Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos.

Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base.

Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal". Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal.

Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones. Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales. Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia.

Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ, así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés. Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras", que no corresponderían a estos profesores.

Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello". La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".

El Gobierno incumple desde hace cuatro años la obligación legal de hacer público el Escalafón General de la Carrera Fiscal. El listado, que recoge desde la antigüedad hasta la situación en la que se encuentran los casi 3.000 fiscales, debería difundirse anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo marca, de hecho, el Reglamento del Ministerio Público. Sin embargo, la última vez que se hizo fue en 2021. Desde Fiscalía trasladan la responsabilidad al Ministerio de Justicia, que es quien tiene, explican, la "competencia". infoLibre se ha puesto en contacto con este último departamento para conocer los motivos de esta falta de publicación, sin que por el momento se haya obtenido respuesta.

La obligación de difundir el escalafón no es nueva. Ya figuraba en el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal de 1969. Aquel texto establecía en su artículo 57 el deber de publicar la información en el diario oficial. Ahora bien, lo hacía sin fijar una periodicidad concreta –solo hablaba de un amplio "periódicamente"–. Algo que, sin embargo, cambió con el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que en 2022 enterró definitivamente aquella norma preconstitucional. El nuevo texto deja claro en su último artículo que la publicación del escalafón debe hacerse "al inicio de cada año judicial". Es decir, anualmente.

Pero no se ha hecho. La última vez que el listado fue difundido en el BOE fue en 2021, tal y como confirman desde Fiscalía. Y el mismo estaba repleto de fallos. De ahí que se dejara sin efecto la lista diez días después de la publicación. Aquella fue, de hecho, la primera vez en democracia que la relación de fiscales apareció íntegra en el diario oficial. Hasta ese momento, lo que se había hecho –de nuevo, pese a lo que marcaba la norma– era anunciar vía BOE su aprobación e indicar en qué número del Boletín de Información del Ministerio de Justicia se podía consultar.

Cuatro años se lleva incumpliendo, por tanto, la obligación de dar publicidad a través del diario oficial al escalafón de la Carrera Fiscal, que recoge, con nombres y apellidos, a todos los fiscales, relacionados por orden de antigüedad en cada categoría. En el listado se pueden ver, por ejemplo, el número de orden que ocupa cada representante del Ministerio Público, su fecha de nacimiento, el tiempo de "servicios efectivos" en su categoría y en el cuerpo, el cargo o la situación en la que se encuentra –si están en activo, en excedencia o en servicios especiales–.

Desde Fiscalía ponen el foco sobre el Ministerio de Justicia. A preguntas de este diario, señalan que la competencia para la publicación es del departamento que ahora dirige Félix Bolaños y que antes lideró Pilar Llop. Se apoyan en la Orden PJC/1062/2024. En concreto, en su punto 3.3 a), donde se recoge que la "persona titular" de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia –ahora llamada Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia– tiene delegadas las competencias "atribuidas a la persona titular del departamento por las disposiciones en vigor en relación con los miembros de la Carrera del Ministerio Fiscal".

El Ministerio Público, no obstante, asegura que los fiscales sí que tienen acceso a esa información "a nivel interno" a través de AINO@, el sistema de gestión de personal, nómina, gestión presupuestaria y procesos selectivos de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. "Con lo cual, todos pueden consultar su número de escalafón sin problemas y actualizado", completan desde Fiscalía. Este diario se ha puesto en contacto en las últimas horas con Justicia para intentar conocer lo motivos por los cuáles no se está publicando el escalafón en el boletín oficial. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

La falta de difusión de esta información contrasta con la de la Carrera Judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar "cada tres años, como máximo, y por períodos menores cuando fuere necesario" el escalafón de los jueces y magistrados. Una lista que, de nuevo, tiene que ser publicada en el BOE. Así se hizo en 2013, 2016 o 2018. Un carácter bianual o trianual que cambió, precisamente, en 2021. Desde entonces, se ha difundido año tras año: 2022, 2023, 2024 y 2025. En este caso, la publicación parte directamente del órgano de gobierno de los jueces.

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha aupado a los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría Técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

Este viernes se ha celebrado un Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, centrado en 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, para los que han concurrido 86 candidatos, si bien las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del procés, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz en la Secretaría Técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscala general ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios; y ha renovado en su puesto a la exfiscala general María Jose Segarra como fiscala de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal.

En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscala a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Además la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso.

El Tribunal Supremo ha tasado en 79.942 euros las costas en el caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz calculadas en base a los gastos de abogado y procurador por parte de la representación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el escrito de la letrada de la administración de Justicia que ha adelantado El País, y al que ha tenido acceso EFE, su procuradora giró unos gastos de 1.560 euros mientras que el letrado Gabriel Rodríguez acreditó 78.382 euros como gastos, una resolución que previsiblemente recurrirá la abogacía del Estado.

El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso explica en su escrito que pretende que "la carga que soporte el condenado respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado por el mismo durante el procedimiento".

"Un esfuerzo que resulta innegable en el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad", añade.

Además de la condena a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el Supremo le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales que debía satisfacer a González Amador y las costas procesales.

El ex fiscal general ya pagó la multa y la indemnización con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".

Por otra parte, el Ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para García Ortiz después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.

González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos, y este ya se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo.

La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, deberá enfrentarse en los próximos meses a una gran prueba de fuego: la resolución de la montaña de recursos interpuestos por las defensas. Es un examen clave del que depende la continuidad de la causa. Al fin y al cabo, el objetivo principal de los investigados es la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso. Una batalla para la que cuentan con un ejército legal de primer nivel, del que forman parte grandes bufetes y reconocidos abogados que, en algunos casos, hicieron carrera en la judicatura o la Fiscalía.

En los últimos meses, los imputados han interpuesto más de una veintena de recursos y escritos. En ellos, se alega una supuesta indefensión. Cargan contra la decisión del instructor de mantener durante siete años el secreto de sumario. O hablan de una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del juez que investiga al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser en la capital donde se encuentra Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama, o el Ministerio de Hacienda. "La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha contaminado todo el proceso", apuntaba un escrito de Global Afteli y Manuel de Vicente Tutor, uno de los principales investigados.

Ambos aparecen representados por José Antonio Choclán, un reputado penalista que tras cambiar la toga de magistrado –llegó a ejercer en la Audiencia Nacional– por la de letrado ha estado presente en algunos de los casos más mediáticos. En Gürtel, por ejemplo, defendió durante un tiempo a Francisco Correa. En Púnica, al empresario David Marjaliza. También ha tenido entre sus clientes a la exalcaldesa de València Rita Barberá, al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, al futbolista Cristiano Ronaldo, al entrenador José Mourinho y, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. Su despacho también ha asumido la defensa de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria.

No es el único exmagistrado entre las defensas. Los escritos incorporados al sumario de quien fuera subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, aparecen firmados por Adolfo Prego de Oliver, que en el pasado ha ejercido como letrado, por ejemplo, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Antes de dar el salto a la abogacía, fue durante más de una década magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fue el ponente de la admisión de la primera querella contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Y durante casi siete años, de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

En el bloque defensor hay otros juristas que decidieron en su día dar el salto de lo público a lo privado. Al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lo representa Javier Gómez-Ferrer Senent, abogado del Estado en excedencia. Igual que Carlos Luis Rubio, quien firma los escritos de Equipo Económico. Este último es socio director de Cortés Abogados, un bufete en el que también ejerce Daniel Campos, fiscal en excedencia –desempeñó su labor en Antidroga o Anticorrupción y llegó a ser coordinador de Delincuencia Económica en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– que representa a otros dos socios del despacho que se encuentra en el centro de la trama.

En el Ministerio Público también hizo carrera en su día Enrique Remón, uno de los letrados que firmaba en noviembre los escritos de los hermanos Menéndez Menéndez: Rogelio, exasesor del Gabinete del ministro de Hacienda, y Santiago, ex director general de la Agencia Tributaria. O Jesús Santos Alonso, quien hiciera lo propio en nombre de los tres investigados vinculados a la gasista Air Liquide. El letrado del caro bufete Baker & Mackenzie, quien ha ejercido durante mucho tiempo la defensa del PP en los tribunales y que cuenta con una lista de clientes VIP –desde el expresidente del BBVA Francisco Martínez hasta el futbolista Neymar–, fue en su día teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

También el exfiscal Anticorrupción Carlos Sáiz, quien lleva la defensa del ex director general de Tributos Diego Martín-Abril. En su caso, lo hace desde el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Con una facturación en 2024 superior a los 100 millones, según Expansión, no es el único gran bufete al que han recurrido los investigados. También está Uría Menéndez y Ontier, cuyo abogado Alfonso Trallero, quien ha tenido entre sus clientes al extesorero del PP Luis Bárcenas, representa a otros dos investigados. O Pérez-Llorca, quien lleva a la gasista Abelló Linde y todos sus imputados.

Y también Cuatrecasas, el segundo bufete con mayor cifra de negocios y a quien, según una reciente investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC), utilizó el Gobierno de Israel para influir en reformas legislativas y procesos penales.

Robin Juez es el pseudónimo con el que actúa en X, la antigua Twitter, el usuario que se esconde tras la cuenta @JuezPez. Desde su perfil anónimo posteó a las 19.49 de la tarde del pasado viernes una foto editada con inteligencia artificial del acto de apoyo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Ateneo de Madrid, en la que este y alguna de las personas que lo rodeaban aparecían vestidos de payasos. Este insulto visual era una respuesta a Juan Antonio Frago, el abogado que dirigió la acusación contra García Ortiz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y que pidió la pena más alta –seis años de cárcel– contra el exresponsable del Ministerio Público, en la que se mofaba de los asistentes al encuentro comparándolos con "una excursión del IMSERSO". Su perfil muestra también la misma imagen retocada, esta vez con carteles del PSOE colgados de las paredes junto al texto "Vaya imágenes que se curra la IA".

El perfil es anónimo, pero los jueces y juezas consultados aseguran que, aunque desconocen su identidad, hay muchos indicios de que, quien se encuentra detrás, es un juez. En primer lugar, porque en algunas de sus publicaciones se presenta como tal –por ejemplo, el día en que su supuesto juzgado se convirtió en tribunal de instancia por aplicación de la ley de eficiencia– y tiene un amplio conocimiento de política judicial y asociaciones de jueces y fiscales; pero también porque entre los perfiles que sigue y le siguen dominan los jueces, fiscales, asociaciones judiciales y juristas en general y, entre ellos, los más activos en redes, como @MagistraThor, @Lapelo1, @Iuristóteles, @JudgeTheZipper o @ladycrocs, cuyas identidades, al contrario que la suya, sí son conocidas.

Desde esa fachada con una imagen de Errol Flynn en Las Aventuras de Robin Hood, Robin Juez no solo insulta mediante imágenes retocadas a condenados como García Ortiz, sino que invita a la asociación del exjefe de la Fiscalía, la minoritaria y progresista Unión Progresista de Fiscales, a recabar firmas en "chante.org" en su favor. También compara a los magistrados de la ampliamente cuestionada sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general con la persecución que la Alemania nazi urdió contra Albert Einstein. Los magistrados del Supremo, como Einstein, son las víctimas. Los nazis, los 150 juristas, entre ellos magistrados eméritos del Supremo como Perfecto Andrés, Alberto Jorge o José Antonio Martín Pallín por firmar un manifiesto contra su condena.

Representar como payaso a García Ortiz no es el único insulto que ha realizado Robin Juez. Si con el fiscal general inhabilitado por el Supremo recurrió a la IA, para llamar "subnormal" al exsenador de Compromís Carles Mulet recurrió a un meme el pasado 5 de enero. Al secretario de Organización de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León por ese partido Pablo Fernández, lo llamó "retarded" ese mismo día. Ambos habían reclamado que se actuara contra personajes como el torero Fran Rivera o el agitador ultra Vito Quiles, que habían pedido en redes al presidente de EEUU Donald Trump que, tras su intervención militar en Venezuela en la que ordenó el secuestro del expresidente Nicolás Maduro, hiciera lo mismo en España con Pedro Sánchez.

Entre los objetivos de Robin Juez también se encuentran exmagistrados del Tribunal Supremo. Como Joaquín Giménez, que, en una entrevista publicada por el diario Información, afirmó que la sentencia contra el ex fiscal general "cuestiona gravemente la imparcialidad del Alto Tribunal". Al tuitero anónimo, esa opinión solo le merece un comentario hacia el juez ya retirado: "Pobre hombre". El ex fiscal anticorrupción y antidroga y uno de los juristas de mayor reputación internacional del país, Carlos Castresana, también criticó la resolución del Alto Tribunal al advertir que no era "capaz de esclarecer quién hizo la filtración", por lo que no se justificaba "un fallo condenatorio". Para este perfil anónimo de temática judicial, las palabras de Castresana no son más que "chatarra jurídico-intelectual".

Si Robin Juez es efectivamente un miembro del Poder Judicial se estaría amparando en su anonimato para incumplir el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Hacerlo "invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición" constituye una falta disciplinaria grave castigada con hasta 6.000 euros de multa. El Consejo General del Poder Judicial mantiene abiertos dos expedientes por esta infracción, uno contra el magistrado de la Sala de Apelaciones Eloy Velasco por referirse a la exministra de Igualdad Irene Montero como "cajera del Mercadona". Otro contra el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara por llamar "golpista" a Pedro Sánchez y referirse a su esposa como "Barbigoña"

La comisión de ética del Consejo estableció en enero de 2021 que los jueces deben ajustarse al principio de "neutralidad política" en sus posts de internet, una pauta deontológica que, sin embargo, se incumple casi cada día en algunos de los perfiles judiciales más activos. El dictamen señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso debe extenderse al ámbito extraprocesal, por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse “con las formalidades de la buena educación” y “sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas”, añadía el dictamen de la comisión.

Las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces, aprobado por la Red Mundial por la Integridad Judicial de Naciones Unidas, avalan el uso de plataformas como X por los miembros del Poder Judicial, incluso el uso de pseudónimos, aunque advierten de que "nunca deben usarse para permitir un comportamiento poco ético". Además, el uso de estas identidades falsas, avisa el texto, "no ofrece ninguna garantía de que no se vaya a conocer el nombre real o la condición de juez que posee el usuario".

Desde la Transición hasta el final de la actividad de ETA en 2011, el terrorismo convirtió el País Vasco en uno de los destinos menos deseados por jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia (denominados anteriormente secretarios judiciales) y demás personal al servicio de juzgados y tribunales. El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) asignó en 1981 33 viviendas propiedad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda al Ministerio de Justicia para que las utilizara como un incentivo que atrajera a todo el personal de esos cuerpos a los juzgados y tribunales de Euskadi gracias a la posibilidad de ocuparlas de manera gratuita.

Durante los últimos 44 años, el presidente de turno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la máxima autoridad judicial en ese territorio, ha sido quien ha establecido y aplicado los criterios por los que se decidía quiénes ocupaban esas viviendas y quien ha autorizado su uso a sus ocupantes. El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Justicia decidió recuperar los inmuebles con la idea de acabar con ese privilegio que, 14 años después del cese de la actividad de la banda y cuando se cumplen siete de su disolución definitiva, había perdido el sentido.

Además de este incentivo, el personal de estos cuerpos judiciales, tuvo otros fundamentados en la violencia y el rechazo que generaban en parte de la sociedad. Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia fueron considerados objetivos de ETA desde el asesinato a tiros del magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón en 2001. Por esa razón, los destinados en el País Vasco y Navarra obtuvieron un plus salarial (todavía previsto en la ley que regula sus retribuciones) similar al que cobran los que ocupan plazas en Canarias, Ceuta o Melilla. Las medidas estatales para atraerlos a Euskadi se compaginaban con otras del Gobierno vasco. Una de ellas fue la subvención de parte de los intereses de las hipotecas de los jueces que compraran una vivienda en cualquiera de las provincias vascas.

Los 33 pisos pertenecientes al Ministerio de Justicia los administraba desde 1981 el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (plaza que actualmente ocupa Iñaki Subijana). Tras el final de ETA, su existencia comenzó a ser percibida por la judicatura y la fiscalía vasca como un privilegio muy polémico entre los integrantes de ambas carreras. El resto de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que tienen que sufragarse sus propias viviendas en régimen de propiedad o alquiler como cualquier otro ciudadano lo veían como un agravio comparativo, según fuentes judiciales vascas. El salario mínimo de un juez nada más ingresar en la carrera supera los 45.000 euros brutos al año.

44 años después de que se pusieran a disposición del Tribunal Superior y 14 tras el fin de las acciones de la banda terrorista, el Ministerio ha decidido recuperar el control de esos inmuebles, mediante una resolución aprobada el pasado 10 de septiembre. La decisión devuelve al Gobierno "la competencia en materia de autorización y revocación del uso de las viviendas". Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños explican que el siguiente paso será revocar su adscripción a Presidencia y Justicia para que vuelvan a quedar a disposición de Patrimonio del Estado. Este trámite se hará a medida que los actuales ocupantes de los inmuebles los vayan abandonando por cambios de destino o cualquier otra circunstancia.

Fuentes del Ejecutivo explican que la idea es que todo ese patrimonio inmobiliario pase ahora a la nueva empresa estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Casa 47. Entre las funciones de esta entidad está la creación de parque estatal de vivienda asequible y protegida para siempre. Dicho parque se nutrirá inicialmente de viviendas y suelos procedentes de diversos organismos públicos de los diferentes ministerios que se sumarán a otros 40.000 inmuebles procedentes de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario ha pedido anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscala general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, González Amador pide en primer término que se anule dicho decreto y se le dé oportunidad de formular alegaciones, al considerarse "víctima de los hechos protagonizados" por García Ortiz y, por tanto, tener "interés legítimo" en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. 

El pasado mes de noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda.

Aquella sentencia veía "excesiva" que esa pena afectase a su continuidad en la carrera fiscal, pero determinó que no correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión como fiscal.

Días después, la Inspección Fiscal estudió el asunto y dio su visto bueno para que Álvaro García Ortiz -que estaba en régimen de servicios especiales como fiscal general- se incorporase a la carrera, y la nueva fiscala general del Estado acordó su reingreso. 

Fuentes fiscales explicaron a EFE que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, "sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales".

Sin embargo, en su recurso, de manera subsidiaria a que se le permita hacer alegaciones, la pareja de Díaz Ayuso argumenta que procede la "incapacidad" de García Ortiz para las funciones fiscales "por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses".

Esa causa de "incapacidad" y la pena principal de inhabilitación conduce a "la pérdida de la condición de fiscal", según González Amador, que se apoya en su escrito en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal. 

Según el empresario, esta última norma determina que para la rehabilitación en la carrera, es necesario justificar que el afectado tiene "extinguida la responsabilidad penal y civil" y que le han sido cancelados los antecedentes penales, lo que en el caso de García Ortiz, dice González Amador, se produciría en 2029.

Cita, por ejemplo, el artículo 35 del reglamento, que establece que la "pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha dado su visto bueno para que Álvaro García Ortiz se reincorpore a la Fiscalía, es decir, que no será expulsado ni suspendido como fiscal tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado, informa EFE.

De hecho, esta decisión permite a García Ortiz incorporarse como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.

La Inspección debía estudiar cómo afectaba la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo veía "excesivo", aunque reconocía que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no era competencia suya.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dado luz verde a su reingreso a la carrera fiscal después de que la Inspección haya concluido que no tiene que abandonar su puesto como fiscal.

Las fuentes han señalado que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, "sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales". Han añadido que "esa concreción es particularmente relevante", puesto que los tribunales están obligados a indicar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación.

Dicho de otra forma, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público inhabilitará para el ejercicio del cargo de fiscal cuando así se establezca de forma expresa en la sentencia firme, precisan las fuentes.

En un plano técnico, el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que "los que hayan sido condenados por delito doloso" serán expulsados de la carrera, si bien en los casos "en los que la pena no fuera superior a seis meses, el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años".

Este párrafo se introdujo en 2007 en una reforma cuya exposición de motivos explicó que se hizo para adaptar para los fiscales la posibilidad ya existente para los jueces de que la sanción de separación de la carrera por haber perpetrado un delito doloso "pudiera ser flexibilizada por el fiscal general en determinados casos menos graves". Pese a todo, el texto final omitió la referencia a que la condena por delito doloso lo fuera a pena de prisión.

Al respecto, la Inspección Fiscal concluyó en 2017 que se debía hacer "una interpretación integradora" de su redacción en línea con el articulado que afecta a los jueces, es decir, que solo perdieran la condición de fiscal cuando la condena de prisión fuera superior a los seis meses.

Desde entonces, la Fiscalía ha asumido este criterio hasta el punto de que existen más precedentes de fiscales condenados por delito doloso que no han sido expulsados de la carrera, apuntan las fuentes. Esta línea coincide con el criterio del propio Tribunal Supremo que en una sentencia de 2017 señaló que "que quienes perteneciendo a la Carrera Judicial o a la Carrera Fiscal sean condenados por delito doloso solamente perderán necesariamente su condición si se les impone una pena privativa de libertad superior a seis meses".

Aquella sentencia añadió que "si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal", que es el criterio que se ha aplicado a García Ortiz.

La vinculación con el propio trabajo es un valor decisivo a la hora de definir nuestra identidad en la vida. La filósofa María Zambrano nos confesó que la escritura le había ayudado a entender la soledad como un estado sociable. Se encerraba en sí misma a escribir en busca de palabras que convirtieran su refugio en un lugar para hablar con el mundo y darse explicaciones sobre la realidad. Cuando uno tiene la suerte de poder desarrollarse como persona en el cumplimiento de una vocación, comprende con facilidad que ganarse la vida es también estar en la vida, una forma de ser y de sentir. El ámbito laboral supone el mayor compromiso con la convivencia, con los derechos y los deberes de compartir los miedos y las ilusiones en una comunidad. Son inseparables la dignidad laboral y la dignidad personal. 

Me conmovió, por ejemplo, que el periodista Miguel Ángel Campos se indignase con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Fiscal General. El Mundo publicó un bulo: la Fiscalía había propuesto un pacto al defraudador Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero después saltó la noticia de que había sido al revés, ya que en realidad fue el defraudador quien propuso el pacto. El periodista Miguel Ángel Campos declaró que no se había enterado de la verdad por una filtración del fiscal general y que los datos le habían llegado por otras fuentes. Lo mismo afirmaron otros periodistas llamados a declarar. Como se trataba de condenar sí o sí, los responsables de la sentencia tuvieron que hacer un encaje de bolillos sin pudor para condenar al fiscal, pero sin abrir causa a los periodistas por mentir en el juicio. Es un ejemplo de dignidad laboral que Miguel Ángel Campos eche ahora en falta ser condenado también por mentir ante la Justicia.

Para quien se dedica por vocación y dignidad profesional al periodismo debe de resultar difícil trabajar en medios de comunicación que no sólo se dedican a extender bulos, sino que llaman mentirosos a los compañeros que cumplen dignamente con su labor. La deriva de algunos medios hacia el fango, de la información a la desinformación y del periodismo al pseudoperiodismo, supone un daño profundo en la convivencia democrática. Pero debe de ser, además, un infierno ético para los profesionales que trabajan en esos medios, invitados día a día a formar parte de una basura que está matando al periodismo.

Lo he pensado también al leer los informes de Reporteros sin Fronteras y de la Federación Internacional de Periodistas sobre el escandaloso asesinato de periodistas en este año de 2025. Con cálculos que son difíciles de concretar, se ha asesinado en Gaza a más de 210 periodistas desde 2023. La campaña de silencio del Gobierno de Israel para ocultar su genocidio ha extendido la idea de que los periodistas que quieren informar son terroristas peligrosos Así que no ha dudado en ejecutar a numerosos profesionales. Supongo que trabajar como periodistas en medios de comunicación que silencian el genocidio de Gaza y degradan los derechos de Palestina provocará malestar entre los profesionales que han perdido a más de 210 compañeros asesinados. ¿Compañeros? Bueno, es un decir. Que la derecha y la extrema derecha capitalista estén defendiendo a Israel forma parte de la misma paradoja histórica que convierte hoy la vieja lucha democrática por la libertad de expresión en una estrategia para publicar bulos y degradar el valor de la democracia.

Las dinámicas sociales están claras, las manifiesta sin pudor una nueva dictadura de millonarios que quieren tener las manos libres para sus negocios y necesitan acabar con el prestigio de la prensa, la cultura, la justicia y la democracia. Pero, dentro de las dinámicas sociales, hay personas. Imagino el infierno que debe de suponer para una persona decente trabajar en un medio que está matando la dignidad del periodismo o que justifica el asesinato de periodistas. Más de 210 en Gaza. 

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) observa un "muy relevante defecto lógico" en el razonamiento de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, ya que se descartan alternativas porque no encajan con la hipótesis principal, algo que consideran que "no es compatible con un proceso penal garantista".

La UPF ha publicado este miércoles un comunicado que lleva por título "Las resoluciones judiciales no solo deben ser justas, tienen que parecerlo, despejando toda sombra de duda sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia y a las garantías del Estado de derecho".

Afirman que la presunción de inocencia debe preservarse como un pilar innegociable, especialmente en los casos difíciles, mediáticos o institucionalmente sensibles "porque cuando la presunción de inocencia se debilita para uno, se debilita para todos".

"Jueces y fiscales deben estar blindados legalmente no solo frente al crimen organizado y frente a la corrupción, también deben estarlo frente a la desinformación y frente a los bulos. La sociedad debe saber que quienes tienen la misión constitucional de defender la legalidad no pueden estar jamás maniatados ante la mentira, la manipulación o el ataque a las instituciones", subrayan.

Denuncian que la hipótesis principal que manejan los magistrados para fundamentar su fallo se valida porque se han descartado las alternativas. "Esto no es prueba. Esto es confirmación de una convicción previa por eliminación", destacan.

Según su análisis, "la hipótesis se prueba a sí misma" y "este tipo de razonamiento no es compatible con un proceso penal garantista" sino que "es propio de sistemas donde primero se decide y luego se construye el camino".

Lamentan que cuando una sentencia razona porque no hay explicación alternativa razonable, "en realidad está diciendo que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado", lo que implica una inversión encubierta de la carga de la prueba.

En este sentido, recuerdan que en un Estado de derecho solo puede condenarse cuando existe certeza más allá de toda duda razonable. "La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado. Afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable", lo que a su juicio supone un giro "constitucionalmente letal".

"Porque entre 'estar probado' y 'no existir alternativa convincente' media exactamente la presunción de inocencia. Ese espacio es el que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta", señala.

Denuncia, asimismo, la asimetría en la valoración de la prueba personal y el tratamiento del testimonio de la fiscal superior de Madrid frente al de los periodistas que declararon en el juicio, de manera que se otorga prevalencia a la versión más gravosa para el acusado.

Y advierte de que en este caso no solo se ve afectado el derecho de defensa del acusado, sino que se ve comprometida la propia arquitectura constitucional de la libertad de prensa.

Sobre el borrado de datos en el teléfono del fiscal, se da por probado el hecho técnico de que existió un borrado, pero no se prueba el contenido de lo borrado, ni su relación con los hechos investigados, ni se descarta de forma concluyente una explicación profesional razonable.

Pese a ello, la sentencia señala que el borrado lleva a la ocultación y esta a la conciencia de culpabilidad. "Ese salto es jurídicamente inaceptable", subrayan desde la UPF.

En cuanto a la emisión de la nota de prensa, recuerda que para la mayoría del Tribunal constituye un delito, mientras que, para las magistradas discrepantes, no solo no es delictiva, sino que es la única opción legal posible para preservar el prestigio institucional y frenar un bulo.

"Esta colisión no es solo doctrinal, es dramática para la arquitectura constitucional del Ministerio Fiscal. Un sistema no puede exigir al fiscal general del Estado que realice una actuación institucional que, bajo otra interpretación judicial igualmente legítima, pueda convertirse retroactivamente en un delito que acarrea inhabilitación", señala.

Y alertan de que esa grieta no afecta solo al acusado, sino toda la institución del Ministerio Fiscal, cuya actuación futura queda sometida a "un riesgo intolerable": que un acto de transparencia, de defensa institucional o de protección de la legalidad pueda ser reinterpretado penalmente a posteriori. "Ese dilema es inaceptable en una democracia constitucional". añade.

Se preguntan si cualquier ciudadano puede confiar en que, si un día se sienta ante un juez, el proceso será fiable, imparcial, con garantías plenas y sin atajos probatorios, porque "cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado".

"Cuando un proceso de máxima trascendencia constitucional deja en amplios sectores sociales una sensación de inquietud, rigidez, precipitación o apariencia de veredicto predeterminado, la confianza se resiente, incluso aunque la sentencia sea formalmente válida", advierten.

También se ha pronunciado este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha dicho que "las dudas que tenía se mantienen" y ha opinado que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado del PP Miguel Tellado, que ha calificado la sentencia del Supremo de "demoledora" y que, a su juicio, ha puesto al fiscal general del Estado en el sitio "de los delincuentes", "condenado, inhabilitado, fulminado" y ha reprochado que el presidente del Gobierno estuviera este martes en un acto de partido "atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado".

El ministro ha insistido en que respeta tanto el fallo como la sentencia del Supremo. "Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia", pero ha añadido que discrepa.

"Después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia", ha subrayado.

Bolaños ha respondido también a las críticas de la diputada del PP Cuca Gamarra, que ha denunciado que el Gobierno se sitúe por encima de los contrapesos, que reinterprete las sentencias, que reescriba las leyes a medida y que blinde a los suyos cuando tienen que rendir cuentas ante la Justicia.

"Un año prometiendo independencia judicial mientras maniobra para controlar la Justicia. Un año hablando de transparencia mientras gestiona la corrupción como un problema de comunicación y no de delitos. En definitiva, un ejercicio de absoluta regresión democrática", ha afirmado Gamarra.

El ministro ha reprochado que solo se pueda discrepar si los funcionarios inspectores de Hacienda persiguen al PP, si los fiscales persiguen al PP, o si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del PP, y le ha contestado que un ejercicio democrático es "parar la ola ultraderechista que ha engullido" a su partido.

"Ejercicio democrático es poner por delante la salud y la sanidad pública frente a los intereses empresariales de engordar el bolsillo, como hacen ustedes en comunidades donde gobiernan, como la Comunidad de Madrid", ha señalado Bolaños, que le ha dicho que el mayor riesgo para la democracia en España es que el PP sea "el siervo de Vox".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado la intervención de la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial ante "la sucesión de irregularidades institucionales" y las "graves anomalías" detectadas en el procedimiento contra el fiscal general del Estado.

En un comunicado, la UPF ha explicado que ha remitido este viernes una comunicación formal a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales" que se han producido en el procedimiento penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", argumentan.

Hablan de "anomalías que comprometen la independencia judicial", generan una "aparente falta de imparcialidad" y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho.

En su comunicación, advierten a la Relatora de comportamientos públicos "impropios" durante el juicio y la deliberación, como intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad, un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción, o vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores.

"Todo ello, más allá de la intención personal de los magistrados, erosiona la confianza de cualquier observador razonable", advierte la UPF.

Y sobre la decisión del Tribunal Supremo de anunciar un fallo condenatorio sin motivación durante semanas, subrayan que ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican.

"Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones", indican.

En la comunicación, describen los hechos que consideran incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial, como la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados, ya que los mismos magistrados participaron en la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave, y finalmente, el enjuiciamiento.

Consideran que este solapamiento "compromete la apariencia de imparcialidad" que exigen los principios básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura.

También denuncian medidas "extremadamente invasivas". En concreto, la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado que incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas.

Y lamentan que parte de la información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones.

Así, solicitan a la Relatora Especial que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial, que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso.

Aseguran que su intención "no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla" porque un Poder Judicial fuerte "es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad".

Y explican que han decidido acudir a las Naciones Unidas porque los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial" y la Relatora tiene el mandato de supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques a la independencia de fiscales y jueces.

"Acudir a este mecanismo internacional no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España", afirman.

La candidata a fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ya ha pasado los dos trámites necesarios para alcanzar su nombramiento. Tras la apreciación por unanimidad de su idoneidad por el Consejo General del Poder Judicial, este jueves ha comparecido para presentar su programa de actuación ante la Comisión de Justicia del Congreso, último trámite antes de su designación para el cargo. Peramato ha reconocido a todos los fiscales generales, pero especialmente a su antecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo con una sentencia cuyos argumentos se desconocen, porque, ha dicho, "ha hecho lo indecible por la modernización de la carrera fiscal". También se ha comprometido a contar con toda la plantilla de la Fiscalía "para sanar la profunda herida que la atraviesa", tras esa condena.

Como exige su posición de candidata a fiscala general del Estado, Peramato se ha negado a entrar en los detalles del proceso penal contra su predecesor en el cargo. Desde el principal partido de la oposición, el PP, se le ha exigido que se desvincule expresamente del que, hasta hace solo unos días, era su jefe. También se le ha pedido que defienda al Tribunal Supremo de las críticas que está recibiendo desde la institución y desde su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales, que ha cargado contra el fallo condenatorio anunciado hace ya dos semanas y también contra la tardanza en la redacción y notificación de la resolución con todos sus hechos probados y fundamentos jurídicos. Aunque no ha aterrizado todavía en su nuevo cargo, desde Vox han cargado contra ella como defensora "de la ideología de género".

La compareciente, sin embargo, tanto al inicio como al final de su intervención ante la comisión parlamentaria ha mostrado su reconocimiento "a todos los fiscales generales". "En particular a mi predecesor y todo su equipo por su inmenso esfuerzo y trabajo para mejorar y modernizar el Ministerio Fiscal". Sobre el daño a la institución infligido por el proceso y la condena del Supremo, Peramato ha asegurado que tratará de "sanar esa herida" con los 1.804 fiscales que forman parte de la plantilla. "Lo primero que haré será reunirme con todos y cada uno de los compañeros que trabajan en Fortuny [la sede de la fiscalía general] y después con los diferentes jefes para generar una actuación dinámica que nos haga sentir a todos como debe ser, con el prestigio que tiene el Ministerio Fiscal", ha señalado.

Peramato se ha referido también en su alocución a la ley de amnistía y ha defendido la posición favorable sobre la aplicación de esa norma que mantuvo García Ortiz en contra de los fiscales del procés. "Somos escrupulosos con el principio de separación de poderes", ha dicho la candidata a jefa del Ministerio Público. "Nuestra función es informar en los procedimientos de acuerdo a criterios jurídicos para garantizar la neutralidad política". Después, ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley "en términos generales" el pasado junio. También que, en dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles ante el Tribunal de Justicia de la UE, el abogado general ha defendido conclusiones que coinciden con la posición de la Fiscalía General del Estado. "Estamos pendientes de la sentencia", ha concluido.

La futura fiscala general, una de las mayores especialistas en violencia de género en España, se ha referido a la ley del solo sí es sí y a las rebajas de penas a agresores sexuales que se produjeron tras su aprobación. Peramato ha recordado que desde la Fiscalía General se redactó una circular basada en la propia doctrina del Tribunal Supremo para evitar esas rebajas de pena y las excarcelaciones que se produjeron. "Esa posición, muy sustentada, no fue atendida", ha relatado Peramato, una de las creadoras de ese texto. "El Supremo entendió que era aplicable otro criterio y ese es el que ha sido atendido una vez que se ha consolidado".

Al desgranar su programa, la candidata ha defendido el cambio del modelo procesal que supondrá la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, y que en lo esencial –que sea el fiscal el que investigue los delitos– ha sido defendida "por Gobiernos de distintos signos" desde 2011. También ha mostrado su apoyo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que conllevará la nueva ley para dotarlo de mayor autonomía, aunque ha criticado que no recoja la "autonomía presupuestaria" del cuerpo, que depende económicamente del Ministerio de Justicia. Por último ha cargado contra el negacionismo en violencia de género –"que pone en grave riesgo a las víctimas"– y frente al cambio climático, "una prioridad real" sobre la que "la evidencia científica es clara".

Por último, se ha mostrado dispuesta a "copiar" a la portavoz de ERC, Pilar Vallugera la idea de abandonar el término de "menores extranjeros no acompañados", tan manoseado por Vox y el resto de formaciones de derecha y ultraderecha, para cambiarlo por el de "niños y niñas solas", que considera "mucho más respetuoso".

Los dos, el fiscal general del Estado y Vlodimir Zelensky, han recibido su condena antes que su sentencia, y lo han hecho en unas circunstancias no tan lejanas como en principio se podría pensar.

El fiscal general del Estado ha sido condenado con fragmentos de injusticia obtenidos por descarte, más que por coherencia con lo que mostraba cada uno de ellos. Todos sobre la mesa, se han ido desechando unos y se han ido quedando con otros para formar una imagen que, no olvidemos, venía dibujada por una mentira. Al final, dentro de esa abstracción se ha creado una imagen que puede parecer justa, pero su consideración es más el resultado del descarte que del convencimiento. Esa situación es similar a lo que en medicina se denomina diagnóstico “ex juvantibus”, un diagnóstico que se alcanza por intuición a partir de cómo la sintomatología responde al tratamiento aplicado. No se sabe qué es lo que padece el enfermo, pero si responde bien al tratamiento, es decir, si esa medida terapéutica encaja en su cuadro, debe ser que era lo que se pensaba. En el caso de la medicina no queda más remedio que actuar de ese modo puesto que de no hacerlo la enfermedad avanzaría, pero en el caso de la justicia es muy delicado, puesto que las dudas deben ir a favor de “no hacer nada”, es decir, del reo, no de la condena.

Y no es algo extraño, aunque tampoco signifique que sea habitual. Como médico forense he visto, y sigo viendo, cómo en ocasiones, de todos los hechos que caracterizan una determinada acción criminal, la validez que se le da a unos y no a otros depende de criterios subjetivos con una mayor o menor carga de prejuicios, a partir de lo que antes del juicio se piensa que en verdad ha ocurrido. Solo hay que ver las dos sentencias, la de la Audiencia Provincial y la del TSJ de Cataluña, en el caso Alves. Los indicios y elementos de prueba son los mismos, pero el significado que se le da a cada uno de ellos es completamente distinto, tal y como explicamos en el artículo “El VAR del caso Alves”. 

Para ello solo basta aplicar fórmulas que la propia práctica jurídica aporta para que se pueda elegir una u otra opción. Es lo que ocurre cuando se dice “no ha sido lo suficientemente convincente”, ha tenido “alguna contradicción”, se “aprecian lagunas en el relato”, “hay variaciones respecto a lo anteriormente declarado”, “no coincide del todo con uno de los testigos”… Todo a partir de una idea de declaración o elementos perfectos que no se corresponde con la realidad de las vivencias de una misma persona y su integración en el tiempo, ni con lo que dos personas puedan expresar de unos mismos hechos.

No digo que siempre sea así, todo lo contrario, solo que puede suceder cuando existen razones que aumentan la duda, y entonces se van desechando elementos de prueba; o cuando se está convencido de la culpabilidad y se incorporan indicios por razones similares, pero en sentido contrario.

El problema es que en cualquier caso se produce una conclusión artificial basada en la percepción, no en la demostración de lo ocurrido.

Si un bulo termina en una condena del fiscal general de un Estado democrático, algo no funciona bien en dicho Estado. Y cuando ese bulo forma parte de una estrategia política con espóiler incluido (“Va pa´lante”), está claro que debe haber algo más que azar en ese final, quizás una inteligencia superior al resto, pero también caben muchas otras posibilidades.

Zelensky ha sido condenado por DJ Trump a una rendición injusta y cargada de indignidad a partir de trozos de injusticia que se han ido uniendo, primero Crimea, después el Donbass, más tarde Donetsk, y siempre los restos de edificios destruidos por las bombas rusas, para llegar a la conclusión de que es mejor la rendición que lo sucedido, como si la rendición no fuera una consecuencia más de la guerra.

Trump juega de nuevo con la trampa habitual de los conflictos bélicos iniciados por los poderosos, y recurre a la solución de dar a elegir “paz por territorios”, como si los territorios no formaran parte de la guerra, y como si esa paz no fuera también el trofeo que el propio agresor deja en manos del vencido, como una especie de premio de consolación. La paz no existe para quien es vencido por la injusticia, lo único que se consigue es una ausencia de ataques y de drones cargados de bombas sobrevolando las ciudades, pero en esas circunstancias nunca hay paz.

Y siempre que quede algo de duda sobre el significado de los hechos, cabe la pregunta del beneficio. ¿Qué interés personal puede tener el fiscal general del Estado en desmontar un bulo de alguien que lo lanza por interés político, no por el interés de un “ciudadano de a pie”? ¿Cuál es el interés personal de Zelensky en no ceder sus territorios invadidos? 

El interés de cada una de las partes en los procesos comentados refleja muy bien cuáles son los objetivos de los que acudieron a ellos y los provocaron.

Al final, lo que se observa es que “lo justo” es aquello que quienes tienen el poder de definir la realidad consideran que es justo.

Cuando por medio de injusticias impunes se consiguen resultados que benefician a quienes utilizan una estrategia ilícita, sea un bulo o una invasión caprichosa, no puede haber justicia sin abordar la causa original. Habrá un dictado del Derecho y un cese de la situación, pero eso es algo diferente, no justicia.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Así, alguna autoridad, cuyo reino no es de este mundo, llama al respeto a los tribunales tras la condena al fiscal general. García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal, amparado bajo no sabemos qué palio, reclama que el ejecutivo cumpla la Constitución, ¿Desconoce el artículo 124 de la CE, el fiscal lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno? ¿Cuál es su duda? Y también respetar lo señalado por los tribunales, en este caso el Supremo; los ciudadanos conocemos la sentencia, pero no los fundamentos, ¿exigen fe ciega? 

Todos los ciudadanos podemos y debemos ejercer el derecho a crítica de instituciones y políticos. Incluso las críticas que se hacen entre los tres pilares del Estado son legítimas, aunque puedan llevar a cierta tensión. 

Defiende la separación de poderes del Estado; nosotros sabemos que esos poderes del Estado emanan de los ciudadanos. Está recogida en los artículos 68, 99, 117 y 122. 

¿Desde qué norma ejercen otras instituciones la crítica? ¿Desde la norma constitucional de todos o desde la suya propia? La libertad de culto se respeta en la Constitución, pero ninguna confesión tiene carácter estatal; algunos políticos lo pretenden. Esas instituciones, cuyo reino no es de este mundo (Juan 18:36), no dijeron ni pío cuando la ley Aznar de inmatriculaciones. A la chita callando lograron un emporio inmobiliario, como la Mezquita de Córdoba y ermitas de algún pueblo. Como escribió Quevedo: “A los paganos te llegas, a los quitanos te vas”.

Están a lo suyo; siquiera a sus líderes hacen caso. El Vaticano apartó al obispo de Cádiz de su cargo, el 21 de noviembre; tres días después, el arzobispo de Oviedo apela a la presunción de inocencia. Veamos, en el caso del fiscal se pide respetar la resolución de los jueces; en el caso del obispo gaditano se pide respeto porque es un asunto en investigación. ¿Alguna palabra para la víctima?... ¿Y para la ciudadanía?

El 21 de noviembre, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, destacó el papel de algunos políticos de la Transición, como Suárez y Fernández Miranda. Y resaltó el protagonismo del emérito Juan Carlos I. ¿Han leído, al menos, el avance de sus memorias en la prensa y su blanqueamiento de Franco, único político que salió bajo palio? ¿Olvidó Magán al verdadero protagonista del advenimiento de la democracia: el pueblo?

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Mariano de la Puente es socio de infoLibre.

Vivimos tiempos de agitación informativa marcada por un vertiginoso entorno político que, en ocasiones, impide tener perspectiva a la hora de analizar la realidad, a pesar de lo cual, desde este diario intentamos conseguirlo. Esta semana, se han entregado un año más los Premios infoLibre. Jesús Maraña, nuestro director editorial, afirma con orgullo de estos galardones que “en los cinco años que llevamos con ellos ya forman parte de nuestro proyecto periodístico y cívico”. “Privilegian el hecho de ser parte de infoLibre, por ser parte de lo mejor de la sociedad civil”. Y es que la aspiración de este proyecto “no solo es informar y analizar, sino compartir unos principios, objetivos y una forma de entender el mundo”.  

“No se sale fácilmente de dos hachazos como la entrada de Ábalos en prisión después del paso por la cárcel de Santos Cerdán. Es lo peor que le ha ocurrido al PSOE en muchísimos años, probablemente desde la última etapa de Felipe González. Son casos que, aunque aún no están juzgados, presentan suficientes indicios como para preocuparse mucho desde las filas del PSOE. ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué no se pudo detectar? ¿Qué responsabilidad política hay por arriba? Yo creo que la gente castiga la corrupción. No es verdad que pase gratuitamente. Pero creo que, sobre todo, penaliza la mala gestión de la corrupción o el engaño político sobre la corrupción. Por ahora no ha habido signos de financiación irregular en el partido, lo cual llevaría el asunto a otro estadio diferente. De modo que lo importante en estos casos es asumir responsabilidades. Ojalá alguna vez conociéramos un caso de corrupción política que fuera denunciado por el propio partido político que lo sufre. Al final se destapan desde fuera y eso es malo en general para la política. Pero me parece importante destacar y diferenciar cómo se gestiona cada caso de corrupción en cada partido político, porque si no acabamos regalando a los populismos y a la extrema derecha ese mensaje letal de que todos son iguales”. 

“El gobierno de coalición está en una debilidad parlamentaria desde 2018, desde el principio. Cuesta a veces explicar que los tiempos de las mayorías absolutas pertenecen ya a otra época. A pesar de ello, se han aprobado muchísimas leyes, en lo que va de legislatura cuarenta y ocho. Creo que el Gobierno tiene derecho a intentar seguir adelante, por un motivo. Se puede funcionar en esta coyuntura tan especial sin presupuestos porque los últimos que se aprobaron eran muy expansivos y segundo, porque hay una serie de fondos europeos muy importantes que van a llegar y, por lo tanto, se pueden y se deben gestionar. Después del anuncio de bloqueo de Junts, esta formación ha permitido aprobar leyes como la Ley de Movilidad Sostenible. No es obligado ir a elecciones anticipadas como pide el Partido Popular. Lo ha hecho tantas veces, desde el día siguiente a la moción de censura de 2018, estando todavía Pablo Casado, con o sin motivos, que cuando llega quizás el momento en que puede tener solidez esa petición, la ha perdido a base de anunciar lo que no tenía ningún sentido antes. Por supuesto que es débil la situación del Gobierno, pero ningún presidente convoca elecciones en una situación que considere perjudicial para su partido. Nunca ha ocurrido”.

“El liderazgo de Feijóo tiene un vicio de origen, que es cuando vino de Galicia y en una sola noche los barones, principalmente por la presión de Isabel Díaz Ayuso, ejecutaron a Pablo Casado y lo nombraron presidente con la promesa o la seguridad de que en unos meses sería presidente del Gobierno. Esto creo que ha hipotecado de alguna manera su liderazgo, por más que haya hecho algún intento de distanciarse de Ayuso. Pero es que sigue en esa pinza que forman, por un lado Ayuso desde dentro y por otra Abascal desde fuera del PP. Su mayor error, a mi juicio, ha sido no tener un proyecto claro ni de partido ni de país. Nunca ha terminado de percibirse una apuesta propia que lo diferenciara de la extrema derecha. En las elecciones del 23 de julio de 2023 se vio claramente que eso fue un factor definitivo para no ganar la mayoría de gobierno. Algunas de las principales encuestas aseguraban su victoria y perdió entre otras cosas porque se vio que estaba en manos de Vox, pactando con ellos. No solo no ha salido de ese agujero negro sino que ahora asume que solo va a gobernar del brazo de Abascal. De hecho, por primera vez ya hemos visto cómo se reunía en Génova con Abascal, con Aznar como intermediario, para negociar distintas situaciones en distintas comunidades autónomas, cediendo el PP en todo momento a las exigencias de Vox, como está ocurriendo en València”. 

“Los partidos siempre confían en que cuanta más distancia temporal haya de los graves casos de gestión, corrupción o desgaste del tipo que sea de una cita electoral menos factura les va a pasar. En el caso de del PP y de la gestión de desastres como fueron desde las residencias en Madrid en lo peor del Covid a la dana en València o los incendios de este último verano o los cribados en Andalucía, a mi juicio tienen un punto en común que puede calar en la psique electoral. Durante décadas la derecha siempre consiguió pasar por ser la gran especialista en gestionar. Parecía que la izquierda siempre se encarga de distribuir y la derecha presumía de gestionar las cosas, poner orden, rigor. Una inclinación a lo tecnocrático por encima de los principios. Toda esa serie de gestiones desastrosas y de enormes mentiras, pero sobre todo de demostraciones de ineptitud, desmontan ese mito. La derecha en este país en los últimos años ha demostrado que no es eficaz ni ha sabido gestionar con el mínimo rigor y responsabilidad esas catástrofes, que han costado además centenares de vidas”. 

“El auge de Vox creo que se debe a distintos factores. Uno, lo que me parece un error estratégico del PP, que ha sido intentar competir con Vox empleando su mismo discurso, asumiendo posiciones que no son las de una derecha democrática en Europa sobre temas como la inmigración, la lucha contra la violencia de género o la realidad de la crisis climática. Ese factor está muy estudiado y se ha convertido casi en un tópico, que la gente, entre la copia y el original, apuesta normalmente por el original, en este caso, Vox. El segundo factor es más complejo. Vox aprovecha y utiliza el componente de rebeldía que hay en distintos sectores de la población, muy variados. Gente molesta o defraudada por problemas complejos a los que no se terminan de encontrar soluciones. El problema de la vivienda, el problema de los precios, el problema de la competencia por las labores más precarias en la sociedad. Por eso calan discursos como la antiinmigración, convenciendo a la gente de que hay una pelea ya del último y el penúltimo. La extrema derecha en todo el mundo, empezando por el trumpismo, se basa en esas palancas para conseguir apoyos”. 

“Aquí tiene además un componente castizo, muy antidemocrático, el antisanchismo y la siembra de odio hacia todo lo que significa el gobierno de la izquierda. El PP ha ido cayendo en esa telaraña, si es que alguna vez había escapado de ella. Esa deslegitimación viene desde los tiempos de Zapatero. Abascal se echa a dormir y no abre la boca. Mientras el PP actúe así, le va a ayudar y por eso creo que está eufórico. Aprovechan, además, el populismo y la demagogia muy preocupante, por ejemplo, sobre la memoria democrática. Está instalando en capas jóvenes un discurso falaz y muy peligroso que justifica la dictadura frente a la democracia. Tenemos mucha tarea para combatir esos discursos”. 

“Los precios de la vivienda y del alquiler afectan especialmente a las generaciones más jóvenes, que tienen un bloqueo de futuro. Una barrera y una imposibilidad de independizarse, de tener un proyecto propio. Es complejo de abordar, y las competencias transferidas a nivel autonómico dificultan el aportar soluciones. El PP gobierna en once comunidades autónomas y decide ir en contra de cualquier norma o ley, sea sobre lo que sea. Propuestas como el tope de precios al alquiler en zonas tensionadas, en Barcelona, ciudades del País Vasco o algunas de Galicia ayudan a contener los precios. Sobre todo, si la administración avala el que ningún arrendador tenga el peligro de no recibir el alquiler. Pero, claro, asistimos como siempre a esa voracidad especulativa que tienen los mercaderes, en este caso los mercaderes de la vivienda. Son grandes grupos de inversión, fondos buitre, grandes entidades que tienen un patrimonio inmobiliario y quieren gestionarlo con la máxima rentabilidad. Hay un nuevo plan estatal de la vivienda y tiene componentes que ningún experto discute; este país necesita multiplicar el parque público de vivienda y el parque de vivienda asequible. Hay que exigir responsabilidades a todo el mundo, pero tener muy claro también quién intenta aportar soluciones y quién bloquea cualquier tipo de solución, porque en eso consiste también la elección democrática y la gestión política”.

“En los ya quizás demasiados años que llevo en el oficio no recuerdo un caso judicial tan anómalo. Hemos visto decisiones del instructor totalmente insólitas, como un registro general de la sede de la Fiscalía, como si se tratara de desmantelar la cúpula de un grupo de narcos, sin pruebas de culpabilidad. Esto es muy serio. La justicia se está desgastando a sí misma, se está disparando en el pie, si no más arriba, con decisiones que no se basan en datos y argumentos sólidos para llegar a algo tan serio como juzgar a un Fiscal General del Estado. Hemos asistido a un juicio oral de nuevo sin prueba sólida de culpabilidad y, sin embargo, hemos escuchado testimonios múltiples que aportaban pruebas de su inocencia. Y luego se emite un fallo con cinco votos a favor de la condena y dos en contra sin conocerse la sentencia. En cuanto se produjo ese fallo, el ex fiscal general dejó su puesto. Es lamentable. Entre otras cosas siembra un precedente muy grave y es que, si se produce una denuncia y una instancia judicial la asume, prácticamente cualquier institución democrática está en riesgo. Y no olvidemos que en el origen de todo esto está el fraude fiscal confesado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. 

“Creo que ha sido acertada la reacción rápida de nombramiento de una sucesora del ex fiscal general. Teresa Peramato tiene un perfil indiscutible desde el punto de vista técnico, jurídico, de experiencia en la protección de derechos, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género. Es decir, es un perfil tan indiscutible que incluso hemos visto cómo desde la oposición ha costado encontrar el modo de criticar ese nombramiento y poner en discusión ese perfil, hasta el punto de que al final lo que han dicho es que el problema no es la Fiscalía General del Estado, sino el presidente del Gobierno. Creo que eso lo dice todo”.

“Hemos comentado muchas veces en este espacio los momentos críticos que atraviesa, no ya el periodismo, sino el derecho de la ciudadanía a una información veraz. Un derecho constitucional. Está en peligro en todas partes. Estamos asistiendo a un tsunami de desinformación, de bulos, de estrategias de distorsión de la realidad que alteran la percepción de la gente a la hora de tomar decisiones, de entender lo que pasa en el mundo y de tomar posiciones. Es un ataque a la democracia sin precedentes, con un uso de la tecnología más actual, ahora ya de la inteligencia artificial, que hace muy difícil y compleja la respuesta. Por eso es cada vez más importante intentar trasladar a la gente que sin una información que permita tener un pensamiento propio y un pensamiento crítico se pierden los derechos democráticos”.  

“Quiero advertir de algo que está ya aquí, no es una amenaza que vendrá. El uso de la inteligencia artificial para el mal. Tiene muchísimos usos revolucionarios para el bien en un montón de facetas, también en la de la información, pero el uso para el mal está haciendo caer de manera abismal las audiencias, el tráfico de todos los medios. Desde los grandes buscadores, fundamentalmente Google, a través de la inteligencia artificial van desapareciendo los enlaces a los medios que han sido y siguen siendo fuentes de información. Se ponen al mismo nivel que fuentes faltas de rigor, influencers o inventores de bulos. Hemos publicado en infoLibre datos de filtros que se han ido utilizando durante un año para comprobar el nivel de certeza o de rigor de la información que llega por un montón de plataformas de inteligencia artificial y el índice o el porcentaje de errores o bulos ha crecido del 17% de hace un año al 38% este. Lo dicen todos los análisis que se están haciendo en todo el mundo sobre esto; puede ser la puntilla para el periodismo tal y como lo conocemos. Y quiero dar también un mensaje de esperanza. Podemos estar orgullosos en infoLibre de que no estuvimos equivocados a la hora de concebir el proyecto, un medio que no depende tanto de los grandes buscadores, sino de una comunidad estable de socios. Al tener menos dependencia de todas esas herramientas globales, tiene más posibilidades de sostenerse, de resistir y de continuar haciendo periodismo. 

“Incluso desde los grandes medios se está haciendo el análisis de que lo importante es tener una comunidad que arrope a un medio, que confíe en él y que permita seguir creciendo. No necesitamos, aunque nos gustaría tenerlas, audiencias súper millonarias. Una cosa es tener millones de lectores y otra cosa es que el perfil de esos lectores responda a lo que es el interés de ciudadanos bien informados sobre temas esenciales y sensibles. Bueno, hay esperanza. Se está haciendo muy buen periodismo en esta situación que vivimos. Se está combatiendo de distintas maneras la desinformación y los bulos y creo que debemos apelar a que la gente se implique y participe cada vez más en proyectos periodísticos. De esa complicidad va a depender que sigan existiendo herramientas informativas para que podamos debatir con unos mínimos criterios basados en la realidad y no en los intereses crematísticos puros y duros de gente con poder”.

“Es importante que ese tramposo plan de paz que se vendió para Gaza al menos haya significado una reducción del genocidio al que veníamos asistiendo. Pero eso no quiere decir que haya acabado la invasión de Gaza, los crímenes casi diarios, los atropellos a esa falsa tregua. El pueblo palestino sigue sufriendo. El premio principal infoLibre de este año se lo hemos dado a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) porque precisamente creemos que hay que mantener el foco puesto ahí para que no se caiga en el olvido del sufrimiento y del atropello a todos los derechos del pueblo palestino, empezando por la propia vida. Si hay una organización que sigue allí, que sigue intentando ayudar, que sigue salvando vidas, etcétera, es la organización de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Debemos mantener el foco y dar voz constantemente a la gente que sigue allí y que sigue intentando ayudar en lo posible y en la denuncia de los responsables de la hecatombe humana que se ha producido allí. Los responsables siguen siendo responsables, por mucho que Trump esté intentando blanquearlo y la comunidad internacional no sea capaz de hacer lo suficiente para que eso no se permita”.

Otra cosa que no entiendo, le llaman fallo porque dicen que la sentencia no está escrita y de alguna manera tenían que llamar a esta información que era tan urgente hacer pública en fecha tan señalada, resulta que ese pueblo soberano e ignorante de los vericuetos judiciales, pero que paga religiosamente los sueldos de tan letrados magistrados del Tribunal Supremo, entiende la palabra fallo con otra acepción, ¿Será un fallo y cuando llegue la sentencia todo se aclarará?

Es curioso, tenían prisa para anunciar que van a condenar al fiscal general del Estado, pero tienen menos prisa en explicarnos por qué y mucha menos prisa en juzgar al defraudador confeso.

También es curioso para los ignorantes ciudadanos que pagamos sus sueldos, que algo tan objetivo e independiente como es la interpretación de las leyes, no dé resultados por unanimidad y que ya sepamos que el tribunal está dividido, curiosamente en conservadores y progresistas, como pasa con el poder legislativo. ¿Estará politizada la justicia? Eso no es posible, los jueces lo han demostrado siempre luchando por la división de poderes, incluso se han manifestado con sus puñetas contra alguna ley que todavía no estaba escrita.

Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que el resultado final suele aparecer al final de las operaciones matemáticas o en la argumentación lógica, donde primero se evidencian las premisas y de ellas surge la tesis o conclusión. Se ve que en la ciencia jurídica esto es al contrario: primero decimos lo que queremos decir y luego, si eso, ya lo demostraremos.

Algunos malvados periodistas o tertulianos, incluido al menos un magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado, hablan de golpe de Estado judicial, golpe blando, golpe togado, pero eso es imposible, los conservadores españoles nunca han dado ni darían un golpe de Estado, aunque alguien les invitara con aquello de “el que pueda hacer que haga”.

El hecho de que se haya condenado al fiscal general del Estado, ¿tendrá algo que ver con que cierto defraudador confeso pueda utilizar este “fallo” para solicitar la nulidad de su procedimiento judicial e irse de rositas? Seguro que no, que eso son cosas de mi mente calenturienta, claro que me acuerdo de alguien que cuestionó la honorabilidad del hermano de la novia del defraudador confeso y lo echaron de presidente del PP (al denunciante, no al inmoral). Y me acuerdo de cierto juez estrella que investigó ciertas corruptelas del mismo PP, la Gürtel, y resultó que fue el primer condenado... ¡Coño!, si pienso esas cosas mejor dejo de escribir, que me la cargo.

¿Qué van a hacer los ínclitos afinadores por la puerta trasera con los malvados periodistas que han sostenido bajo juramento que el fiscal general del Estado era inocente? ¿Los van a procesar por perjurio o como se llame el delito que seguro han cometido?

Y digo yo, estos ilustrados juristas no sentirán vergüenza cuando sus colegas del Tribunal Constitucional o de los tribunales europeos les recuerden aquello de que en democracia quien acusa debe demostrar la culpabilidad y no que el acusado deba demostrar su inocencia, y que está muy feo acusar y condenar sin pruebas.

Nos vemos en el siguiente capítulo de este culebrón, más propio de una república bananera que de una moderna y muy moderna monarquía borbónica.

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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre.

Cuando se publique la sentencia (para seguir con mis pronósticos, el lunes, martes o miércoles) los juristas hablarán y debatirán sobre el contenido y los efectos del art. 417.1 con el que el TS ha condenado a García Ortiz y tendrán que acudir necesariamente a su relación con el apartado del art. 417.2, que el Supremo –consciente o inconscientemente– ha dejado al margen. En este número dos se trata de la revelación de un secreto de un particular, como es González Amador. Puede que así la sentencia deje en el aire muchas dudas sin resolver. Este es el texto que fundamentará la sentencia, pero la sentencia se pronuncia en un contexto mucho más amplio y viscoso.

La admisión de la querella por cinco magistrados de los siete que han presidido el Tribunal es, a mi entender, la primera y gran lesión del derecho constitucional  de cualquier justiciable, pero agravado en este caso, a un tribunal imparcial. Por lo tanto, han contaminado todo el procedimiento y tiene que ser la gran baza de García Ortiz para acudir al Tribunal Constitucional. La Sala de Admisión ha contaminado la instrucción del Juez Hurtado, independientemente de que la Sala de enjuiciamiento con la sentencia también querrá respaldar a su compañero (no se dirá, claro), ha contaminado a la Sala de Apelación, cuando rechazó el último recurso de García Ortiz y dio vía libre para el juicio y han sido esos cinco magistrados y solo ellos los que han votado a favor de la condena. Si luego el fiscal general del Estado no tiene acceso a un recurso de apelación… Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

Y todavía hay un contexto más amplio, dentro de esta época líquida que afecta al mundo y a España. La época es de involución y retroceso, de vuelta a épocas que se añoran y de relaciones personales y familiares menos sólidas en las que algunas políticas aventuradas se han enjuiciado con un rigor desmesurado. El juicio al procés, los indultos, la amnistía, en cuyos procedimientos García Ortiz ha mantenido una postura diferente al Tribunal Supremo, a los jueces en general y a sus propios compañeros fiscales, han influido en este resultado final que analizo.

En los tiempos cambiantes en que los jueces se han manifestado y declarado frente a estas iniciativas del Gobierno y del Congreso con total impunidad, porque de su huelga no se les ha retraído un duro, los miembros del Tribunal Supremo también son humanos y tienen sus propias querencias. No entienden de diplomacia. La animadversión que habían cogido a García Ortiz no podía resolverse de otra manera. Su objetivo primero y único fue que dimitiera y, como no lo hizo voluntariamente, por razón de Estado tenían que obligarle. No les interesaba condenarle a cárcel. Si la inhabilitación ha levantado polvareda, la condena a cárcel hubiera formado un huracán. ¿Se imaginan a Marchena, el perejil de todas las salsas o a Martínez Arrieta dándole la mano en un acto institucional? Imposible.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado. Lo hace el día de la lucha contra la violencia de género, después de que Álvaro García Ortiz haya renunciado a su cargo. El nombramiento de Peramato es un chute de optimismo democrático, después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que condenó al anterior FGE por revelación de datos reservados. Su propuesta, pendiente de la valoración del CGPJ y del Congreso, nos indica que el sistema democrático español, a pesar de sus anomalías, funciona. El nombramiento de Peramato ha sido un gesto inteligente, astuto, brillante. La próxima FGE ha ocupado el cargo de Fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. El gobierno ha jugado bien la carta contra el desencanto.

El último fallo del TS volvió a poner en evidencia la ominosa influencia del magistrado Manuel Marchena en la vida política española. El Napoleón del Poder Judicial es lo suficientemente perverso como para sacar a Álvaro García Ortiz de la Fiscalía por un delito menor, que nada tiene que ver con la revelación de secretos, lo que viene a significar que el juez tampoco pretendía meterlo en la cárcel, sino tan solo expulsarlo de la Fiscalía General y dar un golpe de mando. 

El anuncio de la condena sin haber dado a conocer antes los argumentos de la sentencia no se compadece con el proceso que la ciudadanía pudo observar en diferido, pero ha servido para evidenciar cómo funcionan los engranajes de la justicia española, emitiendo un aviso para navegantes. Marchena es capaz de meter a los líderes del procés en el trullo y es también capaz de tumbar a todo un fiscal general del Estado. El Poder Judicial se siente lo suficientemente fuerte como para tener a un país cogido por el puño. Ahora conviene observar cuál ha sido la reacción de ese país.

El pasado domingo, centenares de personas tomaron improvisadamente el parque de la Villa de París tras saber que Álvaro García Ortiz había sido ajusticiado. Ante la puerta principal del Supremo, gritaron ante un Estado de Derecho amenazado, principalmente, por su máximo garante, el Capitán Marchena. No es la primera vez que el pueblo se organiza, excitado por una sentencia injusta. Conviene recordar la condena de La Manada que puso al feminismo español a prueba. El castigo leve a los violadores de La Manada propició una reforma legislativa, un cambio en el ordenamiento y un calambrazo al movimiento feminista que tomó las calles y logró que en la Corte de los Leones se aprobara la ley del sólo sí es sí, con el espaldarazo de Irene Montero y el ministro de Justicia socialista Campos, hoy en el el TC. Como afirmó la propia Peramato, “la ley del sólo sí es sí es buena, nos da muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas”.

Las mujeres crearon un momentum político que tuvo su reflejo jurídico en la aprobación de una ley y en la jurisprudencia del TS. Fue un cambio de rasante en la política de igualdad que ha fortalecido nuestro sistema de derechos. Hoy nadie cuestiona esa ley, salvo PP y Vox. Unos cuantos años después, la misma reacción ante un fallo del Supremo podría volver a producirse, si no fuera porque la guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no han impactado en la opinión pública con la misma intensidad que entonces. Se diría que la acción de Marchena sólo beneficia técnicamente a Vox sin lograr que el PP crezca electoralmente ni tampoco condicione la acción del Gobierno que ha decidido que Peramato, escuela Dolores García, ocupe la vacante de García Ortiz. 

De momento, La Manada y el fallo del TS han provocado reacciones distintas entre los españoles. La Manada tensaba el instinto humano. En cambio, la condena del FGE nos remite al asesinato de Montesquieu, es de orden más estructural. Nos invita a desconfiar en la justicia y a pensar que España se parece un poco más a la Italia de los 70, a esa en la que Alberto González Amador habría sido un ciudadano libre de toda sospecha. Efectivamente, la condena a Álvaro García Ortiz moviliza a la izquierda del 68, a la de la Transición, a un votante veterano y maduro. Probablemente, trata de evitar la sensación de hundimiento y desencanto. En Ferraz deberían estar atentos a este cruce de caminos. Quizá no están sabiendo mover a su electorado joven correctamente, quizá RTVE sigue sin ser suficiente.

El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Catalunya confirma a PSC y ERC como principales fuerzas políticas. Los partidos de la plurinacionalidad se sitúan muy por encima del 50%. La amnistía no sólo ha recosido las heridas de la convivencia. También ha dado estabilidad a los partidos de la izquierda, cuando en el resto de España se viven días de futuro terror, acelerados tras la condena del fiscal general del Estado, merced al puño de Marchena. En realidad, el CEO nos confirma que lo que sucede en el Madrid D.F. se parece mucho a lo que está pasando en Catalunya. El sondeo que dirige Joan Rodríguez ha vuelto a subrayar el ascenso creciente de Aliança Catalana y la crisis profunda en la que se encuentra Junts. La derecha fractal catalana replica los mismos síntomas de debilidad del PP y perfila la fuerza del 20% de Vox. Los de Silvia Orriols serían primer partido en Gerona y Lleida y se harían con 18-20 diputados en el Parlament, al tiempo que los de Carles Puigdemont perderían 15 escaños. Aliança Catalana ha dejado de ser una anomalía democrática y ya estaría en condiciones de arrebatarle a Junts la tercera posición en el arco parlamentario, convertida en un trombo que obstruye la acción parlamentaria de Pedro Sánchez en la Corte de los Leones. El mejor anticoagulante para disolver a Junts viene siendo el TJUE. Atentos al fallo que puede autorizar la aplicación íntegra de la amnistía. El TJUE no tardará mucho en reconocer la libertad de Puigdemont. Se acerca otro momento político: “Ciutadans de Catalunya: ya sóc aquí”.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha celebrado este martes la propuesta de Teresa Peramato como fiscala general del Estado y ha destacado su acreditada solvencia técnica y trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales, según informa EFE.

En un comunicado, la UPF, asociación que Peramato presidió entre 2019 y 2021, destaca su dilatada carrera y asegura que se trata de una profesional ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal.

"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", subraya.

Esta asociación reconoce que la carrera fiscal vive "momentos delicados" que exigen "autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública".

"Teresa Peramato encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes de esta carrera para ser una magnífica Fiscal General del Estado", afirma.

La UPF destaca de manera especial su compromiso con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género, y subraya que su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible "frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad". 

Como fiscala de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y, más recientemente, como Fiscal de Sala Delegada para la Protección de las Víctimas, "ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo".

"Confiamos en que su experiencia como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, unida a su profundo conocimiento del trabajo cotidiano de los fiscales en todo el territorio, contribuirá a fortalecer una Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho", señala.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), Miguel Pallares, ha señalado en declaraciones a EFE que Peramato tiene un perfil muy parecido a Álvaro García Ortiz. "No nos ha sorprendido".

Sumar ha celebrado este martes la propuesta como nueva fiscala general del Estado de Teresa Peramato, una fiscala "de probada solvencia, comprometida con el feminismo y la igualdad" que llega después de la condena "injusta" a Álvaro García Ortiz, según han afirmado fuentes de la formación.

Han resaltado la necesidad de continuar "la democratizacion de las instituciones judiciales" cuando, han recordado, aún no se conoce la sentencia del Supremo por la que se ha condenado a García Ortiz.

Además, han criticado al PP por poner en marcha "una estrategia de desestabilización de las instituciones del Estado" para "garantizar la impunidad" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que se refieren como "un delincuente" que "se ha enriquecido ilegalmente en medio de la angustia y dolor de toda la sociedad durante la pandemia".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que Teresa Peramato "es una persona absolutamente idónea" para encabezar la Fiscalía General del Estado y llevar a cabo los "retos" que tiene por delante la institución. 

El ministro ha elogiado el "compromiso feminista y la vocación de servicio público" de Teresa Peramato, una persona -ha dicho- que trabajará para seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal y los medios materiales y humanos para cumplir su labor: "Perseguir el delito y cumplir la ley". 

Ese es uno de los retos que tendrá por delante Peramato en un momento en que el Gobierno ha impulsado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende dar la instrucción de los casos penales a los fiscales.