La historia no se repite pero rima, o si no que le pregunten al Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón es el tercer jefe del Consell que dimite de su cargo tras Eduardo Zaplana y Francisco Camps, también del PPCV. El primero abandonó el Palau de la Generalitat para formar parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2002 como ministro Trabajo; el segundo dimitió presionado por la dirección nacional encabezada por Mariano Rajoy, por el llamado caso de los Trajes. "Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno", dijo Camps en su despedida. Era el año 2011 y abandonaba el cargo tras haber ganado solo unos meses antes por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Cedió el testigo a Alberto Fabra, entonces alcalde de Castelló, pero se mantuvo como diputado en Les Corts toda esa legislatura para no perder el aforamiento.

Se trata de un caso similar al de Mazón, que este martes acudió a la toma de posesión de su sustituto y hasta ahora lugarteniente, Juanfran Pérez Llorca. Ambos, sin embargo, evitaron el tradicional 'paseíllo', en el que el nuevo president recorre la breve distancia entre Les Corts y el Palau sede del Gobierno, donde es recibido por el jefe del Consell saliente ante representantes políticos e institucionales, así como ante los ojos de curiosos que se acercan para ver el traspaso de poderes entre los dos dirigentes. En este caso, ninguno de ellos ha querido exponerse a los previsibles abucheos que hubiera recibido Mazón, como le ocurre desde la dana.

Mazón trató de pasar desapercibido y ni acompañó a Pérez Llorca en su entrada —como hicieron el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la alcaldesa de València, María José Catalá—, ni entró con él al hemiciclo —como los consellers—. Es más, accedió al mismo por una puerta secundaria y ocupó el asiento 97, un escaño ubicado en la última fila, en lo que coloquialmente se conoce como "el gallinero". Es, precisamente, donde se suelen situar los diputados que gozan de una menor visibilidad y estuvo flanqueado a su derecha por los parlamentarios de Vox. Un lugar que, según el portavoz del PP, Nando Pastor, pidió ocupar el propio Mazón. "Ha querido estar lejos de cualquier tipo de protagonismo y su voluntad se ha respetado", afirmó el síndic (portavoz) conservador, que lo calificó como un "gesto de humildad", aunque evitó aclarar si en los próximos plenos el expresident se sentará también en la última fila.

Aunque ni Pastor ni el propio Pérez Llorca citaron en ningún momento a Mazón en el pleno de investidura del pasado jueves –un gesto que no pasó desapercibido y con el que el PP pretende visibilizar una nueva etapa–, los conservadores le premiaron este lunes al elegirlo como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes, que comporta un plus mensual de 634 euros en su sueldo de diputado. Se trata de una comisión que no se ha reunido en toda la legislatura, que no tiene carácter legislativo y que aborda la modificación del reglamento del Parlamento. La última vez que se convocó fue en octubre de 2020. Según el síndic del PP, no se trata de un "trato de favor" sino de un "trato de igualdad", porque, argumenta, "todos y cada uno de los diputados" que no forman parte de la Mesa o de la Junta de síndics "ocupan una secretaría, o una portavocía o una presidencia de comisión".

Mazón busca emular así a otro president que se creyó eterno y que entre 2003 y 2011 construyó un Gobierno que fue desmoronándose por la corrupción. Camps también decidió quedarse en Les Corts y encontró acomodo en la tercera fila del hemiciclo, flanqueado por la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y por la de València, Rita Barberá, con quien inició su carrera política en el Ayuntamiento de la capital del Túria. Ambas defendieron su decisión de continuar como diputado y lo definieron como una "persona honestísima, íntegra y buena", en palabras de Castedo. A diferencia del jefe del Consell saliente, fueron muchas las muestras de apoyo públicas que tuvo Camps de los suyos pese a estar investigado judicialmente.

El expresidente valenciano mantuvo el acta toda la legislatura, lo que garantizaba el aforamiento que tienen los diputados autonómicos, condición que obliga a que los procesos judiciales en los que puedan estar implicados sean investigados siempre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sucede lo mismo en el caso de Mazón, ya que la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que instruye la investigación sobre la dana, Nuria Ruiz Tobarra, puede recabar indicios contra el exjefe del Consell para elevar una exposición razonada al TSJCV, aunque no puede investigarlo directamente. Sin embargo, el cerco sobre él se estrecha cada vez más después de que Ruiz Tobarra haya pedido la testifical de todas y cada una de las personas que tuvieron algún contacto visual o telefónico con el presidente de la Generalitat, entre ellas sus escoltas, asesores y la periodista Maribel Vilaplana.

Una cuestión sí diferencia a Camps de Mazón y es que el primero renunció a su sueldo de diputado en Les Corts de manera voluntaria. Lo hizo porque, al completar una legislatura, entró a formar parte del Consell Jurídic Consultiu de por vida, lo que le garantizaba mayor sueldo —incompatible con el de diputado—, además de coche oficial, chófer, escolta y la posibilidad de abrir una oficina. Una oficina que la Generalitat valenciana no ha tardado ni 24 horas en activar tras la marcha de Mazón. El exbarón del PP ha fijado una dirección en un edificio de la Administración autonómica, en la calle Ingeniero Lafarga de Alicante, ciudad en la que tiene su residencia habitual, como sede de dicho despacho. La misma norma permite al expresidente asignar dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.

Pero más allá de los aspectos formales (y los privilegios), lo que busca Mazón es emular la estrategia de Camps y apartar el foco mediático de su figura. "Esto ya lo vivimos, y creo que pasará como en 2011. Los primeros meses había mucho 'runrún' con Paco [Camps], pero después su presencia era poco más que una anécdota", señala un cargo del PPCV en conversación con infoLibre. Lo cierto es que Camps destacaba más por sus ausencias que por su presencia, ya que desde que dejó el cargo de president en julio de 2011 estuvo siete meses sin acudir a Les Corts. No hizo acto de presencia hasta febrero de 2012, cuando se reincorporó después de ser declarado "no culpable" por el tribunal popular. Sus ausencias eran objeto de las chanzas de la oposición para cargar contra la falta de liderazgo de Alberto Fabra.

En esa legislatura, Camps no estuvo adscrito a ninguna comisión parlamentaria, por lo que tampoco acudió a ninguna de las reuniones. Ese no será, en principio, un problema para Mazón, ya que la comisión que preside no se reúne desde hace más de cinco años. El entonces síndic del PP, Rafael Blasco, justificó la ausencia de Camps alegando "circunstancias personales", palabras que también podrían aplicarse a lo que sucede en estos momentos con Mazón. Tras su dimisión el pasado noviembre, desde su equipo explicaron que iba a "parar unos días" su actividad para tomar unos días de descanso porque así se lo exigía su familia; también dijeron que iría a una consulta médica.

El Partido Popular está viviendo su propio dejà vu con la dimisión de Carlos Mazón. El valenciano anunció su marcha el lunes, pero nadie sabe muy bien cuándo se irá ni quién le sustituirá —ni siquiera sus compañeros de filas—, aunque el nombre del actual portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aparece en todas las quinielas. En Génova la crisis valenciana ha generado un desgaste que ha arrastrado a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tras decidir mantener a Mazón en el cargo durante un año pese a su negligente gestión de la dana. Incluso ahora niega ser el artífice de su caída. Por su parte, en el PP valenciano la mayoría celebra —en privado—dejar atrás una agónica etapa, pero teme que se revivan las viejas pugnas en el partido y un futuro condicionado, más aún, por Vox. La salida a la crisis no será fácil ni estará exenta de movimientos internos para lograr el control del partido. 

La Comunitat Valenciana vuelve, así, a convertirse en el epicentro de los problemas del PP. Fue la misma que, en 2015, marcó el inicio del declive de la presidencia de Mariano Rajoy con los escándalos de corrupción que desahuciaron a los conservadores de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital. También fue la primera en pactar y aceptar un Gobierno de coalición con la extrema derecha tras las autonómicas de 2023, esta vez bajo el mandato de Feijóo, y con un Mazón al que Génova siempre ha culpado de frustrar las expectativas de su líder de alcanzar La Moncloa meses después. Ahora, los de Santiago Abascal están más fuertes y ya han anticipado que impondrán condiciones más duras.

El antaño feudo del PP, que gobernó veinte años ininterrumpidos en la comunidad, de 1995 a 2015, y veinticuatro en el Ayuntamiento de la capital bajo la batuta de Rita Barberá, fue también un símbolo de poder y caciquismo: el PP de las plazas de toros llenas, del derroche sin complejos, de televisiones manipuladas y obras faraónicas. Valencia aparecía como la tierra prometida que el Partido Popular predicó en tres provincias: Castellón, Valencia y Alicante. "El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo", llegó a admitir Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón, condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ese era el estilo PP.

Una forma de gestionar el partido y las instituciones que dio muchas victorias, pero también campañas electorales irregularmente financiadas, proyectos costosos con presupuestos doblados, proyectos fallidos como el aeropuerto de Castellón, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz y eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1. Y muchos casos de corrupción: Orange Market, Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Taroncher, Fabra, Nóos. Los escándalos alcanzaban todos los niveles, hasta el punto que tres de los cinco presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido han sido procesados: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Se salvan, de momento, Alberto Fabra y el citado Carlos Mazón, aunque si pierde el aforamiento podría ser imputado por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que ha solicitado hasta en dos ocasiones su declaración voluntaria.

El gran artífice de que el PP se convirtiera en una fuerza hegemónica en la Comunitat Valenciana fue fue Eduardo Zaplana. Fue él quien unificó en las siglas del PP a toda la derecha nacionalista española y quien, en ese proceso, logró fagocitar a Unión Valenciana, el principal partido de la derecha valencianista. Una formación que llegó a tener diputados en el Congreso, logró la presidencia de las Cortes Valencianas y varias carteras en el Consell gracias a más de 200.000 votos.

Originario de Cartagena, Zaplana supo hacer suyo ese discurso anticatalanista que tuvo tan buen predicamento en la cultura valenciana. El ascenso del partido en la Comunitat fue meteórico gracias al apoyo de José María Aznar, pese a que antes de ser candidato a la Generalitat y cuando era presidente del PP de Alicante, se vio envuelto en el primer escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro, con unas escuchas que finalmente fueron anuladas en el proceso.

En 1995 el PP consiguió con Zaplana sus mejores resultados en unas elecciones autonómicas, pero necesitó acordar con la citada Unión Valenciana para alcanzar la presidencia de la Generalitat, lo que después se conoció como el pacto del pollo por la forma de repartirse el poder: para el PP el Consell y para UV la presidencia de las Corts Valencianes. En 1999, Zaplana alcanzó su primera mayoría absoluta, aunque no llegó a acabar su mandato. Se le quedó pequeña la política autonómica y, en 2002, dio el salto al ministerio de Trabajo con el Gobierno de Aznar. Como sucesor dejó a quien había sido su mano derecha, José Luis Olivas —un caso que recuerda a la actual situación de Mazón y Pérez Llorca—, que ocupó el interregno de menos de un año hasta que en 2003 viniera el sucesor, Francisco Camps, con otra nueva mayoría del PP. Olivas fue recompensado con la presidencia de Bancaixa y del Banco de Valencia, ambos ya desaparecidos, y también fue condenado a año y medio de prisión por falsedad documental.

Zaplana fue una de las caras de la portavocía del Gobierno de Aznar tras los atentados del 11-M de Madrid, cuando se intentó vender que en la masacre yihadista había intervenido ETA. Tras la derrota del PP en esos comicios, pasó a la oposición como portavoz del PP de Mariano Rajoy y, tras completar una legislatura, en 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica. La sombra de corrupción siempre planeó sobre su figura y, años después de dejar la política, fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. 

Tras Zaplana y Olivas llegó Camps, que tampoco acabó su último mandato en la Generalitat. El Ayuntamiento de València fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la ex alcaldesa de València, Rita Barberá, cuando ella militaba en la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el Gobierno valenciano presidido por Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president. Allí se mantuvo Camps desde 2003 hasta 2011, en pleno boom inmobiliario. Fue también la época de los pelotazos urbanísticos, las facturas falsas, la duplicidad de gastos, el troceo de licitaciones para evitar el control administrativo y de la valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Todo ello con la complicidad de la Administración pública valenciana.

En su ascenso al poder, Camps fue dejando más de un enemigo por el camino. Uno de ellos fue su antecesor y mentor, el citado Zaplana, y le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos en la que penetraron con suma facilidad nombres como el Álvaro Pérez, alias el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo. Sin embargo, el expresident –que controlaba su partido al milímetro– consiguió sortear la corrupción pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado caso de los Trajes. En ese grupo de adeptos también estuvo el expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y principal cabecilla de la operación Taula, Alfonso Rus, al igual que la exalcaldesa de València, Rita Barberá, que murió por un problema hepático en 2016 y tras ser defenestrada por sus propios compañeros de partido.

Pese haber ganado con mayoría absoluta, Camps abandonó la Generalitat presionado por Mariano Rajoy, que sin embargo mantuvo hasta el final la "honradez" del valenciano. El expresident, que lleva meses tratando de volver a la primera línea de la política, presentó su despedida como "un sacrificio personal y político" para "no ser un obstáculo" en el camino de Rajoy a La Moncloa. Los pronunciamientos de Rajoy en los meses anteriores a la imputación del mandatario valenciano habían buscado arroparlo al calificarlo como un "político honrado" y un "extraordinario dirigente", e incluso llegó a decir que ambos eran "parecidos". "Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual", afirmó. El apoyo de Camps fue clave para que Rajoy se mantuviera en el poder en el congreso del año 2008 en el que Esperanza Aguirre amagó con dar la batalla contra él. Paradójicamente, Camps sobrevivió a la guerra con Zaplana y sus afines, pero no pudo convencer al hombre al que salvó de perder el control del PP.

La abrupta salida de Camps dio paso a Alberto Fabra, que no solo llegó a la presidencia de la Generalitat, sino que también heredó la del PP valenciano, con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio: sólo el grupo parlamentario que heredó ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado, entre ellos el caso Gürtel, el caso Cooperación y el caso Brugal. Fabra logró sortear los recelos de Rajoy a su candidatura y fue el cabeza de lista en 2015, pero las urnas pusieron fin a la hegemonía del PP en la Administración valenciana.

Durante esos años Barberá y Fabra mantuvieron una dura pugna por el control interno, sobre todo después que esta última llevara el timón durante los meses en los que Camps estuvo alejado mentalmente del Consell por sus problemas judiciales con la Gürtel. Finalmente fue Isabel Bonig la que se hizo con el puente de mando del PP valenciano tras la derrota electoral. Cuando llegó la caída de Rajoy en 2018 y se produjo el congreso nacional para elegir a su sucesor, ella apoyó de manera expresa a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, mientras otros cargos del PP, especialmente del alicantino, se decantaron por Pablo Casado. Entre ellos estuvo el propio Mazón, al que poco después Ciudadanos trató de fichar como candidato a la alcaldía de Alicante. Una oferta que provocó que el lugarteniente de Casado, Teodoro García Egea, le prometiera a Mazón la Generalitat a cambio de quedarse en el partido.

Hoy la situación interna del PPCV no es sencilla. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, aunque algunos cargos como Fabra, Esteban González Pons (portavoz del PP en Bruselas) y la alcaldesa de València, María José Catalá, no se circunscriben en ninguna de esas dos familias. Mazón, sin embargo, decidió premiar a los afines al primer president de la Generalitat bajo las siglas del PP. Y es que la trayectoria —y el ascenso político— del alicantino no se entendería sin Zaplana. Él fue quien nombró a Mazón director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Ahora el PP valenciano vive otro momento de transición y ya hay algunos que han pedido paso, como Vicent Mompó, que aspira a ser el próximo presidente del partido. Pero, como siempre sucede, será Madrid, es decir, Génova, quien tendrá la última palabra.

El PP de Valencia es casi un espejo del PP de Madrid, salvo que en la capital no hay playa, lo que en este punto del verano marca la diferencia. Los escándalos por corrupción y malas prácticas jamás han sonrojado a sus dirigentes. Al contrario, resultan un impulso para reivindicar que la derecha puede chachullear a su antojo por derecho propio. Y que el tiempo todo lo cura como en el caso de Camps. Es como si Esperanza Aguirre saliera ahora a postularse como presidenta del PP madrileño, con la diferencia de que mientras a Ayuso sus votantes la veneran, a Mazón una parte le corre a gorrazos. 

Camps ha irrumpido como una serpiente de verano. “No tiene recorrido” dicen en Génova, donde consideran una boutade la pretensión de Camps de presentarse como candidato a presidente del PP Valenciano. El congreso autonómico que tocaba este año lo han dejado para el que viene, ya si eso. Después de quedar absuelto del último de sus pecados por la Audiencia Nacional y volver a ser gente de bien, busca una reparación pública por parte de su partido. 

El hombre que consideraba ‘amiguito del alma’ al Bigotes, con una condena de 18 años de prisión aunque desde el 2024 tiene concedido el segundo grado, respira aliviado pero no le basta. Quiere volver a brillar. Que le inviten a las regatas y a la profusión de saraos que organiza la comunidad valenciana, sus diputaciones y ayuntamientos para juntar a políticos y empresarios, como marca la tradición pepera. No se va a conformar, ansía foco y estos meses estivales lo va a tener. Todavía se le deben favores.  

La Gürtel suena muy lejana pero todavía huele a autobronceador naranja con aroma a coco. Una trama de corrupción que presume de ostentar el récord del sumario más voluminoso de la Audiencia Nacional, con ramificaciones que involucran al PP de Aznar de norte a sur. Por eso suena tan delirante cuando el ex presidente popular señala a Sánchez, sabiendo como sabemos todos que una parte de la boda de su hija en El Escorial la sufragó el entramado de Francisco Correa, que tuvo además el honor de ser testigo de Alejandro Agag, marido de la novia. Las buenas compañías que no faltan nunca. 

El verano va a ser interesante en las altas esferas valencianas. Mazón, heredero natural de los empresarios valencianos condenados por la Gürtel, comparte lazos que le unen a Paco Camps. Aprovechando la reconstrucción de la DANA, está que lo tira repartiendo contratos a dedo a las empresas que gustosamente han estado financiando al PP. En beneficiar a los amigos es un gran experto. Anticorrupción investiga adjudicaciones fake de cuando presidía la Diputación de Alicante antes de dar el salto a la Generalitat. 

Ahora sigue igual, solo que con más presupuesto. ¿Por qué va a avergonzarse de otorgar millones a paladas sin concurso público mediante? Total, es responsable de no haber activado la alarma para advertir a la población valenciana de la DANA con un resultado de 228 fallecidos y no ha pasado nada. 

Solo un mes después ya había adjudicado a dedo más de 60 millones de euros a constructoras vinculadas a la financiación B del PP valenciano y la cifra ha ido subiendo sin pudor hasta hoy. Acaba de salir aparentemente reforzado del Congreso del PP que se celebró el pasado fin de semana. En Tellado, nuevo secretario general, ha tenido un aliado que defiende que la responsabilidad de las víctimas es del Gobierno Central. Ha salvado los presupuestos con VOX y su rival más próxima, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no acaba de tomar impulso. Julio y agosto se presentan como una oportunidad para Mazón de volver a socializar y de paso, enterrar las pretensiones de Camps, ahora que Génova le reconfirma su apoyo. 

Francisco Camps quiere volver a ser el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. El expresident de la Generalitat lleva meses amagando con presentar su candidatura frente a un Carlos Mazón en horas bajas tras la tragedia de la dana y, finalmente, lo hizo este miércoles ante cientos de personas reunidas en València, entre los que se encontraban algunos de sus excolaboradores más cercanos durante su etapa en el Palau. 

Tras más de una década de viacrucis judicial, Camps se mostró convencido de que el PP tiene una deuda con él y de que ya es hora de ajustar cuentas tras su absolución del caso de los contratos con Gürtel. Así, anunció que ya cuenta con un equipo de 50 personas trabajando para buscar apoyos, con más de 1.200 adhesiones a su proyecto y que su campaña electoral arrancará el 29 de agosto en Torrevieja. Fuentes con mando en plaza actualmente en el PP y valenciano y cercanas a Mazón aseguran a infoLibre que Camps "no tiene posibilidades" de ganar y achacan este movimiento a un "desesperado" intento por "buscar notoriedad".

Es más, las fuentes consultadas limitan sus apoyos a "unas 300 personas", algunas de las cuales "ni siquiera están afiliadas" al partido y a miembros de la "vieja guardia" del PP valenciano, algunos de los cuales han pasado por prisión como el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el de la Diputación de València, Alfonso Rus, y otros como los exdiputados Vicent Aparici y Vicente Martínez. Durante estos últimos meses Camps ha aprovechado la presentación de su libro Reenfocando España (Libros Libres), para presentar una serie de actos en los que ha reunido a un grupo de fieles en torno a su persona.

En el entorno de Mazón no acaban de entender la estrategia de Camps y sospechan que su objetivo es "hacerse un [Francisco] Álvarez-Cascos", en referencia al exvicepresidente del Gobierno de Aznar (con el PP) que después fundó su propio partido. Sin embargo, hay otras voces del PP valenciano que también desempeñan puestos de responsabilidad que consideran que el expresident tiene "mucha gente detrás" y que sería "un error" minusvalorar su fuerza. "No creo que vaya a hacer daño al partido, pero podría competirle", razonan.

Con todo, recuerdan que no hay fecha prevista para la celebración del congreso autonómico del partido, que teóricamente debería haberse realizado este mes de julio. Un argumento que también utilizó este jueves el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en La Sexta, en la que calificó de "error" abrir este tipo de debates "extemporáneos". Génova no quiere que Mazón repita como candidato, pero mucho menos que Camps alcance la dirección del partido, ya que creen que simboliza "el pasado".

Camps ignoró las advertencias lanzadas esta misma semana por la dirección autonómica del partido —con Juanfran Pérez Llorca, el síndic del PP en Les Corts, a la cabeza—que señalaban que no era el momento de abrir un frente interno contra Mazón y reclamaban centrarse en la reconstrucción tras la dana. “¿Quién me va a dar una clase de lealtad a mí?", respondía el expresident. "¿No os parece lealtad haber estado callado 15 años?". Y aunque Pérez Llorca aseguró que el congreso del PP no se celebrará, como mínimo, hasta el próximo año, Camps no tiene prisa. "Está claro que tarde o temprano habrá un congreso regional”, dijo, sin ocultar que hay "gente preocupada por el presente y el futuro del PP".

Camps quiere volver al ruedo valenciano, donde se inició desde muy joven, tras estar más de una década apartado de los focos. El Ayuntamiento de València fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la ex alcaldesa de València, Rita Barberá, cuando ella militaba en la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el gobierno valenciano presidido por Eduardo Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president, un cargo al que accedió en el año 2003. Allí se mantuvo hasta el año 2011, cuando abandonó pese haber ganado con mayoría absoluta meses antes, presionado por del Gobierno de Mariano Rajoy, que sin embargo mantuvo hasta el final la "honradez" del valenciano.

El motivo para apartarlo fue el conocido como caso de los trajes, en el que un jurado popular terminó por declararle "no culpable" del delito de cohecho impropio por el que estaba acusado. El TSJ valenciano también rechazó su imputación en el conocido como caso Noos, que juzgó los negocios del excuñado del rey Felipe VI. Su nombre también se vinculó a la causa por las supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, a la que se dio carpetazo "al no existir pruebas de supuestos delitos". Un archivo que también se decretó en el caso de los contratos para la visita del papa a València o en las investigaciones sobre la organización de la Fórmula 1. En el caso de la financiación irregular del PP valenciano también compareció como testigo.

Camps presentó su despedida como "un sacrificio personal y político" para "no ser un obstáculo" en el camino de Rajoy a La Moncloa. Un sector del PP valenciano, los autodenominados campistas, están convencidos de que la dirección nacional del partido debe un homenaje de "restitución del honor" al expresidente. Los pronunciamientos de Rajoy en los meses anteriores a la imputación del mandatario valenciano habían buscado arroparlo al calificarlo como un "político honrado" y un "extraordinario dirigente", e incluso llegó a decir que ambos eran "parecidos". "Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual", afirmó. El apoyo de Camps fue clave para que Rajoy se mantuviera en el poder en el congreso del año 2008 en el que Esperanza Aguirre amagó con dar la batalla contra él.

En su ascenso al poder, Camps fue dejando más de un enemigo por el camino. Uno de ellos fue su antecesor y mentor, Eduardo Zaplana, y le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos. Las disputas entre estos dos sectores del PP, los campistas y los zaplanistas, comenzaron poco después del ascenso del primero a la presidencia de la Generalitat cuando dio marcha atrás a algunos proyectos iniciados en la época de su predecesor y comenzó a prescindir de cargos muy afines a Zaplana. En los años posteriores las polémicas entre estas dos almas del partido se fueron sucediendo hasta llegar al punto de romper por completo. Unas heridas que, pese a los años trascurridos, siguen presentes.

La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, aunque Mazón ha otorgado el protagonismo a los primeros. Lo cierto es que en la trayectoria —y el ascenso político— del actual presidente de la Generalitat no se entendería sin Zaplana, condenado a diez años de prisión como jefe de la trama corrupta del caso Erial. Él fue quien nombró a Mazón director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Posteriormente fue director general de Comercio y Consumo (2003-2004) y de Consumo y Seguridad Industrial ya con Camps en la Generalitat. Mazón se alineó con la facción fiel a su mentor y acabó fuera de la Generalitat, pero se mantuvo en las listas municipales de Catral, un pueblo de la Vega Baja, y en la Diputación de Alicante, el gran bastión del PP.

En el entorno de Mazón nunca han negado la relación con Zaplana, pero sí que su ascenso se deba al expresident. Sin embargo, Mazón no ha dudado en conceder más poder a esta rama del partido desde que llegó al Consell. Tras la crisis de la dana, ascendió a la vicepresidenta Susana Camarero a la portavocía. Ella tampoco ha renegado nunca de la etiqueta 'zaplanista'.

"No me molesta ninguna etiqueta y estoy muy orgullosa de toda mi trayectoria. Tuve la oportunidad en 1995, con 25 años, de entrar en las Corts. Siempre estaré agradecida por ello a Eduardo Zaplana, pero luego he trabajado con Aznar como diputada, siempre agradeceré a Rajoy y a sus ministros la oportunidad de ser secretaria de Estado, y he trabajado con Alberto Fabra, Paco Camps y ahora con Carlos Mazón. Para mí, es un broche de oro", explicaba en una entrevista publicada en el diario Levante EMV. Camarero es, precisamente, una de las mejores situadas para sustituir al actual jefe del Consell, aunque solo podría acceder al cargo si hubiera elecciones generales, ya que renunció a su escaño en Les Corts tras acceder al cargo.

El expresident de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana Francisco Camps ha anunciado este miércoles su intención de optar a presidir de nuevo el PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido y que será leal a Alberto Núñez Feijóo para ayudarle a llegar a la Moncloa, según informa EFE.

Camps ha presentado su proyecto político ante varios centenares de militantes y simpatizantes del PP, en un acto seguido de una cena celebrado en el Palau Alameda de València, donde ha dicho estar "preparado" para afrontar "el proyecto políticamente más importante" de su vida.

Jaleado por gritos de "presidente" por los asistentes, entre los cuales se encontraban la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Emilio Llopis, Camps ha dicho que quiere volver a liderar un partido en el que estaban "todos unidos" cuando él era su máximo dirigente.

Asimismo, ha defendido que quiere contar con "todos" los que tienen actualmente alguna responsabilidad política en la Comunitat Valenciana, "desde el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) hasta el último concejal", pues tendrán todo su "apoyo, respeto y lealtad".

En su intervención previa, Llopis ha desvelado que llevan más de un año recogiendo adhesiones a este proyecto político y que cuentan actualmente con 1.257 avales de militantes que respaldarían la candidatura de Camps a la Presidencia del PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido, aún sin fecha.

El expresident ha asegurado, para argumentar su lealtad al PP, que ha aguantado "una campaña brutal" contra él "sin decir nada malo", no ha pedido ningún indulto ni amnistía, ha estado "callado en un congreso y otro" aunque era consciente de que había hecho junto a su equipo "grande al PP" y a pesar de eso no se le nombraba públicamente "ni una vez", incluyendo el reciente Congreso Nacional del PP cuando Feijóo dijo que allí estaban los que habían construido el partido y no le incluyó, a pesar de lo cual no se ha "quejado".

En declaraciones posteriores a los medios, ha remarcado que Mazón tendrá su "apoyo absoluto al cien por cien" y lo ha defendido "todo este tiempo" desde la dana de octubre, ha reiterado su lealtad a la actual ejecutiva del PPCV y al Consell, y ha avanzado que en las próximas semanas presentará a su equipo de campaña.

Preguntado sobre si este anuncio de optar a presidir el PPCV irá seguido de otro para ser candidato de nuevo a la Generalitat, ha dicho que lo primero es "dinamizar el partido" y que la gente vuelva a creer en el PPCV, y luego ya vendrán otras decisiones.

Ha reivindicado también la figura de Rita Barberá como alcaldesa de València ("el corazón -ha lamentado- se me constriñe por el recuerdo que tengo de ella y el abandono al que ha sido sometida"), y ha finalizado: "Vuestro amigo Paco se pone de nuevo en marcha, aunque nunca dejé de estarlo".

El que fuera president de la Generalitat entre 2003 y 2011, cuando dimitió tras ser imputado en la causa de los trajes del caso Gürtel, de la que posteriormente fue absuelto, está celebrando desde hace meses actos de "reencuentro" por las tres provincias en los que propugna que el PPCV "tiene que volver a ser un gran partido".

El pasado 10 de mayo, en el edificio Veles e Vents de València, en otro acto ante unas 1.600 personas, entre ellas antiguos dirigentes del partido como Alfonso Rus y Carlos Fabra, se ofreció a poner en marcha un partido que en su opinión "ha perdido fuelle" y recuperar las mayorías absolutas del pasado.

Horas antes de este acto, el president de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, ha dicho que Camps siempre tendrá su respeto "haga lo que haga y diga lo que diga", después de, según ha asegurado, "la cacería" y "el acoso al que fue sometido injustamente" por parte de la izquierda.

Por su parte, el secretario general del PPCV y nuevo miembro del Comité Ejecutivo del PP nacional, Juanfran Pérez Llorca, manifestó este lunes que Camps "se está equivocando en el tiempo" con los movimientos que está haciendo dentro del partido porque "no toca".

La dirección nacional del Partido Popular se resiste a dejar caer al president valenciano, Carlos Mazón, pero ya lanza señales de que su tiempo se está agotando. A principios de la semana el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, admitía por primera vez que Mazón no "estuvo a la altura" durante la la gestión de la dana y, a finales de la misma, dejaba en el aire la celebración del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto para los días 29 y 30 de abril en València. La fecha y el lugar se decidieron el pasado verano, antes del fatídico 29 de octubre que dejó 227 fallecidos, de los cuales tres siguen desaparecidos, en la provincia de Valencia y de la errática gestión posterior de Mazón. Ahora Feijóo quiere cambiar el cónclave a Madrid o alrededores.

La excusa oficial del líder del PP es que, al haber pleno en el Congreso esa semana, él y sus diputados deben elegir entre acudir a votar a su escaño y secundar la sesión de control en Madrid o asistir al congreso del PPE en València, ya que el evento se celebra los días de mayor actividad de la Cámara. Feijóo criticó a la Mesa del Congreso, donde hay mayoría de PSOE y Sumar, por negarse a modificar el orden del día tras la petición de su grupo. Un argumento que, sin embargo, carece de fuerza ya que el PP tenía el calendario provisional desde el 16 de enero y la petición del grupo popular no llegó hasta el 4 de febrero, fuera del plazo.

El cambio de localización llega durante la peor crisis política que atraviesa su referente en la Comunitat Valenciana. Feijóo quiere evitar que Mazón ejerza de coafrintión en un cónclave al que acudirán las principales figuras del Partido Popular Europeo como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el líder del PPE, Manfred Weber o el próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz, con quienes el conservador se reunió el lunes en Bruselas. Génova teme que se repitan los abucheos y protestas hacia Mazón en los actos públicos de la Comunitat Valenciana y que el president de la Generalitat se lleve todos los focos... y no para bien.

El propio Mazón es consciente de que la situación de debilidad en la que se encuentra ha sido clave para que Feijóo haya propuesto el cambio de localización, pero culpó a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol de las "pegas" para mover los días de pleno. También dijo que no le "corresponde" a él modificar las fechas del cónclave y subrayó que es "un honor" pertenecer a la familia de los populares en Europa. Lo cierto es que más allá de las justificaciones públicas, las mentiras, los múltiples cambios de versión y la falta de previsión del jefe del Consell, sumado a la investigación liderada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, lo han convertido en un cadáver político a ojos de sus propios compañeros de partido.

Compañeros como el expresidente valenciano, Francisco Camps, que quiere regresar a la política institucional tras su absolución del caso de los contratos con Gürtel. Tras más de una década de viacrucis judicial, el expresident de la Generalitat Valenciana se muestra convencido de que el PP tiene una deuda con él y de que ya es hora de ajustar cuentas. El viernes, ante los micrófonos de Catalunya Ràdio, afirmó que él tiene "un proyecto" y que quiere que "el PP vuelva a tener fuerza y ​​sea un partido de masas": "Estamos intentando recordar la importancia de la militancia", dijo, aunque evitó cargar tintas públicamente contra Mazón.

A nadie en el PP valenciano se le escapa que Camps está aprovechando la presentación de su libro Reenfocando España (Libros Libres), para presentar una serie de actos en el que están participando excargos de las instituciones valencianas y antiguos cuadros del partido con los que busca influir en el rumbo del partido. Sus fieles dentro del partido están aumentando la presión hacia Mazón y el pasado martes lanzaron un manifiesto en el que llamaron a celebrar el Congreso ordinario del partido “tal y como marcan los Estatutos”, previsto para el próximo mes de julio y que ahora mismo está en el aire. Su objetivo, dicen es "reconstruir" y "reunificar" a los populares valencianos para que la formación sea "la casa de todos".

Según revela el diario ABC, existe un grupo de WhatsApp con cientos de personas en el que se organizan los actos y cenas privadas, incluso donde algunas de ellas han mostrado su malestar con la imagen del partido asociada a la gestión actual de Mazón. Estos cargos afines a Camps, entre los que está el expresidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien se ha vuelto a afiliar al PP tras haber cumplido con su pena de cárcel por cuatro delitos fiscales, creen que el evento del día 12 de marzo en Alicante, tierra natal de Mazón, será clave para comprobar con qué apoyos cuenta el expresident de la Generalitat.

Camps quiere volver al ruedo valenciano, donde se inició desde muy joven. El Ayuntamiento de Valencia fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la excalcaldesa de València, Rita Barberá, cuando ella era la delfina valenciana de la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el gobierno valenciano presidido por Eduardo Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president, un cargo al que accedió en el año 2003. Camps abandonó el PP en 2011, pese haber ganado con mayoría absoluta meses antes, presionado por del Gobierno de Mariano Rajoy.

El motivo para apartarlo fue el conocido como caso de los trajes, en el que un jurado popular terminó por declararle "no culpable" del delito de cohecho impropio por el que estaba acusado. Luego llegó el caso Noós, en el que el TSJ valenciano rechazó su imputación. Y la financiación irregular del PPCV, donde compareció como testigo. Su nombre también se vinculó a la causa por las supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, a la que se dio carpetazo "al no existir pruebas de supuestos delitos". Un archivo que también se decretó en el caso de los contratos para la visita del papa a València o en las investigaciones sobre la organización de la Fórmula 1.

Aunque Camps ha salido sin ninguna condena de todos esos procesos judiciales, en el PP nacional consideran que siempre se le asociará con ellos y no tienen intención de recuperarlo políticamente La falta de sintonía con Feijóo no impide que el expresident se reivindique desde hace meses como el mejor candidato a la alcaldía de València —son públicas sus discrepancias con la actual alcaldesa, María José Catalá, la mejor situada para relevar a Mazón—. Sin embargo, hasta la fecha ha evitado confrontar con el president de la Generalitat para que no le acusen de buscar dividir al partido. Pero Camps tampoco es ajeno a la debilidad del jefe del Consell y, llegado el caso, trataría de buscar su oportunidad. Su mensaje está claro: el 'campismo' sigue vivo.

"Se suceden las manifestaciones y los escraches en la calle, la jueza de Catarroja que investiga el caso ve indicios de negligencia e irresponsabilidad y se dice que en su partido, en privado, mantienen dudas y críticas sobre su gestión [...] Vox ha puesto sobre la mesa nombres de diputados del Partido Popular cuya investidura apoyarían. President, ¿en algún momento se ha sentido o se siente solo, abatido o noqueado, como llegó a decir el señor Feijóo?". Con esta pregunta —formulada por el presidente de Nueva Economía Fórum— desayunó este lunes el presidente valenciano, Carlos Mazón, en su primer acto público en Madrid desde que tuvo lugar la dana que acabó con la vida de 227 personas en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. 

El jefe del Consell evitó responder de manera clara, pero dejó entrever que sí ha vivido esa soledad tanto dentro de sus filas como en la calles de la comunidad que preside, donde es abucheado en casi cada acto público. "¿Si me siento solo o no? Da igual cómo me sienta yo", contestó en un primer momento, si bien quiso agradecer las "muestras de apoyo" de la dirección nacional de su partido, con Feijóo a la cabeza, y las de los presidentes autonómicos del PP. A la primera que citó fue a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con la que Mazón presumió de haber hablado prácticamente cada día desde lo sucedido. Sin embargo, ni Ayuso ni Feijóo estuvieron presentes en el foro alegando problemas de agenda —él una entrevista y ella un acto en Extremadura— y ni la madrileña ni otros líderes autonómicos se han dejado ver en la Comunitat Valenciana. 

"La famosa palabra noqueado... —prosiguió Mazón, en referencia a las palabras de Feijóo sobre su gestión posterior a la dana— lo que no soy es un robot”, justificó. "Claro que me afecta desde el punto de vista emocional”, concedió. "Es que es mi gente, es mi tierra, no es un cálculo político para mí". Así, volvió a ligar su futuro al plan de reconstrucción de las zonas más afectadas por la dana: "Si no hay recuperación no me sentiré legitimado. Esta es la prueba de mi vida", dijo sobre su futuro bajo la atenta mirada de figuras de la dirección del Feijóo como Cuca Gamarra, Esteban González Pons y Miguel Tellado, de los diputados y senadores valencianos y de miembros de su Consell encabezados por la vicepresidenta Susana Camarero.

Más allá del plantón de Feijóo y Ayuso, también destacó la ausencia de la alcaldesa de València, María José Catalá y del presidente de la diputación, Vicent Mompó, que ambos justificaron por los actos previos a las Fallas, las fiestas patronales de la capital del Turia. No estuvo tampoco la cúpula empresarial valenciana ni española. Cuestionado sobre los "rumores" sobre su mala relación con la patronal valenciana, Mazón sostuvo que se trataba del "bulo" del día: "Me reunido con ellos muy a menudo, no soy conocedor de ningún tipo de alejamiento. Al revés, lo que tenemos que estar todos cada día más juntos", alegó.

Durante la hora larga que duró su intervención, Mazón elevó el tono en su estrategia de confrontación contra el Gobierno que lleva a cabo desde hace meses y se presentó como un "daño colateral" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El jefe del Consell también atacó durante a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por supuesta falta de información recurriendo a mentiras probadas y, por primera vez, habló del listado de llamadas que hizo tras su comida en El Ventorro en las horas críticas de la emergencia. Aun así, acabó reconociendo que, por el momento, su "relato" no le está funcionando del todo.

El sábado 1 de marzo está convocada la quinta manifestación reclamando la dimisión de Mazón. Un grito que resuena desde hace cuatro meses y que el president de la Generalitat ha escuchado en prácticamente todas sus apariciones públicas. Le sucedió en Paiporta en su primera visita a un municipio afectado por la dana junto al rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez, donde se pudo constatar ese enfado colectivo de la población más afectada. Le volvió a pasar en Torrent y Picanya —localidades de Valencia afectadas por la dana—, en Xilxes (Castelló), en su visita al hospital general de la capital de la plana y también en un acto en la universidad de su ciudad natal, Alicante, donde vive su familia y se refugió los primeros fines de semana tras la catástrofe.

Volvió a suceder también el sábado en Orihuela, feudo del PP valenciano, al grito de 'Mazón dimisión', 'Mazón al barracón', 'Asesino' o 'Sinvergüenza'. Protestas que originaron un enfrentamiento entre los manifestantes y los militantes de la formación conservadora. Y aunque el president de la Generalitat no estuvo en la 'Crida', el acto que da inicio oficialmente a las Fallas, a pesar de que estaba previsto que recibiera a las dos falleras mayores, como suele ser tradicional, junto con la alcaldesa de València, también recibió gritos de protesta.

En estos meses, el jefe del Consell ha procurado tener la mínima exposición pública y ha evitado todo lo posible las zonas de la dana, enviando a cambio al general retirado y vicepresidente para la reconstrucción, Francisco Gan Pampols. También ha tratado de evitar al máximo las preguntas de los periodistas, una directriz que la Generalitat está aplicando en las ruedas de prensa posteriores a los Plenos del Consell. Hace una semana el Ejecutivo de Mazón limitó el número de preguntas que se pueden hacer a la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, durante sus comparecencias ante la prensa. Una orden que ningún otro Consell había dado hasta la fecha, ni siquiera con decenas de imputados del PP por corrupción o tras el cierre de la antigua Canal 9.

Mazón culpó este lunes en Madrid a las "terminales mediáticas" del Gobierno de aparecer como el "culpable" de la dana y se eximió de toda responsabilidad sobre el envío tardío de la alerta. Una versión desmentida incluso por la jueza que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. Este mismo lunes rechazaba la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, por homicidios y lesiones por no instar al Ministerio del Interior a declarar la emergencia nacional.

La jueza destaca que, para alertar a la población, "no era preciso" instar a la declaración de emergencia nacional, ya que es la Generalitat que preside Carlos Mazón "la que estaba asumiendo competencias en materia de emergencias". Así, señala que la administración valenciana era quien podía entender mejor la "gravedad" de lo que estaba ocurriendo el pasado 29 de octubre y la necesidad de actuar "con celeridad" para alertar sobre las "medidas de autoprotección". Desde que arrancó la instrucción el pasado diciembre, la magistrada ha tomado declaración a más de 60 familiares de víctimas mortales que han coincidido en señalar la tardanza en recibir el mensaje masivo como el error clave del dispositivo.

A este cerco judicial se le suma el cerco político del expresidente valenciano, Francisco Camps, que quiere regresar a la política institucional tras su absolución del caso de los contratos con Gürtel. Camps está convencido de que el PP tiene una deuda con él y de que ya es hora de ajustar cuentas. Ahora está aprovechando la presentación de su libro Reenfocando España (Libros Libres), para presentar una serie de actos en el que están participando excargos de las instituciones valencianas y antiguos cuadros del partido con los que busca influir en el rumbo del actual PP valenciano.

Camps se reivindicó hace meses como el mejor candidato a la alcaldía de València —son públicas sus discrepancias con la actual alcaldesa, María José Catalá, la mejor situada para relevar a Mazón—. Sin embargo, hasta la fecha ha evitado confrontar con el president de la Generalitat para que no le acusen de buscar dividir al partido. Pero Camps tampoco es ajeno a la debilidad del jefe del Consell y, llegado el caso, trataría de buscar su oportunidad. Su mensaje está claro: el 'campismo' sigue vivo.

El mismo Carlos Mazón que evitó el pasado viernes reconocer errores propios y trató de eludir cualquier responsabilidad sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre —una catástrofe que acabó con la vida de más de 200 personas—, apoyándose en un fallo global del "sistema", ha cesado este lunes a su consellera de Industria, Nuria Montes. Sus declaraciones en los días posteriores dirigidas a los familiares de las víctimas instándoles —con un tono falto de empatía— a permanecer en casa en lugar de acudir a la morgue y el relato de una de sus trabajadoras sobre el trato que recibió tras perder a su marido y su hija en la dana la situaron en la diana de las críticas. Pese a que Montes no tenía competencias en el operativo, el president de la Generalitat se ha cobrado su cabeza para tratar de salvar su propio pellejo. La sustituirá en el cargo Marián Cano, presidenta de la patronal del calzado, que ya concurrió a las europeas con el PP, sin obtener escaño. Cano es la hermana del alcalde de La Nuncía (Alicante), Bernabé Cano, salpicado por la trama Gürtel y vinculado al expresident Eduardo Zaplana.

Montes ha sido la primera en caer pero puede no ser la última. La consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, responsable de emergencias, ha sido, junto con el president valenciano, la más señalada por su gestión el día de la dana. Previsiblemente, será la próxima en abandonar el Ejecutivo autonómico. Con su comparecencia en les Corts, en la que Mazón anunció una nueva vicepresidencia para la recuperación y una conselleria de Emergencias, el presidente valenciano trataba así de blindarse dentro del Consell y desviar el foco sobre su propia persona. Sin embargo, la presión no ha disminuido —ni dentro ni fuera del partido— y el valenciano se tuvo que comprometer el viernes a no presentarse a la relección si no es "capaz de liderar el proceso de reconstrucción", sin concretar quién va a dirimir si ha sabido "liderar" ese proceso, si él o la dirección nacional de su partido.

Antes de cesar a Montes, la Generalitat anunció un ascenso: el de Susana Camarero. Mazón recurrió a ella como portavoz tras la catástrofe —desplazando a la consellera Ruth Merino, un perfil proveniente de Ciudadanos y que ha tratado de no vincularse con la gestión de la dana— y en estas semanas ha ejercido como la cara visible de la Generalitat. Desde este domingo es formalmente la portavoz del Consell, un cargo que compatibilizará con sus responsabilidades al frente de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y su labor de coordinación de todas las consejerías. Fuentes del PP citadas por El País aseguran que Mazón le ofreció la nueva vicepresidencia para la reconstrucción pero que ella lo rechazó. Sin embargo, Camarero lo ha negado este lunes en rueda de prensa: "El presidente me ha ofrecido esta labor [de portavoz] Esta y no otra. Nunca le diría que no", ha afirmado, incidiendo en su lealtad hacia el dirigente valenciano.

Madrileña de origen, Camarero ha estado ligada desde sus inicios en política institucional al Partido Popular de la Comunitat Valenciana, donde comenzó de la mano de Eduardo Zaplana (1995-2002) y llegó a formar parte de su núcleo duro. Sobre el papel del expresident valenciano , condenado el pasado mes de octubre a diez años de prisión como jefe de la trama corrupta del 'caso Erial', no renegaba de la etiqueta 'zaplanista' en una entrevista publicada en el diario Levante EMV . "No me molesta ninguna etiqueta y estoy muy orgullosa de toda mi trayectoria. Tuve la oportunidad en 1995, con 25 años, de entrar en las Corts. Siempre estaré agradecida por ello a Eduardo Zaplana, pero luego he trabajado con Aznar como diputada, siempre agradeceré a Rajoy y a sus ministros la oportunidad de ser secretaria de Estado, y he trabajado con Alberto Fabra, Paco Camps y ahora con Carlos Mazón. Para mí, es un broche de oro", explicaba.

Lo cierto es que en la trayectoria —y el ascenso político— de Mazón no se entendería sin Zaplana, el que fuera president de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el Gobierno de José María Aznar. Fue el hombre que marcó el despegue de los conservadores en la Comunitat Valenciana y también el que comenzó la era de los grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito. Su sucesor al frente de la Generalitat fue Francisco Camps, quien llegó al poder tutelado por Zaplana y a quien le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia, para lo que creó su propia estructura y camarilla de adeptos. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, otorgando Mazón el protagonismo a los primeros.

El actual president de la Generalitat nació en 1974 en Alicante, localidad donde ha ejercido su carrera política. En la universidad lideró un sindicato estudiantil, desde donde no dudó en alinearse con el PP, recién llegado al Gobierno de la mano de Zaplana. Militante de Nuevas Generaciones, en la primera legislatura de Zaplana fue nombrado director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Fue su salto a la política profesional. Posteriormente, fue director general de Comercio y Consumo (2003-2004) y de Consumo y Seguridad Industrial entre los años 2004 y 2007, ya con Francisco Camps en la Generalitat. Mazón se alineó con la facción fiel a su mentor y acabó fuera de la Generalitat, aunque Zaplana se lo recompensó situandole en las listas municipales de Catral, un pueblo de la Vega Baja, y en la Diputación de Alicante, el gran bastión del PP en la Comunitat, donde los conservadores gobiernan de manera ininterrumpida desde 1995.

Fue, precisamente, en la Diputación de Alicante donde Mazón se hizo fuerte y trazó una alianza con Ciudadanos de la mano del otora secretario general del PP, Teodoro García Egea, que lo aupó como candidato a la presidencia de la Generalitat desplazando a Isabel Bonig en el camino. Para todos aquellos 'zaplanistas' que se habían quedado apartados con la llegada de Camps, la victoria de Mazón simbolizaba el futuro. En ese camino también ha sido fundamental el apoyo de otra figura vinculada a Zaplana, Macarena Montesinos, número dos de Miguel Tellado en el Congreso. Montesinos acudió al debate del pasado viernes acompañada por, entre otros, del expresident valenciano y actual diputado, Alberto Fabra, y del exvicepresidente valenciano Gerardo Camps.

Montesinos es una de las políticas que colaboró en la transformación de Alianza Popular al PP. Fue concejal en Alicante, diputada autonómica durante dos legislaturas con Zaplana de president, parlamentaria en el Congreso y en las pasadas elecciones generales fue la número uno a la lista por Alicante. El apoyo de Montesinos fue clave para el acenso de Mazón en la estructura del poder valenciano y ella es la voz del president de la Generalitat en Madrid. Actúa contrapeso de otras figuras de peso en la dirección del PP como Esteban González Pons, el hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo en Bruselas, que creció bajo el liderazgo de Camps. Es lo que también le sucedió a la actual alcaldesa de València, María José Catalá, llamada a ser la sucesora del actual president valenciano.

En el entorno de Mazón nunca han negado la relación con Zaplana, pero sí que su ascenso se deba al expresident, una consigna que siempre han repetido los aliados de Camps y también las formaciones de la oposición. Aunque la victoria de Mazón en el congreso autonómico de 2021se saldó con el 99,6% de los votos —no hubo ninguna candidatura alternativa—, eso no implica que el PP valenciano esté unido. El president de la Generalitat sí cuenta con el respaldo de la dirección alicantina, pero ni en València ni en Castellón han cerrado filas con él durante esta crisis. Hay voces que le atribuyen al president valenciano la ausencia de perfiles con experiencia de gestión dentro del Consell por haber formado parte de los gobiernos de Camps.

Consciente de estas críticas, a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Mazón ha señalado a los periodistas que dará cuenta de las nuevas incorporaciones a su "Consell de la reconstrucción". "Es francamente un proyecto muy serio, muy centrado y muy priorizado en gente que sabe, gente preparada. Gente que nos va a ayudar a levantarnos", ha afirmado.

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama, según ha recogido Europa Press. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes de la misma, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR.

En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública".

Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con El Bigotes. "Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo", llegó a asegurar en declaraciones a los medios.

En cuanto a la boda, Camps aseguró que acudió de manera "absolutamente cortés", y en relación a la felicitación que ambos intercambiaron en Navidad, cuando 'El Bigotes' le llamó "amiguito del alma", el expresidente aseguró: "Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas".

Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de Gürtel y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto. A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.

En el fallo también se estudian otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis. Así, la Sala distingue los contratos de patrocinio de la Generalitat con los titulares de los derechos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), de los contratos realizados directamente por los titulares de las empresas IMT y ESEDOS, como empresas privadas, de los realizados por la Generalitat con otras empresas.

Los magistrados también analizan igualmente en la sentencia las contrataciones por razón de la salida de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante y concluyen que no se aprecia que la Generalitat sufriera perjuicio alguno.

Respecto a las otras contrataciones realizadas por las distintas consellerías, la resolución desgrana la responsabilidad en la contratación de los distintos consellers, de sus jefes de gabinete y de los respectivos directores generales, en las distintas contrataciones con Orange Market y las otras empresas de la Gürtel.

Por otro lado, la sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández, David Francisco Serra, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera, Luis Eduardo Rosado, Inmaculada García, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés.

Así las cosas, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores.

En lo relativo a Gürtel, a la macrocausa le restan dos juicios: el relativo a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama -todavía sin fecha- y el referente a los adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades de la Gürtel que "nadie" en el Partido Popular pensó que la trama "estuviera haciendo nada raro". "Ni (Mariano) Rajoy, ni yo", ha sostenido.

Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel, se ha expresado así en su declaración ante el tribunal que le juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

A preguntas de su defensa, el expresidente ha hecho alusión a la declaración de uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes, en una comisión en el Congreso de los Diputados por la corrupción en el Partido Popular.

"Es curioso. Él mismo se encarga de explicarlo", ha relatado, explicando que Pérez señaló entonces que él se encargaba "de la luz, de iluminar, y de controlar que el escenario estuviera bien y en su sitio".

Según Camps, El Bigotes explicó en sede parlamentaria que tenía "una relación con Rajoy" que ninguna otra persona en su equipo tenía. Sin embargo, no era una relación de "decir 'qué pasa Mariano, cómo estás tío, cómo has dormido'". "Le estaba explicando al Congreso que lo que hacía era esto. Es calcado a lo que se hacía para mí", se ha justificado.

En esta línea, el expresidente ha aseverado que "nadie pensó" que El Bigotes "estuviera haciendo nada raro". "Ni Rajoy, ni yo, ni nadie", ha apostillado, añadiendo además que la primera vez que tuvo conocimiento de las empresas de la Gürtel fue con la sentencia por los negocios de la primera época de la trama.

"Cada vez que me preguntan cómo llegó Pérez a Valencia... llegó con este grupo de empresas", ha incidido, dejando claro que estas sociedades "trabajaban con el partido a nivel nacional".

En este punto, Camps ha sido preguntado sobre quién y cómo se adjudicaron las campañas electorales de 2003 y 2004. "Las contrataba el partido a nivel nacional, y he tenido ocasión de conocer el soporte digamos oficial para que se sepa por qué estas empresas llegaron a Valencia", ha explicado.

El expresidente, que en su declaración de este miércoles señaló al PP nacional como responsable de la contratación con Gürtel, ha sostenido que en la sindicatura de cuentas de la Generalitat Valenciana hay registros de que las empresas trabajaron en la comunidad autónoma para la campaña de 1999.

Y es que, según Camps, en la citada sentencia por la primera época de la trama "ya aparece alguna de estas empresas", que "venían realizando con toda normalidad campañas" para 'los populares' "durante esos años".

Por otro lado, el exmandatario ha vuelto a referirse a su presunta relación con El Bigotes. "El señor Pérez nunca ha estado en mi casa, jamás ha estado en la sede del PP (en Valencia). Nunca jamás ha entrado en el Palau de la Generalitat", ha aseverado.

Desde su punto de vista, es "paradójico" que El Bigotes nunca celebrase un acto, precisamente, en el propio Palau si lo que se pretendía era "ligar" su figura con las "presuntas adjudicaciones de esta gente".

Camps, además, ha vuelto a referirse a su presencia en la boda de El Bigotes. "Fue un compromiso del partido. Me lo pidió (el entonces secretario general del PP valenciano) Ricardo Costa, que estaba preocupado. Me dijo: 'Vamos todos los del partido, presidente'", ha explicado.

El expresidente ha señalado que ese día "tenía una agenda muy apretada", lo que le obligó a salir "pitando" después de comer en el banquete. "Fuí, comí con los de mi partido y ya está. No tiene más historia. No fui a la ceremonia", ha zanjado.

Como ya hiciera ayer, Camps ha vuelto a dar detalles de por qué decidió "bunkerizar" la Generalitat en 2009, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenase un registro en la Consellería de Turismo.

"Yo estaba en el Consell esa mañana, la consellera me hizo un gesto al terminar la sesión y me hizo un aparte. Me dijo que la Policía había entrado para hacer un registro y le dije que intentara saber que había ocurrido", ha señalado.

El exmandatario del PP ha reconocido que había "una lógica preocupación" por lo que pidió "estar atento" a cómo avanzaba la situación. "Había cosas de cierta enjundia. Luego me enteré de que habían entrado en la oficina de Álvaro Pérez y dije: 'Qué lío'", ha añadido.

Fue en ese instante, ha asegurado cuando decidió cortar "todo tipo de relación" y cerrar "las puertas del partido y de la Generalitat" a la Gürtel y sus empresas. "Quería saber de qué estábamos hablando. Creí en ese momento que debí ejercer mi autoridad", ha argumentado.

Tras la declaración de Camps, el último de los acusados en comparecer en esta vista oral, el juicio se reanudará el próximo 21 de marzo con la presencia de testigos.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha responsabilizado este miércoles a la "dirección nacional" del Partido Popular de la contratación con las empresas de la Gürtel en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Camps, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado que la decisión de descargar en Gürtel la organización de los actos de la formación vino decidida por "la gran instancia".

"Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional", ha aseverado en respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

El otrora mandatario autonómico ha reforzado sus palabras después de que el Ministerio Público le expusiera una foto de un acto en el que habría participado el entonces líder del partido, Mariano Rajoy. "A mí nadie me dijo nada de ese señor", ha apuntado, en relación a uno de los cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, alias El Bigotes.

"Fíjese cómo estamos Rajoy y yo en un acto del PP y este señor está de cuclillas como tiene que estar. Fíjese como está el PP nacional. Nadie me dijo nada y nadie dijo nada extraño", ha añadido Camps.

En este contexto, Camps ha repetido que la adjudicataria para los actos del partido era "el PP nacional de España" al tiempo que ha aclarado que "nunca" le "ha preocupado quién organiza" los mismos ni tampoco su imagen personal.

"Yo soy militante desde el 82. He puesto sillas, he pegado carteles... pero a mí no se me ocurre jamás preguntar quién esta haciendo actos de partido y por qué se esta haciendo así. Se ha cambiado el logotipo y nombre del partido y no he preguntado por qué se ha hecho", ha argumentado.

Sin embargo, Camps ha matizado sus palabras en declaraciones a los medios a la salida de la sede judicial. "No he responsabilizado a la dirección nacional del PP. He dicho que era el comité de campaña quien contrataba. Eso es una realidad incontestable", ha asegurado.

Preguntado sobre si teme que sus afirmaciones puedan afectar a su futuro político, Camps ha sido tajante: "No puede afectar en nada, y si afecta mala suerte. Aparte eso el partido lo ha dicho por activa y por pasiva. Ellos contrataban y dejaron de contratar".

En su declaración, el expresidente ha querido dejar claro que fue él el que tomó "la decisión" de romper con la Gürtel. "Si hubiese tenido miedo o una preocupación personal no habría tomado esa decisión. Habría buscado si había manera de solventarlo y el alcance del problema", ha apuntado.

El expresidente ha señalado que "nunca jamás" ha dado "una indicación" para realizar contrataciones en sus "30 años de servicio público". "Y menos para unos stands de Fitur que es como la nada, si usted me permite", ha asegurado.

En esta línea, Camps ha explicado que decidió que la relación con las empresas de la trama tenía que terminar después de las primeras detenciones y registros ordenados por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. "(Dije) si es Garzón tiene que ser muy gordo, no puede ser una tontería. Yo con tonterías de estas no voy jugar", ha apostillado.

Así las cosas, el exdirigente conservador ha negado cualquier tipo de relación personal con el líder de Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, o con El Bigotes. Pero, además, desde su punto de vista es "extraño" que ninguno de ellos tratase de reunirse con él como máximo mandatario del PP en la Comunidad Valenciana.

"Me he dado cuenta de que hay una pirámide de jefatura. Cómo es posible que en esta pirámide jerárquicamente constituida siendo yo el presidente no se pusiera nunca en contacto conmigo el jefe y subjefe? Es absurdo y surrealista; no tiene sentido. Me hubieran dicho que hubiese tomado un café. Nunca tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni paseamos por un jardín", ha asegurado.

En este punto la Fiscalía le ha reproducido la conversación telefónica que mantuvo con El Bigotes en la Nochebuena de 2008 y en la que ambos se expresaron su afecto. Según Camps, fue el secretario general del PP valenciano el que le instó a llamar a Pérez para agradecerle la organización de un acto para la formación.

El expresidente ha querido recalcar que el mismo día que mantuvo esa charla con El Bigotes consiguió que el Gobierno --presidido por José Luis Rodríguez Zapatero-- concediese una financiación de 2.500 millones a la comunidad. "Estaba exultante (...) después de tener esta sensación, de haber conseguido algo para la Comunidad Valenciana", ha continuado.

Camps, que ha dicho estar "preparado para escuchar esa conversación N veces más", cree que se ha "sacado de quicio esta cuestión". "Hablamos de lealtad, no de amistad. La lealtad es un concepto político, el tenía una relación política conmigo. Por eso hablamos de lealtad al partido, a las siglas", ha añadido.

A juicio del expresidente habría sido "peyorativo decirle" a El Bigotes, al que ha definido como al "tramoyista" del PP, lo "bonitos" que hacía los escenarios para los actos electorales de la formación.

Camps también ha dado explicaciones de su asistencia a la boda de El Bigotes. Si asistió, ha sostenido, es porque le dijeron que iba a asistir a una reunión en la que solo iba a "estar gente del partido".

La sesión de este miércoles ha estado también marcada por los toques de atención que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, ha tenido que realizar a Camps, al que ha instado a no realizar "preguntas a la Fiscalía por un tema de orden" en la Sala.

El magistrado también ha pedido al expresidente que no hiciese "comentario alguno" a las preguntas de Anticorrupción. "Yo hago las preguntas", le ha espetado la fiscal Concepción Nicolás a Camps, que le ha contestado: "Se lo que no quiere que diga".

La última Convención Nacional del PP estuvo marcada por los reencuentros. Y, en concreto, por el de Francisco Camps con sus viejos compañeros de partido. Después de una década alejado de la primera línea política, el expresidente de la Generalitat quiso aprovechar el cierre del cónclave en la Plaza de Toros de València para dar impulso a su reaparición pública. Entonces, el partido arropaba a Pablo Casado. Y Camps aún esperaba poder librarse del último frente judicial que tiene pendiente. Pero no lo logró. Desde finales de enero, el expresidente valenciano está sentando en el banquillo de los acusados, viendo cómo los principales cabecillas de la Gürtel le señalan directamente. Un cerco que se va estrechando cada vez más alrededor del exdirigente conservador.

Lo que se juzga en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) es la quinta pieza del macrocaso de corrupción. La causa se centra en la adjudicación por parte de la Generalitat una de las empresas de la trama de la instalación de un stand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En su auto de procesamiento, el juez instructor consideraba que existía "un arsenal de indicios" como para señalar que Camps "participó en el direccionamiento" de la licitación a favor de Orange Market para premiar la "paciencia y resignación" de la firma ante el "impago de la multimillonaria deuda" que el PP valenciano tenía con ella. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente valenciano dos años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y fraude.

La macrosala de la Audiencia Nacional sólo ha acogido, por el momento, cinco sesiones de un juicio que puede alargarse hasta las puertas de las autonómicas. Pero han sido todo un torpedo en la línea de flotación del expresidente valenciano. Frente al micrófono se han situado los principales cabecillas de la trama corrupta, que forman parte del grupo de acusados que han alcanzado un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. O ex trabajadoras de empresas vinculadas a la Gürtel y ex altos cargos de aquel Ejecutivo valenciano. Todos estos testimonios han colocado el foco sobre Camps, quien no ha ocultado en los últimos meses su interés por regresar a la primera línea política. Y han complicado considerablemente su estrategia de defensa.

El primero en disparar fue Francisco Correa. Lo hizo a finales de enero. En su declaración ante el tribunal, el empresario señaló a Camps, a quien dijo haber conocido en "la famosa boda" de la hija de José María Aznar, como la vía de entrada de la Gürtel en la Comunitat Valenciana. Sentado en una mesa, con dos micrófonos apuntando hacia su boca, el considerado líder de la trama explicó que si se decantó por abrir una "oficina en Valencia" fue por la "muy buena relación" que tenía con el expresidente regional Álvaro Pérez, El Bigotes. Y relató que él presionaba a su socio para intentar tener contratos de la Generalitat y éste "tenía que contactar" con Camps o los consejeros. "Éramos un brazo del PP", fue otra de las frases que resonaron en la sala.

La declaración de Correa irritó a Camps. Tanto, que se enganchó con él a la salida de juicio. "Eres un hijo de puta", espetó el exlíder de la Generalitat al empresario corrupto, insultos que el propio expresidente regional ha negado en declaraciones a los medios. Un enfrentamiento que obligó a comienzos de esta semana al tribunal a pedir tranquilidad en la sala: "Este es un tribunal democrático y, por lo tanto, debe presidir un orden mínimo, absteniéndose de emitir juicios de valor y cualquier otro tipo de comentario a las partes que declaren en este proceso". El llamamiento se produjo justo antes de que el ex secretario del PP en Galicia Pablo Crespo y 'El Bigotes' terminasen de cerrar el círculo alrededor de Camps que había empezado a trazar Correa.

La declaración del primero, considerado el número dos de la trama, arrancó en la sesión de finales de enero. Entonces, resaltó la "química" existente entre Pérez, quien fuera director de Orange Market, y Camps. Un relato en el que continuó profundizando esta misma semana. "El eje básico de que nosotros decidiésemos implantarnos en Valencia y no en otra región, como pudiera ser Murcia o Cataluña, era la buena relación que el señor Pérez mantenía con el señor Camps. Es decir, nuestra ventaja operativa, nuestra ventaja comercial, era esa. No es lo mismo llegar a puerta fría que ir introducido por una persona que tiene influencia no solamente jerárquica, sino probablemente moral", resaltó a Anticorrupción. Una buena relación que, aseveró, "casi todo el mundo conocía".

Si sus viejos socios se encargaron de preparar el terreno, El Bigotes remató finalmente el asunto. "Entiendo que se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con el señor Camps", apuntó el responsable de Orange Market ante las preguntas de la fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell. Durante su declaración, Pérez señaló que fue el expresidente valenciano quien le propuso trasladarse a la Comunitat Valenciana: "En un principio hablamos de hacer los eventos y los actos del partido. Él sabía cómo trabajábamos. Sabía que eran una garantía de éxito los mítines". "Yo le pedía que me ayudara y él me ayudaba", fue otra de las frases que marcaron su interrogatorio.

Aquel día, Camps insistió, en declaraciones a los medios, en que la relación que mantuvo con El Bigotes fue "estrictamente profesional". Lo hizo tras una sesión en la que se habían reproducido audios y vídeos que apuntalaban esa fuerte conexión entre ambos. En uno de ellos se podía ver al director de Orange Market pronunciando un discurso en el día de su boda. En un momento dado, se dirige a Camps, uno de los invitados: "Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí. [...] Es cojonudo como amigo". "No he visto a nadie en este vídeo que haya levantado la mano y haya dicho: yo no te conozco de nada", aseveró El Bigotes en sede judicial.

En aquella jornada también se reprodujeron algunas llamadas telefónicas intercambiadas entre ambos personajes. Una de ellas, durante la Nochebuena de 2008, unos minutos antes de las diez de la noche. "Feliz Navidad, amiguito del alma", se escucha a Camps. "Oye... que te sigo queriendo mucho", responde Pérez. A partir de ahí, el expresidente valenciano, que deja claro a su interlocutor que le quiere "un huevo", y El Bigotes dedican unos segundos a hablar sobre "lealtad".

–Bueno, que... contarás muchos años con mi lealtad, ¿vale? – le dice el responsable de Orange Market.

–Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida –le contesta Camps entre risas.

Durante esa sesión Camps protagonizó un nuevo incidente. Sin embargo, no se conoció hasta la jornada siguiente. El martes, la vista oral se retomó con el tribunal ordenando al expresidente valenciano que abandonase la última fila y pasase a ocupar la primera para tenerlo controlado. Los magistrados tomaron dicha decisión después de que uno de los abogados denunciase que el exdirigente conservador le había llamado "miserable" durante el interrogatorio del lunes. Pero la defensa del exlíder del Ejecutivo regional, aprovechándose de la condición de abogado en ejercicio de su cliente, logró que se le permitiese sentarse en el estrado. Y desde ahí, ataviado con una toga, Camps siguió la nueva ronda de declaraciones.

Las siguientes en sentarse frente al tribunal fueron dos extrabajadoras de empresas de la Gürtel: Isabel Jordán y Mónica Magariños. Su relato fue similar al del resto, insistiendo en que la trama entró en territorio valenciano a través de Camps. Además, la primera de ellas ratificó lo que ya deslizaba el juez instructor en su auto de procesamiento. Así, Jordán dijo que los trabajos que se hicieron para el PP generaron "una gran deuda". Y remató: "A partir de ahí, de esa gran deuda digamos, empiezan a darle a Pérez los diferentes trabajos que se hacen".

El juicio continuó este miércoles con el interrogatorio al exjefe de gabinete de la Conselleria de Bienestar Social Enrique Navarro. En él, detalló que acceder a un conseller "no es sencillo" y que Pérez "apareció allí de la nada". Contó que en un momento dado preguntó a la consellera por qué hacían con El Bigotes un balance final de legislatura. Y que el motivo era puramente estratégico. "Me dijo que tenía amistad con [Ricardo] Costa y proximidad con Camps. [...] Era una manera de congraciarse, porque la relación no era fluida debido al momento tenso entre campistas y zaplanistas. Se trataba de lanzar un gancho a ver si Álvaro Pérez hacía la gestión de hablar bien de nosotros ante el señor Costa y él ya transmitiría a quien corresponda", explicó.

Navarro, además, reconoció que su departamento troceó las facturas a Orange Market para no superar los límites establecidos legalmente para la contratación directa. "Era una práctica habitual. Se sabía que era un fraccionamiento pero no un ilícito penal, sino una irregularidad administrativa", señaló. Irregularidades en la contratación que también confirmó este miércoles otra de las acusadas. Tras una semana intensa, el juicio se reanudará de nuevo el lunes.

Las extrabajadoras de Gürtel Isabel Jordán y Mónica Magariños han asegurado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market de un contrato para Fitur que fue el expresidente autonómico Francisco Camps el que introdujo a la trama en la Comunidad Valenciana y el que ofreció al grupo diversos contratos con la Generalitat, informa Europa Press.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas ilegalidades cometidas en relación al contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Magariños, una de las acusadas, ha detallado que Gürtel decidió trasladarse de Madrid a Valencia después de que Camps instase a Álvaro Pérez El Bigotes a asentarse en la comunidad autónoma. "Camps le dijo a Álvaro que allí iba a tener trabajo, y en el año 2003 empezamos a hacer los congresos regionales", ha apuntado.

Magariños, que trabajó como secretaria de El Bigotes y de el "número dos" de la trama, Pablo Crespo, ha asegurado que el primero pidió a Camps que le recomendase a una persona para asegurar la entrada de Gürtel en el territorio. El expresidente, ha explicado, le recomendó a Ignacio Blanch.

"Era una persona conocida en Valencia, su hermano tenía una empresa y bastante relación con todo el mundo y eso ayudaba a Blanch a tener contactos", ha señalado Magariños, que ha dado detalles de sus funciones: "Álvaro era el que se dedicaba a conseguir clientes y yo me encargaba de organizar los eventos".

Los propios clientes, ha continuado, eran "solamente" administraciones públicas. Después de que la trama organizase un "evento para Camps en 2004 que salió en todos los periódicos", el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y Pablo Crespo presionaron "muchísimo" a El Bigotes para que consiguiese trabajo.

"¿A quién se lo pedían?", le ha preguntado la fiscal Concepción Nicolás. "Al señor Camps", ha contestado Magariños, que ha indicado que el grupo tuvo sus primeros inicios "en Presidencia". "Nos dieron los USB y guías de comunicación en 2004. Uno de los primeros trabajos con la Generalitat lo trajo Blanch. Esteban González Pons, que era quien estaba, no tenía muy buena relación con Pérez, pero con Blanch sí", ha añadido.

La trabajadora de la trama ha ahondado en la importancia de Camps para los trabajos de Gürtel recordando una visita que ella mismo hizo al club de tenis con El Bigotes. "Allí estaba Camps con su familia. Álvaro volvió y me dijo: 'vámonos, que ya tenemos el Open de tenis'", ha explicado.

En este contexto, Magariños también ha detallado la forma de facturar con el gobierno valenciano después de que la fiscal le expusiera distintos documentos. "La Generalitat dijo que había que hacer facturas por menos de 12.000 euros. Ellos decían la cantidad y era Crespo quien ponía los conceptos", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado otra de las acusadas, la considerada como administradora de algunas de las empresas del grupo, Isabel Jordán, que también ha relatado cómo Gürtel se trasladó a Valencia. "Todo el mundo sabíamos que se iba Álvaro a Valencia porque tenía una amistad con Camps y porque le había ofrecido que se fuera a Valencia donde tendría posibilidad de trabajar", ha aseverado.

El Bigotes, que había dejado de trabajar con el PP nacional, valoró esa oportunidad y decidió que era "un buen momento" para asentarse en la comunidad autónoma. Jordán, además, también ha incidido en la relevancia de Blanch para el desarrollo que el grupo tuvo en Valencia.

"Dicho por el propio Blanch, a él se le contrata porque tiene relación con Camps y con González Pons y es una persona con mucho conocimiento de lo que es Valencia en sí o las instituciones. Es una persona influyente o que tenía contactos, esto dicho por él mismo", ha señalado.

Así las cosas, Jordán ha explicado que a raíz de los trabajos que Orange Market realizó para el PP valenciano se generó "una gran deuda". "A partir de ahí, de esa gran deuda digamos, empiezan a darle a Pérez los diferentes trabajos que se hacen", ha apostillado.

La sesión de este martes también ha servido para escuchar la declaración de otro de los acusados, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, que ha sostenido que nunca habló con Camps y que nunca le vio en la oficina de la empresa. "Como he jurado decir la verdad, nunca le oí ni oí hablar con él. Sinceramente no", ha asegurado.

Herrero, que inicialmente fue contratado como jefe de producción, recibió más adelante poderes para encargarse de cuestiones logísticas y de firma de documentos debido a los problemas que El Bigotes tenía con Hacienda "desde el punto de vista legal".

Pese a reconocer que acompañó a Pérez a algunas reuniones en las que se concertaron contrataciones, Herrero ha sostenido que lo hacía como "convidado de piedra". "Yo no era el comercial ni sabía lo que se pretendía. Iba por captar un poco para después en producción transmitir por dónde iban los tiros del acto que se iba a hacer", ha añadido.

Y, preguntado por cómo se hacía la trama con esos contratos, Herrero ha sido tajante: "Era Álvaro el que las conocía". Sin embargo, ha revelado que el grupo no "trabajaba mucho", lo que provocó que Crespo se enfadase porque "la empresa no conseguía tanto" trabajo como se pretendía.

El inicio de la sesión ha dejado un nuevo incidente en torno al propio Camps después de que el letrado de El Bigotes haya denunciado que el expresidente se dirigió a él el lunes como a un "abogado miserable". Ese insulto, ha sostenido, se produjo coincidiendo con el interrogatorio del propio Pérez.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha decidido ordenar a Camps que pasase de ocupar la última fila de la sala a sentarse en la primera "en prevención" a que el otrora mandatario valenciano mantuviese "el orden". El propio Mora ya pidió este lunes al expresidente que guardase respeto y que se abstuviese de realizar comentarios durante el turno de preguntas a otros acusados.

La representación de Camps, por su parte, ha solicitado al tribunal permiso para que el exdirigente del PP pasase a ocupar un "puesto en el estrado" haciendo valer su condición de letrado en ejercicio. Después de que Mora accediese a su petición, Camps se ha sentado junto a su defensa tras hacerse con una toga.

En declaraciones a los medios al término de la sesión Camps ha agradecido al tribunal "la oportunidad" y ha aprovechado para arremeter nuevamente contra la Fiscalía Anticorrupción. "Esto está roto. La línea de la Fiscalía se ha venido abajo: la desesperación es absoluta", ha clamado.

En este sentido, Camps ha aseverado que el Ministerio Público "lo está pasando muy mal porque se da cuenta de que el montaje" al que ha sometido a los "antiguos miembros" de la Generalitat "es una pura falsedad que se viene abajo". "Después de una declaración que ha sido clave yo creo que podemos hablar de causa finita, causa acabada", ha zanjado.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se ha encarado este martes con el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien ha recriminado su declaración ante el tribunal que les juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama.

Testigos presentes en el momento del suceso han confirmado a Europa Press que el otrora dirigente autonómico ha esperado a Correa a las puertas de la sala una vez ha concluido la sesión de este martes, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. "Eres un hijo de puta", le ha espetado a su salida, según los citados testigos.

Camps, molesto con la declaración de Correa - que ha confesado los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía--, le ha calificado de mentiroso y ha asegurado que la actitud del líder de la trama está teniendo consecuencias en su vida privada.

En respuestas a la Fiscalía Anticorrupción Correa ha asegurado este viernes que conoció a Camps en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que coincidió con él "dos o tres veces", llegando a reunirse con él unos minutos en un hotel. Además, Correa ha señalado al ahora expresidente valenciano como la persona que introdujo a Gürtel en la Comunidad Valenciana.

Estos testigos explican que Camps, molesto con la versión ofrecida por Correa, ha asegurado que no se habían visto "en la vida". Además, el expresidente también habría dejado bien claro, en contra de los sostenido por Álvaro Pérez 'El Bigotes', que nunca han tenido ninguna relación de amistad.

Esta breve disputa ha concluido con la salida de la sede de la Audiencia Nacional de Camps, que ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Los testigos consultados señalan que el abogado del exmandatario valenciano se habría acercado a Correa después del incidente para pedirle perdón.

Fuentes de la defensa de Camps, por el contrario, sostienen que el expresidente no habría proferido ningún insulto a Correa, al que simplemente habría afeado sus mentiras. "Me estás arruinando la vida", le ha dirigido a su salida de la sala.

Las mismas fuentes señalan que el que exdirigente se habría molestado por el chascarrillo utilizado por Correa al término de su declaración, cuando el presidente del tribunal le ha recordado que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no acudir a más sesiones del juicio. "Si me dan el tercer grado vengo", ha bromeado el líder de 'Gürtel'.

En este contexto, las fuentes rebajan el enfrentamiento a un mero intercambio dialéctico que habría concluido cuando el abogado de Camps se ha acercado a su cliente y le ha apartado del propio Correa. En cualquier caso, niegan que el letrado se haya acercado al cabecilla de la trama para pedirle disculpas.

En los días anteriores a esta sesión, Camps había venido criticando lo que considera pactos "oscuros y obscenos" de la Fiscalía con los principales acusados en este juicio, entre los que se incluye el propio Correa, su 'número dos' Pablo Crespo o el que fuera administrador de Orange Market, 'El Bigotes'.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

El tribunal que juzga desde este lunes al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, ha suspendido la vista oral una semana por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas partes, según informa Europa Press.

"Debemos parar y dar un lapsus de una semana", ha anunciado el presidente del tribunal José Antonio Mora, que ha explicado que si se causa "indefensión a alguna parte lamentablemente" podría dar lugar a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después".

Esta decisión ha llegado después de que la defensa de Camps relatase que a algunas partes les había resultado "imposible el acceso" a parte de la documentación relativa al proceso. "Hay documentos a los que no podemos entrar", ha apuntado.

El magistrado ha explicado que la Sala, "consciente" de la necesidad de "garantizar el derecho a la defensa", ha decidido conceder un plazo de una semana para que todos tengan "tiempo de acceder a la oficina" y solicitar a los técnicos el acceso a los documentos correspondientes.

Pero es que además, ha explicado Mora, la Generalitat valenciana "ha presentado un escrito de conclusiones provisionales" que ha sido notificado este mismo lunes al propio tribunal, que no ha podido dar traslado a las partes.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la propia Generalitat ha modificado su escrito inicial para solicitar una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil por las presuntas irregularidades.

"El contenido de este escrito ustedes los desconocen y al tribunal le ha llegado hoy, por lo que ha sido imposible dar traslado. Del contenido (del mismo) depende su defensa", ha explicado el juez, que ha dejado claro que "lamentablemente no quedaba más remedio" que hacer una pausa.

"Es algo que ocurre en este tipo de procesos", ha explicado el magistrado ante las quejas de algunos de los letrados, insistiendo en los problemas en el acceso al cloud por parte de algunas partes. "No es una cuestión de esta semana. A lo largo de estos meses se nos ha dicho con reiteración, y no se ha solucionado del todo", ha incidido.

Así las cosas, Mora ha afirmado que "la idea" del tribunal "es que el juicio no tenga demoras" adicionales. "No se va a modificar ningún día de los señalados. Intentaremos ir avanzando durante estos días. Vamos a respetar los horarios. Lamento la suspensión pero son cosas que ocurren", ha zanjado.

Camps se enfrentaba desde este lunes a una petición de Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel por las supuestas irregularidades en el contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

En declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Camps ha asegurado que no se llevó un solo euro al bolsillo" por las actuaciones de la trama.

En este contexto, ha mostrado su intención de regresar a la primera línea política una vez cese lo que considera una "pesadilla muy larga" orquestada por la Fiscalía, a la que ha acusado de intentar "destruir" su trabajo como presidente regional.

"Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos", ha sostenido.

En este contexto, Camps ha incidido en que ya fue juzgado por estos hechos "en la causa de los trajes". "No se qué hacen mis compañeros de gobierno ni qué hago aquí hoy en este nuevo juicio. Confío en la Justicia y, como las otras nueve causas, que acabe en la absolución", ha añadido.

El ex presidente valenciano Francisco Camps ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos.

La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados. "No debe en cualquier caso admitirse ni puede servir de base objetiva, para quien sostiene la acusación, ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso", sostiene.

En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, "todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto".

Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre.

Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Cabe recordar que Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de 'Gürtel'. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a 9 años al añadir tráfico de influencias.

Entre los conformados destaca Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel. En su caso, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. "El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio.

En él, se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias El Bigotes) inició con Paco Camps".

Correa cuenta que "presionaba constantemente a Álvaro" porque "el 90% de los contratos" de publicidad, comunicación y eventos se adjudicaban a Global, una empresa que "trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana". "También recuerdo que Iñaki Urdangarín nos arrebató a través de su fundación varios eventos, no sin antes previa llamada del rey emérito", añade, matizando que toda esta información se la proporcionaba El Bigotes.

Asegura que, tras su "continua exigencia" a Pérez, cambiaron las tornas y el Gobierno valenciano les confió "algunos eventos", como los que componen esta pieza separada, conocida también como de contratos menores. Detalla que el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo, se ocupaba de la facturación e Isabel Jordán, de producción y montaje.

Asimismo, precisa que solo ha coincidido dos veces con Camps, una en la ya famosa boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar y otra en la boda de El Bigotes, al que sí atribuye una "estrecha relación de amistad" con Camps. "De manera que mi relación con él es inexistente", zanja.

Aprovecha además para resaltar que desde su primera declaración en el juicio por la primera época de 'Gürtel' ha venido mostrando "total transparencia" sin recibir "nada" a cambio. "Como se suele decir, me lancé a la piscina sin agua", ilustra.

Recalca que su "extensa declaración" sirvió para condenar al PP y que, como consecuencia de la tormenta desatada, Pedro Sánchez llegó a Moncloa, planteándose qué habría obtenido "de haberlo negociado 'a priori'".

Por su parte, Crespo reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de Gürtel, teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market". Crespo afirma que todos actuaban "siguiendo las instrucciones u órdenes" que él "transmitía" en materia de facturación. "Pues, salvo en las cuestiones administrativas internas del día a día, no daban un paso sin contar con mi aprobación previa", resume.

El número dos expresa su "arrepentimiento sincero" por el "daño económico" de sus delitos, aseverando que destinará "hasta el último céntimo de sus bienes para reparar el daño causado a las entidades públicas lo antes posible". Jordán, la considerada como administradora de las empresas de Gürtel, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. "Jamás me dio indicaciones", aclara.

La acusada también da extensos detalles sobre Camps y El Bigotes, a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".

Y es todavía más explícita sobre el papel de Pérez y su relación con Camps al manifestar que "durante los años 2004 a febrero de 2009, todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar" corrían de la mano de El Bigotes.

El gerente de Orange Market, Cándido Herrero, también ha llegado a un acuerdo de conformidad reconociendo su participación en Gürtel. Según admite, "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos".

Señala directamente a El Bigotes como quien "conseguía los trabajos". También expone que "en Orange Market no se enviaba presupuestos o una factura si no había sido ordenado por Pablo Crespo", mientras que la contabilidad correría a cargo de Ramón Blanco Balín.

Herrero subraya que tras su ingreso en prisión empezó a estudiar Criminología y que ahora es "más consciente" de su culpa, por lo que incide en que está "arrepentido". Así, acepta 7 años y 11 meses de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, y multa por 582.500 euros.

Por otro lado, la ex gerente de la fundación de la Comunidad Valenciana La luz de la imágenes Carmen Díaz Quintero accede a 1 año y 6 meses de prisión. Además, según consta en su propio escrito, ya ha abonado 34.626 euros para reparar el daño causado.

Por último, la ex directora general del Libro Silvia Caballer reconoce que acordó con El Bigotes contratar a Orange Market para el II Congreso Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005.

Admite que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".

Y para "minimizar" costes reconoce contactos con diez entidades para que patrocinaran el evento, así como con Proyecto Cultural Castellón para que lo "coorganizara", facturando unos 63.000 euros.

Las ex diputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno han solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que aparte al magistrado Joaquín Delgado del tribunal que se encargará de juzgar al ex presidente valenciano Francisco Camps por la pieza Orange Market del caso Gürtel, al considerar que hay "serias dudas" sobre su imparcialidad porque fue alto cargo del Partido Popular.

En un escrito del miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular ejercida por Ninet y Moreno ha formulado un incidente de recusación con el que pide a la Sala de lo Penal de la AN que expulse a Delgado del tribunal encargado de juzgar "la presunta adjudicación irregular de contratos administrativos desde la Generalitat de Valencia durante los años en que el PP, con Francisco Camps a la cabeza, ostentó el Gobierno de esa comunidad autónoma".

Para Ninet y Moreno, "hay varias conexiones de hecho entre aquel magistrado y aquella formación política". "Una vez más, estamos ante un proceso penal en el que entre los acusados tenemos a personas que en su día ocuparon puestos muy relevantes tanto en la administración pública como en el organigrama jerárquico del Partido Popular", indican.

Así, recuerdan que Delgado fue asesor del Ministerio de Justicia siendo su titular José María Michavila y director general del mismo ministerio ya con Rafael Catalá como su máximo responsable, cargo del que además subrayan que cesó como consecuencia de la moción de censura que propició la caída del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de una sentencia de Gürtel. La acusación aclara que no se trata de las "afinidades políticas" de Delgado, "sino de la percepción de la posible parcialidad de un magistrado en cuya ascendente trayectoria profesional ha tenido suma importancia el Partido Popular".

A este respecto, esgrime que "no se puede obviar que se trata de una pieza separada de una causa de enorme interés para el PP, pues el reguero de sentencias que condena a cargos públicos y orgánicos de este partido, incluso al propio partido, ya sea como responsable civil subsidiario o como partícipe a título lucrativo, resulta cuando menos incómoda y preocupante para sus actuales dirigentes por mucho que intenten decir que se han renovado y que esto forma parte del pasado".

"No cuestionamos su conducta personal ni su profesionalidad sino que tenemos dudas objetivamente justificadas respecto a su apariencia de imparcialidad", recalcan Ninet y Moreno. En su opinión, "hay serias dudas sobre la apariencia de imparcialidad de este magistrado para actuar libremente en este caso", alegando el hecho de que una sentencia de Gürtel provocara la "precipitada salida" de Delgado del Ministerio de Justicia "puede haber generado animadversión hacia la causa y hacia los participantes en la misma".

"Pero sobre todo, animadversión hacia las acusaciones que participaron en todo el proceso, como es la que suscribe, única acusación popular que está desde el origen personada", destacan. Además, hacen hincapié en que "la sentencia recaída ha tenido efectos directos sobre su carrera profesional y le ha obligado a retornar a su situación de correturnos en la Audiencia Provincial".

Recalcan asimismo que en esta pieza número 5 de Gürtel se juzgará "a quien fue presidente del PP de Valencia (Francisco Camps), y no cualquier presidente, sino uno de los que prestó su apoyo incondicional al presidente nacional cuando se discutía internamente su liderazgo, que consolidó precisamente en el Congreso de Valencia". "En Gürtel se investiga y juzga un periodo temporal que incluye mandatos del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también como presidente del Partido Popular, y para ello fue fundamental el apoyo recibido del señor Camps", resaltan.

Con todo, entienden que mantener a Delgado como miembro de este tribunal "generaría serias dudas sobre nuestro sistema judicial y daría pábulo a las consabidas frases populares sobre el distinto trato que reciben los encausados dependiendo de su posición y relaciones".

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el contrato por el que el Consell asumió en julio de 2011, en sustitución de Bancaja, la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad. En esta causa figuraba únicamente como investigado el expresidente del PP de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y era la última que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera.

La instructora, que ya archivó con anterioridad en dos ocasiones esta causa, concluye que no puede asegurarse que fuera Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) "pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto", según informa Europa Press. 

El ministerio fiscal también había pedido el sobreseimiento al considerar que no había quedado suficientemente acreditado que los hechos constituyeran infracción penal, al igual que sostenía el propio Camps, mientras que la Abogacía de la Generalitat pedía su procesamiento.

La magistrada coincide con la defensa en que las conversaciones sobre el contrato se remontan con "mucha anterioridad" a la fecha de firma, el 19 de julio de 2011, por documentos contenidos en los correos electrónicos, y que no consta "en modo alguno" que Camps diera "concretas instrucciones" sobre el contenido y redacción de ese acuerdo "ignorándose si es exacta la fecha de la firma el 19 de julio" y sostiene que es "más probable" que fuera una semana antes.

Respecto a si fue Camps quien dio la orden para la firma tras mantener conversaciones con el magnate de la F1, Bernie Ecclestone, de que se firmara y se incluyera a la Generalitat como garante, "no puede asegurarse" ese extremo ni que dos subordinados del expresident dieran esas instrucciones desde el extranjero y que "de manera precipitada" se acordara también por el exjefe del Consell la sustitución de Valmor como avalista.

Además, añade que, según una de las asesoras de Camps que en su día declaró como investigada, en las reuniones sobre el contrato "nunca" estaba el expresident y que realmente no se trataba de un aval sino de la sustitución de garantía de los derechos comerciales.

Reabierta por la Audiencia 

En octubre de 2019 la sección segunda de la Audiencia de Valencia ordenó revocar parcialmente el sobreseimiento de la causa abierta por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital del Turia, a través de Valmor Sports, para investigar "la indicación u orden de firma de la asunción por la Generalitat Valenciana de la condición de avalista en el convenio, acta o documento de fecha 19 de julio de 2011". De este modo, estimaba parcialmente el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat al archivo de este procedimiento.

En este caso, el fiscal rechazaba tanto la existencia de prevaricación administrativa como malversación al alegar que no toda ilegalidad administrativa debe reconducirse al procedimiento penal; que las obligaciones contenidas en el contrato de 19 de julio de 2011 no contemplan obligaciones financieras a cargo de la administración sino "obligaciones de hacer" dirigidas a asegurar la cesión de los derechos comerciales.

En esta línea, entendía que la garantía firmada en el contrato de 19 de julio de 2011 "no generó ninguna consecuencia económica para la administración"; que nunca entró en vigor o tuvo una eficacia muy corta y no hubo perjuicio para el patrimonio público y tampoco lo generó la compra de Valmor en marzo de 2012 por parte de Circuito del Motor, que asumió directamente la organización del evento y las obligaciones de los contratos firmados con la organización de la F1.

Por contra, la Abogacía entendía que no se podía descartar que Camps obrara "no ya sin la debida prudencia" a la hora de "comprometer" a la Generalitat sino "ejerciéndola sin valorar de forma deliberada y consciente si jurídicamente era factible" llegar al compromiso alcanzado; que debería haber solicitado informes a los órganos correspondientes; que se prescindió de los procedimientos previstos legalmente y que Camps sabía que "era inviable económicamente" esa negociación.

Además, sostenía que el contrato de derechos surtió efectos "de manera inmediata y retroactiva" y que, por muy limitada que fuera su eficacia en el tiempo, una vez firmado, era "suficiente" para atribuir a la Generalitat la obligación de responder "cualquiera que fueran las vicisitudes que sufriera Valmor".

Por su parte, la defensa del expresident alegaba que permaneció al margen "de la tramitación, sustanciación, negociación y redacción" de la forma por no ostentar ni asumir las competencias propias y por la propia aplicación de la Ley de Gobierno de la Generalitat, y apuntaba a que la propia Abogacía y abogados fueron quienes dieron la redacción al documento.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia decretó recientemente el sobreseimiento provisional de las diligencias previas de la causa relativa a los contratos con proveedores adjudicados por la empresa pública Circuito Motor para la organización del Gran Premio de Fórmula 1. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las defensas también habían pedido el archivo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y otros cargos –entre ellos el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero– por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

En la causa figuran también el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí; Enrique Pérez Boada, comisionado de la visita de Benedicto XVI, y Henar Molinero, secretaria general de la fundación.

Así consta en un auto –fechado este jueves, 10 de diciembre, y consultado por Europa Press– en el que se recuerda que el juzgado investigaba desde 2016 si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en los contratos suscritos entre diversas mercantiles y la FVEMF para la visita del pontífice a la capital del Turia.

Concluida la instrucción, las defensas de los investigados solicitaron el archivo de la causa, mientras que la Generalitat Valenciana pidió la incoación de procedimiento abreviado. El Fiscal demandó seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos y Enrique Pérez Boada, de un lado, y monseñor Escudero, Antonio Corbí Copoví y Francisco Javier Jiménez, de otro, y abogó por el sobreseimiento provisional para Henar Molinero.

Ahora, el juzgado ha decidido archivar la causa. Entre otros argumentos, señala que "ningún indicio se ha desprendido a lo largo de la investigación de que los funcionarios públicos que tenían a su disposición los fondos públicos hubieran sustraído estos, se los hubieran apropiado o hubieran consentido que otros los sustrajeran o apropiaran".

Además, considera que no existe indicio alguno de que los dos millones euros que se aportaron a la fundación "se hubieran conseguido mediante el desvío irregular de una partida presupuestaria de fondos públicos, como se afirma en el escrito del Fiscal y, sobre todo, nada ha quedado indiciariamente probado respecto al elemento subjetivo del tipo, este es, el ánimo de lucro que debería estar presente en el momento de desarrollar la conducta".

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".