrieron una explosión de origen desconocido, que causó importantes daños materiales. El 30 de marzo de este año la policía registró los locales del periódico, y su director fue detenido por impagos a la compañía nacional de agua y electricidad que databan de... 2016. El 14 de junio fue declarado inocente por un tribunal en este caso, pero fue condenado a cinco años de cárcel por extorsión en un caso de litigio inmobiliario que le enfrentó a la esposa de un cónsul. A día de hoy sigue en la cárcel.

Para su periódico, no hay duda: las autoridades malgaches le hicieron pagar por sus reportajes exclusivos sobre el jefe del Estado y su entorno. A principios de marzo, La Gazette había revelado que el presidente Rajoelina poseía la nacionalidad francesa, lo que podría haber comprometido su candidatura a las eleccions del 9 de noviembre.

Dos informes técnicos sugieren que el Gobierno malgache puede haber utilizado Predator desde principios de año para facilitar la reelección de Andry Rajoelina.

El primero, publicado el pasado 2 de octubre por la empresa francesa de seguridad informática Sekoia, se basa en el estudio de servidores informáticos utilizados para infectar teléfonos con Predator. Sekoia detectó que esta infraestructura de infección creó y alojó, a partir del pasado mes de abril, sitios web que usurpaban la dirección y la identidad de los medios de comunicación malgaches L'Express de Madagascar y Midi Madagasikara, así como varios sitios que se presentaban como blogs políticos pro Rajoelina, como Soutien à Rajoelina o Emergence Mada.

Por tanto, es “plausible que los servicios gubernamentales de Madagascar, como la policía o la inteligencia local utilizaran “malware Predator para llevar a cabo vigilancia política nacional, meses antes de las elecciones", concluye Sekoia.

Las conclusiones técnicas de este informe han sido confirmadas por un análisis realizado para el EIC por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional como parte de nuestra investigación Predator Files. Amnistía ha detectado al menos ocho sitios web maliciosos relacionados con Madagacar, creados entre el 15 de febrero y el 26 de julio de este año dentro de la infraestructura de infección de Predator. Las URL de estos sitios web, susceptibles de desencadenar una infección cuando se consultan con un smartphone, imitan las URL de los periódicos malgaches L'Express y Midi, pero también de dos bancos del país, el BNI y el MCB.

La campaña electoral fue lanzada este martes por Andry Rajoelina en un ambiente nocivo. El presidente del Senado, que según la Constitución debe ejercer temporalmente el poder durante la campaña, indicó el lunes que había renunciado al cargo tras recibir “amenazas de muerte” de miembros del Gobierno. La presidencia lo ha negado. En consecuencia, es el Ejecutivo el que ejerce el poder, lo que hace temer a la oposición que se manipule el voto.

Once de los 12 candidatos de la oposición que se presentan contra el presidente Rajoelina han declarado que no participarán en la votación hasta obtener garantías de su imparcialidad. Las manifestaciones callejeras pacíficas que han organizado todos los días desde principios de octubre han sido reprimidas por las autoridades.

Eran las 15.22 horas del 7 de junio de 2021 cuando un taxi recogió a Olivier Bohbot a la salida de su cita. El número dos del grupo francés Nexa, especializado en equipos de espionaje y vigilancia, ha dado como dirección al taxista el bulevar Mortier, en el distrito 20 de París. Justo enfrente de la sede de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

Que el prestigioso servicio de inteligencia exterior francés reciba a uno de sus proveedores, fabricante de tecnologías sensibles, es perfectamente normal. Pero que siga haciendo negocios con Nexa es, cuanto menos, sorprendente.

Desde 2011, la empresa, antes conocida como Amesys, es objeto de una investigación judicial por haber vendido a Libia, bajo el dictador Gadafi, un sistema de vigilancia por internet que permitía espiar y seguir a los opositores al régimen. En 2017 se abrió una segunda investigación por los mismos motivos, relativa a la venta del mismo sistema a Egipto, pocos meses después del golpe de Estado del mariscal al-Sisi.

El 15 de junio de 2021, una semana después de su reunión en la sede de la DGSE, Olivier Bohbot y otros ejecutivos de Nexa fueron detenidos por gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio. Al mismo tiempo, un juez de instrucción dictó varios autos de procesamiento por complicidad en torturas. Los directivos de Nexa niegan los cargos que se les imputan.

Éste es uno de los aspectos más sorprendentes del asunto: a pesar de las fuertes sospechas de violaciones de los derechos humanos, la DGSE, y en general el Estado francés, ha mantenido su apoyo a Nexa, que entre 2014 y 2021 se benefició de al menos 11 millones de euros en contratos con varios servicios de inteligencia y con los ministerios del Interior, Justicia y Defensa. Éstas son las conclusiones de la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios EIC, a la que pertenece infoLibre, que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Nexa, que entonces se llamaba Amesys, estaba en contacto “todo el tiempo” con el servicio de inteligencia de entonces, “porque Amesys es uno de los principales proveedores de la DGSE”, declaró el antiguo presidente de la empresa, Philippe Vannier.

A partir de 2006, a petición del dictador libio Muamar Gadafi y con el beneplácito del presidente Nicolas Sarkozy, Amesys desarrolló el software Eagle, el primer sistema capaz de vigilar internet a escala de todo un país. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, la DGSE seguía muy de cerca esta proeza tecnológica y el contrato libio.

Varios testigos declaran que fue la DGSE, a través de su propio director técnico, Bernard Barbier, quien pidió a Qosmos, otra empresa francesa, que colaborara con Amesys para proporcionarle una sonda de interceptación del tráfico de internet, necesaria para que Eagle funcionara correctamente.

Un agente de la DGSE declaró al juez instructor que, cuando estalló una disputa comercial entre Amesys y Qosmos, su departamento le pidió, “extraoficialmente”, que llevara a cabo una “mediación” para reconciliar a las dos empresas.

La DGSE se negó a responder a las preguntas de Mediapart. Stéphane Salies y Olivier Bohbot, directores y accionistas mayoritarios de Nexa, aseguraron que era “normal” en su actividad comercial “tener contactos con las autoridades”, pero declinaron hacer más comentarios.

Estas buenas relaciones vienen de lejos. En un folleto comercial, los dos directores de Nexa se describían a sí mismos como poseedores de “más de 20 años de experiencia en la venta de soluciones [...] a la DGSE”. Varios empleados confirmaron a la policía que el director general del grupo, Stéphane Salies, tenía estrechos vínculos con el servicio, así como con Bernard Barbier, director técnico de la DGSE de 2006 a 2013. Contactado por Mediapart, éste no ha contestado a sus preguntas.

Dos antiguos empleados de Amesys declararon a la policía que Eagle estaba equipado con una puerta trasera que permitía a Amesys acceder al software sin que su cliente libio lo supiera. Como reveló Intelligence Online, uno de los dirigentes del grupo, Renaud Roques, fue aún más lejos y explicó ante el juez de instrucción que esa puerta trasera había sido “diseñada por la DGSE”, para que los servicios secretos pudieran “conectarse de forma discreta e indetectable al sistema libio” y “acceder a la lista de objetivos” del espionaje.

Con la esperanza de que se confirmara su versión, Renaud Roques exigió, y consiguió, que tres ingenieros de la DGSE en funciones en aquel momento fueran entrevistados de forma anónima por el juez. Pero éstos se negaron a comentar la existencia de esta posible “puerta trasera”, ya que el tema está “clasificado como secreto de defensa”. Sin embargo, uno de los agentes secretos alabó el diálogo “constante y de calidad” con Amesys sobre Libia: “La empresa respondía a nuestras preguntas y nos mantenía al corriente de la evolución del contrato”.

Mediapart ha podido identificar a los antiguos funcionarios de la DGSE que fueron entrevistados anónimamente por el juez. Dos de ellos pasaron a trabajar para la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), encargada de proteger a los organismos públicos y a las empresas contra los ciberataques. A partir de la década de 2010, ocuparon allí puestos de alto rango.

Un documento incautado durante el registro confirma el papel desempeñado por estos dos agentes de la DGSE en el contrato libio. El documento es un registro manuscrito de una reunión que mantuvieron con ejecutivos de Amesys en el “MinDef” el 15 de enero de 2007. Según el documento, hablaron del “producto Eagle”, así como de las instrucciones de seguridad destinadas a evitar filtraciones: “Limitar al mínimo el número de personas en el bucle", “tener cuidado con las fuentes y el acceso a las fuentes”.

A partir de marzo de 2011, tras la intervención militar occidental que condujo al derrocamiento y muerte de Gadafi, cundió el pánico. Nicolas Deckmyn, un joven ingeniero de Amesys en aquella época, relató cómo fue “convocado” urgentemente por la DGSE para que facilitara las coordenadas de los lugares donde estaba instalado el sistema Eagle. “Creo que era para intervenir, para bombardear los tres emplazamientos”, dijo a los gendarmes. Para no dejar rastro de la ayuda de Francia al dictador libio.

Uno de los edificios fue completamente arrasado y los otros dos fueron limpiados, sin que se sepa por quién. En agosto de 2011, cuando dos periodistas de The Wall Street Journal visitaron uno de los centros y revelaron la existencia del sistema Eagle, encontraron documentos en papel, pero los servidores informáticos habían desaparecido.

Tras el escándalo y la apertura de una primera investigación judicial sobre el contrato libio, Stéphane Salies, uno de los altos ejecutivos de Amesys, compró la tecnología Eagle, la rebautizó como Cerebro y la alojó en una nueva empresa llamada Nexa, que se hizo cargo de la mayoría de sus empleados. El objetivo: hacer olvidar el nombre de Amesys. Al mismo tiempo, creó en Dubái una empresa hermana, y discreta, llamada Advanced Middle East Systems (AMES), que tiene la enorme ventaja de poder exportar sin solicitar licencias en Francia.

Durante su detención policial, Stéphane Salies declaró que “las autoridades francesas y los servicios franceses habían sido informados [de la creación de AMES] y no habían planteado ninguna objeción. “Me refiero principalmente a la DGSE”, precisó. “¿Tenía la DGSE alguna petición?”, preguntó el gendarme. “Sí, pero no puedo revelarlas, porque es clasificado”.

Se desconoce si la DGSE aprobó extraoficialmente el hecho de que Nexa pudiera exportar desde Dubái, eludiendo a las autoridades francesas. Sin embargo, un documento encontrado durante los registros policiales muestra que el Ministerio de Economía, encargado de expedir las licencias de exportación, fue informado de la creación de AMES y no se opuso.

Interrogada como testigo, Rachida H., responsable administrativa de Nexa, declaró que, tras el asunto libio, “resultó difícil restablecer la confianza con los servicios de inteligencia”. La investigación judicial ha demostrado, por el contrario, que las relaciones se caldearon con rapidez. Un documento interno de 2014 indica que Nexa tenía entonces un contrato por valor de “10 millones de euros al año” para suministrar a la DGSE IMSI catchers, los dispositivos que interceptan las comunicaciones móviles en un radio de unos cientos de metros. Sin embargo, el contrato parece haberse interrumpido, ya que EIC no ha encontrado ningún pago por este importe.

En diciembre de 2020, Renaud Roques se mostró preocupado en un grupo de discusión interno: “Hola, ¿alguno de vosotros tiene acceso a la cuenta de Nexa [en Société Générale] para ver si hemos recibido una transferencia de 200k de la DGSE? Me gustaría estar seguro antes de seguir [...] más tarde hoy. El número dos de Nexa, Olivier Bohbot, le remitió a otro empleado para que comprobara si efectivamente se habían pagado los 200.000 euros. Por lo que ha podido averiguar EIC, la investigación judicial no ha determinado qué se pagó a cambio de esta elevada suma.

Los agentes secretos franceses también ayudaron a Nexa a exportar: un documento de 2014 enumera campañas de ventas en India, Mali, Mauritania y Senegal, realizadas con el “apoyo de los servicios franceses”. Y cuando la DGSE pareció dar una “opinión” negativa sobre la venta del sistema de interceptación masiva de internet Cerebro a los servicios secretos paquistaníes, Renaud Roques, número tres de Nexa, escribió en su cuaderno que tenía que “indagar para encontrar la razón”. Este cuaderno de notas manuscritas, fechado en 2015 y 2016, menciona también una reunión con un agente de la DGSE cuyo seudónimo era Clovis, para recomendarle un sistema de radio fabricado por el grupo alemán Plath, accionista al 30% de Nexa.

Casualmente, Nexa tuvo que tratar de nuevo con uno de los antiguos agentes de la DGSE que había supervisado el contrato con la Libia de Gadafi cuando ya estaba en la ANSSI. Esta agencia es la encargada de expedir las autorizaciones a las empresas para importar y vender material de vigilancia en territorio francés. Los gendarmes encontraron una lista de 29 productos de Nexa que habían recibido autorización de la ANSSI en aquella época. Además del software Cerebro, se trataba de un potente sistema israelí de infección telefónica, otro de interceptación en la nube, un tercero de interceptación de “flujo de satélites” y varios tipos de IMSI catchers.

En un breve informe, los gendarmes consideran que Nexa ha minimizado las capacidades reales de sus productos en las solicitudes de licencia enviadas a varios organismos de control: “La descripción es diferente de lo que aparece en los contratos y folletos de venta”. Citan como ejemplo una solicitud de autorización enviada a la ANSSI en 2017 sobre una sonda, conectada a Cerebro, que captura el tráfico de internet. “En ningún momento se menciona la capacidad máxima y las funciones ilimitadas de esta tecnología”, escriben.

El alto funcionario de la ANSSI que validó y firmó la autorización estaba, sin embargo, muy familiarizado con las capacidades del producto desplegado en Libia: fue uno de los tres ingenieros de la DGSE que estuvieron en contacto con la empresa sobre este asunto y que finalmente fueron oídos por los tribunales.

EIC se ha puesto en contacto con este ingeniero, quien respondió que no podía comentar nada que caiga bajo la protección de los secretos de la defensa nacional. Sin embargo, señaló que la ANSSI no era responsable de las licencias de exportación y que siempre especificaba las “limitaciones” aplicables a las ventas en Francia: “Las soluciones de interceptación como las que usted menciona están limitadas sistemáticamente a los ‘servicios autorizados”, es decir, a los servicios secretos.

Pero la DGSE no es la única agencia gubernamental que utiliza los servicios de Nexa. Un documento interno de 2014 indica que la compañía francesa tenía entonces otros tres contratos sensibles, cuya naturaleza no se especifica: uno “pequeño” con el Ministerio del Interior, uno “mediano” con la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) y otro por valor de dos millones de euros con la Dirección General de Armamento (DGA).

Además, la agenda de Renaud Roques incluye una reunión con el comisario responsable de la dirección técnica de la DGSI –la inteligencia interior–, una visita del ministro del Interior a los locales de Nexa y una presentación de producto a una delegación del GIGN, el grupo de intervención de élite de la gendarmería.

La luna de miel con los servicios de inteligencia continuó mucho después de los primeros problemas legales de la empresa. En junio de 2021, cuando Nexa fue registrada, nueve de sus empleados aún seguían autorizados por el Ministerio de defensa a acceder a información clasificada como “confidencial de defensa” hasta 2025 o 2027, entre ellos Renaud Roques y el director general Stéphane Salies.

Incluso en sus documentos internos Nexa cultiva el secreto sobre sus contratos, designados con códigos, la mayoría de los cuales se refieren a dulces. Los contratos franceses se llaman Cachou –una marca de caramelos–, Paris-Brest –un pastel– o Calisson –un dulce tradicional– [los españoles llevan la etiqueta Turrón].

Entre los contratos firmados con el Estado francés entre 2014 y 2020, hay uno de 2016 por importe de 180.000 euros a cambio de un descodificador y un programa informático para el Groupement Interministériel de Contrôle (GIC), el organismo que gestiona las escuchas y vigilancias “administrativas” realizadas por los servicios secretos al margen de procedimientos judiciales.

En 2018, Nexa firmó un contrato de 219.000 euros con la Dirección de Inteligencia Militar, y otro de dos millones en 2020, bautizado como MilleFeuille –Milhojas–, con el Ministerio de Defensa, para sistemas de interceptación de comunicaciones móviles de tipo IMSI catcher. Uno de los componentes del proyecto, el “estudio mochila”, tenía como claro objetivo diseñar un dispositivo discreto que cupiera en una mochila.

En otros casos, no especifica la naturaleza del contrato, como el proyecto Papillon con el Ministerio de Justicia, por valor de 2,8 millones de euros.

A través de su filial Elektron –vendida en diciembre de 2021­, Nexa también fue muy activa en el ámbito de las escuchas telefónicas, a pesar del lanzamiento de un sistema único, PNIJ, que se confió a Thales a partir de 2017. Sin embargo, debido a problemas técnicos, varios departamentos interregionales de investigación criminal siguen utilizando el sistema de Nexa. En junio de 2021, el dueño de la empresa se felicitó por teléfono por un reciente pago de 500.000 euros recibido del ministerio por este concepto.

En julio de 2018, Nexa obtuvo un nuevo contrato con el Ministerio del Interior, denominado Pimousse –otra marca de caramelos–, por un sistema que se utiliza para complementar las escuchas telefónicas tradicionales: permite capturar, no sólo mensajes de voz y de texto, sino también datos de internet y geolocalización, según explicó un ingeniero de Nexa a los gendarmes.

Nexa también ha vendido un módulo de software llamado Jasmine, que puede identificar con quién habla una persona y la fecha de los intercambios –pero no su contenido–, incluso cuando el objetivo utiliza aplicaciones cifradas como Signal, WhatsApp o Telegram. “Este módulo [...] se utiliza para la interceptación judicial en Francia”, declaró a la policía el jefe de Nexa.

Un documento fechado en enero de 2021, en el que se enumeran las campañas de ventas en curso, muestra que Francia era un mercado prioritario: Nexa estaba en la carrera para intentar conseguir 18 contratos diferentes con ministerios o servicios de inteligencia, por un valor total de 10 millones de euros. Los principales incluían la ampliación del proyecto MilleFeuille con el Ministerio de Defensa por más de tres millones de euros y un sistema de escucha de teléfonos móviles con la DGSE por 400.000 euros.

Contactados por Mediapart para preguntarles por estos contratos, la DGSE y el Ministerio de Defensa se han negado a responder. El Ministerio del Interior tampoco ha contestado. El Ministerio de Justicia ha confirmado que utiliza Elektron para las escuchas telefónicas. Sin embargo, afirma que “nunca ha adjudicado un contrato a Nexa y nunca ha tenido ningún vínculo con esta empresa”.

Mientras suministraba a ministerios y a los servicios de inteligencia franceses, Nexa seguía exportando sus sistemas de vigilancia altamente intrusivos, incluido software de pirateo telefónico, a regímenes autoritarios. Como en los buenos tiempos del coronel Gadafi. Interrogado al respecto por el juez de instrucción, uno de los antiguos agentes de la DGSE confesó finalmente: “Estamos ante el problema habitual de la venta de armas, y sabemos muy bien que todo esto no puede ser siempre angelical”. En efecto.

Orgullosa de sus valores democráticos, la Unión Europea se comprometió a estar a la vanguardia en la regulación de los equipos de vigilancia y otros programas espía. En mayo de 2021, el club comunitario adoptó un nuevo reglamento destinado a endurecer las exportaciones de estos sistemas. El objetivo era poner fin a los numerosos escándalos que han salpicado en los últimos 10 años a los fabricantes europeos del sector, cuyos productos son utilizados por dictaduras para espiar y localizar a opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos. Pero está claro que no ha funcionado.

El 15 de noviembre de 2021, dos meses después de la entrada en vigor del reglamento europeo, el Gobierno griego concedió al grupo Intellexa, dirigido por exciberespías israelíes pero con sede en Europa, una licencia para exportar su software de pirateo telefónico Predator a Madagascar, un país adepto a la represión. Según revelaron los medios Inside Story y Haaretz, se sospecha que Grecia aprobó, al mismo tiempo, una segunda licencia para la venta de Predator al líder de una poderosa milicia de Sudán, un país sumido en una guerra civil.

Pero Grecia no es un caso aislado. Los Predator Files revelaron este miércoles que Intellexa y su socio francés Nexa exportaron Predator a otros regímenes autoritarios, como Egipto y Vietnam [ver aquí el dosier completo]. También que Nexa vendió sin ningún problema sistemas de vigilancia de todo tipo a dictaduras durante 10 años, pese a que fue objeto de dos investigaciones judiciales por complicidad en torturas, con la connivencia de Francia o aprovechando lagunas en una reglamentación demasiado flexible.

El nuevo reglamento europeo no cambiará mucho esta situación, ya que ha sido suavizado por el lobby de la industria de la vigilancia y por varios países europeos, que quieren seguir exportando programas espía a los dictadores con total opacidad.

Estas son las conclusiones de la investigación Predator Files, llevada a cabo por 15 medios internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en documentos de la Comisión Europea obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información, y realizada en cooperación con la ONG alemana protransparencia FragDenStaat.

La investigación de EIC muestra que Francia es uno de los países más díscolos. La Comisión Europea no fue autorizada a enviar a EIC el documento clave que detalla la posición de Francia mientras se elaboraba el reglamento europeo, aunque sí facilitó el mismo documento sobre otros países: el Gobierno francés quiere ocultar a sus ciudadanos la posición que defiende en Bruselas sobre un tema crucial.

Mediapart se ha dirigido al Elíseo y al ministro de Economía, Bruno Le Maire, al que corresponde la competencia en este asunto, pero no han respondido a las preguntas. La exportación de sistemas de vigilancia está “amparada por el secreto de defensa nacional y de la política exterior de Francia”, según el Ministerio de Economía.

Las revelaciones de los Predator Files llegan en el peor momento para la Comisión, que no ha querido responder en detalle a las preguntas de EIC. En Bruselas, el tema es actualmente objeto de un intenso tira y afloja entre bastidores entre la Comisión y los Estados miembros. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre cómo se aplicará en la práctica el nuevo reglamento. Dos años después de la entrada en vigor del texto, todavía no se ha llegado a nada. Una vez más, varios países, entre ellos Francia, luchan por limitar los avances previstos en el reglamento, sobre todo en materia de transparencia. Para justificar este retraso, la Comisión explicó a EIC que “la aplicación del reglamento es un proceso complejo que implica consultas con las partes interesadas” sobre un tema “muy técnico”.

Sin embargo, es urgente actuar. Hace dos años, el escándalo Pegasus, un programa espía diseñado por la empresa israelí NSO, demostró que Israel exportaba esa herramienta de pirateo de teléfonos para mejorar sus relaciones con las dictaduras.

La investigación confirma que Europa y Francia son igual de cínicas. “Europa es un centro de exportación de programas espía a dictaduras y regímenes opresores”, concluía el informe de la Comisión de Investigación PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del escándalo Pegasus el pasado mayo. “La Unión Europea se ha vuelto muy atractiva porque ofrece una apariencia de respetabilidad, mientras que, en realidad, es un paraíso para los fabricantes del sector. Las empresas israelíes se instalan en Europa porque la normativa y su cumplimiento son laxos”, declaró a EIC Sophie In 'T Veld, la eurodiputada holandesa que dirigió la comisión PEGA.

In 'T Veld lamenta el “silencio”, incluso la “omertá” de los gobiernos europeos ante programas espía como Pegasus y Predator, que les permiten, a través del teléfono, saberlo casi todo sobre sus objetivos. “Esas herramientas se utilizan para debilitar los contrapoderes y, por tanto, la democracia”, denuncia.

Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Fue a raíz del espionaje a opositores durante las revoluciones de la Primavera Árabe de 2011 cuando las herramientas de vigilancia empezaron a regularse a escala internacional. En 2013, se consideraron tecnologías de doble uso, civil y militar –DUI, por sus siglas en inglés–, reguladas por el Acuerdo de Wassenaar, firmado por 42 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y todos los países de la UE excepto Chipre, pero no por China ni Israel. Las normas son mínimas: los fabricantes tienen que solicitar licencias de exportación, pero cada país las concede en secreto, según sus propios criterios. En Francia, las concede el SBDU, un departamento del Ministerio de Economía. En España, las otorga la Secretaría de Estado de Comercio previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). 

“Está muy claro que el Acuerdo de Wassenaar no impide los abusos”, advierte Katia Roux, responsable de Comunicación de Amnistía Internacional. Esta deficiencia del derecho internacional fue reconocida por Naciones Unidas en un informe de 2019: “Decir que el mecanismo de control mundial [...] no funciona es quedarse corto. En realidad, este mecanismo es prácticamente inexistente”.

La Unión Europea decidió ir más allá tras la movilización de las ONG y una primera serie de escándalos que estallaron a partir de 2011. En Francia, Nexa vendió un sistema de vigilancia masiva de internet a Libia y Egipto. En Italia, Hacking Team obtuvo una licencia “general” en 2015, que fue retirada al año siguiente tras revelarse sus actividades en Sudán y Arabia Saudí. Y a la alemana Trovicor la pillaron suministrando sistemas de escuchas telefónicas a Siria e Irán.

Tras la primera propuesta de la Comisión Europea en 2016, se necesitaron cinco años para llegar al reglamento aprobado en mayo de 2021. En una declaración conjunta, siete ONG, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras, lamentan que haya terminado siendo una “oportunidad perdida” para “garantizar el respeto de los derechos humanos”. Las en principio ambiciosas propuestas sobre la mesa se vieron “sistemáticamente obstaculizadas por las iniciativas de algunos Estados miembros y empresas del sector”, deploran estas ONG.

El reglamento europeo estipula que los Estados miembros “deberán tener en cuenta”, a la hora de autorizar las licencias, el riesgo de que sean utilizadas para “la represión interna o en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos”. Queda pues claro que el respeto a los derechos humanos no es obligatorio, pero tampoco existe una definición clara de cuáles son las “violaciones graves” susceptibles de bloquear las exportaciones.

La investigación de EIC demuestra que los fabricantes eluden la normativa creando estructuras fuera de la UE, como ha hecho la empresa francesa Nexa en Dubái (Emiratos Árabes). No hay nada en la normativa europea para combatir ese fenómeno. Tampoco hay medidas para combatir el “turismo de licencias”, que consiste en exportar desde países europeos complacientes. Intellexa ha obtenido licencias en Chipre y Grecia, mientras que su competidor israelí NSO pudo exportar desde Chipre y Bulgaria, según establece el informe de la comisión PEGA.

Y éstos no son ni mucho menos los únicos contratiempos. Las propuestas iniciales de la Comisión, así como las aprobadas por el Parlamento Europeo por abrumadora mayoría –571 votos de 629–, eran ambiciosas, pero fueron torpedeadas por algunos Estados miembros y por la industria de la cibervigilancia, agrupada en el grupo de interés Digital Europe.

“Mi ley sobre tecnologías de doble uso ha sido sacrificada en aras de los intereses de los lobbies”, declaró el ex eurodiputado verde Klaus Buchner, ponente del texto en el Parlamento Europeo. “Durante las negociaciones se sacrificaron los derechos humanos”, añadió su sucesora, Manuela Ripa.

Había dos cuestiones clave. La primera era subsanar los fallos del Acuerdo de Wassenaar. En él sólo se definen vagas categorías de productos de cibervigilancia. Como resultado, dada la velocidad a la que evolucionan las tecnologías, algunos productos se encuentran de facto sin regular y son libremente exportables.

La Comisión y el Parlamento querían introducir una medida contundente: una lista europea de productos sujetos a licencia, completada en el tiempo para tener en cuenta los riesgos de violación de los derechos humanos. Pero el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, cortó de raíz el proyecto. Según un documento obtenido por EIC y FragDenStaat, ocho Estados miembros –entre ellos Alemania y Bélgica, a los que más tarde se unió Francia– declararon que no se oponían a la idea. El Consejo acabó poniéndose del lado de los argumentos alarmistas del lobby Digital Europe, detallados en un documento de 2017: “Tales controles pondrán en peligro la competitividad europea, restringirán el desarrollo de medidas de ciberseguridad defensiva, aumentarán la probabilidad y el impacto de los ciberataques y crearán un entorno poco propicio para los servicios digitales en Europa”.

En nombre de la “competitividad”, nueve Estados, entre ellos Suecia y Finlandia, han respaldado la posición de la industria en un position paper obtenido por el EIC, temiendo que demasiadas restricciones sobre el software espía “hagan que Europa parezca un continente antitecnológico”. Por tanto, la lista europea está muerta. Al final, el reglamento introdujo un mecanismo menos restrictivo, al que Francia se opuso –sin éxito–: la llamada cláusula catch-all. Esta cláusula permite a los Estados miembros exigir licencias para sistemas o servicios de vigilancia que no figuren en la lista de productos regulados. Los fabricantes también están obligados a solicitar una licencia si creen que un producto no incluido en la lista puede contribuir a cometer violaciones de los derechos humanos.

Esta cláusula generalista podría, por ejemplo, poner fin a una práctica de la empresa francesa Nexa, descubierta por la investigación de EIC. El grupo vendía sus productos a través de una empresa hermana en Dubái, que subcontrataba parte del contrato a Nexa. Como resultado, ésta declaró a las autoridades francesas una simple venta de servicios, que no estaban sujetos a licencia: sólo figuran el hardware y el software.

Contactado por Mediapart, el Ministerio de Economía francés se negó a precisar si el Gobierno de Emmanuel Macron iba a someter en lo sucesivo los servicios a la concesión de licencias aplicando la cláusula catch-all.

Si un Estado miembro deniega una licencia en nombre de este mecanismo, debe notificarlo a los demás Estados, para armonizar las posiciones a escala europea. “Pero la armonización sólo se aplica si todos los Estados miembros están de acuerdo. Por tanto, la aplicación queda en gran medida a discreción de los Estados”, aclara la profesora holandesa de la Universidad de Leiden Lena Riecke.

Esta es una de las cuestiones en juego en las actuales negociaciones en Bruselas sobre la aplicación del reglamento: si cada Estado miembro seguirá siendo libre de hacer lo que quiera o no.

El otro objetivo del reglamento era acabar con la total falta de transparencia en torno a las exportaciones, para que por fin se sepa a qué países se venden los sistemas de cibervigilancia. También en este caso, las propuestas iniciales eran ambiciosas. Pero la medida aprobada por el Parlamento Europeo, que preveía la publicación trimestral de datos muy detallados, fue torpedeada tras las críticas de 11 países, entre ellos Francia y Alemania, preocupados por el riesgo del uso que podría hacerse de esa información, así como de una pérdida de competitividad para las empresas del sector.

Al final, el reglamento sí prevé el envío de una gran cantidad de información –incluidos los nombres de los países clientes y una lista de todas las licencias aceptadas y denegadas– al Parlamento Europeo y a la Comisión, encargada esta última de elaborar un informe público. Pero el informe publicado en septiembre de 2022 se basaba en cifras de 2020 –18 meses de antigüedad– y sólo ofrecía estadísticas generales, sin los nombres de los países clientes.

A la pregunta del EIC, la Comisión respondió básicamente que no podía hacer más: llevaba dos años negociando con los Estados miembros sobre la información que se haría pública o no, y las negociaciones aún no habían llegado a nada.

Francia está a la cabeza de esta lucha contra la transparencia. Desde que se adoptó el reglamento, el ministro de Economía ha publicado dos informes para el Parlamento sobre las exportaciones de productos de doble uso, el último hace dos meses. Pero esos documentos no contienen la menor información sobre la categoría específica de los equipos de cibervigilancia. Ni siquiera el número exacto de licencias concedidas cada año. Hay que echar cuentas para saber que fueron menos de 105 en 2021 y “alrededor” de 41 en 2022.

Los nombres de los países clientes están protegidos por el “secreto de defensa”, según el Ministerio de Economía galo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el resto de Europa. La región belga de Flandes, por ejemplo, publica información muy detallada sin ninguna amenaza aparente para la seguridad de Bélgica.

Nada de esto sorprende a la eurodiputada Sophie In 'T Veld. Dice que los gobiernos europeos no cooperaron con la comisión de investigación PEGA que ella dirigía: “Fue imposible trabajar con los Estados miembros. Algunos fueron amables y educados [...] pero nunca obtuvimos respuestas relevantes. Hay una omertá [...], un silencio colectivo”. Algunos países europeos venden material de vigilancia a las dictaduras para reforzar sus empresas, para no depender de soluciones extranjeras o para cuidar sus relaciones económicas, en particular la venta de armas en el caso de Francia. Pero también porque ellos mismos lo utilizan.

El informe PEGA muestra que al menos 14 Estados miembros de la UE han comprado el software israelí Pegasus, capaz de piratear teléfonos, y que cuatro de ellos han hecho a sabiendas un mal uso de él, entre ellos Polonia y Hungría –sobre todo contra políticos y periodistas–, y España para espiar a los independentistas catalanes. En otras palabras, “por las mismas razones que los dictadores”, afirma Sophie In 'T Veld.

El ejemplo más llamativo es el escándalo PredatorGate que estalló en Grecia en la primavera de 2022. Las revelaciones de la prensa mostraron que un servicio secreto, bajo el control del primer ministro conservador, había espiado a varias personalidades públicas, entre ellas un periodista de investigación y el líder del partido socialista Pasok, utilizando el software Predator de Intellexa.

No es de extrañar, dado el tira y afloja que se está produciendo en Bruselas en torno a la nueva legislación originalmente concebida para proteger la libertad de prensa, conocida como Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. A petición de Francia, el Consejo de la UE aprobó el pasado mes de junio un texto que permite instalar programas espía en los teléfonos de los periodistas cuando la “seguridad nacional” se vea amenazada.

Esta postura no es sorprendente, dados los métodos utilizados por la Justicia francesa contra la periodista de Disclose Ariane Lavrilleux –detención policial, registro, incautación de sus documentos–, acusada de violación del secreto de defensa nacional, junto con un militar sospechoso de ser su fuente. Sin embargo, la periodista sólo había revelado hechos de gran interés público, en este caso cómo Egipto abusó de la ayuda de inteligencia que recibió de Francia para asesinar a civiles.

La postura del Consejo provocó la protesta de ONG y periodistas. Y el martes 3 de octubre el Parlamento Europeo votó a favor de medidas para endurecer considerablemente las condiciones en las que se pueden piratear los teléfonos de los periodistas, con el fin de proteger la confidencialidad de las fuentes. Pero el Parlamento no ha querido imponer una prohibición total del uso de esa técnica ultraintrusiva para la prensa. Y no está claro a qué conducirá el texto final.

También llama la atención la falta de reacción de Europa ante los escándalos. Estados Unidos puso en su lista negra a NSO y después a Intellexa. Es cierto que les interesa debilitar a sus competidores, pero Israel, uno de los líderes mundiales del sector, redujo la lista de países a los que sus empresas pueden exportar software de vigilancia de 102 a 37 en noviembre de 2021, cuatro meses después del inicio del escándalo Pegasus. En Europa, no se ha hecho nada respecto al escándalo griego PredatorGate.

En Francia, la Ley de Programación Militar 2024-2030, adoptada el 13 de julio, prevé la creación de “una comisión parlamentaria de evaluación de la política gubernamental de exportación de material de guerra”, que será competente para los sistemas de cibervigilancia. El texto establece que esa comisión supervise las actividades del organismo interministerial que concede las licencias más sensibles, así como el control posterior de las exportaciones.

“Eso ya sería un paso adelante”, afirma Katia Roux, de Amnistía Internacional. Pero, en general, Francia no es un buen alumno: “Tenemos los mismos problemas y la misma falta de transparencia que con las exportaciones de armas”.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

El 22 de junio de 2021 a las 14:33 la vida del candidato a la presidencia egipcia Ayman Nour ya no tiene secretos para los servicios secretos de su país. Su teléfono acaba de ser infectado con Predator, un programa espía, similar a su competidor israelí Pegasus, que es capaz de succionar todos los datos del móvil y convertir el aparato en un chivato, activando el micrófono y la cámara. Ayman Nour cometió el error de hacer clic en un enlace malicioso recibido por WhatsApp, que remitía a un artículo de prensa falso redactado especialmente para él: “Turquía pide a los canales de televisión de la oposición egipcia que dejen de criticar a Egipto”.

Desde que huyó de su país justo después del golpe de Estado de 2013 que llevó al poder al dictador Abdulfatah al-Sisi, este excandidato presidencial, conocido por sus posiciones laicas y su defensa de los derechos humanos, se exilió en Turquía, donde dirige El Sharq TV, un canal de televisión crítico con el régimen egipcio.

Primero notó extraños fallos en su teléfono. Pero, cuando un canal de televisión egipcio reveló algunas de sus conversaciones privadas, empezó a temer por su vida. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha dedica a investigar las relaciones entre nuevas tecnologías y derechos humanos, probó su dispositivo y confirmó sus temores: Ayman Nour era, en efecto, víctima de Predator.

Predator Files, una investigación basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, con la asistencia técnica de Amnistía Internacional, revela que el grupo francés Nexa vendió el programa espía Predator, desarrollado por la empresa israelí Intellexa, al menos a tres autocracias: Egipto, Vietnam y Madagascar.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC prueban que Egipto compró por 9,4 millones de euros, en el verano de 2021, el software Predator de Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. En 2019, Intellexa selló una alianza con el grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto.

Jueces instructores y gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) de Francia han descubierto que fueron directivos de Nexa quienes cerraron la venta de Predator a los servicios secretos del mariscal Al-Sisi. “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa [la existencia del contrato de Predator]? ¡Estáis locos! [...] Si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”, advirtió el director de Nexa, Stéphane Salies, el 3 de junio de 2021 en una conversación telefónica.

Salies también admite entonces que es perfectamente consciente de que sus clientes pueden hacer “casi cualquier cosa” con los programas de pirateo telefónico vendidos por Intellexa, visto “lo que pasó en Arabia Saudí” con el asesinato del periodista [Jamal] Khashoggi”. “Puede hacer mucho daño. [...] Basta con uno o dos errores y nos llevaríamos un fuerte bumerán en la cabeza”, avisa, claramente más preocupado por los riesgos para su negocio que por las víctimas como Ayman Nour.

Pero los Predator Files van mucho más allá del caso egipcio. Revela los métodos sin escrúpulos utilizados por las empresas que integran la alianza Intellexa/Nexa para vender potentes herramientas de vigilancia a países autoritarios como Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso burlando la ley, como hizo Nexa al firmar en 2020 un contrato con el mariscal Haftar en Libia, violando el embargo de armas a un régimen no reconocido por la comunidad internacional.

Hace dos años, el escándalo Pegasus, revelado por Forbidden Stories, mostró cómo se utiliza la piratería telefónica para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Y cómo Israel utilizó Pegasus para sanear su relación con las dictaduras.

Con los Predator Files le toca ahora el turno a Europa. Intellexa se jacta en su página web de que el grupo está “regulado por la Unión Europea”, como garantía de limpieza. En realidad, por cinismo y para no dejar el campo libre a estadounidenses e israelíes, los gobiernos europeos hacen la vista gorda ante los excesos de sus empresas de cibervigilancia.

En Francia, donde Nexa gozaba de excelentes relaciones con los servicios secretos y los ministerios, la empresa incluso tenía acceso al presidente Emmanuel Macron, y utilizó a su antiguo asesor Alexandre Benalla como intermediario para intentar vender sus productos a Arabia Saudí, a pesar del asesinato de Jamal Khashoggi.

Europa se ha convertido en un refugio seguro para los vendedores de programas espía, así como en una “plataforma para su exportación a dictaduras y regímenes opresores”, según denunció el pasado mes de mayo el informe de investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del caso Pegasus. El 18 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a Intellexa en su lista negra. Pero el informe de la comisión PEGA no suscitó ninguna reacción en Europa.

La investigación de EIC demuestra que si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basa Predator Files proceden de esas investigaciones. Los responsables de la empresa niegan los hechos de los que se les acusa. “En mi alma y en mi conciencia intento hacer el bien”, declaró el dueño de Nexa cuando le interrogaron los gendarmes.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los medios de EIC y sus socios en esta investigación por ponerse en contacto con los directivos de Intellexa, éstos no han respondido. Los responsables de Nexa enviaron una respuesta general denunciando “acoso mediático y judicial”. Dicen que siempre han respetado “escrupulosamente la normativa”. Aunque admiten haber vendido a países que “distaban mucho de ser perfectos desde el punto de vista del Estado de Derecho”, precisan que a menudo se trataba de una consecuencia de las “opciones políticas” de Francia: “En varios de los países conflictivos que menciona, no sólo obtuvimos el permiso de exportación, sino que nos limitamos a seguir la vía de la estrecha cooperación iniciada por Francia con esos mismos países”.

Las empresas y personas implicadas en la investigación impugnan los hechos que se les imputan y se benefician de la presunción de inocencia.

Todo empezó con Amesys, la antecesora de Nexa. En 2007, la empresa desarrolló para el dictador libio Muamar El Gadafi el software Eagle, el “primero del mundo” capaz de vigilar Internet “masivamente a escala de todo un país”, según presume un folleto de la propia compañía.

Oficialmente, se trata de luchar contra el terrorismo. En realidad, la Justicia francesa sospecha de que el objetivo era localizar, detener y torturar a los opositores. Los gendarmes encargados de la investigación judicial señalan que las propuestas hechas a los países clientes son “siempre muy explícitas en el aspecto de la interceptación masiva”. Por ejemplo, un folleto comercial detalla las preguntas a las que puede responder la vigilancia de Eagle: “¿Cuál es la vida digital de su población? Contactos, amigos, proveedores, socios... ¿Quién está en contacto con quién en su país?”.

Según un documento interno, Francia adquirió el sistema en 2007. Sin embargo, no se sabe con qué fin ni qué servicio lo ha utilizado. En cuanto a los primeros clientes a los que se exportó, se trata, como reveló el sitio Reflets.info, principalmente de dictaduras amigas de Francia, como Guinea, Marruecos y Gabón.

Eagle también se vendió a varios regímenes apreciados por el presidente Nicolás Sarkozy, en un contexto de casos de corrupción: Qatar, poco antes de la atribución de la Copa del Mundo de fútbol, el Kazajstán de Nursultan Nazarbayev, en la época del Kazakhgate, y Libia. La venta de Eagle es considerada por la Justicia francesa como una de las contrapartidas concedidas por Nicolas Sarkozy al coronel Gadafi en la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007 por la que está siendo juzgado.

En 2011, tras la guerra en Libia y la muerte de Gadafi, la prensa reveló la existencia del sistema Eagle. La Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una denuncia. Batallaron durante dos años contra la fiscalía, visiblemente deseosa de enterrar el caso, antes de conseguir la apertura de la investigación judicial por complicidad en tortura. El escándalo puso de rodillas a Amesys: los directivos recibieron correos electrónicos insultantes, los bancos cerraron sus cuentas, la empresa no podía contratar personal.

Así que dos de sus directivos, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, se libraron entonces con una hábil maniobra: en 2012 crearon una nueva empresa llamada Nexa, que compró el software Eagle, y lo rebautizaron como Cerebro.

Tras este sencillo ajuste, todo vuelve a ser como antes. Un documento interno muestra que, ya en 2014, Nexa consiguió contratos con varios ministerios franceses y con la DGSE –los servicios franceses de inteligencia exterior–, lo que también ayudó a la empresa a vender sus productos en el extranjero.

Nexa desarrolla sondas que interceptan voz, tráfico de internet, teléfonos por satélite, así como IMSI catchers, unos dispositivos capaces de captar teléfonos móviles en un radio de unos cientos de metros. Todos estos sistemas pueden conectarse a Cerebro, que analiza todas las interceptaciones para lograr una “vigilancia global” digna del Gran Hermano, detalla Nexa en un aterrador folleto promocional.

Es una historia de éxito. Según documentos internos analizados por Mediapart, Nexa obtuvo, entre 2012 y 2021, al menos 30 contratos en más de 20 países. Hay democracias europeas –Suiza, Austria, Alemania, también España–, pero la mayoría de los clientes son regímenes autoritarios o problemáticos: Omán, Qatar, Congo Brazzaville, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania, Vietnam...

Preguntados al respecto por EIC, Stéphane Salies y Olivier Bohbot responden que “nunca hubo contrato y/o entrega” con algunos de estos países, sin precisar cuáles.

Durante su detención policial, los dirigentes de Nexa aseguraron que actuaban en la más estricta legalidad. “No juzgo la naturaleza democrática del cliente, confío en el gobierno que me autoriza a vender”, declaró el número tres del grupo, Renaud Roques. “Nuestras soluciones están sujetas a autorización, que examinan las autoridades francesas”, añadió el copropietario y número dos de Nexa, Olivier Bohbot.

La policía intentó comprobarlo. En julio de 2021, pidieron al SBDU, el organismo dependiente del Ministerio de Economía francés que expide las licencias de exportación, todos los permisos concedidos a Nexa en los últimos 10 años. El SBDU sólo informó de tres, para Egipto, Qatar y Singapur.

¿Cómo es posible? Predator Files demuestra que el grupo eludió a las autoridades francesas obteniendo licencias en otros países, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Cuando refundó el grupo en 2012, Stéphane Salies creó en realidad dos empresas: Nexa, en París, y Advanced Middle East Systems, en Dubái, uno de los Emiratos. Oficialmente, las dos empresas no tienen ninguna relación. En realidad, son empresas hermanas, y Advanced Systems era simplemente una “oficina de ventas” de Nexa, según aparece en sus documentos internos.

Los directivos de Nexa afirman haber creado una oficina en Dubái por razones de “proximidad con los clientes”. Un documento interno menciona más bien las ventajas “fiscales” y “estratégicas”: “Sin impuesto de sociedades, sin cargas sociales, [...] sin más problemas con la prensa, más flexibilidad en los procedimientos de exportación”.

El jefe de Nexa, Stéphane Salies, es aún más explícito en una carta de 2014 enviada al ISI, el servicio de inteligencia de Pakistán: “Las autoridades de la Unión Europea han reforzado las futuras restricciones a la exportación de tecnologías cibernéticas y de interceptación. [...] Afortunadamente, para Advanced Systems, estos problemas [...] están completamente eliminados. Toda nuestra propiedad intelectual pertenece al 100% a nuestra entidad en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no hay [...] riesgo de que se deniegue una licencia de exportación”.

Un portavoz del Gobierno emiratí asegura a EIC que es “categóricamente falso” que haya concedido “licencias de exportación para vender programas espía”. “Los Emiratos Árabes Unidos niegan rotundamente cualquier acusación de que haya facilitado la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, subraya. “Los Emiratos", añade, “disponen de un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”.

El grupo francés elige vender desde Nexa o Advanced Systems “dependiendo del país receptor”, señalan los gendarmes. En 2015, un gerente de la firma gala creía que una solicitud de licencia “iba a quedar bloqueada”. “No, aquí no, lo vendo desde Advanced Systems”, respondió su comercial con oficina en Dubái. Según una auditoría interna de los procedimientos de exportación, el acuerdo de licencia entre Nexa y Advanced Systems se envió a la SBDU, que “nunca puso objeciones a su contenido”. En otras palabras, el Ministerio de Economía parece haber autorizado de facto a Nexa a exportar desde Dubái, sin ningún control por parte de Francia.

Un ejemplo parece confirmar que el Gobierno francés hizo la vista gorda ante esta trama: el megacontrato celebrado en 2014 con Egipto. El año anterior, un golpe militar había derrocado al presidente electo Mohamed Morsi, de los islamistas Hermanos Musulmanes. El Gobierno de los Emiratos, opuesto a la Hermandad, decidió ofrecer al nuevo dictador, el mariscal Sisi, tecnologías made in France para consolidar su poder: un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones de voz, suministrado por Ercom –hoy filial de la también francesa Thales–, así como el software Cerebro de Nexa para la vigilancia de internet, facturado por 15,6 millones de euros.

Fue Nexa la empresa que ejecutó el contrato de principio a fin. Pero en su solicitud de licencia al SBDU, la firma francesa indica que no vendió nada y que se limitó a prestar “servicios” a Advanced Systems para instalar el sistema en Egipto. El SBDU lo validó, a pesar de que el ministerio conocía los vínculos entre ambas empresas.

En un correo electrónico enviado a los gendarmes, el director del SBDU, visiblemente avergonzado, se justificó indicando que, a diferencia de la venta de material de vigilancia, la prestación de “servicios” no está regulada; por tanto, no está sujeta a licencia y no puede prohibirse “por razones vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos”.

“La creación de nuestras empresas nunca tuvo por objeto eludir la legislación”. francesa, responden Stéphane Salies y Olivier Bohbot a Mediapart. “La reglamentación emiratí en materia de exportación es la misma que en la Unión Europea (los acuerdos de Wassenaar) y ya hemos recibido denegaciones de [licencias de] exportación de esta administración”, añaden.

El diagnóstico que hace la policía es serio. En un sucinto informe, considera que las solicitudes de licencia de Nexa no son lo suficientemente específicas “sobre los materiales o servicios suministrados”, en particular en lo que se refiere a las capacidades de vigilancia masiva de Cerebro. “También es importante señalar que el SBDU no solicita ninguna información adicional a estas solicitudes y acepta la mayoría de las solicitudes de Nexa “, concluyen. Contactado por Mediapart, el SBDU se negó a responder a sus preguntas.

En cualquier caso, los documentos internos a los que EIC ha tenido acceso sugieren que Nexa no parecía preocupada ni por los derechos humanos ni por el estricto cumplimiento de la normativa. Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia, Stéphane Salies aseguró que se negaba a vender a las peores dictaduras: “Por ejemplo, si la petición fuera para Birmania [antiguo nombre de Myanmar], la respuesta sería: no, no vendería”. Los gendarmes, sin embargo, encontraron un proyecto llamado Migale con Myanmar.

En Advanced Systems, los vendedores disponían incluso de una “prima excepcional” equivalente al “4% del margen generado” si conseguían vender a tres “países de riesgo”: Irak, Afganistán y Libia, aun cuando este último país está sometido a un embargo internacional de armas. Lo que no impidió a Nexa vender material de vigilancia al mariscal Haftar, que gobierna en el este de Libia y cuyo poder no es reconocido por la comunidad internacional. Este contrato se firmó en 2020, a pesar de que la empresa francesa no había solicitado licencia.

En Nexa, las licencias de exportación las gestiona Aline B., la secretaria de Stéphane Salies. En 2015 su superior le dijo, durante su entrevista de evaluación, lo que se esperaba de ella: “Actúa como salvaguarda de las exportaciones siendo lo más inteligente posible. Contamos contigo para guiarnos, pero tu papel también es encontrar soluciones”.

El mensaje se recibe alto y claro. En octubre de 2017, el número tres de Nexa, Renaud Roques, quiso enviar un IMSI catcher a Arabia Saudí para una demostración. Para ello necesita una licencia de exportación temporal, de la que no dispone. Aline B. le responde que tiene autorización para Kenia. “Vas a Kenia con él y luego vas a Arabia Saudí. [...] Si quieres una solución, aquí la tienes”.

En 2016, Renaud Roques contó cómo se disponía a volar a Argel con una sonda de vigilancia de Internet como “equipaje facturado”, mintiendo sobre su naturaleza: “Simplemente declaramos un servidor”. Dos años más tarde, Stéphane Salies quería que uno de sus comerciales hiciera una demostración en Vietnam sin licencia. Aline B. le respondió que eso era imposible. “A menos que te arriesgues con el equipaje de mano, cosa que ya hemos hecho muchas veces”, replica su jefe.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot no contestaron a las preguntas de EIC sobre estos casos concretos, aunque indicaron que sus empresas “respetaban escrupulosamente la normativa de exportación”.

Pero surge una nueva amenaza. En 2017, la revista francesa Télérama reveló la existencia del contrato firmado tres años antes con Egipto. La Liga de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una nueva denuncia, que desencadenó la apertura de una segunda investigación judicial por complicidad en torturas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot contestan al respecto que, al haber obtenido “una autorización del SBDU”, consideraban que Cerebro “podía exportarse con total normalidad”: “Tanto más en el caso de un país como Egipto, con el que las autoridades francesas ensalzaban una intensa cooperación. [...] No se puede, por una parte, autorizar y animar a una empresa a concluir un contrato con un Estado y, algunos años más tarde, perseguirla penalmente por haber concluido precisamente este contrato”.

Para Stéphane Salies, las denuncias judiciales ya son demasiado: dimite de su cargo de director general de Nexa, dejando las riendas a su socio, Olivier Bohbot. Salies sólo conserva su cargo como jefe de Advanced Systems. En 2018, se trasladó a Dubái “por problemas con los medios de comunicación”, declaró luego a la policía.

Bajo el sol de Emiratos, Stéphane Salies vive a lo grande. Gana 25.000 euros al mes y conduce un Porsche Macan y un Mercedes GT, adquiridos por 170.000 euros. También invirtió más de seis millones de euros en tres propiedades, entre ellas una casa de cuatro millones en las afueras de París y una villa de 1,5 millones en Dubái.

Además, la nueva investigación judicial no perjudica las buenas relaciones de Nexa con el poder. El número tres del grupo, Renaud Roques, participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017. Casualmente, dos meses después de las elecciones, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) autorizó a Nexa a “celebrar contratos [...] a nivel confidencial de defensa” con el GIC, el organismo dependiente del gabinete del primer ministro francés que supervisa las escuchas telefónicas realizadas por los servicios secretos, al margen de procedimientos judiciales.

Un año más tarde, Nexa consiguió una reunión con Emmanuel Macron y su polémico –y condenado– consejero Alexandre Benalla, y luego pidió a este último que le ayudara a vender sus productos a Arabia Saudí. Ni el Elíseo ni la SGDSN ni Alexandre Benalla han respondido a EIC sobre estos asuntos. Renaud Roques tampoco ha contestado. Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que no pagaron a Alexandre Benalla ni firmaron ningún contrato gracias a él.

En 2019, Nexa adquirió a uno de sus competidores, Trovicor. Son pájaros con el mismo plumaje: esta empresa, antes alemana, trasladó su sede a Dubái tras quedar al descubierto por vender sistemas de vigilancia a dictaduras como Irán y Siria. El grupo francés aprovechó la ocasión para rebautizarse como Trovicor Intelligence, con la esperanza de olvidar el nombre de Nexa, manchado por la investigación judicial sobre el contrato egipcio.

Convertida en un peso pesado europeo, Nexa está en su cénit. Al menos, en apariencia. Porque, en realidad, el año 2018 fue catastrófico para el grupo: su facturación se dividió por tres en un año, pasando de 23 a ocho millones de euros. El problema es estructural: debido al desarrollo de la encriptación en internet, Cerebro, su producto estrella, se está quedando ciego. No puede leer los mensajes cifrados. Así que Nexa debe entrar en un nuevo mercado, popularizado por la empresa israelí NSO y su software Pegasus: el hackeo de teléfonos móviles.

La salvación de Nexa vendrá de la mano de un israelí: Tal Dilian. Este antiguo oficial tiene 25 años de carrera en el Tsahal, las fuerzas armadas de Israel, primero en los comandos y luego como jefe de la mítica Unidad 81, donde trabajan los hackers de élite de la inteligencia militar israelí. Obligado a abandonar el ejército en 2003 tras ser acusado de malversación de fondos, Tal Dilian se lanza al negocio de la vigilancia. Y se establece en Europa para no estar sometido a los controles del Gobierno israelí.

El exoficial se instala primero en Chipre, donde en 2008 cofunda la empresa Circles, experta en geolocalizar teléfonos móviles. Circles acabó fusionándose con NSO, la creadora de Pegasus, tras su reventa en 2014 por 130 millones de dólares. Con varios inversores, entre ellos su amigo Oz Liv –también exjefe de la Unidad 81– y el empresario israelí Meir Shamir, funda el grupo Aliada, registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las empresas que lo forman está Wispear, con sede en Chipre y especializada en infiltrarse en teléfonos vía wifi.

En 2018, Tal Dilian adquiere la nacionalidad maltesa, lo que le permite vivir en la Unión Europea. Ese mismo año, su grupo se hace con el control de Cytrox, una start-up especializada en hacking y fundada por israelíes y un húngaro en Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico situado al norte de Grecia.

Cytrox se encontraba entonces al borde de la quiebra. Pero gracias a los fondos aportados por inversores alemanes, Tal Dilian y sus hombres consiguen comprar fallos de seguridad; es decir, vulnerabilidades presentes en el código informático del software que hace funcionar los teléfonos móviles y que permiten hacerse con su control. Así es como Cytrox consigue crear el formidable Predator.

Sin embargo, es menos potente que su competidor Pegasus, que infecta en zero-click, sin que sea necesaria ninguna acción del usuario. Predator inicialmente sólo funcionaba en one- click, si el objetivo hacía clic en un enlace malicioso.

Un documento de los Predator Files muestra que Nexa comenzó a cooperar ya en 2018 con Tal Dilian para resolver este problema. Los dos grupos desarrollaron una “furgoneta de pirateo”. Gracias a la tecnología wifi de Wispear y a un potente IMSI catcher proporcionado por Nexa, la furgoneta puede inyectar Predator en teléfonos en modo zero-click, en un radio de aproximadamente 500 metros. En el sector, es el santo grial. “Zero-click, creo que eso es lo que impulsa las ventas hoy en día”, dice el número tres de Nexa, Renaud Roques, por teléfono.

En febrero de 2019, un comunicado de prensa anuncia el lanzamiento de Intellexa, una “alianza” entre Nexa y el grupo de Tal Dilian. Su ambición es crear un líder europeo, capaz de ofrecer a los gobiernos todas las herramientas de vigilancia posibles. Seis meses más tarde, Tal Dilian declaraba, en una entrevista a la revista Forbes, que la empresa tenía como objetivo unas ventas anuales de 500 millones de dólares. En cuanto a las ventas a dictadores, afirmaba, como los traficantes de armas, que la culpa es de los clientes: “Trabajamos con los buenos. Y a veces los buenos no se comportan”.

Entonces Tal Dilian organiza, para los periodistas de Forbes, una demostración filmada de su furgoneta en una calle de Larnaca, en Chipre. “Los rastrearemos, los interceptaremos, los infectaremos”, dice refiriéndose a dos colegas apostados en el exterior. Unos segundos después, el contenido de uno de los teléfonos aparece en una pantalla dentro de la furgoneta.

El vídeo provocó un escándalo. Las autoridades chipriotas confiscaron la furgoneta y abrieron una investigación. A la empresa de Tal Dilian se le impuso una simple multa por haber robado los datos de 600 personas. El israelí abandona inmediatamente el país y establece su nueva sede en Grecia.

Los documentos de una demanda interpuesta por uno de sus antiguos socios en Israel, muestran, además, que posteriormente hizo sus actividades aún más opacas.

En el verano de 2020, su grupo cambió de nombre a Intellexa, y las sociedades operativas se transfirieron a una empresa irlandesa llamada Thalestris. Los accionistas se ocultan tras un apoderado suizo, Andrea Gambazzi, un proveedor de servicios financieros con sede en Lugano. La directora de la empresa matriz del grupo es ahora Sara Hamou, una abogada polaca que no es otra que la socia de Tal Dilian. Oficialmente, el antiguo oficial israelí ya no es el director, sino un simple “consejero” de Intellexa.

EIC ha encontrado su rastro en Suiza, en Champéry, un encantador pueblo de montaña del cantón francófono de Valais, a seis kilómetros en línea recta de la frontera francesa. Varias pistas atestiguan su presencia: invirtió en una empresa local de taxis en 2019 y el periódico municipal anunció en noviembre de 2021 el nacimiento de su hijo. En su chalé, un letrero de madera grabada reza Chez Dilian (Casa Dillian). Pero cuando los reporteros de EIC llamaron a su puerta, no estaba.

Nadie sabe con exactitud dónde vive el ex oficial israelí. En los grupos de WhatsApp creados en 2020 con los franceses de Nexa, utilizaba cuatro números de teléfono diferentes: dos israelíes, uno chipriota y otro suizo...

Para los franceses, la alianza con Tal Dilian es un regalo del cielo. Abren su libreta de direcciones para vender Predator en países donde Intellexa no “dispone de los recursos y contactos necesarios”, explicó un ejecutivo de Nexa a la policía. En 2020, los franceses han previsto “una semana completa en Macedonia”, donde tiene su sede la empresa Cytrox, la desarrolladora de Predator, “para formarse en las herramientas cibernéticas ofensivas de Intellexa y poder hacer demostraciones”.

Su primer cliente no es otro que Egipto, al que Nexa había vendido Cerebro en 2014. Mientras tanto, la feroz represión iniciada por el mariscal Al-Sisi –40.000 detenciones, 1.400 manifestantes muertos– ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ONG de defensa de los derechos humanos, e incluso por el Parlamento Europeo. Dos informáticos de Nexa llegaron a dimitir en 2018 por “razones éticas”, porque temían que Cerebro se utilizara para perseguir a homosexuales.

Algo que no disuade en absoluto a Nexa. El 19 de septiembre de 2020, se creó un grupo de WhatsApp franco-israelí para preparar una demostración de Predator en El Cairo. Stéphane Salies, presiona: “Se trata de un cliente muy exigente con conocimientos especializados. [...] El primer pago está condicionado al éxito de la demo”.

Parece que la prueba fue un éxito. “Acabo de recibir un mensaje de nuestro agente diciendo que está firmado”, dice exultante Stéphane Salies el 31 de diciembre de 2020, en un mensaje con cuatro emojis de botellas de champán. “¡¡¡Genial!!! Feliz año nuevo”, responde Tal Dilian.

Según un documento interno, el contrato fue suscrito por Advanced Systems, empresa hermana de Nexa en Dubái, por 9,4 millones de euros. No parece haberse solicitado ninguna licencia de exportación a Francia. El cliente es el TRD, siglas del Departamento de Investigación Técnica, la división cibernética de los servicios secretos egipcios.

El TRD no hizo un buen uso de Predator. En diciembre de 2021, el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que los teléfonos de dos egipcios habían sido hackeados con el programa espía de Intellexa: el candidato opositor Ayman Nour y el “presentador de un popular programa de noticias” que deseaba permanecer en el anonimato.

Para entonces, los dirigentes de Nexa parecían perfectamente conscientes de los abusos que los regímenes autoritarios pueden perpetrar con Predator. El 3 de junio de 2021, Stéphane Salies indicó a su colega Renaud Roques que, para limitar los riesgos, la venta del software de infección debía ser realizada exclusivamente por la entidad Advanced Systems de Dubái: “Vamos a utilizar Advanced sólo para eso ahora”.

Salies usa el ejemplo de “lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron un poco de lío, entre Bezos y Khashoggi”. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, había asegurado que su teléfono había sido hackeado por los saudíes. En especial, se encontraron rastros de infección en los teléfonos de los familiares de Jamal Khashoggi, el periodista brutalmente asesinado y descuartizado en 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes.

Stéphane Salies teme que sus propios clientes hagan lo mismo: “Puede hacer mucho, mucho daño. [...] Aunque el 90% de las veces se haga por [...] una buena causa. Basta una o dos meteduras de pata para que el bumerán te dé de lleno en la cabeza”. Pero eso no le impidió vender Predator al menos a otros dos regímenes autoritarios, Vietnam y Madagascar, en condiciones muy problemáticas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbhot contestan ahora a EIC que su empresa Advanced Systems sólo actuó “como distribuidor/intermediario” en estos contratos y no tuvo que pedir licencia en los Emiratos: “Correspondía al fabricante del sistema solicitar las autorizaciones de exportación”.

Documentos fechados en 2020 y enero de 2021 muestran que Nexa también estaba tratando de vender software espía Intellexa en ese momento a, al menos, otros siete países, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Libia, Camerún, Malasia y Mauricio. No está claro si estos contratos se celebraron finalmente.

En Sierra Leona, la oferta se refería a la famosa furgoneta de pirateo, capaz de infectar teléfonos con Predator en modo zero-click. Precio propuesto: 24 millones de euros con todas las opciones. Nexa también realizó una campaña de 10,5 millones para la “extracción ofensiva de datos” en Irak, un país muy problemático dada la influencia que ejerce allí Irán.

Las escuchas telefónicas de los gendarmes también revelan que, a pesar de sus éxitos comerciales, había problemas en el paraíso de Nexa e Intellexa. En el centro del conflicto están los precios que cobran los israelíes por Predator. “En este país, son todos iguales [...] es un infierno”, se queja Stéphane Salies por teléfono. “Ya sé qué libro te voy a regalar para tu próximo cumpleaños, [...] uno que empieza por “mein” [el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler]”, responde su colaborador Renaud Roques.

“A lo largo de mi carrera, cada vez que he tratado con israelíes, al final las cosas siempre han ido mal. [...] Tengo muchos amigos judíos con los que las cosas van bien, pero malditos sean los israelíes en los negocios...”, se justifica el dueño de Nexa. Cuando su colega sugiere atacar a Intellexa por el contrato egipcio, Stéphane Salies estalla: “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa? Estás loco. [...] Oh no, si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”.

El 15 de junio de 2021, dos semanas después de esta conversación, los gendarmes registran la sede del grupo y los domicilios de sus principales ejecutivos. Al mismo tiempo, son interrogados bajo custodia policial. Algunos de ellos, incluido Stéphane Salies, son acusados de complicidad en torturas por la venta de Cerebro a Libia en 2007 y a Egipto en 2014.

En el caso egipcio, el tribunal de apelación anuló las acusaciones un año después, en particular porque la investigación no pudo demostrar que los opositores al régimen del mariscal Al-Sisi fueran torturados a raíz de la información recogida con Cerebro. La investigación sobre la venta de Predator a Egipto en 2020 sigue abierta.

Mientras estaba bajo custodia policial, Salies negó haber cometido delito alguno: “Es extremadamente chocante para mí encontrarme aquí y tener que responder a esta acusación. [...] Sigo firmemente convencido de que [la vigilancia] funciona por el bien general, para salvar vidas”.

El director de operaciones de Nexa, Rudy Richard, abogó por el patriotismo económico: la tecnología de Nexa “puede utilizarse para el bien o para el mal, pero no creo que la solución sea prohibirla. Porque si la prohibimos, serán los estadounidenses o los israelíes quienes lo hagan”.

Entrevistado como testigo, Nicolas Deckmyn, un ingeniero que dejó Nexa en 2019, ofreció una versión muy diferente: “Viví con ese peso durante todos esos años, el caso de conciencia era enorme [...] Después de muchos años, comprendí que nada cambiaría en términos de legislación para las herramientas de inteligencia vendidas a ciertos países no democráticos”.

Tras ser acusados por la Justicia francesa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot anunciaron que tiraban la toalla. Boss Industries, el principal holding del grupo Nexa, vendió, a partir de diciembre de 2021, su filial francesa Serpikom –especializada en escuchas forenses–, el negocio de Nexa y parte de su tecnología al grupo francés Chapsvision.

“El impacto reputacional ha sido devastador con nuestros clientes, uno tras otro han puesto a Nexa Technologies en la lista negra, así como los bancos pidiendo el cierre de nuestras cuentas”, indica la empresa francesa en su último informe financiero. En marzo de 2023, Nexa pasó a llamarse RB 42 y anunció que abandonaba el negocio de la vigilancia para especializarse en ciberseguridad.

Pero su empresa hermana en Dubái, Advanced Systems, fue vendida por Boss Industries a sus propios gestores, el principal de los cuales es... Stéphane Salies. Además, Boss Industries también conserva el control de Trovicor, establecida igualmente en Dubái.

Ambas empresas siguen activas en la actualidad: la feria de hardware de vigilancia ISS World, celebrada en septiembre de 2023 en Singapur, fue patrocinada por Advanced Systems, y Trovicor organizó dos conferencias. EIC ha podido comprobar que las dos empresas han renovado recientemente su licencia comercial ante las autoridades de Dubái y que ocupan la misma oficina en un rascacielos de la ciudad.

Preguntados al respecto, Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que Trovicor sigue activa, pero que Advanced Systems está “en proceso de cese de actividad”. Ambos añaden que, tras los registros e imputaciones de junio de 2021, “denunciaron” los contratos vigentes vinculados a Predator, que transfirieron a Intellexa: “Nos dimos cuenta de que las autorizaciones concedidas no nos protegían suficientemente y no constituían ninguna garantía contra las violaciones de los derechos humanos”. También explican que desde entonces han puesto fin a su cooperación con Intellexa y han cesado completamente su actividad en el ámbito del software de hackeo telefónico.

Por su parte, Tal Dilian, el hombre fuerte de Intellexa, también se ha visto salpicado por un gran escándalo: el PredatorGate en Grecia, país en el que había instalado sus oficinas tras su salida de Chipre.

Desde abril de 2022, los medios de comunicación Inside Story y Reporters United revelaron que un servicio de inteligencia griego, el EYP, había infectado con Predator a 96 personas, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis y el líder del Pasok, Nikos Androulakis.

El director del EYP y el secretario general del Gobierno dimitieron, pero no el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, a pesar de que el servicio de inteligencia depende directamente de su autoridad.

Finalmente se abrió una investigación judicial. Las oficinas griegas de Intellexa fueron registradas en diciembre de 2022. Pero hasta el momento no se han presentado acusaciones. La policía está bajo presión, ya que es probable que la investigación conduzca al primer ministro, reelegido el pasado mes de mayo.

A menos que la salvación venga de Bruselas: según el medio Euractiv, la fiscalía europea ha abierto una investigación sobre el caso, que este órgano no ha querido confirmar ni desmentir.

Así pues, Intellexa prosigue sus actividades discretamente. Una investigación técnica realizada por Citizen Lab concluyó a finales de 2021 que lo más probable es que Predator fuera utilizado por Armenia, Indonesia, Madagascar, Omán, Arabia Saudí y Serbia. Un nuevo informe que publicará próximamente Amnistía Internacional, y al que ha tenido acceso EIC, indica que el spyware también es utilizado por Kazajistán, Mongolia, Vietnam y Angola.

Y los abusos continúan. El 14 de septiembre, el político egipcio Ahmed Tantawi, candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año o principios de 2024, reveló que su teléfono había sido infectado con Predator. Justo cuando Tantawi se afanaba por obtener los 20.000 avales de ciudadanos egipcios necesarios para validar su candidatura, el político opositor denuncia que las autoridades se niegan a registrarlos. Durante ese proceso, y probablemente para castigar a Tantawi por haber denunciado el hackeo, el régimen egipcio ha detenido a 73 miembros de su equipo electoral, entre ellos cuatro abogados, según informó el 26 de septiembre la ONG Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Esto es lo que está haciendo Egipto con Predator. Un software de espionaje diseñado en Europa y vendido por una compañía francesa a los servicios secretos del dictador Abdulfatah al-Sisi.

La empresa francesa Nexa Technologies vendió sus equipos de interceptación telefónica a dos empresas españolas, pertenecientes al mismo grupo, Everis Spain, que desde 2013 forma parte de la multinacional japonesa NTT Data. Su presidente es el exministro de Defensa con el PP Eduardo Serra (1996-2000). Se trata de Toro Vehículos Especiales y Sistemas, y Das Photonics. Ambas incorporaron los equipos de Nexa a sus respectivas producciones: vehículos militares y productos basados en tecnología fotónica, que fueron destinados al Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, según revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

El grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto, selló en 2019 una alianza con la empresa Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. Ambas compañías se complementaban: Intellexa desarrolló el programa espía Predator y Nexa lo vendió al menos a tres autocracias, Egipto, Vietnam y Madagascar.

Toro Vehículos Especiales, dedicada a la fabricación de vehículos de uso militar y simuladores de conducción, quedó extinguida en agosto de 2022, tras ejecutar un ERE dos años antes por causas organizativas. En sus apenas 10 años de vida, llegó a tener un centenar de trabajadores, ubicados en unas instalaciones de Segovia.

Das Photonics, en cambio, fue una spin-off de la Universidad de Valencia, una empresa dedicada la tecnología fotónica que ha suministrado equipos a la NASA, por ejemplo. La participación de Everis en Das Photonics se llevó a cabo a través de Toro, que en diciembre de 2019 vendió sus acciones a Media Telecom SL, cuya administradora es Silvia Martí Revillo, hija del fundador de la empresa valenciana y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Javier Martí Sendra. Desde el pasado mes de marzo, Das Photonics se encuentra sometida a un plan de reestructuración por importe de 5,5 millones de euros, un instrumento preconcursal, mediante el que pretende negociar su pasivo y encontrar nueva financiación. Su situación actual es de insolvencia. El pasado julio, el grupo de ingeniería industrial y digital Oesía anunció su adquisición, que a día de hoy no se ha materializado, según explica la empresa valenciana.

Sin embargo, entre 2017 y 2021, ambas empresas gozaban de una buena salud económica y firmaron sendos contratos con Nexa Technologies y su filial en Abu Dabi, Advanced Middle East Systems. La francesa agrupó sus contratos con empresas españolas bajo el nombre en clave Turrón. Das Photonics empezó suscribiendo dos acuerdos de confidencialidad con Nexa en marzo de 2016 y marzo de 2017. Les presentó una propuesta comercial en julio de 2017 y envió la documentación técnica en marzo de 2018. El contrato tenía por objeto suministrar a Das Photonics un equipo de interceptación telefónica pasivo IMSI Catcher, por importe de 250.000 euros, que después incluyó otro contrato de mantenimiento hasta julio de 2022.

El dispositivo, que fue probado en España a principios de 2019, es un equipo de interceptación telefónica legal. Su funcionamiento es sencillo: simula ser un repetidor de telefonía de cualquiera de las bandas de frecuencia, 2G, 3G, 4G, al que se conectan las llamadas de los móviles próximos. Estas quedan expuestas, por lo que se pueden extraer comunicaciones de voz o datos, incluso también seguir objetivos identificando terminales móviles y a sus propietarios.

Los IMSI Catchers “tienen la posibilidad de ser completamente intrusivos”, explican a infoLibre fuentes técnicas. “Normalmente, estas soluciones se acuerdan [con el suministrador] con las menores limitaciones y la menor huella de registro; es decir, los registros sólo recogen el número de veces que se utilizan, pero no los datos del objetivo sobre el que se utilizan”, advierten.

En cualquier caso, estos equipos son considerados tecnología de doble uso; es decir, es tecnología civil que pueden emplear también las fuerzas de seguridad y los ejércitos. Por ese motivo, su exportación a terceros países requiere una licencia que otorga el Ministerio de Industria y Comercio. Y para obtenerla, es necesario un certificado de último destino que especifique el usuario final del producto. En el caso de los equipos comprados por Das Photonics, en mayo de 2019 Nexa pide a la empresa española que cancele dos partes del pedido inicial, por importe de unos 200.000 euros, porque se ha topado con problemas para obtener el certificado de usuario final para la unidad de desencriptación que acompaña al equipo de interceptación telefónica que les han vendido. A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Industria ha declinado contestar si concedió las pertinentes licencias de exportación tanto a Das Photonics como a Toro Vehículos Especiales, amparándose en que facilitar esa información “implicaría un claro perjuicio a los intereses económicos o comerciales de las empresas afectadas”.

En una entrevista publicada en 2021 en la revista Emprendedores, el consejero delegado de Das Photonics, Javier Martí, promocionaba un macrocontrato de 80 millones de euros que la empresa había firmado con Emiratos Árabes Unidos en 2017 y que se extendería hasta este mismo año. “Hemos ganado otros contratos de gran volumen y estamos compitiendo en la adjudicación de importantes contratos, fundamentalmente en la región de Oriente Próximo”, presumía. “Estamos imponiéndonos a empresas que son 1.000 veces más grandes que nosotros”.

El mismo contrato con esta autocracia del Golfo Pérsico se menciona en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que han dado la razón a los ejecutivos de Everis Defensa despedidos en 2020 por la matriz del grupo. El intento del equipo directivo de la sección de defensa de adquirir la empresa y evitar así su desaparición –como era la intención de la matriz– condujo al despido de una decena de ejecutivos. Estos demandaron a Everis en los tribunales, que han dictado que sus ceses fueron improcedentes. El conflicto laboral, publicado en su día por El Periódico de España, desveló algunos de los contratos firmados tanto por Toro Vehículos Especiales como por Das Photonics y en los que la matriz había detectado unas supuestas irregularidades. Se trataba de “operativas” que ambas filiales suscribieron “en el contexto” de un “contrato marco” con Emiratos Árabes Unidos, cuyo primer pedido ascendió a 28,28 millones de euros, explican los jueces.

Das Photonics ha declinado responder a infoLibre sobre el contenido del contrato con Nexa, por razones de confidencialidad. Y no aclara si el IMSI Catcher formaba parte de ese gran contrato con Emiratos Árabes Unidos. Tampoco el consejero delegado de Das Photonics, Javier Martí, ha contestado a los reiterados intentos de este periódico de ponerse en contacto con él por teléfono y por correo electrónico [ver La caja negra al final del texto]

A preguntas de EIC, un portavoz del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos se limita a responder que su “marco jurídico y normativo” le “prohíbe inequívocamente el espionaje en todas sus formas, considerando cualquier actividad de este tipo como un delito punible en virtud de las leyes pertinentes. Esta prohibición se extiende a todos los posibles casos de vigilancia”. Además, apela a “la importancia de acatar las normas internacionales relativas a la gestión responsable de las amenazas cibernéticas” para fortalecer la paz y la seguridad mundiales. Finalmente, Emiratos se ampara en la protección de los usuarios finales y en la “estricta privacidad de los datos” para no dar detalles sobre ellos.

El contrato con Toro Vehículos Especiales data de julio de 2018 y su importe se acerca al millón de euros (970.000 euros). En este caso, Toro factura con la filial emiratí, Advanced Middle East Systems, en lugar de con la matriz francesa. El suministro es para otro equipo de interceptación de móviles, un Alpha-PA, también con unidad de desencriptación, que puede capturar cualquier móvil próximo, de forma masiva. La unidad de desencriptación sirve para descifrar los protocolos criptográficos de los móviles. El que compró Toro estaba diseñado para el protocolo de las comunicaciones en la banda 3G. Su destino era instalarlos en los vehículos que fabricaba en Segovia. En octubre de 2020, Nexa prepara un presupuesto para 25 coches más de los iniciales, y “posiblemente” para una configuración más avanzada del equipo de interceptación, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. Ese mismo mes, estaba prevista una demostración de la unidad de descifrado para 3G, ya no en España, sino en Abu Dabi.

infoLibre se ha dirigido a NTT Data, la antigua Everis, para preguntarle por este contrato, pero el grupo de Eduardo Serra ha rehusado hacer ningún comentario.

Según la Plataforma de Contratación del Estado, Das Photonics ha firmado tres contratos con el Estado. Uno en 2018 con el Ejército del Aire, por importe de 347.870 euros, para suministrarle un equipo receptor para interceptar y procesar señales de radiofrecuencia que se montó en un avión militar. El segundo, en 2021, se le concedió como parte de una UTE para suministrar a Defensa una plataforma unificada de respuesta por valor de 780.950 euros.

El tercer contrato, en 2022, formó parte de un proyecto europeo (EDIDP, Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa), junto con Finlandia y Portugal, por valor de 407.000 euros. Se trata de un concurso negociado sin publicidad, en el que Das Photonics presentó la única oferta.

Para la empresa Toro, sólo constan dos contratos con el Ministerio de Defensa, ambos en 2015. En virtud de uno de ellos suministró unidades de aislamiento a la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue por importe de 265.000 euros. El segundo fue un contrato menor, de sólo 7.078 euros, por el que vendió un arrancador neumático.

El Gobierno español concedió licencias de exportación a Emiratos Árabes Unidos de equipos de interceptación y software y hardware de intrusión en 2017, 2019, 2020 y 2021. La mayor parte de ellos tenía como destinataria a la policía. En 2021, el usuario final fue la agencia de inteligencia de ese país del Golfo.

En esos cuatro años, España autorizó licencias para exportar a Emiratos dispositivos de la categoría 5 –telecomunicaciones y seguridad de la información, en la que están incluidos los sistemas de interceptación telefónica– por importe de casi 2,8 millones de euros, de acuerdo con los informes anuales que publica el Ministerio de Industria.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

Un bombardeo ruso de un almacén de cereales podría haber sido una coincidencia, dos, una tremenda coincidencia, pero tres y más, hace abrir los ojos: desde hace una semana, Moscú lleva a cabo una política deliberada de destrucción de estos productos esenciales y de los medios para transportarlos.

Esta campaña de ataques ha comenzado justo después de que Rusia retirara el acuerdo que permitía a Ucrania, a pesar de la guerra, seguir exportando sus cereales a través del Mar Negro, y abastecer así de maíz y trigo a los mercados mundiales. Tras bloquear los cereales ucranianos, Moscú los quema ahora. ¿Por qué y con qué consecuencias?

La conmoción causada el 23 de julio por la destrucción parcial de la catedral de Odessa, Patrimonio de la Humanidad, casi hizo olvidar otra víctima de los ataques rusos de los últimos días en el sur de Ucrania: el sector agrícola del país, invadido en febrero de 2022.

En el espacio de una semana, las fuerzas armadas rusas han bombardeado una terminal de grano y petróleo en el puerto de Odessa, destruído decenas de miles de toneladas de grano almacenadas en el puerto de Chornomorsk (60.000 toneladas, según el Ministerio de Agricultura ucraniano) y luego, con nuevos ataques con misiles, provocado un gran incendio que destruyó "100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada" (según el Mando Sur de las fuerzas armadas ucranianas).

Moscú "ha atacado deliberadamente la infraestructura de distribución de grano", declaró indignado el Presidente Zelensky. Según fuentes ucranianas, la mayoría de los ataques se llevaron a cabo con misiles Kalibr, Onyx, Kh-22 y Kh-59, así como con drones Shahed.

El ministro de Defensa ruso asegura que sólo han atacado depósitos de combustible, pero fuentes no gubernamentales rusas confirman que la intención era atacar las infraestructuras para la exportación de grano a través del Mar Negro. "Por segunda noche consecutiva, hemos desmantelado la infraestructura portuaria", decía con regocijo el corresponsal militar de Komsomolskaya Pravda, un tabloide pro-Kremlin, citando ataques con misiles Onyx y Kh-22 contra terminales de grano y petróleo.

"El puerto de Odesa se retira del acuerdo sobre el grano", ironizaban cuentas pro-guerra con cientos de miles de seguidores, mientras difundían una y otra vez imágenes de ataques e incendios asolando la zona.

Si hacía falta alguna prueba más de que son los cereales lo que obsesiona a Moscú y no simplemente el control del Mar Negro, Rusia la proporcionó el lunes 24 de julio. Por primera vez, sus fuerzas armadas atacaron infraestructuras portuarias situadas no en el Mar Negro sino en el Danubio, en las localidades de Reni e Izmaïl, no lejos de Rumanía. Según la prensa local, fueron destruidos tres graneros.

El Danubio es una de las únicas rutas de exportación que quedan para el trigo y el maíz ucranianos tras la retirada de Rusia del acuerdo que permitía el paso del grano ucraniano por el Mar Negro. Hasta ahora, la zona se había librado de los ataques rusos.

Para Moscú, el objetivo es claramente cortar todos los vínculos entre el grano ucraniano y el resto del mundo. Porque aunque estas infraestructuras puedan repararse, el ejecutivo ruso sabe que este tipo de ataques puede disuadir a muchas empresas privadas de transporte de utilizar esta ruta.

Pocas horas después de los ataques a Reni e Izmaïl, cientos de camiones de grano estaban paralizados en los alrededores de Reni, aparcados a los lados de las carreteras. Varias decenas de barcos detuvieron su marcha por el Danubio, según los centros de seguimiento en directo del tráfico marítimo y los observadores in situ, probablemente a la espera de instrucciones. Las compañías de seguros se plantean si van a seguir asegurando los puertos del Danubio.

Estos acontecimientos se producen después de que las autoridades rusas anunciaran el 17 de julio que no renovarían el acuerdo sobre exportaciones de grano de Ucrania al Mar Negro. El texto (leer aquí), firmado en julio de 2022 por Rusia y Ucrania, bajo los auspicios de Turquía y las Naciones Unidas, había sido celebrado como "un rayo de esperanza" en un contexto de fuerte tensión en los mercados de materias primas alimentarias.

El acuerdo permitía eludir el bloqueo impuesto por Rusia a los puertos ucranianos desde el inicio de la guerra, organizando la exportación de cereales, fertilizantes y productos alimentarios a través de un corredor seguro. El cargamento de los barcos que utilizaban este corredor era controlado frente a las costas de Estambul por equipos de inspectores rusos, ucranianos, turcos y de la ONU.

En total, según datos facilitados por el organismo supervisor del acuerdo, la iniciativa permitió sacar de Ucrania 33 millones de toneladas de grano (principalmente maíz y trigo). Antes de su invasión por Rusia en febrero de 2022, Ucrania, el mayor país agrícola del continente europeo, producía unos 80 millones de toneladas de cereales al año, el 75% de los cuales se destinaba a la exportación.

A cambio de esta apertura del Mar Negro, Rusia había obtenido compromisos relativos a la posibilidad de seguir exportando sus propios fertilizantes y productos alimenticios –el país es el primer exportador mundial de trigo. Este compromiso figura en un memorándum entre Rusia y las Naciones Unidas, firmado el mismo día que el acuerdo sobre las exportaciones de cereales.

Las sanciones contra Rusia no se aplican a los alimentos ni a los fertilizantes, pero Moscú se queja con frecuencia de que encuentra "obstáculos" a sus exportaciones en estos ámbitos, en su mayoría relacionados con bancos, compañías de seguros y navieras que se niegan a trabajar con empresas rusas por miedo a las sanciones o por temor a dañar su imagen. Precisamente en esta cuestión tropezó el acuerdo alcanzado el verano pasado. Al menos, oficialmente.

El 17 de julio, las autoridades rusas explicaron que querían poner fin al acuerdo sobre los cereales del Mar Negro porque, en su opinión, no se habían respetado los compromisos del memorándum relativos a sus propias exportaciones. "En cuanto se satisfaga la parte que concierne a Rusia, retomaremos inmediatamente el acuerdo sobre los cereales", aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Pero ese argumento no convence, por varias razones. En primer lugar, porque el memorando sobre las exportaciones rusas nunca incluyó ninguna "garantía" (como a veces se afirma) de que las exportaciones rusas no se verían afectadas por las sanciones occidentales. La ONU simplemente se comprometió a hacer "esfuerzos" para ayudar a eliminar los obstáculos financieros y logísticos a estas exportaciones.

En segundo lugar, porque ciertas soluciones de compromiso propuestas por las Naciones Unidas para resolver los problemas financieros (incluida la exclusión del banco agrícola ruso Rosselkhozbank del sistema de liquidación interbancaria SWIFT) fueron rechazadas por el Kremlin, según varios informes de las negociaciones.

El sector agrícola ruso, por otra parte, parece lejos de verse estrangulado por las sanciones. Las exportaciones rusas de trigo casi se han duplicado a principios de 2023, en comparación con sus niveles anteriores a la guerra. En cuanto a las exportaciones de fertilizantes, aunque su volumen ha disminuido ligeramente, han aportado más ingresos a Rusia en 2022 que en 2021.

Eso prueba que los compromisos de la ONU sobre las exportaciones rusas no son un trozo de papel odiosamente pisoteado por Occidente, pues el Kremlin lleva una semana luchando por mantenerlos en vigor. Quiere conservar la parte del acuerdo que le conviene y, al mismo tiempo, hace saltar por los aires la parte que permitía a Kiev rescatar su agricultura: es decir, por utilizar la metáfora alimentaria, Moscú quiere tener su pastel y comérselo también.

Otro argumento esgrimido por Moscú para poner fin al acuerdo de liberación de los cereales ucranianos es que no habría permitido entregar cereales "a los países necesitados", en particular en África, que ese era, según el Kremlin, "el principal objetivo del acuerdo". "El presidente Putin se ha quejado de que “sólo el 3% hubiera ido a parar a países pobres.” "El resto fue a parar a una Europa bien alimentada y próspera.”

Eso es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Las cifras facilitadas por el organismo que supervisó el acuerdo sobre los cereales, disponibles en Internet, muestran que efectivamente el 3% de los países que recibieron estas entregas pertenecían a la categoría de "renta baja" del Banco Mundial. Sin embargo, eso no significa que el 97% de las exportaciones fueran a parar a países ricos: el 43% de los cereales exportados fueron a parar a los llamados países "en vías de desarrollo". En cuanto al mayor beneficiario de la iniciativa, sumadas todas las categorías, no es precisamente la imagen que tenemos de una "Europa próspera", ya que se trata de China, con 8 millones de toneladas de cereales importados de Ucrania desde el verano de 2022.

 Suponiendo, algo muy improbable, que el objetivo de Moscú al poner fin al acuerdo fuera realmente acudir al rescate de un continente africano vulnerable a los avatares de los mercados mundiales de cereales, éste ha fracasado. Tras el anuncio del fin del acuerdo, se han disparado los precios mundiales del trigo, el maíz y la soja.

Según expertos del sector, esos precios no deberían haberse disparado como lo hicieron en los primeros tiempos de la guerra en Ucrania y que tanto preocuparon en todo el mundo. Y hay varias razones para ello, como la ralentización de la recuperación económica de China, el hecho de que los mercados estén bien abastecidos tras las excelentes cosechas y la reducción de los costes de producción. Pero el fin del acuerdo sobre cereales se sumará a otras fuentes de presión sobre los precios, como la sequía que afecta a algunas zonas de Europa.

La Unión Africana no se equivocó y "lamentó" inmediatamente la suspensión de la iniciativa sobre los cereales.

Parecen ser dos las verdaderas razones de la implacable persecución rusa de los cereales ucranianos. La primera es trivial: si no puede aplastar militarmente a un país que quiere controlar, Moscú siempre puede intentar asfixiarlo económicamente.

La segunda es estratégica. La Rusia de Putin ha convertido el grano ucraniano en una palanca de negociación –algunos dirían que un medio de presión– con el resto del mundo. La diplomacia rusa no ha ocultado las concesiones que quiere obtener a cambio de una vuelta al acuerdo: la reintegración en el sistema SWIFT del Rosselkhozbank (vinculado a la familia Patrouchev, acusada de enriquecerse considerablemente gracias a la guerra de Ucrania) o la reanudación de sus exportaciones de amoníaco a través del oleoducto Togliatti-Odessa, que atraviesa Ucrania.

La mayoría de estas exigencias tienen un trasfondo claro: Moscú quiere seguir haciendo negocios a pesar de la guerra. Algunos analistas creen que sus reiteradas demandas de que se levanten los problemas relacionados con el seguro marítimo pueden tener menos que ver con las exportaciones de grano que con el deseo de facilitar las exportaciones de petróleo por mar.

En las próximas semanas Rusia podría seguir utilizando hábilmente su condición de mayor productor mundial de trigo, aumentando los impuestos a la exportación para financiar su esfuerzo bélico en Ucrania, y al mismo tiempo entregar gratuitamente parte de sus cosechas a sus aliados africanos, cuyo apoyo es siempre un valioso activo diplomático para Moscú. Putin tendrá pronto una ocasión ideal para hacer anuncios en este sentido: el 27 de julio se inaugura en San Petersburgo una cumbre Rusia-África.

Traducción de Miguel López

La lluvia no mejorará el panorama del aceite de oliva, que esta semana ha alcanzado un precio de origen récord superior a los 6 euros. Es la conclusión de los propios productores, que lamentan que ha vuelto a pasar lo mismo que en la cosecha anterior: el calor ha quemado la flor del olivo y la cosecha se ha perdido, aunque luego el tiempo se haya vuelto más benévolo. “Lo normal es que después de una cosecha mala venga una buena. Estamos ante un escenario sin precedentes: nunca ha habido tan poco aceite de oliva en relación al consumo”, explica a infoLibre Juan Luis Ávila, responsable del sector del olivar de la organización agraria COAG.

El Ministerio de Agricultura está cerrando ahora las cifras definitivas de la campaña 2022/2023, que se terminó de recoger a principios de este año, y lleva una producción acumulada de 661.500 toneladas, frente a 1.476.000 que aproximadamente había por las mismas fechas del año anterior. Según las estimaciones del sector a principios de año, la cosecha terminaría con 780.000 toneladas, frente a casi los 1,5 millones recogidos en la temporada 2021/2022. Es decir, una caída de casi la mitad de un año para otro.

La de 2023/2024, que es la que está floreciendo ahora, no va por mejor camino. Ha vuelto a ocurrir lo mismo que el año pasado, el calor ha quemado la cosecha y ha impedido que se desarrolle el fruto. “Podría compararse con un precedente similar, en las cosechas del año 1995. Pero el consumo de aceite de oliva era mucho más reducido.  La diferencia entre la producción y el consumo ahora mismo es exagerada”, señala el portavoz de COAG.

El grave problema de oferta que presenta el olivar español, sumado a la insólita escalada de los precios energéticos, ha multiplicado el precio del aceite de oliva que, en origen, ya está de media en más de seis euros. “Es muy difícil que el consumidor acepte estos precios”, explica a infoLibre Rafael Pico, director de Asoliva, la asociación que reúne a las empresas exportadoras del mencionado aceite. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una feria internacional de aceite de oliva que se celebró en Jaén a mediados de mayo, afirmó que esperaba que no se produjera una “ruptura de stock”. Esto quiere decir que el Gobierno espera que la actual producción satisfaga la demanda, tanto nacional como internacional, del aceite de oliva. El ministro, por lo tanto, se consideró “optimista”. 

“Sí, con matices”, advierte el portavoz de los exportadores de aceite de oliva. “El matiz es muy importante: las exportaciones se han reducido un 40% en volumen en lo que llevamos de año. El consumo interior, un 30%. ¿Va a haber aceite de oliva? Sí. Pero porque el precio de origen hace que sea difícil venderlo. Es el precio el que va a regular la oferta y la demanda: si este fuera otro, sí habría desabastecimiento”, explica Pico. 

El portavoz de los exportadores ve un claro riesgo para la industria española del aceite de oliva: los consumidores se van y la fidelidad se pierde. “En el mercado nacional, el aceite de girasol es el claro competidor. Pero en los mercados internacionales hay muchos más: el aceite de girasol, pero también el de canola, el de soja, el de maíz… Es cierto que son mucho menos beneficiosos para la salud, pero son mucho más baratos”, explica Pico. 

No queda ahí: también hay competidores para España en la producción del aceite de oliva. “Países como Túnez, Turquía, Siria o Marruecos producen aceite de oliva a precios más bajos. Es preocupante. España produce el 50% del aceite de oliva. Por eso cuando hay sequía, esta tiene una repercusión en el mercado mundial. Pero no hay que olvidar que hay competidores y no se debe enseñar a los países importadores de aceite de oliva que hay otros caminos que pueden recorrer”, explica el portavoz de Asoliva, en referencia a que la situación puede alimentar la competencia de los productores españoles.

Pese al elevado precio del aceite de oliva, los agricultores lamentan que los costes de producción siguen estando por encima de lo que ganan. En datos difundidos en diciembre, los agricultores de COAG estiman que el coste de producción de un kilo de aceite de oliva virgen extra les cuesta 8 euros.

La lluvia le ha dado trabajo a Rafael Pico, que explica que sus clientes internacionales ya saben que en España está lloviendo y ya se están interesando por el aceite: “Ayer tuvimos una reunión con un cliente de EEUU. Como han visto que ha empezado a llover, nos han preguntado, porque prácticamente pueden pensar que el aceite ya está en la botella y de camino a EEUU, y nada más lejos de la realidad. Las primeras botellas de esta cosecha saldrán en diciembre o enero”, explica. 

El portavoz de los exportadores cree que si las precipitaciones tienen algún efecto beneficioso, empezaría a notarse a finales de año. “Pero no veo, de todas formas, que haya un cambio de circunstancias para que haya una variación de precio”, añade. Los productores ven un posible beneficio residual, que no cambiará las grandes cifras: “Esto va a tener una repercusión en las zonas donde la aceituna se desarrolla muy tardía, en la sierra, pero ahí se produce un volumen muy pequeño”, explica Juan Luis Ávila, de COAG.

El Ministerio de Agricultura, ante la consulta de infoLibre, considera que es imposible hacer una estimación del impacto de las lluvias de estos días en las cosechas del olivar. Fuentes gubernamentales aplauden que por fin esté lloviendo, y coinciden con el análisis de los agricultores: será beneficiosa en algunas zonas aún está en proceso de floración, pero en otras ya esa etapa ha quedado atrás. 

El portavoz de COAG lamenta la mala suerte de empalmar dos temporadas de olas de sequía y calor en el peor momento de la cosecha. “El olivo es una cosecha que parte de cero. Cuando un año da poco fruto, al año siguiente da bastante. Si hubieran caído en Jaén apenas 60 o 70 litros en marzo o abril, solo esa cantidad hubiera sido suficiente. No esperábamos otra cosecha tan mala. Si pasas por Jaén, ve al campo y mira la aceituna que hay”, lamenta Ávila.  

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año es el mayor de la historia, 12.827,2 millones de euros. Un aumento del 26,3% respecto al ejercicio anterior que triplica la mejora de 2022. De hecho, el de Margarita Robles es el ministerio que recibe el máximo impulso, por encima del 17,2% de Igualdad o del 14,9% de Exteriores. Sólo Inclusión y Seguridad Social cuenta este año con un presupuesto más abultado que Defensa. Tiene la culpa la guerra de Ucrania, que se ha convertido en un auténtico revulsivo para la industria de defensa española. Hasta el punto de que el alza de este año se interpreta ya como el comienzo de un ciclo expansivo, gracias al compromiso de Pedro Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, el objetivo anhelado por la OTAN pero que sólo cumplen siete de sus miembros.

De alcanzarse, España gastará dentro de seis años más de 26.000 millones de euros, porque ahora, aun con una cifra récord, se queda en el 1% del PIB. Sólo Luxemburgo gasta menos en relación con su PIB, un 0,62%, según las cifras de la propia Alianza Atlántica. Estados Unidos, el miembro de la OTAN que más dinero dedica a defensa, emplea el 3,46% de su PIB en armarse.

Esa lluvia de millones es “a priori una oportunidad, pero eso no quiere decir que se aproveche como debería”, precisan no obstante fuentes del sector consultadas por infoLibre, que echan de menos una “estrategia militar y de inversión actualizada”. “La que tenemos”, añaden, “es de 2015”. No hay, aseguran, una estrategia clara del papel que España debe tener en defensa. Además, el ministerio no tiene capacidad ni personal suficiente para gestionar el volumen adicional de dinero comprometido y “traducirlo en programas de inversión”.

El departamento que dirige Margarita Robles aún no ha publicado el informe del sector correspondiente a 2022, pero las grandes empresas ya han destapado unas cuentas espléndidas para el ejercicio de la invasión rusa.

El gigante europeo Airbus, participado por los gobiernos francés, alemán y español –a través de la SEPI posee un 4,1% de las acciones–, tiene tres filiales en territorio nacional: Airbus Defence and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que juntas suman el 53,2% de la facturación del sector de defensa español. En 2022 el grupo se apuntó un beneficio récord de 4.247 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 13%, hasta los 58.900 millones. Su negocio en defensa creció un 11%. Y acaba de anunciar que contratará a 1.000 trabajadores en España este año para hacer frente al aumento de producción previsto.

Los astilleros públicos Navantia, que suponen el 13% de la facturación del sector, confían en volver a beneficios, después de 14 ejercicios con números rojos. De hecho, en 2021 y tras aumentar sus ingresos un 20% anual, redujeron sus pérdidas a 82,4 millones, tras dejar atrás el récord de 296 millones con que terminó 2017.

El tercero en el ranking nacional de defensa, la semipública Indra, cerró 2022 con una cartera “en máximos históricos” y se expresa en los mismos términos sobre el primer trimestre de este año. El ejercicio pasado su contratación creció un 29% gracias al empujón del negocio de defensa y seguridad, que se disparó un 52%. En el comienzo de 2023, el aumento ha sido del 16%, gracias precisamente a los proyectos conseguidos en España, según destaca la propia empresa. Los últimos, y polémicos, movimientos en el consejo de administración de Indra van encaminados a hacer realidad los deseos del Gobierno de reorientar la actividad de la compañía hacia el negocio de la defensa.

Sin embargo, por debajo de estas cinco grandes, la industria española de defensa se compone sobre todo de medianas y pequeñas empresas que viven de suministrar productos y servicios a las compañías “tractoras”, tal y como las describe Defensa. No es sólo que Airbus suponga más de la mitad de la facturación de todo el sector: 36 empresas aglutinan el 90% del mercado. Las pymes –las que superan los 250 empleados no representan más que el 19,6%– “carecen de productos propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, sistemas de misiles o satélites”, describe el último informe del sector publicado por el Ministerio de Defensa con cifras de 2021. “No pueden diseñar un cazabombardero o un blindado, sólo suministrar subsistemas o componentes”, explican gráficamente las fuentes consultadas.

Esta red de medianas y pequeñas empresas aún no ha notado en sus cuentas de resultados el viento de cola de la invasión rusa. “España sólo ha enviado armas y munición a Ucrania de las que tenía en stock”, continúan las fuentes del sector. Hasta el momento, el nivel de implicación español en la guerra ha sido “escaso” y la ayuda proporcionada, “muy de segundo nivel”, recuerda por su parte Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En realidad, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, no sentirán los efectos de la guerra en el este de Europa hasta dentro de tres, cinco o más años. “Hacen falta meses para dimensionar las cadenas de producción”, advierten las fuentes consultadas. Y eso confiando en que se cumpla el compromiso de seguir aumentando el presupuesto de defensa hasta es el 2% del PIB requerido por la OTAN. “Nada garantiza que se mantenga esa promesa y no se echen atrás futuros gobiernos, como ya se incumplió antes”, advierten, en referencia a un objetivo que fijó en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy pensando en 2024.

La óptica de Núñez Villaverde es muy distinta. Según recalca, el gasto público español en defensa ya está en ese 2% del PIB si a las partidas del ministerio de Margarita Robles se suman las que se reparten en otros departamentos del Gobierno. Se refiere a las cuentas que ha echado el Centro Delàs de Estudios por la Paz, una entidad independiente dedicada a la investigación del armamentismo desde una perspectiva pacifista: este año el gasto militar público ascenderá a 27.617,45 millones de euros, el 2,17% del PIB. Delàs añade al presupuesto de Defensa los créditos I+D que el Ministerio de Industria concede a empresas para producir nuevas armas, las aportaciones a organismos internacionales –como la OTAN– desde Asuntos Exteriores y el gasto en misiones militares en el extranjero, pero también las partidas asignadas a la Guardia Civil como cuerpo militarizado, el gasto en las clases pasivas militares, la mutua militar Isfas, las pensiones de guerra e incluso los intereses de la deuda pública dedicada a defensa.

Siguiendo esos cálculos, Delàs proyecta que el gasto militar en 2029 se situará en 40.000 millones de euros.

Además, el centro pone el foco en otras cifras de récord del presupuesto de este año, como el 30% en que crece la inversión en defensa: 7.743 millones, tres de cada 10 euros. Mucho mayor es el alza de los créditos de I+D del Ministerio de Industria, un 126,09%: 1.601 millones de euros.

Con los últimos datos disponibles, de 2021, la industria de defensa española facturó 6.582 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. El sector lo componen 394 empresas, que se amplían hasta 544 contando con las que suministran equipos también para fines civiles. De la facturación total, 1.428 millones son ventas directas al Ministerio de Defensa, que aumentaron considerablemente, un 19%, respecto a 2020. Es decir, el ministerio es el principal cliente de muchas de estas empresas. De hecho, la próxima semana la industria mostrará su buen estado de ánimo en la feria anual que organiza la Fundación Feindef, presidida por el exministro de Defensa Julián García Vargas y cuyo patronato integran el propio ministerio y las dos patronales del sector, Teade y Aesmide. “También se ha convertido [el ministerio] en su agente comercial en el extranjero”, critica Jesús Núñez Villaverde. Porque el resto de la facturación –casi cuatro veces más de lo que venden a Defensa– procede de las exportaciones, buena parte de las cuales se canaliza a través de programas internacionales como los PADR –60,2 millones–, EDIP –500 millones– y Pesco.

Además, el Fondo Europeo de Defensa (FED) liberará casi 9.000 millones de euros hasta 2027 para financiar proyectos de colaboración. Cincuenta y dos empresas españolas recibirán 96,2 millones de la primera convocatoria. Aparte contabiliza el ministerio las subcontrataciones o ventas indirectas, que crecieron un 28,4% en 2021, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros.

De ese volumen de negocio, el 59% corresponde a la actividad aeronáutica y el 15,4% a la naval, otra muestra más del dominio de Airbus y, en menor medida, de Navantia, en el sector.

“La industria española de defensa es bastante particular”, conceden las fuentes del sector consultadas. Y no sólo por su dependencia de las grandes empresas “tractoras”. La principal, Airbus, resulta ser un grupo internacional; Navantia, un astillero público que, gracias a su consideración de activo estratégico, se mantiene pese a sus pérdidas continuadas; e Indra, que pertenece en un 25% a la SEPI, es “un campeón nacional, una empresa puntera” pero, con una facturación de 3.851 millones, se sitúa lejos de, por ejemplo, su competidor italiano, Leonardo, que supera los 14.000 millones en ingresos.

A su lado, la red de pymes del sector ha conseguido dirigir su negocio a la exportación, de forma que el 78,3% de las ventas de defensa de la industria nacional se dirigen al exterior: 128 de las 394 empresas que la componen salieron al extranjero en 2021. Así, España figura como el séptimo país exportador de armas del mundo. Núñez Valverde matiza que ese puesto en la clasificación mundial es engañoso, el resultado de que en España se lleve a cabo la última fase de ensamblaje del armamento. Las fuentes del sector apuntan, además, a la dependencia tecnológica de las empresas. Por ejemplo, Navantia construye submarinos y fragatas, pero con sistemas de combate diseñados en Estados Unidos. De nuevo, Airbus marca el paso, concentrando el 61,5% del negocio internacional. Si se añaden las exportaciones de Navantia, Indra, Santa Bárbara –antes pública y hoy integrada en General Dynamics–, Explosivos Alaveses e ITP Aero, la cuota de mercado de estas cinco compañías alcanza el 87,6% de las ventas al exterior del sector.

Como queda dicho, la mayor parte de las exportaciones se realizan a través de programas internacionales –3.308 millones, el 61,3%–; el resto son ventas directas a otros países. Una parte considerable de esos programas se traduce en ventas a consorcios como el del avión de transporte A400M de Airbus o el del caza Eurofighter –integrado por la británica BAE Systems, Airbus y Leonardo–. Pero después, el principal cliente de las empresas españolas de armamento es Arabia Saudí, que se lleva casi el 25% de las exportaciones directas, 491 millones de euros en 2021. También son clientes distinguidos –además de Francia, Alemania o Estados Unidos–, Emiratos Árabes Unidos u Omán –66 millones cada uno–. “España exporta armas a países a los que no debería según su propia legislación”, objeta Jesús Núñez Valverde, “pero también les venden todos los demás, así que lo hacemos nosotros y mantenemos el empleo...”.

“Nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”

El del empleo –26.987 puestos de trabajo directos, 27.797 indirectos y 10.795 inducidos– es uno de los argumentos recurrentes para vender a una opinión pública poco receptiva los beneficios de la industria de defensa. Otros son, dice Núñez Valverde, el desarrollo tecnológico y del tejido productivo que propician las empresas de armamento. Para las fuentes del sector a las que ha preguntado este periódico, ésa es una manera “errónea de abordar la cuestión”. A su juicio, existe un problema de comunicación política: los gobiernos no creen que la sociedad sea lo bastante “madura” para plantearle la necesidad de contar con una industria militar potente. “Las armas no matan, son las personas las que lo hacen; las armas sirven para evitar guerras”, aseguran. Aunque también admiten que el gasto en defensa “nunca ha sido una prioridad ni de los gobiernos ni de la sociedad española”.

Una percepción que parece haber cambiado con la invasión de Ucrania. “Ya no se puede hacer la vista gorda con la amenaza, que se ha convertido en evidente”, sostienen, “mientras que los problemas de seguridad tradicionales de España siguen ahí –el Sahel, el Magreb–, entran en la agenda política y se usan para justificar el aumento del gasto”.

Sin embargo, Jesús Núñez Villaverde replica que la guerra en Ucrania no ha abierto un nuevo ciclo inversor, toda vez que el auge del gasto militar ya venía produciéndose sin cesar “en todo el planeta” desde el comienzo del siglo. La invasión rusa lo que ha hecho es acelerarlo, “militarizando la agenda internacional, dejando de lado cuestiones como la paz social y ampliando las brechas de desigualdad, lo que a su vez alimenta dinámicas más violentas, que se enfocan desde una perspectiva reactiva y no preventiva, basada en la seguridad humana”, explica. A su juicio, la creciente inversión en defensa que se avecina no se está produciendo en el mejor momento, tras la pandemia y en plena crisis inflacionista. “La sociedad debe decidir en qué cesta quiere poner más huevos, si en sanidad, educación y políticas sociales, o en defensa”, resume.

La industria militar española también pide definición a los poderes públicos, pero desde otro ángulo. Lo explicó Ricardo Martí Fluxá, presidente de una de las dos patronales del sector, Tedae, y ex secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. “Que sepamos qué queremos ser y dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años es básico para la inversión de la industria y el desarrollo tecnológico”, destacó en una entrevista en la web especializada Escudodigital, “porque la libertad y seguridad de los españoles no pueden quedar sujetas a diferencias ideológicas, tanto la sociedad como la industria necesitan unas pautas claras”.