Es un partido político sin criterio, sin discurso constructivo, una agrupación destructiva que está preparando el pucherazo contra España con mentiras, bulos y embeleques.

Feijóo fue nombrado por la gracia del “dedo del ayusismo”, sin democracia interna. No tiene programa o proyecto político para la nación española. Solo le queda obedecer las órdenes de los ultraliberales y poderes fácticos, que lo ven como un ignorante y analfabeto político manejable por el poder y el dinero. Entre tanto, llega Aznar rebuznando y le exige que se acabe el flirteo con Junts y da orden de atacar desde todos los frentes antidemocráticos españolistas "del que pueda hacer que haga". Pide que dejen vaguear y nada de romances (tirón de orejas a Feijóo y Tellado) con Puigdemont y mucho amorío con el fascismo del nacionalcatolicismo por dinero y sin problemas. Ya están los amiguísimos íntimos o los colaboracionistas patriotas que llenan el cepillo de la cueva de Alí Babá del PP, como durante los años gloriosos del régimen, de la Gürtel y la Kitchen (ocho años de policía patriota fuera de la ley con M. Rajoy y Feijóo desde Galicia).

Feijóo sigue sesteando, se cree que será un paseo militar alcanzar el poder y que puede prohibir a más de 300.000 españolas y españoles del exterior, descendientes de los represaliados y amenazados de muerte, el derecho universal a votar libremente. Desde la prensa derechas no dicen ni mu y le han ordenado que, cuando hable, no se equivoque con lo que le escriben los plumillas al servicio del PP; que se limite a leer, como hacía en aquella radio de los insultos y los pecados, cuando se le vio leyendo hasta las respuestas, con un discurso hueco y vacío que le habían preparado. A los del PP se los ve derrotados; se los ve perdedores. Así lo expresó Isabel Díaz Ayuso desde el púlpito de la mentira y los bulos, tratando de calmar al rebaño conservador y neoliberal y faltando al respeto a todo el funcionariado y al cuerpo diplomático de las embajadas españolas, como si fueran compinches por reconocer a españolas y españoles la nacionalidad a la que tienen derecho, inscribirlos en el Registro Civil e incorporarlos al censo electoral español conforme a la ley.

Isabel Díaz Ayuso nos adeuda, además, explicaciones sobre su entorno familiar, la Formación Profesional y las residencias de mayores; sobre la Fórmula 1 y sus costes; sobre quién pagó la parranda en la Riviera Maya, y sobre por qué no invierte en climatizar los centros públicos de enseñanza.

Es evidente que los poderes fácticos están muy enfadados. La jugada de cambiar el Gobierno de España desde los tribunales y juzgados no funciona; desde los despachos, menos aún; y tampoco lo consiguen con editoriales incongruentes y repletas de bulos. Esos que pisan moqueta, sin presentarse a las elecciones generales, ven que han fracasado por mucho dinero que tengan. La democracia no se vende, aunque el PP esté vendiendo España a trozos: empezaron en Extremadura y ahora quieren rematar Andalucía, sin decencia.

El Gobierno progresista que lidera Pedro Sánchez y su Consejo de Ministras y Ministros no se rinde ni está derrotado. Está vivo y sigue haciendo política progresista en favor de las españolas y los españoles.

Aznar, Ayuso, Tellado y Feijóo no pudieron descorchar el cava que algunos consejos de administración habían reservado para celebrar la vuelta de las derechas y los ultras al Gobierno central. El Congreso de las Diputadas y los Diputados lo dijo claro: con Feijóo, NO; y NO es NO.

¿Quién manda en el PP, además de Vox? Es evidente que Feijóo no manda solo. El dedo que lo nombró sigue rondando, el viejo camisa azul continúa sermoneando y, mientras tanto, el visto bueno de las fuerzas ocultas se tambalea en privado.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Voy a cumplir 77 años, llevo jubilado desde el año 2014 y desde hace algo menos de una década incorporando en mi memoria el horror que la retórica de odio actual utiliza la propaganda para pintar a un grupo vulnerable como una "amenaza social" o como "enemigos", un proceso sociológico similar al que empleó el aparato nazi para estigmatizar a minorías. De facto, vivo como un jubilado espantado, con mucho miedo.

Antes de mi jubilación, como responsable de la Protección a la Infancia en Salamanca, mi obligación —y la de los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, la Fiscalía de Menores, Cruz Roja, las familias acogedoras…— era la de aplicar, lo más rigurosamente posible, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), además de la normativa de Protección a la Infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor) y toda la desarrollada por entonces por la JCYL (Junta de Castilla y León)… ¡Ojo al acrónimo!

En ese contexto en el que trabajábamos utilizábamos el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) de manera tan natural como utilizamos los miles de acrónimos que nos facilitan la comprensibilidad en nuestra lectura diaria y, más aún si cabe, en el ámbito profesional. Jamás tuvimos discrepancias y, mucho menos, confrontación alguna en torno al acrónimo que identificaba el tipo de menor con el que trabajábamos. Del mismo modo, si se me permite la comparación, utilizamos sin dificultad ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) o cualquier otro acrónimo que se nos ocurra: ONCE, UNED, ONU, ACNUR, DGT...

MENA servía para activar la maquinaria del Estado del bienestar y la colaboración con entidades del tercer sector. Era un término que generaba expedientes de tutela, plazas de acogida y matrículas escolares; no titulares de sucesos violentos destinados a alimentar una retórica de odio que transforma a un grupo vulnerable en una supuesta “amenaza social”. Un proceso sociológico similar al utilizado por el aparato nazi para estigmatizar a minorías ante una “sociedad espectadora” que termina absorbiendo, cautivado por el avance de los discursos radicales, la hostilidad contra la infancia migrante.

Hoy, el acrónimo se ha "infestado". Ha sufrido un proceso de estigmatización y deshumanización. El lenguaje técnico ha sido secuestrado hasta convertirse en una etiqueta pseudopolítica, un insulto y un arma arrojadiza. El resultado tiene, al menos, dos efectos dramáticos: en el lenguaje administrativo, social y político se “huye” ya del acrónimo MENA y, para una gran parte de ciudadanos, es el cartel que identifica a violadores y ladrones. Para grupos supremacistas y de corte neonazi actuales la figura del MENA representa el chivo expiatorio para canalizar frustraciones socioeconómicas estructurales de una parte de la juventud.

Existe un instante preciso en el que el lenguaje administrativo deja de servir a la justicia y comienza a alimentar a la bestia. Cuando utilizábamos las siglas MENA en Protección a la Infancia, junto con entidades como Cruz Roja, lo hacíamos para delimitar un terreno puramente técnico y protector. Todavía no había aparecido Vox ni la extrema derecha europea tenía la presencia social que hoy tiene. Dos décadas después, aquel acrónimo se ha convertido en una auténtica peste social.

La retórica contemporánea ha secuestrado la etiqueta técnica para extirparle la condición de infancia. Al transformarlos en siglas, les quitamos el rostro, el miedo y la condición de hijos de alguien; los convertimos en un concepto aséptico al que resulta más fácil odiar, replicando los peores ecos de la deshumanización burocrática del pasado.

En esas estamos, mientras al menos 1.342 menores (según datos oficiales) deambulan por Ceuta, buscando qué comer y durmiendo en la calle, en los montes, en los parques, mientras las administraciones, tras una semana sin tener claro qué hacer, deambulan por los despachos. Sólo Vox parece que lo tiene claro y hace un llamamiento a la población: “Cuando ves amenazado lo tuyo, tu zona de confort, tu familia, tus hijos, tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Que cada uno defienda a su familia con todo lo que tenga en su mano. Con un palo y con lo que sea”.

El veneno avanza y crece de manera alarmante. Una parte importante de la población, inoculada por ese discurso, termina borrando la condición de niño: porque ya no es un niño, es un maldito MENA. Se ha logrado vaciar el acrónimo de su significado originario y eliminar con ello la empatía. Se ha conseguido despojar al niño de su condición de infancia, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de sus derechos.

Victor Klemperer en su obra Lingua Tertii Imperii (LTI, La lengua del Tercer Reich) nos muestra cómo el nazismo transformó el idioma para normalizar la crueldad. No necesitamos acudir únicamente a Klemperer para recordar las consecuencias físicas de la brutalidad nazi; podemos hacerlo también desde la lingüística. Los nazis emplearon acrónimos y jerga burocrática para deshumanizar a los colectivos que pretendían perseguir, conscientes de que transformar a seres humanos en categorías y siglas facilitaba el camino para despojarlos de sus derechos.

El Gobierno tiene en sus manos la dignidad de un país. Pero esa dignidad es especialmente frágil. Los 1.342 MENAs que deambulan por Ceuta se pueden romper en cualquier momento. Deberían estar ya en los centros de protección a la infancia de las comunidades autónomas. No hay espacio para ninguna “reflexión”, si los gobiernos autónomos de PP y Vox se niegan a recibir a los MENAs, la Fiscalía tiene que actuar de oficio y exigir el cumplimiento de la ley.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Las olas de calor que azotan Europa se han cobrado miles de víctimas mortales, bienes inmuebles, bosques, reservas naturales, plantas y animales, incluyendo especies protegidas y endémicas. Sucesos tan graves nos hacen plantearnos cómo amortiguarlos en adelante. Todas las evidencias científicas auguran un futuro inmediato “ardiente” y de gran peligrosidad.

El cambio climático se ha producido por la acción humana, por la industria contaminante, el uso de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, los motores de explosión de los automóviles, la aviación y el tráfico marítimo que abastecen un mercado consumista, masivo, desigual, no sostenible e insolidario. Es la acción humana que organizan y distribuyen las élites políticas y económicas poderosas, que aplican la ideología neoliberal como si se tratara de una religión infalible y hegemónica.

En el Estado español se incumple la Ley de Montes. No se limpian ni desbrozan los campos y la disminución de los rebaños extensivos reduce el consumo de los pastos. El aumento no sostenible de los cultivos de regadío provoca la resecación de los suelos, la desaparición de humedales y la disminución de las aguas subterráneas.

Se plantan masas de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto, los pinos y otros, para proveer la pasta de papel. También se destinan plantas para procesar biodiésel. Los suelos de las ciudades suelen ser impermeables. Muchas zonas carecen de sombras y cuentan con un arbolado insuficiente, poco adaptado al clima y enfermo por la contaminación, la escasa renovación, las podas inadecuadas o los alcorques asfixiantes.

Los técnicos aconsejan repoblar los campos con cultivos adaptados, distribuidos en mosaico, donde alternen árboles y arbustos de distintas especies, realizar cortafuegos estratégicos y mantener reservas de agua en lugares sensibles donde el monte, las granjas y los hogares coexisten. Esa disponibilidad es un seguro de vida.

Los sistemas de alerta en materia de seguridad ciudadana deben mejorarse con nuevas tecnologías. La población carece de instrucción adecuada sobre las medidas preventivas y de evacuación en caso de riesgo grave. Los medios operativos de extinción de incendios deben coordinarse mejor desde un puesto de mando eficaz, jerarquizado, participativo, interdisciplinar y con un protocolo concreto. Los bomberos son insuficientes, están mal dotados, contratados temporalmente y mal pagados, y sus contratos no reconocen su profesionalidad, el alto riesgo y las penalidades, además de estar militarizados y continuamente amenazados.

Supone una aberración y un sinsentido que haya políticos incompetentes que nieguen el cambio climático o desvíen los fondos destinados a estos menesteres hacia tradiciones y acciones ultraconservadoras e insolidarias que fomentan el insulto, el odio, la discriminación, la violencia y las desigualdades. Me refiero particularmente a Vox y a los gobiernos del PP y Vox, presentes en diversas autonomías y bastantes pueblos. Si bien la desgana y el desvío de fondos hacia otros menesteres también se vienen produciendo en demasiadas instituciones políticas.

Irresponsablemente, muchos países destinan cuantiosos recursos a la industria de guerra, la OTAN y el rescate de bancos y sectores empresariales en crisis, sustrayéndolos de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. En adelante debemos desconfiar de la demagogia electoral y hacer política de base, además de impulsar movilizaciones vecinales, ciudadanas, feministas, sindicales y ecologistas por nuestro bienestar y nuestros derechos humanos.

No debemos dejarnos embaucar con miedos y amenazas, soportar corruptelas ni pensar que con el voto en la urna concluye la democracia. El fascismo crece y se renueva en sus formas, pero es tan embustero, miserable y criminal como siempre. No nos entretienen las comedias de enredos y los sainetes de los parlamentos y los medios de comunicación; preferimos, por su profundidad crítica y social y por su calidad artística, a los hermanos Álvarez Quintero.

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José Verdón Pérez es socio de infoLibre.

En los reinos de la demagogia hay muy poca distancia entre la medalla y la metralla, es decir, que los que lanzan sapos y culebras por la boca y dejan huellas de lobo en la arena política, luego se presentan como campeones de la democracia y del patriotismo. O sea que lanzan la piedra y esconden la mano, bailan la danza de la lluvia y luego venden paraguas. Se van a Ceuta, por ejemplo, le echan gasolina al fuego del racismo, le lustran de rodillas los zapatos al rey de Marruecos y cuando tienen la suerte —si es que esta falsa crisis migratoria de laboratorio les ha caído del cielo y no están en el ajo— de que se monte la marimorena en la frontera, se ponen el disfraz de Cid Campeador, se rodean de banderas y se ofrecen a resolver el problema que ellos, como mínimo, han ayudado a crear. Alguien mal pensado hasta llegaría a sospechar que el ruido de trifulca y reyerta es ideal para que no se oigan los escándalos de la Comunidad de Madrid, de los que los jefes de PP y Vox no dicen ni pío. 

Si tirar por elevación fuese deporte olímpico, los aspirantes de la derecha y ultraderecha a presidente y vicepresidente del Gobierno se llevarían el oro y la plata de calle, jugando al despiste de hacerle creer al público que compiten entre ellos, cuando, en realidad, son un equipo y se dan el relevo. Lo demás, es puro teatro: sus continuos aspavientos acaparan titulares; sus exageraciones siembran el pánico; su lenguaje va casi siempre de lo histriónico a lo hiperbólico, a menudo cruzando la frontera del insulto, que esa sí que debería de estar cerrada, y haciendo sonar tambores de guerra para dar la impresión de que estamos en una batalla del bien, que representan ellos, y el mal que encarnan la izquierda y Pedro Sánchez. Así que salen a esos escenarios de dios con la guitarra en llamas y arengan a las masas con muletillas ideológicas y mensajes apocalípticos, llevando las cosas tan lejos que hasta allí sólo les puedan seguir los más radicales, los más sugestionables o los más asustados. A veces, quien avisa de que viene el lobo es él.

Que viene Vox, repican las encuestas, y ya hay gente que maniobra para ponerse a su servicio. Su líder ahora vuelve a invocar la Constitución, que estos personajes usan como el Kama Sutra de las imposturas, para pedir que se aplique el artículo 102 y se eche a sartenazos de La Moncloa a Sánchez, por traidor. La verdad es que quien se parece más a un traidor es el propio Abascal, obediente correveidile y eco de Washington y Rabat y siempre dispuesto a hablar mal de España en cualquier sitio donde le pongan un micrófono delante. Este hombre y su socio Feijóo, sin embargo, no son buenos oradores, y cuando quieren pintar un panorama sombrío les sale el eccehomo de Borja. Y tampoco se dan maña con las matemáticas, porque proponen cosas para las que no tienen escaños, de manera que no es que se acerque el enemigo, sino que ellos tiran fuegos artificiales.

Qué parecidas suenan también las palabras “salvadores” y “salteadores”.

El pasado 2 de agosto, Radio France Internationale (RFI) dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Sin embargo, ese programa fue aprovechado por uno de los invitados, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, para atacar al Gobierno, a Pedro Sánchez y a la izquierda española en general con bulos, desinformaciones y exageraciones.

Durante la emisión, la directora del programa llegó a referirse a Marichalar en dos ocasiones como “coordinador de la Asociación Española de Mujeres Juristas”. Sin embargo, el aristócrata no solo no ostenta ese cargo, sino que no tiene posibilidad alguna siquiera de formar parte de esa organización según sus propios estatutos. 

La confusión de Marie-France Chatin, que dirige el programa Géopolitique de RFI desde septiembre de 2008, no es de extrañar, ya que Marichalar utiliza el nombre de la asociación en casi todas las presentaciones públicas en las que participa. Un uso nada casual, ya que la AEMJ es una organización histórica con un pasado feminista en España. Por ello, funciona para maquillar las reivindicaciones de Marichalar como movimiento transversal o heterogéneo, insulso, quizás, feminista. La pregunta que cabe hacerse es si a la organización no le molesta que se haga este uso de su nombre. La respuesta se encuentra en el viraje que ha dado en los últimos años la AEMJ, que ha transitado a posiciones más conservadoras llegando incluso a relacionarse con Vox.

La Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) está presidida por Begoña Sainz de la Maza y Orrantia y la junta directiva la completan otras siete mujeres. Ningún hombre. Y en el organigrama no figura ninguna coordinación.

El hecho de que no aparezcan hombres en la junta se debe a la propia composición estatutaria de la asociación, ya que para formar parte de la organización se tiene que ser mujer licenciada en Derecho y ejercer como abogada, procuradora, magistrada, jueza, letrada de la Administración de Justicia o profesora universitaria. Marichalar, que no es jurista, no reúne ninguna de las dos condiciones exigidas. 

Aún así, Marichalar, de forma sistemática, invoca el nombre de esta asociación de forma explícita en sus alocuciones públicas. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2025, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas —fue el único de los peticionarios españoles que acudió—, declaró que hablaba "en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas". En la carta abierta remitida a Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y António Costa escribió que lo hacía "como coordinador de De español a español por la Constitución y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más". 

Y el patrón siempre es el mismo. Marichalar dice hablar en nombre de esta asociación y otras 30 adicionales. Pero la única que nombra de forma explícita es la AEMJ. Las demás, —entre las que se encuentran Espanya i Catalans, el Movimiento Resistencia Ferraz, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, Amigos de la Hispanidad y una veintena más—, quedan disueltas en una cifra. La única que pronuncia, y la primera que escribe, es la de las mujeres juristas.

La explicación parece clara. Ante una comisión parlamentaria europea, "hablo en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil" es una afirmación sin rostro; "hablo en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas" aporta dos credenciales de golpe: la solvencia técnica de un colectivo de juristas con una trayectoria histórica y la legitimidad de una organización de mujeres. 

Por esta razón, el error de la directora del programa de RFI cobra importancia. En sus textos, Marichalar se atribuye la coordinación de una única plataforma —"De español a español por la Constitución"—, y dice actuar en nombre de las demás. Habla como portavoz. La emisora pública francesa convirtió ese "en nombre de" en un "coordinador de" que no existe en ningún documento ni siquiera en los que redacta él. Pero Marichalar tampoco desmintió a la periodista de RFI.

A pesar de todo, el pasado feminista de la asociación y su trayectoria histórica ha variado a lo largo de los años. La AEMJ se constituyó en julio de 1971, presidida por María Telo Núñez, a partir de una comisión de estudios nacida del consejo que la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas celebró en Madrid en 1969. En plena dictadura franquista, su objetivo era desmontar un Código Civil que “situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir”. 

Telo y otras tres juristas lograron entrar en la Comisión General de Codificación, y sus trabajos desembocaron en la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la obediencia al marido y la licencia marital. La asociación impulsó también el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, en Madrid, en diciembre de 1976.

Medio siglo después, el perfil es otro. Su blog institucional recoge el apoyo al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid por su polémico papel en la causa contra el fiscal general del Estado, artículos que reprochan su silencio a "otros colectivos que dicen defender a las mujeres con presupuestos subvencionados" y, de forma recurrente, las cartas que Marichalar dirige a las instituciones europeas.

Pero este giro tiene una fotografía muy representativa. El 21 de marzo de 2024, la AEMJ organizó en el Casino Primitivo de Albacete el encuentro La amnistía a debate. ¿Es posible en un Estado de Derecho? Según la invitación difundida por la propia asociación, la conferencia correría “a cargo de Don Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda". El acto estuvo moderado por la presidenta de la asociación e intervinieron el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Jaime Lozano, y el abogado del Estado y diputado constituyente Francisco Ruiz Risueño. 

El acto se presentó como un debate sobre la ley de amnistía, pero ninguna de las voces presentes se acercó siquiera a defender la constitucionalidad de la norma. En esa jornada, tan solo seis días después de que el Congreso publicara el dictamen de la proposición de ley —el 14 de marzo de 2024, casi tres meses antes de que la amnistía llegara al BOE—, Borrego desplegó ante el auditorio un rollo de papel higiénico con el texto de la norma impreso encima. 

Una imagen gráfica sobre la posición de los presentes que el mismo Borrego repetiría meses más tarde en unas jornadas organizadas por OKdiario, donde explicó que la idea se le había ocurrido precisamente en Albacete preparando el acto de la AEMJ.

Por si esta imagen dejara lugar a dudas, entre los invitados estaba el comité ejecutivo provincial de Vox en Albacete, que difundió su asistencia y las fotografías del acto en redes sociales, donde se puede ver sentado en primera fila a Marichalar y a la presidenta de la AEMJ moderando la mesa.

Esa es la asociación cuyo nombre encabeza las cartas que Marichalar envía a Bruselas. Una organización nacida para acabar con la discriminación jurídica de la mujer en el franquismo, que hoy convoca actos a cargo del conde de Ripalda e invita a ellos a directivos provinciales de Vox.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

La crisis de Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro de la disputa entre el Partido Popular y Vox. Pero esta vez el conflicto se desarrolla con una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido hace dos años, cuando se produjo la ruptura entre ambos por la acogida de los menores en las comunidades autónomas. Ahora, los conservadores no aparecen como el partido que resiste el ultimátum de la extrema derecha, sino como una formación dispuesta a asumir buena parte de su diagnóstico y discurso.

La primera reacción de la dirección nacional del PP fue presentar lo sucedido en Ceuta como una cuestión de “seguridad nacional” y responsabilizar en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, reclamó que quienes habían entrado irregularmente salieran por el mismo lugar, sin diferenciar inicialmente entre personas adultas y menores de edad. El mensaje aproximaba a Génova a la posición de Vox, que exige a sus socios autonómicos una negativa frontal a cualquier distribución de menores migrantes.

Génova, sin embargo, tuvo que rectificar horas después. La vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró este miércoles que las comunidades gobernadas por el PP “siempre van a cumplir la ley” y distinguió finalmente entre los adultos y los niños y adolescentes en una entrevista en Onda Cero. Pero aunque la dirección de Alberto Núñez Feijóo admite que la acogida es obligatoria por el decreto ley aprobado el pasado año en el Congreso, varios gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox han anunciado que van a rechazar a los menores procedentes de Ceuta. 

Una consigna que dejó más que clara el líder de Vox, Santiago Abascal, tras afirmar el martes que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a la acogida de los menores que se encuentran solos en Ceuta. Los pactos de coalición firmados por ambos partidos en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía contienen prácticamente la misma cláusula. Bajo el enunciado “No más menores extranjeros no acompañados”, los ejecutivos se comprometen a oponerse por medios políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes, incluidos los menores. 

El contraste con julio de 2024 es significativo. Entonces, Feijóo anunció que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el traslado —entonces voluntario— de unos 400 menores desde Canarias y Ceuta. El líder del PP defendió aquel acuerdo como un ejercicio de solidaridad y como un “último esfuerzo” ante la falta de una política migratoria suficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox respondió abandonando los gobiernos de coalición de Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Abascal había advertido de que consideraría rotos los ejecutivos si el PP aceptaba el reparto. Génova acusó entonces a los ultraderechistas de irresponsabilidad y sostuvo que la acogida de entre diez y treinta menores por comunidad era solo una coartada para romper unas coaliciones que, según el PP, funcionaban correctamente.

Dos años después, Vox ha regresado a varios gobiernos autonómicos y lo ha hecho con mayor capacidad para condicionar sus políticas— con la “prioridad nacional” como bandera— y el PP procura evitar que una nueva crisis migratoria vuelva a provocar una ruptura de la derecha. En lugar de defender desde el principio la solidaridad territorial, Génova ha comenzado cuestionando la acogida y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reconocido que sus comunidades deberán cumplir la legislación, aunque no estén de acuerdo con ella.

En 2024, el reparto acordado en la conferencia sectorial era voluntario. Desde la reforma de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, el Estado dispone de un mecanismo obligatorio para reubicar a menores cuando el sistema de protección de un territorio supera su capacidad ordinaria y se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Y Ceuta se encuentra precisamente entre los territorios para los que el Gobierno declaró esa contingencia. Su presidente, Juan Jesús Vivas (del PP), asegura que se está viviendo una situación “absolutamente insostenible” en la ciudad autónoma por la presión migratoria y ha pedido “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al Gobierno y al resto de comunidades.

La normativa establece un procedimiento de traslado y atribuye a las comunidades de destino la tutela y protección de los menores que les sean asignados. Las autonomías pueden recurrir el reparto, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas, y reclamar más financiación, pero no disponen de un veto ni pueden negarse a las reubicaciones mientras la norma siga vigente y los tribunales no suspendan su aplicación.

La obligación alcanza incluso a Vox. Uno de sus dirigentes autonómicos, el vicepresidente andaluz Manuel Gavira, ha reconocido que la situación jurídica es distinta a la de 2024 y que las comunidades tendrán que acatar la legislación, aunque su partido rechace el sistema. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que utilizarán “todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos” para oponerse al reparto. 

El endurecimiento del PP se produce, además, mientras las instituciones europeas han cerrado filas con España frente a la crisis de Ceuta pese a las críticas iniciales. Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen —muchos de la familia del PP— han trasladado su “fuerte solidaridad” con España y han valorado la actuación “rápida y eficaz” de las autoridades españolas. La declaración europea también destacó que la mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente habían sido retornadas y que no se había producido un movimiento relevante hacia la península ni hacia otros Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reaccionado previamente a la situación de Ceuta y condenado las entradas irregulares y los cruces peligrosos. El respaldo europeo permitió al Gobierno contener las críticas iniciales de algunos socios, preocupados por una posible circulación secundaria de migrantes por el espacio Schengen, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó lo ocurrido como una “amenaza para la seguridad de las fronteras europeas” y promovió junto con otros 21 líderes europeos una reunión urgente de ministros de Interior.

Mientras la UE ha situado el episodio en el ámbito de la cooperación con España y de la defensa de una frontera exterior común, desmontando la idea de un Gobierno aislado en Europa, el PP y Vox han intentado trasladarlo al terreno de la confrontación interna. Tellado fue el primero en hablar de seguridad nacional y reclamar devoluciones y se negó a aclarar si las comunidades lideradas por su formación acogerían a los menores, como les reclama no solo el Gobierno, sino también el popular Vivas.

Si llegaran realmente a incumplir con la acogida, el Gobierno podría requerir formalmente a la administración autonómica para que ejecutase el traslado y acudir después a los tribunales. También podrían intervenir la Fiscalía o las entidades encargadas de velar por los derechos de los menores si la negativa provocase una situación de desprotección. Para hablar de desobediencia penal sería necesario analizar la conducta concreta de una autoridad, la existencia de una orden clara y su negativa consciente y reiterada a cumplirla. 

Hay varios motivos que explican la postura del PP. El primero es la competencia electoral con Vox. La hostilidad contra los migrantes es uno de los asuntos de los que la extrema derecha ha hecho bandera. Cuando se produce una crisis fronteriza, como ha sido el caso, el PP teme que una posición centrada en la protección de los menores sea presentada por Vox como una cesión al Gobierno. Adoptar expresiones como “seguridad nacional”, insistir en las devoluciones y cuestionar el reparto permite a Génova reducir inicialmente la distancia con Abascal.

El segundo factor es la nueva dependencia autonómica. Tras las elecciones celebradas en el nuevo ciclo electoral, el PP ha vuelto a alcanzar acuerdos de gobierno con Vox. La extrema derecha ha aprendido de la ruptura de hace dos años y ha introducido en los pactos cláusulas explícitas contra la acogida, que los conservadores han aceptado sin reproches. El margen de los presidentes del PP es menor ahora que hace dos años, porque aceptar un traslado sin confrontación puede ser presentado como un incumplimiento del acuerdo de coalición.

El tercero es el recuerdo de la crisis de hace dos veranos. La salida de Vox dejó al PP gobernando en minoría y demostró que Abascal estaba dispuesto a sacrificar poder institucional para mantener su posición sobre inmigración. Génova sabe que la amenaza puede repetirse, aunque en los pactos los ultras se comprometieron a aprobar todos los presupuestos. Su reacción inicial ante Ceuta parece dirigida tanto contra Sánchez como a evitar que Vox vuelva a ocupar en solitario el espacio del rechazo.

Existe también una razón de estrategia nacional. El PP pretende convertir cualquier crisis migratoria en una prueba de incapacidad de Sánchez. Admitir desde el primer momento que las comunidades deben acoger a los menores debilitaría ese relato y obligaría a hablar de corresponsabilidad territorial. Por eso, combina la aceptación final de la ley con condiciones políticas: que el reparto sea “justo”, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que se prioricen las devoluciones o las reagrupaciones familiares.

El pasado mes de julio, Juanma Moreno fue reelegido presidente de la Junta de Andalucía por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras firmar los dos partidos un acuerdo de gobierno.

El acuerdo ha permitido la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, con una consejería con rango de vicepresidencia, la de Manuel Gavira, actual vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Este martes, varios medios se han hecho eco de que será Gavira, como consejero de Justicia, el encargado de gestionar las competencias relativas a violencia de género relacionadas de forma directa con la propia administración.

Esta decisión quedó recogida en el decreto que se publicó el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El escrito habla de la creación de las vicepresidencias y la reestructuración de las consejerías. Pero no fue hasta el 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó los decretos que desgranan las competencias de cada área.

Además de hacerse cargo de las llamadas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Gavira se ocupará de cuestiones relacionadas con justicia, mediación y solución de controversias.

Asimismo, también ostenta competencias en cuanto a notariado y registros públicos, colegios profesionales, fundaciones y asociaciones; justicia juvenil; atención a las víctimas de terrorismo y víctimas de delitos y se responsabiliza de las relaciones institucionales de la administración de la Junta con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Las críticas a esta noticia no han tardado en llegar por parte del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, ha pedido a Moreno que rectifique: “Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea”.

A través de las redes sociales, la también socialista Olga Manzano ha suscrito las palabras de Férriz: “Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha hecho hincapié en el “peligro e irresponsabilidad” de la decisión: “No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas”.

A todos ellos se ha sumado Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, en un mensaje en la red social X: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista”.

Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de Por Andalucía, ha subrayado “que acabar con la autonomía de las unidades de valoración para asegurar mantener el gobierno supone traspasar una línea roja inaceptable”, calificando esta decisión de “irresponsable”.

Entre la madrugada del 30 de julio y la tarde del 31, cerca de 50.000 personas —en su inmensa mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron de forma irregular hacia Ceuta, a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. El balance de víctimas mortales, que al escribir estas líneas se aproxima ya a la centena de ahogados, multiplica varias veces la crisis de mayo de 2021 y convierte lo ocurrido en el episodio migratorio más grave registrado nunca en una frontera española. No es un hecho aislado: es un síntoma. La democracia europea —y española— está sometida a presiones que proceden de la geopolítica de los países vecinos, de la instrumentalización del derecho con fines políticos, de una Administración estadounidense que ha convertido la inmigración en arma política y de una ultraderecha que ha utilizado la tragedia como argumento contra las políticas progresistas españolas.

El debate se ha trasladado enseguida a las relaciones internacionales, a los intereses económicos y a las elecciones próximas de determinados líderes, incluso al fútbol, ante la disputa de si la final se jugará en el Bernabéu, el Camp Nou o el Hassan II de Casablanca. Asuntos relevantes, pero cuyo estudio muestra una carencia importante: los grandes argumentos olvidan a los muertos. Hay familias desoladas, vagando por Ceuta en busca de sus desaparecidos, sin saber si siguen vivos. Muchos de los que cruzaron eran tan jóvenes que cayeron en el anzuelo de las redes sociales, que prometían nacionalidad, trabajo o un futuro mejor a quienes solo tenían un presente incierto. Como advirtió Helena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, han convertido el derecho al movimiento en un instrumento de chantaje entre países. No es la primera vez que Marruecos lanza ese mensaje a su población más joven —muchos casi niños, soñando con ser futbolistas como Lamine Yamal—; y resulta revelador que, cuando llegó la orden de regreso, la inmensa mayoría volviera de inmediato, sin discusión. Queda la duda de si la decisión fue igual de "libre" en el viaje de ida.

El pasado 8 de julio la Sala Tercera del TS estableció que el rechazo en frontera solo es aplicable cuando la entrada se produce superando las vallas, y no cuando se accede por mar a nado. Aplica la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2020 y protege el derecho a no ser expulsado sin garantías individualizadas; pero, al excluir del rechazo la vía marítima, convirtió el mar en una ruta jurídicamente menos hostil que una cerca, creando un incentivo perverso sobre personas desesperadas y manipuladas por redes de tráfico, en un tramo de costa donde la letalidad está garantizada. Un tribunal no puede resolver una cuestión sustantiva sin ponderar el efecto de su fallo sobre conductas humanas en juego de vida o muerte. La doctrina puede ser sólida, pero su aplicación práctica, sin medidas paralelas de rescate, se ha convertido en una trampa mortal.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno central el cierre urgente de la frontera, el despliegue del Ejército y la emergencia nacional, evitando incluso comparecer junto a Sánchez en su visita. Es comprensible en quien carece de competencias sobre fronteras y vio su ciudad de 80.000 habitantes desbordada; pero exigir medios no es ofrecer una solución, y Vivas ha optado por el reproche político antes que por la corresponsabilidad institucional que la situación exigía.

La tensión derivó en enfrentamientos entre parte de la población ceutí y los recién llegados, con militares atendiendo heridos en plena calle: consecuencia del colapso de los servicios de acogida y de un clima de miedo alimentado por bulos y por un discurso ultraderechista que describe a los recién llegados como fuerza de ocupación. Ese discurso tiene nombre y apellidos. Este domingo, Santiago Abascal viajó a Ceuta y calificó lo ocurrido de "acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez", reclamando la militarización permanente de la frontera y la devolución de todos los marroquíes en situación irregular. Le acompañaba el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé. Cabe preguntarse cómo concilia esa hostilidad con su alineamiento incondicional con Trump, precisamente quien ha recompensado a Marruecos por su cercanía. No es una invasión islámica; los propios ceutíes se lo dejaron claro en la calle a los bulistas desplazados hasta allí.

Que ciudadanos españoles se vean empujados a la autodefensa vecinal ante la ausencia de un dispositivo estatal ordenado es, en sí mismo, un fracaso de la respuesta pública. El rey Felipe VI habló con Sánchez, Vivas y Feijóo, expresando su preocupación y reclamando medidas que garanticen la seguridad de Ceuta y Melilla: papel institucional correcto, pero que no sustituye la decisión política que corresponde al Gobierno y a las Cortes.

Tampoco puede eludirse la responsabilidad de los servicios de inteligencia. El CNI ya advirtió, tras 2021, que Rabat empleaba las llegadas masivas como instrumento de presión vinculado al Sáhara, y la Guardia Civil venía detectando un repunte de intentos por mar. Que el Ejecutivo alegara después falta de información porque su atención estaba en los incendios no exonera a un aparato de seguridad que, conociendo el precedente de 2021, debía mantener activada una alerta permanente. Del lado marroquí, la inhibición inicial de policías y gendarmes, seguida de una contención tan eficaz que logró el retorno voluntario de casi todos, revela una capacidad que se activó solo cuando convino a Rabat: no es fallo de inteligencia, sino mirar hacia otro lado en el momento oportuno. Dicho esto, la reacción posterior del Gobierno ha funcionado, con el cierre preventivo de Melilla incluido, y la respuesta de Sánchez a los gobiernos que atacaron a España, calificando de "reacciones egoístas" las de quienes exigían sanciones sin ofrecer solidaridad, ha resultado clara.

Italia, gobernada por la extrema derecha de Giorgia Meloni y sin frontera compartida con Marruecos, aprovechó una crisis ajena para escenificar un gesto de firmeza migratoria de pura rentabilidad interna, impulsando la suspensión de España en Schengen durante un mes, a la que se sumaron con distinta intensidad Polonia, Finlandia, Austria, Chequia y Dinamarca. No cuajó en Francia, que reforzó controles sin secundar la suspensión; ni en Alemania, que exigió a Marruecos la readmisión inmediata; ni en Von der Leyen y Costa, solidarios con España sin respaldar a Roma; ni en el Reino Unido, cuyo primer ministro ofreció apoyo, pero subrayó que se trataba, ante todo, de un problema español. La crisis ha evidenciado que España carece de una alianza mediterránea que contrapese a los gobiernos conservadores europeos y a discursos como el de Nigel Farage, que habla de una batalla por la civilización.

Sánchez respondió sosteniendo que la solidaridad y la empatía son opcionales, pero que el respeto a los tratados y a los datos es vinculante. Es una réplica eficaz, porque la suspensión de Schengen exige criterios objetivos mientras el reparto de solicitantes de protección sigue dependiendo de la voluntad de cada Estado; pero no resuelve el problema de fondo: una arquitectura europea donde el control fronterizo es exigible y la solidaridad graciable. Esa asimetría es, precisamente, lo que hay que corregir.

Apenas diez días antes de la crisis, Sánchez viajó a Argel para normalizar relaciones rotas desde 2022; tres días después, el Congreso comenzó a tramitar una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1975. Marruecos tiene una tradición bien documentada de someter a España a pruebas de estrés cada vez que percibe un acercamiento con Argelia y el Polisario: desde la Marcha Verde de 1975, pasando por Perejil en 2002 y la avalancha de 2021, hasta esta movilización masiva. No es una sucesión de episodios inconexos, sino un patrón perfeccionado durante medio siglo.

El vínculo entre Rabat y Washington explica buena parte del contexto. Marruecos fue de los primeros países árabes en firmar los Acuerdos de Abraham con Israel, y Trump lo recompensó reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental; al restablecer los aranceles universales, excluyó las importaciones marroquíes de roca fosfórica, de la que Marruecos posee el 70% de las reservas mundiales, sin perder de vista el gaseoducto proyectado sobre un Sáhara cuya soberanía marroquí reclama. Además, ha firmado contratos millonarios de armamento con Estados Unidos, y el mismo sábado de la avalancha, Washington ratificaba esa soberanía por carta.

La doctrina Trump se caracteriza por la criminalización del migrante, la militarización de la frontera propia, más de 600.000 deportaciones desde enero de 2025 y el uso de la inmigración como arma electoral. Lo que hace Marruecos es distinto en su mecánica, pero convergente en lo esencial: ambas aproximaciones instrumentalizan a los migrantes como munición geopolítica, con precedentes en Bielorrusia frente a Polonia o Turquía frente a Grecia. Trump no provocó la crisis ceutí, pero se apresuró a explotarla con la misma gramática que aplica a su propia frontera sur, y que emplean también Vox y sus aliados europeos.

La solución pasa por varios ejes: reforzar el salvamento marítimo; articular vías legales y seguras de migración que vacíen de sentido el negocio de las mafias; una solidaridad europea obligatoria, no voluntaria; una diplomacia con Marruecos basada en el respeto pero también en la firmeza, porque Rabat interpreta la cesión como debilidad. Y la atención prioritaria a los menores no acompañados —770 acogidos en Ceuta frente a 29 plazas ordinarias—, cuya situación vulnera de forma flagrante la Convención de los Derechos del Niño.

¿Aporta algo la posición del PP y de Vox? Muy poco, y lo poco que aporta viene envuelto en un relato que agrava el problema. Existen demandas técnicamente razonables en el discurso del PP —refuerzo de medios, respuesta europea más contundente, comparecencia del Gobierno— que podrían plantearse sin el lenguaje de la invasión. Pero ese discurso queda contaminado por un marco ideológico que convierte al migrante, por definición, en sospechoso o amenaza, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y bordeando los tipos penales de incitación al odio de los artículos 510 y 511 del Código Penal. 

Núñez Feijóo ha optado, además, por un oportunismo de manual: en vez de exigir responsabilidades por los canales institucionales que le corresponden, contactó por su cuenta con una veintena de dirigentes internacionales y con la Administración estadounidense, internacionalizando el desgaste del Gobierno. Mientras, dejó que su secretario general acusara a Sánchez de un "efecto llamada" por la regularización de más de un millón de inmigrantes, la misma lógica simplificadora de Vox, que exige militarizar la frontera y devolver de inmediato a todos los marroquíes, equiparando a menores y familias con una fuerza de ocupación. Ambos coinciden en calificar la crisis como invasión, término jurídicamente inaplicable a un fenómeno protagonizado por civiles desarmados, y que cumple una función precisa: deshumanizar al migrante.

Esta dinámica se inserta en la misma línea que la instrumentalización del Poder Judicial, la posverdad y las políticas xenófobas: expresiones de un mismo fenómeno de erosión democrática, con idéntica lógica autoritaria, sustituir el imperio de la ley por la gestión discrecional del miedo. Ceuta es un test de estrés para la calidad democrática española y europea. La dignidad humana no admite excepciones territoriales: se protege en la frontera exterior de la Unión con el mismo rigor con que en cualquier tribunal, o no se protege en ningún sitio.

Me queda la amargura de comprobar que las ilusiones de mejora que todos albergamos no existen para buena parte de quienes hoy deciden. No buscan la felicidad de sus administrados, sino el beneficio de quienes los auspician. La solidaridad se hace añicos cuando las personas se convierten en peones y dejan de ser vistas como seres humanos, reducidas a cifras que solo sirven para comparar si la tragedia fue grande. A eso conduce la geopolítica mortal en la que estamos sumidos. Ceder a esa tentación sería la prueba de que Europa ha decidido sacrificar sus principios fundacionales en el altar del miedo.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Se puede ser a la vez un inútil y un tonto útil, pero ¿se puede ser a la vez patriota y estar del lado de quienes atacan a tu país? ¿Se puede tener principios cuando se está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quieres? ¿Se puede combatir a los enemigos a base de palmadas en la espalda? ¿Se puede decir que España está siendo invadida? Sí, pero sólo en caso de que te refieras a la plaga de la ultraderecha, que se está comiendo el mundo como la cochinilla algodonosa se come las hojas de los limoneros, con la complicidad de la difunta derecha moderada, que en paz descanse, y los votos de quienes no ven que lo que viene no es el paraíso, son los parásitos.

Lo que ha ocurrido en Ceuta parece lo que es: un ataque orquestado, no un problema de inmigración ilegal. Los ataques orquestados necesitan un compositor y aquí se mezcla, como en las verbenas, la música que viene de Washington, Rabat y Tel Aviv. Las imágenes de camiones llenos de jóvenes que se bajan y corren hacia la frontera bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que vigilan que todo siga el plan previsto, han dado la vuelta al mundo, pero el candidato Feijóo y su futuro vicepresidente Abascal, si es que llega a La Moncloa, en lugar de sacarle la Tizona a Mohamed VI, la juntan con la bandera y las usan los dos de muletilla contra el Gobierno. ¿Prioridad Nacional? Manda Vox, la cosa.

Mientras nuestro Cid Campeador de salón, Santiago y cierra la democracia, se hacía unas fotos navegando a Ceuta con cara de estadista preocupado y luego, por lo que sea, se escondía en un hotel, por miedo a pisar la calle y que la calle fuese en dirección contraria, la gente se ahogaba, niños enviados a la muerte por el actual rey de Marruecos, que domina el arte del chantaje recurrente porque de casta le viene al galgo, y porque de la extorsión siempre se saca tajada cuando estás bajo el paraguas de la Casa Blanca. Su nuevo desafío tiene al fondo, igual que siempre, la reivindicación de Ceuta y Melilla; así que el PP actual y su socio se pueden vestir de soldados de Flandes e ir por ahí con pinta de cuñado en una despedida de soltero, pero lo que están haciendo uno y otro es colaborar con quien amenaza esa integridad territorial de la que tanto hablan en sus discursos.

De la incongruencia a la indecencia hay unas letras de nada. Será que hay a quienes les resulta imposible meter en el mismo saco sus ideas —si es que decir a todo que no es alguna clase de idea— y sus intereses. Se llama cinismo y está haciéndose con el control de este desdichado planeta.

Ceuta trata de recuperar este lunes la normalidad después de la entrada sin precedentes de más de 50.000 personas desde Marruecos, pero la ciudad sigue marcada por la dimensión de la tragedia. El balance provisional se eleva a 72 fallecidos en el lado español y más de un millar de personas atendidas por los servicios sanitarios. Además, Marruecos reconoce otras once muertes en sus costas. Más de 48.000 migrantes habían regresado al país vecino durante las primeras 48 horas y otros lo hicieron a lo largo del fin de semana.

Mientras las autoridades reforzaban la frontera, buscaban cuerpos en el mar y trataban de localizar y devolver a quienes permanecían en la ciudad, la crisis humanitaria y de seguridad pasó rápidamente al terreno de la confrontación política. Pedro Sánchez viajó el viernes a Ceuta; Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo el sábado y Santiago Abascal, el domingo. PP y Vox aprovecharon sus visitas para responsabilizar directamente al presidente del Gobierno y endurecer su discurso sobre inmigración y soberanía nacional.

El choque se ha extendido también a Europa. Italia, Dinamarca y Finlandia acusaron a España de no proteger adecuadamente la frontera exterior de la Unión, mientras 22 Estados miembros reclamaron una respuesta coordinada. Sánchez respondió con una carta a los responsables de las instituciones comunitarias en la que reprochó las críticas, defendió la actuación española y solicitó una reunión urgente de los ministros de Interior, prevista para este martes.

Sánchez había viajado el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para visitar la frontera del Tarajal y reunirse con las autoridades locales y los responsables del operativo. Tras el encuentro, calificó lo ocurrido como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España y aseguró que el Gobierno emplearía “todos los resortes” y “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad. “Toda España está con” los ceutíes, afirmó.

El presidente atribuyó la entrada masiva a la interpretación que las redes de tráfico de personas habrían hecho de una reciente sentencia sobre las devoluciones de quienes acceden a nado. Entre las medidas anunciadas citó el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el despliegue de las Fuerzas Armadas, la colocación de una barrera de boyas en el espigón y la agilización de las repatriaciones, para las que agradeció la cooperación de Marruecos.

El líder del PP viajó el sábado a Ceuta y compareció junto a Vivas en la plaza de África. Feijóo sostuvo que lo ocurrido no había sido una crisis imprevisible, sino una “ocupación premeditada y sin precedentes”, y aseguró que el Gobierno conocía desde principios de semana la posibilidad de una entrada masiva y “nada hizo” para impedirla.

El dirigente popular no presentó durante su intervención pruebas de que Sánchez hubiera recibido una alerta concreta sobre la movilización. Marlaska sostuvo posteriormente que el Centro Nacional de Inteligencia no había avisado de una operación de esa magnitud, mientras fuentes del Ejecutivo reconocieron que el Gobierno no vio venir la crisis.

Feijóo vinculó además lo ocurrido con la política migratoria del Ejecutivo y la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. También exigió esclarecer qué había fallado en la cooperación con Marruecos, reforzar permanentemente la frontera y evitar que quienes habían entrado en Ceuta pudieran desplazarse a la Península o a otros países europeos.

La presión continuó el domingo por medio del secretario general del PP, Miguel Tellado. El número dos de los populares rechazó la versión gubernamental de que la situación estuviera prácticamente revertida y reclamó que se pusieran todos los medios para devolver a quienes permanecieran en la ciudad: “Que no quede ni uno”.

Tellado calificó al Gobierno de “indolente” e “incompetente”, sostuvo que Ceuta seguía desprotegida y evitó definir lo ocurrido como una crisis migratoria. En su lugar, habló de “ocupación” y de “auténtica invasión”, términos con los que el PP se aproximó durante el fin de semana al marco discursivo utilizado habitualmente por Vox.

Vox elevó todavía más el tono. Abascal viajó el domingo a Ceuta y acusó a Sánchez de estar “sometido” a Marruecos. El líder de la extrema derecha exigió militarizar permanentemente la frontera, cerrar el paso cuando sea necesario y pedir a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Rabat.

El líder ultraderechista calificó la entrada masiva como una “invasión” y aseguró, sin aportar datos que respaldaran su cálculo, que todavía quedaban unas 10.000 personas que debían ser expulsadas de inmediato. Interior situaba en más de 48.000 las personas que ya habían regresado a Marruecos, mientras el Gobierno ceutí hablaba de varios miles todavía presentes en la ciudad.

El presidente de Vox llegó incluso llegó a insinuar que Marruecos podía disponer de información comprometedora sobre Sánchez y afirmó que el presidente debía sentarse en el banquillo y acabar en prisión. 

El desembarco de dirigentes y agitadores de extrema derecha provocó protestas de vecinos. Alvise Pérez y Vito Quiles fueron increpados y el eurodiputado tuvo que ser evacuado por la Policía, mientras una veintena de integrantes de Núcleo Nacional fueron escoltados hasta el puerto entre gritos contra su presencia. Parte de la población ceutí denunció que trataban de aprovechar la crisis para sembrar odio y poner en riesgo la convivencia.

La dimensión europea de la crisis también se hizo evidente desde el viernes. Giorgia Meloni planteó suspender a España del espacio Schengen y su Gobierno reintrodujo durante un mes controles para determinados viajeros procedentes de territorio español. La propuesta italiana recibió el respaldo de Dinamarca y Finlandia, que cuestionaron la capacidad de España para proteger la frontera exterior comunitaria.

Las críticas se apoyaron en la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo español, a la que varios dirigentes europeos atribuyeron un supuesto efecto llamada. España rechaza esa relación y recuerda que Ceuta tiene un régimen especial: quienes entran irregularmente en la ciudad no pueden desplazarse libremente a la Península ni circular por el espacio Schengen.

Sánchez remitió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En ella denunció que algunos gobiernos habían reaccionado guiados por prejuicios, desinformación o intereses políticos y calificó sus posiciones de egoístas y polarizadoras.

El presidente defendió que, según Frontex, la frontera exterior española se encuentra entre las menos permeables de la Unión y registra aproximadamente la mitad de entradas irregulares que Italia desde 2021. También recordó que prácticamente todas las personas que habían cruzado fueron retornadas sin que se produjera un desplazamiento hacia la Europa continental.

La Comisión Europea rechazó excluir a España de Schengen, recordó el régimen particular de Ceuta y pidió una respuesta europea unida. Francia descartó apoyar la suspensión, aunque reforzó sus controles fronterizos, y Alemania reclamó acelerar la aplicación de las normas europeas sobre retornos.

La reunión extraordinaria de ministros de Interior convocada para este martes deberá abordar esas divisiones. 22 Estados miembros han reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores, mientras España pide que Ceuta reciba la misma solidaridad que la UE ofreció a Polonia o Finlandia cuando otros países facilitaron movimientos migratorios hacia sus fronteras.

Las comunidades autónomas en manos del PP y Vox no habéis hecho nada por proteger la masa forestal de vuestro territorio. Es grave el abandono al que habéis sometido al monte desde vuestros gobiernos. Debéis invertir, y no desinvertir como estáis haciendo ahora. Hay que contratar más personal, dotar de más medios y estabilizar los contratos de trabajo para combatir los incendios, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas: si de verdad trabajarais para salvar la masa forestal y os comprometierais con ella, otra sería la situación. Comunidades gobernadas por el PP, ¿dónde está el dinero que les transfiere el malvado Gobierno de España? Ya está bien de no hacer nada en prevención, limpieza y desbroce, y de negar los derechos laborales de las plantillas de profesionales forestales. Es obligatorio la fijeza de los contratos y la estabilidad de las plantillas..

Isabel Díaz Ayuso: basta de recortes, de salarios bajos y de falta de personal en prevención de incendios. Los profesionales forestales se juegan la vida entre las llamas todos los días para salvar vidas, hogares y masa forestal. Es humano un salario digno durante todo el año.

Hay que luchar contra el fuego en invierno, limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el final del verano. Las comunidades autónomas deben contratar más trabajadores y trabajadoras forestales. Se podrían crear entre 10.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el medio rural español, con personal bien formado, preparado y dotado del material necesario. No como ocurre en la Comunidad de Madrid, que no tiene vehículo ni material suficiente y la plantilla se ha reducido en un 50%.

Gobierno de España: además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles, es necesario elaborar, junto con los sindicatos de clase y mediante la negociación colectiva, un convenio estatal del sector forestal que fije unos estándares mínimos y evite los desmanes de las comunidades autónomas en las garras del PP. También debe evitar que sigan precarizando las relaciones laborales, empobreciendo a los profesionales forestales y negando la vida en el medio rural y en sus pueblos, cuyos habitantes tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos o Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas: vosotras y vosotros cobráis un buen salario, no seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis, aunque vuelvo a reiterar y no me cansare de reivindicar más inversión para apagar los incendios forestales en el invierno y me niego cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas para los planes forestales en todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionado el cambio climático. Es evidente y urgente contratar a más personas y estabilizar el empleo precario actual de los contratos no fijos, en fijos e indefinidos. Dejar de negar la negociación colectiva en las comunidades autónomas descontroladas por el PP y Vox y corregir la desestabilidad laboral desde ya, hagan todo lo que este en sus manos contra el fuego.

Sabéis, negacionistas y terraplanistas del PP y Vox, que se ahorrarían miles y miles de millones de euros en los presupuestos públicos apagando el fuego en el invierno para destinarlos a la escuela pública, universidades públicas, formación profesional pública, la sanidad pública, pensiones y jubilaciones públicas y para prevención y protección de los incendios de la masa forestal española.

Proteger vidas, animales, masa forestal y hogares de las familias del medio del rural es otro efecto positivo de actuar en el invierno para apagar el fuego. Me niego aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox. Los recortes para perdonar impuestos a los ricos, las lamentaciones, las manipulaciones y las mentiras de la señora Ayuso no apagan los fuegos. La UME está para actuar en casos urgentes y grandes catástrofes, no para sacarles las castañas del fuego a los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox que perdonan el pago de impuestos a los ricos, que no han invertido en prevención de incendios y han recortado presupuesto para invertir en toreros, incultura, la Fórmula 1 o el hangar del Zendal, en lugar de salvar el monte en el invierno. A los políticos territoriales del PP y Vox les toca ponerse trabajar, dejar de vaguear y hacer política en pro del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Dos bloques perfectamente diferenciados y enfrentados. A la derecha, PP y Vox, sin discrepancias, exhibiendo una imagen de unidad. A la izquierda, PSOE y Unidas por Extremadura, mostrando apoyo mutuo y buena sintonía. Es la imagen que deja la política extremeña justo antes de las vacaciones de verano.

El primer gobierno autonómico de la derecha y la extrema derecha que abrió la puerta al concepto de "prioridad nacional" acaba de aprobar sus primeros presupuestos. Las cuentas son para 2026, por lo que tendrán poco recorrido con pocos meses para la ejecución, pero sientan las bases de qué política va a desarrollar la coalición PP-Vox en Extremadura. Sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre, casi al inicio del nuevo curso, empezará la negociación para el presupuesto de 2027, que supondrá un nuevo termómetro de la estabilidad del pacto de la presidenta María Guardiola con los ultras. 

Así, la huella de Vox ya asoma. Si bien la "prioridad nacional" es todavía más un marco político que una aplicación real, se han dado los pasos necesarios para que haya recortes en materias que estaban en el punto de mira.

La cooperación internacional ha sido el mayor ejemplo. Un tijeretazo sin precedentes y la destrucción de 30 años de trabajo. Extremadura era referente nacional en este ámbito. De casi 11 millones de euros que recibía se ha pasado a 2,7 millones, apenas un 0,03% de la cuantía total.

De la mano de esta reducción ha ido también el castigo a las asociaciones que trabajan con migrantes, en palabras de Vox, “para evitar la inmigración masiva y descontrolada”.

Paralelamente, el Gobierno regional presume de que el presupuesto de 2026 es el más alto de la historia, con 8.854 millones de euros; eso sí, gracias, en parte, al incremento de las entregas del sistema de financiación.

PP y Vox defienden que crecen las cuantías en sanidad, educación y políticas sociales, con especial hincapié en las ayudas a la natalidad, que se duplican. “Se preocupan de que nazcan más niños, pero después no hay pediatras en los pueblos”, les reprochó durante el debate parlamentario, por ejemplo, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.  

El PSOE les recriminó, entre otros asuntos, el hachazo al diálogo social con el recorte de las subvenciones a los sindicatos.

Los partidos de la oposición se unieron para denunciar que las nuevas medidas fiscales “benefician a los que más tienen”. Estas incluyen la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF y la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando las herencias pasen de tíos a sobrinos.

De los diversos frentes abiertos de Vox contra los derechos humanos y sociales, el colectivo LGTBI no sufrirá recortes en las ayudas. No obstante, la diputada Nerea Fernández volvió a cargar contra el PP para recordarle que la ley extremeña de 2015, pionera en España y que se aprobó cuando el popular José Monago era presidente, sigue sin dinero para poder desarrollarse.  

Antes de llegar a esta cita en la Asamblea, que sin duda ha marcado un punto de inflexión, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, le hizo una oferta a Guardiola: su partido apoyaría las cuentas si ella cesaba a los dos consejeros de Vox.

Cotrina aprovechó así su estreno en el Parlamento regional como nuevo jefe de los socialistas para atraer el foco sobre él. Sabía que su propuesta no tenía ningún recorrido, pero sonó bien alto.  

Fue precisamente la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos regionales el argumento que le valió de excusa a Guardiola para convocar elecciones. No tenía respaldo de ningún grupo. Apostó fuerte para conseguir la mayoría absoluta o quedarse muy cerca. No lo logró. Ahora tiene a dos miembros de Vox, uno de ellos vicepresidente, en su Consejo de Gobierno.

El Parlamento regional vivió más de 11 intensas horas de debate. Pero la realidad es que no salió adelante ni una sola de las más de 600 enmiendas que presentaron PSOE y Unidas. En todo momento, dos bloques distanciados.

Esta imagen política responde también a la suspensión este año del Debate del Estado de la Región, otra cita importante en la que se hace balance de la gestión y en la que se suele anunciar algún proyecto llamativo que acapara titulares. Guardiola hizo una petición a la Asamblea para que esta vez no se celebrara alegando que el Ejecutivo apenas había empezado a andar y que el reglamento no contempla un adelanto electoral, una situación inédita en Extremadura. Su solicitud fue aceptada. La oposición criticó esta decisión aseverando que era una manera de no rendir cuentas ante la ciudadanía y de silenciar a los partidos que no forman parte del gobierno.

De momento, y sobre el papel, el primer escollo que tenían que afrontar juntos PP y Vox ha sido superado. “Misión cumplida”, dijo Guardiola cuando finalizó el debate de presupuestos.

La siguiente prueba será en octubre, con las cuentas de 2027, en las que ya está previsto que se incluya la primera rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, si finalmente el Gobierno central le da el visto bueno a que siga operativa. Si así fuera, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) irán pagando menos por el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medioambiente, o lo que es lo mismo, el impuesto por contaminar. La rebaja gradual hasta el 30% en 2029 es una de las medidas escritas en el pacto PP-Vox.

Será ese acuerdo el que vuelva a marcar las directrices de las próximas cuentas regionales y el que condicione la relación entre ambos partidos.

PP y Vox huelen sangre. Conscientes de que es un tema sensible y del desgaste que puede suponer para el Gobierno la crisis migratoria desatada por la sentencia del Supremo que, aprovechando un vacío legal, impide la expulsión en caliente de los migrantes que acceden a Ceuta nadando, la derecha se ha lanzado con todas las armas a su alcance contra el Ejecutivo.

Unas 50.000 personas han entrado en Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Más de medio centenar perdieron la vida en el intento. Eso supone aproximadamente un 60% de la población censada en la ciudad autónoma. De ellas, al menos 48.300 ya habían regresado a su país de origen a media tarde del viernes, según el Ministerio del Interior.

Sin mencionar ni la responsabilidad de Marruecos, cuyas autoridades miraron hacia otro lado durante casi toda la jornada del jueves y toleraron, de hecho, el flujo masivo de personas hacia Ceuta, ni el origen del problema —la sentencia del Supremo—, la derecha acusó a Sánchez de ser el causante del problema y de no haber reaccionado adecuadamente para hacerle frente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó primero al Ejecutivo haber reaccionado con “debilidad” y no hacer “nada suficiente para evitar” la entrada masiva de migrantes irregulares.

Y eso a pesar de que el Gobierno activó el jueves un dispositivo en Ceuta destinado a reforzar la seguridad fronteriza y ciudadana que ha incluido la movilización de militares, carros blindados, guardias civiles, policías nacionales —incluyendo unidades antidisturbios— y un grupo especial de actividades subacuáticas, además de medios aéreos y marítimos.

Pero nada de esto parece relevante para Feijóo, según el cual el Gobierno debía adoptar “instrumentos excepcionales” y solicitar la intervención de Frontex y de sus unidades de intervención rápida —una solución que tardaría días en ser operativa—, además de declarar la situación de interés prevista en la Ley de Seguridad nacional.

Coordinación reforzada

En España, una declaración de este tipo está pensada para atender una crisis que, por su gravedad, alcance, urgencia y necesidad de medidas transversales, exige una coordinación reforzada de las administraciones bajo la dirección del Gobierno. No es un estado de alarma: se afronta con medios y competencias ordinarios y no permite suspender derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el líder del PP, Feijóo, subió después el tono adoptando la terminología propia de la extrema derecha: “Un territorio español está siendo ocupado”. Es, dijo, una “crisis de soberanía”. “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver”, subrayó, ignorando que miles de ellos ya estaban cruzando en esos momentos la frontera hacia Marruecos.

El PP, no obstante, pese a poner el foco en el Gobierno, no ha tenido más remedio que reconocer que el origen del problema es la sentencia del Supremo, al pedir la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera se aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla y taponar así ela agujero abierto por el Supremo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha dudado en usar el término “invasión”, sobre el que se asientan las políticas xenófobas de la extrema derecha en toda Europa, ha pedido que se convoque al Congreso de los Diputados este fin de semana para aprobar una modificación por la vía de urgencia de la Ley de Extranjería.

Pero la solución a corto plazo mediante una reforma legal es imposible. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, es totalmente imposible modificar la Ley de Extranjería en 48 horas. Al afectar a derechos fundamentales, cualquier cambio en esta norma requiere el rango de ley orgánica. Además, la Constitución prohíbe de forma expresa que el Gobierno recurra a un real decreto-ley de urgencia para regular materias que afecten a libertades públicas, por lo que la vía de un Consejo de Ministros exprés queda descartada por inconstitucional.

A esto se suman los plazos y trámites parlamentarios obligatorios del sistema bicameral español. Aunque se convocase un Pleno extraordinario de urgencia en el Congreso durante el fin de semana, como pide el PP, la legislación exige garantizar un periodo mínimo para que el resto de grupos presente enmiendas. Posteriormente, el texto debe remitirse obligatoriamente al Senado, cámara que dispone de un plazo legal de hasta 20 días para debatir, enmendar o vetar la norma. Y después, el proyecto tendría que volver al Congreso.

En el afán por culpar a Pedro Sánchez se han aplicado especialmente las voces más extremistas del PP y Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, declaró este viernes que “a nadie puede sorprenderle” que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares “de un día para otro”. “El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno”, insistió, pasando por alto que nadie que haya entrado irregularmente en España después del 31 de diciembre del año pasado puede optar siquiera a regularizar su situación.

El problema, en realidad, no ha nacido del Gobierno, sino de la sentencia del Supremo que dificulta la devolución inmediata (“en caliente”) de los migrantes que entren en Ceuta a nado, lo que ha alimentado la falsa creencia de que quienes entrasen así en España podrían quedarse. El tribunal ha establecido que llegar a nuestro país de ese modo no equivale a rebasar una valla o barrera física, que es el requisito que marca la ley para hacer posible la devolución inmediata. 

El fallo judicial obliga al Estado a aplicar el procedimiento administrativo ordinario, lo que no impide las expulsiones, solo exige abrir un expediente individualizado con asistencia letrada, intérprete y el derecho formal a solicitar asilo, un trámite que paraliza cautelarmente la devolución. En la práctica, la resolución no regulariza a la persona ni le otorga residencia, pero sí convierte un rechazo instantáneo en un proceso burocrático mucho más garantista y lento que aplaza la ejecución de las expulsiones mientras se resuelve cada caso.

No obstante, al PP y a Vox no parece importarles esa realidad. En la misma línea, pero en una afirmación todavía con menos fundamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo el jueves por la noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido deliberadamente “la invasión” de Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso opinó: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”.

La fundación FAES, que preside el expresidente José María Aznar, echó más leña al fuego atribuyendo lo ocurrido a la “actitud claudicante” del Ejecutivo y a su política “servil” hacia Marruecos.

Tampoco ha medido sus palabras el líder de Vox, Santiago Abascal. También en un mensaje publicado en la red social X, propiedad del tecnólogo ultraderechista Elon Musk, Abascal sostuvo que los inmigrantes “no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza”, sino que “son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras, para que después deambulen por las calles de España diciendo: ‘Viva Pedro Sánchez”. En realidad, los que entraron fueron jóvenes, mujeres y familias enteras, incluidos niños.

Vox se está empleando a fondo en la difusión de mentiras, como afirmar que la llegada de inmigrantes es el resultado “de darles menú halal, construirles mezquitas o gastar millones en mataderos móviles para la fiesta del cordero”. Sin dar nombres, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), amenazó con retirar las ayudas de su comunidad a cualquier ONG que atienda a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

De estas posiciones, sin base, se ha distanciado una muy significativa: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha atribuido la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”.

Y es que la entrada masiva fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de medios policiales del lado marroquí desplegados para contener el tránsito de migrantes hacia el espigón que marca los límites entre el reino alauita y España, algo que las autoridades de Rabat corrigieron ya este viernes, utilizando incluso material antidisturbios y permitiendo la apertura de la frontera para facilitar el retorno.

Uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, a diferencia de la que tuvo lugar hace cinco años, es que, en sintonía con la derecha española, son numerosas las voces de la derecha y la extrema derecha de Europa y de Estados Unidos que se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez. Algunas de forma sorprendente —teniendo en cuenta que la crisis migratoria ha tenido lugar en África, al otro lado del Mediterráneo—, como las que llegaron de Finlandia o Italia, al pedir el cierre de la libre circulación con España.

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, representante en su gobierno de la formación ultra Partido de los Finlandeses, acusó a España de haber “fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

El presidente español, Pedro Sánchez, les respondió a través de redes sociales recordando que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia entre 2021 y 2026 duplicaron las de España. Y añadió: “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”.

En lo que parece una declaración coordinada con el PP Europeo, Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del Gobierno italiano —liderado también por la formación de ultraderecha Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— , que además es el interlocutor de Feijóo en ese país, relacionó la llegada de migrantes con la reciente regularización de migrantes en España. El canciller alemán, Friedrich Merz, del mismo partido, se pronunció también contra nuestro país.

También a miles de kilómetros de distancia, Francia reforzó los controles en la frontera con España. E incluso Dinamarca, situada a 2.500 kilómetros en línea recta de Ceuta, con un Gobierno socialdemócrata pero que practica duras políticas antiinmigración, se sumó a las críticas hablando de la posibilidad de cerrar fronteras con España.

Hasta la Casa Blanca atribuyó este jueves a las “políticas globalistas de extrema izquierda” de España la situación en Ceuta. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

El propio presidente Trump se refirió a este asunto: “Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor”, declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La desinformación es tal que el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, tuvo que negar este viernes que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo.

De hecho, Brunner acogió “con satisfacción” la “estrecha cooperación entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar los retornos rápidos” y recordó que Marruecos figura en la lista de la UE de países de origen seguros.

La Comisión Europea añadió que sigue considerando a “Marruecos un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, aseguró un portavoz comunitario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la ciudad de Ceuta para conocer de primera mano la situación, se mostró dispuesto a abordar la reforma de la Ley de Extranjería para corregir el agujero abierto por el Supremo, cuya difusión en Marruecos a través de las redes sociales atribuyó a las mafias que trafican con personas.

No obstante, y en tanto no se reforme la ley, el Ejecutivo ha ordenado a la empresa Sasemar, encargada de Salvamento Marítimo, que despliegue una barrera de separación apoyada en boyas para prolongar el espigón que separa la frontera y hacer mucho más difícil la entrada irregular en Ceuta desde territorio marroquí.

Señor Feijóo, señores del PP: no en todos los partidos existen ladrones, prevaricadores y corruptos. También hay personas en otros partidos que no lo son, que luchan por la igualdad, por ampliar los derechos humanos y por aumentar el bienestar. Pero eso, para ustedes, no sirve. Su cruel táctica, su innoble patriotismo, su falta de respeto por la democracia, y ese permanente "y tú más" resultan tristísimos. Pero, ¿cómo se atreven a comparar varios casos a los cientos de casos de corrupción que tienen, han tenido y volverán a tener si vuelven al poder? Y, si pasa, unos cuantos togados, comprados y miserables, los dejan en libertad o dilatan los procedimientos durante años, hasta que los delitos prescriben. Son capaces de utilizar las instituciones, la policía y pseudomedios de comunicación. Y, en cuanto a algunos periodistas, son sus propios amigos quienes los ponen a su servicio.

Mire, señor Feijóo; señor Abascal; señora Ayuso; señor Aznar: argumentar con mentiras para alimentar el odio lo único que consigue es cargarse la democracia. Y eso lo pagarán, porque una parte de la ciudadanía no lo vamos a permitir. Además, quienes hoy los apoyan acabarán dándose cuenta, más pronto que tarde, de que han sido utilizados y de que, en el fondo, ustedes son peores. Es cierto que el poder corrompe y el bipartidismo favorece esa corrupción. Por eso el pueblo lleva tiempo diciendo que no acepta ni quiere un sistema bipartidista. Quiere pluralidad de partidos, quiere aumentar su bienestar, quiere nobleza, quiere diálogo y, sobre todo, no quiere ni odio ni crispación. Y, aun así, me gustaría dirigirme a esa ciudadanía que los apoya para pedirle que reflexione sobre a quién está respaldando: a un partido con actuaciones más propias de una mafia, utilizando la justicia, las instituciones, etc. Basta ya, señores del PP y de Vox. No todos son iguales. Existen políticos honestos, incluso dentro de su partido, señor Feijóo. Pero está claro que eso no es lo que ustedes quieren. Lo que buscan es que sus dirigentes, para llegar al poder, sean cada vez más irracionales, más corruptos y más generadores de odio y crispación. Esa es la realidad de esta oposición.

La ciudadanía y los partidos que todavía creen en la democracia, y que rechazan a quienes actúan contra ella, pueden hacer algo ya: decir, alto y claro, basta. Porque, digan lo que digan los peperos y los voxeros, somos más. Lo único que tenemos que hacer es salir, hablar y actuar. Y, aunque me cueste decirlo, quizá ese proceso no deba estar liderado por el PSOE, sino por otro dirigente. Todavía queda tiempo para demostrar que el refrán "piensa el ladrón que todos son de su misma condición" no define a la izquierda. Para ello hay que poner en marcha, sin descanso y día tras día, políticas como una mayor presión fiscal sobre quienes más tienen; que la Iglesia pague lo que le corresponda y devuelva lo robado; que los grandes tenedores de vivienda sean sancionados si no ofrecen alquileres sociales; que se afronte de verdad el problema de la vivienda; que aumente el salario mínimo interprofesional; que crezca el empleo y se facilite más empleo público. Y, si fuera necesario, que se nacionalicen aquellas empresas energéticas que aumentan sus beneficios elevando el precio de sus productos. También habría que limitar el precio de los alimentos para evitar la especulación y conseguir que los bancos devuelvan lo que deben, dejen de cobrar determinadas comisiones y no se aprovechen de los índices hipotecarios.

Ya sé que pueden parecer soluciones utópicas. Nadie pide que se implanten ya; requieren tiempo, igual que otras medidas sociales, de igualdad y de mejora del bienestar. Pero hay que empezar, no solo sobre el papel, sino con hechos. No podemos permitir que personas como Mazón o Ayuso, con sus víctimas por sus ineptitudes, o señores como Aldama, Bárcenas y otros, estén en la calle mientras otras personas, condenadas por delitos "menores", se estén pudriendo en la cárcel. Y, ante todo, hay que reformar la justicia y depurar a quienes utilicen su posición en el poder judicial para hacer política y golpes de Estado a la democracia, porque no se puede aceptar que se actúe contra la democracia ni que se impida que la ciudadanía amplíe sus derechos para preservar privilegios.

En resumen, no todos son iguales. El refrán “piensa el ladrón que todos son de su misma condición” solo sirve para esos dirigentes del bipartidismo que han visto en la política no una solución para ayudar a la ciudadanía, sino una herramienta para aumentar su patrimonio y las de aquellos y aquellas que les corrompen y les ayudaron. Al final ven que, con ayuda de “sus togados”, les sale muy bien: salen libres y todavía les pagan. Irracional y desdeñable.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

La libertad de prensa no consiste en que los periodistas publiquen aquello que satisface a un determinado partido, sustituyendo el criterio profesional por consignas ideológicas diseñadas desde los gabinetes de prensa de las organizaciones políticas. Necesitamos medios libres, periodistas independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.

En los últimos años, el debate sobre la libertad de información se ha ido contaminando por un fenómeno preocupante: algunos partidos no discuten el trabajo periodístico desde la crítica legítima, sino que cuestionan la propia legitimidad de los medios que no se alinean con sus intereses. El objetivo, más que mejorar el periodismo, pasa a convertirse en controlar quién informa y cómo lo hace.

En este contexto, resulta especialmente relevante analizar la relación entre determinadas fuerzas políticas y los medios públicos. El caso de Vox ha generado controversias por la incorporación de personas próximas a su entorno político a puestos de responsabilidad en organismos de comunicación. Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate es el de Álvaro Zancajo. Investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por cobrar de Canal Sur y de Vox. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, una investigación no equivale a una condena, pero sí plantea interrogantes sobre la necesidad de preservar la independencia de las instituciones públicas.

La preocupación no se limita a los nombramientos. También afecta a la gestión editorial. Durante la etapa en la que Zancajo dirigió los informativos de Canal Sur, diversas decisiones fueron objeto de una intensa polémica política y profesional. Entre ellas, las críticas por el tratamiento informativo de asuntos de gran relevancia nacional, como la sentencia del caso Gürtel, o cuando un diputado de Vox se dirigió a la presidenta de la Cámara, a la que literalmente mandó “a tomar por culo”. Aquellas controversias alcanzaron tal dimensión que el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, compareció en el Parlamento andaluz y pidió disculpas por errores en el tratamiento informativo de determinados contenidos.

Más allá de la valoración concreta de esos episodios, la cuestión de fondo es otra: ¿puede un medio público cumplir su función cuando la ciudadanía percibe que existen interferencias políticas en sus contenidos? La credibilidad de un servicio público de comunicación depende precisamente de su capacidad para informar con independencia de quien gobierna.

La libertad de prensa tampoco puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes comparten una determinada orientación ideológica. Los periodistas deben poder investigar tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, denunciar casos de corrupción con independencia del partido implicado y ejercer su profesión sin campañas de intimidación, descalificaciones personales, intentos de señalamiento y amenazas de motosierra y bombas atómicas cuando ellos se hagan cargo.

Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad de expresión propongan, al mismo tiempo, mecanismos destinados a condicionar la actividad de los medios o a desacreditar sistemáticamente a aquellos que publican informaciones incómodas. La pluralidad informativa exige precisamente lo contrario: más independencia, más transparencia y menos control partidista.

No se trata de impedir que existan periodistas conservadores, progresistas o liberales. La diversidad ideológica forma parte de cualquier sociedad democrática. Lo preocupante aparece cuando la fidelidad a un partido pasa a ser el principal criterio para acceder a puestos de dirección en medios públicos o cuando la información queda subordinada a intereses políticos —es lo que yo llamo “síndrome Urdaci” o “enfermedad del Ce Ce o o”—.

Necesitamos periodistas incómodos, profesionales capaces de hacer preguntas difíciles al poder, sea cual sea el color del Gobierno. Cuando la información se convierte en una extensión de la estrategia de un partido, ya no sirve al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos.

El deterioro de la libertad de información rara vez comienza con el cierre de periódicos o la censura explícita. Suele empezar de forma mucho más sutil: mediante la ocupación de espacios de influencia, el cuestionamiento permanente de los medios independientes, la presión sobre las redacciones y la normalización de que la lealtad política pese más que el mérito profesional. Ello da lugar a ciertas invisibilizaciones —por ejemplo, relegando las masivas manifestaciones de las Mareas Blancas a lugares secundarios en los informativos—, ocultando datos clave —como que las listas de espera sanitarias en Andalucía están entre las mayores de España— o no prestando la debida atención a la terrible degradación de la sanidad pública.

Por ello, el debate sobre la libertad de prensa en España no debería centrarse en qué partido controla más medios, sino en cómo garantizar que ningún partido pueda controlarlos. Porque la independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos. Y cuando esa independencia se debilita, no pierde solo el periodismo, sino la calidad de nuestra democracia.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

Cada verano, mientras los incendios forestales asolan distintos puntos del país y los servicios de emergencia luchan contra las llamas, el debate político también se llena de desinformación. La actual ola de incendios, que ha afectado a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, no ha sido una excepción. A medida que avanzaban los fuegos, dirigentes de PP y Vox reactivaron un discurso que minimiza el papel del cambio climático y pone el foco en la gestión forestal.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado de “irresponsabilidad política” la difusión de bulos sobre los incendios. Sin embargo, durante estos últimos días varios políticos han usado las ruedas de prensa y las redes sociales como altavoz para difundir desinformación.

El discurso más frontal contra la evidencia científica proviene de Vox. La formación de extrema derecha ha aprovechado la oleada de incendios para reactivar su argumentario negacionista. El 20 de julio, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, cruzó todas las líneas rojas del consenso científico al afirmar que la acción del hombre no es la causante del calentamiento global. “La Tierra, el mundo, el sistema solar tiene sus propios tiempos y hace lo que le parece. No es el hombre”, afirmó, asegurando además que “los paneles científicos” se estaban “echando un pelín para atrás” en la idea del origen humano del calentamiento global, una afirmación que no se corresponde con el consenso científico internacional, respaldado por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe sobre cambio climático señala la influencia humana como principal responsable del calentamiento a un ritmo sin precedentes.

A partir de esas declaraciones, la maquinaria del partido se ha centrado en desvincular el clima del fuego. En su cuenta oficial de X, publicaron que no hay cambio climático, sino “una ideología criminal, incompetencia y abandono”. Al mensaje adjuntaban una imagen que indica que si los montes no se limpian en invierno, arden en verano. El mensaje elude que la limpieza y la gestión de los montes son competencia de las comunidades autónomas, incluidas aquellas donde gobierna Vox en coalición y dirige áreas como Medio Ambiente en Aragón o Medio Rural y Política Ambiental en Castilla y León.

En esta línea han seguido otros representantes como Iñigo Henríquez de Luna, diputado en la Asamblea de Madrid, quien la semana pasada acusó reiteradamente a otros políticos (y en especial a Pedro Sánchez) de utilizar el cambio climático como un “burladero” para esconder su responsabilidad en la prevención y gestión. Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el propio Santiago Abascal, atribuyeron la falta de medios contra los incendios a la “corrupción” del Gobierno central, llegando a calificar a Sánchez de “plaga”. Ninguno de los tres aportó datos, informes o ejemplos concretos que sostuvieran esa relación directa entre corrupción y escasez de medios de extinción.

Por su parte, el portavoz de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, completó ese argumento asegurando que los incendios activos no se deben al cambio climático, sino a la falta de “trabajos de desbroce” y a que no se ha “limpiado el campo adecuadamente”. La Ley de Montes, aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, establece obligaciones que contradicen esa afirmación. La norma exige la limpieza de los montes tanto a los propietarios privados como a los ayuntamientos, y demanda a las comunidades autónomas la elaboración de planes anuales de prevención de incendios. Entre esas medidas antiincendios deben figurar trabajos de carácter preventivo como los tratamientos selvícolas, que incluyen la eliminación de matorrales y la poda.

Isabel Díaz Ayuso y Feijóo han ignorado en diversas ocasiones la propuesta de un Pacto de Estado contra el cambio climático que propone el Gobierno. En cambio, Ayuso ha reclamado este lunes que se escuche “a las gentes del campo, que son quienes de verdad conocen lo que pasa en los montes”, denunciando “dificultades para limpiar los montes y para trabajar en sus propios terrenos”. Tampoco la Ley de Montes respalda esta interpretación. Los permisos solo son necesarios para quemas o uso de maquinaria en periodos de riesgo, y su tramitación depende de cada comunidad autónoma. Algunas, como Castilla y León o la propia Comunidad de Madrid, solo exigen una declaración responsable en el caso de extraer matorrales de más de 1,5 metros o realizar podas mayores.

En la misma línea se ha pronunciado este lunes Alfonso Serrano en el programa Todo es mentira. “¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También”, ha asegurado. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar el cambio climático “como mantra” para evitar hablar de su “mala gestión” en materia de prevención de incendios. 

Este discurso no es nuevo. Ya en 2022, Ayuso definió la agenda climática como una posible “gran estafa” ante la Asamblea de Madrid. La misma dirigente que meses después, en el debate electoral del 28M, prometía “llevar naturaleza a los patios y a las azoteas” para que “cada balcón de Madrid tenga una planta”, ha mantenido en paralelo, año tras año, un discurso agresivo contra las políticas climáticas.

El año pasado Vox ya achacaba los incendios en España al fanatismo climático y las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Esta no es una ley ni una norma jurídica, por lo que no autoriza ni prohíbe nada a nivel estatal o autonómico, sino que es un compromiso internacional de Naciones Unidas para la protección de los ecosistemas terrestres.

Mientras los bomberos siguen trabajando sobre el terreno, la legislación vigente mantiene desde hace más de dos décadas obligaciones concretas sobre la gestión de los montes y reparte responsabilidades entre propietarios y administraciones. Ese marco legal contrasta, sin embargo, con un debate política en el que cada verano resurgen afirmaciones que cuestionan tanto el consenso científico sobre el cambio climático como el alcance real de la normativa forestal.