“Por la reactivación política del PSOE y de la democracia en España”. El exministro Jordi Sevilla ha echado a rodar su proyecto para que el socialismo busque una alternativa al actual líder, Pedro Sánchez, a través de un manifiesto de once páginas lleno de críticas a la dirección. Pero el movimiento no ha sacudido el partido, como esperaban especialmente las derechas, y no ha encontrado ningún gran respaldo durante sus primeras horas de vida.

Sevilla ha estado trabajando durante estas semanas de Navidad para dar vida al texto. Había mucha expectación por parte de la derecha política y mediática, pero una de las grandes sorpresas ha sido que el manifiesto no incluye ninguna firma ni apoyo explícito de figuras del partido. Ni siquiera los habituales críticos con el presidente han salido a defender la propuesta del que fuera titular de Administraciones Públicas.

El texto lanzado por Sevilla en redes durante la mañana del lunes sólo ha logrado el apoyo en público del exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato, quien declaró que lo ve como un “paso al frente” para demostrar que el socialismo “tiene pulso”, poniendo el acento en la verticalidad que, en su opinión, domina la actual etapa de la formación con Sánchez al frente. También mostró su respaldo, a través de un vídeo en las redes sociales, Ana Botella Gómez, ex secretaria de Estado de Seguridad entre 2018 y 2020.

El manifiesto tiene como principal filosofía: “Pedimos un cambio del rumbo político en nuestro partido dado que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías. Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado”. 

El texto, bajo la denominación de "Manifiesto Socialdemocracia 21", apuesta por alejarse de la “izquierda populista” y “del independentismo que aspiran a romper con España”. Y se presenta como un “espacio de encuentro” para el “debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común”. En el entorno del exministro señalan que no se han querido incluir firmas para no centrar la atención en los nombres y detallan que se irán colgando vídeos en las redes durante estos días.

Este movimiento de Sevilla llega en un momento complejo para el PSOE, que ha vivido unos meses muy difíciles por los casos de corrupción y por las denuncias de acoso sexual dentro de la formación. Además, el partido tendría una intención de voto del 27%, según la última encuesta de 40db para El País y la Cadena Ser. Esto ha hecho que se esté reactivando la vieja guardia, con movimientos como la petición del expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra de abstenerse en la investidura de María Guardiola.

El presidente del Gobierno, en cambio, ha manifestado en los últimos meses su intención de volver a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales. El propio Sánchez en una conversación con periodistas durante la recepción de Navidad en el Palacio de La Moncloa reconoció que era consciente de la inquietud de algunos dirigentes, pero remarcó que está convencido de que la militancia apoya a la actual dirección.

Ni en Moncloa ni en Ferraz quieren entrar ahora en una guerra interna. Todas las palabras de la dirección sobre el texto de Sevilla han ido en una línea de apaciguamiento y no de confrontación. A Sánchez le preguntaron durante la rueda de prensa junto al primer ministro griego este lunes sobre la iniciativa del exministro. Su contestación fue breve: "Somos una organización profundamente democrática y respetamos todas las opiniones de los compañeros".

Desde Ferraz también se pronunció la portavoz adjunta, Enma López: “El PSOE no tiene ningún miedo al debate interno. Al contrario, nos gusta y forma parte de nuestra forma de ser. Va a haber una conferencia política en este semestre donde van a poder aportar muchas ideas compañeros muy valiosos. Estoy segura de que tienen grandes propuestas que hacer. Igual que hace un año en el congreso federal, donde hubo más de seis mil enmiendas”.

“A este partido le gusta debatir. Ahora bien, cuando hablan de cambio de rumbo, surge la duda de hacia dónde. ¿Quieren dejar de subir el salario mínimo? ¿Están hablando de no subir las pensiones? Habrá que ver y estudiar con cariño. Las propuestas más mayoritarias y las más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas”, agregó la también secretaria de Estudios y Programas del PSOE.

En el socialismo actualmente no hay una corriente que una a todos los críticos con Sánchez y que tenga una cabeza visible. Por un lado están los viejos popes como Felipe González y Alfonso Guerra, pero que ya no tienen tirón masivo entre la militancia por su estrategia de desgaste contra la actual dirección y su acercamiento a la derecha mediática, política y económica. De los barones actuales, sólo Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) critica abiertamente al presidente, como está haciendo estos días con la financiación autonómica.

Pero el presidente de Castilla-La Mancha no tiene el respaldo de otros secretarios generales. De hecho, las federaciones con más afiliados y con mayor potencia para disputar una guerra interna en el partido están en manos de dirigentes muy cercanos al secretario general: María Jesús Montero (Andalucía), Diana Morant (Comunitat Valenciana) y Óscar López (Madrid). Asimismo, el presidente tiene como una de sus más sólidas columnas de apoyo a Salvador Illa, al frente del PSC y de la Generalitat. 

Cuando resucita el debate interno del PSOE también se mira a Susana Díaz, quien señaló que no ha firmado ese manifiesto y que cree que no es el momento de abrir un debate interno a las puertas de las elecciones aragonesas del próximo 8 de febrero. No obstante, ella piensa que habría que buscar una “ventana de oportunidad” para adelantar las elecciones generales porque esta legislatura es “la muerte a pellizcos”, además de que está creciendo la ultraderecha.

En estos últimos meses también se han vivido algunos choques como la presión desde el socialismo asturiano a Ferraz por el tema del caso Paco Salazar. Y en algunos sectores del partido se ha interpretado como un ajuste de cuentas después de que saliera Adriana Lastra de la dirección por su choque con Santos Cerdán. Pero desde federación se niega tajantemente que estén implicados en algún tipo de operación para el derrocamiento del presidente.

El socialismo acabó el año revuelto por los casos de corrupción y de acoso sexual que han zarandeado a Ferraz en los últimos meses. Y, además, las elecciones en Extremadura supusieron otro duro golpe para el partido, que obtuvo el peor resultado histórico en uno de sus bastiones con una papeleta encabezada por Miguel Ángel Gallardo.

Y este clima ha despertado con fuerza a algunos sectores del partido, que todavía no han curado sus heridas respecto a las primarias que ganó Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. El presidente del Gobierno ha dejado claro durante estos días que se ve con fuerzas para agotar la legislatura y que está convencido de que el partido puede volver a ilusionar al electorado progresista frente a la ola de la derecha.

Pero las procelosas aguas políticas han hecho reaparecer a la vieja guardia con varias ideas ahora refutadas por los órganos de dirección: el acercamiento al Partido Popular, el alejamiento de las fuerzas de izquierdas y nacionalistas y la posibilidad de abstenerse en investiduras de candidatos del Partido Popular. Además, del cuestionamiento de la estrategia de Ferraz y de la idoneidad del propio Sánchez como cabeza de cartel, a pesar de que el actual secretario general tiene intención de renovar el mandato.

Una posible abstención en Extremadura ha sido el primer paso de parte de la vieja guardia, encabezada en esta pantalla por el expresidente autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se da la paradoja de que esta opción no la ha puesto siquiera sobre la mesa, de manera concreta, la candidata del PP, María Guardiola, quien ha comenzado su ronda de consultas para ganar la votación con una reunión “cordial”, como ella misma definió, con Óscar Fernández (Vox), y se ha marcado como prioritario analizar el documento con las 200 exigencias escritas por la ultraderecha.

La abstención no es una opción para Ferraz ni para La Moncloa, donde creen que no tiene sentido dejar la puerta abierta de par en par a Guardiola para que luego aplique políticas de derechas de la mano de Vox durante toda la legislatura. Y es que hasta el propio Alberto Núñez Feijóo en su balance de año marcó claramente que su política de pactos está orientada hacia Santiago Abascal: “Nuestro cordón sanitario es EH Bildu, no Vox”.

Varias fuentes de la dirección del PSOE consultadas hacen el análisis de que el debate sobre el cordón sanitario tendría sentido en otro contexto, pero que el primero que no lo quiere ni lo va a cumplir es el Partido Popular, a diferencia de otras formaciones conservadoras europeas. Asimismo, algunos de los consultados señalan que un debate en serio sobre este tema conllevaría que el PP aceptara condiciones como la ruptura de todos los pactos existentes con Vox a lo largo y ancho del país, cosa que no se plantea Génova 13.

Además, como señalan en Ferraz y en Moncloa: la decisión de abstenerse sólo puede ser tomada por la militancia. Este fue uno de los mayores avances de democracia interna implementados desde que Sánchez ganó las primarias después de la traumática abstención para permitir que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno tras las elecciones de 2016.

En los estatutos revisados en el 41 congreso, celebrado en Sevilla en diciembre de 2024, quedó de nuevo muy claro este asunto y se especificó que la pregunta a las bases es necesaria "sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político".

Durante estos días de Navidad también se están moviendo algunos exdirigentes del PSOE capitaneados por Jordi Sevilla para preparar un manifiesto contra la actual dirección de partido y que verá inicialmente la luz durante este mes de enero. Según ha explicado él mismo durante estos días, está intentando que en torno al texto haya un “número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE”, pero a la vez quiere contar con “voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España”.

El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica tiene la idea de un manifiesto en el que se reclame volver a los principios “socialdemócratas” del PSOE porque, en su opinión, ahora mismo el partido ha caído en las garras del “populismo”. Asimismo, Sevilla quiere lanzar este documento como una alternativa a Pedro Sánchez y su “club de fans”: “Eso es una situación, algunos le llaman de cesarismo, que no habíamos visto nunca en un partido socialdemócrata”.

Sevilla, según confesó en una entrevista en Europa Press, se plantea que cuaje esta alternativa de aquí al verano, después de que se sucedan las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Para él, es clave el resultado que coseche la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el sur frente a Juanma Moreno.

En La Moncloa reconocen que son conscientes de que hay cargos medios en España descontentos, pero están absolutamente convencidos de que la militancia está con Sánchez. La respuesta a Sevilla más contundente llegó a través del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que es uno de los que tiene más tirón entre los afiliados: “Yo le invitaría a que vaya por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, a recoger firmas de adhesión al manifiesto. Va a tener un éxito arrollador”.

Asimismo, de cara a una posible revuelta interna, del lado de Sánchez están las principales federaciones: Andalucía (María Jesús Montero), Cataluña (Salvador Illa), Madrid (Óscar López) y Comunitat Valenciana (Diana Morant). Y en el PSOE actual no se puede decapitar a un secretario general sin que pase por un proceso entre los militantes. 

Sí sigue jugando a echar sal en la herida del PSOE el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que concedió una entrevista a La Razón el último fin de semana del año para culpabilizar a Sánchez del 21D: “El castigo en Extremadura tiene nombres y apellidos”. Y no se mojó de cara a una posible abstención del PSOE para que Núñez Feijóo pudiera ser presidente: “No me anticipo a esa hipótesis. Lo importante es que haya una agenda de posibles grandes acuerdos de Estado”.

La viabilidad de la candidatura del actual presidente para las próximas elecciones también ha sido puesta en duda desde el periódico El País, a través de un artículo de su exdirectora Soledad Gallego-Díaz, una voz muy respetada dentro del espacio progresista. En su opinión, Sánchez no debería presentarse, aunque reconoce en el texto que “el PSOE no tiene ningún candidato mejor”. Su apuesta pasa por que el actual líder “indique” a una mujer que lidere la papeleta, obviando que es una decisión de la militancia. Y apunta a que esa aspirante debería tener “una imagen más cercana a una posible vía de diálogo”.

La comisión de nombramientos y retribuciones de Red Eléctrica ha propuesto el nombramiento de la exministra de Vivienda y exdiputada del PSOE Beatriz Corredor como consejera externa, como paso previo a su designación como presidenta no ejecutiva de la compañía. Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la citada comisión ha propuesto al consejo de administración el nombramiento de Corredor como consejera, dentro de la categoría de 'otros externos' y hasta que se reúna la primera junta general de accionistas, para cubrir la vacante dejada en el consejo por la dimisión de Jordi Sevilla como consejero y presidente.

Sevilla dimitió el pasado 28 de enero de 2020, aludiendo a "restricciones externas sobrevenidas y discrepancias en el ámbito regulatorio que podrían afectar a la buena marcha de la compañía, a sus planes de futuro y a su gestión como presidente". La sesión del consejo de administración está prevista para el próximo martes 25 de febrero. Corredor anunció el pasado mes de enero que dejaría su escaño en el Congreso de los Diputados por motivos personales, incorporándose en su lugar el número 12 de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Omar Anguita, secretario general de las Juventudes Socialistas de España.

Biografía

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Corredor es registradora de la propiedad desde 1993. Afiliada al PSOE desde 2003, fue secretaria de Mujer e Igualdad en la agrupación de San Blas-Canillejas de Madrid. En las elecciones municipales de 2007 concurrió en la lista del PSOEPSOE a la alcaldía de Madrid, encabeza por Miguel Sebastián, resultando elegida concejala. En esa etapa fue portavoz del Grupo Socialista en el área de Vivienda y en el distrito de Barajas y también fue miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid.

Ministra de Vivienda en la IX Legislatura, entre abril de 2008 y octubre de 2010, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a partir de 2010 esa cartera se integraría en el Ministerio de Fomento, pasando Corredor a ocupar el cargo de secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

Otros cargos públicos que ha desempeñado son el de presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), así como el de directora del Servicio de Estudios Registrales de Castilla-La Mancha desde 2002 hasta 2007 y el puesto de vocal-registrador en el Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. De octubre de 2013 a junio de 2017 fue directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores de España y también es miembro del Bureau del Working Party in Land Administration, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Unece); mentora de la Fundación Endeavor España y profesora asociada de Derecho Civil en el máster de Acceso a la Abogacía (Universidad Nebrija), además de ponente y conferenciante.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado este jueves su respeto por la renuncia del presidente de Red Eléctrica (REE), Jordi Sevilla, y ha negado que ella haya influido en esa decisión: "Tenemos mucha rumorología, pero jamás ha habido una injerencia por parte de esta ministra", informa Europa Press.

"Es un señor al que conocemos todos, con una gran capacidad expansiva en términos de comunicación, y si no se siente cómodo en el contexto que dice, de las referencias externas del contexto regulatorio, quizá es comprensible que se vaya", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del BforPlanet en el Palau de la Música de Barcelona.

Ribera ha agradecido a Sevilla su esfuerzo por intentar consolidar la empresa, que ha calificado como una de las "joyas de la corona" del Íbex 35, y ha sostenido que REE necesita una relación fluida con el Gobierno.

Así, ha defendido que ahora "lo más importante es que esta empresa, en pleno proceso de cambio, de apertura y de introducción de nuevas actividades, recupere la tranquilidad frente a una salida que ha querido ocurrir que sea particularmente llamativa".

La vicepresidenta ha explicado su agenda prevista para este jueves en Barcelona, en la que tras participar en el acto de presentación del BforPlanet, visitará el Barcelona Supercomputing Center y después se reunirá con la Dirección General de Costas del litoral catalán para abordar las afectaciones del temporal Gloria en las playas de Cataluña.

Protección del litoral

Sobre esta cuestión, ha apuntado que la urgencia para el Gobierno es "pensar cómo rehabilitar, recuperar e invertir" en las playas afectadas y ayudar a los ciudadanos afectados por el temporal, aunque ha subrayado la importancia de replantear las estrategias de protección del litoral en el futuro.

Considera que con el cambio climático se están produciendo escenarios que antes eran "teóricos y ahora son reales", por lo que cree que hay que tener un debate social, responsable y tranquilo sobre cómo plantear la protección de las costas ante este fenómeno.

El presidente de Red Eléctrica (REE), Jordi Sevilla, presentará este martes su dimisión como máximo responsable de la compañía "por motivos personales", según confirmaron a Europa Press fuentes de la empresa.

Dichas fuentes indicaron que el directivo, que ejercía el cargo desde finales de julio de 2018, tiene intención de presentar su dimisión este martes durante la reunión que mantendrá el consejo de administración de la empresa.

Fuentes conocedoras del asunto explicaron a El País que Sevilla abandonará sus responsabilidades sin cobrar indemnización y desde el diario apuntan que llevaba "varios días madurando una decisión originada por la falta de entendimiento con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera".

Sevilla reemplazó en la presidencia no ejecutiva de Red Eléctrica a José Folgado. Anteriormente, fue exministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y asesor en materia económica del PSOE, así como vicepresidente de la firma de comunicación y relaciones públicas Llorente & Cuenca.

El todavía presidente de REE pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desempeñado distintos cargos en la Administración, entre los que destaca el de jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda entre 1993 y 1996.

El Grupo Red Eléctrica obtuvo un beneficio neto de 529,2 millones de euros en los nueve primeros meses de 2019, lo que representa un incremento del 1,6%, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó en 1.155,8 millones de euros a cierre de septiembre, un 0,7% más.

José Folgado, expresidente del Grupo Red Eléctrica (REE), percibió una indemnización de 718.000 euros por su salida de la compañía el pasado verano, cuando fue relevado en el cargo por Jordi Sevilla. Según consta en el informe de remuneraciones del consejo remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que recoge Europa Press, Folgado recibió esta cantidad, que correspondía al equivalente a una anualidad de su salario fijo cuando era consejero ejecutivo, condición que dejó en 2016 para ser presidente no ejecutivo, más el variable.

El pasado 31 de julio, Folgado fue cesado de su cargo, pasando a asumir la presidencia del operador del sistema eléctrico, participado en un 20% por SEPI, el exministro socialista Jordi Sevilla. Hasta su cese como presidente de la compañía, José Folgado percibió 318.000 euros por sus funciones en el cargo que ocupaba.

Por su parte, Jordi Sevilla ha recibido una retribución en metálico de 228.000 euros por sus funciones desde que asumió la presidencia de Red Eléctrica.

El consejero delegado de la compañía, Juan Lasala, obtuvo una retribución devengada por la sociedad en 2018 que ascendió a un total de 1,015 millones de euros, de los que 853.000 euros correspondieron a su retribución en metálico.

Convocatoria de la Junta de Accionistas

Asimismo, el grupo ha convocado su próxima junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el 22 de marzo, en la que someterá a ratificación los nombramientos del propio Jordi Sevilla y de los consejeros Antonio Gómez Expósito y Maite Costa.

También se someterá a votación de los accionistas el nombramiento como consejero de José Juan Ruiz Gómez, que entrará en el órgano rector de la compañía tras la salida de José Luis Feito.

Las transiciones entre la política y la gran empresa del sector energético no se detienen. Tras el fichaje del exministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), Jordi Sevilla, como presidente de Red Eléctrica de España (REE), la empresa con participación pública planea nombrar el próximo mes de septiembre como consejera a María Teresa Costa, diputada del PSOE entre 2000 y 2004 y presidenta de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011, el órgano regulador de la energía.

Según adelantó Cinco Días, ese nombramiento se hará efectivo en la reunión que el órgano de gobierno de la compañía celebrará la semana que viene. A preguntas de infoLibre, un portavoz de REE declinó confirmar esta información alegando que ni el calendario ni el orden del día del consejo son públicos. Siempre según el citado diario, Costa sería nombrada consejera en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que controla el 20% de REE. 

Está previsto que en esa reunión sean relevados los tres consejeros dominicales actuales (colocados por los grupos de inversores), que son nombrados por la SEPI en el operador del sistema eléctrico y transportista. Entre ellos está otro expolítico, Santiago Lanzuela, expresidente del Gobierno de Aragón (1995-1999) y diputado del PP entre 2000 y 2014, que ha ingresado 561.000 euros por este puesto desde que fue nombrado el 29 de julio de 2014, sólo un día después de causar baja como parlamentario. 

En todo caso, los citados no son los únicos ex cargos políticos que ahora forman parte de los consejos de administración de compañías del sector energético que cotizan en el Ibex 35. Según datos recopilados por este periódico hay otras 12 personas en esta situación, cuyos salarios ascendieron a 6,78 millones de euros sólo en 2017, tal y como recogen los informes de retribuciones presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De las 14 personas que han buscado hueco en los consejos de grandes compañías energéticas –sin contar a Costa, cuyo nombramiento todavía no se ha producido– nueve estuvieron vinculadas al PP en su paso por la política, tres al PSOE, una a CiU y otra al PNV. Por compañías, la gasística Enagás es la que cuenta con un mayor número de expolíticos sentados en su consejo de administración, son seis en total. Le sigue REE con cuatro expolíticos; Repsol, con dos; y Endesa e Iberdrola, con uno cada uno, respectivamente. En el consejo de administración de Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– no hay ningún ex cargo público. 

Cinco exministros 

De los máximos órganos de gobierno de las principales compañías del sector eléctrico forman parte cinco exministros. El nombramiento más reciente es el de Jordi Sevilla, que fue titular de Administraciones Públicas entre 2004 y 2008, y que cobrará casi 530.000 euros al año como presidente de REE. Además, está por ver si se embolsará también otro medio millón de indemnización cuando cese, tal y como ha recibido su predecesor. Hay otro exsocialista, el que fuera ministro de Industria entre 1986 y 1988, Luis Carlos Croissier, que en 2017 ganó 309.000 euros en Repsol.

Entre conservadores destaca Isabel Tocino, que fue titular de Medio Ambiente durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000), y que en 2017 se embolsó 157.000 euros por su pertenencia al consejo de Enagás. También Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior de 2002 a 2004 y que desde 2012 se sienta en el consejo de Iberdrola, donde ganó 313.000 euros el año pasado; o Ana Palacio, que fue la máxima responsables de Exteriores entre 2002 y 2004 y recibió 166.000 euros de Enagás en 2017.

Entre los expolíticos que ahora se sientan en consejos de grandes empresas del sector de la energía también resulta relevante la presencia de antiguos altos cargos públicos relacionados con la industria o los asuntos económicos. Es el caso, por ejemplo, del que fuera consejero de Industria del País Vasco entre 1993 y 2004, Josu Jon Imaz, que es consejero delegado de Repsol desde abril de 2014, puesto por el que ingresó 4,03 millones de euros el año pasado. Imaz también fue presidente del PNV entre 2004 y 2008. 

Otros excargos

Otros nombres destacados son el de Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995, con el PSOE, y que entró en el consejo de REE en 2017. Entre otros cargos ha sido también directivo en la Corporación Unión Fenosa y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (1995-2000). El año pasado cobró 129.000 de la compañía semipública. O el de Rosa Rodríguez Díaz, mano derecha del exministro Soria cuando este gobernaba en Canarias, que está en Enagás, donde cobró 144.000 euros el año pasado. Rodríguez Díazfue viceconsejera de Hacienda de ese Ejecutivo regional hasta 2010. 

También del consejo de Enagás forma parte Gonzalo Solana, que fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre 2000 y 2005, a propuesta del PP. Por este puesto cobró 144.000 euros en 2017. Completan la lista de antiguos responsables públicos con asientos en grandes energéticas el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que se incorporó al consejo de REE en 2017, donde cobró 156.000 euros; Marcelino Oreja Arburúa (diputado del Parlamento Europeo por el PP entre 2002 y 2004), ahora en Enagás, donde cobró 818.000 euros; Antonio Hernández Mancha (fundador de Alianza Popular y senador entre 1986 y 1989), que se embolsó 144.000 euros en la misma compañía el año pasado; y Miquel Roca (diputado por CiU en el Congreso entre 1977 y 1995), que percibió 270.000 euros de Endesa. 

El cambio de Gobierno ha traído consigo relevos en algunas de las principales empresas públicas y participadas por el Estado... con su correspondiente desembolso. Es el caso de Red Eléctrica Española, una compañía con una participación pública del 20% –el Estado es el máximo accionista individual–, que a partir de este martes preside el exministro Jordi Sevilla en sustitución de José Folgado: el ya expresidente de la compañía ha percibido una indemnización de más de 500.000 euros por su cese, y Sevilla se embolsará casi 530.000 euros (dietas aparte) anualmente como sueldo.

Red Eléctrica no puede considerarse una empresa pública, ya que la mayor parte de su capital es privado. Pero su principal accionista sí que es el Estado, que a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) controla el 20% de la sociedad y elige a su presidente, previo paso por el consejo de administración de la compañía. La empresa –que gestiona el sistema de energía eléctrica en España– estaba pilotada hasta hace unos días por Folgado, ex secretario de Estado de Presupuestos en el primer Gobierno de José María Aznar, y Sevilla (que ocupó la cartera de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007) ha sido el elegido para sustituirle tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Al no ser una empresa controlada mayoritariamente por el Estado, y pese a que parte de su capital es público, a Red Eléctrica no se le aplican las restricciones salariales para altos cargos que puso en marcha en 2012 el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, explica a infoLibre un portavoz de la SEPI. Y eso supone que sea la junta general de accionistas de la compañía la que decide libremente las remuneraciones de su consejo de administración.

Fuentes de Red Eléctrica confirman que Sevilla mantendrá las mismas condiciones económicas que su antecesor. Así, como presidente del consejo de administración, el exministro disfrutará de una remuneración anual de 399.170 euros, a los que se suman otros 130.742 euros anuales de retribución fija como consejero y 1.500 euros en concepto de dietas de asistencia a cada una de las once sesiones del consejo. El total, teniendo en cuenta todos los conceptos, asciende a 546.412 euros.

Se trata de la misma cantidad que ha percibido Folgado como indemnización por su cese, y esa coincidencia no es casual. El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2018 establece que, cuando cese su relación con la empresa, el presidente de Red Eléctrica tiene derecho a percibir el "equivalente a una anualidad de la retribución fija que estaba recibiendo en concepto de consejero ejecutivo más el importe correspondiente a la retribución variable calculada en el grado de cumplimiento del 100%".

No obstante, un portavoz de Red Eléctrica apunta que con la normativa actual Sevilla no tendrá derecho a dicha indemnización, que ascendería a los más de 500.000 euros de su sueldo anual. Según explica la empresa, Folgado tenía derecho a percibir esta cuantía por haber desempeñado hasta 2016 funciones de presidente ejecutivo, pero la compañía señala que la política de remuneraciones de Red Eléctrica 2016-2018 no contempla indemnización por cese para el presidente no ejecutivo, el cargo que desempeñará Sevilla y que tuvo Folgado entre 2016 y 2018. No obstante, la junta de accionistas de la sociedad tendrá que aprobar en los próximos meses la política de remuneraciones para el trienio 2019-2021, y ahí se decidirá si el exministro percibirá indemnización cuando deje su puesto y su eventual cuantía.

EFE, Correos o Tragsa tienen sueldos menores

Muchas otras empresas con participación pública han cambiado su cúpula con la llegada del nuevo Gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Correos (que presidirá el ex jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano), la Agencia EFE (cuyo nuevo principal dirigente será el periodista Fernando Garea) o Tragsa (que presidirá Jesús Casas, hasta ahora director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano). Pero en la mayor parte de los casos, las indemnizaciones y sueldos a los que tendrán derecho los nuevos presidentes son muy inferiores a los de Red Eléctrica, ya que se trata de compañías donde el Estado controla más de la mitad de las acciones y, según explica la propia SEPI, donde se aplica la limitación de sueldos establecida por ley.

Dicha limitación está regulada por el Real Decreto 451/2012 y por la reforma laboral de ese mismo año, ambas medidas impulsadas por el PP. En lo relativo a las indemnizaciones de los altos cargos del sector público, esta segunda norma establece que la extinción de los contratos de "alta dirección" solo "dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades", muy lejos del año completo de sueldo al que tienen derecho los presidentes de Red Eléctrica.

Por otra parte, los sueldos de estos altos cargos de empresas públicas dependen de si dicha compañía está enmarcada en el grupo 1, 2 o 3, una condición que otorga el Gobierno en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. No obstante, según establece la ley, la retribución básica de sus altos cargos no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (AENA o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca).

A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, pueden hacer que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique. Según establece la ley "el complemento de puesto representará, como máximo, el 40%" de la retribución básica del directivo, mientras que un segundo "complemento variable" puede ascender hasta el "60% de la retribución básica correspondiente a cada grupo". "En ningún caso la retribución total podrá exceder del doble de la retribución básica", señala la norma, lo que implica que el sueldo máximo de un alto cargo de una empresa con participación mayoritaria del Estado es de 210.000 euros anuales.

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ACLARACIÓN: En la primera versión de este texto se explicaba erróneamente que el exministro Jordi Sevilla tenía derecho a percibir una indemnización de más de 500.000 euros una vez dejara su puesto como presidente de Red Eléctrica. En realidad, con la actual normativa es únicamente su antecesor, José Folgado, quien puede percibir dicha suma en concepto de indemnización por cese, al haber desempeñado hasta el año 2016 funciones ejecutivas en la empresa. El puesto de presidente no ejecutivo, que ocupó Folgado entre 2016 y 2018 y que ocupará Sevilla a partir de ahora, no contempla ningún tipo de indemnización, aunque Red Eléctrica revisará la política de retribuciones de sus altos cargos próximamente. Por tanto, la decisión definitiva sobre la eventual indemnización de Sevilla aún se desconoce.

El consejo de administración de Red Eléctrica Corporación ha nombrado este martes nuevo presidente no ejecutivo al exministro Jordi Sevilla, relevando en el cargo a José Folgado, informa Europa Press.

Desde noviembre de 2016, Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y que fue también asesor en materia económica del PSOE en el equipo económico de Pedro Sánchez hasta septiembre de ese mismo año, ocupaba la vicepresidencia de la firma de comunicación y relaciones públicas Llorente & Cuenca.

Sevilla pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, donde ha desempeñado distintos cargos en la Administración.

Aparte de ministro entre 2004 y 2007, fue jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda entre 1993 y 1996. En su etapa al frente de Administraciones Públicas impulsó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado Público. También ha sido durante diez años diputado, portavoz de Economía en el Congreso y presidente de la Comisión del Cambio Climático. Tras dejar el escaño en 2009, trabajó durante seis años como 'senior counselor' de PwC, desde donde asesoró a empresas y a administraciones, y dirigió el proyecto 'España 2033'. También ha sido profesor en la EOI y en el Instituto de Empresa (IE).

Sevilla consideró "todo un reto asumir la presidencia de una gran empresa como Red Eléctrica, en un sector regulado en el que se debe compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada".

"Confío en la profesionalidad de sus trabajadores y directivos para alinear nuestros esfuerzos con lo que ya es un gran objetivo nacional", subrayó el nuevo presidente del operador del sistema eléctrico.

La indemnización de Folgado

Por su parte, Folgado deja la presidencia de REE después de más de seis años en el cargo, tras haber sido nombrado presidente en marzo de 2012.

En este periodo, la compañía ha llevado a cabo significativas inversiones en su negocio tradicional, ha incrementado su presencia internacional y en el sector de las telecomunicaciones y se ha convertido en un referente de sostenibilidad y gobierno corporativo.

No obstante, el exsecretario de Estado de Energía en el Gobierno de José María Aznar accedió como presidente ejecutivo al puesto, para, en 2016, dejar esas funciones ejecutivas en manos del consejero delegado, Juan Lasala, que seguirá ocupando ese cargo.

El ya expresidente de REE abandona el cargo con una indemnización de una anualidad de su retribución por la extinción de su relación contractual. En 2017, José Folgado recibió una remuneración de 546.000 euros por el desempeño de sus funciones.

Folgado destacó que presidir REE "ha sido un experiencia extraordinaria en todos los sentidos". "Esta es una gran empresa cuyo principal valor es su equipo humano. Estoy seguro de que la compañía, con su nuevo presidente a la cabeza, sabrá afrontar los retos que conlleva la transición energética", dijo.

Un grupo de economistas españoles capitaneados por el exministro socialista Jordi Sevilla publicó este miércoles un manifiesto para desvincular la inestabilidad que se aprecia en los mercados financieros de la actual situación política en España, donde el viernes se vota una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó Europa Press.

El propio Jordi Sevilla, junto al excomisario europeo Joaquín Almunia y otros economistas de reconocido prestigio como Emilio Ontiveros, Rocío Martínez Sampere, José Moisés Martín, Daniel Fuentes, Milagros Avedillo, Carlos Arenillas, Manuel de la Rocha y Belén Santa Cruz, suscriben un texto donde admiten que el euro "vuelve a estar en problemas, pero no por España".

"La zona euro está en dificultades de nuevo, pero no es, como dicen algunos, por la situación política en España sino de que exista un gobierno antieuropeo en Italia", explican en el documento, que difundieron a través de la red social Twitter.

"Todos los analistas asumen que pase lo que pase el viernes, España tendrá un gobierno constitucional y plenamente comprometido con el euro y el proyecto europeo", sostienen. "Acusar al escenario político que se vive en España como causante de esta situación es faltar a la verdad", advierten.

Los firmantes reconocen que se está produciendo un incremento de las turbulencias en los mercados financieros que se materializa en un aumento de las primas de riesgo de los países de la periferia europea y un descenso en los principales índices bursátiles de todo el mundo.

Temor a un Gobierno antieuropeo en Italia

El factor principal que explica esta desconfianza que se está adueñando de los mercados, argumentan los firmantes, "es sin duda la posibilidad de que se instale en Italia un Gobierno antieuropeo que ponga en marcha un mecanismo de salida del euro".

"El riesgo de fractura del euro vuelve a ser cuestionado por los mercados como ya sucedió en 2011 y 2012 de la mano de Grecia, quizá porque desde entonces la fortaleza de su arquitectura no ha avanzado lo suficiente", desarrollan.

Los mercados temen que pueda producirse un problema serio de sostenibilidad de la deuda pública con riesgo de salida del euro en la tercera economía de Europa, como reflejan los principales medios de comunicación financieros internacionales, para quienes la situación política en España es de escala o nula relevancia para explicar las actuales turbulencias financieras.

Los economistas recuerdan que España ya vivió un largo periodo de interinidad a lo largo de 2016 "con mercados estables, crecimiento económico y reducción del desempleo" y llaman la atención sobre el impacto que la desconfianza de los mercados hacia la eurozona está teniendo sobre España, y que no está siendo mayor que la repercusión en Portugal, Grecia, Irlanda o Japón.

La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

En menos de dos años, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido tres asesores económicos: Manuel de la Rocha, Jordi Sevilla y Manuel Escudero. El primero era el responsable económico de su anterior dirección federal, el segundo le acompañó durante las negociaciones para formar Gobierno en 2016 y cerró el pacto con Ciudadanos, y el tercero ha sido uno de los responsables de coordinar el documento con el que el líder socialista se presentó a las primarias para recuperar las riendas del partido.

Ahora, muchas de esas propuestas se han incorporado a las resoluciones del 39º Congreso Federal, donde el sanchismo se hizo con el control y el número uno compuso una dirección de fieles. Escudero, sin ir más lejos, pilota el área de Política Económica y Empleo de la ejecutiva socialista –en la que también se ha integrado el ex número dos de UGT Toni Ferrer–, y sus planteamientos representan, en muchos casos, un giro a la izquierda con respecto al anterior programa del PSOE y, muy especialmente, con respecto al acuerdo con Cs. De hecho, en la reunión que mantuvieron la semana pasada Sánchez y Rivera no abordaron cuestiones económicas, porque a ojos del partido naranja los socialistas se han "podemizado" y porque ya no hay un espacio compartido.

El propio Escudero abogó, en un encuentro con la prensa a mediados de mayo –cuando Sánchez aún no había ganado las primarias–, por enviar "señales inequívocas al mercado" de que "los salarios bajos se han acabado", crear una banca pública, tasar las transacciones financieras, derogar la reforma laboral del PP... Un planteamiento, resumió, que "marca cierta distancia con la actuación de la socialdemocracia en los últimos veinte años".

infoLibre analiza en qué medida han cambiado las propuestas económicas del PSOE en estos dos años:

Reforma laboral

Que al PSOE nunca le ha gustado la reforma laboral del PP parece claro, pero que ha cambiado su discurso con respecto a ella en múltiples ocasiones no lo es menos: derogación, derogación por partes, sustitución por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, demolición de sus elementos centrales... son sólo algunas de las fórmulas que los socialistas han empleado en los últimos años para explicar qué pretendían hacer con respecto a la norma aprobada por el Gobierno conservador.

En la resolución del 39º Congreso Federal se establece con claridad que "la prioridad a corto plazo no puede ser otra que derogarla", porque "ha aumentado la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza". El nuevo PSOE de Sánchez, por tanto, recupera el planteamiento del PSOE que se presentó a las elecciones generales de 2016, en cuyo programa electoral podía leerse literalmente: "Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP".

En febrero de 2016, en cambio, Sánchez pactó con Rivera un acuerdo de Gobierno que no hablaba expresamente de derogar la reforma. Esa fue, de hecho, una de las principales críticas que Podemos le hizo a aquel texto, aunque los socialistas argumentaron que en el espíritu del pacto con Cs sí estaba acabar con la legislación laboral del PP. Aquel pacto, además de por el propio secretario general, fue negociado por un equipo donde estaba Jordi Sevilla, un hombre más cercano a los postulados del partido naranja que Rocha o Escudero.

Salario mínimo

El salario mínimo también ha dado quebraderos de cabeza a la dirección del PSOE: en su programa hablaba de subir el SMI para que en dos legislaturas llegara el 60% del salario medio neto, lo que supondría elevarlo hasta unos 1.000 euros. Después, el equipo negociador socialista pactó con Cs una exigua subida de "al menos el 1%" para 2016, lo que lo habría dejado en 655 euros. Ya sin Sánchez, la gestora del PSOE decidió apoyar el techo de gasto para 2017 a cambio de que el Gobierno lo incrementara un 8% para este año, hasta los 707 euros. Y ahora, el PSOE de Sánchez habla de llevar el SMI a los 1.000 euros pero no en ocho años, sino para 2020.

Jornada laboral

En las resoluciones del congreso del PSOE celebrado el pasado junio también se habla, por primera vez, de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales: "Nuestra propuesta es avanzar, como un primer paso, a la jornada de 35 horas antes de 2020", se puede leer en ese documento. En el programa electoral de 2016 no aparecía nada similar: se hablaba de limitar las horas extraordinarias y de garantizar la conciliación, pero en ningún caso de una rebaja generalizada del tiempo de trabajo. Tampoco, por supuesto, en el pacto con Ciudadanos, donde las menciones a la conciliación eran incluso más genéricas.

Renta básica

El PSOE también se ha abierto en esta nueva etapa al estudio de una renta básica, partiendo de su propuesta de ingreso mínimo vital, que figuraba ya en su programa electoral. ¿En qué consistiría esa prestación? En una nueva prestación de entre 426 y 708 euros dirigida a hogares sin ingresos o en situación de necesidad –con rentas inferiores a 7.100 euros anuales– y, al mismo tiempo, en el incremento de la cobertura y la cuantía de las prestaciones por hijo para familias que ingresaran hasta 17.000 euros al año. Los socialistas calcularon que podría beneficiarse a 730.000 hogares. La medida se incluyó en el pacto con Cs.

Ahora, los socialistas consideran que el ingreso mínimo vital debe ser únicamente el punto de partida y que es "inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una renta básica universal", que podrían pasar por un sistema de transferencias fiscales, también conocidas como impuesto negativo sobre la renta. En la práctica, el Estado fijaría cada año un objetivo de renta mínima anual y los ciudadanos que no llegasen a ese listón tendrían "derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia" equivalente a la diferencia entre ambas cifras, según refleja la resolución del congreso socialista.

Banca pública

El texto resultante del último cónclave del PSOE también va un paso más allá al referirse explícitamente a la necesidad de crear "un sector de Banca Pública para garantizar el crédito para inversiones a largo plazo, y otro de Banca Cooperativa y Social". Hasta ahora, los socialistas habían apostado por redefinir organismos ya existentes –fundamentalmente el ICO– para lograr que funcionasen como un banco público de inversiones. En el acuerdo con Cs se modificó esa fórmula y se apostó por "crear fondos de inversión público-privados" dirigidos a "sectores de alta tecnología" en "etapas iniciales".

Transacciones financieras

Igualmente se ha concretado la apuesta por poner en marcha un impuesto a las transacciones financieras. En el programa electoral, esa intención se resumía en una apuesta imprecisa por la "puesta en marcha definitiva" de un gravamen de estas características. En el acuerdo entre Sánchez y Rivera, el líder socialista aceptó aparcar esa reivindicación, que desapareció por completo del texto. Ahora, en cambio, se ha recuperado y precisado: el PSOE quiere introducir un impuesto que, como mínimo, grave con un 0,1% la compraventa de acciones y bonos y con un 0,01% las operaciones con productos derivados.

Pensiones

En materia de pensiones, los socialistas han recuperado en los textos de su congreso federal la promesa de derogar la reforma de las pensiones del PP, que ya incluyeron en su programa electoral y que, sin embargo, abandonaron en el pacto con Cs. Además, y aunque en los tres textos se habla de preservar el poder adquisitivo de esas prestaciones, es ahora la primera ocasión en la que, específicamente, hablan de "volver a vincular la subida de las pensiones al IPC" como "media prioritaria".

IRPF

Igualmente se ha ahondado en la idea de reforma fiscal y, en concreto, se han precisado qué cambios habría que introducir en el IRPF: el PSOE quiere ahora "recuperar el tramo del impuesto a rentas altas" que el Gobierno del PP eliminó en 2015 para "redistribuir la carga tributaria" y lograr que el gravamen sea "más progresivo". En su programa electoral, en cambio, planteaba dejar en manos de una subcomisión de expertos el rediseño del impuesto de la renta, y en el acuerdo con Ciudadanos sólo se hablaba de "reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita". 

Jordi Sevilla, exministro y miembro del equipo negociador designado tras las generales del 20 de diciembre de 2015 por el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está poniendo las bases para echar la culpa a otros y adelantar elecciones". Sevilla señaló. por ejemplo, que el Ejecutivo "no ha podido gestionar peor" la convalidación del decreto sobre la estiba, que el Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada y que supuso la primera gran derrota del PP en la Cámara baja en esta legislatura, y consideró que Rajoy está acumulando posibles argumentos para una nueva convocatoria electoral que presentaría como inevitable ante la imposibilidad de gobernar con cierta estabilidad.

Sevilla realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo convocado en Madrid con motivo de la presentación de su nuevo libro, Vetos, pinzas y errores, donde narra las negociaciones conducidas por el PSOE para intentar alcanzar pactos con Podemos y Ciudadanos tras el 20D, y en el que culpa al líder de la formación morada, Pablo Iglesias de, "en primer persona, de manera muy pública y en contra de la opinión de otros dirigentes podemitas como Iñigo Errejón", dar "un sonoro portavoz" para evitar un acercamiento al PSOE, porque "su opción era provocar unas segundas elecciones que le permitieran derrotar al PSOE y convertirse, ahora sí, en el líder de la oposición".

El exministro socialista admitió este martes que, tras constatarse la imposibilidad de ese "Gobierno de cambio" y de la repetición electoral, él "era partidario de pedir la cabeza de Rajoy en sentido político" a cambio de la abstención socialista. Sevilla agregó que el PSOE pudo aprovechar el momento político en que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también pedía públicamente la retirada del líder del PP: "Al PSOE le habría facilitado la abstención que el candidato no fuera Rajoy". De hecho, desveló que Sánchez le encargó a José Enrique Serrano y a él que confeccionaran un "documento de eventuales condiciones para una eventual negociación" de la abstención de los diputados del PSOE en la investidura del candidato conservador.

Sin embargo, apunta Sevilla en el libro, el no a Rajoy acabó imponiéndose entre la entonces dirección del partido por "tres puntos clave": la escasa "credibilidad" del Rajoy como candidato, el hecho de que el PSOE debía seguir representando "la alternativa" que aspira a sustituir a los conservadores en el poder, y que no puede "ayudarle" a llegar al Gobierno "sin alterar el sistema de representación democrática". También hace referencia a que los dirigentes socialistas percibían en sus entornos un clima contrario a la abstención y al hecho de que Rajoy no se limitaba a presionar al PSOE para que la facilitara la investidura, sino que también pretendía implicarlo en la gobernabilidad y en la aprobación de las leyes clave, como los presupuestos.

En ese contexto dijo que, toda vez que la cúpula del PSOE y sus negociadores contemplaron la abstención durante un tiempo, "seguramente" Pedro Sánchez dijo al expresidente del Gobierno, Felipe González, que esa era una "opción probale". Luego, apuntó el exministro, hubo un cambio de opinión "de forma razonada" porque los dirigentes socialistas cayeron en la cuenta de que había que evitar "el abrazo del oso" que pretendía el PP, y concedió que "a lo mejor" Sánchez no comunicó ese cambio a González. "Pero no tengo la impresión de que haya habido un engaño, sólo un cambio de posición", replicó preguntado por las palabras del expresidente González en las que afirmó sentirse engañado por Sánchez.

Sevilla recalcó que la abstención, que fue "un mal menor", es una decisión cuya gestión es "complicada" porque el líder del PP sigue insistiendo en "cogobernar con el PSOE" y que eso coloca a los socialistas en una tesitura complicada. "La tendencia de Rajoy es que el PSOE se le aproxime, y hacerlo copartícipe de decisiones para gobernar sin la oposición del PSOE, y no parece que el PSOE esté dispuesto a hacerlo", apuntó el exministro, que considera que Pedro Sánchez prefería ir a unas terceras elecciones antes que facilitar un Gobierno de la derecha y que no quiso opinar este martes sobre cuál era, a su juicio, el "menor de los males" tras constatarse: "Yo no lo tengo tan claro", replicó a preguntas de los periodistas.

No estará en las primarias

En cuanto a la actual situación interna del PSOE, Sevilla dijo que ya sabe a quién votará en las primarias pero dejó claro que no participará en la campaña de ninguno de los aspirantes a la Secretaría General, Pedro Sánchez, Patxi López y Susana Díaz. Además, negó que el hecho de no respaldar al primero de ellos, quien le pidió que se incorporara a su equipo de asesores cuando ocupaba el puesto de mando en Ferraz, suponga que se ha distanciado de él. "No sé quién va a ganar las primarias y no tengo ningún temor porque gane ninguno de los candidatos, porque los tres son magníficos candidatos. Cualquiera lo hará bien y recuperará la línea política para recuperar los votos que hemos perdido desde 2008", pronostícó.

Sevilla sostuvo que, a su juicio, no hay ya "espacio objetivo" para una cuarta candidatura, y señaló que lo que le "interesa" es qué proyecto presenta cada uno de los aspirantes ya declarados "para que esos seis millones de personas que dejaron al PSOE puedan volver a confiar en la nueva dirección". "Creo que el problema no es sólo de personas", matizó el exministro, quien expresó su convencimiento de que el PSOE saldrá "unido" del congreso –"no tengo ninguna duda", dijo– y que afirmó que "en absoluto" existe riesgo de una escisión en el partido en función del resultado de las primarias, cuya votación se producirá previsiblemente en mayo.

Sobre los documentos presentados por las distintas candidaturas y la gestora, afirmó que tanto la ponencia económica para el 39º Congreso –coordinada por el economista José Carlos Díez– como los textos publicados por los equipos de Sánchez y López "caben con matices" en el programa electoral que él mismo coordinó. Sí se mostró en desacuerdo, en cambio, con la propuesta de Sánchez de modificar el artículo 2 de la Constitución para perfeccionar el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado: "No encuentro razones para cambiarlo", replicó, si bien a renglón seguido explicó que "para resolver el conflicto" con Cataluña "algún cambio habrá que hacer en algún sitio", y que "a lo mejor" es en la Constitución.

Iglesias, el gran culpable

Por último, y sobre las negociaciones en las que participó tras el 20D, Sevilla afirmó que "Pablo Iglesias es el principal responsable de que no hubiera un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez": "No tengo dudas, él tampoco y Errejón tampoco". El socialista también contestó a las palabras del número uno de Podemos, que este martes publicó un mensaje en su perfil de Twitter, donde afirmó que "lo que dice últimamente Jordi Sevilla se entiende bien si tenemos en cuenta dónde milita ahora". "Así opera la trama", añadió Iglesias. "Eso da la altura política e intelectual del personaja. El que insulta es que no tiene ningún argumento (...). Es ruido de alguien que no tiene nueces", sostuvo el exministro.

En su libro recuerda el "órdago" que Iglesias lanzó a Sánchez al "presentarle una propuesta de Gobierno conjunto de la que Pedro se enteró por el rey, que se lo comunicó mientras estaban reunidos" y también que iglesias "expre´so con claridad a Sánchez" que mientras negociara con Ciudadanos no tenía nada que hacer con Podemos. Sevilla admite que quizá comunicar el acuerdo con Ciudadanos tan pronto pudo ser un error, pero acusa a Podemos de no querer un pacto con el PSOE, sino de intentar obligar a los socialistas a aceptar sus "condiciones", entre las que figuraba el referéndum en Cataluña.

"Ahora sí: tras 15 meses trabajando en Ferraz con Pedro Sánchez, mañana formalizaré mi renuncia. Ha sido un honor. ¡Ánimo y suerte!", manifestó este domingo el economista a través de su perfil de Twitter.

La renuncia de Sevilla se produce después de la reunión federal celebrada este sábado, marcada por la división abierta el pasado miércoles en el partido cuando 17 miembros de la Ejecutiva Federal dimitieron en bloque con el objetivo de disolver el órgano presidido por Sánchez y la resistencia del propio Sánchez y del resto de miembros a dimitir.

El todavía asesor económico del PSOE fue nombrado por el propio Pedro Sánchez para elaborar el Programa Económico con el que los socialistas concurrieron a las elecciones del 20 de diciembre del año pasado y a las del pasado 26 de junio.

El exministro Jordi Sevilla, responsable del programa económico del PSOE, cree que, en la actual coyuntura de bloqueo político y tras dos elecciones generales, lo "más acorde con la Constitución sería abrir la puerta a aquel candidato que aglutine un mayor número de diputados", sea o no de la lista más votada, pero también exige un proceso de negociación porque entiende que no basta con reclamar la abstención al primer partido de la oposición.

En las actuales circunstancias, el candidato que aglutina mayor número de diputados es Mariano Rajoy, que a sus 134 diputados suma los de UPN y el de Foro Asturias, más la anunciada abstención de Ciudadanos en segunda votación.

En un artículo publicado en su página personal y recogido por Europa Press, Jordi Sevilla recuerda que la Constitución no permite ser presidente del Gobierno a un candidato que "no haya obtenido el apoyo mayoritario del Congreso de los Disputados", por lo que insiste en la necesidad de que Rajoy negocie con otras formaciones políticas.

"Rajoy pretende ahora ser elegido Presidente del Gobierno mediante la abstención del PSOE, que sigue siendo el primer partido de la oposición –criticó el exministro–. Pero cuando, además, pretende hacerlo sin negociaciones, ni cesiones conocidas, está contraviniendo el espíritu pactista de la Constitución y el sentido común".

Ahora bien, Sevilla señaló que las actuales circunstancias, después de dos elecciones, "hacen de éste un momento diferente a cualquiera anterior". En este sentido, cita el hecho de que "nunca" el primer grupo haya tenido tan pocos diputados, que su candidato tenga "los niveles de rechazo que genera Rajoy y sea tan incapaz, al parecer, de llegar a acuerdos con nadie", y que los posibles aliados nacionalistas hayan dado tantos pasos hacia el independentismo.

En su opinión, "tal vez fuera necesario revisar los preceptos legales cuando ningún candidato consigue sumar los apoyos previstos (más votos a favor que en contra)", pero en todo caso opina que "sería más acorde con la Constitución abrir la puerta a que el candidato que haya sido capaz de aglutinar tras su candidatura a un mayor número de diputados, sea el de la lista más votada o no".

En la última campaña electoral, el asesor económico del PSOE ya apoyó públicamente la idea de que, para evitar unas terceras elecciones generales, se deje gobernar a aquel candidato que concite un "mayor apoyo parlamentario". "Para evitar terceras elecciones, si no hay mayorías, debería dejar gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario", escribió Sevilla en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y que suscitó polémicas reacciones.

En su nuevo artículo, añade que la Constitución deja claro que a Rajoy "no le basta con haber encabezado la lista más votada" para ser presidente, sino que "tiene que negociar y conseguir el apoyo parlamentario que le falta". "Y si no lo consigue, también puede renunciar a ser candidato y que el PP presente otro candidato que sea capaz de garantizar esa gobernabilidad que Rajoy, parece, no puede garantizar", ha propuesto Sevilla.

Elorza propone una abstención "con condiciones claras y concretas"

Por su parte, el diputado del PSOE Odón Elorza es partidario de que los socialistas acaben absteniéndose en una investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, con "condiciones claras y concretas", para así evitar terceras elecciones y siempre después de que el presidente en funciones sea "castigado" en una primera ronda fallida.

Para el que fuera alcalde de San Sebastián, ésta sería la opción de su partido si "no se quisiera intentar" un gobierno alternativo de izquierdas con Unidos Podemos o si esa vía, cuya complejidad ve "innegable", fracasara. En esa coyuntura, y con el objetivo de "evitar las elecciones", Elorza cree que los socialistas deberían "estudiar las condiciones, claras y concretas, de una abstención" que debería ir "acompañada de una estrategia innovadora para liderar una oposición incluyente".

Así lo explica el diputado vasco en un artículo publicado en El Socialista Digital, titulado Las bazas de Pedro, en el que analiza la situación política y las opciones que, a su juicio tiene el PSOE, y que empieza por denunciar "la presión" que, dice, se ha elevado sobre los socialistas después de la reunión de este martes entre Rajoy y Sánchez.

De hecho, rechaza la "campaña del PP, acusando a Sánchez de abocar a unas terceras elecciones" y recalca que esto "deja en evidencia el cinismo que caracteriza a un presidente indigno para la democracia". Dicho esto, Elorza subraya que "nadie puede pretender" que los socialistas apoyen "a la primera de cambio" al PP y se abstenga, aunque sea con seis diputados, para que siga en La Moncloa "el responsable político de graves ataques a los derechos sociales y de la corrupción en el PP".

El diputado del PSOE llega a estas cuentas ya que considera que los "afines" del PP se limitan a Ciudadanos y CC, "a la vista del panorama en Cataluña y de la convocatoria de elecciones en Euskadi". Así las cosas, Elorza se centra en los escenarios después del "previsible fracaso de la investidura" del líder del PP, que, según él, desea Sánchez, que "quiere ver a Rajoy bajar derrotado del estrado del Congreso en su primera ronda de investidura".

Y considera que el PSOE debería "aportar salidas", en las que ya "supone" que está trabajando Sánchez, porque cree que "hay alternativas". "Pedro tiene bazas frente a quienes sólo ven imposibilidades", afirma. Para empezar, habla de la opción de liderar una alternativa, aunque considera que es complicado alcanzar un gobierno estable "partiendo de 85 diputados" y apunta que, para eso, haría falta "liderazgo sólido, unidad, coraje, conviccciones y el convencimiento de estar defendiendo el interés general y los derechos de una gran mayoría social".

Pero, si el PSOE no quisiera intentarlo, o si no lograra sacarlo adelante, para Elorza debería analizar esas condiciones de una abstención que, en su opinión, tendría que ir acompañado de un debate sobre "un modelo de oposición ante un gobierno en minoría y en un Congreso con una configuración sin precedentes".

El responsable económico del programa del PSOE, Jordi Sevilla, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que no mire al PSOE "en primer lugar" para ser investido, sino que "se curre" los apoyos entre los grupos parlamentarios del centro derecha. "Trabájese usted eso primero y luego ya veremos", ha dicho.

"No veo ningún acuerdo de investidura con el PP, no es nuestra opción, eso no se le puede pedir al PSOE salvo que se quiera hacer daño al PSOE", ha dicho, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Para Sevilla, "no es razonable" que Rajoy pretenda que el PSOE facilite la creación de un gobierno y luego se pase a la oposición.

El exministro socialista, que en campaña apostó por dejar gobernar a quien tuviera más apoyo parlamentario, ha dicho ahora que esa propuesta suya lo que pretendía era, "en una situación excepcional", un acuerdo de los partidos en ese sentido, un "pacto entre caballeros" antes de las elecciones. "Lo que no vale es primero ver qué cartas me han tocado y luego poner las reglas del juego", ha avisado al PP.

Para Sevilla, lo primero es ver si Rajoy acepta el encargo del rey de formar gobierno y luego, reclamarle que no espere que el PSOE "le haga el trabajo". El líder de PP, ha dicho, debe "quitarse la chaqueta y trabajarse los apoyos, y que lo haga antes en otras zonas distintas al PSOE". "Y si no es capaz de hacerlo ya veremos qué pasa, pero al menos hay que exigirle que lo intente", ha remachado, sin llegar a aclarar si eso significa si él es partidario de permitir in extremis un gobierno del PP.

Según ha dicho, le parece "magnífico" que Rajoy gobierne en minoría, pero que para ello consiga los 39 diputados que le faltan sin mirar a los 85 del PSOE. De hecho, le ha emplazado a fijarse en la última legislatura de Felipe González, la primera de José María Aznar o las dos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mano tendida para los presupuestos

Eso sí, Sevilla sigue convencido de que resolver los problemas de España no se hará con enfrentamiento entre bloques, así que está "seguro" de que, una vez que el PP forme gobierno, el PSOE, desde la oposición, tendrá "la mano tendida" para pactos de Estado, como la reforma de la Constitución, de la educación o para "pactar unos presupuestos "que cumplan las exigencias de Bruselas sin regalos electoralistas".

Además, ha dicho que aunque ha oído a Rajoy y al PP hablar de "gran coalición", no le ha visto tampoco dar pasos para intentarlo. "Habla para el plasma, pero no concreta esas medidas, no hace las cosas que se supone que dice que quiere hacer, no sé si espera que los demás le formemos el Gobierno, le hagamos la mayoría y le digamos 'Mariano aquí lo tienes'", ha añadido.

Ve conjurado el riesgo del 'sorpasso'

Por otro lado, ha afirmado que él ve conjurado el riesgo de 'sorpasso' y cree que hace falta una explicación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "por qué todos sus análisis han fallado" y sobre las responsabilidades y los fallos cometidos.

Y aunque ha enmarcado la caída en votos del PSOE –ha perdido más de 100.000 votos desde el 20D– a la menor participación, considera evidente que el PSOE tiene que "reordenar la oferta socialista" en el ámbito nacional, para estar en condiciones de gobernar en 2020.

El PSOE presentó este domingo un nuevo vídeo electoral titulado El País que queremos protagonizado por el equipo de gobierno que planea el candidato socialista, Pedro Sánchez, en caso de lograr formar gobierno tras los comicios del próximo 26 de junio, informó Europa Press.

El vídeo, que se emitió durante el acto que Sánchez protagonizó este domingo en Zaragoza, presentó a Jordi Sevilla (a quien plantea como ministro de Economía, Empleo e Industria), Magdalena Valerio (Pensiones), Teresa Ribera (Sostenibilidad), Josep Borrell (Europa y Asuntos Exteriores), Carmen Montón (Igualdad), Luc André Diouf (Inmigración), María González (Ciencia), Ángel Gabilondo (Educación), Ana García d'Atri (Cultura), Patxi López (Regeneración Democrática), Margarita Robles (Justicia) y Sami Nair (Refugiados).

"Digamos sí, a hacer los sueños realidad, digamos sí al esfuerzo, digamos sí al futuro", dice la voz en off de Pedro Sánchez al final del vídeo, después de que su equipo de gobierno proponga, entre otros retos, "un país en el que todo el mundo pueda llevar el proyecto de vida que quiera", la sostenibilidad de las pensiones, una Europa "más social y democrática", un país "libre de violencia de género donde se respeten los derechos de las personas" y en el que con "ciencia, cultura y educación se pueda llegar hasta donde se quiera".

El exministro de Administraciones Públicas y coordinador económico del PSOE, Jordi Sevilla, afirmó este viernes en Zaragoza que lo que dijo esta semana en un tuit en el que apuesta por dejar gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario, es una cosa de "bastante sentido común". Aseguró que si se hubiese acordado antes de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre su criterio, "hoy tendría Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno porque obtuvo más apoyos parlamentarios que ningún otro candidato".

El tuit escrito por el socialista este miércoles afirmaba que "Para evitar terceras elecciones, si no hay mayorías, debería dejarse gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Zaragoza, Sevilla explicó que ese texto "es una cosa de bastante sentido común" y "lo único que dice es que si no se quieren terceras elecciones" y "nos ponemos todos de acuerdo" antes de los comicios para evitar una tercera convocatoria, "gobierne el que tenga más apoyos parlamentarios".

Sevilla se preguntó, si, por el contrario "pretende gobernar el que tenga menos apoyos parlamentarios", algo que dijo que es "una situación bastante absurda".

Tras varias preguntas de los medios de comunicación sobre esta cuestión, el socialista comentó "si no sería más interesante que me pregunten por la reforma fiscal para que paguen los ricos o cómo queremos combatir el fraude fiscal y los escándalos de las amnistías fiscales del PP o tantas y tantas cosas".

Responder a los problemas ciudadanos

Sevilla señaló que hay que responder "a los problemas de los ciudadanos, no a los problemas de los políticos" e ironizó al afirmar si puesto que "las encuestas y los tuits ya han dado vencedor, no hacemos las elecciones", para afirmar rotundo que "los ciudadanos van a dar una gran sorpresa el 26 de junio porque son conscientes de lo que nos jugamos y de que esta es una elección más con la cabeza que nunca".

Por su parte, abundó en que "quiero y creo que Sánchez va a ser el presidente y lo que me preocupa es el programa y qué va a hacer ese Gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos", mientras que consideró que "hay otros que no aspiran a gobernar y están mucho más preocupados por cómo van a hacer y quién va a ser el líder de la oposición".

En este sentido, afirmó que el PSOE "va a presentar un proyecto para crear un ingreso mínimo vital, duplicará las ayudas por hijo, hará un plan de choque contra el paro estructural, una reforma fiscal progresiva y todos los que estén de acuerdo con ese programa serán bienvenidos" y "si el 26 de junio tenemos un amplio respaldo ciudadano" trabajarán para desarrollar "todas estas medidas que solucionan problemas de los ciudadanos y no problemas de los políticos", insistió.

El PSOE no quiere que la campaña para las generales del 26-J se centre en los pactos del día después. Ferraz intenta hablar de propuestas, de medidas concretas de su programa, del "para qué" y no del "con quién". Pero, por una u otra razón, la cuestión de los acuerdos postelectorales siempre aparece: sucedió en el debate a cuatro del lunes, ocurre con frecuencia en las entrevistas que concede el candidato, Pedro Sánchez, y pasó de nuevo este miércoles. Acabada la era de las mayorías absolutas, la atención de periodistas y ciudadanos vuelve con insistencia a ese tema. 

El origen de la polémica estuvo en esta ocasión en un mensaje del asesor económico de Sánchez, el exministro Jordi Sevilla. "Para evitar elecciones, si no hay mayorías, debería dejarse gobernar al candidato que consiga mayor apoyo parlamentario", escribió en su perfil en Twitter a primera hora del día. Y aunque ya por la tarde pronosticó que "tras el 26-J, igual que pasó tras el 20-D, Pedro Sánchez será el candidato que conseguirá mayor apoyo parlamentario", el debate ya había estallado y había forzado a la dirección del partido a desmentir que vaya a dejar gobernar al PP.

Si se aplica el criterio de Sevilla, tras el 20-D debería haber gobernado Sánchez. Su pacto con Ciudadanos obtuvo 131 votos a favor en el Congreso, 8 más que los escaños de los que disponía el PP, que debería haberse abstenido. Pero seis meses después los números quizá ya no cuadren para ese plan. Según la última encuesta del CIS Sánchez y Rivera obtendrían ahora 116-119 escaños. El PP tendría 118-121. Como Sevilla no explicitó un veto al PP en su cadena de mensajes en Twitter, la especulación en torno a una posible abstención socialista en la investidura de Rajoy se disparó.

"No" sigue siendo "no"

En una entrevista en Más vale tarde (La Sexta), Sánchez se afanó en dejar claro que el "No es no. ¿Qué parte del 'no' no ha entendido, señor Rajoy?" con el que respondió al candidato del PP a finales de enero sigue vigente. En que los votos al PSOE no servirán para que un conservador siga en la Moncloa. "Nadie va a pactar con el PP. El PSOE no va a hacer a Mariano Rajoy ni a nadie del PP presidente del Gobierno. No va a haber gran coalición ni tampoco Iglesias va a ser presidente del Gobierno, va a haber una mayoría de izquierdas que espero que presida el PSOE", expresó.

Sánchez también justificó las palabras de Sevilla. Aseguró que su asesor no dijo más que lo que él dice "constantemente": "Estamos en un sistema parlamenario y tiene que gobernar quien concita más apoyos entre los 350 diputados, no la fuerza más votada", afirmó. Horas antes el diputado socialista vasco Odón Elorza ya había reclamado un "procedimiento de consulta democrática" en el PSOE para decidir qué hacer tras el 26-J, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había calificado la reflexión del exministro de "atinada" y "sensata".

En privado, la dirección del PSOE –que contactó con Sevilla tras publicar este el mensaje en Twitter– reitera que el partido "sale a ganar" y en que "el veto al PP sigue ahí": "No habrá ni apoyo ni abstención a favor del PP", comentan fuentes de la dirección socialista. Estas mismas voces comentan que Sevilla es un "sabio" que en ocasiones va "por libre" y que su tuit, que en otro contexto sería una "obviedad", ahora alienta rumores, especulaciones, se convierte en un contratiempo y abre una brecha en el discurso de campaña del partido. "La ha liado", resume gráficamente un integrante del Comité Electoral.

Otro de los estrategas socialistas insiste en que la campaña del PSOE seguirá centrada en las propuestas del programa y no en posibles pactos, y afirma que "es obvio que no se puede gobernar sin una mayoría parlamentaria". Preguntado por si Sevilla sugirió una eventual abstención para dejar gobernar al PP antes de ir a unas terceras elecciones, replica: "Hay que tener muchas ganas y echarle mucha imaginación para llegar a eso". En cualquier caso, estas fuentes de la dirección socialista admiten que el mensaje de Sevilla "viene fatal". El objetivo ahora es pasar página cuanto antes.

Un debate que daña al PSOE

Así las cosas, el partido hace piña en torno al mensaje de que el rechazo a la gran coalición sigue vigente. Una diputada e integrante de la ejecutiva federal del partido, responde a preguntas de este diario de forma clara: "Debe gobernar quien obtenga la mayoría necesaria en el Parlamento, no necesariamente el candidato más votado. Y yo nunca me abstendré para que gobierne el PP. No pido el voto para el PSOE para permitir que siga gobernando el PP, pido el voto para que haya un cambio de Gobierno".

"Ha dicho una obviedad: que gobierne quien más apoyos tenga en el Congreso y, si no hay acuerdo, que lo haga la lista más votada para no repetir elecciones. No le veo ninguna arista a esta opinión. La gente tiene que saber leer y no malinterpretar lo escrito", afirma un dirigente del PSOE andaluz del círculo de confianza de Susana Díaz. "Es una metida de pata. Se entiende mal, genera confusión y es un debate que no nos interesa", apunta una fuente de la dirección del PSC. "El mensaje de Jordi Sevilla es ambiguo", añade un cargo regional del PSOE castellanomanchego, que recuerda que el mayor apoyo parlamentario lo tenía Pedro Sánchez tras su acuerdo con Ciudadanos. "Pero es un debate que a quien menos le interesa alentar es a nosotros", admite.

Precisamente en torno al pacto con Ciudadanos tiene la dirección socialista depositadas algunas esperanzas. Fuentes de Ferraz señalan que el contexto postelectoral y de alianzas debería favorecer al PSOE, toda vez que Rajoy tiene mucho más complicado, a priori, llegar a acuerdos con otras fuerzas. "En diciembre nadie quiso saber nada del PP por sus casos de corrupción, y desde entonces ha habido más. De modo que si antes Ciudadanos no quiso saber nada del PP ahora, tras el 26-J, es de recibo que estemos en esa misma situación", señalan.

Una polémica ya habitual

No es la primera ocasión en la que este tema se cuela en la campaña o en la precampaña. El pasado 27 de mayo, Sánchez prometió ante el Círculo de Economía, reunido en Sitges (Barcelona), que no habría terceras elecciones.  "Les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones. Habrá un Gobierno después del 26 de junio", apuntó en su intervención, que provocó algunos titulares sobre una posible abstención del PSOE, si bien el propio Sánchez se mostró contrario ante los empresarios a dejar gobernar a la lista más votada por sistema.

Días después, en un acto en Madrid, Sánchez se limitó a responder a la concisa pregunta de si "el PSOE estaría dispuesto a abstenerse" si tras las elecciones "no hay otra suma posible que un Gobierno del PP" que "el partido que más ha hecho para que no hubiera unas segundas elecciones es el PSOE" y que trabajará por un "Gobierno de cambio". Fue finalmente en un foro del diario El Mundo donde el líder socialista, preguntado directamente por si "se plantea que gobierne algún candidato del PP con la abstención del PSOE", respondió que no. "No me lo planteo. Lo descarto", remachó.