El hondureño Nasry 'Tito' Asfura fue declarado virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de "fraude" desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

Además, tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el líder de Vox, Santiago Abascal, han celebrado los resultados de Asfura. El presidente de los populares creee que la victoria del hondureño es una "buena noticia para la libertad y la democracia, para Honduras, para la región y para España". Abascal también ha trasladado su "enhorabuena" por su determinación frente a los intentos de la familia Zelaya de hacer de Honduras un satélite socialista de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela

"Papi a la orden", como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54%, escrutado el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral".

Ante la ausencia de Ochoa, este miércoles su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona.

Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19% la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.

"No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano" dijo asimismo este miércoles Nasralla, que descartó hacer un llamado a la movilización callejera o a la confrontación, y anuncio que defenderá "el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", sin dar más detalles.

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.

Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando "a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo".

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como "presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre".

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Asfura y opinó que se trata de "una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras".

La Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de "prioridades comunes para profundizar" los nexos bilaterales.

El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración (de Asfura, a partir del 27 de enero de 2026) para promover el desarrollo y "profundizar aún más" las relaciones bilaterales.

OEA tomó "nota" y lamentó resultado incompleto

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que "toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral" de Honduras, que estableció como virtual presidente electo del país a Asfura.

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA "lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía" en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, y expresa además "su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño".

Las elecciones hondureñas que finalizaron el pasado lunes 1 de diciembre, han estado marcadas por el apretado pulso entre los candidatos Nasri Asfura y Salvador Nasralla, por el desorden en los centros de votación y por la injerencia de Donald Trump en los comicios. Cinco días después del cierre de urnas y con el 86,3% de las actas procesadas, Asfura lidera la carrera electoral por la mínima con un 40,2% y algo más de 23.000 votos que Nasralla (39,4%) que le sigue de cerca, en un conteo que está siendo extremadamente lento. 

“Espero que la gente de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura presidente”, escribió Trump en la red social Truth Social. “Si Tito Asfura gana (...) apoyaremos mucho a Honduras, si no, Estados Unidos no malgastará su dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país”, añadió. Con estas declaraciones comenzó el presidente de EEUU su propia campaña en favor del candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasri Asfura. 

Asfura, más conocido en Honduras como “Papi a la orden”, es el líder del partido conservador del país centroamericano y, antes de comenzar las elecciones, las encuestas le situaban como tercera opción por detrás de Salvador Nasralla, líder del Partido Liberal, y de Rixi Moncada, del Partido Libre. Pero después de la injerencia del presidente norteamericano, los votos para el conservador se han disparado. Ahora se sitúa a la par que Nasralla y ha superado ampliamente a la líder del partido izquierdista, Rixi Moncada.

Estas elecciones no son un caso aislado de intromisión por parte del Gobierno estadounidense en América Latina. Este modo de actuación, se ha convertido en la estrategia de la Administración Trump para dar un giro a la derecha en el continente y tejer así una red de alianzas que beneficie los intereses de Washington a nivel internacional. 

El ejemplo más reciente de injerencia directa por parte de la Administración Trump lo tenemos en Argentina. "Fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, que fue un gran vencedor y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Contó con mucha ayuda. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte", declaró Donald Trump tras la reciente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas celebradas en octubre de este año. 

Tanto el caso argentino como el hondureño, se unen a la supuesta guerra abierta contra el narcotráfico que están llevando los servicios de inteligencia estadounidenses en el Caribe. Unas operaciones que se han saldado ya con la vida de 83 personas en ataques a presuntas narcolanchas. Los Gobiernos de Venezuela y Colombia han sido acusados por Trump como colaboradores con el narcotráfico y al líder venezolano, Nicolás Maduro, incluso lo designó oficialmente como terrorista.  

Las elecciones en Honduras son importantes para Trump, pero sus intereses van más allá. Al menos así lo afirma a infoLibre Rogelio Núñez, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. “Trump está tratando de crear una esfera de influencia hemisférica para contrarrestar a China, a la que muchos países latinoamericanos se habían cercado. Además, EEUU había perdido en las últimas décadas influencia en la región y ahora está llevando a cabo una política de palo y zanahoria con sus enemigos y aliados”, añade.

Honduras, con el mandato de la presidenta Xiomara Castro desde 2021, había fortalecido las relaciones con China, al que consolidó como un socio importante tras romper las relaciones diplomáticas con Taiwán en 2023. “Honduras se había situado en la órbita China y tanto Asfura como Nasralla buscaban reconocer a Taiwán”, afirma Núñez y asegura que no existe mucha diferencia entre ambos candidatos porque “se iban a alinear de igual manera con los intereses de Washington”.

Trump no solo ha intervenido de manera directa en los comicios hondureños mediante declaraciones, sino que también ha hecho uso de su poder legislativo para conceder un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). El mandatario cumplía, desde el año pasado, una condena de 45 años con una multa de 8 millones de dólares en EEUU acusado de tres cargos relacionados con el narcotráfico y armas de fuego.

Hernández ocupó la presidencia de Honduras desde 2014 hasta 2022 gracias a una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia que le permitió ser reelegido como presidente. Tras ser acusado por la opinión pública de fraude electoral después de su reelección en 2017, JOH reprimió las protestas en el país acabando con la vida de 32 personas.

Este indulto por parte de la Administración Trump se produce mientras Washington lleva a cabo la denominada “Guerra contra el narcotráfico” en el Caribe y al mismo tiempo que en EEUU muchos inmigrantes son deportados a sus países de origen acusados de contrabandistas. 

Para Moisés Ruiz, profesor de Liderazgo Político y Comunicación en la Universidad Europea, este indulto es algo paradójico. “Es algo totalmente contradictorio, es un apoyo a un aliado político cercano ideológicamente, una recompensa a una vieja alianza política”. Y añade que “apoyar a Asfura es apoyar al partido de JOH y este es una figura muy popular en ciertos sectores conservadores”. 

“Orlando es un narcotraficante cercano, por eso para Trump no es un narcotraficante”. Esta forma de actuar del líder estadounidense lleva a Ruiz a concluir que “la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una excusa para debilitar a los gobiernos de izquierdas en América Latina”.

El conteo está siendo extremadamente lento y el sistema de divulgación ha fallado en varias ocasiones, lo que está resultando en unas elecciones algo opacas. El último fallo se ha producido en la madrugada del pasado jueves 4 de diciembre, cuando el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió nuevas interrupciones. 

Tras esto, el candidato centrista, Salvador Nasralla, que se encuentra en segundo lugar, denunció “un cambio de datos” llevado a cabo por el “algoritmo electoral” e instó a investigar a la empresa privada “que está metida en estos cambios”.

Un directivo del ente electoral de Honduras, Marlon Ochoa, ha ido un paso más allá. Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del Partido Libre (actual presidente), ha denunciado fraude electoral este pasado jueves. El consejero denuncia un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.

Para Ruiz, la victoria de Asfura no supondría algo muy distinto a la de Nasralla, pero sí que tendría implicaciones políticas. “Trump quiere dar un golpe sobre la mesa en Honduras, si gana Asfura será un golpe moral positivo, y si gana Nasralla quedará un poco más debilitado, pero la situación geopolítica seguirá siendo prácticamente la misma”. De hecho, la victoria de Asfura “tendría una influencia muy determinante en próximas elecciones como las de Colombia”, añade. “Trump estaría enviando un mensaje a América Latina diciendo: he ganado en Argentina, ahora en Honduras y lo próximo será Colombia y Venezuela”, concluye.

El empate técnico entre los conservadores aspirantes a la Presidencia de Honduras mantiene este martes escépticos a muchos ciudadanos, que no dudan de que "ellos ya se saben quien ha ganado" pero alargan la incertidumbre para no aceptar la derrota. Las elecciones, producidas el pasado 30 de noviembre, tiene como candidatos a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras informó este mismo día de fallos técnicos en el servicio de divulgación de estos resultados, y exigió una pronta solución a la empresa responsable.

Asfura, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, registra el 39,91% (749.022 votos) frente al 39,89% (748.507 votos) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios, según el informe del órgano electoral. Con ese ajustado resultado, ninguno de los dos candidatos a la Presidencia se ha declarado ganador y, por lo contrario, se mantienen cautelosos bajo la esperanza de ganar las elecciones generales del pasado domingo, que decisivas para la frágil democracia hondureña. El presidente estadounidense afirmó en su red social Truth social que las elecciones están siendo manipuladas: “Es imperativo que la Comisión termine de contar los Votos”, dijo Trump en su publicación. “¡La democracia debe prevalecer!”.

El gigante americano, en sus declaraciones de apoyo a Asfura, vaticinó que “no malgastará su dinero” en Honduras si éste no ganaba las elecciones, como asegura el medio The New York Times.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 359.584 votos (19,16%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores. Sin embargo, como señaló en la víspera, aún no da por perdidos los comicios ya que denunció esta manipulación sobre los resultados preliminares, y calificó como una "trampa" del bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal, por lo que la "lucha no se ha terminado".

"El servicio contratado para el portal de divulgación de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) confrontó problemas técnicos en la jornada de ayer (lunes)", indicó el CNE en un comunicado. Señaló que la empresa encargada, ASD SAS, notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

El CNE subrayó que han adoptado medidas que cumplen un objetivo informativo y aseguró que continuará su "labor técnica y jurídica" para emitir la declaratoria de resultados dentro del plazo de 30 días establecido por la Ley Electoral. Además, reiteró que la resolución final respetará de manera "escrupulosa" la voluntad expresada por los hondureños en las elecciones del domingo, en las que los hondureños eligieron a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este sábado una nueva vuelta de tuerca a su posición en relación con el tráfico internacional de drogas, dejando más claro que nunca que su interés no es acabar con el mismo, sino asegurar las posiciones políticas que más le interesan. Eso es lo que está haciendo en el Caribe y en el Pacífico, atacando al escalón más bajo del narcotráfico mediante letales bombardeos aéreos, y eso mismo es lo que ha anunciado ahora, anunciando que indultará al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, considerado por la Justicia de su propio país como el mandatario que más droga ha permitido pasar hacia su país: 400 toneladas de cocaína. Los 45 años de cárcel que le fueron impuestos pueden quedar en nada por obra y gracia del republicano.

Así, Trump publicó en su propia red social, llamada Social Truth, su idea al respecto de la democracia en el país centroamericano. "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", detalla. "Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras".

El presidente de Estados Unidos anunció, además, que otorgará "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero".

"Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones para Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", concluye Trump.

Para conocer bien la figura del expresidente hondureño, también llamado JOH, solo hay que analizar las palabras que le dedicó en su momento la administradora de la DEA, Anne Milgram. “El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández financió su carrera política con las ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Seamos claros: los actores políticos que utilizan su poder para traficar drogas y corrupción serán llevados ante la justicia en Estados Unidos”.

Damian Williams, fiscal para el distrito Sur de Nueva York, dijo tras conocerse su condena a mediados de 2024 que "Hernández facilitó la importación de la casi inimaginable cantidad de 400 toneladas de cocaína a este país: miles de millones de dosis individuales enviadas a Estados Unidos con la protección y el apoyo del expresidente de Honduras. Ahora, tras años de narcotráfico destructivo de la mayor magnitud imaginable, Hernández pasará 45 años donde merece estar: en una prisión federal”. Sin embargo, Donald Trump acaba de anunciar que saldrá de la cárcel más pronto que tarde.

Según documentos judiciales, desde al menos alrededor de 2004 hasta 2022 inclusive, Hernández, expresidente de Honduras durante dos mandatos y expresidente del Congreso Nacional hondureño, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo.

Durante su carrera política, Hernández abusó de sus poderosos cargos y autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Los cómplices de Hernández estaban armados con ametralladoras y dispositivos destructivos, como rifles AK-47, AR-15 y lanzagranadas, que utilizaban para proteger sus enormes cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras rumbo a Estados Unidos, proteger el dinero que obtenían de la eventual venta de esta cocaína y resguardar su territorio de narcotráfico de sus rivales.

Hernández recibió millones de dólares provenientes del narcotráfico de algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas de Honduras, México y otros países, y utilizó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña. A su vez, a medida que Hernández ascendía al poder en Honduras, brindó mayor apoyo y protección a sus cómplices, permitiéndoles transportar grandes cantidades de cocaína, cometer actos de violencia y asesinatos, y contribuir a convertir a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.

Durante su mandato, Hernández promovió públicamente la legislación y las iniciativas que supuestamente emprendió para apoyar las medidas antinarcóticos en Honduras. Al mismo tiempo, protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo y a quienes le proporcionaron sobornos con cocaína que le permitieron obtener y mantenerse en el poder en Honduras.

Por ejemplo, Hernández confirmó selectivamente las extradiciones al apoyar y atribuirse la extradición a Estados Unidos de ciertos narcotraficantes que amenazaban su control del poder, al tiempo que prometía a los narcotraficantes que lo sobornaban y seguían sus instrucciones que permanecerían seguros en Honduras.

Además, Hernández y sus cómplices abusaron de las instituciones hondureñas, incluyendo la Policía Nacional de Honduras y el ejército hondureño, para proteger y expandir su conspiración. Entre otras cosas, los miembros de la conspiración utilizaron agentes de la Policía Nacional de Honduras fuertemente armados para proteger sus cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras hacia Estados Unidos para su posterior distribución. Los miembros de la conspiración también recurrieron a la violencia y al asesinato para proteger y hacer crecer su empresa de narcotráfico, atacando y asesinando a traficantes rivales y a aquellos que amenazaban su control sobre el comercio de cocaína hondureña.

Las mujeres latinoamericanas representan alrededor del 30% de los escaños parlamentarios, siendo Bolivia el país con mayor representación, con un 53% de puestos ocupados en su parlamento. De esta manera, aunque siguen existiendo brechas de género, la paridad en esta parte del mundo ha experimentado avances significativos en cuanto a leyes y representación. Y en el marco de la conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, cabe recordar los desafíos que siguen enfrentando las mujeres a raíz de problemas como la violencia política y el desarrollo de los gobiernos.   

Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe han cerrado la brecha de paridad hasta el 74.3%, ocupando el tercer lugar a nivel mundial; además de tener la segunda puntuación más alta, después de Europa, en términos de empoderamiento político, con el 35%. En la región, las mujeres han logrado defender sus derechos, y demostrar que su participación en la esfera política se alcanza por tener las mismas capacidades para la toma de decisiones y la administración pública. 

Por supuesto que la paridad de género en política permite abrir los caminos para la formación de nuevos pactos democráticos, en donde el derecho de participar como ciudadanos y ciudadanas es más que un discurso liberalista y de moda, ya que las mujeres han liderado procesos políticos en diferentes niveles para promover el bienestar, la lucha de derechos humanos y el desarrollo de sus territorios. No más tengamos en cuenta que no fue hasta 1927 que Uruguay marcó historia como el primer país de América Latina en reconocer el sufragio femenino, seguido de Ecuador y Puerto Rico en 1929, autorizando a que las mujeres pudieran ser elegidas para cargos políticos. Sin embargo, el derecho al voto no se dio hasta años después en Bolivia (1952), México (1953) y Colombia (1954). 

En el caso de México, este derecho se demoró por causa de la división política y la indiferencia del papel de las mujeres en la política del país, y no estuvo seguro hasta quedar redactado en la Constitución de 1857, en contraste con el caso colombiano, en el que las mujeres llevaron el proyecto de ley al Congreso de la República en 1954, y no fue hasta 1957 que ejercieron su voto para participar en la reforma constitucional de entonces.

Ahora bien, los países latinoamericanos, en su persistencia por garantizar que las mujeres tengan cada vez más acceso a cargos de representación, en la actualidad presentan cambios significativos. Por ejemplo, en México, en las actuales elecciones a la presidencia, dos mujeres encabezan las candidaturas de los principales partidos, creando la posibilidad de que se marque historia en el país con la primera mujer presidenta. Además, en estas elecciones se aprobó un acuerdo de paridad de género, en el que se obligó a los partidos políticos y coaliciones a postular, al menos, cinco candidaturas de mujeres a las gubernaturas estatales. Y mantienen el logro de que, desde las últimas elecciones en 2021, México alcanzara el mayor número de gobernadoras en la historia, tras conseguir la reforma constitucional de paridad en 2019.

A propósito de lo anterior, en materia de leyes de cuotas y paridad, Argentina fue pionera en aprobar la primera Ley de Cuotas de Género en 1991, la cual provocó también la Ley de Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política, que exige el equilibrio de género entre los candidatos legislativos. Esto estampó un hito en el desarrollo de los derechos de la mujer hasta el día de hoy, en donde LATAM lidera en paridad legislativa con el 34.9%, superando a Europa y otras regiones del mundo. Por ende, los efectos de estas leyes son favorables en el caso de Argentina, con el 35%, de la representación parlamentaria femenina; Costa Rica, con el 28.6%, y Bahamas con el 30%. 

Siendo así que cada vez más mujeres son juezas, ocupan cargos como legisladoras y promueven leyes que buscan la equidad de oportunidades. No sin olvidar que, a la vez que mantienen su papel político, enfrentan retos como la maternidad, la crianza de su familia y los estereotipos que son promovidos por tradiciones políticas negativas. De esta forma, la participación política de las mujeres sigue abarcando la agenda de la lucha por el reconocimiento en la sociedad, puesto que en este ámbito la violencia se hace presente en casos en los que las mujeres son restringidas para hablar en asambleas políticas, acorraladas por las insinuaciones sexuales no deseadas, víctimas de actos discriminatorios y agresiones físicas en los entornos partidarios. Países como Bolivia han promulgado leyes en contra del acoso y la violencia (2012) hacia las mujeres, para erradicar estos actos que perjudican el libre derecho de la política. 

Justamente, aún falta mucho por avanzar, pues en Honduras, en el periodo de 1980 a 2020, solo 169 mujeres fueron elegidas, frente a 1.071 hombres. No obstante, en casos positivos está Colombia, por encima del promedio global de participación de mujeres en parlamentos con el 25.5%, y cada cuatro años el Congreso colombiano incrementa sus porcentajes de representación femenina. En un panorama de continua violencia de género y desafíos democráticos, las mujeres latinoamericanas han logrado posicionarse y defender sus derechos en el camino por una mayor equidad. 

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Laura Catalina Solano es investigadora y doctoranda de la Universidad Iberoamericana CDMX, y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió en 2022 un total de 18.565 autorizaciones a extranjeros contratados en sus países de origen, una cifra que casi iguala la de 2019, antes de la pandemia –18.987–. Se han recuperado así las contrataciones del conocido como Programa Gecco (Gestión colectiva de contrataciones en origen) desde los mínimos en que se hundió durante los años posteriores a la crisis financiera, cuando no se superaron, por ejemplo, las 2.767 de 2015, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento de José Luis Escrivá. Aun así, este mecanismo proporciona apenas el 8,7% de los trabajadores agrícolas extranjeros del sector, que en el último trimestre de 2022 sumaban 212.300 activos, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para las organizaciones agrarias, se trata a todas luces de un porcentaje insuficiente. “Hay mucho trabajo en el campo”, resume Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja. El 50% de las empresas agrícolas declara que tienen problemas para encontrar mano de obra, según la última encuesta del Banco de España, publicada el pasado mes de junio. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG y él mismo empresario agrícola almeriense, precisa que en provincias como Almería y Granada ya se está empezando a notar la escasez de mano de obra. “Aún no es alarmante, no es que se vayan a dejar de recoger cosechas por falta de trabajadores, todavía no estamos en ese límite”, matiza, “pero sí que es cierto que cuesta trabajo encontrar personal”.

A su juicio, la contratación en origen es un sistema “modélico” que habría que impulsar: “Supone una puerta para venir a Europa de forma legal y segura”. Él mismo ha viajado a algunos países africanos a contratar contingentes de cientos de trabajadores y lo considera “casi una cuestión humanitaria, así no tienen que venir en patera o colarse en los bajos de un camión”.

Sin embargo, el mecanismo, que desde hace muchos años está limitado a los temporeros agrícolas –en un principio incluía también a trabajadores de la industria y los servicios–, está copado de hecho por las recolectoras marroquíes de fresas y frutos de rojos de Huelva. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, de los 18.565 permisos Gecco concedidos en 2022, 16.786 correspondían a trabajadores procedentes de Marruecos. Y son 16.881 los otorgados a trabajadores enviados a Huelva, el 91%. La segunda nacionalidad por número de autorizaciones es, a considerable distancia, la colombiana, con sólo 862. La segunda provincia con más contratados en origen es Albacete, y sólo ha traído a 384.

En realidad, sólo vienen trabajadores contratados en origen desde cinco países: Marruecos, Colombia, Ecuador –sólo 142 en 2022–, Honduras –633– y Senegal –141–. Pese a que España ha suscrito acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios también con Mauritania, Ucrania, República y Dominicana, además de contar con instrumentos de colaboración en esta materia con Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas, Paraguay y Argentina.

Este año, el ministerio ha modificado la orden que regula estas contrataciones en origen, para facilitar los trámites y obligar a las empresas a ofrecer contratos fijos discontinuos a los migrantes, en cumplimiento de la reforma laboral. Ahora la autorización se otorga para cuatro años, que permiten al migrante trabajar durante nueve meses en cada uno de ellos. En ese momento deben volver a su país y el empresario está obligado a llamarlos para que regresen en la siguiente campaña o temporada. Es lo que se llama “migración circular”. Al cabo de esos cuatro años, no obstante, el jornalero puede solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años, tanto para trabajar como asalariado o por cuenta propia.

Está por ver si estos cambios impulsan un mecanismo que llegó a ser casi residual en los años de la anterior crisis. En lo que ha transcurrido de 2023, ya se ha contratado en origen a 16.000 marroquíes, 1.000 colombianos, 500 hondureños y 117 senegaleses, asegura el ministerio.

Pero, más allá de la reciente flexibilización aprobada en la nueva orden, el mecanismo se enfrenta al bloqueo que, según destaca Andrés Góngora, mantienen desde la crisis financiera las Comisiones Provinciales de Flujos Migratorios, encargadas de autorizar las nuevas contrataciones. Integradas por empresarios, sindicatos, los servicios públicos de empleo y la Inspección de Trabajo, llevan años aprobando permisos sólo a los “repetidores”, pero denegando nuevas contrataciones, con la excepción de Huelva y alguna otra provincia más, explica el responsable de COAG. Porque tanto los servicios de empleo como los sindicatos priorizan desde hace más de una década la contratación de desempleados españoles o de migrantes ya residentes en España también en paro.

Con cifras de desempleados que rozaron el 26% en 2012 y que aún hoy se mantienen en el 11,6%, duplicando la media europea, tanto los servicios de empleo como CCOO y UGT no dudan en expresar sus recelos ante las medidas de José Luis Escrivá para incorporar más extranjeros al mercado de trabajo. Los sindicatos repiten que no hay un problema de vacantes pese a las quejas de los empresarios, sino de malas condiciones laborales, y reclaman que se prime la formación de los desempleados, ya sean españoles o extranjeros.

Tanto Juan José Álvarez como Andrés Góngora niegan que las condiciones laborales en la agricultura española sean precarias. Se paga el salario mínimo –1.080 euros al mes– o por encima del salario mínimo, detalla el dirigente de COAG, y, si se hacen horas extras, lo que es habitual, un temporero puede ganar entre 1.300 y 1.400 euros netos. Pero admite que el trabajo es duro, además de inevitablemente temporal o estacional por la naturaleza de la actividad, y a veces obliga a hacer viajes en coche de decenas de kilómetros cada día. “Es perfectamente legítimo que determinados perfiles laborales no quieran trabajar en el campo”, resume. Y descarta que la reforma laboral, que ha obligado a reconvertir los contratos temporales en fijos discontinuos, suponga “un problema”. “Yo, de hecho, los prefiero”, zanja.

Como explican Ana María López-Sala y Elena Sánchez-Montijano en un artículo publicado en la revista Cidob d'Afers Internacionals, el primer convenio que reguló las migraciones en las campañas agrícolas data de 1997. Lo firmaron CCOO, UGT, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Trabajo. En 2001 se aprobó el Plan Greco, que permitía el asentamiento del migrante. Ese año se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana; en 2002, con Polonia y Rumanía, y con Bulgaria en 2003. Con la crisis, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 ya estableció la necesidad del retorno obligatorio de los temporeros.

Al tiempo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros se multiplicaba exponencialmente. En 1987, según la EPA, no había más que 2.400. Llegaron a 10.000 en 1995. En 2000 ya eran 45.000. En el segundo trimestre de este año, las últimas cifras disponibles, los activos extranjeros en el sector agrícola alcanzan los 211.500. Es decir, su número se ha quintuplicado en 23 años. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son más aún: cotizando en el régimen especial agrario hay registrados 238.380 extranjeros, que representan el 33,3% de los trabajadores de este sector productivo. De ellos, el 75,5% procede de países extracomunitarios.

El pasado mayo, llegaron a Albacete 123 trabajadores senegaleses. En Lleida y Balears son colombianos los empleados este verano en la recogida de fruta. En 2022, los empresarios de Lleida contrataron en origen a 377 extranjeros, la cifra más alta desde 2013, pero aún por debajo de los 1.390 de 2011. En Almería, por el contrario, y pese a la importancia de la actividad agrícola, el año pasado sólo se empleó a 10 extranjeros utilizando este mecanismo, lejos de los 615 de 2010. La provincia, explica Andrés Góngora, cuenta con un gran número de trabajadores extranjeros residentes, por lo que apenas recurre a las contrataciones en origen.

El integrismo religioso de la Iglesia evangélica instalado desde los 70 en Centroamérica ha ido introduciéndose en los gobiernos y dificultando la lucha de la mujer por la igualdad. La criminalización del aborto o la connivencia con la homofobia en gran parte de la región son algunas de sus consecuencias y, al tiempo, causas por las que se ha consolidado la violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas LGTBI. 

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala (AMG), subraya que las iglesias evangélicas "son inoculadas en Centroamérica por EEUU, en el marco de la guerra fría, para neutralizar la creciente adhesión a la teología de la liberación" y "conllevan una agenda fundamentalista conservadora" en la región. Su influencia se debe a que han aprovechado "los vacíos de poder" que ha dejado la Iglesia católica y los ha llenado de las formas de pensamiento "más extremas y reaccionarias" que "se ceban especialmente contra lo femenino", espeta la presidenta de AMG. La experta en violencia de género explica que la supervivencia de las instituciones patriarcales nace de una "amplia tolerancia" de las sociedades de la región "hacia la misoginia" y agrega que la sociedad es el "caldo de cultivo del sexismo" que luego el Estado "institucionaliza" y la iglesia "sacraliza", en una rueda de imaginario colectivo que se retroalimenta.

La gobernabilidad de estos países pasa, según Mercedes Hernández, por una insuficiente "separación de los poderes estatales" y "la necesaria revisión de la independencia de los medios de comunicación". A esto se suma el hecho de que las iglesias evangélicas carezcan de "figuras que impugnen el control religioso sobre los cuerpos de las mujeres", como es el "único" caso de Católicas por el Derecho a Decidir. 

Entre las imposiciones de la moral evangelista en la política se encuentra la prohibición del abortoy la reticencia a rendir de cuentas por parte de los gobiernos a la hora de reflejar el incumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. "Se les niega el derecho a tener derechos", señala Hernández para referirse a continuación a "la involución en materia de derechos humanos y los retrocesos en la agenda feminista en particular". Como en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, son dos asuntos polémicos en los que Centroamérica flojea. Aunque, en teoría, los países latinoamericanos admiten en algunos casos la interrupción del embarazo siempre que este sea fruto de una violación, o que suponga un riesgo de muerte para la mujer o para el feto, la realidad es que es prácticamente imposible que una mujer aborte legalmente. Las legislaciones centroamericanas se distinguen además por ser las más inflexibles en la cuestión del aborto a pesar de las altas tasas de violencia y feminicidios.

Las víctimas de violencia de género y sexual de la región centroamericana apenas disponen de atención especializada. Los marcos legales del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras, Guatemala–, Panamá, Costa Rica, Belice y Nicaragua mantienen, a través de sus legislaciones, deficiencias en los servicios de salud o de información para la protección de los derechos de las mujeres. Honduras y Nicaragua muestran los peores sistemas de denuncias mientras que El Salvador es el más combativo a la hora de impedir el aborto. Son estimaciones de la iniciativa regional Mira que te miro, formada por un conjunto de asociaciones, universidades y organizaciones de 23 países de América Latina y el Caribe que monitorizan los derechos humanos, sexuales y reproductivos para forzar a los gobiernos a rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo de 2013.

El país que más avanza en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en línea con estos compromisos, es Costa Rica, mientras que El Salvador, Panamá y Belice se sitúan en la media y Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los cinco últimos de esa lista de 23.

En los países de la región prima la protección del derecho a la vida desde la concepción. Abortar en El Salvador puede suponer una pena de cárcel de entre seis meses y doce años, ampliables bajo supuestos delitos de homicidio. En Honduras el aborto fue ilegalizado en 2017 y se castiga con multas –tanto al personal médico como a la mujer– y penas de entre tres y diez años de cárcel para ella. También en Guatemala como en Panamá y en Costa Rica el aborto está penado con cárcel de uno a tres años. En Belice está penado con 14 años de prisión para el médico y la mujer. En Nicaragua se castiga con penas de uno a dos años de cárcel para la mujer y de dos a ocho para el médico.

Inseguridad, violencia y desprotección

Los datos disponibles de feminicidios en la región centroamericana dependen de la eficacia de cada Estado para abordar los problemas que adolecen las mujeres. Según el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, 7.320 mujeres sufrieron agresiones sexuales y 6.200 mujeres fueron asesinadas violentamente durante el 2018, en su mayoría, menores de 29 años, niñas incluidas. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contabiliza anualmente los feminicidios por cada 100.000 mujeres a partir de los 15 años de edad acontecidos en Latinoamérica, el Caribe y España por razones de género. Detectó 345 asesinatos en El Salvador, 221 en Guatemala, 235 en Honduras, 26 en Costa Rica, 18 en Panamá y 9 en Belice en el año 2017; mientras que los resultados de Nicaragua se remontan al 2013, con 67 feminicidios.

"La penalización del aborto es la institucionalización de la maternidad forzada", espeta Hernández. Se impone así la maternidad a mujeres o a niñas que, ocasionalmente, terminan optando por someterse a la práctica de abortos clandestinos. Algunas mujeres optan por buscar pastillas abortivas a precios asequibles a través de las redes sociales. De esta manera ponen en riesgo su salud, acaban con ella, o afrontan penas de cárcel por decidir sobre sus cuerpos. Así pues, esta prohibición conlleva que los derechos fundamentales de las mujeres sean vulnerados: el derecho a la autonomía, a la libertad de conciencia y reproductiva; el derecho a la salud y a la atención sanitaria; a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, la privacidad... Supone un obstáculo para los derechos humanos de las mujeres que oprime a las más vulnerables desde el punto de vista económico.

Los impedimentos al aborto libre, legal, seguro y gratuito son para Mercedes Hernández "una grave violación de los derechos humanos que, junto a otras violencias, atraviesa los cuerpos de las mujeres" y "conforman un conjunto muy heterogéneo de mecanismos de producción de obediencia" para mantenerlas bajo control. Además, la penalización del aborto no asegura que este deje de practicarse, sino que más mujeres que no desean ser madres tendrán más probabilidades de optar por interrumpir sus embarazos de forma insegura.

Las mujeres trans son más vulnerables a las maras y el crimen organizado en Centroamérica, así como los defensores de sus derechos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH creó de 2011 a 2014 una relatoría sobre los derechos humanos de las personas LGTBI. Su informe sobre la Violencia contra las personas LGTBI determina como problemas sistémicos del colectivo la criminalización por razón de la orientación sexual o su identidad de género, los altos índices de violencia de los que son objeto y la impunidad relacionada, o su exclusión en el acceso a sus derechos fundamentales: salud, justicia, educación, trabajo y participación política, que en muchas ocasiones les obligan a migrar.

Contexto de las centroamericanas

Mercedes Hernández puntualiza que la violencia estructural en Centroamérica "tiene que ver con la discriminación histórica que sufren las mujeres en la región", si bien la violencia a manos de las maras es "una manifestación de esas discriminaciones históricas"; sin embargo, la gran mayoría de las mujeres asesinadas lo son a manos de "hombres cercanos a ellas". Ve necesario fijarse en que en "la despersonalización del crimen de género" subyace la idea "celosamente custodiada" de que "las mujeres, su vida y sus cuerpos son propiedad de los hombres". Observa también que "existen formas de violencia que, por estar tan normalizadas y aceptadas socialmente, se hacen más invisibles". Señala que "una de ellas es la idea de que el sufrimiento" forma parte de "ser mujer, que el miedo es inherente a la vida de las mujeres". "Ese estado de terror cotidiano –apunta– llega a ser no solo tolerado sino incluso embellecido y encontrado virtuoso".

A pesar de la creación de institutos nacionales de la mujer o el Plan de Equidad de Género, la acción política contra la violencia de género o la brecha salarial en la región resulta insuficiente. "Solo hay dos contrapesos y uno es resultado del otro", piensa Hernández: "Ninguna de estas mujeres está dispuesta a renunciar a las libertades". Los contrapesos de las instituciones patriarcales son, para la experta en violencia de género, el "incansable" movimiento feminista y "un gran bloque de las mujeres que, sin estar organizadas, no están dispuestas" a limitar sus derechos a "la reproducción y a los cuidados solamente".

El 93% de los 18 millones de personas que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en América Latina son mujeres, en su mayoría afrodescendientes, según las estimaciones de la OIT del 2015. La distribución sexual y racial de los puestos de trabajo encasilla a las mujeres en roles de cuidados, en muchas ocasiones, sin contrato y bajo condiciones precarias.

Las mujeres afrodescendientes se enfrentan a la discriminación étnico-racial y de género, así como a la superposición de distintas formas de exclusión. Son consignas a las que se ha sumado la CEPAL, que en 2015 contabilizó 130 millones de personas afrodescendientes en 16 países latinoamericanos, entre los que se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Costa Rica. En su informe sobre las Deudas de la igualdad para con el colectivo de mujeres afrodescendientes, la CEPAL constata la desigualdad laboral y económica que sufren estas frente a las no afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras, más de un 10% de las afrodescendientes se desempeñaban en 2016 en empleos domésticos mal remunerados y en condiciones de precariedad.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha desvelado este martes que el aparente lanzamiento de una serie sobre las maras —las pandillas violentas centroamericanas— es en realidad una campaña para denunciar el "nulo reconocimiento del derecho de asilo" en España de las víctimas que huyen de esta violencia, ha informado Europa Press.

La directora de CEAR, Estrella Galán, destaca que la situación de las víctimas de estas pandillas no es "una ficción, sino una realidad cotidiana para miles de personas de Centroamérica que viven en un miedo continuo a sufrir extorsión, violaciones, palizas tortura, y asesinatos". "Entendemos la decepción de quien esperaba ver hoy una serie, pero creímos que era necesario una iniciativa así", explica Galán.

El pasado 1 febrero, CEAR lanzó una campaña de difusión llamada Maras. Ver, oír y callar como si se tratara de la promoción de una serie. La iniciativa incluye una página web, perfiles en redes sociales, así como carteles en la calle.

Sin embargo, en el día del estreno, los miles de seguidores han podido descubrir que la serie no tiene actores, ni guion, ni efectos especiales. En su lugar, se han encontrado cinco historias con protagonistas verdaderos: cinco víctimas reales de estas pandillas violentas que vieron rechazada su petición de asilo en España y cuentan su historia en primera persona. "Maras no está basada en hechos reales, maras es una realidad", apuntan desde CEAR.

4.860 peticiones de asilo en 2018 y 15 ofrecieron protección

En El Salvador, Honduras y Guatemala viven "bajo el régimen de terror" que imponen las maras, con más de 10.500 asesinatos registrados en 2018 entre los 3 países, 29 al día, según relatan desde CEAR. De hecho, cada vez más personas de estos países buscan refugio en España, sumando un total de 4.860 solicitudes de asilo en 2018, aunque únicamente se resolvieron 320, de las cuales solo 15 ofrecieron protección internacional.

Con estos datos sobre la mesa, CEAR lamenta que España haya levantado "un muro invisible" a las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala que huyen de la violencia de las pandillas, negando "de forma sistemática" sus peticiones de asilo. La resoluciones desfavorables en estos casos son, para CEAR, "contrarias" a las directrices del ACNUR y a repetidas sentencias de la Audiencia Nacional que han reconocido a las víctimas de las maras como personas refugiadas.

Cinco testimonios de víctimas

En esta campaña, para la que CEAR ha contado con la colaboración desinteresada de Globomedia (Grupo MEDIAPRO), se ofrece el testimonio de cinco víctimas que cuentan la realidad de asesinatos, violaciones, extorsión que sufren por parte de las maras.

Uno de ellos es Jonathan (nombre ficticio), quien relata que paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas. "Yo iba con mi hija y fuimos víctimas de un atraco y, lastimosamente, mi hija fue víctima de violación sexual por estos miembros", narra, apuntando además que el grupo iba armado y la pusieron "boca abajo con el pie en la cara", impidiéndole hacer algo para salvar a su hija. "Si hacía algo me iban a matar e iban a matar a mi hija", apunta.

También Emily sufrió la violencia de estas pandillas. "Me dijeron: 'Queremos que te vayas de la colonia porque no soportamos verte acá, aquí no queremos maricones, aquí los maricones están prohibidos. Si no te vas, te vamos a ir a pelar al río, haz caso'", cuenta.

Marcos relata que unos pandilleros asesinaron a su hermano. "Yo conocí muchos, muchos niños que ingresaron a la pandilla a los doce años y ya habían asesinado a cuatro personas en tan solo una semana. Los pandilleros les ponen el arma en sus manos y se los llevan a asesinar gente que quizás no tiene nada que ver en pandillas", afirma. Así, expresa su confianza en que le den asilo en España porque no quiere volver a El Salvador.

El Salvador, el país de América Central coprotagonista de la caravana de migrantes hacia EEUU junto a Honduras y Guatemala, celebra sus elecciones presidenciales este domingo 3 de febrero en medio del desencanto popular. Después de que los tres últimos presidentes hayan estado relacionados, condenados o no, con varios casos de corrupción, en el panorama electoral  ha irrumpido una tercera fuerza política, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que, tal y como avanzan las encuestas, tiene altas probabilidades de ganar. Su candidato, Nayib Bukele, un carismático outsider, podría acabar así con la ya tradicional alternancia del poder entre el partido de la derecha, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el de la izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el Gobierno.

A estas elecciones cocncurren Nayib Bukele por GANA, Hugo Martínez por FMLN, Carlos Calleja por Arena y Josué Alvarado por Vamos, todos ellos a través de campañas muy personalistas. La corrupción, la violencia y la situación económica del país se han vuelto contra Arena y FMLN, mientras que Vamos tiene un apoyo residual si bien fideliza al fuerte colectivo evangélico.

Nayib Bukele (37 años) representa para este estado centroamericano un punto de inflexión. Hijo del principal imán de El Salvador, es también el candidato mejor valorado y a quien las encuestas otorgan un 43% de los votos, esencialmente de los menores de 30 años, aunque cuenta con apoyos en todos los grupos de edad. Bukele fue expulsado del FMLN a finales de 2017 para unirse al partido que hoy preside, GANA. Un 66% de los votantes, según los sondeos, prevé que Bukele ganará estas elecciones. Pero para poder gobernar necesitará apoyarse en uno de los partidos tradicionales, dada su baja presencia en la Asamblea Legislativa, con 10 escaños.

El preferido de las encuestas no ha concretado sus propuestas políticas en su campaña aunque sí ha augurado renovación. A juicio del doctor de Historia Contemporánea Daniel Rodríguez Suárez, Nayib Bukele denota una “posición extremadamente populista”. Del discurso de Bukele sobresale que los temas que plantea no hayan sido los característicos de los últimos 25 años, centrados en la seguridad, la migración, las maras o las remesas, a pesar de que siguen siendo problemas de actualidad. “Especialmente”, matiza el experto, “a la luz de las últimas caravanas de migrantes que Trump ha utilizado como mecanismo de intercambio con los demócratas para forzar la financiación del muro, cuyo costo supera los cinco mil millones de dólares”. La campaña de Bukele ha estado más marcada por su destreza a la hora de atraer votantes a través de las redes sociales que por sus manifestaciones ante los medios de comunicación más críticos o por participar en debates políticos con los otros candidatos.

A pesar de acumular tantas opiniones favorables como desfavorables, Carlos Calleja, del partido conservador Arena, es quien se prevé que quede segundo en las elecciones. Las encuestas le adjudican un 24% de los votos, esencialmente de los salvadoreños mayores de 60 años. El último expresidente por Arena, Antonio Saca (2004-2009), ha sido el primero en la historia de la democracia de El Salvador que ha sido condenado a prisión por corrupción, entre otras causas, por la opacidad de los “gastos reservados” de su administración. No obstante, un 23 % de los salvadoreños encuestados estiman que Calleja ganará estas elecciones. Arena, que tiene 37 escaños, tiene y podría volver a tener el control de la Asamblea legislativa a través de la Alianza para un Nuevo País, junto con el Partido de Concertación Nacional (9), el Partido Demócrata Cristiano (3) y Democracia Salvadoreña.

Hugo Martínez, el candidato que puja por un tercer periodo presidencial del FMLN, podría obtener en torno a un 7% de los votos según las encuestas, un porcentaje que concentra a los mayores de 40 años. La progresiva y considerable caída del apoyo al actual partido de Gobierno (con 23 escaños actualmente) se viene produciendo en el marco de las noticias de corrupción que salpican al partido, lo que ha contribuído a la fuga de votantes hacia la plataforma GANA. El aún presidente Sánchez Cerén es la personalidad que más opiniones desfavorables acumula después de cinco años de mandato, a pesar de la reciente campaña por el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz del 92. A través de ese pacto, Arena y el FMLN pusieron fin a doce años de guerra civil. 

Josué Alvarado, el cabeza de lista de VAMOS, es el menos conocido de los candidatos a la presidencia. Es una formación minoritaria de centro, sin representación en la Asamblea Legislativa y cuyo dirigente se encuentra sujeto a una demanda de inconstitucionalidad para ocupar el cargo de presidente por ser, presuntamente, pastor evangélico.

Como en Honduras, Nicaragua y Guatemala, confluyen en El Salvador la religión cristiana, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades: un clima de desequilibrio que deja pocas oportunidades laborales a los centroamericanos, por lo que en gran medida siguen huyendo de sus países de origen.

De los desplazamientos intrarregionales a la caravana de migrantes

La violencia generalizada y la inestabilidad sobrevenidas durante la última década han hecho de El Salvador uno de los países en que una mayor proporción de población ha sido obligada a emigrar tanto a EEUU como a otros países de América del Sur, según pone de relieve el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos. De las 6,3 millones de personas que configuran la población salvadoreña, entre 300 mil y 500 mil personas han tenido que partir cada año de Centroamérica a Estados Unidos. 

Hasta hace cinco años, la mayor parte de los migrantes irregulares que llegaban a la frontera de Estados Unidos para después ser detenidos eran de nacionalidad mexicana. Pero desde 2014 existe otra mayoría que procede de Honduras, Guatemala o El Salvador. El 80 % de las chicas y mujeres que transita en las caravanas de migrantes han sido violadas en sus países de origen o durante el viaje, sostiene Save The Children. La ONG denuncia que no existen vías legales para entrar en Estados Unidos, una circunstancia que favorece y alimenta el “lucrativo negocio” de las maras: la delincuencia organizada con quienes los migrantes contraen deudas que deberán pagar una vez entren en EEUU, probablemente trabajando de forma ilegal, pues conseguir un visado de trabajo supone tres años de espera frente al consulado estadounidense.

El deterioro progresivo de los países del Triángulo Norte ha provocado que el número de solicitudes de asilo presentadas en EEUU se duplicara. Indica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que, con ello, se incrementó la llegada, y las detenciones, de menores migrantes no acompañados. En el mismo año, la Patrulla Fronteriza de EEUU detuvo a más de 50 mil menores centroamericanos no acompañados. En 2015, otros 36 mil eran detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México. En 2016, otras 220 mil personas huían del conflicto en El Salvador, de las cuales solo 400 se marcharon a causa de los desastres naturales.

Según el último examen del PNUD sobre El Salvador, entre 2007 y 2017 se contabilizaron 4.913 homicidios de mujeres, de las cuales 44 % eran jóvenes. Si bien destaca la insuficiencia de denuncias, el informe resuelve que los feminicidios constituyen la principal causa de muerte para este grupo de población, por encima de las causadas por enfermedades y accidentes. La violencia estructural en el país impide a las personas salir de noche, dejar que los niños y las niñas salgan a jugar a la calle, dejar la casa sola, poner un negocio o transitar con libertad, ante la falta de espacios públicos para el esparcimiento. Además, señala el PNUD que la población joven tiene serias dificultades para acceder al mercado de trabajo si no es bajo condiciones precarias. Estas circunstancias alimentan lo que califica como el “círculo vicioso de la migración”, un impedimento múltiple para que la población ejerza sus derechos fundamentales. 

Background presidencial de El Salvador

Después de que los anteriores gobiernos de Antonio Saca y Mauricio Funes se hayan visto inmersos en varios casos de corrupción, entre los que destaca el de la constructora brasileña Odebrecht, se prevé un cambio de signo político de cara a la próxima presidencia: de junio de 2019 a junio de 2024. Poco antes de la convocatoria, la Organización de Estados Americanos y El Salvador firmaban un acuerdo para la observación electoral.

La cada vez más cercana cita de la ciudadanía con las urnas terminará con el mandato del actual presidente, Sánchez Cerén. A pocos meses de las elecciones, la administración del aún presidente de la República bloqueaba a la autoridad competente la fiscalización de unos 147 millones de dólares, acumulados durante su mandato, en calidad de “gastos reservados”, según relata El Faro. Sobre corrupción, el investigador del CIDOB Martí i Puig considera que El Salvador necesita replantearse su cultura política, la función del Estado y “su relación con la ciudadanía”, y sobre todo cambiar la percepción de los recursos públicos “como botín”. Asimismo, alerta de que la frontera entre lo público y lo privado sigue siendo borrosa aunque El Salvador dejara "de golpe una dictadura para desarrollar una democracia".

El presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, fue uno de los cuatro mandatarios que asistieron el 10 de enero a la controvertida investidura de Nicolás Maduro, junto a Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros).

Hoy, como hace 15 o 20 años, "los países de América Central" son pequeños y tienen "poca capacidad para desenvolverse a nivel global" e implementar políticas nacionales. "La región hoy tiene grandes problemas para poder impulsar el desarrollo humano" dado que la integración de sus economías se basa más en la competitividad que en la complementariedad, advierte el investigador. Recuerda también que "los retos de la Agenda 2020 son la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza extrema, la educación y la formación" y la igualdad de género, y advierte de que Centroamérica es un "corredor humano": “una región de crisis humanitaria”.

El ciclo de conferencias América vota de la Casa de América de Madrid celebró esta semana una mesa de expertos en análisis electoral sobre las próximas elecciones de El Salvador. Moderada por la directora de esglobal, Cristina Manzano, estuvo integradaa por el experto en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB Salvador Martí i Puig; la doctora en Ciencias Políticas María del Mar Martínez Rosón; y el doctor en Historia Contemporánea Daniel Rodríguez Suárez. 

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena, según informa Europa Press. 

Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.

Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.

Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.

El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.

La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.

Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.

"La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.

La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.

Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

Punto de paso obligado de la droga que sale de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, países como Guatemala, Honduras y El Salvador se caracterizan por altos niveles de pobreza, corrupción, violencia e inseguridad, que obligan a miles de personas cada año a seguir la misma ruta que los estupefacientes en busca de un futuro mejor. El actual éxodo de los migrantes centroamericanos comenzó con una convocatoria a través de las redes sociales en la que se invitaba a todo el que quisiera a encontrarse el pasado 13 de octubre en la estación de autobuses de San Pedro de Sula (Honduras) para iniciar juntos el viaje hacia el Norte. Los tuits de Donald Trump, en los que calificaba de "invasión" a los 2.000 hondureños, entre ellos mujeres y niños, que formaban esta primera caravana, y la fuerte atención mediática que despertó, dieron a los migrantes una visibilidad que traspasó fronteras y permitió que más gente supiera de su existencia, les diera su apoyo o se uniera a ella. Inspirados y esperanzados por su ejemplo, más de 400 hondureños partieron en una segunda caravana el 17 de octubre; en El Salvador, una tercera caravana de más de 350 personas puso rumbo a México el domingo 28 de octubre; y, por último, una cuarta caravana formada por 1.500 personas salió el 31 de octubre de la capital de El Salvador. Además, se desgajó un grupo de miembros de la comunidad LGTB, un centenar de migrantes, que, apoyado por una organización de EEUU, hizo parte del viaje en autobús y llegó este lunes a la frontera.

El 19 de octubre, el primer grupo cruzó el puente internacional que atraviesa la frontera entre México y Guatemala en el municipio del Suchiate, estado suroriental de Chiapas. Sin embargo, cuando el 29 de octubre el segundo grupo intentó seguir sus pasos y cruzar el puente, se encontró con un despliegue policial que les impedía continuar lanzándoles bombas de gas lacrimógeno, a las que los migrantes respondieron con piedras y palos. El enfrentamiento terminó con un fallecido y varios heridos. Ante esta situación, los migrantes se vieron obligados a cruzar el río a pie por la zona menos profunda para llegar a la orilla mexicana. Una vez en tierra firme, los hondureños ingresaron en el país a través de una aduana migratoria y se registraron en la instalación del Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde posteriormente fueron llevados a un albergue.

El 1 de noviembre, una de las caravanas tuvo que cambiar su ruta en el último momento. En un principio, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ofreció 160 autobuses para llevar a los migrantes directamente a Ciudad de México, pero después renegó de su propuesta alegando que la capital mexicana no estaba preparada para recibir a tantas personas. Este cambio de postura dejó a cientos de migrantes varados en la ciudad de Sayula. Finalmente, la caravana decidió continuar en dirección a la ciudad de Matías Romero. 

Siguiendo los pasos de los primeros grupos, la tercera caravana de más de 1.500 salvadoreños llegó el 2 de noviembre a México tras cruzar a pie el río Suchiate. 

La última caravana llegó a territorio mexicano el 3 de noviembre por el río Suchiate entre Guatemala y México. De los 2.000 salvadoreños que integraban la caravana, alrededor de 200 ingresaron en el país de forma legal, mientras que el resto optaron por cruzar a pie el río y fueron detenidos por la Policía Federal de México al llegar a la otra orilla.

Después de tres semanas de travesía, un grupo de unos 500 migrantes llegó a Ciudad de México la noche del 4 de noviembre. Coincidiendo con las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos, otro grupo de alrededor de mil migrantes ha llegado a Ciudad de México desde Córdoba, en el Estado de Veracruz. El Gobierno mexicano ha reconvertido un complejo deportivo en un campamento con capacidad para más de 5.000 personas, también ha informado de que todavía hay tres caravanas de migrantes recorriendo el país; mientras, algunos se han acogido al programa Estas en tu casa del presidente Enrique Peña Nieto para conseguir la residencia legal en México, trabajar legalmente, recibir atención médica y escolarizar a sus hijos. 

Miembros de la caravana de migrantes en Veracruz, México. EFE

El viernes 9 de noviembre, un pequeño grupo de casi 100 hondureños, miembros de la comunidad LGTB, se separó de la caravana principal y puso rumbo en autobús a Tijuana, frontera con Estados Unidos, a la que llegó el lunes. Los autobuses fueron pagados por RAICES, una agencia sin fines de lucro que promueve la justicia al brindar servicios legales gratuitos y de bajo coste a niños, familias y refugiados inmigrantes marginados en Texas, por tratarse de un grupo altamente vulnerable. Este miércoles algunos de los migrantes han subido a la valla fronteriza que separa a ambos países sin que intervinieran las fuerzas de seguridad de EEUU.

Un día después, alrededor de 5.000 migrantes abandonaron Ciudad de México y reanudaron su viaje hacia la frontera. Ante ellos, miles de kilómetros del inhóspito desierto de Sonora, una ruta más larga pero generalmente menos peligrosa que la ruta del Golfo de México, territorio de los Zetas y el Cartel del Golfo, según un informe elaborado por el Centro Robert Strauss de la Universidad de Texas.

Familias de migrantes rumbo a Estados Unidos. EFE

Los más de 10.000 migrantes de las cinco caravanas son conscientes de que, aunque el viaje ha sido duro, lo realmente complicado empezará una vez lleguen a su destino: la frontera de Estados Unidos. Allí se encontraran con miembros de la Guardia Nacional, civiles armados con armas de fuego y drones, y una Administración que ha manifestado reiteradamente que no son bienvenidos en el país. A pesar de todo esto, estas personas han preferido recorrer miles de kilómetros y enfrentarse a la posibilidad de ser deportados antes que quedarse en sus respectivos países.

¿Qué empuja a familias enteras a abandonar un día sus hogares rumbo a EE.UU.? A continuación analizamos la situación de Honduras, Guatemala y El Salvador para explicar lo que está ocurriendo:

  Honduras

Corrupción. En 2015, estalló el mayor escándalo de corrupción de los últimos 20 años. El director del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, organizó una red para desviar de manera fraudulenta unos 320 millones de dólares de los fondos del sistema sanitario. Durante meses, miles de personas se manifestaron pidiendo la dimisión del presidente, Juan Orlando Hernández, y el cese de las irregularidades. La respuesta del mandatario fue pedir a la Organización de Estados Americanos que creara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), un organismo autónomo para investigar los escándalos de corrupción. Sin embargo, la MACCIH no ha podido cumplir con su cometido debido a presiones y amenazas por parte del Gobierno.

A finales de 2017, se celebraron unas elecciones generales en las que salió reelegido como presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, con una ventaja del 1,53% (50.446 votos) sobre su principal rival, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición a la Dictadura. Según Amnistía Internacional, durante las tres semanas que duró el recuento de votos, las manifestaciones en contra del fraude electoral convocadas por los partidarios del opositor Narsalla fueron brutalmente reprimidas y se saldaron con al menos 31 muertos, además de la declaración por parte del Gobierno del estado de excepción, que no fue respetado por la población.

Violencia. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, la tasa de homicidios durante 2017 fue de 43,6 por cada 100.000 habitantes.

La organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) comenzó a operar en Honduras hace 27 años y ahora controla la mayor parte de los barrios y colonias de la capital; aquellas zonas que escapan a su control, están en manos de su enemigo, el Barrio 18, y otras pandillas. Las actividades delictivas que caracterizan a estas organizaciones son las extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas y de personas, control territorial y sentido de "permanencia". La traición a la Mara se castiga con la muerte. En un intento por luchar contra estas organizaciones criminales, el Gobierno de Honduras creó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que cuenta con el apoyo del FBI.

Pobreza. El 43,7% de los casi 9 millones de personas que viven en Honduras se encuentra en situación de pobreza y el 23,3% en situación de pobreza extrema. Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la inversión de 4.201 millones de lempiras (174 millones de dólares) que el Gobierno de Orlando Hernández destinó a financiar el Programa Bono Vida Mejor no impidió que la pobreza aumentase 1,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2017, pasando del 62,8% al 64,3%.

Derechos humanos. Según Amnistía Internacional, Honduras es uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de los derechos humanos. En septiembre, comenzó el juicio contra los ocho acusados del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Desde el principio, el juicio ha estado rodeado de acusaciones de encubrimiento político. La activista era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que se opuso al proyecto hidroeléctrico de la Empresa Desarrollo Energético en el río Gualcarque por considerar que dañaría gravemente a las comunidades de la etnia lenca.

  Guatemala

Corrupción. El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales colocó tanques a las puertas de la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y anunció que no renovaría el mandato del organismo anticorrupción que ha acusado de este tipo de delitos a cuatro expresidentes desde que fue instaurada hace una década, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina. El grupo investigador cuenta con el respaldo de la ONU.

La CICIG ha pedido hasta en dos ocasiones que se retire la inmunidad al presidente Morales para que pueda ser investigado por el delito de financiación ilícita durante las elecciones de 2015 y por el que se podría enfrentar a penas de entre 4 y 12 años de prisión. La investigación se centra en los fondos anónimos de empresarios que recibió y no declaró el partido FCN Nación cuando el actual presidente era su secretario general.

Violencia. En una ciudad como la capital de Guatemala, donde se cometieron 75 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, el hecho de que pasen 24 horas sin que se registre una muerte violenta es un acontecimiento histórico y así es como se recuerda el 14 de mayo de 2018.

Las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y su rival, el Barrio 18, dominan el ámbito político, económico y social del país gracias a la extorsión, el matoneo, el tráfico de drogas y la impunidad con la que actúan. Ante esta situación, en febrero de 2018, el diputado del Partido de Avanzada Nacional, Fernando Linares presentó una propuesta de ley que permita al Gobierno decretar el estado de sitio cuando las circunstancias lo requieran. Asimismo, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Antonio Degenhart, propuso en el Congreso la reforma del Código Penal para tipificar este tipo de grupos como organizaciones terroristas, como ya lo hacen El Salvador y Honduras.

Migrantes centroamericanos descansan en el Auditorio Benito Juárez este lunes 12 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara. EFE

Pobreza. Según la ONU, el 83% de la población vive en la pobreza absoluta, el 46,5% de los niños sufren desnutrición crónica y al menos el 20% de los guatemaltecos son analfabetos. Se encuentra en el puesto 127 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2018.

Derechos Humanos. El Código Penal de Guatemala establece que el aborto es un delito, con penas de hasta tres años de cárcel; quedan excluidos los casos en los que el embarazo pueda poner en peligro la vida de la madre. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva registró, entre enero y junio de este año, 51.110 embarazos en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años.

En septiembre, se debatió en el Congreso el proyecto de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia que pretende endurecer las penas por aborto, prohibir la educación sexual en las escuelas y prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

  El Salvador

Corrupción. En la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparency International, El Salvador se encuentra en el puesto 112, tras caer 17 posiciones en 2017.

En 1992 acabó la Guerra Civil y desde entonces, tres expresidentes salvadoreños han sido acusados de apoderarse de dinero público. Antonio Saca, presidente entre los años 2004 y 2009 con el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue condenado el pasado mes de septiembre a 10 años de prisión por desviar 301 millones de dólares de dinero público durante su mandato. Sacas se enfrentaba a penas de hasta 30 años de cárcel por corrupción, pero confesó a cambio de que le aplicaran las penas mínimas.

El que fuera presidente durante la legislatura 2009-2014, Mauricio Funes, está acusado de malversación de fondos, apropiación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En agosto de 2016, poco después de que comenzará el proceso judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, Funes solicitó asilo político en Nicaragua, donde reside desde entonces. Además, varias declaraciones hechas en el marco de la investigación llevada a cabo por Fiscalía de Brasil sugieren que la constructora brasileña Odebrecht financió con 1,5 millones de dólares la campaña presidencial de Funes.

Violencia. Entre enero y julio de 2018, la tasa de homicidios descendió un 15,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de Naciones Unidas.

En un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, se estimaba que la MS-13 y El Barrio 18 ganan alrededor de 20 millones de dólares al año en extorsiones y la venta de droga y coches robados, según funcionarios de control de drogas. La actividad principal de las organizaciones criminales es la extorsión a sus propios vecinos, a los empleados de los call-center y a dueños de las tiendas y restaurantes. Para los granjeros del Este rural, la consecuencia de negarse a pagar a estos grupos es la quema de las plantaciones de cultivo. Frente a la ineficacia del Estado, las organizaciones criminales han asumido las competencias de éste, como la MS-13, que puso en marcha un programa para alimentar a los niños y proveer de seguridad a los vecindarios.

Migrantes centroamericanos se protegen del frio debido a una onda gélida que afecta al país este miércoles 14 de noviembre, mientras permanecen en el estadio deportivo Jesús Martínez Palillo, en Ciudad de México. EFE

Pobreza. El Salvador es un país con 6.581.860 habitantes, donde el 38,2% de las personas vive en la pobreza, el 10,5% de las personas mayores de 10 años son analfabetas, la tasa de paro ronda el 7% y 130.157 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabaja, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017 realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.

Los datos de 2017 de la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus siglas en ingles) señalan que 59.400 salvadoreños solicitaron asilo o refugio en otros países.

Derechos humanos. Tras la negativa de la Asamblea Legislativa a la reforma para la despenalización del aborto, éste seguirá estando prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque sea producto de una violación o peligre la salud de la madre, y castigado con penas de hasta 30 años de prisión. Entre los años 2000 y 2014, más de 100 mujeres fueron procesadas por perder el feto en los últimos meses de embarazo. 

En 2015, un total de 13.146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años se inscribieron en el control prenatal, de las cuales el 11% (1 de cada 9) tenía 14 años o menos, según datos del último registro elaborado por el Ministerio de Salud. 

Prohibida la entrada a la "tierra prometida"

El 6 de noviembre se celebraron en Estados Unidos las elecciones legislativas, en las que los republicanos se jugaban la hegemonía en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el éxodo de los migrantes centroamericanos permitió al presidente Donald Trump recuperar el discurso del odio de las elecciones presidenciales de 2016.

Ciudadanos centroamericanos de la caravana migrante continúan con su marcha por el estado estado de Puebla (México). EFE

A pesar de que faltaban semanas para que las caravanas llegaran a la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente Trump volcó todos sus esfuerzos en convencer a la ciudadanía de que se asistía a una crisis que ponía en peligro la seguridad nacional. En su línea ideológica habitual, Trump sugirió que entre los miembros del grupo se encontraban integrantes de organizaciones criminales y "gente muy mala" pero no presentó ninguna prueba.

También anunció Trump el envío de 5.200 militares que frenen la entrada de los migrantes en el país, un plan para construir "ciudades carpas" en las que permanecerían mientras se resuelven sus solicitudes, un recorte en las ayudas que Washington suministra a Honduras, Guatemala y El Salvador por "no hacer su trabajo"; e incluso sugirió abolir el derecho constitucional de ciudadanía para los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. El objetivo es impedir a toda costa el acceso de las caravanas de migrantes a la "tierra prometida".

El último movimiento del presidente de Estados Unidos ha sido firmar una nueva orden, llamada Regla Final Provisional, por la cual los migrantes que entren en Estados Unidos sin tener el visado requerido no podrán solicitar asilo e incluso se enfrentarán a la deportación. 

A Marisol el tiempo le apremia: sabe que los meses pasan, que sus hijos crecen, y que cuanto más tarde en sacarlos de allí peor será. Conoce muy bien su país, sabe lo que está pasando: paro, falta de oportunidades, corrupción y en los últimos años mucha violencia. Es el mismo cocktail que le echó a ella de su casa y la obligó a buscar una seguridad económica que Honduras no tenía. Sabe que antes de levantar la persiana de tu negocio, ése que tanto esfuerzo te ha costado, ése en el que te has dejado los ahorros de años trabajando, las Maras llegarán y te pedirán una mordida a cambio de dejarte en paz. Y cualquier opción es pésima: si no pagas te destruirán el local, si pagas, volverán a pedirte su parte cada semana, cada mes y si detectan que las cosas te van bien, te pedirán más.

A los chicos jóvenes no les quedan muchas opciones en su país. No hay mucho futuro que ofrecerles y por eso le apremia el tiempo para sacarlos de allí. La historia de Marisol es la de todos esos hondureños que llevan días caminando hacia Estados Unidos y que tanto miedo le dan a Donald Trump. Ellos han sido su lema de campaña, la única medida que ha ofrecido a los americanos era impedir que esos hondureños entraran en Estados Unidos. Marisol sigue el camino de esa caravana desde aquí, casi siempre por redes sociales, buscando entre las fotos que van colgando a conocidos, a amigos. Sabe que son muchos los que no han aguantado la espera y han decidido coger sus cosas y empezar a andar hacia otro futuro, esperan que mejor. Da igual que Donald Trump brame contra ellos y les llame terroristas, delincuentes o narcotraficantes. Lo que dejan atrás es mucho peor. Es la marcha por su supervivencia.

Desde Save The Children han emprendido una campaña para pedir ayuda para todos esos menores, para que Trump y los más de cinco mil militares que ha enviado a la frontera los considere sólo eso, niños, y no delincuentes. Calculan que uno de cada cuatro de los migrantes que se dirigen hacia esa frontera es un niño, niña o adolescente. Además se encuentran en una situación crítica: están expuestos a sufrir violaciones, accidentes, enfermedades o caer en las redes de tráfico de personas (muchos viajan solos).

Lo mejor para comprender una noticia es ponerle cara. Es lo que le recomendaría a Trump: que perdiera cinco minutos en leer y ver las historias de los menores que se han embarcado en ese viaje. Si le apetece y si me lee (cosa bastante improbable) le dejo aquí el link de la campaña de Save The CHildren [pincha en este enlace]. Aquí conocerá la historia de Jacquelín: sólo tiene 14 años. Salió de San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo, para reencontrarse con su hermana en México. El final de su historia es tremendamente injusto. Creo que ella y el resto se merecen una oportunidad.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado este viernes que ofrecerá a los integrantes de la caravana de refugiados centroamericanos que se encuentran en México identificación, empleo y educación temporales siempre y cuando acepten registrarse ante las autoridades migratorias. El mandatario ha anunciado esta medida en el marco de una iniciativa llamada Estás es tu casa, que da acceso a programas de empleo temporal, además de atención médica y escuelas para los menores de edad. "El plan", según el presidente, se aplicará en los estados de Chiapas y Oaxaca para aquellos que hayan solicitado su ingreso o refugio con el Instituto Nacional de Migración (INAMI).

"México quiere proteger y apoyar a los migrantes. Para hacerlo, es necesario que regularicen su estancia en el país y cumplan con nuestras leyes", ha asegurado el mandatario. "México es un país que ofrece oportunidades a quienes vivimos aquí. Recibir a quienes vienen de fuera nos enriquece", ha añadido en una declaración recogida por Europa Press.

El pasado 13 de octubre unas 1.300 personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. Lograron superar Guatemala, aunque no sin dificultades porque varios migrantes, incluido uno de sus líderes, fueron detenidos, y el pasado viernes llegaban a la frontera con México sumando ya más de 7.000 personas.

En la linde entre Guatemala y México se toparon con una valla metálica y un cordón policial, medidas de seguridad que normalmente no suelen estar. De acuerdo con el Gobierno mexicano y ACNUR, más de 7.000 personas cruzaron de forma ordenada, mientras que entre 2.000 y 3.000 se lanzaron a las aguas del río Suchiate, frontera natural.

Una vez en Ciudad Hidalgo, la localidad mexicana más cercana a la frontera con Guatemala, la mayoría optó por permanecer a la intemperie por miedo a ser interceptados por las autoridades en los albergues habilitados para esta llegada masiva y ser deportados. Tras unos días de parón, los migrantes han reanudado en las últimas horas su camino y ahora se dirigen desde Huixtla hacia Escuintla, en Chiapas. Argelia Ramírez, una de los portavoces de la caravana, ha asegurado a Reuters que ya son 11.500. "La gente de México nos ha dado mucho más de lo que esperábamos", ha valorado.

Un segundo grupo de unos 2.500 migrantes, la mayoría hondureños, partió el martes de Guatemala para unirse a sus compatriotas en México camino a Estados Unidos y en El Salvador se ha convocado por Facebook una tercera caravana que saldrá este domingo, según informa el diario mexicano El Universal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un plan para prohibir la entrada de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México y negarles el asilo, según ha informado este jueves el diario The Washington Post.

Con una caravana de migrantes centroamericanos recorriendo México hacia Estados Unidos, la Casa Blanca está considerando cerrar la frontera y negarles la oportunidad de buscar asilo en el país, según el periódico, que cita a funcionarios de la Administración.

El pasado 13 de octubre unas 1.300 personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. Lograron superar Guatemala, aunque no sin dificultades dado que varios migrantes, incluido uno de sus líderes, fueron detenidos, y el pasado viernes llegaron a la frontera con México sumando ya más de 7.000 personas.

En la linde entre Guatemala y México se toparon con una valla metálica y un cordón policial, medidas de seguridad que normalmente no suelen estar. De acuerdo con el Gobierno mexicano y ACNUR, más de 7.000 personas cruzaron de forma ordenada, mientras que entre 2.000 y 3.000 se lanzaron a las aguas del río Suchiate, frontera natural.

Una vez en Ciudad Hidalgo, la localidad mexicana más cercana a la frontera con Guatemala, la mayoría optó por permanecer a la intemperie por miedo a ser interceptados por las autoridades en los albergues habilitados para esta llegada masiva y ser deportados.

Tras unos días de parón, los migrantes han reanudado en las últimas horas su camino y ahora se dirigen desde Huixtla hacia Escuintla, en Chiapas. Argelia Ramírez, una de los portavoces de la caravana, ha asegurado a Reuters que ya son 11.500. "La gente de México nos ha dado mucho más de lo que esperábamos", ha valorado.

Un segundo grupo de unos 2.500 migrantes, la mayoría hondureños, partió el martes de Guatemala para unirse a sus compatriotas en México camino a Estados Unidos y en El Salvador se ha convocado por Facebook una tercera caravana que saldrá el domingo, según informa el diario mexicano El Universal.

La caravana de refugiados, que partió hace una semana de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a Estados Unidos, arribó el viernes a la frontera de Guatemala con México habiendo engrosado sus filas, a pesar de las amenazas lanzadas por la Administración de Donald TrumpDonald Trump.

Las autoridades mexicanas habían colocado una valla de metal y un cordón policial en el puente internacional sobre el río Suchiate, que normalmente carece de estas medidas de seguridad. Los refugiados trataron de seguir su camino saltando o derribando la malla metálica, lanzándose al agua y forcejeando con los agentes. El Ministerio de Exteriores de México ha detallado en un comunicado que 640 personas han podido ser registradas de forma "ordenada y segura" en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), que ha dado prioridad a "grupos familiares", en particular con niños, adolescentes, mujeres, embarazadas y ancianos.

"Estos migrantes expresaron su interés de solicitar refugio y han sido trasladados a una instalación mexicana destinada para atenderlos por el INM en Tapachula, Chiapas", con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha indicado. Además, ha denunciado que cerca de 900 personas intentaron "ingresar por cruces no formales que ponen en riesgo su vida, como el río Suchiate". "Las autoridades mexicanas han procedido y procederán a rescatarlos y serán sujetos del procedimiento administrativo que instruye la legislación mexicana y, en su caso, repatriados", ha afirmado.

De los que han conseguido entrar en México, el Ministerio de Exteriores ha señalado que "unas 500 personas que manifestaron voluntariamente su interés por regresar a sus lugares de origen en Honduras fueron apoyadas". "Otro grupo de alrededor de mil migrantes está realizando en territorio guatemalteco trámites para su repatriación", ha añadido.

Futuro incierto

Finalmente, México ha ejercido de barrera para una caravana de refugiados que llama la atención sobre la situación de pobreza y violencia extrema que se vive en el Triángulo Norte −El Salvador, Guatemala y Honduras− y sobre los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes.

"Esto ya no es una caravana. Esto es un éxodo", ha dicho a Reuters Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, varado en la orilla mexicana del Suchiate mientras una hilera de jóvenes trata de cruzarlo con una balsa. Adriana Consuelo, una hondureña de 40 años, ya ha conseguido atravesar las aguas del Suchiate pagando 25 pesos mexicanos (euros) por una plaza en una barca hecha de neumáticos. "Nadie revisó mis documentos", ha indicado desde suelo mexicano.

En cambio, Hilda Rosa, una madre hondureña que ha cruzado la región con sus cuatro hijos adolescentes, se ha quedado a las puertas. "Lo intentaré de nuevo", ha asegurado. "No hay trabajo, hay violencia", ha dicho resumiendo así las razones que les empujaron a abandonar su hogar en Tegucigalpa.

El factor Trump

La coordinadora de Agenda del Migrante, Eunice Rendón, ha comentado que, si bien es cierto que "cada vez que hay una caravana se envía a la policía a la frontera sur", "nunca hemos visto nada tan dramático". "Todo esto tiene que ver con Trump", ha aseverado. El magnate neoyorquino amenazó a Honduras y Guatemala con cortar la ayuda norteamericana si no paraban el avance de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. A medida que la caravana se aproximaba a México, retomó la ofensiva y amenazó con cerrar la frontera.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, se trasladó el viernes a Ciudad de México para trasladar a su homólogo, Luis Videgaray, la posición estadounidense. "Queremos que se les ponga freno en México antes de que lleguen hasta Estados Unidos", de dijo. Tras las escenas en el Suchiate, el propio Trump dio las gracias a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos para detener la caravana de refugiados. "En estos momentos, doy las gracias a México. Espero que sigan [así]", celebró.

Los refugiados de la caravana que partió hace una semana de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos están llegando este fin de semana a la frontera de Guatemala con México, donde han seguido avanzando, incluso río a través del río Suchiate, a pesar del despliegue policial en la línea limítrofe, según informa Europa Press. Un primer grupo de cien migrantes, la mayoría hondureños, ha podido cruzar y solicitar asilo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Hidalgo, en Chiapas. La caravana está compuesta por varios miles de personas, que se han ido sumando durante el camino, y Save the Children destaca que un cuarto son niños. Como ya había advertido el Gobierno mexicano, el alto número de refugiados ha desbordado a las autoridades.

En el puente que cruza el río Suchiate, frontera natural, algunos han forzado la valla a empujones hasta que han logrado abrir un hueco por el que colarse. Sin embargo, rápidamente se han encontrado con agentes antimotines mexicanos que les han cortado el paso.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajará este sábado a Guatemala para reunirse con el presidente del país, Jimmy Morales, y analizar la estrategia para que los refugiados hondureños vuelvan a su país, según ha informado el Gobierno de Guatemala. "El presidente Jimmy Morales y su homólogo Juan Orlando Hernández [...] implementarán la estrategia y logística de retorno de los migrantes hondureños", ha publicado el Gobierno de Guatemala a través de su cuenta en la red social Twitter.

Minutos antes, el mandatario hondureño ha asegurado que había solicitado una autorización al Gobierno de Guatemala para enviar a miembros de Protección Civil a ayudar a los refugiados hondureños de la caravana a volver a su país. "Justo terminé llamada con Jimmy Morales para solicitar el ingreso de personal de Protección Civil de Honduras a efecto de auxiliar a nuestros compatriotas que están en Guatemala", ha afirmado el mandatario a través de su cuenta en Twitter, refiriéndose al presidente de Guatemala.

Uno de cada cuatro son niños, blanco de mafias

Alrededor del 25 por ciento de los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentra ya en la frontera de México son niños, ha alertado la ONG Save the Children, reclamando mecanismos de protección para preservar su integridad ante la difícil situación en la que se encuentran. "La desinformación y la falta de claridad ha llevado a la desesperación a mucha gente", ha subrayado el director de programa de Save the Children México, Jorge Vidal. "Muchos niños no han comido ni han tomado agua y requieren valoraciones médicas", ha explicado Vidal, precisando que la ONG tiene previsto visitar "los albergues instalados para verificar las condiciones en las que los niños serán recibidos".

En este sentido, la ONG ha explicado que la información que ha conseguido reunir se estima que el 25 por ciento de los integrantes de la caravana son niñas, niños y adolescentes, por lo que "es necesario poner en marcha planes que busquen su protección especial e integral, en particular, frente a los enfrentamientos que han sucedido y puedan suceder a lo largo de los próximos días". Asimismo, Save the Children ha mostrado su preocupación por el estado de salud y nutricional de quienes han recorrido la ruta desde Honduras y ha advertido de que los menores pueden estar expuestos a peligros como las redes de trata, en particular aquellos que viajan no acompañados, para quienes ha solicitado medidas especiales de protección.

La ONG ha sostenido que los niños y sus familias tienen derecho a la movilidad, así como a solicitar asilo y refugio, con el fin de garantizar su protección y bienestar. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de México que vele en todo momento por "el interés superior del niño" y que se asegure de que "bajo ninguna circunstancia" los menores son separados de sus familias.

Peña Nieto llama a una "migración segura, ordenada y regular"

México ha anunciado este jueves que solicitará la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para atender a la caravana de refugiados que desde el pasado fin se semana marcha desde Honduras hacia Estados Unidos. "La solicitud de apoyo a ACNUR será presentada formalmente hoy por parte del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, durante el encuentro que sostendrá con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York", han dicho los ministerios de Exteriores e Interior en un comunicado conjunto.

El objetivo es que las autoridades mexicanas, en coordinación con las autoridades de los países de origen de los refugiados −Honduras, Guatemala y El Salvador− y con la ayuda de la ONU den "una solución de carácter humanitario, apegada al marco legal". "Asimismo, esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas que ponen en peligro sus vidas", han añadido los ministerios.

En concreto, México busca que ACNUR ayude a las autoridades locales con el procesamiento de las solicitudes de asilo y apoyando a los solicitantes durante su estancia en suelo mexicano hasta que se resuelvan dichas peticiones. El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha aprovechado para reiterar que "toda persona que desee ingresar a territorio nacional debe hacerlo cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Migración", en cuyo caso "podrá moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa".

Además, ha incidido en que "toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente y el Derecho Internacional". "México reitera su compromiso con los esfuerzos a favor de una migración segura, ordenada y regular, y con los Derechos Humanos de migrantes" y "expresa su convicción de que el diálogo y la cooperación internacionales entre los países de origen, tránsito y destino son indispensables para afrontar los retos que implica el fenómeno migratorio", ha concluido.

EEUU amenaza con retirar la ayuda humanitaria

Los refugiados ya han cruzado la frontera hacia Guatemala, donde la caravana ha sufrido un duro revés porque las autoridades han detenido a uno de sus líderes, el activista y ex diputado hondureño Bartolo Fuentes, por violar las normas migratorias. Pese a ello, la columna ha seguido creciendo y unas 2.000 personas marchan hacia Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Honduras y Guatemala con cortar la ayuda norteamericana por no detener la caravana y en las últimas horas ha aumentando el tono advirtiendo a México, próxima parada de los migrantes, de que podría cerrar la frontera para impedir que crucen.

Cuba fue su inspiración, era la mitología triunfante a mano. Y EEUU, con Ronald Reagan de presidente, reaccionó igual que el de Dwight Eisenhower en los 60 tras el triunfo de los barbudos de Sierra Maestra, como les llamaba una parte de la prensa occidental. Washington organizó una invasión desde Honduras que derivó en 11 años de guerra. Honduras siempre ha sido, y es, una pieza esencial en el patio trasero de EEUU. Los llamaron los Contras, cuando muchos eran mercenarios, por ser contrarrevolucionarios y anti comunistas. La CIA se tomó la victoria sandinista a finales de los 70 como un movimiento más en la partida de la Guerra Fría. Un juego que causó decenas de miles de muertos en todo el mundo. Muertos a cuentagotas, de los que apenas dejan rastro, como los desaparecidos.

EEUU también combatió de manera más o menos indirecta en El Salvador y Guatemala. Hablamos solo de Centroamérica, no del Cono Sur con sus dictaduras en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Que aquella ofensiva tuvo como padres a Nixon, Ford y Kissinger.

El apoyo militar a la Contra nicaragüense acabó en escándalo, una prueba del cinismo que rige la política internacional. Tras la prohibición del Congreso estadounidense de entregar dinero a un grupo vinculado a violaciones de los derechos humanos, la Casa Blanca ideó un plan secreto en 1985: vender armamento a Irán (en teoría tan o más enemiguísimo que ahora) y desviar los beneficios hacia la Contra. El “asunto secreto” acabó en las portadas de los periódicos, algo frecuente en los países democráticos con una prensa libre. Los hombres de Reagan entregaron la cabeza de Oliver North para salvar las importantes.

Este vídeo de dibujos animados explica bien la componenda del caso Irán-Contra.

Fue más de una década de guerra sucia, violaciones de derechos humanos y de destrozo de la economía nicaragüense. Desde el norte, los Contras; desde el sur Edén Pastora, ya ex Comandante Cero, que fue el primero en bajarse del carro sandinista aunque después se subió al del danielorteguismo, y en él sigue.

Pero esa es otra historia. La de hoy es la de un ex jefe guerrillero llamado Daniel Ortega que quemó todas las etapas del poder, desde la ilusión revolucionaria hasta la burocratización de los ideales. Ortega ha interpretado varios personajes de conveniencia, el socialista (comunista según Reagan) de los años ochenta, el liberal pacifista que hablaba de dios en 2007 y el actual, que trata de sobrevivir como sea a la presión de la calle.

El detonante fue una reforma de las pensiones, lo que parecía una protesta contra una ley concreta se ha convertido en un levantamiento popular contra el régimen de la pareja gobernante (Rosario Murillo es la vicepresidenta y esposa del presidente).

En el Ortega de hoy no queda nada de aquel espíritu sandinista, solo las banderas del FSLN. Ese espíritu está en la calle, entre los estudiantes y sus madres que lo denuncian por dictador y por corrupto. Las imágenes de la represión se parecen mucho a las imágenes de la represión en Honduras, tras las manifestaciones de denuncia de fraude en las elecciones de noviembre de 2017.

A un lado de la frontera les llamamos derecha; en el otro de izquierda, pero en el fondo son los mismos tiranos banderas de Valle Inclán. El resto es disfraz para seguir en el poder.

Que muchos de los símbolos vivos del primer sandinismo, como el cantante Carlos Mejía Godoy, el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez o el sacerdote Ernesto Cardenal hayan terminado en la oposición a Ortega dice mucho de lo que está pasado en Nicaragua.

No es una contrarrevolución, se trata de una nueva revolución o, al menos, la explosión de la hartura acumulada durante tantos años. Los empresarios que han estado con Ortega, pues a todos les ha ido muy bien, han olido el viento del cambio y comienzan a distanciarse con carácter retroactivo.  Si hay que elegir entre estudiantes y corruptos, la elección está clara, sea en Nicaragua o Honduras. O en EEUU.

Esta pieza en castellano del The New York Times explica el contexto: “El Estado orwelliano de Daniel Ortega".

La pareja gobernante ha tratado de sortear la crisis política con quiebros a favor del diálogo, que ha sido breve, teatral y con nula empatía con las víctimas. Después ha aplicado la mano dura, la represión y el disparo fácil. Aquí los informes de Amnistía Internacional, una organización imparcial.

Este es el lema de las marchas: “Que se vayan”.

Existe un doble rasero que va más allá de la simpatía. En él se cruzan los intereses económicos y el afán de dañar a rivales nacionales, como sucede en el caso de Unidos Podemos. La política y los negocios determinan quiénes son los buenos y quiénes los malos en un mundo fast food en el que todo pensamiento parece viajar envuelto en estereotipos.

El referéndum de la oposición venezolana celebrado en julio de 2017se pareció mucho al catalán del 1 de octubre. Estaba organizado por una parte sin contar con la otra, votaron sobre todo los partidarios del resultado previsible y el escrutinio no contó con la presencia de una autoridad electoral independiente. Fueron actos políticos.

En un ejercicio clásico del doble rasero, la prensa tradicional española, que alabó a la oposición a Maduro por su referendo, criticó al Govern por el suyo, al que calificó de golpe de Estado cuando ambos eran igualmente unilaterales e ilegales.

Tratamos de entender el mundo a través de dos herramientas reduccionistas, la Wiki-facha y la Wiki-roja, por entendernos de alguna manera. Si a una persona de izquierdas se le pregunta por Nicolás Maduro acude de inmediato a la Wiki-roja para asegurarse de que tiene que estar a favor, pese a que la verborrea revolucionaria del presidente no coincide con los hechos. Su política ha empobrecido el país.

El problema es que en la Wiki-roja no aparecen los matices, barrios chavistas (de Hugo Chávez) que están hasta el gorro del actual gobierno y de una oposición que lleva 50 años sin saber que los pobres de Venezuela también son venezolanos. Dos medias verdades nunca suman una verdad.

Algo similar sucede con la Wiki-facha. Si se escribe: Honduras, sale el The Wall Street Journal con un titular escandaloso, “la izquierda incendia Honduras”. Más allá de los cócteles molotov, que son muy parecidos a los que lanza la oposición a Maduro en Caracas, el titular ignora el problema de fondo: Honduras es un Estado fallido, con una fuerte penetración del narco y una corrupción sistémica.

Los agoreros sostenían que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien se conoce por sus siglas JOH, y su Partido Nacional, iban a robar las elecciones. La escenografía no ayuda demasiado a convencernos de lo contrario. Ocupan todos los poderes del Estado, incluido el judicial.

Durante un interminable escrutinio, de más de una semana, se ha pasado de unos datos preliminares que daban una ventaja de casi cinco puntos a Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, a otros que otorgan la victoria al presidente por un punto y medio, 42,92% frente a 41,42%. El cambio de la tendencia llegó con el 60% escrutado. El Gobierno afirma que se debe al voto rural.

El Tribunal Supremo Electoral detuvo el recuento con un 94,35% escrutado. La oposición salió a la calle a defender el resultado que favorecía a su candidato. La policía antidisturbios reprimió con dureza. Hubo muertos. El Ejecutivo de JOH, el dirigente que aspira a repetir mandato pese a que lo prohíbe la Carta Magna (gracias a una polémica sentencia), decretó el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales.

En este ambiente tratan de resolver las disputas entre dos candidatos que se declaran ganadores de los comicios. La clave para salir de la crisis será el recuento o no de miles de papeletas, como reclama la oposición. Sin un resultado creíble, Honduras está abocada a un enfrentamiento peligroso.

La gente no se ha amilanado con la represión. Decenas de miles de hondureños han tomado las calles de Tegucigalpa y San Pedro de Sula, además de otros lugares, para protestar contra lo que consideran un fraude electoral. Por las noches, se escuchan grandes caceroladas en la capital en un ambiente de rechazo creciente. No es la primera que los hondureños se lanzan a las calles. En otoño de 2015 lo hicieron para protestar contra la corrupción y pedir la renuncia del presidente JOH a quien consideran el corrupto en jefe. Nada cambió.

En marzo de 2016 dos pistoleros asesinaron a Berta Cáceres, líder de la comunidad indígena leca que defendía el medioambiente. Cáceres luchaba contra la construcción de una presa en sus tierras. Veinte meses después no se sabe quién ordenó su muerte.

La impunidad es uno de los problemas de un país lastrado además por el narcotráfico. Honduras es tierra de paso con bases estables. Los narcos han penetrado la policía, la justicia y la política como sucedió en Colombia y como sucede en amplias zonas de México.

Alberto Arce, uno de los periodistas que más sabe de Honduras, publicó en mayo de 2016, cuando aún estaba en The New York Times, un vídeo en el que se acusa a altos mandos de la Policía Nacional en el asesinato de Juan Arístides González, zar antidrogas, en 2009. El Heraldo ofreció los mismos datos.

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Y Honduras a ras de suelo (Planeta).

Honduras es también una ruta de migrantes que buscan trabajo y esperanza:

"Hoy vamos hacer el último llamado, vamos hacer un compás adicional", explicó Matamoros en rueda de prensa. Así, convocó a los observadores de la Alianza de Oposición a una reunión a las 12.00 horas para comenzar con el proceso de escrutinio de 1.800 actas.

Matamoros subrayó que de no llegar a un acuerdo o de no tener representación de la oposición "empezaremos el escrutinio especial" bajo la mirada de los medios de comunicación.

En respuesta, el candidato opositor, Salvador Nasralla, anunció el rechazo al TSE y todas sus decisiones y hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas a "que cumplan el mandato de la Constitución contra un tirano que se quiere reelegir a la fuerza y salgan de su cómoda posición".

Hasta el mediodía del sábado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene escrutadas 17.104 actas de mesas electorales y quedan pendientes 1.024. Salvador Nasralla afirmó que no acepta la revisión de esas 1.024 actas, sino que pide revisar 5.200 en las que considera que existió fraude y señaló como responsable a Matamoros.

El último recuento otorga al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, 1.333.264 votos frente a 1.286.572 votos del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. La diferencia es de 46.692 votos, pero la Alianza denuncia que las actas ya contabilizadas demuestran una manipulación de los resultados a favor Juan Orlando Hernández.

La compañía hidroeléctrica hondureña Agua Zarca, que hasta ahora ha estado detrás de la construcción de una presa contra la que han luchado numerosos colectivos indígenas y, entre otros, la activista Berta Cáceres, asesinada en marzo del año pasado, ha anunciado que como "gesto de buena voluntad" ha decidido suspender este proyecto hidroeléctrico.

La compañía ha explicado que "jamás impondrá un proyecto ante ninguna comunidad", independientemente de cuál sea el "grado de desacuerdo", y que por ello preguntará a las comunidades residentes en la zona acerca del futuro y de las opciones que tienen para su desarrollo, según ha informado Europa Press.

"Agua Zarca se compromete a aceptar la decisión de las comunidades, esperando que el diálogo sea voluntario, transparente y libre de influencias externas, así como convocado y guiado por un organismo internacional respetable, con la capacidad, mandato y experiencia necesaria para este trabajo", ha escrito la compañía en un comunicado.

Con esta decisión, ha continuado, Agua Zarca cree que se reducirá "la tensión" en la zona y se facilitará "una solución en torno al futuro de esta iniciativa de energía limpia y renovable".

Si bien la decisión fue adoptada y anunciada el pasado jueves, 6 de julio, no ha sido hasta este lunes cuando ha entrado en vigor la anulación completa de los trabajos de construcción en la zona.

Cáceres, fundadora del Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros el 3 de marzo de 20163 de marzo de 2016 cuando se disponía a entrar en su casa, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares a su favor.

La líder ecologista se hizo acreedora en 2015 del premio Goldman (considerado el Nobel de medio ambiente), después de conseguir que la mayor constructora de represas del mundo, la china Sinohydro, retirara su participación de la construcción de la presa de Agua Zarca, que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de etnia lenca.

La construcción en el río Gualcarque amenazaba a las comunidades indígenas de la zona, por lo que tanto la COPINH como otros colectivos comenzaron las protestas en su contra. Cáceres consiguió también que la institución financiera de inversión privada del Banco Mundial abandonara esta iniciativa.

Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales. Según el informe de Global Witness En Terreno Peligroso, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, lo que supuso un drástico aumento del 59% con respecto al año anterior.