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Asesinados por defender los bosques

Misael Zamora, defensor medioambiental, en el Gran Bosque de Agua de México.

Carlos Carabaña

Fue un 15 de mayo de 2007. Martes. Alrededor de las seis y media de la tarde. Veníamos del bosque. Habíamos ido a realizar unas brechas, unos cortafuegos, para evitar incendios forestales y nos dirigíamos mi hermano y yo al domicilio de mi padre. En la entrada del poblado de Santa Lucía, donde viven la mayor cantidad de personas que se dedican a la tala ilegal, nos dió alcance un coche, un Chevy Monza color azul. Se nos cruzó en el camino y descendieron cuatro sujetos armados. Empezaron a tirar balazos a la camioneta donde veníamos y nosotros nos bajamos para tratar de huir. Vi que mi hermano Aldo cayó y traté de levantarlo. En ese momento también me dieron a mí”.

Quien cuenta esto es Misael Zamora desde su casa de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Como buen hijo de su padre, don Ildefonso, lucha por la preservación de los bosques de las lagunas de Zempoala y Huitzilac, una de las zonas de México catalogada como región crítica por la tala ilegal. Cuando le alcanzaron las balas, se desmayó y amaneció en el hospital. Le habían herido en un pulmón. Su hermano Aldo no tuvo tanta suerte y murió en el atentado perpetrado por los talabosques.

La familia Zamora pertenece a la comunidad indígena tlahuica, ubicada en el municipio de Ocuilán. Dentro de sus demarcaciones hay unas 10.800 hectáreas de bosques y sobre 14.800 para uso agrícola. Se engloban en lo que se llama el Gran Bosque de Agua, un área de 120.000 hectáreas, cercana a la capital mexicana, que alberga el 2% del total de la biodiversidad mundial, además de abastecer de agua a 30 millones de personas. De acuerdo a un estudio de la Universidad Autónoma de México, de 2000 a 2006 se perdieron 14. 400 hectáreas de masa arbórea.

Desde que en 1997 Ildefonso comenzó su lucha por salvar los árboles, las amenazas han sido la música que le ha acompañado. “A raíz de denuncias que hizo mi padre, con nombres, direcciones y datos de los delincuentes, hubo una serie de enojos entre la gente que se dedica a la tala ilegal”, explica Misael, “primero llegaban como rumores, gente del pueblo que había oído a alguien diciendo algo de nosotros; después ya directas, viniendo al domicilio de mi padre, tirando disparos al viento, piedras a la casa... Luego, ya en 2006, cuando hicimos la gran marcha para que subiese la presión de las autoridades contra la tala ilegal, se le acercó un grupo y le dijeron: ‘Tienes tus días contados, si no le bajas te vamos a dar en donde más te duela”.

Al año, el Chevy Monza azul se cruzaba en el camino de Misael y Aldo, que moría por una herida de bala. Aunque los testigos presenciales identificaron a los cuatro atacantes, conocidos taladores de la zona, sólo dos acabaron en prisión. Según Greenpeace, que lleva ayudando a dar visibilidad a la lucha de Ildefonso desde 2004, los que siguen en libertad son los retoños de Feliciano Encarnación, muy conocido en la región por ser el caudillo de un grupo dedicado a la tala ilegal. Entre 1991 y 2016, 33 inspectores forestales, encargados de impedir está práctica, han sido asesinados en todo el país.

Agresiones de las autoridades

Ildefonso tiene más hijos, pero sólo Misael ha decidido seguir sus pasos, ayudándole en las campañas de reforestación y lucha contra los leñadores criminales. Esto le ha valido más sustos. En 2015, fue detenido por agentes de la policía y la Administración, que le acusaban, ironías de la vida, de tala ilegal. Pensó que iba a ser un caso de desaparición forzosa y cree que sólo la rápida intervención de su comunidad, que acudió a defenderle, le salvó. Hay que recordar que en el lenguaje mexicano no desapareces, sino que “te desaparecen”.

Su padre lleva en prisión desde el 20 de noviembre del año pasado, cuando le detuvieron con malos modos en su oficina del Ayuntamiento, donde es Regidor de Turismo y Medioambiente. Le acusaban de un delito cometido en 2012, tres años antes de su aprensión, cuando 50 personas asaltaron la casa de su vecina, una anciana llamada Felicitas, y robaron unos 20.000 dólares. Le metieron en el mismo penal donde estaban los dos asesinos de su hijo Aldo, que fueron trasladados cuando a principios de 2016 la campaña de Greenpeace en pro de su liberación empezó a hacer ruido en la prensa. Ildefonso ha sido declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. “Las acusaciones de robo formuladas contra Ildefonso Zamora se basan en una serie de testimonios fabricados. El fiscal registró los testimonios de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas”, argumenta un comunicado de la organización.

Para más inquina, ese día en particular, Ildefonso Zamora estaba abriendo una asociación civil en una notaria de Toluca, a hora y media del lugar de los hechos. Cuando dos periodistas acudieron a la casa de Felicitas a preguntar, su nieto les contestó que el sólo recordaba a gente joven asaltando la vivienda, nadie que pudiese encajar en la descripción de un señor de 50 años. Según Misael, el asalto se debió a una venganza por el asesinato de otro vecino del pueblo, perpetrado por el hijo y el nieto de la dueña de la casa.

Además, esa excesiva cantidad de dinero en el México rural resulta, cuanto menos, extraña. La defensa legal que lleva el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro asegura que no está probado que ni siquiera existieran los 20.000 dólares. Su origen, supuestamente, estaría en remesas enviadas desde Estados Unidos, aunque no tienen justificantes de recibo.

-¿Qué interés puede tener esa señora en inculpar a tu padre?

-Pues desconozco sus razones, no sé si le prometieron cosas o dinero. Pero todo lo que le llegue a suceder a mi padre, tanto en lo personal como en temas de salud, los responsables son las autoridades y esta señora.

“De las agresiones, que tenemos registradas más de 109 [entre mayo de 2014 y junio de 2015], 37 fueron cometidas por autoridades locales, estatales o federales”, explica el italiano Andrea Cerami, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y uno de los autores del Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, “primero van los casos donde no se sabe el autor, luego autoridades, después miembros de las comunidades, empresas y finalmente, en muy pocos casos, la delincuencia organizada”. De acuerdo a este documento, las agresiones (o al menos su reporte en prensa, principal fuente que usan) son una realidad en aumento. Si en 2010 fueron 10 ataques, el número va subiendo (16 en 2011, 23 en 2012, 82 entre enero de 2013 y abril de 2014) hasta esos 109 de mayo de 2014 a junio de 2015. Traducido en porcentajes, en un lustro han aumentado un 990%. Cerami advierte sobre la gravedad de esta tendencia y alerta de las limitaciones metodológicas en su propio estudio. Una es que sólo registran las agresiones que salen en los diarios que llegan a la Ciudad de México, por lo que muchos reportes que salgan en periódicos locales quedan sin incluir. También quedan fuera aquellos casos que no se denuncian por motivos de seguridad o por ser demasiado pequeños.

Reivindicaciones con eco en la prensa

“Uno de los factores que explica este aumento es la mayor visualización, con más defensores que se atreven a denunciar y más atención por parte del gremio periodístico, pero creo que también hay un aumento continuo de las agresiones en sí”, razona Cerami, “debido a que en México hay un aumento de los conflictos ambientales por megaproyectos de empresas ligados a la extracción de los recursos ambientales, debidos a la Reforma Energética y el Plan Nacional de Desarrollo”.

Estas dos normativas, ambas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto (PRI), empezaron a funcionar justo en 2013 y han fomentado grandes obras como carreteras, presas, extracción de hidrocarburos... Donde aparece un megaproyecto, suele surgir un defensor dispuesto a pararlo.

En México, además, existe un problema de armonización legal. La Constitución reconoce ciertos derechos a los indígenas, como el de formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo, que luego no se reflejan en la legislación secundaria. Si alguien acude a los tribunales, les pueden tumbar el andamiaje legal ya que la Constitución es más fuerte. Las empresas, cuando cuentan con todos los permisos en regla y la financiación, acuden a la zona donde van a acometer la obra. Las comunidades se enteran muchas veces cuando entran las máquinas o alguien les quiere comprar la tierra, así que van a los tribunales y los conflictos se enrarecen.

“Entonces tratan de intervenir, hacen plantones, piden información, se organizan... y cuando esto ocurre, comienzan los ataques a los líderes”, cuenta Cerami. “Cualquier medida de protección no es más que un parche, ya que la situación de riesgo está causada por el proyecto y si éste sigue, la motivación para la agresión continua”, advierte. Para él, la única forma de parar los ataques es detener el proyecto y cita como ejemplo el asesinato hace pocos meses de Berta Cáceres.

La noche en la que un grupo de sicarios entró en la vivienda donde dormía esta ambientalista hondureña y la asesinaron, estaba con ella Gustavo Castro. Defensor mexicano de derechos humanos, originario del Estado de Chiapas, Castro es consciente de que sobrevivió de milagro (la bala le rozó un nudillo y la oreja, sangrando lo suficiente para que el criminal le creyese cadáver) y que fue una víctima colateral en el homicidio de una mujer que había liderado la lucha contra la instalación de la presa de Agua Zarca, en el río Gualcarque (Honduras), por la empresa DESA, logrando parar la obra y recibiendo el prestigioso Goldman Enviromental Prize, considerado como el Nobel del ecologismo.

Antes de Cáceres, ya habían muerto cuatro miembros de su comunidad luchando contra esta misma presa, y, a los pocos días de su asesinato, cayó otro líder, Nelson García. Honduras es uno de los países más peligrosos para luchar por el medioambiente, con más de 100 defensores asesinados en los últimos años. ¿Qué fue, entonces, lo que hizo que el caso de Berta levantase una ola de indignación tan fuerte, arrastrando condenas, por citar algunas, de la OEA, Leonardo DiCaprio, Nicolás Maduro, Naomi Klein, el Parlamento Europeo o el Vaticano?

“Es la pregunta que todo el mundo se hace. En 40 años no he visto nada similar a esto, quizá sea que la sociedad está harta o que la personalidad de Berta era tan fuerte y tan entregada...”, reflexiona Castro en la sede del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, “eso sí, ni medidas cautelares ni premios importantes aseguran la vida de nadie”. Según un informe de Global Witness, en 2014 asesinaron a 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que el año anterior.

Castro denuncia que las autoridades no sólo miran hacia otro lado, sino que también apoyan a las empresas multinacionales. “Uno de los factores comunes en toda América Latina y también en el resto del mundo es que la clase política y la empresarial se están fusionando y te encuentras con magistrados, presidentes, diputados... que son empresarios”. Y ejemplifica: “El nuevo director de fiscales de Honduras [Jośe Duarte] es parte del despacho de abogados que defiende a la empresa contra la que luchaba Berta”. “En caso de tener que legislar, ¿a favor de quien lo harán?”, se pregunta. En el caso de Cáceres hay ya cinco detenidos, a los que sitúan en el área durante el asesinato, tras haber consultado la posición de sus teléfonos móviles, según Víctor Fernández, abogado de las hijas de Berta, tras una rueda de prensa en la Ciudad de México. Entre ellos, hay dos empleados de DESA y Fernández aseguraba que hay perpetradores intelectuales por encima de ellos, tanto en la empresa como en las instituciones.

“Los gobiernos le están entregando todo el poder a las empresas y ellas van a hacer negocio, no tienen necesidad de buscar el bien común”, explica Castro. Tampoco de rendir cuentas en unas elecciones. “Puede que haya megaproyectos donde no hay conflicto, pero no donde no hay problema”. Él cree, desea, que pese a las amenazas y ataques, siempre va a haber una oposición.

-Misael, en caso de que a tu padre, Ildefonso, le pase algo, ¿tu seguirías?

-Si tuviese que, por salud u otra cosa, quedar fuera de su lucha, nosotros, tanto yo como mi familia y mis vecinos, vamos a seguir. No vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a continuar adelante.

La construcción de la presa contra la que luchó Berta Cáceres ha sido suspendida

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Bertha Zuñiga, hija de Cáceres, durante una rueda de prensa que dio en México tras el asesinato de su madre, parecía también decidida a recoger el manto de su madre.

*Este artículo fue publicado en tintaLibre de verano de 2016. Puedes consultar el número completo de la revista aquí.aquí

 

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