Han pasado las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y el pueblo español –aunque yo diría los medios de comunicación– ya han dado “el pistoletazo” a las nuevas ”Elecciones Generales”, elecciones que creo van a ser muy importantes para el devenir de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y por consiguiente del PUEBLO. Y más cuando el resultado hasta ahora ha sido gobiernos ultraconservadores PP y Vox, que van a proceder a recortes de derechos y libertades.

Pienso que ese día va a ser muy importante y puede significar el volver a recuperar o perder nuevos derechos, y allí nuestro voto es muy importante, por ello y con estos meses de antelación , me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que ese día nuestro voto puede decidir.

Desgraciadamente y con toda seguridad, tras las elecciones generales puede haber nuevos recortes, depende a quién se vote, y más cuando debe ser prioritario para el gobierno que salga de las urnas la recuperación del empleo y de la capacidad de los salarios, así como el restablecimiento de las redes de protección social, la implantación de una Renta Mínima mayor, la universalización y mejora de los servicios públicos. La importancia del empleo juvenil, el derecho a una vivienda digna para todos y todas.

Empieza a mosquear que proliferen las informaciones sobre las cuentas de la Seguridad Social, y ciertas afirmaciones de que después de las elecciones pueda haber "una nueva rebaja de las prestaciones sociales".

Continuando con las reflexiones sobre la próxima visita a las urnas, pienso que los partidos entre sus prioridades también deben promover una reforma de la Constitución en sentido federal, con el máximo consenso y que esta sea sometida a referéndum. También deben reforzar la campaña de lucha contra la pobreza, así como participar activamente en la lucha contra la violencia de género y en la concienciación sobre el cambio climático. Es más, pienso y tengo claro que si la recuperación no llega a la gente que peor lo pasa, solo será una falacia propagandística.

El escenario en el que actualmente nos encontramos todavía es un panorama donde la crisis es importante en un gran número de familias y donde continuamos con una alta tasa de paro, pese a que ya superamos los 22 millones de trabajadores. Y por si fuera poco, las instituciones europeas son incapaces de renunciar a las políticas de austeridad que se han demostrado incompatibles con la recuperación económica, el empleo y los derechos. Lo que ocurrió en Grecia es un buen ejemplo de lo que digo. La UE se movió más por ideología que por la necesidad de superar la difícil situación económica del país heleno y prefirió actuar de manera ejemplarizante en lugar de respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía griega. Otro ejemplo lamentable ha sido espectáculo ofrecido por las autoridades comunitarias ante el drama humano de las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la muerte y la hambruna. Y firman un pacto cruel contra la migración. Todo ello demuestra que las políticas económicas impulsadas por la Comisión Europea son antisociales. Por eso, y cuando aún faltan unos meses para la nueva cita electoral, debemos empezar a reflexionar y a discernir en todo aquello que a partir de ahora vamos a leer, oír y repetir insistentemente y que muchas de esas opiniones nos van alejar de la verdadera realidad y de lo que en realidad se pretende con esas declaraciones. La próxima cita en las urnas es importante y el pueblo se juega mucho y es nuestro deber participar y no dejar que otros decidan por nosotros. Y sobre todo es importante decidir por aquella opción que nos haga más libres y defienda nuestros derechos y nos aleje cada vez más de la corrupción, cosa que se ha hecho habitual, y se acerque más a lo que el pueblo necesita: tener voz y voto de verdad en las decisiones políticas, sociales, educativas y de salud. Nosotros y nosotras decidimos.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

España ha vivido una apoteosis de eso que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. Tanto si ustedes viven en las ciudades por las que el papa ha pasado como por las que no, habrá visto televisiones —incluida la pública— con una sucesión de programas especiales, coberturas mediáticas desbordadas —no así este periódico, lo cual se agradece—, y una opinión publicada que obligaba a suplicar a creyentes y ateos: ¡elogio de la mesura, por Dios!

Los análisis de las palabras de Su Santidad han provocado ríos de tinta. Unos advirtiendo de su discurso favorable a la inmigración y la paz, otros al aborto. Apenas se ha reparado en que la doctrina cristiana hace compatible una cosa con la otra; algo que desde el punto de vista político hoy no tiene encaje alguno en nuestra paleta de opciones ideológicas donde nos movemos en muchos ejes, pero sobre todo en el que diferencia la izquierda de la derecha. Si las palabras del papa han creado cierta sorpresa en algunos sectores, posiblemente se debe a que buena parte de la jerarquía eclesiástica española sí está nítidamente situada en el ala derecha, y en la mayoría de casos en la derecha de la derecha o, directamente, en la ultraderecha. Subrayo: la jerarquía, no todos sus fieles, ni mucho menos. 

Así las cosas, el jefe de un Estado que no admite mujeres en sus órganos de gobierno ni migrantes en su territorio fue aplaudido entusiásticamente por prácticamente todo el Parlamento español —en sesión conjunta de Congreso y Senado—, como si de un ser superior se tratara, capaz de eliminar los conflictos, las tensiones y la crispación… Eso sí, durante 48 horas. ¿Qué hacían sus señorías aplaudiendo discursos con los que discrepaban, al menos, cada uno de ellos en el 50%? y por cierto, ¿qué hacía un líder religioso —no en su calidad de jefe de Estado— hablando en la sede de la soberanía nacional?

Sentí perplejidad como ciudadana y escándalo como analista al contemplar la escena. A la salida, cada uno enfatizó aquello con lo que coincidía: “de la A a la Z”, decía Feijóo, sin caer en que la prioridad nacional que firma en los gobiernos que comparte con Vox no entra en la visión de la migración unida a los derechos humanos que defiende el papa. Para Bolaños las palabras de Su Santidad "apuestan de manera tan clara por la paz y por el derecho internacional, palabras de tanto valor moral que pongan las cosas en su sitio", sin reparar en que no tuvo ni un gesto para pedir perdón a las víctimas de pederastia en la Iglesia. Es más, tuvo la osadía de visitar el epicentro de los abusos en Cataluña, la Abadía de Montserrat, donde muchos —ingenuamente— pensamos que haría una rotunda condena de esos hechos, pediría perdón a las víctimas y anunciaría algo relevante. Nada de eso ocurrió.

No obstante lo anterior, creo que la visita del papa deja algunas enseñanzas de las que tomar nota. Los discursos que hacían las delicias de los fieles conectaban con algo que hoy se echa en falta en nuestras sociedades y por donde crece un estado de ánimo de impotencia que aprovecha la ultraderecha. El discurso del papa fue, en todo momento, un discurso de esperanza. De mirada al futuro en positivo. Una llamada a construir ese futuro, a “alzar la mirada”. Todo un antídoto para estos tiempos de descontento, frustración, malestar e impotencia. Una llamada a la esperanza como forma de conectar con una sociedad hiperindividualista, donde los lazos sociales y comunitarios se van disolviendo, carente de referentes, en busca de guías. No por causalidad Rosalía con su espectáculo, la película Los Domingos o el aclamado ensayo Instrucción de Novicias de Ana Garriga y Carmen Urbita (Blackie books) han triunfado entre jóvenes y no tan jóvenes. Hay un clamor social que busca orientación. Hay quienes lo hacen en la religión. Otros podrán hacerlo en otros campos, pero conviene tomar nota: la esperanza, y no el miedo, es el antídoto contra la impotencia. 

El vagón va atestado. No cabe ni un alfiler. La línea 7 del metro de Madrid arde. Vuelta al centro de la ciudad. Sombreros de paja, pantalones cortos, flores en el pelo. Mucha brillantina. “No te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar”. En una nube caribeña van todos los que han estado casi tres horas perreando con Bad Bunny en el Metropolitano. Un joven, de repente, se desgañita: “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Espera un coro de vuelta. Pero no. Alguien pone a todo volumen su altavoz: “Un verano en Nueva Yol…” Todos aplauden, y más alto: “Si te quieres divertir, un verano en Nueva Yoooool”.

Tras años de derechización de la juventud, las encuestas empiezan a cambiar de tendencia. No todos los nuevos votantes son seguidores de Vito Quiles y abrazan los postulados machistas y xenófobos. Y en estos días ese giro empieza a detectarse a pesar del ruido de los escándalos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

En el estudio de junio de 40dB. para El País y la Cadena Ser, el PSOE es el partido con mayor intención de voto entre los menores de 24 años, con un apoyo del 25,7%, más de cinco puntos por encima de Vox (20,6%). Y muy por delante del Partido Popular (11,6%). Luego aparecen Se Acabó la Fiesta (4,6%), Sumar (4,4%) y Podemos (3,6%). Las opciones nacionalistas aglutinan un 6,2%, mientras que un 23% está indeciso en estos momentos.

Pero, además, el PSOE también se impone, según este barómetro, en la franja que va de los 25 a los 34 años, con un respaldo del 26,5%. En segundo lugar está el partido de Santiago Abascal, a más de cuatro puntos de distancia (22,1%). El Partido Popular aparece en el tercer escalón con un 16,1%. Sumar, con un 5,6%, se impone a Se Acabó la Fiesta (3,6%). El grado de indecisión se sitúa en el 17,1%. 

En cambio, está mucho más derechizada la franja de votantes que va de los 35 a los 44 años, donde la opción de Vox está a la cabeza, con un respaldo del 22,9%.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este jueves su barómetro, que ya recoge la caída en general de cinco puntos de los socialistas por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el estallido del caso. Pero el partido de Pedro Sánchez se impone entre los votantes menores de 24 años, con un respaldo del 18,2%, por delante de Vox (14,5%) y PP (14,2%). Sumar rasca un 5,8%, por delante de Se Acabó la Fiesta (3,1%), ERC (1,8%), Podemos (1,5%) y PACMA (1,6%). 

En cambio, la ultraderecha de Abascal es la fuerza en estos momentos que gana tanto en la franja de 25 a 34 años (20,9%) como en la que va de los 35 a los 44 años (18,8%). El Partido Popular no logra ser primero, por tramos de edad, hasta la franja que va de 45 a 54 años, con un 21,3%. Los socialistas vuelven a ser primeros entre los votantes de 55 a 74 años. Alberto Núñez Feijóo vence entre los electores mayores de 75 años. 

El PSOE lleva tiempo trabajando para recuperar terreno entre los jóvenes después de años viendo cómo Vox se adueñaba de esa franja electoral. Y esa labor la ha encabezado el propio Pedro Sánchez, que dio un giro, por ejemplo, en su comunicación desde el verano pasado para llegar a este público. Desde ese momento, el presidente del Gobierno se centró en ámbitos que tenía olvidados, como TikTok. Por ejemplo, cada sábado hace recomendaciones culturales en esta plataforma y ha adaptado sus mensajes para esta red social. Y no solo él. También otras figuras socialistas como Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo y José María Albares han implantado un tono más didáctico y cercano en sus vídeos y publicaciones en Instagram.

Asimismo, como comentan varios dirigentes socialistas, muchas de las banderas del Gobierno conectan con preocupaciones de los jóvenes como su rechazo al genocidio en Gaza perpetrado por Israel, que ha provocado grandes manifestaciones estudiantiles. También la defensa de la educación pública y la lucha contra los tecnooligarcas recogen la sensibilidad de los nuevos votantes. El gran tema pendiente, reconocen varias fuentes, es la solución al problema de la vivienda, aunque creen que se ven las diferencias respecto a las políticas neoliberales de las derechas.

En el PSOE trasladan que es mentira esa imagen que quiere crear la derecha de que Sánchez es odiado por los jóvenes. “No todos los jóvenes son como los que aparecen en los vídeos de Vito Quiles”, indica un alto dirigente del partido, que contrapone esta imagen con la de Pedro Sánchez hace unos días en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde estuvo junto a Amaia, Martin Urrutia y Juanjo Bona, figuras de la música que arrastran a centenares de miles de seguidores.

Pero, además, los jóvenes han encontrado otro punto de referencia actualmente en las llamadas izquierdas territoriales. Uno de los ejemplos es Chunta Aragonesista en las pasadas elecciones del 8 de febrero. El estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre esa contienda autonómica recoge que CHA fue la formación más votada por los votantes menores de 24 años, superando el 25% de los votos. Por detrás quedaron: PP (18,5%), Vox (18,2%) y PSOE (17,2%). A continuación: Teruel Existe (4,8%), Podemos (1,7%), Se Acabó la Fiesta (1,6%), PAR (0,8%) y Sumar-IU (0,4%).

Esa candidatura de Chunta tuvo como número uno a Jorge Pueyo, conocido presentador de televisión y exdiputado en el Congreso. Una de las claves fue el uso de las redes sociales, en las que protagonizó vídeos diferentes, con un lenguaje muy cercano y con temas que preocupan especialmente a los jóvenes.

Precisamente esta fórmula también la ha empleado José Ignacio García, el número uno de Adelante Andalucía en las últimas elecciones autonómicas. El partido ha sido la gran revelación al cuadruplicar sus resultados y pasar de dos a ocho escaños en el Hospital de las Cinco Llagas. “Mis hijos han votado a Adelante Andalucía”, reconoce hasta un alto dirigente socialista sobre este fenómeno.

A falta de los estudios postelectorales en Andalucía, todas las encuestas previas reflejaron que el mayor porcentaje de intención de voto de este partido está entre los más jóvenes. García, asimismo, se ha centrado en temas como la vivienda a través de vídeos, denunciando la especulación de los fondos buitre, especialmente en zonas como Sevilla, Cádiz y Málaga. Además, ha puesto en el centro del debate los problemas de salud mental entre los jóvenes. Y fue el aspirante con mejor nota en las encuestas entre los nuevos votantes.

La idea de que todos los jóvenes son fachas empieza a quedarse en papel mojado.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

Blessing nació en Nigeria, en una familia pobre en la que convivía con sus siete hermanos. A los 14 años estaba sola. Y a los 22 decidió tratar de llegar a Europa, dejando atrás a sus hijos de cuatro y dos años. Quería ir a otro continente para ganar dinero y darles la vida que ella no pudo tener. Entonces quedó en manos de la mafia con una deuda de 25.000 euros. Esperó meses encerrada, sin poder bañarse. Y vio cómo otras personas salían antes que ella en una patera y morían en el mar.

Pero ella decidió también arriesgarse. Su patera sí llegó a la orilla en Canarias. Pero allí le quitaron a su bebé de once meses, fruto de una violación de uno de los hombres de la mafia que trafica con los migrantes. La obligaron a prostituirse para devolver ese dinero. 

La historia de Blessing rompe cualquier corazón. Hoy no puede mostrar su rostro porque está protegida por la Policía ante las amenazas de esos mafiosos. Pero su testimonio fue leído por otra persona durante el acto del papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, por razones de seguridad.  

Después de los fastos en Madrid y Barcelona, Canarias es el verdadero mensaje que trae el papa a España. Un mensaje de solidaridad y de integración de los migrantes, con un alto calado simbólico y político en una Europa dominada en cierta medida por los partidos ultras y por los postulados xenófobos, que han comprado la mayoría de los partidos conservadores en el continente.

Es un mensaje del papa a todo el continente europeo desde Canarias, epicentro de la ruta más peligrosa de los migrantes por el mar. Un grito que, además, se produce desde España en un momento en el que el Partido Popular y Vox protagonizan pactos de investidura y de presupuestos bajo el concepto de “prioridad nacional” en comunidades como Extremadura, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", dijo el pontífice desde el puerto de Arguineguín, conocido como el “muelle de la vergüenza” después de que en 2020, en plena pandemia, llegaran a hacinarse allí más de dos mil migrantes llegados en pateras y cayucos desde las costas africanas. 

Otra de sus ideas pasa por este enunciado: "Queridos migrantes: antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar". Una frase que choca de lleno con el tratamiento de las derechas sobre las personas migrantes y su intento de despojarlas de humanidad con expresiones como “menas” para referirse a los menores migrantes no acompañados.

El discurso del papa pasa, en estas horas de su visita a Canarias, por poner el foco también en aquellos que quieren dar la espalda a la realidad y negar ayuda a las personas que cruzan el mar. Sus palabras remarcan la necesidad de que todo el mundo se vuelque en esta misión: "Gracias de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y cambiar vidas. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni estar delegada únicamente a algunos voluntarios.". 

Con esta filosofía: "Que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros". 

La visita del papa también ha puesto en el centro la labor de Cáritas. Ya en Madrid visitó un centro de esta institución en el barrio de Lucero, mientras que en el archipiélago ha estado junto a trabajadores y voluntarios. Todo ello en un momento en el que Vox aprieta sus críticas a esta organización, a la que acusa incluso de hacer negocio con la migración y a la que trata de retirar ayudas. Por eso, el mensaje de León XIV es muy potente en este sentido contra la ultraderecha.

Asimismo, el pontífice incide en estos postulados de acogida en un momento en el que el debate en España está marcado en buena parte por la regularización de migrantes que lleva a cabo el Gobierno y que puede legalizar a más de 500.000 personas que ya trabajan en España. Este proceso está siendo utilizado por el PP y Vox para cultivar su discurso xenófobo, alimentándolo para aumentar en intención de voto como ha sucedido en otros países como Francia e Italia.

Asimismo, el racismo y el discurso contra la migración siguen expandiéndose a toda velocidad por Europa. La tensión se ha apoderado de Irlanda del Norte, donde se han vivido ya varias jornadas de disturbios racistas tras una agresión atribuida a un hombre sudanés en Belfast. Grupos de extrema derecha están alentando a los ciudadanos a cometer agresiones violentas contra la comunidad migrante.

Desde el Gobierno de España se da mucha importancia a las palabras del papa León XIV e incluso en Moncloa las califican de “espaldarazo” a su política migratoria, que va en dirección contraria a la mayoría del continente y de países como Estados Unidos, donde Donald Trump ha instaurado un régimen de terror entre los migrantes con la policía paramilitar del ICE.

El Ejecutivo, en un momento muy complicado de la legislatura por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la investigación del caso Leire Díez, busca reivindicar su política migratoria y retratar la hipocresía de las derechas. Ese espíritu lo verbalizó la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz: "El otro día vimos cómo la bancada del PP y de Vox en el Congreso aplaudía el discurso de León XIV. Los aplausos no transforman vidas, lo que transforma son las leyes justas que ponen en el centro a las personas. Y el PP y Vox, con su prioridad nacional, están en contra, así que desde luego me preocupa".

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado. 

El CIS dibuja un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno.

Entonces el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2 % de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6%; el barómetro concede tres décimas más y el 1% al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2% y UPN repite su 0,1%

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25%), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4%, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5%).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63%; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4%.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

Un mes más la vivienda es citada como el principal problema que existe en España, con el 41,5% de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1%, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4%).

Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6% dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4% dice que es "buena" o "muy buena".

En cuanto a la situación internacional, el 69% de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

Domingo por la mañana. El centro de Madrid es un hervidero, más de un millón de personas se concentran en el área de la plaza de Cibeles. El papa León XIV ofrece una misa multitudinaria por el Corpus Christi. Es uno de los momentos álgidos de su visita a España. Allí están los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Apenas diez horas más tarde, a ocho kilómetros, se abren las puertas del estadio Metropolitano, a las afueras de la capital. Empieza el perreo de Bad Bunny dentro de su histórica residencia en la capital. Allí están también la heredera y su hermana. Pero esta vez para bailar letras como “ella es callaíta, pero en el sexo atrevida”.

Esas son las vibraciones que dominan la capital durante estos días, en los que han coincidido León XIV y Benito Antonio, dos iconos mundiales. Dos hombres que se han convertido en símbolos contra las políticas de Donald Trump, pero que también tienen fuertes componentes conservadores y machistas. Y evidencian los tiempos convulsos que se viven internacional, social y políticamente. Ponen a prueba también la coherencia y evidencian las contradicciones actuales.

Todavía sigue resonando la ovación de más de siete minutos que dedicó el Congreso al pontífice tras su discurso ante el Pleno. Aplausos que llegaron desde la bancada de la ultraderecha y de la derecha, pero también desde las filas socialistas y de otros grupos de la izquierda presentes. Pero, conforme pasan las horas, la digestión se hace más complicada para todos respecto a ese alboroto sin precedentes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La izquierda se dejó llevar por la parte del discurso del papa más humanista, a favor de la paz y del orden internacional y con un mensaje a favor de la integración de la migración. El Gobierno se está volcando en esta visita a pesar de ser un Ejecutivo de coalición progresista y, además, le está sirviendo de tregua ante el pesado escenario judicial que enfrentan ahora mismo los socialistas.

En la parte socialista prefieren quedarse con la parte del discurso del papa sobre paz y migración frente a las referencias que hizo contrarias al aborto y la eutanasia, aprobadas precisamente con el empuje del PSOE a lo largo de estos años de democracia. De hecho, esas referencias de León XIV llegan en un momento en el que se está tramitando en la Cámara Baja la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para blindar en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, ese discurso del pontífice se escuchó en la Cámara Baja tres días antes de que los diputados tengan que pronunciarse sobre una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas. 

Los partidos de la izquierda presentes en el Congreso durante el discurso del papa rebajan en estas horas esos aplausos, que llegaron por parte de ministros como Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario de la Mesa, hacía esta reflexión este martes: “La visita de León XIV ha dejado una sensación agridulce con luces y algunas sombras también. Por un lado, pudimos escuchar un discurso humanista contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de los grandes tecno-oligarcas y en defensa de las personas migrantes y vulnerables que merecían ser aplaudidas”.

“Pero, por otro lado, el Vaticano decidió adrede acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas y del derecho a la eutanasia. Estas últimas consideraciones conservadoras y excluyentes no merecían aplauso alguno. Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo u ofrecer reparación por los casos de pederastia. En esto, León XIV no mostró la sensibilidad de su antecesor”, prosiguió Pisarello.

Con esta reflexión final: “En pleno siglo XXI, ninguna religión puede defender de manera creíble la dignidad de las personas si no se coloca en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas. Fue un discurso humanista contra la crueldad y contra la arrogancia de los Trump de turno que merece ser escuchado y, sobre todo, puesto en práctica dentro de las iglesias y fuera de ellas, pero, al mismo tiempo, lo que escuchamos reafirma nuestras convicciones laicas y la necesidad de mantener más que nunca una estricta diferencia entre las iglesias y el Estado sin privilegios de ningún tipo”.

Esta contradicción también la reflejó el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, que señaló que se trata de una visita “histórica” y de “relevancia” por el “contexto global de auge del fascismo”: “Hubo partes importantes del discurso que compartimos plenamente como la defensa universal de la dignidad de las personas y la censura explícita de la prioridad nacional del PP y Vox. También compartimos las palabras sobre los refugiados y su apoyo a la regularización, además de la oposición a los tecno-oligarcas que quieren controlar las democracias y la vida de la gente”.

“Pero también hubo partes que no nos gustaron y que no compartimos, como el cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco nos gustó la parte del discurso de no reconocimiento del derecho a la muerte digna y la falacia de la libertad educativa de las familias”, añadió el diputado, que hizo este análisis: “Quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos. También es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Si nos ponemos de acuerdo, mal. Y si montamos el show y hacemos cosas diferentes, también. Fue un aplauso excesivamente largo, pero también cada uno aplaudía una parte del discurso”.

Podemos, por ejemplo, decidió no acudir a la Cámara Baja a escuchar al papa. Su líder, Ione Belarra, dejó estas impresiones al hilo: “Este discurso nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía nacional. En el marco de un Estado aconfesional, no ha lugar para que el jefe del Estado de la Iglesia católica hable en el Congreso. Nunca un papa había hablado allí porque es algo extemporáneo. Le pido a la gente que piense si fuera, en vez de León XIV, un ayatolá el que hablase en el Congreso. Nadie lo comprendería. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Es algo que una democracia no se puede permitir”.

Estas contradicciones se evidencian también en primera persona en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha puesto en primera línea durante toda la visita. De hecho, el jefe del Ejecutivo participa este miércoles en una celebración litúrgica por primera vez desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, ya que estará en la misa en la Sagrada Familia. Esto choca con algunas de sus medidas iniciales, como quitar el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión del Gobierno. El líder socialista no acudió a las misas por las víctimas de la dana ni a la dedicada a los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

El ala socialista del Gobierno ha evitado criticar las partes del discurso del papa sobre el aborto y la eutanasia y se ha centrado en los aspectos en los que coincide con el Vaticano, La portavoz del Ejecutivo y ministra de Migración, Elma Saiz, destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que León XIV es "un aliado" por su visión humanista, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional o al multilateralismo, además de haber dado un "espaldarazo" a la política migratoria de Moncloa.

La derecha tampoco queda al margen de esas contradicciones durante la visita del papa a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva días diciendo que suscribe de la “A a la Z” las palabras del pontífice, pero, en cambio, hace lo contrario con los hechos. Este mismo martes Alfonso Fernández Mañueco pronunció su discurso de investidura en el Parlamento de Castilla y León con una defensa cerrada de la “prioridad nacional”, un concepto que queda fuera del discurso sobre migración del Vaticano.

Vox también ve cómo su política migratoria sobrepasa todos los límites marcados por el papa, mientras aplaude un discurso que lleva años despreciando en el Congreso cuando lo pronuncian líderes de la izquierda. La ultraderecha apunta que no ve contradicción con sus palabras, pero la realidad es que las intervenciones de los de Santiago Abascal sobre los menores migrantes o las personas que llegan sin papeles no tienen nada que ver con la “acogida respetuosa” que defiende León XIV.

“Por la mañana café, por la tarde ron”. Bad Bunny había reconocido que quería conocer al papa, un encuentro que se produjo finalmente en el Santiago Bernabéu. Benito Antonio es el artista global del momento. Y, además, se ha convertido en un icono para muchas personas progresistas desde su histórica actuación en la Super Bowl, que se convirtió en un alegato a favor de la migración en los Estados Unidos de Donald Trump.

Bad Bunny está haciendo historia en España estos días con una serie de conciertos en Barcelona y Madrid, que terminan el próximo día 15. El estadio Metropolitano está abarrotado estos días, pero ese fervor también ha dado paso a varias polémicas. Una de ellas es por la famosa Casita, el segundo escenario del concierto inspirado en los hogares de las clases populares en Puerto Rico. Pero ahora perrean allí famosos, millonarios, influencers y cuerpos perfectos. Su mensaje de igualdad choca con el clasismo y el machismo (un ojeador elige a las chicas para subir especialmente por sus cánones de belleza normativa).

Asimismo, el debate está abierto en otro sentido. Muchas de sus letras son consideradas machistas, pero también hay otra parte del público que defiende que el artista ha intentado abrir otro espacio en el reguetón con temas como Yo perrea sola. Por ejemplo, esa contradicción la ha intentado explicar Rita Maestre (Más Madrid), que ha dicho estos días: “Las mujeres bailamos, movemos el culo, perreamos. Eso no nos convierte en machistas. Al contrario, disfrutar, bailar y mover el cuerpo es estupendo. Fuera hay centenares de mujeres disfrutando, siendo libres, moviéndose y vistiéndose como quieren. Para mover el culo no hay que pedir permiso. Es música de baile. Y no es música absolutamente machista”.

El apoyo a Bad Bunny ha llegado también desde el propio corazón del Palacio de la Moncloa. El todopoderoso ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Félix Bolaños, acudía este fin de semana a ver el show de más de dos horas y media de Benito Antonio. En su cuenta de Instagram colgaba varias fotos con el siguiente mensaje: “Grande Bad Bunny. Ahora el reto es aprenderme todas las letras”.

A pesar de las críticas en redes por su machismo, por los conciertos de Bad Bunny han desfilado durante estos días artistas reconocidas que han defendido postulados feministas y progresistas como Penélope Cruz y Carmen Machi.

España perrea y reza. Las contradicciones de un país en pleno 2026. 

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

“Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Alzo la mirada. Alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo”.

El estribillo se repite minuto a minuto. Es el himno oficial de la visita del papa a España. En todos los actos, los altavoces reverberan a este ritmo. León XIV prosigue su visita al país, con una clase política volcada de lleno en el viaje. La mayoría de medios emiten durante casi las 24 horas todos los pasos del pontífice, que lanza mensajes a favor de la paz y de la inclusión de los migrantes, pero también muestra su rechazo al aborto y a la eutanasia.

Pero, ¿qué piensan políticamente los católicos practicantes en España? ¿Y los no practicantes? ¿A quién votan? ¿Qué les preocupa? ¿Tienen también interiorizados los valores que proclama León XIV?

Si hoy se celebrasen elecciones generales en España, la derecha se impondría con mayoría absoluta entre los católicos practicantes. Según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 32,7% de ellos y ellas meterían la papeleta del Partido Popular. Después se situaría Vox, con un 19%. El PSOE aparece en tercera posición, con un 18,2%. A mucha distancia ya se sitúan la cuarta y quinta opción: Falange (1,4%) y Se Acabó la Fiesta (1,1%). El apoyo a las izquierdas es irrisorio en ese segmento: Podemos (0,8%), Sumar (0,3%), BNG (0,2%) y EH Bildu (0,1%). También el que obtendría la derecha soberanista: PNV (0,3%) y Junts (0,2%).

Pero lo que hay entre católicos practicantes es una sensación de vacío en el panorama político, ya que el 42% confiesa en el sondeo que no siente simpatía por ninguno de los partidos políticos. El que genera más afecto, no obstante, es el Partido Popular, citado por el 19,6%. El PSOE cae “simpático” al 7,9%, mientras que la ultraderecha de Santiago Abascal solo tiene buena imagen entre el 3% de los encuestados. Muy cerca se sitúa Se Acabó la Fiesta, con un 1,9%.

Los católicos practicantes colocan la vivienda como el principal problema que tiene el país, aunque su nivel de preocupación es inferior al de los no practicantes, ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones. Y señalan como segunda preocupación al Gobierno y los partidos, por delante de la crisis económica y la migración. 

Asimismo, la opción favorita de los católicos practicantes para ser presidente del Gobierno es Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), al que apoya el 25,4%. Pedro Sánchez es la segunda opción, con un 17%, por delante de Santiago Abascal (Vox), que tiene el respaldo del 15,7%. Isabel Díaz Ayuso está en cuarto lugar, aunque su porcentaje no llega al cinco por ciento. El interés por los líderes de izquierdas no alcanza ni al uno por ciento como eventuales jefes del Ejecutivo: Yolanda Díaz (0,6%), Gabriel Rufián (0,4%) e Irene Montero (0,3%).

En cuanto a la valoración de los propios líderes, sólo aprueba entre los católicos practicantes Núñez Feijóo, al que le dan un 5,32 de nota media. Abascal es el segundo, con un 4,37. Luego ya está Sánchez, con un 3,62, por delante de Yolanda Díaz, con un 3,52.

A pesar del discurso a favor de la ayuda e integración de los migrantes, el grupo de los católicos practicantes es el que da más apoyo al concepto de “prioridad nacional" impulsado por Vox y que está aceptando el Partido Popular para formar gobiernos autonómicos como los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 67,2% está “muy” o “bastante de acuerdo” con que las políticas sociales se orienten en este sentido.

La derechización del electorado católico cae cuando se trata de católicos no practicantes. De hecho, según los datos del barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE se impondría en este espectro en unas elecciones generales, con una intención de voto del 28,2%. El Partido Popular cae casi diez puntos respecto a los practicantes y se sitúa en el 23%, mientras que Vox se queda en el 15,4%.

Entre los no practicantes, luego se sitúan, de manera casi residual, otros partidos como Se Acabó la Fiesta (2,2%), Esquerra Republicana (1,3%), Sumar (1,2%), Junts (0,8%) y Podemos (0,3%).

La mitad de los votantes católicos no practicantes confiesa que no siente simpatía por ningún partido. El que despierta más afinidad es el PSOE, aunque solo lo nombra el 13,6%. Luego aparecen el Partido Popular (8%), Vox (3,5%), Izquierda Unida (1,2%), Sumar (1,1%), Pacma (0,7%), Podemos (0,3%) y Junts (0,3%). Los socialistas también se imponen en la pregunta de qué partido se acerca más a sus ideas personales, con un 30%. Por delante del Partido Popular (23,1%) y de Vox (15,7%).

Asimismo, este grupo de votantes da su nota más alta, aunque no aprueba, al presidente del Gobierno, que recibe de media un 4,11, por delante de Núñez Feijóo, que le sigue de cerca con un 4,02. En cambio, Díaz se queda en un 3,76. El menos valorado es Abascal, que tiene un 3,28. 

Los católicos no practicantes se sitúan en general en el centroizquierda, con una autoubicación media de 4,95 (del 1 de la extrema izquierda al 10 de la extrema derecha). En cambio, los practicantes están mucho más derechizados, con un 6,20. Quienes se ven más a la izquierda son los ateos (3,02) y los agnósticos (3,80). En otro orden de cosas, los practicantes tienen porcentajes más altos de pertenencia entre la clase alta, media alta y media media. En cambio, los no practicantes se imponen en la clase media baja, la clase obrera y la clase baja.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

Tanta gente rezando desde hace 9 años para que deje de gobernar Pedro Sánchez y ahora resulta que tiene al Papa León XIV de su parte porque defiende a los inmigrantes y condena el genocidio. Para ganarse el favor que por ahora le niegan, el líder del PP ha emprendido esta semana su personal vía crucis, con el que más que obtener perdón por sus pecados lo que busca es justificar y legitimar un posible gobierno con Vox, tras provocar que los nacionalistas le manden a paseo. 

Las opiniones de los empresarios no han cambiado demasiado desde que se les presentó por primera vez hace cuatro años, sigue siendo un líder vacío de contenido y con escasez de propuestas. Aunque ideológicamente los altos ejecutivos sean conservadores, las compañías del Ibex han cerrado con beneficios récord con Pedro Sánchez, no se pueden quejar de sus cuentas de resultados. 

Feijóo pensó que su último fichaje económico iba a seducirlos, pero por ahora les ha dejado fríos. Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Energía con M. Rajoy, ha regresado a rescatar sus grandes ideas más que al país, como el impuesto al sol que tan impopular fue en su momento. Su receta es la de siempre cuando el PP no gobierna, bajar impuestos hasta que entran en Moncloa y los suban y modernizar la economía para atraer talento. Hay que recordar que medio millón de jóvenes se fueron de España durante el último gobierno del PP. Son más expertos en expulsar que en retener. 

Grandes promesas huecas. Ya se lo dijo la presidenta de la patronal catalana, refiriéndose a la financiación autonómica que los barones populares rechazan a pesar de que beneficiaría a sus ciudadanos: “El Gobierno ha puesto una sobre la mesa, sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla”. Nada por aquí, nada por allá. Sigue sin convencer ni a los empresarios ni a los socios nacionalistas del Gobierno. A los que el PP pide que le echen una mano mientras sus portavoces arremeten contra ellos. 

La negativa del PNV a apoyar una moción de censura y el registro de la empresa vasca Tubos Reunidos por la UCO han coincidido en el tiempo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado a registrar esta emblemática compañía por orden del juez Pedraz de la Audiencia Nacional. Será una coincidencia, por supuesto, pero no es raro que a algunos les pueda sonar a relación causa efecto. Sobre todo porque inmediatamente Alma Ezcurra del PP lo ha usado como si fuera consecuencia una cosa de la otra, con ese aire de superioridad que presume su influencia en las actuaciones judiciales. 

Se trata de minar los puentes con amenazas, como la que lanzó Feijóo a los empresarios catalanes. “No vengo a pedir favores”, comenzó, sin que se supiera muy bien finalmente a qué había ido. El equipo del líder del PP quedó muy satisfecho de las advertencias de su jefe, que interpretan como un síntoma de que él marca la agenda. Cada día pesa más la cruz con la que carga. Porque por mucho que desde algunos tribunales se le esté prestando una inestimable ayuda, al candidato le faltan ideas y capacidad para generar complicidad. 

Visto lo visto esta semana, el PP no quiere empujoncitos para mudarse a la Moncloa. Está seguro de que Sánchez no llegará a fin de año. Simplemente está recopilando argumentos, construyendo un relato a base de crear pruebas que sostengan el inevitable gobierno a medias con Vox.  Hay que justificar que la cuarta economía de la eurozona pone alfombra roja a la extrema derecha para llegar al poder. Cada uno lleva su cruz.

El papa pisa España. Y León XIV realiza su primera visita oficial con un mensaje muy centrado en las políticas de acogida de los migrantes y convertido en una de las figuras anti-Trump con más peso a nivel internacional. Un viaje a un país sumido en una gran polarización política y con unas derechas que se alejan del Vaticano en varias líneas clave marcadas por el pontífice.

El papa estará en España hasta el próximo día 12 y su viaje tendrá tres paradas. La primera de ellas es en Madrid, para luego desplazarse hasta Barcelona y Canarias. Esta última es la más buscada por el pontífice, ya que quiere implicarse de lleno en los temas de acogida, especialmente en lo relativo a las rutas migratorias hacia Europa. 

El Gobierno español se ha volcado con esta visita, empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa implicación se escenificará en varios actos, con el jefe del Ejecutivo recibiendo a León XIV y acompañándolo, por ejemplo, a la misa que se oficiará en la Sagrada Familia, en Barcelona. Será la primera vez que el socialista acuda oficialmente a una ceremonia litúrgica desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018, justo hace ocho años.

Sánchez tiene sintonía con el papa en varios temas esenciales a nivel internacional. Son dos de los rostros que representan políticas contrarias a Donald Trump. El presidente español visitó la semana pasada ya en el Vaticano a León XIV, justo en un momento en el que el Gobierno está llevando a cabo una regularización de migrantes, que supondrá legalizar a medio millón de personas que trabajan en el país.

Además, el presidente del Gobierno también estará en Canarias junto al papa, un desplazamiento que no estaba previsto en el primer programa de la visita. Sánchez irá el jueves al encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que las atienden en el muelle del puerto de Arguineguín (Gran Canaria).

Sánchez encuentra en esta visita del papa una tregua dentro del complicado panorama político interno, marcado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y por el levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez, que ha llevado a la UCO a acudir a la sede socialista de Ferraz para requerir información por orden del juez Santiago Pedraz, que está investigando una trama, liderada por Santos Cerdán, que supuestamente trató de influir en los procesos judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE.

Asimismo, Sánchez y León XIV coinciden en el discurso a favor de la paz en mitad de un mundo tambaleándose por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, de la mano de Benjamin Netanyahu, ha atacado a Irán, al margen de las normas del derecho internacional. Asimismo, el papa se ha mostrado contrario al genocidio perpetrado por Israel en Gaza.

En el Gobierno no ocultan que la visita del papa servirá para cambiar el discurso público dominado por el momento por los procesos judiciales en torno a los socialistas y que volverá a servir para marcar el perfil de Sánchez en el plano internacional. Y también este viaje de León XIV pondrá frente al espejo al Partido Popular y a Vox, que cada día radicalizan más sus posturas sobre la migración, en mitad de los pactos a nivel autonómico para incluir la “prioridad nacional”. Ese concepto xenófobo ya ha sido incluido en los acuerdos de investidura de Extremadura, Aragón y Castilla y León, además del firmado en la Comunidad Valenciana para aprobar los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca. 

A pesar del fervor del PP de Madrid por la llegada del papa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó duramente en la última sesión de control en la Asamblea regional el proceso de regularización de migrantes y acusó al Gobierno central de buscar alterar el censo electoral e “importar pobreza masiva”.

La visita de León XIV se produce también semanas después de la alta tensión que se ha vivido entre Vox y la propia Iglesia. El líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, llegó a decir durante la campaña electoral de Aragón que hay obispos que se “enriquecen con la inmigración”. Este partido ha puesto en su punto de mira a Cáritas y ha amenazado con retirarle las ayudas, aunque el Partido Popular ha negado que esta medida forme parte de sus acuerdos.

Es muy significativo, en este sentido, que el papa visite este mismo sábado el centro Cedia, de Cáritas, en el madrileño barrio de Lucero. Un mensaje muy claro de apoyo a esta organización y a su labor de referencia para atender a personas en situación de sinhogarismo en la capital de España. Es un espacio que trabaja 24 horas al día y al que pueden acudir las personas en situación de emergencia. 

El portavoz episcopal, César García-Magán, respondió a las críticas de Vox por supuestamente enriquecerse con la migración de esta manera: “Esas declaraciones no solamente no obedecen a la realidad de los hechos, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica porque no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso, en un ámbito de injuria. Afirmar que hay enriquecimiento donde no lo hay entra en ese ámbito”.

En el Gobierno, en cambio, ponen el acento en otros asuntos en los que han llegado a acuerdos con la Iglesia como la inmatriculación de los bienes inmuebles, el fin de algunas ventajas fiscales y la reparación de víctimas de abusos por parte del clero. Aunque sigue habiendo temas en los que hay una profunda división como el aborto y la muerte digna.

Precisamente, el Congreso debatirá el próximo jueves, tres días después de recibir al papa,  una proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales. Es una propuesta que llega directamente desde el Parlament de Catalunya y que está apoyada por el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. Un texto que va de la mano de las entidades que defienden el derecho a la muerte digna y que se debate en la Cámara Baja después del caso de Noelia Castillo, cuya eutanasia se retrasó dos años por los recursos interpuestos por su padre junto a asociaciones ultracatólicas.

España recibe al papa. Y lo hace con el máximo despliegue. Por las calles se desplegarán más de 23.500 agentes de seguridad y las autoridades prevén la asistencia de más de 600.000 personas a los actos multitudinarios. Se espera incluso que a la misa de Cibeles acudan hasta un millón y medio de fieles. Una visita histórica. 

Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.

Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.

Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.

Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acuerdo replica ese criterio con requisitos de arraigo en la comunidad y en España.

Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda, servicios sociales y parte de la política de ayudas, pero no pueden usarlas para vaciar derechos reconocidos por la legislación estatal de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad.

Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio más a aplicar dentro de un baremo, en el que “el arraigo” es uno más, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad, o el hecho de ser familia numerosa. Así, todos los presidentes autonómicos han negado que se trate de establecer una preferencia general por ser nacional. Y, aunque usar el empadronamiento como criterio de baremación es legal, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 7 de mayo que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social y de inserción laboral constituía una “discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional” al analizar un caso italiano.

Las tres comunidades también incluyen de forma expresa la exclusión de las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales "estructurales", limitándolos a supuestos de urgencia vital. Pero la Ley de Extranjería establece que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y, por tanto, una comunidad autónoma no puede impedirlo.

Los tres acuerdos también rechazan la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas que se aprobó esta legislatura en el Congreso y plantean impedir nuevas plazas, reducir gasto y favorecer retornos. En los tres casos se asegura que no se facilitará la acogida de estos menores y se comprometen a “trabajar” para devolverlos a sus países de origen. Sin embargo, las comunidades autónomas no son las que deciden sobre traslados ni sobre las devoluciones. 

Las autonomías son las encargadas de gestionar la protección de menores y de administrar los centros, la tutela y los recursos de acogida. Pero inmigración, extranjería, asilo y relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, como le ha recordado el PP al presidente Pedro Sánchez en distintas ocasiones desde que ejerce el cargo.

La Ley de Extranjería permite que las comunidades firmen acuerdos con países de origen para favorecer la atención e integración social de menores en su entorno de procedencia, pero no les da poder para ordenar repatriaciones ni para desobedecer los mecanismos estatales de derivación cuando estén previstos legalmente. Una comunidad autónoma puede recurrir ante los tribunales o reclamar financiación, pero no bloquear por sí sola un reparto obligatorio aprobado en la Cámara Baja.

Los tres acuerdos también proponen reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que quien no tenga título habilitante de ocupación de una vivienda no pueda empadronarse válidamente ni usar el padrón para acceder a derechos o prestaciones. Pero los propios pactos también reconocen que no pueden hacerlo sin modificar una ley estatal. Las autonomías sí pueden crear unidades antifraude, coordinarse con ayuntamientos o revisar el acceso a ayudas si hay falsedad documental, pero no alterar la naturaleza del patrón.

El padrón municipal se rige por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y por instrucciones estatales de gestión padronal. El criterio vigente es que el padrón debe reflejar dónde vive realmente cada persona, aunque no es un registro de propiedad ni un instrumento para controlar la legalidad de la ocupación de una vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recordado que el control de la permanencia de extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, no a los ayuntamientos a través del padrón.

Además, los tres pactos prometen aplicar de forma firme el desahucio exprés y reforzar la protección a propietarios afectados por ocupaciones. La comunidad puede financiar asistencia jurídica, oficinas de apoyo, ayudas a víctimas o convenios con colegios de abogados, pero no modificar por sí sola los plazos judiciales, las causas de desalojo ni las reglas procesales. La legislación procesal, civil y penal corresponde al Estado. 

Los tres acuerdos plantean prohibir el burka y el niqab, al menos en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, después del fracaso de las propuestas de Vox y el PP en el Congreso por falta de apoyos. En los pactos, se limita la medida al "ámbito de sus competencias", pero se puede producir un choque jurídico si se atiende a los antecedentes. 

En el año 2013, el Tribunal Supremo anuló en 2013 la prohibición del velo integral aprobada por el Ayuntamiento de Lleida porque limitaba la libertad religiosa y porque una administración territorial no podía restringir un derecho fundamental sin una ley previa suficiente. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Esa doctrina no impide cualquier regulación de identificación en casos concretos —por ejemplo, controles de seguridad o trámites administrativos donde sea imprescindible identificar a una persona—, pero sí dificulta una prohibición general y preventiva basada en convivencia, igualdad o seguridad. Si una comunidad quiere regular el acceso a edificios autonómicos, tendría que hacerlo de forma proporcionada, neutral, ligada a necesidades concretas de identificación y sin convertirlo en una prohibición general del símbolo religioso. 

Hasta la fecha, el tribunal europeo ha rechazado los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que esgrime el PP para prohibirlo, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo, podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad”.

En los recientes acuerdos impulsados por PP y Vox, el Pacto Verde está muy presente. Entre sus medidas, abogan por un "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", de protegerlo "de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", y también defienden rechazar el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo es una estrategia política de la Comisión Europea -institución presidida por la conservadora Ursula Von der Leyen- para transformar la economía, la energía, el transporte y la industria hacia un modelo más sostenible. La propia Comisión lo vincula con la Ley Europea del Clima y con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La clave jurídica está en que parte de ese paquete ya es derecho vinculante. Por ejemplo, el Reglamento Europeo del Clima obliga a la UE a alcanzar emisiones netas cero en 2050 y exige a instituciones y Estados miembros adoptar las medidas necesarias. Además fija una reducción neta de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990. Los reglamentos europeos son "obligatorios en todos sus elementos" y "directamente aplicables" en los Estados miembros.

El pacto extremeño promete "blindar" la continuidad de la central nuclear de Almaraz y acompaña esa promesa de la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica. La Junta de Extremadura puede modificar o suprimir tributos propios si respeta la ley y aprueba los cambios presupuestarios correspondientes, pero no decidir por sí sola su continuidad. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030.

Las instalaciones nucleares están sometidas a autorizaciones estatales, con intervención del ministerio competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. También la planificación eléctrica corresponde al Estado, con participación autonómica, pero no con decisión final autonómica. 

El acuerdo de Aragón exige al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad común para toda España, la misma petición que han trasladado de manera recurrente las comunidades del PP. Sin embargo, el diseño básico del sistema de acceso y la igualdad de condiciones en todo el Estado dependen de normativa estatal. Y, por tanto, Aragón no puede implantar unilateralmente una EBAU única nacional.

Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.

El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León no es, sin embargo, una simple reedición del pacto firmado en 2022. Es un pacto “más detallado”, como han repetido el actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, en varias ocasiones, y también más ideológico. Si aquel primer entendimiento que convirtió a Mañueco en el primer presidente autonómico del PP en gobernar con la extrema derecha se limitaba a 11 ejes y 32 medidas, el documento acordado este miércoles tiene 62 páginas, 19 bloques programáticos, plazos de ejecución y un reparto de poder que devuelve a Vox al Consejo de Gobierno con una vicepresidencia primera y tres consejerías.

Aunque el acuerdo de 2022 hablaba de "inmigración ordenada", de "educación libre de adoctrinamiento" y de "violencia intrafamiliar", conceptos utilizados por Vox de manera habitual, el de este miércoles asume la "prioridad nacional", los "menores no acompañados" las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el nicab, la revisión de "leyes ideológicas", el  rechazo a la Agenda 2030 y el blindaje del campo frente al Pacto Verde europeo. La agenda de Vox condensada en un documento.

El nuevo Ejecutivo tendrá 11 integrantes, según avanzó el propio Mañueco. El PP retiene la Presidencia, una vicepresidencia segunda y seis consejerías —Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial— . A esto se suma que la vicepresidencia segunda del PP asumirá Vivienda, Despoblación y Protección Civil. En cuanto a Vox, volverá a tener la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero también Política Ambiental, además de hacerse cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte y la nueva área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, asume más competencias, desgajadas de las siete consejerías del PP.

La “prioridad nacional”, el “criterio inspirador”

La principal cesión del PP a Vox pasa por asumir la “prioridad nacional” y dejar que sea Vox quien asuma las competencias migratorias, aunque Mañueco lo intentó rebajar al defender que es "el mismo texto" que en Extremadura y Aragón. Es más, la presentó como una "asignación prioritaria" vinculada a un "arraigo veraz y verificable". Según su explicación, será un "criterio inspirador" que habrá que ir desarrollando "medida a medida", siempre "dentro del ordenamiento jurídico y el marco legal". Es decir, el PP asume el marco de Vox, pero, como ya hicieron la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, lo vende como un sistema de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.

Mañueco, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, la asume como propia pese a que se trata de una exigencia de los ultras. En el documento se vincula al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, y también a vivienda protegida y alquiler social. De este modo, los conservadores aceptan ordenar los recursos públicos bajo una lógica de preferencia para quienes acrediten una vinculación previa con el territorio. Es asumir la consigna racista de ‘los españoles —o los castellanoleoneses—  primero”, que defiende abiertamente la formación de Santiago Abascal.

El hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla fue más claro. Polán situó la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y la vivienda y defendió que el acuerdo es "más amplio" y con "medidas concretas". También quiso despejar las dudas sobre la confianza entre ambos socios y aseguró que sí “se fía” de Mañueco tras las desavenencias del pasado, ya que la relación entre Fernández Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, no fue precisamente buena. El dirigente de Vox se marchó del partido en febrero del pasado año entre críticas a la cúpula de Abascal, a la que acusa de estar en política para enriquecerse.

Tras la ruptura del verano de 2024 por la reubicación de los menores migrantes, el PP da ahora más garantías programáticas a los ultras y un reparto de competencias diseñado para aplicar su agenda. Mañueco justificó la coalición como un instrumento de estabilidad pese a que durante la campaña abogó por gobernar en solitario. Ambas formaciones también se comprometen a aprobar presupuestos anuales durante toda la legislatura.

Vox diseñará la política migratoria, las ayudas sociales y medidas medioambientales

Pollán precisó que todavía no está cerrada la consejería que quedará adscrita a la vicepresidencia, pero sí apuntó algunas de las competencias que manejará Vox: inmigración, cooperación al desarrollo, juventud, caza, pesca y cultura. Así, la extrema derecha no sólo conserva dos espacios clásicos de su agenda autonómica —campo y cultura—, sino que entra de lleno en el terreno social mediante una consejería de familia y ayudas sociales.

En inmigración, la victoria de Vox es especialmente visible. El acuerdo incluye el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de inmigración irregular, pruebas de determinación de edad, supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", auditoría anual de gastos vinculados a la "inmigración masiva", prohibición de abrir nuevos centros de acogida y endurecimiento del régimen interno de los centros de menores. La comunidad tiene competencias limitadas en la materia, pero Vox consigue convertir esa limitación en un frente político contra el Gobierno central.

En el campo, la extrema derecha también sale reforzada. El acuerdo habla de "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", rechazo al acuerdo UE-Mercosur, oposición a "imposiciones de Bruselas" y del Pacto Verde, simplificación de Red Natura 2000, protección de ganaderos frente al lobo, defensa de la caza y promoción de la pesca. Todo ello queda conectado con una consejería de Vox que suma agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental. Es uno de los principales saltos respecto a 2022: la extrema derecha pasa de influir en el discurso rural a disponer de un área más amplia para desarrollarlo desde el Gobierno.

El reparto también muestra una negociación clave en materia ambiental. El PP conserva Medio Ambiente y Energía, y con ello mantiene bajo su control las competencias más sensibles de incendios y energía. Pero, a su vez, Vox incorpora "Política Ambiental" a Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Ninguno de los dos dirigentes concretó qué competencias tendrán cuando fueron inquiridos por la prensa y simplemente señalaron que habrá “reajustes competenciales". Según explican fuentes del PP, la fórmula permite a Mañueco retener el mando institucional sobre incendios tras lo ocurrido el pasado año, pero concede a Vox un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

En cultura, Vox recupera otra de sus grandes obsesiones ideológicas. El documento incluye la defensa de tradiciones, la promoción del español, la mejora de plazas de toros rurales, la organización de novilladas y la Ley de Concordia. A eso se suma el compromiso de revisar entidades públicas y normas que el texto califica como "ideológicas". La apelación genérica de 2022 a una historia "integradora" se convierte ahora en una agenda concreta para sustituir el marco de memoria democrática por el de "concordia".

Tras Castilla y León es el turno de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que intenta marcar distancia con Mañueco, Guardiola y Azcón. Su línea roja, por ahora, es gobernar en solitario y buscar un acuerdo parlamentario, no una coalición. El presidente andaluz considera que el resultado le da "margen de maniobra para gobernar en solitario" y que "no tendría sentido" que Vox buscase un sillón, aunque asume que tendrá que pactar su investidura. Desde las pasadas elecciones del 17 de mayo, tanto él como el PP-A han evitado hablar de negociaciones con los ultras.

Vox, sin embargo, está trasladando a Andalucía la misma presión que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "prioridad nacional", campo, inmigración y control del gasto. Vox ha dejado claro que no quiere "regalar" la investidura y los conservadores andaluces buscan desligar su negociación del resto de comunidades, alegando que el PP está a sólo dos escaños de la absoluta y que Vox apenas creció respecto a 2022. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento andaluz y será la primera prueba del entendimiento (o la falta de él) entre ambos.

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

El concepto de 'prioridad nacional' para el reparto de ayudas públicas en Castilla y León actuará de "criterio inspirador" del acuerdo de gobierno firmado este miércoles entre PP y Vox, que también recoge un "rechazo frontal" a la inmigración ilegal y en concreto a la acogida de menores extranjeros no acompañados.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura el próximo martes 9 de junio, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado en la presentación de este acuerdo, similar a los de Extremadura y Aragón, que asume este concepto acuñado por Vox, aunque condicionado a que sea legal y como "criterio inspirador".

Acompañado del futuro vicepresidente primero de su gobierno, Carlos Pollán (Vox), Mañueco ha defendido la 'prioridad nacional' como una "asignación prioritaria" de ayudas a personas con un "arraigo real y verificable".

Por su parte, el representante de Vox ha sostenido que esas ayudas de vivienda y otras sociales se dirigirán a las personas que tengan "arraigo" en esta comunidad porque "son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta", en detrimento de aquellas que no puedan demostrar que llevan diez años empadronados en España si quieren comprar o cinco años para alquilar.

Este punto era uno de los que quedaban por definir y finalmente PP y Vox repiten el esquema aplicado en Aragón y descartan seguir el paso de Extremadura, donde el empadronamiento debe ser en la propia autonomía, sin ampliarlo a personas empadronadas en otras autonomías españolas.

Mañueco ha matizado que el Gobierno irá aprobando "medida a medida" y garantiza que la 'prioridad nacional' se ajustará "al ordenamiento jurídico y el marco legal" vigente.

Sobre el tema que detonó la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones en julio de 2024, el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, Mañueco ha señalado que esta comunidad ya está "por encima" de su capacidad para acoger más migrantes menores de edad, lo que se plasma en el documento en el enunciado: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)".

"Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos", ha argumentado Mañueco, quien ha defendido la coincidencia con Vox en el "no a la actual política" del Gobierno central, lo que ha ratificado Pollán con referencias al "plan de choque contra la política migratoria de Pedro Sánchez".

Sobre otra de las cuestiones que generaron polémica la pasada legislatura, PP y Vox han acordado retomar la aprobación de una ley de concordia en la comunidad, después de que en 2024 el texto que elaboraron ambas formaciones fuese rechazado en las Cortes tras la ruptura de su pacto, que llevó a los populares a votar en contra de su toma en consideración pese a que era el previamente acordado.

Según el documento, ambos se comprometen a aprobar, antes de junio de 2027, una proposición de ley de concordia, es decir, que la norma estará impulsada por los dos grupos parlamentarios y no por la Junta de Castilla y León a través de un proyecto de ley.

Finalmente, el acuerdo incluye reducir a la mitad las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública desde el primer presupuesto que se apruebe (2027), algo que en la pasada legislatura ya generó un choque constante entre gobierno y sindicatos, que lo llevaron incluso a los tribunales, que les dieron la razón.

Sobre la estructura del futuro gobierno, llama la atención la existencia de dos Vicepresidencias, una Primera que gestionará Vox con una Consejería asignada —aún por definir— y otra Segunda asumida por el PP, que no tendrá una cartera específica pero sí amplias competencias que actualmente son parte importante de Consejerías —Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil—.

El reparto de consejerías y competencias es el siguiente:

PP:

- Presidencia de la Junta de Castilla y León.

- Vicepresidencia Segunda. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.

- Consejería de la Presidencia.

- Economía y Hacienda.

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

- Medio Ambiente y Energía.

- Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial.

- Sanidad y Bienestar Social.

- Educación.

Vox:

- Vicepresidencia Primera. Llevará asociada una consejería, pero aún sin concretar.

- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Incluye competencias en Caza, Pesca y Política Ambiental, pero no gestión de incendios.

- Cultura, Turismo y Deporte.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

El mismo Partido Popular que no quería desplazar “el foco” sobre los casos que afectan al PSOE, es el que saca a colación cada vez que puede la posibilidad de encabezar una moción de censura. Este lunes, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien volvió a aludir a esta cuestión en una entrevista en Telecinco, en la que trató de presionar de nuevo a PNV y a Junts, a los que ofreció una salida "instrumental" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, formar un Gobierno en solitario del PP y convocar elecciones.

El líder popular aseguró que el único objetivo de ese Gobierno de transición en solitario sería “limpiar las instituciones” y aseguró que llevaría a cabo reformas —entre ellas sobre la televisión pública y el CIS— , aunque no precisó cuánto tiempo necesitaría para hacerlo, y que después disolvería las Cortes para adelantar los comicios. “184 diputados estamos pidiendo elecciones. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, afirmó el conservador. Feijóo, en su cuenta, incluye a los diputados que han reclamado el final de la legislatura, pero eso no equivale a una mayoría dispuesta a investirle. 

El líder del Partido Popular también insistió en la idea de que "para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno” después de que los aliados del Ejecutivo hayan rechazado de manera sistemática cualquier acuerdo que pase por la extrema derecha. Ahora, los de Santiago Abascal han dejado claro que ellos apoyarán una moción aunque no entren en ese eventual Ejecutivo, pero para PNV y Junts eso no es garantía de que no vayan a influir. Las dos formaciones son conscientes de que precipitar una operación de este calibre tendría costes en su electorado, aunque también creen que el inmovilismo tampoco les beneficia.

Pese a repetir que él está “dispuesto a todo” para desalojar a Sánchez de La Moncloa, Feijóo no se comprometió a presentar la moción si no tiene los números para ello, a diferencia de lo que hizo Sánchez hace ahora ocho años, sin tener atados los apoyos del PNV. En ese sentido, planteó que la encrucijada no la tiene el PP sino los socios del Gobierno, que deberían dar ese paso por "decencia" y confesó que era “optimista” porque en los últimos días ha percibido “movimientos” en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. “Esta legislatura está exhausta y no da más de sí”, planteó el líder de la oposición. “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión", zanjó.

Las palabras de Feijóo buscan calmar a los que, dentro de su partido, consideran que deben hacer “algo más” que quejarse de la “corrupción del PSOE”. En privado, sin embargo, fuentes de la dirección reconocen que cuanto más se prolongue la crisis socialista, más margen tendrá la derecha para desgastar a Sánchez y menos dependerá de Vox. "Tiene que cocerse entre investigaciones, declaraciones y sentencias", resumen fuentes populares. Lo que pretende Génova es que ese deterioro termine trasladándose al ánimo del electorado progresista de cara a las próximas generales y que esa abstención beneficie al bloque de la derecha “que ya está ultramovilizado”, apuntan las citadas fuentes. 

De puertas hacia afuera, todos los dirigentes del PP, incluidos los dirigentes territoriales, reclaman elecciones públicamente, pero también trabajan con la hipótesis de que una moción ahora obligaría a Feijóo a exhibir sus costuras. Necesitaría a Vox, pero también a PNV o Junts. Es decir, a fuerzas incompatibles entre sí, aunque sea por poco tiempo. En cambio, dejar que Sánchez resista en minoría, rodeado de investigaciones y con sus socios marcando distancias, consideran que permite al PP presentarse como la única alternativa de Gobierno sin tener que formalizar todavía una alianza parlamentaria imposible.

La moción, por tanto, sirve para elevar la presión sobre Sánchez, incomodar a sus socios y responder al sector del PP que reclama más contundencia. A ello se le suma que, en los últimos días, el debate interno se ha acelerado en Génova ante la preocupación de que, si el PP no capitaliza el desgaste del Gobierno, sea Vox quien recoja el malestar. Así lo verbalizó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Ràdio el pasado miércoles en la que dijo que lo que está ocurriendo beneficia a los que “venden recetas fáciles a problemas complejos”, en referencia a Vox y Aliança Catalana.

En paralelo, en las propias filas del PP han circulado otras fórmulas para tratar de hacer caer a Sánchez antes de 2027, el horizonte temporal que el presidente del Gobierno se ha marcado y que implica agotar la legislatura. Una de ellas es la que defendió el exministro José Manuel García-Margallo este mismo lunes en un vídeo publicado en X. Defendió una moción de censura instrumental impulsada por el PP, pero encabezada por un perfil “políticamente neutro y moralmente irreprochable”, aunque no citó nombres. Así, según Margallo, se sortearía el rechazo que provoca Feijóo en los socios nacionalistas y se reduciría el coste de una mayoría en la que coincidieran PNV o Junts.

No es la primera vez que esta posibilidad salta al debate público. En octubre de 2025, Junts ya amagó con una moción de censura que no tuviera a Feijóo como candidato y exploró la idea de un nombre alternativo o independiente para desalojar a Sánchez. Entonces, el PP evitó entrar en el debate y lo calificó como "política ficción". Ahora, fuentes de Génova son aún más tajantes y consideran esa vía una "majadería". No se abren ni siquiera a estudiarlo a no ser que los independentistas catalanes se lo planteen como condición. "El problema de España es Sánchez, no Feijóo", resumen en la dirección popular.

La negativa tiene una lógica interna. Aceptar un candidato alternativo supondría admitir que Feijóo es un obstáculo para articular una mayoría contra Sánchez. Y esa conclusión sería letal para su liderazgo, ya de por sí deteriorado según las encuestas, que apuntan a que el líder del PP no logra fidelizar a sus propios votantes. Por eso Génova prefiere mantener viva la amenaza de la moción, presionar a los socios del Gobierno y dejar que la crisis socialista siga avanzando, pero sin abrir una negociación que pueda acabar cuestionando al propio jefe de la oposición. 

Lo que sí quiso dejar claro este lunes Feijóo es que no quiere gobernar con la extrema derecha a nivel nacional porque, a su modo de ver, un Ejecutivo de coalición “siempre tiene más dificultades y tensiones internas”. En el PP admiten que “los tiempos de las mayorías absolutas han pasado” y que pactarán si hace falta, pero quieren evitar que Santiago Abascal sea su vicepresidente, emulando la fórmula del PSOE y Sumar. 

Por eso buscan que el “equilibrio de fuerzas” entre ambos les beneficie ya que, como apuntó el expresidente José María Aznar hace solo unos meses, es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar", según planteó en un acto el pasado marzo junto al exministro Jaime Mayor Oreja.

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60", que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que lo primero sería muy problemático para el partido de Alberto Núñez Feijóo. En Génova coinciden plenamente.

Un mes antes, Feijóo admitió que si los electores le enviaban "otro mensaje" tendría que "matizar" su posición. Y ese ha sido, de nuevo, el mensaje que lanzó este lunes el líder de la oposición en la citada entrevista. Así, aseguró que serán los españoles los que “decidirán con su voto” si quieren que la extrema derecha forme parte del siguiente Ejecutivo, aunque su planteamiento sigue siendo intentar gobernar en solitario. Una máxima que no aplica a los gobiernos autonómicos, ya que, tras pactar en Extremadura y Aragón, el acuerdo para gobernar en Castilla y León “es inminente”, según avanzan fuentes de Génova.