La condena del fiscal general activa en la izquierda el riesgo de una fractura democrática

Estupor y enfado, de un lado. Celebración y júbilo, del otro. La división se hizo evidente en las redes sociales en España en las horas que siguieron al anuncio de que cinco de los siete jueces del Supremo —todos conservadores y en su mayor parte con historiales de pronunciamientos favorables a la derecha— habían decidido condenar e inhabilitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de "datos reservados".

La frustración del progresismo se hizo evidente: durante el juicio quedó bastante claro que no había elementos suficientes para condenarle. Así que el fallo fue recibido como la confirmación definitiva de la existencia de una guerra judicial contra el Gobierno impulsada, cuando no construida, desde PP y Vox. A veces con llamamientos tan explícitos como el que protagonizó José María Aznar instando a que “el que pueda hacer, que haga”.

Una percepción animada, además, por el hecho de que el Tribunal no ha hecho público el razonamiento que le ha llevado a poner fin a la carrera de García Ortiz al frente de la Fiscalía y que muchas voces no han dudado en calificar de “golpe blando”.

La cuestión, en todo caso, ya no gira en torno a la ausencia o existencia de pruebas sólidas. La falta de evidencias para condenar a Álvaro García Ortiz ha sido percibida por una buena parte de la ciudadanía progresista. Y eso tiene un potencial enorme para alimentar la sensación de fractura democrática en las filas de una izquierda que históricamente ha vinculado su compromiso político a la confianza en el Estado de derecho y en la imparcialidad institucional.

Si la izquierda interpreta que el fiscal general ha sido condenado sin fundamento probatorio claro, la lectura inmediata es la confirmación de que el aparato judicial puede usarse como arma política. Eso activa un marco mental muy corrosivo: “Si pueden hacer esto a una figura institucional, ¿qué no podrán hacer al resto?”.

Más allá de que se pueda demostrar que el sistema está roto, lo cierto es que basta con lo ocurrido para generar la percepción de que las reglas se aplican de forma selectiva. Es un sentimiento que se instala rápido, porque encaja con una narrativa ya presente en parte de la izquierda: la idea de que existe un poder judicial poco permeable a los cambios sociales y políticamente alineado con posiciones conservadoras.

El problema es lo que pase a continuación. En redes sociales se ventilaron tres reacciones posibles: el desapego y la desilusión, que pueden inhibir la participación electoral a partir de la creencia de que todo está perdido porque el sistema está adulterado; los que pedían salir a la calle a protestar (han llegado a concretarse algunas convocatorias) y, en tercer lugar, quienes hacían llamamientos a responder a la derecha judicial con una gran movilización en las urnas a favor de la izquierda.

Conciencia del riesgo

El Gobierno parece ser consciente del riesgo de desafección. En plena sacudida por la decisión del Supremo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una declaración sin preguntas, apeló directamente a este grupo de personas. “Quiero trasladar una reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”.

El Ejecutivo no puede permitirse el lujo de que el descreimiento institucional desmovilice a la izquierda. Hay miedo a que una parte del electorado concluya que el juego está amañado y se imponga el derrotismo: “Da igual lo que votemos, ellos seguirán mandando”.

El problema para la izquierda es que se genere un círculo vicioso: “Si el Supremo actúa así, el problema no es este caso, es todo el entramado institucional”. Un pensamiento que alimente el cinismo político y puede derivar directamente en la abstención, lo que beneficia automáticamente a las fuerzas conservadoras, que basan parte de su fuerza en una movilización electoral más estable.

Pilar Mera, profesora del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED, no titubea a la hora de describir el daño producido: “La sentencia, sin ninguna duda, hace un flaco favor a la confianza en las instituciones”. Desde que se anunció, ella misma ha escuchado “a gente bastante razonable y poco sospechosa de ser muy activista” hablar de “golpe judicial”.

Eso demuestra “una percepción clara de que hay una condena sin pruebas” y “una decisión política”, así que “es muy difícil no hablar de desconfianza”. “Simbólicamente”, lo ocurrido “es demoledor”. Así que resulta “muy difícil mantener un relato de calidad institucional y de separación de la justicia de la política”.

Toni Aira, profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM y autor del reciente Mitólogos (Debate, 2025), cree que la opinión pública interpreta la sentencia del Supremo “no como un fallo de la justicia, sino como un fallo de un tribunal politizado”. Lo que va a sumar nuevos grupos sociales a los que ya hace tiempo que creen en la parcialidad de la justicia, como los que desde Podemos y sectores afines, y desde el soberanismo catalán, perdieron en su día toda confianza en la independencia de unos jueces a los que identifican “más como un brazo justiciero en clave de facción política que no en clave de administración de la justicia”.

El fallo judicial, concede Aira, va a alimentar inevitablemente el relato antisanchista, construido durante años por la derecha. De ahí que Alberto Núñez Feijóo haya corrido a pedir la cabeza de Pedro Sánchez, antes de que se le adelantasen Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal. El escándalo del que habla el líder del PP obvia, en realidad, el origen del asunto y hace que mucha gente piense en “un escarmiento” contra quien “osa meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“Escarmiento”

“Es verdad que esto, sin duda, erosiona a quienes están sometidos al escarmiento más que a la justicia, porque para eso se hace. A muchos les va a sonar aquello de que ‘quien pueda hacer, que haga’, que dijo Aznar. Mucha gente puede temer eso: la idea de que si estás en según qué bloque, hay mecanismos y resortes del Estado que no van a parar hasta acabar contigo”.

Lo que no tiene claro Aira es si lo ocurrido desmovilizará o tendrá el efecto contrario. Tiende, no obstante, a pensar en lo primero, porque la “reacción al ataque no acostumbra a mover a la gente en masa. Se necesita dar una expectativa también de superación de un escenario” y “ahí es donde le falta una parte de construcción de relato a la izquierda”.

“Yo creo que hoy media España está enfadada y la otra media lo celebra”, confirma Cristina Monge, politóloga, especialista en calidad democrática y colaboradora de infoLibre.

“Hay una lectura muy diferente según el posicionamiento ideológico de cada cual, aunque tampoco tengo muy claro que esto esté llegando al conjunto de la ciudadanía de una manera nítida. Hay que ser muy cautos para medir hasta dónde llega este tema o si se queda en entornos muy militantes y muy ideologizados”.

No obstante, Monge sí cree que la inhabilitación del fiscal general “va a tener un impacto en una visión más imparcial de la justicia, sobre todo por parte de los sectores no militantemente en la derecha”. Y subraya “no militantemente en la derecha”, porque cree “que esto va más allá del ámbito de la izquierda”. Aunque, insiste una vez más: “Tenemos que ser cautos y esperar a ver los datos, encuestas, etcétera, para poder analizarlo conjuntamente”.

Lo que está claro, admite, es que respecto del discurso del Gobierno de que la justicia acaba poniendo a cada uno en su sitio, el propio Ejecutivo tendrá que asumir “que esto no siempre es así”. Hay una parte importante de la derecha que puede ahora, gracias a la sentencia, incrementar la confianza en su propia visión de las cosas.

Contra eso, explica, caben varias reacciones por parte de la izquierda. En primer lugar, asumir que es “una gota más, junto con otros escándalos”, que supone “un golpe muy importante a la reputación de todo lo que tiene que ver con este Gobierno”.

Un posible factor de activación de la izquierda

Pero, en segundo lugar, también se puede interpretar en sentido contrario, advierte. Una parte del electorado progresista puede ver aquí “que está habiendo un ataque del ámbito judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez” y, justamente por eso, salir en su defensa. Lo que ocurra “va a depender mucho de cómo se gestionen las siguientes declaraciones, los próximos días, de lo que pase finalmente con la sentencia, porque no la conocemos”.

Pilar Mera cree que, ahora mismo, puede ser un factor de activación. “Mi sensación es que puede contribuir más a movilizar que a desmovilizar. Yo creo que lo que hace es más enfadar al votante medio de izquierdas que desmovilizarlo”.

Aunque, precisa, habrá “que ver cómo se desempeñan todas las cosas en esta etapa preelectoral en la que acabamos de aterrizar”. Estamos en un momento en el que “todo lo que parece que va a ser determinante deja de serlo cuando llega un acontecimiento más”.

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Pero ahora, reconoce, “al menos en el calor del momento, diría” que la condena “sirve más para enfadar al votante de izquierdas. Y para reforzar su posición de que esto no puede ser así, de que una derecha que actúa de esta manera no puede llegar al poder. Me parece que en este momento es más fuerte que la parte de apatía”.

Y no cree, apunta, que se acumule a los casos de corrupción. Para el votante de izquierda, “salvo que salga algo que acabe implicando” al PSOE “más allá de las coordenadas que ya están”, las consecuencias negativas del caso Ábalos-Koldo-Cerdán “ya están más o menos descontadas”.

Monge añade otra reflexión que es más una pregunta. “A mí me sorprende que al Gobierno le sorprenda el fallo, porque yo creo que cualquiera que haya observado cómo ha sido todo el procedimiento tenía muy claro que algún tipo de condena iba a acabar habiendo, aun siendo el fiscal general del Estado inocente. Por eso me sorprende que un Gobierno que durante tanto tiempo ha estado quejándose de que existe lawfare no haya protegido al fiscal general”.