Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

Alfonso Fernández Mañueco tuvo una campaña más tranquila que sus compañeros de Aragón y Extremadura. Con su flema, parsimonia y costumbre de no exponerse a preguntas de la prensa, logró que no se lo fagocitaran los temas nacionales y defendió con más éxito del pronosticado el gran territorio popular, la única comunidad sin alternancia política en 40 años, ante un Vox que pinchó sobre sus propias expectativas. Prometió entonces que para él la negociación sería diferente, que la ultraderecha tendría que pivotar sobre el programa del PP y no al revés, pero Santiago Abascal, desde su ahora ruta infatigable por Andalucía, le deja claro que el menú es igual para todos. Y lo comes o lo dejas.

En un mitin reciente en Huelva, el líder de Vox aprovechó para recuperar su reproche insistente durante la campaña electoral en Castilla y León: que Mañueco, el nada polémico Mañueco, había sorprendido a todos en el primer debate lanzándole al candidato Carlos Pollán un dardo inusual: que su partido quería “tirar gente [migrantes] al mar”. Y que esa “infamia”, repitió en cada mitin y canutazo Abascal, no la podía aceptar Vox, el mismo partido que abandonó el Gobierno de coalición con argumentos como este, en palabras del entonces vicepresidente Juan García-Gallardo: "No queremos que Castilla y León se convierta en Francia, que sus barrios humildes acaben como los barrios del extrarradio de París […] Estamos a tiempo de corregir esto en Castilla y León, no estamos condenados a la islamización".

Abascal se pasó toda la campaña a partir de esa frase inesperada de Mañueco subiéndole el precio: le exigía una disculpa pública para poder pensar en negociar juntos, le venía a decir que se acabaría comiendo esas palabras. Y ese menú, importado de Francia, tenía un nombre que se repetía constantemente en campaña antes de colocarse como un tema principal en el debate público español: “prioridad nacional”. Cuando los periodistas le preguntaron por esto en la celebración del Día de Castilla y León en Villalar el 23 de abril, Mañueco se limitó a decir al respecto: "Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle".

La negociación de Castilla y León queda por el camino, pero el premio gordo se juega en Andalucía. El Partido Popular se conjura ahora para hacer todo lo posible por que los pactos en otras autonomías no perjudiquen las aspiraciones de Juanma Moreno, especialmente por el flanco más moderado. En Vox ya han activado la batería de reproches ante la expectativa de que el pacto en Castilla y León, que según ellos se podría hacer en 24 horas, quede para después de la campaña andaluza con el objetivo proteger a Moreno. La ultraderecha, al contrario, no deja pasar la ocasión de usar el debate sobre la negociación en Castilla y León para marcar la hoja de ruta en Andalucía y recordar que apretarán al máximo en el tema migratorio, donde ya han conseguido arrastrar al PP a posiciones muy incómodas, incluso para la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La inmigración fue el tema de mayor choque entre Mañueco y Abascal (y el candidato que apenas lo parecía, Pollán) en la campaña de Castilla y León. El popular defendió, como había hecho anteriormente en las Cortes tras la espantada de Vox de los gobiernos autonómicos, que la comunidad recibe de buen grado a todo el que llegue “a trabajar”. “Somos una tierra de emigrantes, no lo olvide nunca, y somos tierra de acogida, de integración y oportunidades para los que quieran venir a trabajar, lo éramos cuando formaban parte de este Gobierno y lo somos ahora”, le decía a la bancada de Vox el Mañueco de marzo de 2025, quien, ante la excusa de Vox para romper por el reparto de menores no acompañados, recordaba a la ultraderecha que el punto dos de su pacto de Gobierno era promover la solidaridad entre las comunidades y ciudades autónomas. “Canarias y Ceuta son comunidades y ciudades autónomas de España, somos solidarios con España”, remachaba.

Para el presidente de la Junta no será cómodo explicar por qué asume, como todo pronostica que le tocará, el concepto de “prioridad nacional” impuesto por el partido al que reprochó querer tirar migrantes al mar. Y, sobre todo, cuando la comunidad y sus gobiernos autonómicos, provinciales y locales bracean desesperadamente contra la despoblación crónica en una de las regiones más envejecidas de Europa. Capitales de provincia en el epicentro de esa despoblación, como Zamora, solo han logrado revertir las caídas abismales (bajar, en este caso, de los 60.000 habitantes) gracias a la llegada de población extranjera, como tienen bien analizado los ayuntamientos. Mañueco reconoce esta conveniencia por un lado, al tiempo que hace malabares para no dejar de criticar la política de apertura del Gobierno. De hecho, la Junta ya ha anunciado que recurrirá la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mañueco ha puesto en marcha en los últimos años ayudas directas, aunque insuficientes, para favorecer el retorno de los emigrados de la comunidad, con un ‘Pasaporte de vuelta’ para que regresen del extranjero o de otras autonomías. Si se aplicara en Castilla y León la ‘Prioridad nacional’, podría ocurrir que un nacido en la comunidad y residente en otra autonomía pueda optar a este tipo de apoyos al llevar al menos dos años empadronado fuera, mientras por esa misma razón —no haber estado empadronado en Castilla y León los últimos diez años— estaría fuera de las ayudas para el acceso a la vivienda. Vox ya ha dejado claro que no hará excepciones ni con Castilla y León ni con Andalucía: la “prioridad nacional”, como ocurre con su programa electoral, es un calco para todos. Y tratan de zafarse de los reparos que expresan desde el PP mientras van firmándolo en pactos uno detrás de otro: "Qué cosa más estúpida esa de demonizarnos y por lo tanto demonizarse a sí mismos", afirmó Abascal, seguro de que todos los dirigentes populares tendrán que pasar por el aro de su marco una vez más.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

Después de ver lo que ocurre en el juicio de Kitchen, mi mente se llena de dudas sobre el peligro que corre un país en manos de ignorantes y corruptos. Porque nadie podrá pensar que estoy polarizado. Simplemente he escuchado videos y veo el juicio y da vergüenza a españoles honrados. Por mucho que gente de la derecha que elijan quieran defender un imposible.

Sé que hoy y después los medios de comunicación que todos conocemos llenarán sus páginas de simplezas por no contar el deterioro a que ha llegado la política, o mejor dicho, la judicatura y el periodismo, por llamar a esas profesiones de alguna manera, pero donde no vemos representado lo que vemos en el juicio. Por mucho que se quiera defender a M.Rajoy y a Cospedal, da vergüenza ajena ver el comportamiento de jueces que acallan cualquier palabra que pueda herirles con el silencio absoluto del CGPJ y de los muchos jueces que sabemos de su integridad profesional. 

Es muy grave que en este país la justicia ya no se pueda escribir con mayúscula porque no se lo ganan. Empezando por el juicio al FGE y siguiendo hasta hoy se ve la lucha por echar del país a Sánchez sin explicar nada que haya hecho con datos. Porque una cosa es negarle hasta la salud y otra convencer con datos de lo que sea criticable. Incluso negando cualquier opción que nos haga saber qué harían en un gobierno, aunque ya lo sabemos, Extremadura y Aragón ya lo han explicado. Y ese hombre es el único que ve el mundo con claridad. Qué podemos esperar de Aznar, Abascal, Ayuso, Feijóo...

Cuando miro y estudio este país creo que sería una maravilla si no estuviera lleno de españoles. Porque pensando así sobre la España donde nací me encuentro con el rechazo de esos españoles que cito antes y que generan un cierto asco de que ellos definan lo que es ser buen español. Yo no lo soy, porque no soy patriota, pago todas mis obligaciones fiscales y sociales, trabajé mucho, muchísimo hasta mi jubilación, tanto como sentir que robé demasiado espacio a mi familia, y ahora me encuentro con que aquí existen varias clases de españoles pero yo no estoy incluido...

En plena era de la IA y la computación cuántica, me avergüenza lo que sucede en el país donde nací y del que cada día me siento más distante, si el futuro es el que parece. ¿No hay nadie que lo impida? ¿No hay nadie capaz de distinguir el fascismo de una derecha sensata? Ellos mismos lo niegan…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Una, Grande y Libre. Libre de todo aquello que ellos odian: diversidad, igualdad, etnicidad y especialmente equidad. 

El discurso nacionalista sobre la "prioridad nacional" no es algo nuevo en España. Siempre ha girado alrededor de las élites económicas y del poder, en torno a la derecha más populista, ya sea conservadora o extrema.  

A finales del siglo XX, era ya una coletilla que utilizaba históricamente la extrema derecha europea. Por ejemplo: Le Front National, de Jean-Marie Le Pen en Francia; La Liga de Italia, que defendía la independencia económica de las regiones más industriales frente a las más pobres del sur; o (más recientemente) el partido UKIP, de Nigel Farage, en el Reino Unido, relacionado con el proceso del Brexit. 

Para defender su particular modelo de vida, su discurso, hay que movilizarse frente a alguien o algo. Es necesario crear un enemigo ficticio para agitar el aura de peligrosidad frente a la propiedad cultural de la comunidad. 

Se mueve alrededor del odio a la diferencia alzando una hipotética tradición que supuestamente se siente superior moralmente; pero que en el fondo esconde un modelo censitario, elitista, racista, machista, homófobo y medieval.  

La derecha más populista ha encontrado en la mentira y el amarillismo su oportunidad perfecta para volver al poder institucional.  

En pleno siglo XXI, donde se cohabita con la normalización de una sociedad multiétnica, igualitaria y diversa, donde lo que nos caracteriza es universalización de la convivencia entre individuos diferentes bajo el paraguas de la paz y fraternidad, ellos utilizan el odio y la polarización para mejorar sus resultados electorales bajo la bandera de la mentira y el odio al diferente.  

La "prioridad nacional" que defiende hoy Vox, y ampara el Partido Popular en sus pactos autonómicos, es la máscara para imponer su verdadero objetivo: una sociedad unitaria donde solo los ricos tengan beneficios, donde solo los poderosos (la nobleza) tengan privilegios, donde no exista la igualdad y menos el ascenso social, donde no haya opciones para que los humildes puedan vivir dignamente, donde se silencie a la izquierda y a todo movimiento social, donde los partidos que giran alrededor de la izquierda no puedan acceder al poder público... 

Una sociedad donde no existan libertades públicas, ya sea en forma de prensa, de ideología, de opinión o de formación. 

Ellos quieren repetir lo que ya consiguieron sus mayores a inicios del siglo XX gracias a la fuerza de las armas. Una nación única, una sociedad sin derechos, una estructura social piramidal y estamental. Una manera de convivencia basada en el miedo y la sumisión.  

Porque para ellos, ya se consideren liberales, patriotas, conservadores o nacionalistas, solo hay un objetivo con la excusa de la imposición del orden, de la seguridad ciudadana, del control económico: monopolizar la democracia excluyendo de todo derecho a quien no piense como ellos. 

Y frente a estos movimientos ultras, a estos amantes de la censura y el autoritarismo populista, solo hay una solución: rebelarse, opinar, participar, levantar la mano. Defender la democracia, los derechos individuales y colectivos. No hay otra más.  

A ellos les molesta. Somos esos vagos y maleantes de antaño. Sigamos siéndolo.

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David Acosta Arrés es licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Granada. 

¿A quién incluye la "prioridad nacional", el concepto que Vox ha logrado imponer en los pactos con el Partido Popular en Extremadura y Aragón? Según su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, solo "es español el nacido de padre y madre española". Así lo afirmó el pasado viernes en una entrevista, una definición que no sólo choca con el Código Civil, sino que coloca a la formación de extrema derecha ante un espejo incómodo, ya que varios de sus dirigentes y referentes proceden de familias con un progenitor de origen extranjero.

La dirección del partido tuvo que salir a corregirlo después. El secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que esa interpretación era un "error" y recordó que "es español quien tiene el DNI” ya que, en su propio caso, su madre es de Guinea Ecuatorial. El líder nacional, Santiago Abascal, también matizó que ser español es tener la nacionalidad española, aunque insistió en que "se regala" con demasiada facilidad.

El Código Civil establece que son españoles de origen "los nacidos de padre o madre españoles", no de padre y madre españoles, y también contempla otros supuestos de nacionalidad de origen para nacidos en España de padres extranjeros en determinadas circunstancias. Además, lo que busca Vox es imponer la tesis de que los españoles deben “ir primero” en el acceso a los servicios públicos. Pero, si esa prioridad se trasladara a la legislación, sería inconstitucional y, por ese motivo, han incluido el término "arraigo".

Aunque la extrema derecha española ha construido buena parte de su discurso migratorio sobre la sospecha hacia el origen, la "segunda generación", el arraigo y la prioridad para los nacionales, en su propia dirección y en órbita parlamentaria hay biografías familiares que desmienten la pureza genealógica que otros sí promueven.

Ignacio Garriga Vaz de Conceição es la mano derecha de Abascal. Su caso es el más llamativo porque, además, está emparentado con el citado Joan Garriga. Según el periodista Xavier Rius, Joan fue clave en la vida personal de Ignacio –le pagó parte de la carrera– y, sobre todo, en la política. A diferencia de Ignacio, Joan fue figura destacada en las guerras del PP catalán y se sumó después a Plataforma per Catalunya (PxC). Como tantos otros en las filas de Josep Anglada, acabó en Vox. En su caso, cayó de pie.

Ignacio Garriga es hijo de Rafael Garriga y de Clotilde Vaz de Conceição, nacida en 1947 en Guinea, cuando el territorio aún formaba parte del entramado colonial español, antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. "He leído de todo. El negro de Vox, el ecuatoguineano… Y eso es mentira. Yo soy español porque soy nacido en Barcelona", explicaba en una entrevista en El Español en 2018.

Él se define como "español y católico", integrista en la órbita del Opus Dei, antiabortista hasta el extremo de las posiciones más duras del republicanismo de Estados Unidos, que tiene como rutina política la vinculación de la inmigración con la delincuencia, singularmente con la violación.

Hermann Tertsch es eurodiputado de Vox y vicepresidente del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo. Nació en Madrid, pero su filiación familiar también rompe el molde de la españolidad genealógica: es hijo de Ekkehard Tertsch, periodista austriaco y diplomático, y de Felisa del Valle-Lersundi. Su padre estuvo en la cárcel y en un campo de concentración nazi, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Madrid, donde puso en marcha Spanish Economic News Service, una medio sobre información económica.

Tertsch es periodista de profesión como su padre, llegó a dirigir la sección de opinión de El País, tras haberse labrado su carrera a base de crónicas sobre los cambios en la Europa tras la caída de la URSS. Después, fue el presentador estrella de la Telemadrid de Esperanza Aguirre y, más tarde, se puso al servicio de Vox.

Su caso desmonta otra derivada del discurso de los ultras, ya que si la pertenencia nacional se mide por el origen de los padres, uno de los rostros internacionales de Vox quedaría bajo la misma sospecha que el partido proyecta sobre tantos hijos de familias extranjeras.

Javier Ortega Smith-Molina fue uno de los fundadores de Vox, llegó a ser secretario general y vicepresidente del partido y, en la actualidad, es diputado y concejal. Vox confirmó su expulsión definitiva en abril de 2026, pero continúa como portavoz en el Ayuntamiento de la capital y tampoco ha dejado su escaño en la Cámara Baja.

Nació en Madrid, es hijo de madre argentina y tiene doble nacionalidad. Con un estilo bronco, de épica militar y estética de vieja derecha radical, se abrió paso en el partido con "brindis de los tercios, capas españolas, fotografías de caza y ejercicios de tiro". Antes de la sonora ruptura, mantuvo una estrecha relación personal con Abascal: fue abogado de su familia y padrino de una de sus hijas.

El portavoz nacional de Vox en deportes, Cristian Toro, no solo procede de padres extranjeros, sino que él mismo es de origen venezolano. Nació en La Asunción, en la isla venezolana de Margarita, el 29 de abril de 1992, aunque, según ha relatado él mismo, a los ocho años se trasladó a España con su familia, concretamente a Galicia.

Toro es campeón olímpico de piragüismo y fue nombrado el pasado mes de marzo como portavoz nacional de Deportes de Vox, aunque antes ya había ido en las listas de la formación a las municipales de Madrid de 2023. También participó como pretendiente en el programa Mujeres y hombres y viceversa y se ha sentado en el plató de Supervivientes.

Rocío Monasterio ya no forma parte de la primera línea de Vox, pero durante mucho tiempo fue una de sus dirigentes más destacadas. Es hija de un hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, una explotación que llegó a tener vía férrea propia y a cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami, la familia Monasterio se instaló en España, donde hizo fortuna con la franquicia de Kentucky Fried Chicken.

Ese origen cubano fue uno de los ejes de su relato ideológico. Monasterio ha usado la memoria del castrismo, la expropiación y el exilio para reforzar su discurso anticomunista y para presentarse como heredera de una familia expulsada por la revolución.

“Pide fondos para el olivar tradicional porque a usted le gusta, pero lo que le gusta a los agricultores de Extremadura es tener menos sacrificio en el campo y que su rentabilidad sea mayor, lo que quieren es rentabilidad sea como sea; si a usted le gusta el olivar tradicional, practíquelo usted”. Fue la respuesta que el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le dio a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, en un debate durante la pasada legislatura. Ahora, García es el nuevo titular de Agricultura.

Ya es oficial y ya está en marcha. El DOE publicó este jueves 30 de abril el decreto que recoge el nuevo equipo configurado por la popular María Guardiola, que tiene una consejería más que en su anterior mandato para volver a sentar a los ultras en su gobierno, esta vez con dos carteras y una vicepresidencia.

¿Qué competencias va a manejar exactamente Vox en Extremadura? Por un lado, la llamada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En la misma se incluye “el análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas”, pero también “el estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos”. Una tarea que estará marcada por el principio de “prioridad nacional” que la extrema derecha ha puesto sobre la mesa y el PP ha aceptado; no obstante, su significado real aplicado a la práctica genera dudas, incertidumbre y también rifirrafes entre ambos partidos a la hora de interpretar el concepto.

Asimismo, dentro de esta consejería estarán las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales e infancia, incluidas las referidas a los menores migrantes no acompañados, una cuestión que para el partido de Santiago Abascal es clave.

Ellos se niegan al reubicación de estos niños y adolescentes entre las comunidades y así está escrito en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura. Habría que recordar que el argumento que usó Abascal cuando dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos fue precisamente la oposición a esta medida.

Los colectivos y plataformas que en Extremadura trabajan con estos menores defienden que la región tiene plazas de sobra y que se podría asumir una mayor acogida sin que suponga ningún perjuicio.

Y otra de las áreas dentro de esta consejería es la cooperación internacional. En el citado acuerdo PP-Vox se asegura que se reducirá “al mínimo legal” las subvenciones destinadas a la misma y que “se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine”.

La otra consejería en manos de Vox es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En la misma se incluyen las decisiones sobre los regadíos y las áreas protegidas (revisar la delimitación de las zonas ZEPA es una de las medidas pactadas). Además, tienen las competencias para el fomento de la Tauromaquia.

De este modo, la extrema derecha logra su objetivo y se hace con el control del campo, a sabiendas de que el sector primario se ha convertido en un caladero de votos y donde ha encontrado hueco el discurso de rechazo a las políticas que llegan desde Bruselas. De hecho, Vox mantiene su total oposición al Pacto Verde.

¿Y quiénes son las personas al frente de las dos consejerías de Vox? En el caso de Desregulación, el elegido es Óscar Fernández Calle, quien fuera candidato el 21D, diputado en la Asamblea y portavoz. Y además de esta cartera de nueva creación (un modelo que Abascal ha copiado del argentino Milei), ejercerá de vicepresidente de la Junta.

Fernández Calle (Cáceres, 1975) es diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y comercial de laboratorios farmacéuticos. Es su segunda legislatura con escaño en el Parlamento regional.

Sus enfrentamientos en redes sociales con Guardiola han sido sonados; también sus intervenciones en el pleno de la Asamblea justo antes de firmarse el acuerdo entre PP y Vox. Para exhibir su fuerza, expresó: “La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos, ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana; y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana”.

Fernández Calle será el encargado de vigilar de cerca que el pacto se cumpla. Pero no será el único vicepresidente. Guardiola ha nombrado a otro más de su partido, Abel Bautista, persona de su máxima confianza y que además asume la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Ambas vicepresidencias “estarán al mismo nivel”, aunque será Bautista quien sustituya a la presidenta cuando tenga que ausentarse.

En cuanto al otro consejero de Vox de Extremadura, Juan José García, las redes sociales le recordaron nada más conocerse su nombramiento algunas de sus famosas ‘perlas’ en la Asamblea. Por ejemplo, el enfrentamiento con la consejera de Hacienda, Elena Manzano (que repite en el cargo y también como portavoz del Gobierno) en un debate sobre la deuda pública: “Hasta una señora de letras lo entiende”, le dijo a Manzano, quien lo tildó de machista. Ambos trabajarán ahora juntos.

García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. En su carrera profesional se ha movido en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. “Alguien muy de Vox, muy preparado y muy extremeño”, así lo define su compañero Fernández Calle.

Los dos saben cuál su peso en el Gobierno extremeño. En el PP también son conscientes, de ahí que esta vez Guardiola haya optado por su núcleo más cercano pero también por cambiar algunas caras para buscar un perfil más político y menos técnico.

Si en 2023 apostó por tres independientes expertos en la cartera que tendrían a su cargo, ahora ha preferido nombres con peso en el partido.

El nuevo equipo lo completan Laureano León al frente de Cultura, Turismo y Deportes; y Sandra Valencia con Educación y Formación Profesional. El primero había sido nombrado senador, pero ha tenido que dejar su puesto para cedérselo a Vox. León es un histórico político cacereño y sustituye a Victoria Bazaga, una de las que accedió como independiente. Valencia, por su parte, entra por Mercedes Vaquera, otra de las citadas independientes.

Asimismo, siguen en el gobierno Mercedes Morán y Francisco Ramírez, pero con otras competencias. Morán manejaba Agricultura y estaba bien valorada por el sector, pero ahora ocupará una consejería nueva que incluye Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Ramírez estaba al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural (la cartera que creó Guardiola para hacerle hueco a Vox en su primera legislatura y que desaparece) y ahora se encargará de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un puesto que ocupaba Manuel Martín Castizo, que sale del equipo.

Sí sigue en el mismo lugar Guillermo Santamaría, con Economía, Empleo y Transformación Digital (el único de los tres independientes que permanece).

Y repite igualmente Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia.

Hasta ahí los nombres y los cargos. La primera prueba de fuego será la aprobación de los presupuestos. Guardiola espera poder hacerlo en un plazo de dos semanas. Debería ser un trámite sencillo puesto que el acuerdo PP-Vox incluye que no habrá discrepancias y que se dará luz verde. Al menos, esa es la teoría.

Hace unos días, Vox obligó al PP a incorporar en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón el principio de "prioridad nacional" en el acceso a "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". Literalmente, en los dos documentos firmados por las dos formaciones de derecha y ultraderecha, se indica el compromiso de "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirado en el principio de prioridad nacional, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen una conexión real, duradera y verificable con el territorio". 

Dado que discriminar a una persona por su lugar de origen es ilegal (el artículo 14 deja claro que "los españoles son iguales ante la ley, sin que se permita discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ), ambas partes insisten en que, en la aplicación práctica de este principio, entraría en juego el "arraigo" de una persona en un territorio, sobre todo, medido por los años que lleva inscrita en ese lugar, además de otros factores como los "vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos", el "historial de cotizaciones" o la "contribución al sistema".

Uno de los líderes emergentes de Vox, Carlos Hernández Quero, señaló como criterio de exclusión para acceder a estos beneficios el límite de 10 años de residencia ininterrumpida en una determinada zona (en un municipio, en una comunidad autónoma, en el Estado), un requisito que forma parte de la ideología xenófoba de esta formación y que puede marginar a una parte importante de la población.

Este miércoles, el INE publicó las variables actualizadas de residencia, educación y trabajo del Censo , con datos hasta 2025. Estos indicadores muestran cuántas personas han residido en una comunidad autónoma específica o municipio no específico durante menos de diez años. Esta cifra es cada vez mayor, dada la creciente movilidad por motivos personales, académicos o laborales —cada vez más personas residen fuera del municipio en el que nacieron— y alcanza sus mayores proporciones en las zonas urbanas.

En 2025, el 22,8% de la población empadronada en las siete ciudades gallegas más importantes llevaba residiendo allí menos de 10 años y, por lo tanto, quedaría excluida del acceso a determinados recursos públicos municipales, según el criterio de arraigo utilizado por Vox y PP. Esto representa a unas 228.562 personas de un total de algo más de un millón de habitantes que conforman esos siete municipios.

Estas cifras incluyen a muchas personas nacidas en el extranjero y también a muchas nacidas en España, pero que ahora viven en un municipio diferente al de su nacimiento y que, por lo tanto, carecen de esas raíces arraigadas. 

Los porcentajes más altos se encuentran en Santiago (26,5%), Ourense (26%) y A Coruña (25,1%), seguidos de Ferrol (23,3%), Pontevedra (22,5%) y Lugo (21,7%). Vigo (18,8%) es la ciudad con la menor proporción de población con menos de diez años de registro.

A nivel gallego, encontramos alrededor de 200.000 personas, el 7,28% de la población, que han residido en Galicia durante menos de diez años consecutivos y que, por lo tanto, quedarían excluidas de la asignación de recursos públicos de carácter autonómico (los más importantes). Obviamente, si el criterio temporal fuera otro (5 años de registro o 15 años...), las cifras serían diferentes.

El gráfico anterior muestra la gran movilidad que existe en la población de las zonas urbanas, donde apenas el 40% de sus habitantes nacieron en ese mismo lugar. Las cifras son más altas en Vigo (45%) y apenas superan el 30% en Ourense y A Coruña. En todas las ciudades, excepto Vigo, más de una cuarta parte de la población proviene de otro municipio de la misma provincia. 

Santiago es la ciudad que más población ha atraído procedente de otras provincias gallegas, mientras que A Coruña y Ferrol son las ciudades donde la población nacida en otras comunidades autónomas tiene mayor peso. La población nacida en el extranjero es más importante en A Coruña y Ourense, superando el 12%.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

El sur ya está de campaña. De alto voltaje. 6.812.861 andaluces están llamados a elegir la composición del Hospital de las Cinco Llagas el próximo 17 de mayo. Pero no es una cita normal, sino que marcará también el tablero político más allá de Despeñaperros en la gran convocatoria antes de las trepidantes elecciones locales y generales marcadas para el año que viene.

Andalucía lleva ya semanas inmersa en esta primavera electoral después de una legislatura de cómoda mayoría absoluta de Juanma Moreno (Partido Popular). Ahora ese resultado está en el aire, con el presidente de la Junta luchando por llegar a los 55 diputados. Los nervios se apoderan de las formaciones en estos momentos, con un Vox que ve cómo se está frenando su ascenso, mientras el PSOE pelea por superar las malas expectativas y con la izquierda viviendo una dura lucha en el espacio con las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Moreno quiere que le funcione la ‘fórmula Juanma’, una marca personal que tiene más tirón que la del Partido Popular. El presidente sigue al frente de las encuestas y es el líder mejor valorado, pero tiene una mochila que hace peligrar su anterior triunfo. Su principal problema: la sanidad andaluza. Se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos, según recogen todas las encuestas, y ha vivido su mayor crisis con el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

El presidente de la Junta quiere contrarrestar este desgaste con su faceta más institucional y su gestión de otras crisis como la del accidente del tren en Adamuz (Córdoba) y los temporales que han azotado Andalucía. Y, además, vende la imagen de transversalidad y moderación en tiempos de polarización política.

En Génova 13 saben que el resultado de Moreno es muy importante a nivel nacional e interno. El presidente andaluz es uno de los pilares que sustentan a Feijóo en Madrid y es la némesis de Isabel Díaz Ayuso, el referente del sector más duro de los populares. Pero, además, una mayoría absoluta supondría dejar fuera de juego a Vox después de los pactos que han firmado en Aragón y en Extremadura. En cambio, el aspirante local ha marcado distancias con la dirección nacional para no contaminar su campaña y no ha tirado de figuras como la madrileña. Él tiene su propia marca.

La fuerza de la ultraderecha es una de las grandes incógnitas del domingo 17. Los de Santiago Abascal han visto cómo en las últimas semanas las encuestas están detectando un frenazo en su ascenso a nivel nacional. Andalucía es una tierra clave para ellos: allí irrumpieron en el panorama institucional en diciembre de 2018 y es una comunidad simbólica para todo el país.

La ultraderecha lleva como candidato a Manuel Gavira después de la polémica carrera hace cuatro años de Macarena Olona, llena de escándalos como su empadronamiento exprés en Salobreña (Granada) y su intento antinatural de andalucización con fotos con mantones en bodegas y ferias. Y los de Abascal se enfrentan a un PP que se presenta como la estabilidad y como un muro frente a los “líos”.

De hecho, en algunos sondeos se abre la posibilidad de que Vox tenga peores resultados que hace cuatro años, cuando llegó a 14 escaños con un porcentaje de voto superior al 13%. En la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se pronostica una estimación media de voto del 10,3%, lo que le llevaría a tener 13 asientos en el Parlamento andaluz. En cambio, la encuesta publicada en abril por el Centra (el CIS andaluz) recoge que la papeleta de Gavira estaría entre los 17 y 20 diputados, lo que haría peligrar la mayoría absoluta de Moreno.

La pérdida de la mayoría absoluta por parte de Moreno supondría un gran problema para el popular principalmente porque haría cambiar totalmente su imagen de hombre moderado al tener que firmar un pacto con Vox. Pero no sería una situación inédita: el presidente de la Junta llegó precisamente al Palacio de San Telmo tras las elecciones de 2018 gracias a un acuerdo con la ultraderecha y Ciudadanos, aunque los de Abascal no entraron en el Ejecutivo.

El PSOE vive estos días un momento crucial en Andalucía, su antiguo fortín y granero de votos. María Jesús Montero lidera una candidatura con el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, que se va a volcar de lleno con ella con cuatro grandes actos, empezando este viernes en Cártama (Málaga).

Los socialistas llegan a esta cita todavía inmersos en su travesía en el desierto tras sus cuarenta años de poder y la traumática salida de San Telmo para un partido acostumbrado a gobernar y sin idea de hacer oposición. Y esto se ha notado mucho en los últimos años con continuas crisis internas en la etapa final de Susana Díaz y en el breve liderazgo de Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla.

Montero se enfrenta a la ofensiva de la derecha, por su paso por el Gobierno central con medidas como la financiación autonómica y la condonación de la deuda, con un discurso centrado principalmente en la defensa de los servicios públicos. Para la socialista, el 17M se tiene que convertir en un referéndum sobre la sanidad, la antigua joya de la corona de la Junta que ahora sufre la ola de privatización de los populares.

Hay una palabra que obsesiona a los moradores de la calle de San Vicente: la abstención. Montero quiere llevar a las urnas a los más de 700.000 votantes socialistas que se movilizan para las generales, pero luego se quedan en el sofá en las autonómicas. En las andaluzas de 2022, el PSOE se quedó en el 24% de voto, mientras que en las generales del año siguiente la papeleta encabezada por Sánchez alcanzó un 33%. El sur fue un factor clave para que la coalición aguante todavía en la Moncloa.

La izquierda transformadora irá dividida a esta cita, como ya pasó en los anteriores comicios. Pero en este arranque se vive una dura competición, con Por Andalucía y Adelante Andalucía, con la misma fuerza en los sondeos. La primera candidatura está encabezada por Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida y un referente progresista durante décadas en la comunidad.

Por Andalucía ha logrado integrar en su papeleta a IU, Sumar y Podemos, lo que supone un paso en la unidad de cara a las generales, aunque el pacto ha recibido críticas de Pablo Iglesias. Su estrategia busca la mayor movilización posible, incidiendo también en los abstencionistas, y se va a presentar durante estas dos semanas como el verdadero voto útil de la izquierda. Y con un mensaje claro: son la fuerza del espacio que tiene vocación de entrar en un Gobierno si los números dan.

Pero Por Andalucía siente muy cerca el aliento de Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez. El partido tiene como señas de identidad su andalucismo sin depender de ninguna dirección de Madrid y su postura contraria a entrar en gobiernos de coalición como el PSOE (ha criticado que tanto Unidas Podemos como Sumar hayan estado en el Consejo de Ministros de Sánchez). La formación llega con un nuevo candidato, José Ignacio García, que ha hecho una reconocida labor en el Parlamento de oposición a Moreno y que se ha vuelto viral en redes, especialmente entre los jóvenes. Además, según las encuestas, está logrando extenderse en las ocho provincias a pesar de que era un fenómeno hasta ahora enmarcado en Cádiz y Sevilla.

Andalucía vive su primavera electoral. El sur también marca su norte. 

La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

La investidura de Guardiola en Extremadura ha dado paso a la del gobierno sellado entre PP y Vox en Aragón en vísperas del día de San Jorge. Tras los caucus de la derecha, la constitución de sendos ejecutivos autonómicos se suceden en cadena, con la premisa de dos conceptos nacidos al albur del movimiento MAGA y el manifiesto Palantir: prioridad nacional y desregulación. Bajo la perversa deshumanización de los migrantes y la sombra de Ian Randt, se constituyen los gobiernos del futuro terror en las periferias mudas, articulados desde la actual guerra cognitiva. 

Mientras el PSOE despliega la regularización de 500.000 inmigrantes, Feijóo se debilita y su partido se agrieta internamente. El reemplazo desde dentro continúa. En Andalucía, donde se impone la estabilidad como motor de la próxima mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, no quieren “líos” y desde el Madrid D.F. Isabel Díaz Ayuso levanta un telón libertario que trata de contener a la comunidad latina, esa que en estos momentos está definiendo una región cercana a los diez millones de habitantes. 

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, afirmaba la senadora Padme Amidala desde su escaño en el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias mientras el canciller Palpatine se proclamaba emperador. “Así termina el mundo, no con un estallido sino con un quejido”, escribió T.S. Eliott en el crepuscular poema 'Los hombres huecos', publicado en 1925. Las ficciones son un constante palimpsesto que marca el surco de la realidad.

La plataforma Palantir daba a conocer hace una semana sus principios condensados en 22 puntos donde se proclamaba la resistencia “a la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco”. El tecno-oligarca iliberal Peter Thiel expresaba así su voluntad de influir en el mundo pocos días después de que PP y Vox sellaran un acuerdo de gobierno en Extremadura donde se incluía, entre sus principios, la consagración de la prioridad nacional. 

“Los españoles primero”, afirmaba en el debate de investidura Óscar Fernández Calle, apelando a la esperanza, invirtiendo el significado moral del discurso del presidente, entonces candidato demócrata, Barak Obama, pronunciado durante los caucus de New Hampshire hace más de 15 años. “Sí, se puede”, exhortó a los extremeños el presidente de Vox desde el atrio de la Asamblea de Mérida pocas horas antes de que Jorge Azcón y Alejandro Nolasco defendieran lo mismo desde Aragón con su pacto de gobierno sellado en vísperas del día de San Jorge.

La Casa Blanca, Palantir, Vox y las guerras cognitivas toman forma en la España de las periferias mudas desde la defensa de la desregulación y la introducción de la prioridad nacional. Son dos conceptos sencillos y contundentes. Dos significantes elásticos y vacíos con los que PP y Vox pueden hacer interpretaciones diferentes sin necesidad de llegar a la ruptura o la confrontación. Dos sintagmas, en definitiva, con gran capacidad para intervenir sobre las emociones, el nuevo/viejo campo de batalla, y alterar la percepción de la realidad de los electores y los adversarios.

Para el sacerdote y paleontólogo francés Teilhard de Chardin, el Punto Omega era el nivel máximo de complejidad y conciencia al que tiende el universo. Es un punto de convergencia espiritual donde la humanidad, tras evolucionar técnica y socialmente, se une en una conciencia colectiva (la noosfera) con lo divino. Quizá la de Peter Thiel y Palantir sea una inversión moral de ese momento, una extenuación social que comienza a presentar síntomas patológicos a través del lenguaje. Conviene recordar a Lewis Carrol:

"Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. 

—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 

—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el que manda…, eso es todo".

Una semana después de conocer los 22 puntos del manifiesto Palantir firmados por Peter Thiel, la ira ha aumentado un grado en el campo de batalla de las guerras cognitivas. Las imágenes pesan mucho más que las palabras, las metáforas hiperbólicas con que se explica la realidad resultan tan simples que la realidad misma también lo parece. En una semana, en el complejo España un diputado de Vox imprecaba violentamente a un vicepresidente del Congreso, un portero golpeaba a un jugador en un campo de fútbol y el presidente de Vox llamaba “mierda” al presidente del Gobierno alentando una algarada en las calles de Granada durante la precampaña andaluza. La ira simplifica las reglas. La realidad se resume en un plano, un grito, un disparo…

Son días de violencia. Un profesor ha intentado asesinar a Donald Trump. La culpa es de los periodistas y los profesores, dijo Nixon a sus asesores más cercanos tras su dimisión por el Watergate en 1974. Se diría que el manifiesto Palantir es una sublimada invitación a la ira. Sin embargo, algo falla en el algoritmo. Mientras tratamos de procesar un genocidio en Gaza y una guerra en Irán, cuando la violencia se vuelca en un punto local, el sistema sufre un apagón sin mayor explicación que la evidencia. La soberbia intelectual de Thiel conduce inevitablemente hacia la oscuridad. El intento fallido de sustituir la democracia liberal por la tecnocracia es la puerta inversa al Punto Omega. Y Vox, en Andalucía, continúa instalado en su pájara.

Abascal ha aprovechado la vulnerabilidad de Feijóo y se ha impuesto ganar los corazones y las mentes de sus votantes. Diseñado el patrón, basta con cambiar los moldes de lugar (algunos nombres y otros complementos circunstanciales) para reutilizar el mismo armamento mental una y otra vez hasta que el adversario pique el anzuelo. En Extremadura y Aragón ha sido necesario aceptar apenas un aroma del manifiesto Palantir para que el PP pudiera celebrar dos gobiernos. Pero, como hemos dicho anteriormente, la conclusión de los caucus no es el final del reemplazo. Vox logra escapar de su flojera y ocupar la centralidad del debate presentando incluso una moción a la Corte de los Leones donde Feijóo, esta vez sí, ha votado en contra de la prioridad nacional, abriendo otra nueva grieta en el PP.

El alcance de la campaña se ha extendido en todo el territorio, ya sea en Madrid o Andalucía, donde Díaz Ayuso y Moreno Bonilla se juegan dos mayorías absolutas en sus respectivas elecciones. La política diaria a cualquier nivel proporciona excusas suficientes para activar el combate, ya sea en el Congreso de los Diputados, en Sol, San Telmo o un ayuntamiento de Murcia.

Contra la guerra cognitiva y el uso indiscriminado de significantes vacíos, sólo cabe tener una posición de poder y una idea opuesta, prioridad ciudadana, sostenidos por un buen diccionario, la ley y cierta querencia por la indignación. En San Telmo y en Sol han apostado por un “no” a los pactos con Vox que aglutine a sus respectivas mayorías. De fondo, como en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, se encuentra el rechazo moral a un derecho inválido que vulnera el principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución y la ciudadanía europea. El derecho se nutre de valores y lo que se esconde en el fondo del pacto PP-Vox es una tentación supremacista a la espera de una debilidad.

Pero un ‘no' es insuficiente para conformar una mayoría. Frente a la prioridad nacional, el ‘sí’ se sustancia en la prioridad ciudadana, donde caben las batallas propositivas que aglutinan otras mayorías. Fíjense en el alcalde Jaume Collboni y su plan de vivienda para Barcelona, en Salvador Illa y su plan de choque para reducir las listas de espera para la percepción de las ayudas a la dependencia. Lean a Unai Sordo y sus políticas de empleo y el no a la guerra convertido en sí a la paz de Pedro Sánchez, adalid de la socialdemocracia en el mundo desde Gaza hasta hoy. Las batallas del ‘sí’ son las únicas que abren camino a una nueva esperanza.

Vox ha advertido este martes al PP de que no permitirá que el criterio de la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos quede "diluido" y de que luchará por "hacer valer" todos sus postulados en los gobiernos.

Así lo ha advertido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, al ser preguntada en una rueda de prensa si les preocupa que la idea de prioridad nacional que defiende Vox quede diluida con el paso del tiempo en la gestión del PP en las comunidades autónomas donde ambos han pactado su aplicación.

"Vox no teme que nuestras medidas y lo que nosotros propugnamos en las comunidades autónomas se diluya, no lo vamos a permitir", ha respondido y ha avisado de que "si el PP cree que va a diluir con esa retórica lo que Vox está poniendo encima de la mesa, está muy equivocado".

Ha incidido en que su partido luchará por hacer valer todos sus postulados en los gobiernos de los que forme parte y ha señalado que el PP "ahora cambia las tornas", porque, según ha señalado, está viendo en las encuestas que "la mayoría de los españoles están de acuerdo con la prioridad nacional".

Y es que, ha recalcado, "esto no va de ideología, esto va de sentido común y de un sistema colapsado ante el cual los españoles merecen y tiene que ser los primeros".

Ha insistido así en que la línea que deben seguir las políticas públicas debe ser la de la prioridad nacional "orientada a las personas que contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento del sistema".

Millán ha basado esta afirmación en la "escasez" de recursos y el "colapso" de los servicios públicos que hay en España, lo que le ha llevado a decir que en estas situaciones deben ser atendidos primero quienes han contribuido a levantar el sistema.

"No puede ser que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema del que luego son beneficiarios", ha dicho la portavoz, que ha vuelto a cargar contra el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno.

En este sentido, ha anunciado que presentarán iniciativas en los ayuntamientos donde tiene representación "para dificultar la puesta en marcha de este procedimiento fraudulento y garantizar los derechos de los españoles".

Pedirá que la emisión de informes de vulnerabilidad se base en hechos "objetivamente acreditados", mediante "una evaluación técnica completa con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas".

Exigirá así que todas las solicitudes de documentación tramitadas por los municipios se sometan a "una verificación estricta de los requisitos legales, mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos".

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

En todas partes del mundo avanza un sistema de creencias variopinto, a menudo contradictorio y falaz, pero siempre discriminador: el de las extremas derechas autoritarias, que buscan nuevamente su oportunidad histórica. La pulsión solipsista de la tribu se recubre de ideología nacionalista que define desde arriba quién pertenece a la comunidad, quién forma parte del “nosotros”, quién vale más que otros.

Bajo su aparente heterogeneidad late un proyecto común: destruir uno de los principios fundamentales de la herencia ilustrada, tanto liberal como socialista: el concepto de derechos humanos universales. A cambio proponen el bienestar de la comunidad nacional, y sus virtudes diferenciales, como referencia moral. No hay derechos universales, afirman, sino derechos particulares más importantes que otros: los nuestros.

En los años ochenta el Frente Nacional francés resucitó el concepto nazi de “prioridad nacional”. El nazismo fue étnico y racial, por tanto tribal y agresivo. Se inventó una Volksgemeinschaft ("comunidad del pueblo") como ideal de sociedad armoniosa, unificada y racialmente pura, libre de divisiones de clase.

Para realizar este delirio construyeron un enemigo externo y otro interno: el primero eran las potencias que impusieron las reparaciones del Tratado de Versalles. El enemigo interno fue la población judía, menos del uno por ciento de los ciudadanos y culturalmente tan alemana como el resto. Sin embargo, la definieron como no alemana y la expulsaron de la comunidad moral, conceptualizándola como un “otro” inferior e indeseable. Tristemente, hoy los israelíes repiten ese guion con los palestinos.

Los nazi-fascismos y sus secuelas autoritarias se basan en la jerarquización de las diferencias sociales. Transforman la riqueza de la diversidad horizontal en la pobreza de la jerarquía vertical. No pueden existir sin alguna idea de superioridad, de exclusión y, finalmente, de persecución.

En el reciente pacto extremeño entre VOX y el PP, la “prioridad nacional” se plantea como criterio para distribuir ayudas, subvenciones y prestaciones, dando preferencia a quienes demuestren un “arraigo real, duradero y verificable” con Extremadura. La redacción es ambigua y el término “arraigo” interpretable, pero Vox lo entiende como prioridad para los “españoles”.

“Prioridad nacional”, junto a otros términos, funciona como eufemismo de un dispositivo social de producción de excluidos. Convierte las pulsiones de cercanía en pasiones de lejanía. Cuando se consolida como discurso y práctica tolerada, señala el inicio del declive hacia la miseria moral.

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Adolfo Estrella es socio de infoLibre.

Dios, patria y rey. El discurso de la ultraderecha española —heredado del carlismo— no se explicaba sin esos tres elementos. Hasta ahora. Desde hace un tiempo tanto dirigentes de Vox como el agitador ultra Alvise Pérez han empezado a distanciarse de aquellas figuras que no avalan sus tesis más radicales. Entre ellos están miembros de la Iglesia católica, de la actual Casa Real y del empresariado español. Además, frente a las amenazas directas a España por parte del presidente norteamericano Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, personificadas en el presidente Pedro Sánchez, los ultraderechistas se alinean con los mandatarios extranjeros antes que defender a su país.

Aunque la formación de Santiago Abascal no cuestiona la religión católica —de hecho, se ensalzan sus valores frente a los de otras religiones que según su discurso quieren imponer la suya en toda Europa—, ni la indivisibilidad de España —frente a unos "enemigos" claramente identificados con las fuerzas independentistas— y tampoco la monarquía —de la que se reproducen sus bondades, incluso las de Juan Carlos I pese a los múltiples escándalos tras su abdicación—, sí ponen en duda a sus autoridades y máximos exponentes. 

Así, esta misma semana el líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el obispo de Canarias, José Mazuelos, por defender la necesidad empatizar con quienes llegan en cayuco a las costas españolas, una ruta que calificó de “especialmente dura y peligrosa”, una crítica que también trasladan al Papa León XIV, protagonista a su vez de los ataques de Trump por, en sus palabras, “complacer a la izquierda radical”. Asimismo, Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en una línea similar.

Por su parte, este viernes el portavoz episcopal, César García Magán, calificó como “injurias” las palabras del líder de Vox, tras acusar a la Iglesia española de “enriquecerse” a costa de la inmigración ilegal. “No solamente no obedecen a la realidad de los hechos, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, porque no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso, en un ámbito de injuria. Afirmar que hay enriquecimiento donde no lo hay, entra en ese ámbito”, manifestó. Sobre la “prioridad nacional” incluida en los acuerdos entre PP y Vox, el portavoz de la CEE lamentó la “política a golpe de eslogan que busca la polarización”: “Nuestra prioridad es y será el Evangelio”, señaló.

Aunque, teóricamente, el partido de ultraderecha está condenado a entenderse con la jerarquía eclesiástica —Vox es el partido cuyos votantes más se identifican con el catolicismo—, los de Abascal no ven con buenos ojos la “deriva” que ha asumido la Iglesia desde el pontificado de Francisco, no solo con los migrantes, sino con cuestiones como la renta mínima, que según Abascal solo llevan a “la ruina y al paraíso comunista”. El líder de Vox criticó en público las declaraciones del papa Francisco, a quien llamó “ciudadano Bergoglio” cuando este arremetió contra las políticas antiinmigración.

El respaldo de la Iglesia a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno ha abierto una enorme brecha entre los sectores más radicales del catolicismo y una jerarquía eclesiástica que no es, precisamente, progresista. La elección de Luis Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal, que llegó a minimizar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, supuso la vuelta a la cúspide del sector más conservador del episcopado. Una cúpula, sin embargo, demasiado blanda a ojos del movimiento ultracatólico y también de la ultraderecha institucionalizada.

El caso de Jumilla del pasado verano también provocó choques con la Conferencia Episcopal después de que Vox promoviera una moción para impedir que la comunidad musulmana celebrara sus festividades religiosas en el polideportivo municipal. El hecho de que desde la Iglesia Católica defendiera la libertad religiosa, también la del Islam, amparada por la Constitución, no sentó bien en las filas del partido, que ha hecho de la islamofobia uno de sus ejes electorales. El líder ultra criticó entonces el "silencio" de parte de la "jerarquía eclesiástica" y dejó entrever que su falta de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez estaban motivada por "los ingresos públicos que reciben” y lo vinculó también con los casos de pederastia en la Iglesia. "La tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas”, alegó.

Por otro lado, los sectores más reaccionarios del catolicismo tampoco consideran que Vox sea lo suficientemente firme en sus postulados. La organización ultra Hazte Oír, vinculada a la secta secreta de extrema derecha El Yunque y que durante muchos años compartió convocatorias, actos, discursos e incluso cargos directivos con Vox, escenificó en 2022 su divorcio con la formación de Abascal, a la que tildó de “derechita cobarde”, el mismo apelativo que ellos han utilizado habitualmente para referirse al Partido Popular.

Hazte Oír fue uno de los colectivos clave en el ascenso de Vox. Tanto que la entidad ultracatólica logró colocar en las instituciones a personajes vinculados o, directamente, pertenecientes a la misma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Los ultracatólicos ejercieron desde un primer momento como canalizadores de voto a la formación de Abascal. Pero por primera vez, y con la vista puesta en los comicios aragoneses, el lobby capitaneado por Ignacio Arsuaga encontró una mejor opción, la de Se Acabó La Fiesta. La relación del partido con el colectivo comenzó a deteriorarse a finales de 2021, cuando puso en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a Vox que rompiera en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y le tumbase los presupuestos si no había derogación de leyes LGTB y trans. Unos meses después, en febrero de 2022 y con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el lobby ultracatólico puso en marcha una campaña similar a la actual contra la formación de extrema derecha porque no respondía a su cuestionario.

En la ultraderecha española también se ha producido un cambio de discurso frente al seguidismo hacia la monarquía con desplantes incluidos. El propio líder de Vox se ausentó del acto presidido por el rey Felipe VI en el Congreso el pasado mes de febrero para celebrar que la Constitución es la más longeva de la historia de España  Según avanzó El Periódico de Cataluña, La Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en los que el partido de Santiago Abascal considera que el jefe del Estado ha incumplido la Constitución y ha roto su obligada neutralidad política. 

Entre estas cuestiones, estaría la posición que el monarca asumió ante asuntos como la intervención de Trump en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, su manera de referirse a la liberación de encarcelados los días siguientes y su celebración del acuerdo comercial de Mercosur. El último choque se produjo cuando Felipe VI admitió que en la conquista de América hubo "mucho abuso". Vox rehusó respaldar específicamente al rey y, en cambio, reivindicó que la Corona realizó "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal". 

El caldo de cultivo comenzó en la investidura de Pedro Sánchez de 2023, cuando en los foros de extrema derecha se extendió una profunda decepción con el monarca por proponer al socialista como candidato tras el fracaso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es más, en las manifestaciones convocadas durante esos meses contra la amnistía, se podían leer pancartas como "Felipe VI, cómplice del golpe de Estado. A las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles o "Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos". 

Una de las voces que más defendió esa tesis, con bulos de por medio, fue Alvise, que desde hace meses acusa al rey Felipe VI de no "cumplir con su tarea constitucional": "La pregunta obvia de todos los españoles es para qué cojones sirve el rey. Y si no sirve para nada, ni siquiera para la única función que tiene, ¿por qué tenemos que dedicar diez millones de euros al año en que viva en la Zarzuela?", se preguntó, en una entrevista compartida en su canal de Telegram.

Vox sigue manteniendo su apoyo a Trump pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica. Su reciente advertencia de destruir la "civilización iraní" si Teherán no cedía, incidió todavía más en esa percepción, hasta el punto de provocar críticas incluso en sectores conservadores españoles y en la Iglesia. Esta misma semana se ha filtrado un correo interno del Pentágono que recoge opciones de castigo para aliados de la OTAN que rechazaron facilitar bases y espacio aéreo a EE.UU, entre las que estaría España. Pero para Vox, la culpa es de Pedro Sánchez y nadie más. Una posición compartida a su vez por el principal partido de la  oposición.

Ni PP ni Vox han condenado, por su parte, las amenazas de Netanyahu tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "librar una guerra diplomática" por la que "pagará un precio". Como represalia, expulsó a los representantes españoles en el Centro de Coordinación Civil y Militar , el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado. Es más, Abascal prometió a Netanyahu que si llega a La Moncloa revertirá el reconocimiento a Palestina impulsado por el Gobierno de Sánchez.

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El próximo jueves comienza una campaña electoral, la última de esta serie de comicios autonómicos, esta vez en Andalucía. Casi siete millones de andaluces están llamados a las urnas en una convocatoria con algunas preguntas sin fácil respuesta.

¿Revalidará Moreno Bonilla su mayoría absoluta o tendrá que depender de Vox? ¿Se confirmará el frenazo de la ultraderecha? ¿Será cierto que el PSOE registra su peor resultado histórico? ¿Habrá sido creíble para los electores la unión de la izquierda en Por Andalucía y qué diferencia habrá entre el resultado de esta coalición y el de Adelante Andalucía?

Estos son los interrogantes que, encuestas en mano, planean hoy sobre esos comicios. Su análisis no puede hacerse sin contextualizar el momento en que los andaluces y andaluzas irán a votar. En el plano externo, la situación geopolítica. Sabemos que Trump hoy es una amistad peligrosa que contamina a quien tiene cerca —ver datos aquí—. ¿Es este el motivo del estancamiento de Vox que ven algunas encuestas? Es posible.

Por otro lado, repercute de forma insoslayable la política nacional, con las evidencias que dejan los pactos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León. Acuerdos ambos que se firman desde el marco de la ultraderecha en cuestiones tan sensibles como la migración —de ahí el debate sobre la “prioridad nacional”—, la impugnación de las políticas ambientales, el cuestionamiento de la fiscalidad o ese concepto indeterminado que es la “desregulación” y que en Aragón tendrá el rango de una vicepresidencia.

Andalucía tiene ahora una buena ocasión para calibrar si quiere seguir apostando por estas prioridades nacionales o por otras. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión. ¿Cuáles son las prioridades nacionales de quienes concurren por la izquierda?, ¿de qué manera las formaciones progresistas van a anteponer a la deriva neoconservadora y neofascista un programa alternativo claro y bien definido?, ¿o se pondrán de perfil ante cuestiones esenciales como la migración, la defensa de los derechos o el sostenimiento de los servicios públicos? A un modelo político no se le puede oponer la nada, sino un planteamiento estratégico en el que se dibujen esas prioridades por la izquierda, resignificando la expresión de la ultraderecha francesa.

Queda toda una campaña electoral por delante para que unos y otros expongan cuáles son esas prioridades. Vox no engaña a nadie: en Aragón y Extremadura —y con pretensiones de extenderlo más allá— han aplicado las políticas que defienden en sus discursos habituales, ninguna sorpresa. Al Partido Popular parece que se le han acabado ya los tiempos de la indeterminación; esos en los que el presidente Azcón pactaba con Vox pero no lo firmaba él personalmente y mandaba a la secretaria general a hacerlo. Ahora presume de ello y dice que es un pacto para dar estabilidad y avanzar “en la dirección adecuada”. De la misma manera, la presidenta Guardiola ha pasado de negarse a pactar con la ultraderecha a proclamar en sede parlamentaria: “He alcanzado un acuerdo con Vox. Lo digo con la naturalidad y con la serenidad de quien sabe lo que hace”. Recordemos lo que decía la misma Guardiola en 2023: “Iremos a elecciones, si hay que ir. [...] No puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”.

Ha llegado, por tanto, el final de la ambigüedad en el PP. Y si hay líderes críticos con estos acuerdos —Moreno Bonilla a escasos días de comenzar la campaña y Ayuso en su papel de eterna díscola— habrá que recordarles que la dirección nacional ha estado detrás de estos acuerdos y cuentan con todo su aval.

Queda en el aire la segunda pregunta: ¿Qué modelo oponen las izquierdas a estas “prioridades nacionales”?

En la política española actual se repite con frecuencia una idea que, de tanto escucharse, empieza a parecer incuestionable: que determinados partidos están “condenados a entenderse”. Sin embargo, esta afirmación es más discutible de lo que parece. Los acuerdos no son inevitables; son, en realidad, el resultado de una lógica mucho más pragmática: la de la conveniencia condicionada por los resultados electorales.

El concepto es sencillo. Los partidos, y en especial los de derechas, no pactan únicamente en función de afinidades ideológicas o de la aritmética parlamentaria, sino también, y a veces sobre todo, en función del coste político que cada acuerdo puede tener entre sus votantes. No se trata solo de sumar, sino de no restar.

El caso de la Región de Murcia por poner un ejemplo, resulta especialmente ilustrativo. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, el Partido Socialista ofreció su apoyo al Partido Popular con el objetivo explícito de facilitar la gobernabilidad y, de paso, aislar a Vox. Sobre el papel, la operación tenía lógica institucional: estabilidad, cuentas públicas aprobadas y una mayoría alternativa viable. Sin embargo, la respuesta del PP fue inmediata y negativa.

¿Por qué rechazar una opción que permitiría gobernar sin depender de un socio incómodo? La respuesta no está tanto en los números como en la estrategia. Aceptar el apoyo del PSOE podría interpretarse como una cesión al adversario político principal, con el consiguiente riesgo de desmovilizar a parte de su electorado o de alimentar el discurso de sus competidores por la derecha. En cambio, mantener el entendimiento con Vox, aun con tensiones, encaja mejor dentro de su bloque natural y resulta más coherente ante sus votantes.

Esto revela una clave fundamental del momento político: no todas las alianzas tienen el mismo coste. Pactar con un partido ideológicamente más cercano, aunque genere controversia externa, puede ser electoralmente más “barato” que alcanzar acuerdos transversales que desdibujen las fronteras entre bloques. En otras palabras, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino también estratégica.

En distintas comunidades autónomas se observa una tendencia similar: cuando la suma lo permite, se consolidan acuerdos dentro del mismo bloque político, incluso si existen alternativas que podrían ofrecer mayor estabilidad o moderación. La lógica de bloques, reforzada en los últimos años, penaliza los movimientos que cruzan esas líneas.

El resultado es una política cada vez más previsible en sus alianzas, pero también más rígida. Las posibilidades de acuerdos transversales se reducen no porque sean imposibles, sino porque resultan electoralmente arriesgados. Así, la gobernabilidad queda supeditada no solo a la aritmética parlamentaria, sino al cálculo constante de costes y beneficios en términos de voto.

Quizá por eso conviene cuestionar la idea de que algunos partidos están “condenados a entenderse”. No lo están. Lo que ocurre es que, en el contexto actual, entenderse con unos sale más rentable, o menos costoso, que hacerlo con otros.

Y mientras esa lógica prevalezca, la política española seguirá moviéndose menos por la necesidad y más por la conveniencia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Si algo tengo claro en esta vida es lo que significa fascismo porque he vivido en mis carnes, muy cercanas, a Falange y a ETA en otro tiempo. Y ambas ideologías están claras y no son nada comparables con una derecha o izquierda.

El fascismo no es una ideología, es un modo de querer gobernar por aquellos para los que todo es ultra, definición que los aísla a un término que es la exageración del odio, palabra que encierra la auténtica verdad de su pensamiento. Sienten odio a todo lo que se mueve, en muchos casos se unen a un catolicismo mal entendido porque así creen blanquear su odio. Y ese odio se refleja en la homo o xenofobia porque su pensamiento está lleno de fobias hacia todo el que piensa distinto a ellos, con el solo objetivo de querer vivir en un mundo aislado uniforme en ideas repartiéndose los beneficios económicos que, al final, es como todos, su único deseo. Abascal lo muestra cada día.

Pero no digamos que son de ultraderecha porque ETA sentía lo mismo y se consideraban de izquierdas. Con la única salvedad que estos fueron derrotados y hoy muchos han reconocido su error. Los franquistas no lo hicieron ni lo harán jamás. Pero yo distingo muy bien qué es la derecha y no estoy en contra de ellos, porque tienen un pensamiento conservador y con una economía capitalista con el solo error de no poner puertas a los extremismos que llevan a un desastre económico mundial. Y una vez desaparecido el comunismo estalinista es el único modelo económico de ese capitalismo y no podemos estar contra ello. Pero esto en España no existe, porque el 90% de la gente que vota al PP está feliz con Vox, por el problema de un franquismo atado y bien atado usando la patria como su único objetivo, palabra mágica que enreda a muchos jóvenes ignorantes.

Porque patriota es todo aquel que hace crecer la nación donde trabaja, exclusivamente, pero con honradez. Y eso aísla las fobias.

Por ello yo mismo podría llegar a votar a la derecha en Francia o en Alemania, donde Merkel lo tuvo muy claro. Siendo de derechas puso veto a todo lo que oliera a fascismo, al que conocieron bien; en España eso no es posible y he perdido la esperanza de que algún día ocurra porque tienen comprados a demasiados medios de comunicación y a jueces que todos conocemos capaces de hacer hasta el ridículo y hacer perder la credibilidad a la verdadera Justicia, con mayúsculas... Porque, aludiendo a la actualidad, la señora Ayuso pone pegas a los acuerdos en Extremadura, no es porque ella no esté de acuerdo en esa xenofobia, sino porque puede perder algunos votos, su único objetivo en la vida.

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César Moya es socio de infoLibre.

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.