La ultraderecha no defiende a las mujeres. No: no hay un feminismo de Vox, ni en Extremadura ni en ningún otro sitio. Y, sin embargo, asistimos a la aparición de argumentos pseudofeministas en torno a la propuesta de prohibir el burka, que Vox y PP utilizan para agitar aún más el debate político. Resulta especialmente descorazonador comprobar cómo algunas voces feministas de referencia compran este mensaje de brocha gorda —y no es el único que compran de la ultraderecha—. Desde ciertos sectores de la izquierda, por su parte, se añade que un Estado laico no puede permitir esta práctica. España es un Estado aconfesional, por cierto, pero este matiz no es ahora relevante. Feminismo y laicismo, dos conceptos que se apoyan o se rechazan, desde la izquierda y la derecha, dependiendo de cuántos votos calculen unos y otros que van a arañar tirándoselos a la cabeza al contrincante.

La cuestión del burka es especialmente atractiva para los intereses de algunos partidos. Incluye mujeres, inmigrantes e islam, y se presenta en algunos casos como una propuesta compasiva para mostrar la superioridad de nuestra civilización sobre otras. No se engañen: es una trampa. Las derechas no están preocupadas por el bienestar de las mujeres. Las derechas están instrumentalizando valores y miedos legítimos para seguir marcando la agenda política y arrinconar a la izquierda en sus contradicciones.

Una sociedad democrática debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Por esta razón, quizá sería aconsejable regular en qué circunstancias individuos con el rostro cubierto pueden transitar por espacios públicos. En España no hay prohibición al respecto, no porque no se haya intentado, sino porque no es tan fácil de implementar sin entrar en conflicto con el Estado de derecho. ¿Podemos prohibir que repartidores de comida a domicilio entren en restaurantes con casco? ¿Hay que prohibir el uso de mascarillas? ¿Qué hacemos con pañuelos y bufandas? Intuitivamente, hay una diferencia entre un pasamontañas y una mascarilla, pero hacer leyes justas que prohíban situaciones peligrosas y permitan situaciones razonables conlleva dificultades que han imposibilitado hasta ahora la aprobación de medidas en esta dirección. Especialmente en un clima político como el que vivimos. Todo esto las derechas lo saben, saben que las mujeres con burka no representan ninguna amenaza para la sociedad y saben igualmente que el asunto del burka no va a prosperar. Pero qué más da, estamos en perpetua precampaña electoral.

El burka es una “salvajada”, ha dicho Gabriel Rufián recientemente en un acto público. Hay razones sobradas para apoyar esta opinión. La identificación de las personas en espacios públicos es una medida de protección para todos. Máscaras y velos no solo imposibilitan la identificación de potenciales agresores, sino que imposibilitan la identificación de las víctimas. El burka oculta las marcas de la violencia, el miedo, la angustia y la desesperación. Impide además que esas mujeres sean reconocidas como individuos y que puedan interactuar con otros. Una persona con la cara tapada pierde parte de su humanidad, no puede comunicarse, expresarse, recibir reconocimiento o pedir ayuda. Sin tu cara, no eres nadie. Por estas razones, el burka es una salvajada, sí, una forma de tortura contra las mujeres, amparada desde una interpretación radicalizada de una religión que se ha convertido en caballo de batalla política. 

Pero no saquen pecho, señores, cristianismo y judaísmo no están en condiciones de tirar la primera piedra. La subordinación de las mujeres y la violencia de género han encontrado amparo histórico en interpretaciones dominantes de estas tradiciones, desde la resistencia al divorcio y la prohibición del aborto hasta la normalización de las violaciones dentro del matrimonio. En suma, la naturalización de relaciones de dependencia estructural de las mujeres respecto de los varones. El bienestar de las mujeres no interesa ni a los defensores de los valores de occidente ni a los islamistas radicales. En este debate, como en tantos otros, las mujeres son siempre las víctimas, que quedan atrapadas en el fuego cruzado entre los contendientes que supuestamente pelean por defenderlas.

Y en este tema el laicismo también es parte de la solución. El laicismo con todo lo que conlleva, no su invocación interesada y parcial. Feminismo y laicismo son aspectos constitutivos de la democracia en la medida en que ambos persiguen la ampliación de derechos, la igualdad y la no discriminación. El laicismo rechaza que se pueda apelar a códigos religiosos para legitimar prácticas como la ablación, la tortura, la violación o la deshumanización extrema que supone el burka. Rechaza también que tales códigos obstaculicen el ejercicio de derechos, como la interrupción del embarazo o la posibilidad de una muerte digna. El laicismo es, en ese sentido, garantía del respeto a la dignidad de las personas y del ejercicio efectivo de su autonomía.

Las mujeres han sido a menudo las transmisoras de costumbres que perpetúan su propia discriminación, amparadas en religiones estructuralmente dominadas por varones. Por eso, el movimiento feminista tiene que ser laicista. Pero no nos tomen el pelo, señoras y señores de la derecha. Si existe una preocupación genuina por el bienestar de las mujeres, abran el debate del laicismo en serio e impidan que las religiones sigan siendo instrumentos de dominación y adoctrinamiento en beneficio de los de siempre y en perjuicio de las de siempre. ¿Están dispuestos? Pues si no, no nos hagan perder el tiempo. Y dejen de gastar dinero público en sus luchas internas, que lo único que hacen es desviar la atención de los asuntos importantes y alejar a los ciudadanos de la política.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

“Jumilla hace historia. Se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”. Estas son afirmaciones de Vox en su cuenta oficial de X. ¿Una declaración de la saludable separación de Iglesia y Estado? No, que nadie se alarme. “Esto no va ni de religión ni de nacionalidades, sino de que se va a iniciar una modificación de la ordenanza para que las instalaciones deportivas se usen para la celebración de actividades deportivas, sin más”, responden desde el PP que gobierna en Jumilla. ¿Se han vuelto laicistas las derechas en este país? No, tranquilos, no ha cambiado nada. Vox nos saca de dudas rápidamente. “¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!” (InfoLibre 06/08/2025)

Con demasiada frecuencia los laicistas nos enfrentamos a la acusación de intransigencia y de persecución de las creencias religiosas. Nada más alejado de la realidad. De hecho, no hay ninguna incompatibilidad entre ser laicista y ser creyente, de cualquier confesión. Después de leer el maravilloso libro de Javier Cercas sobre el viaje del papa Francisco a Mongolia (Random House, 2025), estoy convencida de que Francisco hubiera apoyado la causa del laicismo. Desconozco si de hecho lo hizo.

Es difícil, en el contexto de enardecimiento de la rabia y el odio –me niego a llamarlo “polarización”– que se ha instalado en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales, defender la tolerancia y la convivencia. Parece imposible encontrar el tono, la capacidad y el interés para analizar las cuestiones más difíciles que nos interpelan a todos con un mínimo de rigor, no ya factual, de respeto a lo que realmente ocurre, sino incluso conceptual, de respeto a las consecuencias de ideas y creencias. 

Un ejemplo de rigor factual pasaría por aceptar que, sin la inmigración, de cualquier credo, España no podría gozar de los niveles de bienestar y crecimiento económico de los que goza. Un ejemplo que aúna inconsistencias factuales y conceptuales lo proporciona la defensa conjunta de políticas de promoción, que no de ayuda, de la maternidad y paternidad mientras se exige el cierre de fronteras, todo esto en un mundo que ya no tiene más recursos para alimentar a esta plaga que somos los humanos sin poner en grave peligro la supervivencia de nuestra especie. 

Lo trágico de esta falta de rigor es que, promovida por una parte de la sociedad, tiene consecuencias para todos, tanto para los que airean su xenofobia o niegan el calentamiento global, como para los que sostenemos que solo tenemos este planeta y que todos tenemos derecho a una vida digna. 

En este clima, el laicismo es un aliado de la racionalidad. Laicismo es respeto y discernimiento. Las leyes que nos afectan a todos no pueden encarnar e imponer códigos de conducta que solo una parte de la sociedad ha elegido libremente. Así dicho, esto debería poder defenderse desde la izquierda y desde la derecha, porque no es más que una expresión de cultura democrática. Es significativo que no sea así y deberíamos preguntarnos por qué. Y parte de la razón se encuentra en que, en este tipo de debates en los que, de manera interesada, se apela a los sentimientos, los argumentos que se hacen explícitos a menudo no guardan demasiada relación con los argumentos reales. 

Como el ideal laicista proclama, el Estado está por encima de los credos y tiene que ofrecer soluciones comunes a los ciudadanos de cualquier creencia e ideología. No hace falta ser ateo para defender que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el Estado asume el credo de alguna Iglesia, está invadiendo un terreno que no le compete y, al mismo tiempo, está renunciando a su compromiso de tratar a todos los ciudadanos por igual. Y el asunto no se arregla ampliando el apoyo a distintas Iglesias. Las actitudes pluralistas son siempre mejores que las monolíticas, pero el pluralismo religioso incurre en la misma confusión de planos que el confesionalismo. 

El Estado no se ocupa de la moral individual sino de la ciudadanía y sus derechos, tiene que ser el árbitro que permita el desarrollo integral de todos. Incluidos los ateos. Por eso, en una sociedad democrática el laicismo no es una opción sino uno de sus pilares fundamentales.

Realizo esta reflexión a propósito de la decisión del consistorio de Jumilla de prohibir la celebración de festividades propias de la comunidad musulmana, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, en instalaciones deportivas municipales. Y hay que reconocer que en este punto la Conferencia Episcopal se alineó del lado del que debería estar alineada siempre, el del respeto al diferente. ¿Deberíamos congratularnos los laicistas de esta decisión, promovida por Vox y ejecutada por el PP de la localidad murciana? Nos devuelve a la realidad recordar que el objetivo es defender nuestras raíces cristianas.

¿Cuáles son esas tradiciones de nuestro país que están siendo amenazadas? ¿Hay alguien que no pueda casarse por la Iglesia, bautizar a sus hijos, recibir el consuelo de un sacerdote al final de su vida, etc. porque se lo impidan las leyes? ¿Se lo impiden los musulmanes, los judíos, los ateos? No parece. No sé a qué tradiciones se refiere el concejal de Vox que tan orgullosamente defiende su victoria. 

Confieso que la imagen de España como bastión del catolicismo no me representa en absoluto, lo que no me convierte en simpatizante de las costumbres musulmanas, judías o de cualquier otra confesión. La participación de los poderes públicos, alcaldes, concejales, presidentes de comunidad o rectores de universidades públicas en manifestaciones religiosas (procesiones, fiestas, romerías, misas de comienzo de curso) me parece un despropósito del que los que lo llevan a cabo deberían avergonzarse y que la ciudadanía, de cualquier signo, debería rechazar. 

Los poderes públicos deberían verse como algo ajeno a las celebraciones religiosas y su participación en ellas como una intromisión inaceptable que las desvirtúa. Si es que nos creemos lo que predicamos. Y no hay contradicción con la razonable afirmación de Benedetto Croce de que los europeos no podemos decir que no somos cristianos (“Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’”, 1924). Pues claro que lo somos, en un sentido histórico. La influencia del cristianismo en Europa se deja ver por todas partes, vaya novedad, pero también somos hijos de la Ilustración, aunque España se quedara en los márgenes. 

¿Son todas las tradiciones dignas de ser defendidas? He oído argumentar a colegas no particularmente religiosos que el avance del islam en Europa aconseja el fortalecimiento del apoyo público a las tradiciones católicas. ¡Qué extraordinario ejemplo de confusión mental, del que no se libran ni las mentes más preparadas! 

No, no hay que fortalecer el carácter confesional (de la confesión correcta, claro) de las instituciones. Hay que liberar el debate político de resonancias religiosas. Las tradiciones son hábitos de una sociedad, que habitualmente representan las creencias de la comunidad que las alberga. Respetar a ultranza las tradiciones es una manera de impedir el progreso. 

Las sociedades democráticas son una conquista arrancada a otras formas de gobierno que afortunadamente ya no perviven o no perviven con el mismo grado de impunidad. La democracia es una alternativa más elaborada, avanzada y respetuosa a las teocracias, da igual el dios al que se dediquen. Eso lo vemos claro cuando no es nuestro dios. La ley islámica que permite lapidar adúlteras nos parece bárbara. Pero cuando la doctrina católica se usa para recortar derechos ya la cosa se ve menos clara.

Algunas “tradiciones” católicas, como el “respeto” (por llamarlo de alguna manera) a la vida humana, que curiosamente se manifiesta en el rechazo del derecho de las mujeres (las mujeres siempre en el punto de mira) a decidir si llevar a término o no un embarazo, o en el rechazo frontal al derecho a la muerte digna, que permite que, quien así lo desee, ponga fin a su vida cuando ésta le resulta invivible, me resultan profundamente crueles. 

Recordemos el caso de Noelia, cuyo proceso para poner fin a su vida ha sido obstaculizado por los recursos de la asociación Abogados Cristianos a petición del padre de la chica. A nadie se le obliga a interrumpir un embarazo o a poner fin a su vida. Esas prácticas son voluntarias y están perfectamente reguladas ¿Por qué tanto interés por impedirlas? La moral católica es un ingrediente de todas las respuestas. Pero, si arañamos un poco la superficie, la respuesta completa aparece en toda su dimensión. 

No es una cuestión de valores, sino de poder. Los valores se muestran, el poder se impone. La Iglesia quiere seguir manteniendo un dominio de lo que ocurre en la sociedad no legitimado por las leyes y la cultura democráticas que nos hemos dado. Disfrazada de moralidad, respeto a la vida y protección del débil lo que hay es una lucha por el poder, simplemente. El rechazo del aborto y la eutanasia son maniobras para seguir manteniendo el dominio sobre el comienzo y el fin de la vida. 

A nadie se le escapa que una Iglesia no protegida por el Estado pronto perdería su posición de privilegio. En el libro de Cercas, el Papa Francisco manda un mensaje a China en su viaje a Mongolia, algo así como un pacto de no agresión: “A los católicos chinos les pido que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos”. Porque, claro, esto es lo que está en juego. Quién manda aquí y quién se beneficia de esa posición de dominación. 

En una sociedad democrática no debería haber privilegios protegidos por el Estado. Eso no significa que los demócratas o los laicistas creamos en una sociedad en la que no existan grupos privilegiados. Eso es imposible. Pero al menos aspiramos a que todo el mundo pueda organizar su vida conforme a sus valores en un clima de respeto y autonomía. Sin tutelas morales. Y para esto el laicismo es el camino. 

Por eso una democracia que no separe tajantemente las Iglesias del Estado es una democracia imperfecta. Esta es la batalla que estamos librando en la actualidad en nuestro país, defender la democracia o entregarla definitivamente. Y el laicismo es un componente definitorio de la causa democrática que hace bandera del respeto a todos.

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María José Frápolli es Miembro del Grupo de Pensamiento Laico y Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, celebrado cada 20 de noviembre por la aprobación en ese día de 1959 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y, en esa misma fecha de 1989, de la Convención sobre los Derechos del Niño, quiero reflexionar sobre unas vulneraciones de derechos infantiles que me parecen flagrantes pero suelen pasar inadvertidas.

En España, como en cualquier país con presencia importante de la Iglesia católica, muchas niñas y niños son adscritas desde el nacimiento a esa religión, y sometidas a un continuo adoctrinamiento durante toda su infancia. El proceso se vertebra a través de los llamados sacramentos, siete ritos católicos particularmente importantes y significativos.

Hay que destacar que, de los siete, nada menos que cuatro están encaminados, o se utilizan normalmente, para la captación y catequización de nuevos miembros de la Iglesia. Veamos cómo se aplican a la infancia.

Este sacramento se emplea habitualmente para introducir a los bebés —de pocas semanas o meses— en la Iglesia católica. Se realiza mediante un ritual con claros elementos mágicos en el que "se pronuncian uno o varios exorcismos [¡!] sobre el candidato" (Catecismo, n. 1237). Evidentemente se realiza sin el consentimiento de ese candidato, y, según la Iglesia, "imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo", de modo que bautizado queda hasta la muerte… y supongo que más allá. Además, conlleva un compromiso de los padres o tutores, y de los padrinos, de realizar un "catecumenado postbautismal" (n. 1231), es decir, un adoctrinamiento religioso. Aclara el Catecismo (n. 1269) que "el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia, y a ser 'obediente y dócil' a los pastores de la Iglesia y a considerarlos con respeto y afecto". Tiene perendengues que el art. 16 de la Constitución proclame el derecho a no declarar tu ideología o religión pero te puedan meter en una sin tu conocimiento. Y que para afiliarte a un partido se te exija mayoría de edad pero te afilien a la Iglesia siendo bebé.

¿No es el bautismo infantil una vulneración patente de los derechos de los niños?, ¿cómo es posible que la sociedad lo consienta sin rechistar?

Si se siguen las previsiones bautismales, los menores serán sometidos a la indoctrinación religiosa desde muy temprana edad. Aparte de lo que suceda en el entorno familiar, los niños recibirán en la escuela (pública o privada) clases formales de religión a partir de los tres años. Es decir, en la catequesis escolar. En ella aprenderán importantes ramas de la anticiencia como la creencia en milagros y el creacionismo; se irán enterando de que el Creador es su dueño, de modo que en el futuro no podrán hacer lo que quieran con sus cuerpos (aborto, eutanasia…). Se les inculcará la moral católica, tan homófoba y machista (las mujeres, muy discriminadas). A los 7-8 años empezará, para preparar la primera comunión, la catequesis parroquial, que se realimentará con la escolar. Todo este adoctrinamiento dogmático ¿no constituye otra vulneración palmaria del derecho infantil a desarrollar una conciencia libre, una autonomía moral y un pensamiento crítico?

Pero antes de la primera comunión tiene que realizarse la "primera confesión", el sacramento de la penitencia.

En este sacramento, el niño o niña de 9-10 años debe confesar sus pecados ante un cura. El menor debe contarle sus más íntimos y reprobables actos, pensamientos, deseos y sentimientos, exponiendo sus culpas a la espera de recibir el perdón por parte de esa autoridad sagrada. ¿No es esto un gravísimo acoso a la intimidad de los menores? No me cabe en la cabeza que las confesiones infantiles, un evidente abuso mental, se realicen como lo más normal del mundo.

Tengamos en cuenta, además, que ese ámbito de confianza, de intimidad y de autoridad es propicio para un abuso de poder más allá de lo mental, llegando a lo físico y sexual. Según el exsacerdote argentino Adrián Vitali, en el 95 % de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, estos utilizaron la confesión como elemento de seducción y de acercamiento al chico/a. Pero incluso sin este agravante extremo, entiendo que no deberían permitirse las confesiones infantiles por vulnerar de un modo execrable el derecho a la intimidad de los menores.

La eucaristía (primera comunión) y la confirmación

Tras una o varias confesiones de pecados, llega el momento de la primera comunión, con la eucaristía como centro, otro ritual de carácter mágico (que incluye la harrypotteriana "transubstanciación"), con un asombroso componente teofágico. Se dice que es un momento cumbre en la vida de los católicos, por lo que se le da un inmoderado carácter festivo y social. A las niñas las visten a menudo como pequeñas novias, con vestidos blancos que simbolizan su virtud virginal (algo muy del gusto del machismo católico). Se trata de dejar muy marcada en los menores su pertenencia a la comunidad católica de manera gozosa, y para eso se les colma de regalos. Es un claro chantaje de signo positivo que se une a los de carácter negativo (a través del miedo a las consecuencias del pecado, desde la condena social al castigo eterno).

Pocos años más tarde (a los 14-15 de edad) llega el sacramento de la confirmación, indeleble e irreversible como el bautismo. En un acto en el que sigue muy presente la magia, el niño o niña cristiana se reafirma en su fe y, sobre todo, se compromete a expandirla, a hacer proselitismo.

Como vemos, todo está programado desde el nacimiento, y hasta antes de la edad adulta. Como asegura el viejo dicho atribuido a los jesuitas, "Dejad en mis manos la enseñanza de los niños hasta los siete años, y serán míos mientras vivan". Aunque, por si las moscas, se les deja en sus manos hasta los 14-15 mediante esa estrategia marcada por los sacramentos; de ahí que se le dediquen o apliquen nada menos que cuatro de los siete.

Me parece muy obvio que no es lícito que estos sacramentos —o lo equivalente en otras confesiones religiosas— se apliquen a la infancia (si se bautiza, confiesa, etc., a una persona adulta, por supuesto no tengo nada que objetar). Es más, opino que los sacramentos —y equivalentes— aplicados sobre los menores deberían ilegalizarse, y apoyaría una iniciativa en ese sentido. Pero lo que quisiera en este momento es concienciar, sobre todo a padres, madres y tutores de que con todo lo aquí brevemente denunciado no se respeta el "interés superior del niño" del que habla la Convención de 1989, es decir, que se facilite y promueva el que los niños lleguen a alcanzar, en su desarrollo hacia la edad adulta, el mayor grado posible de capacidad intelectual y de autonomía moral, como personas dignas con una conciencia libre.

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Juan Antonio Aguilera Mochón es Profesor de Bioquímica en la Universidad de Granada.

Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.

Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de "congelar" la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, "minimizar" el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre "democracia o neofascismo" que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. "Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel", señala dicha fuente.

Las inmatriculaciones de la Iglesia "deben ser nulas de pleno derecho", afirmó este lunes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, durante la apertura de unas jornadas sobre el tema celebradas en el Congreso junto al movimiento laicista, del que el grupo de Díaz hizo suyas sus reivindicaciones. Íñigo Errejón, portavoz del grupo, que cerró las jornadas, llegó a cifrar en más de 100.000 las inmatriculaciones "indebidas" de la iglesia, situando el inicio del periodo de cómputo en 1946, y se refirió a las mismas como "botín de rapiña" obtenido por la jerarquía de la Iglesia en pago a su participación en una "guerra de saqueo" y a su papel de "sostén ideológico" del franquismo.

Aunque el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada ponía alto el listón de sus pretensiones en este terreno, al final el Ejecutivo avaló en 2021 la legalidad del procedimiento con raíz en la legislación franquista que permitió a la Iglesia inmatricular sin descanso desde 1946 hasta 2015. El Gobierno hizo público un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Había de todo: templos o dependencias complementarias a los mismos, fincas con otros destinos, como terrenos, solares, viviendas o locales. El listado aportaba transparencia, pero no mucho más. Cualquier reversión debería ser fruto de una batalla judicial en la que tocaba a cada demandante –un particular, un ayuntamiento– probar que el bien es suyo. Además, se quedaban fuera no sólo las inmatriculaciones desde que se formalizó en 1946 el privilegio de que los obispos pudieran inscribir por primera vez bienes dando sólo su palabra, sino también desde 1978, cuando se aprobó una Constitución aconfesional. El movimiento laicista se mostró abiertamente insatisfecho.

Un año después, en 2022, el mismo Ejecutivo puso en cuestión la legalidad de cerca de mil de estos bienes, un gesto que transmitía firmeza y exigencia ante la Iglesia. Se trata de bienes, explica el Ministerio de Presidencia a infoLibre, que fueron puestos a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para que se buscara a sus legítimos propietarios". "Nunca antes se había conseguido algo parecido. Hubo otros bienes (20.000 más o menos) que se determinó que eran bienes de culto, por lo que ahí no había nada que hacer", añade Presidencia, que recalca que "es mucho más de lo que se había conseguido nunca". Además, añade el departamento de Félix Bolaños, "el Gobierno mantiene abiertas tres comisiones con la Iglesia católica, una de ellas la de inmatriculaciones". Es decir, no da por zanjada la cuestión.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) afirma que su explicación sobre estos mil bienes está sintetizada en este vídeo.

A pesar de los esfuerzos de Presidencia, ni el movimiento de 2022 ni las expectativas de la comisión con la CEE todavía abierta endulzan el balance amargo sobre el acuerdo con la Iglesia de la miríada de organizaciones de base local, provincial y autonómica que vienen reclamando la nulidad de miles de las inmatriculaciones no sólo desde 1998, cuando una ley amplía las potestades inmatriculadoras de la Iglesia a lugares de culto, sino desde 1978 o incluso antes. Ahora Sumar ha dado plena cobertura a estas organizaciones, articuladas en torno a la coordinadora Recuperando, al abrirles las puertas del Congreso, donde este lunes se celebró la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado.

Santiago, en la apertura de la jornada, dejó claro que a su juicio aquel "mutuo acuerdo" entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Presidencia, y la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada fue resultado de un "procedimiento de negociación que desde nuestro punto de vista no fue nada transparente ni ajustado a derecho". "Es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que que reconozca que ha venido usurpando 35.000 bienes. En la práctica el acuerdo consistió en unas migajas quizás para que la opinión pública se tranquilizara", afirmó Santiago, que tenía a su lado a José María Rosell, presidente de Recuperando. Y añadió: "Quizás la Iglesia católica pretendía legalizar su indebida posesión sobre 33.000 bienes. Obviamente eso es algo que no podemos permitir". Luego Errejón amplió el arco de bienes obtenidos "indebidamente" hasta más de 100.000, incluyendo todos desde la reforma legal de 1946.

Las palabras de Santiago y Errejón evidencian que Sumar no quiere olvidar el viejo asunto de las inmatriculaciones en una legislatura que arrancó con una rebaja de la ambición laicista con respecto a cuatro años atrás. Santiago defendió los "pasos" dados la pasada legislatura, especialmente en comparación con los gobiernos del PP, pero transmitió la idea de que los consideraba lejos de colmar sus aspiraciones. Hay "muchos más pasos" por dar, dijo sobre un asunto que la Conferencia Episcopal considera zanjado. El secretario general del PCE afirmó que su aspiración sigue siendo la "nulidad" de las inmatriculaciones, al considerar que con ellas se ha "expropiado" una riqueza que es de la sociedad, y cuyo ejemplo más emblemático es la Mezquita-Catedral de Córdoba, provincia por la que es diputado.

Siendo la nulidad el techo de Sumar, Santiago afirmó que su grupo defenderá todas las propuestas que haga el movimiento laicista. Errejón añadió: "No es una cuestión sobre la fe, sino sobre el estado de derecho y sobre que no haya entidades por encima de la ley". Revertir inmatriculaciones es un acto de "democratización de la estructura de la propiedad", dijo el dirigente de Más País, que insistió en que Sumar incorporaría a su agenda todo lo que el movimiento demandase.

A continuación Recuperando le tomó la palabra y, como colofón de las jornadas, presentó su programa de reclamaciones, que incluyen la elaboración de "un listado pormenorizado" de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, la "nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida", es decir, desde 1978, así como de aquellas que afecten a "bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural". Recuperando también reclama que el Estado defina "qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables [ver lo más sustancial del documento, en su totalidad, en el recuadro de abajo].

Desde Antonio María Rouco Varela no hay en la Iglesia católica española un "hiperliderazgo", señala un atento observador de la vida de la institución. Precisamente de la etapa del apodado "vicepapa", añade, la jerarquía aprendió que no convenía ni entregarse a figuras carismáticas ni decantar en exceso el reparto de poder en una sola corriente ideológica, por entonces –ahora también, pero de manera diferente– la conservadora. En coherencia con este planteamiento, este martes la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la elección de su nueva dirección, ha evitado poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Resultado? El nuevo presidente de la CEE, órgano coordinador de las diócesis e interlocutor con el Gobierno, es un conservador. Su vicepresidente, un progresista (al menos dentro de los estándares de la élite católica).

Eso sí, los dos encaran un mismo desafío que sobresale holgadamente sobre el resto: la gestión de la pederastia eclesial y sus consecuencias. Mientras las víctimas se encargan de recordar que la herida de los abusos a menores sigue abierta, la CEE no acepta el resultado de las investigaciones externas y continúa pendiente la fórmula para reparar a las víctimas. Con un asunto de tal gravedad por cerrar, el episcopado ha decidido encumbrar como presidente a Luis Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953), de 71 años, arzobispo de Valladolid, del ala conservadora, que a raíz de su gestión como secretario general de la CEE se convirtió en la voz y el rostro del empeño en minimizar las dimensiones del problema, así como de la resistencia a aceptar una investigación.

Con el reparto de cargos de este martes los obispos han dado una muestra clara de su carácter mayoritariamente conservador y escéptico sobre el reformismo del papa Francisco. Argüello cosechó 48 de los 78 votos en primera votación. Pero, al mismo tiempo, también han exhibido capacidad de integración de sensibilidades, colocando al lado de Argüello precisamente a la figura más alineada con el pontífice. En la segunda votación obtuvo 39 apoyos José Cobo, (Sabiote, Jaén, 1965), de 58 años, cardenal arzobispo de Madrid, cuyo peso en Roma lo da este dato: ocupa dos puestos en la curia vaticana. A diferencia del presidente saliente, Juan José Omella, y también de Cobo, el nuevo presidente, Luis Argüello, no es cardenal.

Nada más ser elegidos, Argüello y Cobo, presidente y vicepresidente, cada uno puntal de una de las dos principales corrientes en el seno del alto clero, dejaron clara su voluntad de evitar cualquier impresión de división compareciendo juntos y hablando de "comunión", que es el equivalente eclesial de lo que en los partidos llamarían "unidad" tras un congreso. Como si no hubiera habido ningún tipo de lucha poder el poder. "Somos de un único bando, el bando del Evangelio", dijo Argüello, muy dado a las frases redondas.

Lo cierto es que tienen razones Argüello y Cobo para hacer piña. Porque encaran el acuciante reto de la exigencia de explicaciones, responsabilidades y reparación por la pederastia en la Iglesia. Fuera, a las puertas de la sede, en la madrileña calle Añastro, un pequeño grupo de "víctimas" o "supervivientes" de abusos y sus familiares se lo recordaba manifestándose este martes, como ya hicieron el lunes.

Argüello y Cobo, una vez elegidos, tuvieron el gesto de salir a saludar y a prometerles escucha. Las trayectoria de uno y otro hacen que el segundo, Cobo, tenga en este campo una credibilidad de la que no disfruta el primero, Argüello. El cardenal arzobispo de Madrid es reconocido como uno de los dignatarios de la Iglesia más sensibles con las víctimas y más determinados a actuar. El arzobispo de Valladolid está lejos de un estatus así.

Argüello, durante su etapa como secretario general de la CEE entre 2018 y 2022, tuvo que lidiar directamente con la pederastia. Le tocó vivir en un puesto de máxima visibilidad el paso desde el negacionismo a la progresiva aceptación –siempre con reservas y resistencias– del problema, punto al que fue llegando bajo presión del Vaticano.

La huella de la gestión de Argüello durante aquella transición muestra a un hombre convencido de que la Iglesia era víctima y no responsable. Su intervención más sonada tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando tras una asamblea plenaria de la CEE afirmó que la pederastia en la Iglesia se reducía a una cantidad "pequeña" de "pequeños casos", "seguramente" menos de mil en ochenta años sumando todos los publicados. Un número "mínimo", añadió, aunque subrayó su gravedad "cualitativa". Y esa pequeña cantidad contrastaba, dijo, con los "millones de niños, adolescentes y jóvenes" con relación con la Iglesia. En este vídeo se puede ver su respuesta a partir del minuto 41.

En aquella misma comparecencia, Argüello protestó por el trato que se daba a la Iglesia: “¿Por qué el foco [se pone] solo en la Iglesia católica? [...] ¿Se ha pedido una investigación general o una implicación al Comité Olímpico o a la FIFA o a la federación deportiva de turno?”.

En 2022 comenzó una serie de declaraciones contra la investigación oficial de la pederastia en la Iglesia. Primero afirmó que la aprobación en el Congreso de los Diputados de una comisión situaba a los obispos ante una "trampa saducea". Después fue el encargado de anunciar que la institución no abriría sus archivos para la comisión del Defensor del Pueblo. En noviembre de aquel año Argüello fue sustituido como secretario general y portavoz por César García Magán. Y desde la primera comparecencia este dejó claro que el nuevo discurso iba a ser más duro que el de Argüello. Era necesario "incrementar" los esfuerzos, dijo García Magán marcando claramente distancias con el tono anterior, para afrontar un problema que había "contaminado" a la Iglesia.

Ya fuera del núcleo duro de la CEE, Argüello siguió siendo fiel a su línea de criticar las investigaciones externas. Cuando el Defensor del Pueblo presentó su informe, de cuyos resultados se deduce que ha podido haber más de 400.000 víctimas, Argüello señaló que se trata de un trabajo "discutido y discutible". Así cerraba un círculo abierto en 2019, cuando fue quien puso voz al anuncio de que el protocolo antiabusos de la Iglesia no contemplaba indemnizaciones para las víctimas. Su tesis ha sido siempre la misma: la cuota de responsabilidad de la Iglesia en el conjunto del problema es "mínima". Jamás ha negado la importancia "cualitativa", pero cree que "cuantitativamente" el problema es "pequeño".

La pederastia no es un caso cerrado en la Iglesia. Organizaciones de víctimas y familiares aún apuntan contra la institución el dedo acusador. La CEE no ha hecho público su anunciado "plan de reparación". Está por ver hasta dónde llegan las compensaciones económicas, si las hay. La propia auditoría encargada por la Iglesia al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presidida por un miembro del Opus Dei, sugiere que sí ha habido encubrimientos y hasta destrucción de expedientes. La Fiscalía considera que hay margen para investigar. Los frentes abiertos son variados. Y con este panorama la CEE ha elegido a Argüello como rostro y voz.

Javier, víctima de abusos en Seminario Menor de La Bañeza (León), que prefiere no decir sus apellidos, no se muestra sorprendido. "Los obispos en su mayoría son conservadores y eligen a un conservador que minimiza los abusos, que desprecia a las víctimas. Eso es lo que [Argüello] ha hecho hasta ahora. Imagino que como presidente seguirá la misma línea", afirma Javier, que destaca que los comentarios de Argüello apuntando a abusos fuera de la Iglesia, por ejemplo en el mundo del deporte, para minimizar la importancia relativa de los ocurridos dentro le hicieron "mucho daño".

"No sé cómo pretenden barrer la cocina de los demás cuando no tienen su cocina barrida. Es un estrategia como poco infantil, el 'yo sí pero tú más', que hace mucho daño a las víctimas", dice. En medio de ese diagnóstico oscuro, contrasta la elección de Cobo como vicepresidente. "Me alegra. Porque es... iba a decir más progresista, pero lo dejaría en que es mejor persona y más humano y más cercano al que sufre, como tiene que ser un buen cura, y menos príncipe de la Iglesia". A juicio de Javier, que el lunes se manifestó a las puertas de la sede de la CEE, la primera obligación de Argüello es sentarse con el Gobierno, al que hace corresponsable de la búsqueda de soluciones.

Miguel Hurtado, que sufrió abusos en la adolescencia en el grupo scout de la Abadía de Montserrat, rechaza la "falsa dicotomía entre conservadores y aperturistas". "En el tema de los abusos, todos son igual de malos. Es verdad que hay un discurso que suena mejor –que habla de lo terribles que son los abusos, que dice que hay que defender la dignidad de las víctimas y repararlas– y otro discurso que suena peor. Pero a la hora de la verdad, al mirar el comportamiento, la forma de abordar el problema, no hay grandes diferencias", afirma. ¿Qué marcaría una auténtica diferencia? Según Hurtado, la Iglesia ha demostrado su "incapacidad para autogestionarse", así que las soluciones tendrían que venir impuestas y ser de entrada tres: una, "garantías de no repetición" e "imprescriptibilidad de los abusos"; dos, "vías garantizadas de reparación de las víctimas" que a su juicio no pueden venir del "plan de reparación" de la CEE; y tres, "rendición de cuentas".

"Está claro que la Iglesia no puede abordar el problema por sí misma. Han enterrado el informe de Cremades, dejándose fuera 300 casos, entre ellos el mío. La pelota está en el tejado del Gobierno. Y ante eso los obispos, con la elección de Argüello, se están enrocando", afirma.

Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa (Vizcaya), no sólo rechaza las posiciones de Argüello sobre la pederastia, también sobre personas Lgtbi, transexualidad, mujeres... "Por todo ello, su elección no es una buena noticia, pero hay que echar mano a la esperanza y darle al menos [de margen] los cien primeros días", afirma Cuatrecasas, cuya experiencia con Argüello es haberse reunido como representante de Infancia Robada con el que entonces era secretario general de la CEE. "Nunca habló de medidas concretos, todo fue en tono genérico", afirma.

La cúpula de la Iglesia española oscila a la derecha. No es un giro drástico, porque no viene de la izquierda, pero sí una reafirmación del carácter netamente conservador de la mayoría del alto clero. Sale Juan José Omella, un moderado alérgico a polémicas que no ha podido, no ha sabido o no ha querido cumplir con la expectativa que había generado en los sectores progresistas de empujar hacia un alineamiento con el reformismo del papa Francisco. En su lugar entra Luis Argüello, del ala conservadora, más dado a entrar al trapo político, a criticar al Gobierno de izquierdas, un hombre cuya trayectoria está marcada por el intento de rebajar las dimensiones cuantitaivas de la pederastia en la Iglesia y por la oposición a una investigación oficial, si bien con el tiempo ha ido mostrando un discurso más concienciado con el problema y su impacto social.

La elección como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de Argüello, jurista, licenciado en derecho civil, muestra la debilidad comparada del sector progresista, que tiene como principal referente a José Cobo, arzobispo de Madrid, la figura del episcopado español más nítidamente en sintonía con Francisco. No obstante, y fiel a su regla de buscar siempre contrapesos internos y evitar rupturas, los obispos han convertido a Cobo en vicepresidente. Así se evita que el vicepresidenta sea Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en posiciones ultraconservadoras. Ambos, Argüello y Cobo, comparecieron juntos esta misma mañana de martes, subrayando la "comunión" entre los obispos. "Somos de un único bando, el bando del Evangelio, afirmó Argüello.

Argüello no será, como muchos creen, el jefe de los obispos. No le corresponde tal misión. El presidente de la CEE es un coordinador, no un superior jerárquico. El superior de todos ellos, ante el que todos rinden cuentas, es el papa. Pero Argüello, elegido este mismo martes en votación, sí se convierte en rostro de la institución católica en España, como lo han sido antes Vicente Enrique y Tarancón (1971-1981), Gabino Díaz (1981-1987), Ángel Suquía (1987-1993), Elías Yanes (1993-1999), Antonio María Rouco Varela (1999-2005; 2008-2014), Ricardo Blázquez (2005-2008; 2014-2020) y Juan José Omella (2020-2024).

En el balance de este último debe anotarse la resistencia de la CEE a las presiones de los sectores católicos más fanatizados durante la pandemia para que convirtiera a la Iglesia en un foco de resistencia a las medidas de confinamiento del Gobierno. No sucumbió. Omella siempre defendió que lo primero era la salud. También ha hecho una eficaz defensa de los intereses materiales de la Iglesia, salvando su ventajosa posición en los ámbitos educativo, fiscal y patrimonial. Cuando arrancó el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pareció abrirse la puerta a una revisión de las relaciones Iglesia-Estado y al papel de la institución católica en el espacio público. Pero no ha sido así. Mientras avanza el proceso de secularización en la sociedad española y la Iglesia sigue perdiendo fieles y vocaciones, la institución ha logrado aferrarse a la concertada –su gran bastión de influencia–, a sus inmatriculaciones y a sus beneficios fiscales.

A Argüello le tocará todavía lidiar con las exigencias de esclarecimiento de la pederastia, aceptación de responsabilidades y reparación de las víctimas. También tendrá que esforzarse en mantener unida a una institución donde la polarización ideológica también hace mella, sobre todo por la base, una parte de la cual ha oscilado a posiciones reaccionarias y preconciliares, arrastrada por un aparato mediático que ha puesto al reformismo de Francisco en el punto de mira. Es posible que con Argüello al frente de la CEE llegue el relevo en Roma: Francisco, que en 2026 cumplirá 90 años, tiene ya firmada su renuncia para caso de problema médico invalidante y no parece tener la voluntad de pasar una agonía en la silla de Pedro. El nuevo presidente de la CEE también tendrá que seguir, como todos, protegiendo los intereses materiales de la Iglesia. Y no parece, por la actual correlación de fuerzas políticas, que vaya a tener demasiadas dificultades. Así lo ha explicado el propio Argüello en Eldiario.es: "Con el Gobierno de la Nación siempre ha sido más fácil llegar a acuerdos en cuestiones económico-patrimoniales que en temas que tengan que ver con nuestra visión de la vida, la antropología, la educación y demás".

Tanto este lunes como este martes víctimas de abusos protestaron a las puertas de la sede de la CEE, dejando claro a sus nuevos máximos responsables que la herida no está cerrada. Argüello y Cobo, tras su elección, tuvieron el gesto de salir a saludarlos.

Es frecuente un dicho para hablar del episcopado español: no hay nada que se parezca más a un obispo que otro obispo. En efecto, mirados en relación al conjunto de la sociedad, todos son conservadores en lo que afecta al sexo, la familia, los roles de género y tantas cosas más. Ahora bien, ahí dentro hay matices. Que la corriente mayoritaria se incline a un lado u otro influye en el rumbo de una institución que mantiene aún una significativa influencia en la sociedad española a través de la educación, los medios de comunicación, las fiestas populares y –pese al avance de la secularización– también en el púlpito, sobre todo entre los mayores.

El arzobispo de Barcelona, Omella (Cretas, Teruel, 1946), llegó en 2020 a la presidencia de la CEE con la vitola de moderado, dialogante y aperturista. Con sus actos se ha hecho más merecedor de los dos primeros adjetivos que del tercero. Ahora deja su sitio a Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953), arzobispo de Valladolid. ¿Quién es? No es un émulo de Antonio María Rouco Varela, ni de lejos. No seria exacto encuadrarlo entre los obispos más extremistas, donde sí estarían Jesús Sanz, de Oviedo; José Ignacio Munilla, de Orihuela-Alicante; o Demetrio Fernández, de Córdoba. Ahora bien, todos los observadores coinciden en adscribirlo a la línea conservadora. A diferencia de Omella, Argüello no es cardenal. Su elección tiene una clave generacional. En un intento de rejuvenecer la imagen de la Iglesia, desde 2022 no se permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente de la CEE obispos mayores de 75 años. Eso reducía el arco de elegibles a 49 de los más de 70 obispos.

A quienes siguen los pronunciamientos públicos de la Iglesia les sonará Argüello, con sus gafas de montura negra y su voz rugosa. Aquí se puede leer su biografía en la web de la CEE, donde fue secretario general entre 2018 y 2022. Ese currículo hace de él alguien bregado en lanzar mensajes a la arena pública y en tratar con los medios. Ha hecho varias manifestaciones controvertidas. La que más repercusión tuvo fue en noviembre de 2021, cuando tras una asamblea plenaria de la CEE afirmó que la pederastia en la Iglesia se reduce a "pequeños casos". "Incluso sumando todos los casos que han salido en todos los medios", dijo, "seguramente no pasen de mil" en "ochenta años". Argüello no negaba –jamás lo ha hecho– la "gravísima dimensión cualitativa" de los abusos, pero calificaba de "pequeña" la cuantitativa. Al mismo tiempo, rechazó en aquella rueda de prensa hacer una investigación "de carácter sociológico, estadístico". "No estamos por la labor", dijo. Y protestó por el trato que se daba a la Iglesia en este tema: “¿Por qué el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos por ejemplo en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al Comité Olímpico o a la FIFA o a la federación deportiva de turno?”.

Menos de tres meses después, en marzo de 2022, la propia CEE anunciaba 506 casos en ochenta años. Argüello insistiría en la idea de la escasez de casos. "El número de clérigos acusados en relación a la problemática general de los abusos es mínima", declaró a El Mundo en noviembre de aquel año.

También en 2022 comenzó una serie de duras declaraciones contra la investigación oficial de la pederastia en la Iglesia. Primero afirmó que la aprobación en el Congreso de una comisión situaba a los obispos ante una "trampa saducea". Después fue el encargado de anunciar que la institución no abriría sus archivos para la comisión del Defensor del Pueblo. Por último, ya en noviembre de 2023, la institución que dirige Ángel Gabilondo presentó su informe. A partir de sus resultados, se estima que ha habido más de 400.000 víctimas de entre 18 y 90 años. Argüello, que ya había dejado al secretaría general de la CEE, afirmó que el informe era "discutible". Así cerraba un círculo abierto en 2019, cuando fue quien puso voz al anuncio de que el protocolo antiabusos de la Iglesia no contemplaba indemnizaciones para las víctimas.

Como portavoz y secretario general de la CEE tuvo un problema: provocaba titulares que generaban polémicas, cosa que la Iglesia normalmente suele evitar. Es un hombre con cierta tendencia a pisar charcos, aunque con el tiempo fue aprendiendo a sortearlos y a medir más las palabras. No lo hizo en 2018, cuando dijo que la Iglesia quería curas "enteramente varones y, por tanto, heterosexuales". Es decir, que los gays serían medio hombres. Luego rectificó. No es hombre que tenga excesivo empacho en enmendarse si cree que se ha equivocado.

El nuevo presidente de la CEE ha sido abiertamente crítico con medidas del Gobierno en la pasada legislatura –la que le tocó como secretario general– como la "ley trans", un "absurdo" por su "afán de despatologización". Por supuesto, es firme en el rechazo al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad todos los obispos lo son, la diferencia es de grado. Y Argüello es de los que se encargan de dejar constancia siempre que tienen oportunidad, aunque sin emplear una retórica tan tremendista como la de sus colegas más exaltados. Argüello recibió con "esperanza" el surgimiento en 2021 de NEOS, la red de organizaciones contra el aborto, la eutanasia y la "ideología de género" impulsada por Jaime Mayor Oreja.

Argüello es contrario a la legislación sobre "memoria histórica", que persigue "volver a abrir todo lo que es una España en blanco y negro", con la idea de que "los franquistas [eran] todos horribles, la sociedad española en tiempos de Franco [no tenía] nada bueno" mientras que en la República era "todo bueno". También es contrario a la Agenda 2030, una obsesión de la extrema derecha y especialmente de Vox. "El Qatargate –manifestó en 2022– ha puesto de manifiesto la relación entre lobbies, mafias y poder económico y político. La burocracia de la Unión Europea y de la ONU favorecen esta relación. La Agenda 2030 es terreno abonado para este tipo de hechos con la coartada de la buena voluntad de muchos".

Eso sí, no siempre concuerda con Vox. Su discurso sobre inmigración es compasivo, nada parecido al de Santiago Abascal y los suyos. En asuntos de máxima actualidad, recientemente se ha pronunciado así sobre la amnistía al independentismo.

Lo grave es que hay una lógica detrás de la actitud siempre indulgente, cuando no justificadora, de la élite eclesial hacia Franco y su obra. Y esa lógica va más allá de la intuición —bien fundada, es probable— de que en ciertos sectores especialmente movilizados de su rebaño causaría división bajar al Generalísimo de los altares. La razón de que la Iglesia haya rechazado desde primera hora aquello de la “memoria histórica” es más material y se sintetiza así: es mucho lo que hoy día le sigue debiendo al que fue su glorioso Caudillo, al que contribuyó a llevar al poder y cubrió con un palio, con el que se alió durante toda la dictadura, al que despidió como un santo —benedictinos y dominicos llegaron a pedir su canonización— y al que mantuvo enterrado con honores hasta 2019.

Más aún. Es tanto lo que le debe la Iglesia a Franco que impugnar al dictador sería en cierto modo cuestionar su propio estatus de privilegio. Y eso es lo último que hace la Iglesia española: atentar contra sus propios intereses terrenales.

La posición privilegiada de la Iglesia en España tiene un anclaje franquista. Pasado por un filtro democrático, sí. Pero de raíz franquista. Y la Iglesia, de las últimas instituciones que piensa en décadas, o hasta en siglos, sabe que se le podría volver en contra cuestionar los motivos, los actos y el legado de quien le facilitó tan buen asiento. Porque su actual rango educativo, simbólico, fiscal e institucional sería impensable sin el Concordato de 1953, reformado —jamás derogado— entre 1976 y 1979, cuando el pacto adoptó la forma de cinco acuerdos que el tiempo ha demostrado intocables. Y aquí hay que poner ojo a las fechas. El primero de esos acuerdos, el jurídico, es de 1976, es decir, preconstitucional. Todavía vigente y vértice del sistema, es el acuerdo que, generando una especie confesionalidad encubierta, deja cincelada en el BOE esa frase a estas alturas tan problemática según la cual “la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica”. De esa presunción cuelga todo lo demás.

Y ese “todo lo demás” es mucho. La casilla de la Iglesia —más de 300 millones anuales de dinero público para la Iglesia, la mayoría para abonarle las nóminas al clero—, los profesores de Religión y capellanes pagados por el Estado, las múltiples exenciones fiscales... todo ello tiene origen en unos acuerdos cuya primera pieza es de 1976, mientras las tres siguientes están fechadas el 3 de enero de 1979, tan sólo 29 días después de la aprobación de la Constitución en referéndum. Aunque cronológicamente caen dentro de la etapa democrática, no se puede ignorar que los contactos para el cambio del Concordato venían de finales de los 60 y obedecían a una lógica propia de relaciones Estado a Estado, no a la lógica democratizadora de la transición. La Iglesia supo adaptarse al nuevo juego, pero las cartas habían sido repartidas durante el antiguo.

Si se tira del hilo de las principales posiciones de privilegio de la Iglesia en España, siempre acabamos llegando al rechoncho general de voz atiplada. Las masivas inmatriculaciones de bienes de la Iglesia solamente son explicables por la bicoca de la legislación franquista, concretamente por la Ley Hipotecaria de 1946, que permitió a las autoridades eclesiales inscribir bienes por vez primera en el registro —inmatricular— precisando únicamente para ello de una certificación de la propia diócesis, con lo que se convertía a los obispos en parte sustancial, funcionarial, del propio Estado salido de la guerra. La Iglesia usó este privilegio al menos hasta 2015 y jamás ha renunciado a los cuantiosos frutos del mismo.

Más. El gran trozo de la tarta educativa que controla la Iglesia sería inconcebible si el franquismo no le hubiese entregado la llave de las aulas, propiciando un bum de los colegios congregacionistas sin los que hoy no tendría ni de lejos la misma densidad toda esa red concertada católica que, mientras se vacían los templos, se ha convertido en el gran bastión de influencia de la institución católica en España. ¿Significa eso que la concertada católica tiene hoy algo que ver con el franquismo? Cero, no, nada, en absoluto. Significa que también en el terreno educativo la Iglesia ha sido administradora de un patrimonio que le fue entregado por el franquismo y aceptado. Y que luego lo ha ampliado y adaptado a las exigencias de la democracia, poniendo el grito en el cielo cada vez que un empeño reformista del poder político ha amenazado su ventajosa posición.

Todo esto contribuye a explicar por qué la jerarquía católica siempre tiene mucho cuidado con Franco, por mucho que nos acerquemos ya al medio siglo desde que murió. Porque —ya está dicho— cuestionar su legitimidad es cuestionarse a sí misma. ¿Cómo si no se explica tanta resistencia a pedir un perdón oficial e inequívoco al más alto nivel por su complicidad con la dictadura? Mientras en España la Iglesia se ha presentado como “sujeto paciente y víctima” de la Guerra Civil, por medio mundo ha ido aceptando culpas por su papel ante todo tipo de salvajadas: de las matanzas durante la colonización de América Latina al Holocausto, de la dictadura militar argentina a la persecución de los evangélicos pentecostales en Italia o del pueblo gitano casi en cualquier parte.

En cambio, si toca hablar de España, llega el consabido “no reabramos heridas”.

Y no es que la Iglesia no tenga por lo que pedir perdón. Puede ser de dolorosa aceptación para muchos, sobre todo católicos, pero es inevitable consignarlo: la Iglesia recibió un inmenso poder como contraprestación a su apoyo a Franco. Que salvara durante la transición una parte sustancial —no todo, por supuesto— de ese poder, revistiéndolo de una legitimidad democrática, no oculta su origen. La jerarquía católica no sólo estuvo del lado de los sublevados contra la República, sino que —traumatizada por los crímenes cometidos contra el clero en zona republicana— puso a sus curas al servicio de la represión y se acabó haciendo, en fin, consustancial a un régimen tan antidemocrático como criminal al que desde el Vaticano aportó reconocimiento y legitimidad.

El quid pro quo entre el Franco nacionalcatólico y la Iglesia franquista duró décadas y extiende sus efectos hasta este preciso instante. Así que hoy los vestigios franquistas más relevantes en la Iglesia no están en las mentes de esos sacerdotes exaltados de la Archidiócesis de Toledo, ni siquiera si los tomamos como muestra de un fenómeno mayor: el éxito social, especialmente en el campo conservador, de las ideas revisionistas sobre el siglo XX cebadas por propagandistas como Pío Moa y unos pocos más. No, los obispos estarían felices de desterrar este tipo de conductas de los foros sacerdotales. Son incómodas, quedan mal. Los vestigios franquistas que quieren conservar son otros, contantes y sonantes.

Parece lógico que cuando unos curas expresan en público –aun en tono jocoso– su deseo de ver morir pronto al papa, como ocurrió la semana pasada, la polémica esté servida. Y se antoja normal que tome cartas la jerarquía católica, como ha hecho la Archidiócesis de Toledo, a la que pertenecen dos sacerdotes que compartieron comentarios sobre negros rezos para el pontífice –Francisco Delgado y Gabriel Calvo– y un tercero –Rodrigo Menéndez, nieto de Blas Piñar– que sonreía en silencio.

Pero, ¿es ese el comportamiento más grave de estos curas en su foro "contrarrevolucionario", ahora en el foco? Eso sería mucho decir sobre una "tertulia sacerdotal" donde se defiende a machamartillo a Franco, donde se deja caer que la izquierda participó en el 11M y donde se sostiene entre risitas que puede que lo que España necesite sea una dictadura. Y todo ello sin que la jerarquía católica forzase una rectificación ni se desmarcase, como sí ha hecho ahora con los macabros comentarios sobre Francisco. El caso de La Sacristía de La Vendée –así se llama la tertulia– ilustra la impunidad con la que en el seno de la Iglesia se exalta a Franco.

La Archidiócesis de Toledo, a la que se remite la Conferencia Episcopal para cualquier comentario, asegura a infoLibre que tenía conocimiento de la tertulia antes de la polvareda por las palabras sobre el papa y que incluso había realizado "una amonestación por escrito" a un sacerdote, si bien no aclaró a cuál ni por qué ni cuándo. Tampoco con qué resultado. Lo seguro es que la amonestación no llegó a la intensidad de la reacción provocada por las palabras sobre el papa. Este periódico solicitó hablar con los tres curas tanto a través de la Archidiócesis como de un canal de La Sacristía de La Vendée, sin éxito.

Las palabras que han puesto el foco sobre La Sacristía de La Vendée, canal de Youtube con más de 67.000 seguidores, tuvieron lugar la semana pasada y fueron desveladas por Vida Nueva Digital. Abrió fuego el padre Calvo, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. "Yo también rezo mucho por el papa para que pueda ir al cielo cuanto antes", dijo. El padre Delgado, cura de la misma diócesis, que ejerce como conductor de la tertulia, se rió –quizás nervioso– y añadió: "Es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera". A continuación otro invitado, el padre Charles Murr, de EEUU, añadió leña a la caldera: "Me uno a las oraciones del padre Gabriel". "Somos muchos con esa intención", apostilló Calvo. Sonreían otros asistentes, como el padre Menéndez, también de la Archidiócesis de Toledo. Delgado se animó, ya sin bridas: "A ver si rezamos más fuerte".

Esa es la base de toda la controversia. Después ha habido marejada. La Sacristía de La Vendée emitió una disculpa, o disculpa a medias, que puede leerse pinchando sobre este hilo.

Pero no ha sido todo. En la noche del miércoles la Archidiócesis, liderada por el arzobispo Francisco Cerro, publicó un comunicado de "profundo rechazo" en el que anunciaba posibles "medidas de corrección". Dejaba claro que era la Archidiócesis la que había reclamado la disculpa. El comunicado iba dirigido –sin nombrarlos– sólo contra dos de los sacerdotes, Delgado y Calvo, ambos en la Archidiócesis de Toledo pero que no tienen encomendado en ella ningún ministerio pastoral. Queda así fuera del reproche Menéndez, vicario parroquial en Mocejón, que se limitó a sonreír sin participar –aunque sin desmarcarse– del frenesí antipapal.

Este jueves La Sacristía de La Vendée insistió durante su programa semanal, titulado ¿Deberíamos abandonar la batalla?, en que los comentarios sobre el papa no expresan un deseo de su muerte. Todo era "una broma", dijo Francisco Delgado en una tertulia a la que también asistieron Calvo y Menéndez.

Pero La Sacristía de la Vendée es mucho más que un foro religioso en el que hay hueco para pasarse tres pueblos con el jefe supremo de la Iglesia. El encuentro semanal es un auténtico festival de extremismo derechista, con la izquierda, la modernidad y la homosexualidad en el punto de mira. Y con una obsesión: el rechazo a la "memoria histórica". Una de las tertulias, titulada Francisco Franco, cristiano ejemplar y que tuvo lugar en febrero de 2022, da idea del cariz. Oigamos qué se dijo allí.

El primero en tomar la palabra es el cura Francisco Delgado, ataviado con sotana y alzacuellos, que no arranca por el asunto central de la tertulia, la bondad cristiana de Franco, sino por la supuesta persecución a la Iglesia por los abusos a menores. "Los casos reales son muy pocos" y "son de sacerdotes a varones mayores de 15 años, es decir, casos de relaciones homosexuales, no de pedofilia", dice. Es "tremendo" que haya "acusaciones muchas veces evidentemente falsas". El supuesto problema de la pedofilia "es en realidad un problema de homosexualidad".

Las posiciones sobre la homosexualidad de Delgado, que cree que los católicos no deberían dar donativos si "un sólo céntimo de la Iglesia va a pagar indemnizaciones sobre casos [de pederastia] que sucedieron hace 40 años y cuyos supuestos autores están muertos o no se pueden defender", son bien conocidas. Y lo son porque él mismo las hace públicas en X. A su juicio, la homosexualidad es "una inclinación hacia el mal". Delgado ni siquiera esconde sus fobias: "Odio la homosexualidad, como odio cualquier pecado".

Abordado el asunto de la homosexualidad, Delgado, columnista en Infocatólica, entra en materia: Franco. Que Delgado tiene inclinaciones franquistas es también fácil de comprobar en sus publicaciones.

El padre Delgado se muestra consciente, durante el programa sobre Franco, de que "lo que vamos a hacer en este programa" puede "incluso considerarse ilegal". "Pero ya ven lo que nos importa a nosotros, que es poco", aclara. Enfatiza "la deuda de gratitud que la Iglesia tiene hacia este gran hombre", cuyo "empeño fundamental fue la reconstrucción de la convivencia". "No se podrá hablar suficiente de la gran gesta que supuso la División Azul", añade.

Con un toque sarcástico, le hace llegar al entonces "señor arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro", considerado afín al papa Francisco, la "petición" de que canonice a Franco. "Seguro que mañana están trabajando en ello", ironiza.

El registro jocoso es habitual en la tertulia. Por ejemplo, Delgado les advierte a sus contertulios con un "os vais a reír" antes de decirles que hay quien piensa que Franco no puede ser un "cristiano ejemplar" porque un cristiano "tiene que ser demócrata". Efectivamente, los tres contertulios se ríen. Uno de ellos es Gabriel Calvo, el cura que la pasada semana dijo que reza para que el papa "pueda ir al cielo cuanto antes".

Orgullosamente reaccionario y preconciliar, es popular en círculos de la derecha católica radical. Articulista en Infovaticana, promocionado en la televisión El Toro, ha publicado al menos dos libros en Homo Legens, editorial en la órbita de Vox. También ha sido ponente en el "Congreso Nacional" del movimiento antiabortista 40 Días por la Vida. Otro ponente fue el obispo José Ignacio Munilla, estandarte de la línea más conservadora de la jerarquía.

"Organizándose o sirviéndose" del 11M

El padre Calvo despliega un discurso de sabor nacionalcatólico, según el cual España es intrínsecamente cristiana y oponerse al catolicismo es negar al mismo tiempo a Dios y a la patria. Su visión de la historia se nutre del pseudohistoriador revisionista Pío Moa. En el programa Francisco Franco, cristiano ejemplar, el cura Calvo no se limita a justificar el golpe de Estado de 1936, es que niega su existencia de raíz. Lo que hubo –insiste– fue un "alzamiento nacional" con fuerte apoyo popular contra el "cruel e injusto" Gobierno del Frente Popular.

Afirma que la derecha ha mordido el anzuelo de la historiografía de izquierdas e "incluso José María Aznar" ha afirmado que el 18J hubo un "golpe de Estado". "Pues así se lo pagó la izquierda dos años después, organizando o sirviéndose de ese atentado [el 11M], para echar del poder al Partido Popular", afirma. Eso dijo el padre Calvo, con su sotana y su alzacuellos: la izquierda "organizando o sirviéndose" del 11M. Un comentario que entronca con la teoría de la conspiración sobre los atentados.

infoLibre preguntó a La Sacristía de la Vendée por el sentido de estas palabras de Calvo. Sin respuesta. Para encontrar más claves sobre las ideas de este religioso sobre el 11M hay que ir a un programa especial sobre los atentados emitido en mayo de 2023. Ahí Calvo, que se resiste a aceptar que "unos moritos que vendían marihuana en El Retiro sean capaces de preparar el atentado más grande de la historia de Europa", se dedica a difundir todo tipo de ideas sin contrastar sobre el 11M y sus consecuencias.

Así se presenta el programa: "La versión oficial, con el paso del tiempo, es crecientemente inverosímil. En vísperas de unas elecciones generales [el 11M] constituyó un auténtico golpe de Estado que supuso el fin de la democracia liberal para dar paso al totalitarismo socialista. El PSOE de Zapatero y los terroristas de la ETA fueron los grandes beneficiados. Posteriormente, el PP de Rajoy también se hizo cómplice". Para Calvo el 11M explica que llegaran al poder Zapatero con su "totalitarismo masónico", Rajoy con su "estupidez" y Pedro Sánchez, al que llama "psicópata". El PSOE y ETA son "bandas criminales socialistas", añade.

Volvemos a febrero de 2022. Afirma Calvo que Franco se levantó "contra la violencia y el desorden" de la República y que "en el bando nacional no hubo matanzas", por más que la izquierda hable de lo que sucedió, "si es que sucedió algo, en la plaza de toros de Badajoz, en agosto del 36". Todavía este viernes Calvo reiteraba su defensa del dictador ante otros cuatro asistentes a la tertulia, entre ellos Delgado y Menéndez: "Nosotros, como católicos, como españoles, estamos a favor de defender la memoria de Francisco Franco".

También toma la palabra en Francisco Franco, cristiano ejemplar el padre Rodrigo Menéndez, nieto de Blas Piñar –fundador de Fuerza Nueva– y articulista de Infocatólica. Es otro de los habituales de la tertulia. Ataviado también con sotana y alzacuellos, destaca la "talla inmensa" de Franco "a nivel humano" y su carácter de "promotor de la paz". "Salvó a España de la segunda guerra mundial", como "sólo él podía hacerlo", dice. ¿Fue un dictador? A su juicio, el franquismo "nunca tuvo vocación de dictadura". Fue, sostiene, una "democracia orgánica" que contribuyó a la "reconstrucción espiritual" de España. En cuanto a la represión, Menéndez la sitúa en un hilo histórico: "Hubo muchas ejecuciones judiciales, como Isabel La Católica ejecutó a muchísima gente o San Fernando o San Luis".

Una dictadura es lo que quizás hace falta en España ahora, dice desde Colorado Springs, en Estados Unidos, el sacerdote Roylan Recio, que da idea de lo lejos que han llegado los curas de este club. "A lo mejor la gente va a criticar, pero yo pienso que España puede que lo que necesite es eso, ¿no? Alguien que marque el camino", dice sobre la opción de una dictadura en la cita de febrero de 2022. Ante los comentarios de Recio sugiriendo desde Estados Unidos una dictadura para España, la sonrisa del padre Delgado es tímida; la del padre Calvo, amplia.

El canal, que tiene más de 300 vídeos publicados desde octubre de 2020, acumula programas con títulos como estos: Contra la Agenda 2030 en la Iglesia y en el mundo, La cultura de la cancelación en la Iglesia, La masonería contra la Iglesia católica, Rendición de la Iglesia jerárquica ante los totalitarismos o Javier Milei, ¿peligro o esperanza? El panorama global que se pinta se resumiría así: Occidente está perdiendo el buen sentido, el rumbo moral que da la fe en Cristo, y lo más grave es que la Iglesia católica que lidera Francisco no ejerce de faro y guía.

Este periódico trató de recabar para este artículo la posición de la Conferencia Episcopal, que se remitió a Toledo. Dicha archidiócesis, sin entrar a valorar el contenido del programa de febrero de 2022, afirma que tenía "conocimiento de la existencia" de la tertulia antes de la polémica por las declaraciones del papa, y que la misma está amparada por la "libertad de opinión e información". No obstante, añade, se trata de un contenido "ajeno a la Archidiócesis" y que "no representa en modo alguno" su mensaje.

Y añade: "El Arzobispado había tomado medidas con anterioridad [a la controversia por el papa], habiéndose realizado incluso una amonestación por escrito a uno de los sacerdotes afectados. En la actualidad se están estudiando los procedimientos oportunos". La Archidiócesis no aclaró a quién había remitido la comunicación ni por qué motivo. Lo seguro es que el vídeo en que se exalta a Franco y se vincula a la izquierda con el 11M nunca fue retirado. Y que no hubo ninguna disculpa ni exigencia pública de disculpa, como sí hay ahora.

Medio centenar de organizaciones han lanzado este lunes la campaña anual 'Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela' en la que reclaman que la religión se practique en el ámbito privado fuera de los colegios financiados con dinero público, según recoge Europa Press.

Estas organizaciones demandan al Gobierno y a los grupos políticos, especialmente a los que han apoyado la investidura, compromisos para salvaguardar principios constitucionales basados en los Derechos de la Infancia más elementales, "como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar".

Para ello, piden que se comprometan "a sacar la religión del sistema educativo, lo cual requiere de actuaciones políticas y medidas legislativas".

De este modo, la campaña insta al Gobierno a garantizar el "imprescindible" carácter laico que, a su juicio, "debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar".

La iniciativa también exige la derogación de los acuerdos de España con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, "obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato".

Para garantizar la plena laicidad de la enseñanza, las organizaciones que forman parte de esta campaña, que se renueva anualmente desde hace más de 20 años, defienden sacar la enseñanza confesional de las religiones del currículo, horario y ámbito escolar "de forma inmediata"; no financiar con dinero público "el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar"; y potenciar la red pública de enseñanza "como fundamental para vertebrar el derecho a la Educación de todos, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo".

El coordinador de la campaña, Sergio López, ha explicado que diseñarán un vídeo conjunto que publicarán en las redes sociales e intentarán concentrar su difusión en las semanas previas a la matriculación del alumnado. "Estamos intentando recopilar material para difundir en el momento de la matriculación para que las familias matriculen a sus hijos en centros públicos y no les matriculen en la asignatura de Religión", ha señalado López.

Desde Comisiones Obreras, Aída San Millán considera que es "muy importante" solicitar a las familias que matriculen a sus hijos en colegios públicos y laicos. "No deberíamos financiar con dinero público la religión en ningún centro escolar. La sociedad avanza hacia una laicidad en los centros educativos", ha sentenciado.

En la misma línea, José Luis Valero, de UGT, ha destacado que la religión "pertenece al ámbito privado" por lo que "no tiene lugar en la escuela pública" y ha pedido que en los centros escolares sostenidos con fondos públicos "no se le dé cobertura a la religión".

"Queremos que se ponga el foco en el expolio que arrastra la educación pública frente a los privilegios que se otorgan cada vez más a la privada concertada, siendo en la gran mayoría controlada por la Iglesia Católica y sus numerosas fundaciones", ha subrayado Esther, de Europa Laica.

Europa Laica ha advertido de que, hasta ahora, "no hay voluntad política en ninguno de los partidos que se dicen progresistas para hacer que esta urgencia democrática trascienda". "Las religiones no pueden invadir los espacios públicos y la solución no está en la multiconfesionalidad. La religión debe salir de los centros públicos y concertados", sentencia la organización.

Steilas, sindicato de Educación del País Vasco y Navarra, cree que es "necesaria" la libertad de conciencia y la separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que exige que "el adoctrinamiento religioso esté fuera de las escuelas".

Durante su intervención, la secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR), Nieves Burón, ha respaldado esta campaña "por el impulso que esto supone a la matriculación en la escuela pública como garantizadora de la igualdad de oportunidades y vertebradora en todo el territorio".

"La religión debe practicarse en el ámbito privado. La escuela debe ser un espacio común y libre de esos dogmas", ha apostillado Burón.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Asturias tampoco está a favor de que se trate la religión en las escuelas públicas. "No nos parece el espacio adecuado para tratar estos temas. Para estudiar o practicar la religión hay otros espacios destinados para ello", apunta.

La postal reúne una Virgen con seis dedos, la siniestra imagen de lo que podría parecer un bebé muerto en la esquina inferior derecha y una bandera española, históricamente fuera de lugar, envolviendo al niño Jesús y sujetada por un individuo acuclillado y de manos imposibles. La imagen, compartida por el dirigente de Vox Jorge Buxadé, ha provocado un sinnúmero de comentarios, no pocos de ellos de mofa.

Pero lo que hay tras esta felicitación no es baladí. Y no se limita a Vox, ni a España.

Vox está inmerso en una amplia campaña de utilización de la imagen del nacimiento de Cristo en concreto y de la Navidad en general con fines políticos. En Andalucía lleva desde 2019 reclamando la instalación de un belén en "un lugar preminente" [sic] del Parlamento para homenajear los "valores" y "tradiciones cristianas”. También ha elevado una protesta por la celebración en Almería de un teatro con Peter Pan, Campanilla y Garfio, según Vox inapropiado para las fechas. El resbalón ha llegado en Mallorca, donde Vox puso el grito en el cielo por un vídeo en el que sonaba Els Segadors como música de un belén viviente. Nada podía haber más contrario a una celebración que, según Vox, es cristiana y españolísima. En realidad, era un vídeo editado, luego su resultado era falso.

No es nueva la obsesión de Vox con el belén. Cada año se renueva el repertorio de ocasiones para crear una polémica cultural. Como en 2021, cuando el partido llevó a los tribunales por ofensa a los sentimientos religiosos a un tienda de Sevilla que vendía dulces con forma de órganos sexuales presentados en forma de belén. O como en 2019, cuando salió en tromba por un belén artístico en Barcelona en el que los tradicionales elementos estaban representados por objetos. "Son como unas cajas de cartón espantosas, ¿no? Pues es como ella", dijo Javier Ortega Smith, refiriéndose a Ada Colau.

La acción política más frecuente, replicada por numerosos cuadros y dirigentes de Vox, es publicitar la colocación del belén como un acto de defensa de España y Occidente. El mensaje es este: los españoles debemos celebrar con orgullo la Natividad del Señor, fiesta cristiana y línea de defensa de nuestra civilización. Pero, ¿defensa ante quién? ¿Quién nos roba la Navidad? Los de siempre para Vox: progresistas, laicistas e islamistas. No puede extrañar que estos días circule una noticia de La Gaceta, órgano de propaganda de Vox, según la cual "una célula terrorista islamista" prepara un atentado contra "lugares de culto cristianos durante el periodo navideño".

La batalla contra el "laicismo progre" acompaña a Vox desde sus orígenes, hace ya diez años, se ha exacerbado con el ascenso de Buxadé e Ignacio Garriga y el mal momento del partido, que lo empuja a aferrarse a sus bases más cafeteras, explica Xavier Rius, autor de Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron. Siguiendo a Rius, hay un incentivo electoral para toda esta cruzada: Abascal y los suyos están convencidos de que existe un voto católico radical al que el PP tiene difícil llegar. Así que van a por ese nicho, que además, como recalca Adrián Juste, investigador en el centro sobre radicalismo derechista Al Descubierto, es ahora más visible a raíz de las protestas en Ferraz.

El historiador Alejandro García Sanjuán recuerda cuando, siendo niño, iba al campo a recoger musgo para el belén con su padre, que en absoluto era una persona religiosa. Ilustra con ello cómo en España hay una conexión con la religiosidad popular que va mucho más allá de las feligresías. Y culmina así el razonamiento: lo que intenta Vox con los belenes es "capitalizar" un sentimiento "transversal" a través de una polémica inducida. Coincide, pues, con que hay una lógica electoral en la guerra del belén. Pero no sólo eso.

Profesor de Historia de la Universidad de Huelva, García Sanjuán señala que la religión católica forma parte del "proyecto nacional" de la España conservadora desde los orígenes del Estado liberal en el siglo XIX. "Las derechas actuales, con matices, siguen inmersas en la idea de una España eminentemente católica", añade García Sanjuán, que pone en relación el empeño por subrayar la catolicidad de todo lo navideño con otras tendencias extendidas en PP y Vox, como el revisionismo histórico reciente y remoto.

Pero no estamos ante un fenómeno sólo español, el rastro de la polémica sobre los belenes y sobre la verdadera esencia navideña muestra que es un asunto internacional. Los representantes de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, y La Liga, de Matteo Salvini, prodigan la colocación de belenes como muestra de defensa de un cristianismo que se presenta bajo asedio del multiculturalismo. La primera ministra, que mezcla la iconografía italiana con la navideña, anima a celebrar las fiestas con "orgullo", cebando la tesis de que el cristianismo y el patriotismo viven hoy acomplejados cuando no oprimidos. Carlo Fidanza, jefe de la delegación del partido en la UE, felicita la Navidad animando a la "lucha" por la "libertad" de "quienes de verdad aman Italia y Europa", que son los que "creen en sus raíces cristianas y honran sus tradiciones".

La extrema derecha italiana ha sido la que más lejos ha llevado la explotación política de la Navidad. Y, de nuevo, utilizando el belén. Hermanos de Italia presentó la semana pasada un proyecto de ley para "salvaguardar" la esencia cristiana de las celebraciones navideñas en los colegios, cada vez más eclécticas como reflejo de la diversidad cultural del país. La Navidad, según el partido de Meloni, se ha convertido en una "inverosímil fiesta invernal". El remedio de la ley, presentada por la senadora Mennuni Lavinia, es que los directores de los colegios que se nieguen a poner belenes sean castigados.

La lógica es parecida a la del pin parental en España: ante un supuesto problema de cuya dimensión no hay detalle, se propone una solución de dudosa aplicación, provocando una inmensa polémica. El historiador italiano Steven Forti, autor de Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, no tiene dudas: la ley pretende "desviar la atención" en un momento delicado para Meloni, criticada por su escaso peso en Bruselas. "Ante una situación así, la guerra cultural es siempre lo mejorcito. Así se habla de pesebres, de temas identitarios, de Dios, patria y familia frente al islamismo, y no del fracaso en Europa, ni tampoco de los previsibles recortes presupuestarios", dice.

La derecha radical busca la polémica cultural cuando está en el poder, pero también cuando lo busca. Como en España ahora. O como en Italia ya en 2018, cuando Meloni hacía campaña junto al belén, "un símbolo extraordinario que no puede ofender a nadie".

La misma idea aparecerá insistentemente: el belén, la Navidad, las tradiciones, todo ello se vive ahora casi clandestinamente por la hipersusceptibilidad de los multiculturalistas. Por ello, toca recuperar el orgullo. El mensaje de RN, el partido de Le Pen, incide en la misma idea en Francia: "¡Nada ni nadie nos impedirá jamás honrar y defender nuestras tradiciones!", arenga. Es el argumentario de Jordan Bardella, delfín de Le Pen, de sólo 28 años, que tiene fijación con la Navidad. "No dejes que nadie te quite estas preciosas tradiciones", afirma. En un artículo en Le Figaro, señala al enemigo: "Ha llegado el momento de defender el laicismo contra sus verdaderos enemigos, no los belenes de Navidad, sino los predicadores islámicos".

Es usual que la reivindicación belenista coja la pendiente del discurso antiinmigración explícito. En Portugal el diputado de Chega Pedro dos Santos tuitea así: "¡La Sagrada Familia también viajó por órdenes de un político tiránico! ¡También hoy los inmigrantes son meras piezas de ajedrez desechables, en manos de intereses globalistas y ocultos, que quieren destruir naciones soberanas y la cultura cristiana!".

En España Vox no está solo en el nacionalbelenismo, que se extiende también a capas del PP, si bien es frecuente que el partido de Alberto Núñez Feijóo suavice o trate de eludir la guerra cultural. A veces, eso sí, ha incurrido en discursos similares a los de Vox. Así lo hizo en 2018 el entonces secretario general, Teodoro García Egea, en un acto en el acabó gritando bajo una ovación: "Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. ¡Y al que no le guste, que se aguante! ¡Porque nosotros somos españoles!".

No obstante, la líder del PP que más uso político da a la Navidad es Isabel Díaz Ayuso, que año tras año logra titulares con un discurso sobre Dios, el niño Jesús, el belén la familia, España, Europa y la identidad.... Con matices, el mensaje es similar cada Navidad. "En el mundo que en otro tiempo era cristiandad y hoy llamamos Occidente, a diferencia de las sociedades colectivistas, cada uno es insustituible”, dijo en 2020. Este año, ataviada con un jersey navideño, ha reivindicando el "mensaje revolucionario" de Cristo y nuestras "raíces católicas" [ver al final de este texto el despiece Juan José Tamayo y el contraejemplo de Gandhi y Camus]. Según Ayuso, “ser católicos es la celebración de la familia, de la infancia, todos pilares de nuestra civilización occidental".

Llegamos a un concepto clave, el que envuelve todo el discurso, tanto de Ayuso como de Vox: la defensa de la cultura/civilización cristiana/occidental. Sus resonancias en España son antiguas: Franco fue, durante la Guerra Fría, "el centinela de Occidente". Hoy son muchos los líderes derechistas que se presentan como defensores de ese orden occidental/cristiano, amenazado por un enemigo que será identificado de forma más o menos clara según el grado de extremismo. Si Ayuso lo deja en el aire, Abascal sí explicita que son “islamistas" quienes quieren "destruir la civilización occidental". Meloni y Salvini en Italia o Le Pen en Francia, país donde ha calado la teoría racista del gran reemplazo, aspiran también a su identificación con la figura del guardián de Occidente frente al invasor, explotada con especial éxito por dos líderes derechistas, uno en Europa y otro en EEUU: Donald Trump y Viktor Orbán. Los dos, por supuesto, hiperactivos políticamente cuando llega la Navidad, oportunidad idónea para colocar su mensaje.

Primero, veamos el caso húngaro. Al menos desde 2017 el mensaje central de Orbán es que la brújula occidental debe ser la "cultura cristiana". La amenaza, según Orbán, es doble: las élites globalistas lideradas por George Soros y el Islam. Para concretar ese discurso, Orbán se ha valido del continuo recurso a la polémica cultural en torno a la Navidad. Un caso emblemático se dio en 2021, cuando el Fidesz, su partido, logró gran repercusión alertando de la supuesta prohibición por parte de la UE del empleo de la palabra "Christmas" en las felicitaciones. Todo el escándalo se montó por un simple documento interno de la Comisión de Igualdad con indicaciones de lenguaje inclusivo. No era una norma, ni siquiera un documento oficial. Dio igual. Hoy día, Navidad de 2023, el bulo de la prohibición de decir "Navidad" en la UE sigue circulando.

Pero la derecha que ha sublimado la técnica de envasado conjunto de política y religión es la estadounidense. Y la Navidad ha sido útil para ese empeño. Libros como Buenas nuevas y gran alegría: proteger el corazón de la Navidad, de la activista del Tea Party Sarah Palin, candidata a vicepresidenta en 2008, y La guerra contra la Navidad: cómo el complot liberal para prohibir la sagrada fiesta cristiana es peor de lo que pensabas, del popular comentarista John Gibson, dan idea del alcance de la cruzada. Ya en 2013, los medios conservadores, con Fox a la cabeza, dieron por bueno el confuso testimonio de un soldado anónimo sobre una charla acerca de igualdad de oportunidades en un puesto militar del sur de Mississippi para alcanzar la conclusión de que Obama, en su obsesión anticristiana, quería acabar con la Navidad en el Ejército.

El éxito mediático-político de la controversia queda probado por el hecho de que los republicanos jamás han abandonado la idea de que los demócratas desprecian –cuando no odian– la Navidad. Al mismo tiempo, sus principales figuras se fotografían con aire desafiante junto a sus árboles, en familia, a menudo con una biblia y alguna vez con armas en el encuadre. Un detalle: el Partido Republicano se refiere a Joe Biden como el Grinch.

Por supuesto, Trump es el intérprete ideal de toda esta melodía. Por una parte, porque estigmatizar a los demócratas es su día a día. Por otra, porque ya desde su irrupción como líder republicano se considera un “defensor de la civilización occidental". Y de la Navidad. Estos días difunde vídeos felicitando la navidad en tono mesiánico, repasando pasajes bíblicos, exaltando a nuestro "señor" y "salvador" y cerrando con el "Make America Great Again".

Mirada en perspectiva, la guerra cultural en torno a la Navidad de los republicanos es coherente con la trayectoria del partido, que tras más de medio siglo de obsesivo martilleo apocalíptico ha logrado presentar la política como una lucha entre el Bien (ellos, los patriotas) y el Mal (los demás, los antiamericanos), como ha narrado Kristin Kobes Du Mez en su ensayo Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación. Como casi todo lo que produce América, ese esquema narrativo del Bien contra el Mal también ha llegado a España.

Ignorando las conclusiones del Tribunal de Cuentas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) vuelve a anotarse un superávit millonario gracias al dinero público recibido vía IRPF de todos los contribuyentes, marquen o no la casilla. La última memoria presentada por la jerarquía católica, explicando el destino del dinero llegado por la llamada "casilla de la Iglesia", cifra en 320,89 millones la asignación tributaria en 2022. De ese montante, la Iglesia no lo utilizó todo. Lo empleado se quedó por debajo de los 300 millones. Concretamente, en 298,4 millones, según los datos de su última memoria. Ello implica un resultado favorable de 22,48 millones de euros.

La obtención de superávit eclesial se mantiene pese al cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, que en su informe de fiscalización de 2020 expresó serias reservas sobre esta práctica. El cosechado por la jerarquía católica es un superávit logrado gracias a fondos puramente públicos, y no –como a menudo se piensa– obtenido sólo por la liquidación de los que marcan la equis. No, no funciona así. La cantidad que cada año paga el Estado a la Iglesia se calcula en función del número de equis, pero es detraída del monto total recaudado. Es decir, de los impuestos pagados por todos, marquen o no la equis.

"El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda", señala el informe del Tribunal de Cuentas en su auditoría sobre la relación económica del Estado con las confesiones religiosas, en la que también alertaba de "una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia". Por ello el órgano fiscalizador señalaba que sería "conveniente" que el Gobierno acordase con la Santa Sede qué destino dar a los superávits. En cuanto a la autofinanciación de la Iglesia prevista por los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, ni está ni hay visos de que llegue.

La acumulación de superávits es una práctica habitual de la cúpula católica con el dinero recogido gracias a las equis en el IRPF. En plena época dorada de ingresos públicos a pesar de la pérdida de fieles y vocaciones, las memorias de la CEE muestran que la institución católica ha obtenido colchones económicos en los últimos nueve ejercicios: 22,48 millones en 2022; 38,8 en 2021; 32,09 en 2020; 12,74 en 2019; 3,76 en 2018; 15,9 en 2017; 19,3 en 2016; 7.000 euros en 2015 [aquí no hay millones de euros, como en el resto de casos, sino euros]; 4,88 millones en 2014.

La cantidad sumada en superávit durante esta década se acerca a los 150 millones de euros. El último ejercicio con déficit fue 2013, cuando el dinero empleado superó en 1,43 millones al recibido. Los datos de 2022, es decir, de lo recaudado por las equis marcadas en la campaña de 2023, llevan lo recibido por la Iglesia a un nuevo récord de 358,79 millones de euros, lo cual hace verosímil la posibilidad de un décimo ejercicio seguido con superávit.

La presentación este martes, en noviembre de 2023, de la memoria de 2022 supone una mejora en la praxis de la CEE, que antes actuaba con más demora. Por ejemplo, la memoria de 2021 se presentó en mayo de 2023. Ahora se rompe esa cadencia. Lo previsto es que la memoria de 2023 la conozcamos a finales de 2024. Otra mejora de la CEE es que no ha destinado fondos a Trece TV, que era otra práctica que había suscitado críticas del Tribunal de Cuentas, al considerar que podía incurrir en ayudas de Estado, prohibidas por la UE.

Las seis memorias anteriores del episcopado recogían envíos a la televisión de más de 42 millones de euros, que salían precisamente del superávit. En esta memoria ya no aparece partida para Trece TV. Concretamente, este es el reparto de dinero de la "casilla de la Iglesia", tal y como lo recoge la memoria.

La principal partida son los 244,09 millones para "sostenimiento" de las diócesis, dinero dedicado fundamentalmente a salarios. Si a esto se le suma seguridad social del clero, funcionamiento de la CEE y sueldo de los obispos, son 273,79, un 91,75% de lo gastado con origen en la casilla. En el desglose no figura partida para Cáritas, el brazo más social de la Iglesia católica.

infoLibre preguntó expresamente a la Conferencia Episcopal si, como parece por la lectura de la memoria, no había partida ninguna con el dinero del IRPF ni para Trece TV ni para Cáritas, sin respuesta. Tampoco respondió sobre la desatención a las objeciones sobre el superávit del Tribunal de Cuentas.

La presentación de la memoria a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, y de la directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, permitió ofrecer a la opinión pública algunos datos alentadores para la Iglesia, como un incremento interanual de bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermos.

No obstante, mirando la curva con algo de amplitud, la institución católica sigue describiendo una trayectoria declinante, sobre todo en el terreno evangelizador. Veamos una comparando entre 2022 con 2012, sólo diez años atrás. Los sacerdotes han pasado de 19.347 a 15.669 (-19%). Los catequistas, de 109.334 a 83.435 (-23,68%). Los misioneros, de 13.000 a 10.147 (-21,94%).

Ahora bien, no todo va para abajo. Si hace una década había 8.135 centros asistenciales que atendían a 3,49 millones de personas, ahora son –siempre con los datos de la memoria de la CEE– 8.796 centros que atienden a 3,77 millones. Es decir, la Iglesia ha ganado peso como institución caritativa, si bien ello puede llevar a interrogarse hasta qué punto es positivo subvencionarla para encargarse de la atención a necesitados en vez de fortalecer el músculo propio del Estado del bienestar.

Los otros dos frentes donde la Iglesia exhibe vigor son la religiosidad popular y la escuela. En cuanto a la primera, la memoria contabiliza más de un millón de cofrades. En cuanto a la escuela, suma 2.536 colegios católicos, 2.402 de ellos concertados, con más de 1,5 millones de alumnos en total. En 2012 eran 1,43 millones de alumnos. Esa flecha sube. La CEE afirma que su red concertada ahorra al Estado más de 4.200 millones de euros al año, cálculo que se basa en una metodología que ha sido criticada por especialistas.

He aquí una paradoja: tendría sentido que la jerarquía católica española se sintiera hoy más amenazada por las decisiones que puedan adoptarse en los salones vaticanos por los que se pasea el papa de Roma que por las que se tomen en los despachos del Gobierno de su país, por más que el Ejecutivo esté integrado por ministros de izquierdas y en su toma de posesión no se viera un crucifijo. ¿Los motivos? El primero –que no es el objeto de este artículo– es la falta de sintonía entre Francisco y buena parte del alto clero español. El segundo motivo es que el PSOE y Sumar han rebajado la ambición laicista del Gobierno progresista si se compara con la pasada legislatura, cuando la coalición de socialistas y Unidas Podemos ya decepcionó al movimiento contrario a los privilegios de la Iglesia.

La escasa atención a las medidas laicistas en el acuerdo del PSOE y Sumar, que ya era observable en los programas de ambos partidos para las generales del 23 de julio, es la continuación de un retroceso de los compromisos en este terreno por parte de la izquierda que comienza con su llegada al gobierno en 2018. Al igual que el anterior Gobierno, el del PSOE y Sumar prevé múltiples medidas de inspiración laica y feminista que inciden sobre la familia y sociedad –sea por el derecho al aborto o por inclusión de las personas Lgtbi–, pero hay poco entre lo programado que amenace el estatus de la Iglesia católica.

Este sábado 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, en conmemoración la Ley de separación Iglesia-Estado de Francia. El 9D es también el día de la promulgación de la Constitución española de 1931, la que más lejos llegó en el intento de desgajar lo religioso de lo civil.

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cosechó la pasada legislatura algunos avances en este campo, pero dejó incumplidos compromisos incluso después de haber renunciado a las propuestas de máximos que el propio Pedro Sánchez defendía hasta su llegada a La Moncloa en 2018. Ahora el programa de gobierno del PSOE y Sumar directamente orilla casi todas las cuestiones relativas a la separación Iglesia-Estado y a los privilegios de la institución católica ante una legislatura en la que las mayorías dependerán previsiblemente no sólo del PNV, sino también de Junts, donde anida parte de la derecha nacionalista catalana. Si el mandato pasado ya era difícil aprobar medidas que molestasen a la Iglesia, ahora lo será más aún. Y lo será tanto por las matemáticas –el reparto de escaños es más favorable a la Iglesia– como por el programa de gobierno.

Igual que la inclusión de un punto en un acuerdo político no garantiza su cumplimiento, su exclusión tampoco significa que haya que descartarlo. Eso sí, lo que aparece y lo que no aparece es indicativo del grado de compromiso que a priori se quiere fijar sobre algo. ¿Y qué dice y no dice el acuerdo del PSOE y Sumar? No hay referencia a la supresión de los privilegios de la Iglesia en temas como la fiscalidad, financiación o educación. Tampoco hay previstos cambios legales para facilitar la reversión de inmatriculaciones, punto que estaba en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos y que quedó incumplido. Lo mismo ocurre con la Ley de Libertad de Conciencia, que estaba en el pacto del pasado mandato, no se aprobó y ahora no está.

El punto que más claramente afecta a las relaciones Iglesia-Estado establece la promoción de un modelo educativo basado "en la tolerancia y el laicismo", lo cual se concreta en que las notas de Religión seguirán sin computar para la media. Ese "seguirán" desvela que en realidad no hay novedad. Porque esa medida ya está en la Lomloe, la ley educativa aprobada en la legislatura pasada. Por otra parte, podría adentrarse en el terreno de la Iglesia la acordada reforma o supresión de los artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión, siempre y cuando dicha reforma incluyera el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. No obstante, esto no está especificado en el acuerdo PSOE-Sumar. En 2021 el Gobierno ya anunció que estaba estudiando una posible reforma que finalmente no se materializó. También podría tocar a la Iglesia –aunque está por ver– la acordada ley de "bebés robados".

Europa Laica acusa al Gobierno de excluir de su programa los "atropellos" derivados de los "grandes privilegios" de la Iglesia, que mantienen en España "residuos del nacionalcatolicismo". En un documento de balance del acuerdo de gobierno, la organización de referencia del movimiento laicista alerta de varias tareas no abordadas hasta ahora y no recogidas en el acuerdo PSOE-Sumar, entre ellas las citadas dos párrafos atrás y otras como la reducción del peso de la concertada, con fuerte influencia de la Iglesia; la exclusión de la Religión del horario lectivo; la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; y la regulación de la separación de las esferas civil y religiosa en actos como las procesiones de Semana Santa. "En la pasada legislatura al menos hacían un propósito, ahora ni eso. Ya se da por hecho. Que un gobierno que se dice progresista permita esto es impresentable", afirma el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, que ve sus reivindicaciones "excluidas de la agenda política".

Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, organización para recobrar bienes inmatriculados por la Iglesia, afirma sobre cómo enfocan ahora este problema el PSOE y Sumar: "No sólo han olvidado el tema, lo han matado". A su juicio, durante la pasada legislatura hubo "un cambio de postura" sobre las inmatriculaciones, que fue desde la pretensión de recuperar los bienes registrados indebidamente mediante una reforma legal –recogida en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos– hasta la renuncia a dicho propósito. "Vamos a seguir insistiendo, porque esto no puede quedar así", concluye.

infoLibre preguntó al PSOE qué iniciativas tenía previstas en el campo de la laicidad y, concretamente, si descartaba una Ley de Libertad de Conciencia dado que no estaba en al acuerdo de gobierno. El partido respondió que es pronto para contestar porque la actividad parlamentaria propiamente dicha no ha comenzado. Sumar no respondió a las preguntas de este periódico. El Ministerio de Presidencia, del que dependen las relaciones con las confesiones religiosas, tampoco contestó.

Lejos queda ya el pico laicista del PSOE, que se prolongó entre 2016 y 2018, época en la que el partido de Pedro Sánchez se alineó con las posturas históricas de IU. El programa para las elecciones de 2016 llegaba hasta donde nadie había llegado en el PSOE, con medidas como "suprimir la referencia a la Iglesia" en la Constitución; "denunciar los Acuerdos con la Santa Sede"; quitar las exenciones para los bienes sin "uso de culto o social"; "avanzar en la autofinanciación" de la Iglesia; o "reclamar la titularidad" de los bienes inmatriculados sin título. Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE –en línea con el documento de la candidatura interna de Sánchez en las primarias de 2017– defendían "consolidar" el "Estado laico" con la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", añadía.

En octubre de 2018, ya con el PSOE en el Gobierno y en lo que la perspectiva nos muestra como los coletazos de aquella inercia laicista, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al Vaticano que el Gobierno deseaba que la Iglesia pagase el IBI en los edificios ajenos al culto y a la actividad asistencial. Calvo llegaría a invitar a una "reflexión" sobre el modelo de casilla de la Iglesia del IRPF, abriendo un nuevo melón.

¿En qué quedaron aquellas pretensiones? Hubo avances, pero a distancia sideral de lo que planteaba el primer Sánchez y dejando también incumplidos puntos del ya muy rebajado pacto del PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones de noviembre de 2019.

En realidad, el listón había empezó a bajar antes de los comicios de 2019, cuando el programa del PSOE ya no recogía medidas como el pago del IBI de la Iglesia, que se cayó también de las resoluciones del 40º Congreso. Sí lo mantenían Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno. También en 2019 el PSOE borró la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, que los socialistas ahora sólo quieren revisar en "diálogo con la Iglesia" y "buscando el consenso". Lo que estaba ocurriendo no era más que la reposición de un clásico: la bandera laicista es más fácil de llevar desde la oposición.

Así que la etapa 2018-2023 arroja un balance ambivalente. Por un lado, los obispos salvaron sus privilegios esenciales, ya que el Gobierno avaló el grueso de las inmatriculaciones, mantuvo la inmensa mayoría de las exenciones fiscales y no tocó la financiación vía casilla de la Iglesia –más de 300 millones públicos al año–, ni lo fundamental de su posición en la concertada, ni los Acuerdos con el Vaticano. Lo mollar, pues, a salvo. Además, la Ley de Libertad de Conciencia se quedó en el cajón, el cambio legal sobre inmatriculaciones no llegó a llevarse a cabo y se quedó sin completar la reforma de los delitos de expresión, que a priori iba a incluir la derogación de la ofensa contra los sentimientos religiosos.

Pero lo anterior es la parte en la que ponen énfasis los que ven el vaso de los avances laicistas medio vacío. También puede verse medio lleno. Sánchez puede presumir de haber sido el primer presidente en democracia con el que la Iglesia no aumentó sus privilegios ni conquistó otros nuevos, al mismo tiempo que extremaba la neutralidad de ceremonias civiles como las tomas de posesión y el funeral por las víctimas del covid.

Es más, el Gobierno completó un puñado de medidas: una mayor transparencia sobre los bienes inmatriculados; la pérdida de estatus académico de la asignatura de Religión; la retirada de unos 16 millones al año en exenciones fiscales; la supresión –establecida por ley, pero aún no culminada– de la financiación pública de educación que segrega por sexos, en su mayoría del Opus Dei... A todo ello hay que sumar el impulso desde la izquierda de la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.

Valorada la anterior legislatura cuando Sánchez la dio por terminada, el portavoz de Europa Laica, Juan Antonio Aguilera, la consideraba "totalmente insuficiente". Ahora bien, vista con el acuerdo del PSOE y Sumar por delante, teme que sea mejor que lo que está por venir. "Lo que hizo el anterior gobierno fue incompleto e insatisfactorio, pero ahora nos sentimos ya defraudados desde el principio. Se han olvidado del tema", dice Aguilera, para quien la "falta de voluntad política" queda "claramente" expuesta con la ausencia de un compromiso de aprobación la Ley de Libertad de Conciencia, una asignatura pendiente del PSOE, donde hace años cunde el convencimiento de que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 está obsoleta.

José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó sacar adelante una Ley de Libertad de Conciencia, pero la acabó metiendo en un cajón en una segunda legislatura (2008-2011) marcada por la crisis. Sánchez y Pablo Iglesias la rescataron en el acuerdo del PSOE y UP, pero no se aprobó ni como proyecto de ley. Ahora no figura en el programa PSOE-Sumar. Un dato revelador sobre el retroceso del protagonismo de esta materia: la norma tampoco estaba en los programas del PSOE ni de Sumar para el 23J. En el caso del PSOE, promete "políticas" por la "diversidad religiosa y de conciencia", sin aclarar más.

Tampoco está detallada en el programa del PSOE la referencia a la autofinanciación de la Iglesia, consistente en expresar el compromiso de seguir "trabajando" con la Conferencia Episcopal dentro del Acuerdo de Asuntos Económicos con el Vaticano para que la institución alcance "por sí misma" los "recursos suficientes" para sostenerse. Una formulación que no obliga a nada.

Sumar no dice nada de autofinanciación de la Iglesia en su programa, ni el tema aparece en el acuerdo de ambos partidos. Lo que sí está en el programa de Sumar es la exclusión de la asignatura de Religión del horario escolar, una de las medidas más radicales de las que aún sobreviven, aunque sea como propuesta de la fuerza menor del bloque progresista. Es sí, parece imposible que salga. No está en el programa del PSOE, que ya aparcó esta idea que sí defendía antes de llegar al Gobierno. Como es lógico, tampoco está en el acuerdo de ambos partidos para guiar la acción del Ejecutivo, cuya lectura no habrá inquietado demasiado a los altos dignatarios de la Iglesia.

Oigamos tres declaraciones sobre la actualidad política española vertidas en la última semana. 1) "Los que delinquieron grave y violentamente destruyendo un Estado de derecho determinan el futuro de un pueblo”. 2) Es “inmoral” una amnistía “a cambio" de votos y por "ansia de poder”; "es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una nación". 3) "La unidad de España está en peligro"; "la paz de una nación entera no podemos jugárnosla por intereses particulares".

¿Quiénes son? ¿Portavoces del PP? ¿De Vox? No. Son, respectivamente, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo; José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante; y Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, las tres voces que han llegado más alto en su crítica al Gobierno por la amnistía, todo ello dentro de un coro que incluye al azobispo de Valladolid, Luis Argüello, ex secretario general y exportavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), y al obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, que augura que el Estado de derecho "se resentirá enormemente". Otros, como el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el mismísimo arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, han aprovechado el debate para alertar sobre la posible secesión de Cataluña.

La ofensiva simultánea contra la amnistía se produce justo cuando el tema está al rojo vivo. Aunque, en realidad, las voces críticas ya habían empezado a oírse en septiembre, cuando César García Magán, portavoz y secretario general de la CEE, dijo que no había nada "excepcional" que justifique una amnistía. Tras un rumor de desacuerdo llegado desde el episcopado catalán, que pidió "neutralidad", parecía que la cúpula eclesial ponía en práctica una de sus artes: correr un tupido velo sobre un asunto incómodo. Hasta que Sanz, Munilla y compañía salieron en tromba. ¿Y en defensa de la amnistía? Nada. Tampoco el presidente de la CEE, Juan José Omella, al que se considera defensor de una salida dialogada en Cataluña. Lo más ecuánime han sido las palabras del arzobispo de Madrid, José Cobo, que dijo este miércoles en una homilía por La Almudena que "la convivencia es diálogo y discusión amable".

Un próximo a un obispo moderado señala que, aunque es previsible que la CEE no se pronuncie sobre la amnistía en su asamblea del 20 de noviembre, "a la sociedad ya le ha llegado el mensaje de que la Iglesia está contra la amnistía", lo cual es "un éxito" del ala conservadora. ¿Es mayoritaria? "Parece que sí, y desde luego tiene menos complejos para hablar", responde.

Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea, señala que la tendencia de la cúpula eclesial a ver en peligro la nación española obedece a una "reminiscencia nacionalcatólica". A juicio del autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013), la socialización en el nacionalismo excluyente de la mayoría del alto clero ayuda a entender su mayor afinidad con la derecha no sólo en los temas habituales en los que la Iglesia toma partido –educación, aborto, familia–, sino también en los temas nacionales.

Así que se dan dos fenómenos. Por un lado, una oposición sistemática de la jerarquía católica a la legislación progresista en numerosos ámbitos. Por otro, una inclinación, en los temas que provocan grandes controversias nacionales, al alineamiento con la derecha. Y no se trata de fenómenos nuevos. Son, más bien, toda una tradición de quienes mandan en la Iglesia española, tradición que con la amnistía está siendo honrada de nuevo.

Limitando el arco temporal al periodo democrático –dejando pues de lado la actividad de la Iglesia contra la República y a favor del golpe de 1936, el bando nacional y el franquismo–, el historial de encrucijadas en las que la jerarquía ha guerreado contra la izquierda es interminable. En realidad, nunca ha habido excesivo disimulo sobre la falta de neutralidad no ya de las ideas, sino de las adhesiones.

La línea de marcaje a la izquierda la fijó Juan Pablo II en cuanto el PSOE tocó poder. Cuando se produjo la primera victoria de Felipe González, el 28 de octubre de 1982, Wojtila ya tenía organizada su primera visita a España para el día 31. Sólo tres días después. Fue una demostración de fuerza, con el papa rodeado de la cúpula católica española y una multitud de fieles. Todo un aquí estamos de la Iglesia, que trataba de minimizar su pérdida de influencia en el rumbo del país con la llegada de la democracia. Atención a lo que ha explicado José María Maravall, ministro de Educación con González, sobre cómo veían los prelados su relación con el poder político en los 80: "A los pocos días de entrar en el ministerio, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un característico papel sepia los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982".

La etapa felipista ofreció a aquella institución malacostumbrada por décadas de privilegios sus primeras excusas para dar la batalla. La jerarquía hizo campaña contra la Ley del Derecho a la Educación, de 1985, pese a que sentaba las bases del actual sistema de conciertos, que el tiempo demostraría tan favorable a la institución católica. Es difícil saber hasta qué punto la presión eclesial sirvió para que los socialistas renunciaran a su programa de partida de "escuela pública, laica, autogestionaria y única", para optar por el modelo de doble red. Si dura fue la oposición a la LODE, más aún lo fue a la Logse, de 1990. "Puede conducirnos a un ahondamiento de la ruptura entre la cultura y la fe", declararon los obispos en bloque.

Pero la cúpula católica no se ha limitado a dar la batalla educativa. Tampoco se ha ceñido a los temas sobre los que ha ejercido históricamente de tutora moral: familia, sexualidad, tradición, valores... Los frentes han sido mucho más variados. Antes de la Logse, en 1987, la CEE ya denunció, a través de su secretario, el obispo Fernando Sebastián, la "gran voracidad fiscal" del Estado, que se estaría excediendo en su afán recaudatorio.

No se trata de una posición aislada o anecdótica. En 1992 Ángel Suquía, presidente de la CEE, solemnizaría que "tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Frente al cristianismo social de las corrientes izquierdistas de la Iglesia o las críticas a la injusticia capitalista del papa, la jerarquía española siempre evita la profundización en el diagnóstico de las causas de la pobreza, limitándose a ofrecerse como complemento caritativo de un Estado del bienestar con lagunas [ver al final del texto El papa y el alto clero español, en sintonías diferentes].

Uno de los periodos de más clara toma de partido de la cúpula eclesial fueron los años centrales de los 90. Tras la inesperada victoria del PSOE en el 93, la CEE, a través de la COPE, fue un puntal de la ofensiva político-mediática contra González. Antonio Herrero, desde los micrófonos de la radio episcopal, se convirtió en actor clave de aquella campaña. La elevada temperatura que alcanzó el conflicto la ilustran las palabras en 1996 del entonces ministro José Manuel Eguiagaray: "Si la Iglesia utiliza una radio como punta de lanza contra el PSOE [...], tendrá una respuesta terrenal y podría revisarse su situación en un Estado aconfesional, como la aportación tributaria y estatal". Aquellas palabras fueron un intento de alcanzar una tregua que no se produjo. También fueron uno cruda exteriorización del estatus privilegiado de la Iglesia en su relación con el Estado.

Por supuesto, no se tocó ni un solo privilegio. Es más, tras la mayoría absoluta de José María Aznar se ampliaron los ya abundantes de la etapa anterior. Si con González la Iglesia había amarrado su casilla en el IRPF, múltiples ventajas fiscales, mejoras para los profesores de Religión y capellanes pagados con dinero público, así como los conciertos, con Aznar llegaron las inversiones estatales del Plan Nacional de Catedrales (1997); la reforma de la Ley Hipotecaria para que las diócesis pudieran inmatricular lugares de culto (1998); la exención del cumplimiento de la Ley de Asociaciones, librándola de obligaciones de rendición de cuentas (2001); la Ley de Mecenazgo, que implica una casi total supresión de obligaciones fiscales. Queda para el recuerdo la ovación que Aznar, escoltado por Rouco Varela, recibió de un centenar de obispos en un congreso episcopal en 2002 en San Lorenzo del Escorial.

¿Quién manda en la Iglesia cuando llega (2004) José Luis Rodríguez Zapatero? Primero como presidente de la CEE y luego como arzobispo de Madrid, la diócesis más rica y poderosa, el hombre fuerte es Rouco. Bajo sus auspicios, Jiménez Losantos demostró desde la COPE que Herrero podía parecer tibio por comparación. La emisora se convirtió en puntal de la teoría de la conspiración sobre el 11M, así como contra dos de las políticas más importantes de la primera legislatura de Zapatero: matrimonio igualitario y educación para la ciudadanía.

La estampa de 2005, con los prelados manifestándose en la calle contra las bodas gays, vestidos con sotana y alzacuellos, aparecería en cualquier álbum gráfico de la historia de la primera década del milenio. Rouco, con su gesto airado asomando tras las gafas ahumadas, estaba escoltado por los arzobispos de Toledo, Málaga, Granada, Burgos, Castellón, Huesca, Teruel, Getafe, Alcalá y Tarazana. A sus espaldas, carteles que decían: "¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?" y "Sodomía no con mi dinero". Por cierto, en aquella mani estuvieron ya, como obispos de diócesis distintas a las de hoy, dos de los prelados ahora volcados contra la amnistía: Jesús Sanz y Demetrio Fernández. Los políticos cambian, ellos siguen... y siguen haciendo política.

Los niveles de rechazo público de los obispos a las iniciativas políticas del PSOE alcanzaron durante la etapa de Zapatero sus mayores cotas. Del Estatuto de Andalucía, por ejemplo, dijeron que iba "debilitar y desestabilizar el matrimonio y la familia".

La mayor crisis llegó en 2008, cuando en etapa preelectoral la CEE emitió unas orientaciones de voto en las que –sin citar siglas– orientaba contra el PSOE. Y no sólo porque hay que apoyar a los partidos defensores de "la vida", es decir, antiabortistas. En la coctelera entraba un ingrediente nuevo. En pleno debate sobre los límites del diálogo con ETA, el texto decía: "Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer [...] a una organización terrorista como representante político [...], ni puede tenerla como interlocutor político".

Aquella vez el PSOE se revolvió con un comunicado en el que calificaba de "inmoral" el posicionamiento eclesial y recordaba la doble vara de medir de la CEE: "Si no hay que votar a los partidos que han dialogado con ETA, no hay que votar a nadie [...]. Con ese criterio, no se hubiera podido votar a Adolfo Suárez, ni a Felipe González, ni a José María Aznar. Todos ellos dialogaron con ETA e incluso alguno de ellos, como Aznar, con un obispo como intermediario". Ese "obispo" es Juan Mari Uriarte, citado por numerosos medios como intermediario entre el Gobierno y ETA cuando estaba al frente de la Diócesis de Zamora.

Con Mariano Rajoy en La Moncloa, volvió la quietud. Con la Lomce o Ley Wert como gran cesión a los obispos y la retirada de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón como principal disgusto, las relaciones PP-CEE no alcanzaron los niveles de idilio de la era Aznar-Rouco, pero quedaron lejos de las tensiones de las etapas PSOE.

¿Y durante los gobiernos progresistas desde 2018? La CEE ha hecho campaña contra la Lomloe o Ley Celaá, que vio como una amenaza –no cumplida, eso es seguro– a la concertada. "Vuelve la dictadura totalitaria", llegó a clamar monseñor Jesús Sanz sobre la norma. Tan previsible como el rechazo a la reforma educativa ha sido la oposición en bloque a las leyes de eutanasia, aborto y trans, esta última tildada de "perversión". En el caso de la eutanasia, su rechazo ha llegado al límite de defender la "objeción institucional". ¿Y la ley del sólo sí es sí? En su estreno como portavoz y secretario general de la CEE, hace un año, García Magán dijo –en un momento de crisis para el Gobierno– que la "alarma social" ante la misma era "justa".

Proliferan además posiciones alineadas con las nuevas corrientes derechistas, enfrentadas a una supuesta ofensiva progresista, que querría imponer una corrección política castrante y una agenda anticristiana embozada tras la lucha contra el cambio climático. Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, sostiene que el "sistema económico dominante" quiere imponer un "capitalismo verde" que actúa como freno a la procreación. Más. Detrás de las erradas políticas de la "ideología de género" hay "organismos financieros globales", concluyó en enero de este año la CEE en su documento El Dios fiel mantiene su alianza. Es un discurso que suscribiría Vox.

Poco después, en abril, el episcopado dio un un paso más. En su discurso ante el pleno de los obispos, Omella, tenido por un moderado, afirmó que "ante las citas electorales que se nos avecinan", los los fieles debían actuar contra el aborto y la eutanasia y a favor de la concertada. No citó partidos, pero blanco y en botella. Es en esta estela donde hay que colocar la ofensiva anti-amnistía. A diferencia de 2008, el PSOE y el Gobierno han optado por el silencio tanto tras las instrucciones de voto como tras los ataques a la amnistía.

Las posiciones de la Iglesia no sólo se explican por lo ideológico, también por lo corporativo. Es decir, por la protección de sus intereses. Su defensa de la concertada obedecerá a un compromiso con la "libertad" de los padres, pero tampoco se puede olvidar que la Iglesia se beneficia gracias a este modelo de cuantiosos recursos. En cuanto a la sanidad, la Iglesia se ha opuesto a través del lobby IDIS a la Ley de Equidad –finalmente no aprobada–, que pretendía limita las privatizaciones. Pero en este caso no lo hacía directamente la Iglesia diocesana, sino las órdenes con intereses en el negocio y beneficiarias de conciertos sanitarios. La oposición de la Iglesia en 2020 a que el ingreso mínimo vital fuera "permanente" hay que entenderla como una reivindicación de la utilidad de su propia red asociaciones asistencialistas, que reciben subvenciones para encargarse ellas mismas, no el Estado, de paliar la pobreza.

Con Sánchez, los obispos han suavizado las formas, no el fondo. Se han mantenido alejados de la calle y con la COPE han aflorado tensiones –"la COPE no tiene ningún problema con Sánchez, sino Sánchez con la COPE", dijo García Magán en junio–, pero menores por comparación. Uno de los factores que podrían explicarlo es que la CEE ha tenido abiertas varias carpetas abiertas con el Gobierno que afectaban a sus intereses, destacadamente fiscalidad e inmatriculaciones. Ambas carpetas están ya cerradas y la Iglesia ha logrado proteger con éxito la práctica totalidad de los bienes inmatriculados y ventajas fiscales.

Así es la relación de la jerarquía con la izquierda en el poder: la Iglesia golpea donde más duele, la izquierda no devuelve el golpe.

Seguramente al lector se le haya cruzado en el último año algún titular de este tipo: El papa degrada al Opus. O parecido. Y se habrá preguntado: "¿Es entonces ahora el Opus Iglesia rasa?". No tan deprisa.

La Obra siendo un peso pesado de la institución con 93.000 miembros en 68 países, oficinas centrales en la Torre Murray Hill, en el midtown de Nueva York, y sólida implantación en Roma. A eso suma una penetración profunda en España, su cuna, donde se ganó el ácido sobrenombre de "Octopus Dei" por sus conexiones, por su infinita capilaridad en la zonas nobles de ejército, el entorno real, la universidad, la política, los medios, la judicatura, la educación primaria y secundaria, la universidad, la formación de ejecutivos.... Siempre que se descorre una cortina en las salas de máquinas del poder, aparece un "hilo de la maroma" de José María Escrivá de Balaguer, el cura de Barbastro (Huesca) que fundó la más influyente aportación de España a la Iglesia universal en más de un siglo. Así que hará falta más que un papa con pocas simpatías por el Opus, una de las organizaciones más conservadora del catolicismo, para quitarle lo conquistado durante más de un siglo.

Y, sin embargo, el golpe del papa ha escocido, como explica José Manuel Vidal, director de Religión Digital. A pesar de los empeños del Opus por fingir normalidad, a pesar del estoicismo con el que parecen haber encajado la rebaja de dignidades, es evidente que Jorge Mario Bergoglio ha golpeado al Opus donde más le duele: en lo que en jerga ejecutiva se llamaría "la marca". Es duro para una organización que basa su prestigio en un barniz elitista verse apeada del pedestal.

Para el Opus Dei, que es una especie de suma de religión más estatus, el papado de Francisco está siendo duro, porque de lo segundo, estatus, ha perdido y mucho. El documento papal Ad charisma tuendum establecía en 2022 que el prelado del Opus ya no sería obispo, le restaba independencia a La Obra y sumaba exigencias de rendición de cuentas. Le quitaba poder y privilegios, lo obligaba a reformar sus estatutos. Le arañaba exclusividad, alcanzada durante el pontificado de Juan Pablo II, que convirtió al Opus en su prelatura personal. Este verano Francisco volvió a a apretar las tuercas de la institución y minó de nuevo los privilegios con una modificación de los cánones que regulan las prelaturas. El Opus pasa a ser tratado como un asociación pública clerical. Otra degradación, práctica y simbólica.

Y precisamente ahí, en lo simbólico, es donde el Opus está buscando un resarcimiento, acelerando el proceso para la canonización de Álvaro del Portillo (Madrid, 1914; Roma, 1994), el que fuera sucesor de Escrivá al frente de La Obra. La extrema derecha cristiana internacional, a través de uno de sus puntales, la organización que monta el Congreso Mundial de Familias, se ha sumado a la campaña para la canonización de Del Portillo, que necesita del reconocimiento de un milagro por parte del papa.

El camino hacia la meta celestial de sus prohombres ya ha sido transitado antes por el Opus. Ahí está el propio Escrivá. Muerto en 1975, con 73, años, fue beatificado en 1992 y canonizado en 2002. Juan Pablo II, al que el capitalismo de exaltación de la riqueza del Opus vino como anillo al dedo en su combate contra la Teología de la Liberación, convirtió la ceremonia de elevación a los altares de Escrivá en un acontecimiento de primera magnitud. 300.000 personas asistieron, no menos de 80.000 españoles, según los cálculos recogidos por la prensa de entonces, que detallaban la espectacularidad de las nueve pantallas de televisión colocadas en la Plaza de San Pedro para que los peregrinos pudieran ver primeros planos. Entre los asistentes, al menos tres ministros de José María Aznar: Federico Trillo (Defensa), Ana Palacio (Exteriores) y José María Michavila (Justicia). Fue un día grande.

El Opus, sabedor de que el carisma de Escrivá había sido básico para el aura de la casa, se esmeró desde su fallecimiento en aquilatar el liderazgo de Álvaro del Portillo. Su compromiso con La Obra, desde luego, estaba fuera de duda. El obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay –el que entronizó bajo palio a Franco en el 39, el mismo que erigió en 1943 la Sociedad de la Santa Cruz, la asociación sacerdotal del Opus, vital para su independencia– lo había ordenado dentro del Opus en 1944. Fue uno de los tres pioneros. Su promoción llegaría con Juan Pablo II. Cuando en 1982 Wojtila erigió el Opus en prelatura personal, designó a Del Portillo prelado. Ocho años después, en 1990, lo hizo obispo. El sucesor llegaba más lejos y más alto –y además más rápido–que su amigo y predecesor.

Del Portillo dijo adiós al mundo en 1994. Y automáticamente se activó la maquinaria para que, al igual que hizo en vida, siguiera los pasos de Escrivá tras la muerte. En este caso, hacia la santidad.

Hay un peaje que pasar. O, en realidad, dos: un milagro para ser beato y otro para ser santo. Los reconocidos a Escrivá fueron dos curaciones: a una carmelita de la caridad de Madrid y a un médico extremeño. En 1997 Roma concluyó que la curación del doctor Nevado de “cancerización de radiodermitis crónica grave en su tercer estadio, en fase de irreversibilidad”, fue “muy rápida, completa y duradera; científicamente inexplicable”. ¿Cómo se explica, entonces? Fue Escrivá, gracias a unas estampas adquiridas por el médico.

Del Portillo está de momento a mitad de camino: ya tiene reconocida la "curación instantánea del niño chileno José Ignacio Ureta Wilson", que sufrió un paro cardiaco tras nacer y vive para contarlo. "Sus padres rezaron con gran fe a través de la intercesión de Mons. Álvaro del Portillo y, cuando los médicos pensaban que el bebé estaba muerto, sin ningún tratamiento adicional y de modo totalmente inesperado, el corazón del recién nacido comenzó a latir de nuevo", explica el Opus. La "curación milagrosa" tuvo lugar en agosto de 2003. Es decir, nueve años después del fallecimiento de Del Portillo. Eso significa que el milagro fue por intercesión.

Tal reconocimiento le valió la beatificación en 2014, ya con Francisco en la silla de Pedro. El acontecimiento no llegó a los niveles de relevancia de la canonización de Escrivá, pero también fue masivo. El Opus logró reunir en torno a 100.000 personas en Madrid. Otra vez, el relieve político fue alto. Allí estuvieron al menos los ministros de Economía, Luis de Guindos, e Interior, Jorge Fernández Díaz. Y más: el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola; el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano; la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, según el listado que publicó El País

Aquel fue otro gran día para La Obra, que ahora busca otro más.

La Obra pretende enviar a Del Portillo al club de los santos. Pero para eso le hace falta lo que consiguió San Josemaría: un segundo milagro. Ya hay avances. El arzobispo de la Arquidiócesis de León (México), monseñor Alfonso Cortés, aprobó el 30 de agosto una "presunta curación de carácter milagroso", que aún está por contrastar en la Santa Sede (hablamos siempre dentro de la lógica de la Iglesia, según la cual los milagros existen).

El milagro, explica el Opus, consiste "en la rapidez y en la integridad de la recuperación, sin rehabilitación" de un natural mexicano de nombre Juan Carlos Bisogno, que ha narrado así lo sucedido: en 2015, el hombre se dirigía en coche hacia Aguascalientes, donde vive su hermano, cuando sufrió un accidente, con choque contra un caballo incluido, "destrozándome la mitad del cráneo". "Me estaba muriendo. Mientras tanto se notificó del accidente y corrió la voz entre familiares y amigos, por lo que se formaron, desde el primer día, varias cadenas de oración a través de grupos de Whatsapp, donde pedían con profunda fe mi completa recuperación, por la intercesión del beato Álvaro del Portillo". Tras ocho horas de cirugía, una semana en coma y dos en terapia intensiva, y –según cuenta el agraciado– contra todo pronóstico, el paciente experimento una mejora considerable, que atribuye a la intercesión de Del Portillo.

Con la base de este supuesto milagro hay un proceso de canonización abierto, confirma La Obra a infoLibre a través de un portavoz. La certificación requiere tres aprobaciones: la de la diócesis donde ha ocurrido el supuesto milagro, la del Dicasterio de la Causa de los Santos y la del papa. Lo primera luz verde, la de la diócesis, ya está encendida. Faltan dos. Ahora las actas del proceso están en Roma. "Los documentos han llegado al Dicasterio [de la Causa de los Santos], que ahora se encargará de evaluarlo según el procedimiento habitual en estos casos", confirma el Vaticano a este periódico.

El Opus no da la canonización por hecha. Es más, afirma que la "certificación de un milagro", en este caso el segundo, suele ser un proceso "largo". No obstante, una fuente conocedora de La Obra afirma: "Claramente están empujando todo lo que pueden. [Fernando] Ocáriz [prelado del Opus Dei desde 2017] no hace más que recibir malas noticias y le vendría como agua de mayo dar una buena, que devuelva al Opus el lustre que creen que le corresponde". Esta fuente añade que, "por tiempos", es "una pasada" pretender convertir en santo a un cabeza del Opus cuando han transcurrido poco más de veinte años desde la santificación de su antecesor. "Yo creo que no toca, pero buscan compensación", señala.

José Manuel Vidal, director de Religión Digital, atento observador de los movimientos en el seno de la Iglesia, cree que es obvio que no conseguir la canonización de Del Portillo sería "un baldón más" para el Opus. Vidal cree aventurado adelantar si lo tiene o no lo tiene fácil, pero sí afirma que "chirriaría que en época de Francisco lo consiguieran", más aún cuando tienen "la mochila muy llena ya" de reconocimientos.

"Por supuesto", explica Vidal, no estamos ante un proceso técnico, factual, en el que los funcionarios de la Iglesia se limitan a acreditar o no el supuesto milagro. El periodista explica que tradicionalmente los procesos de canonización han ido engrasados mediante "el dinero", que es "fundamental para mover una causa". "Antes sólo podían hacerlo congregaciones y asociaciones con mucho dinero", afirma. Vidal recalca que la dinámica "ha cambiado" con Francisco al frente de la Iglesia y el nombramiento en 2020 del cardenal Marcello Semeraro como prefecto del dicasterio de la santidad. El papa, expone, no sitúa el énfasis en la elevación de "los clásicos" o "los fundadores", sino en lo que él llama "los santos de la puerta de al lado". Pone al venezolano José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", asesinado en 1919 y que está en proceso de canonización. O el de Carlos Acutis, un chaval italiano fallecido en con 15 años de leucemia en 2010, beatificado una década después, un influencer que se dedicó a la difusión de contenido eucarístico. En síntesis: nada de popes. Gente extraordinaria, al mismo tiempo que corriente. Está por ver si el dicasterio primero y el papa después ponen el sello de santidad a Del Portillo, o tiene que esperar mientras pasan los "santos de la puerta de al lado".

Mientras la causa avanza, La Obra ha encontrado el respaldo en su empeño de uno de los grupos más importantes de la derecha radical cristiana de Estados Unidos, el International Organization for the Family (IOF), organizador del Congreso Mundial de Familias, una cita clave en la coordinación del integrismo cristiano contra el aborto, los derechos Lgtbi el feminismo.

El presidente del IOF, Brian Brown, tiene estrechas conexiones con algunos de los principales referentes de la derecha católica dura española. Por una parte, figura como miembro del patronato de Citizen Go, la rama internacional de Hazte Oír, lo que lo sitúa junto a Ignacio Arsuaga. En segundo lugar, es miembro de la directiva de Political Network for Values, junto a Jaime Mayor Oreja.

Pues bien, además de la organización del Congreso Mundial de Familias, el IOF se dedica a la difusión de lo que llama "noticias profamilia" en su portal IFN. Y ahí es donde ha publicado, en inglés y en español, sendas comunicaciones que no sólo se posicionan a favor de la canonización de Del Portillo, sino que aportan datos sobre un nuevo milagro.

"Están todas las piezas en su lugar para la proclamación de santidad de Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, obispo y prelado del Opus Dei", lo que sería "una luz de esperanza y gozo para los miembros del Opus Dei, cooperadores, amigos y millones de personas vinculadas a los apostolados de la prelatura alrededor del mundo", señala el texto, que no se limita a reseñar el supuesto milagro en México –al que por supuesto da crédito–, sino que expone otro, aunque no detalle el papel de Del Portillo en el mismo.

Según el texto publicado en el portal del IOF, que no responde a las preguntas de infoLibre, el posible nuevo milagro ocurrió durante la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, cuando una joven de 16 años que acudía a los apostolados de La Obra, de nombre Jimena, "recuperó la vista en el día de la Virgen de las Nieves tras la acción de gracias después de la sagrada comunión, en la Capilla de las Apariciones en Fátima".

El Opus afirma tener constancia de que la chica del "favor recibido" en Lisboa iba con "un grupo" de La Obra, pero no tiene más datos. El medio Rome Report ha entrevistado a la "tutora" de Jimena, que avala la tesis de la curación a través de la fe y la oración.

Si fallara la carta del mexicano Benigno, ahí está la baza de Jimena.

El Gobierno de Francia estima que "298 personas" acudieron el primer día de clase vestidas con la abaya, la túnica tradicional musulmana que cubre todo el cuerpo, aunque la gran mayoría accedieron a quitársela sin incidentes y sólo 67 "tuvieron que volver a casa", según el ministro de Educación, Gabriel Attal.

El ministro ha destacado que "una gran mayoría" de las niñas y adolescentes que llevaban la abaya accedieron a quitársela tras "una fase de explicaciones, de diálogo, de pedagogía", en virtud de una norma que se ha estrenado esta semana y que equipara esta prenda con otros símbolos religiosos.

El Gobierno alega que, en virtud de la ley de laicidad, la abaya tampoco tiene cabida en los centros educativos. Attal ha insistido en una entrevista en BFM TV en que "la escuela no estigmatiza a nadie", pero sí ha abogado por seguir "las reglas" en este ámbito.

Las autoridades, no obstante, esperan evaluar el impacto definitivo a lo largo de esta semana, ya que la vuelta a las clases es progresiva. El Consejo de Estado también tiene previsto examinar este martes la nueva medida, a raíz de una interpelación planteada por una asociación que defiende los derechos de la comunidad musulmana.

"Nuestra escuela está siendo puesta a prueba", declaró el ministro francés de Educación, Gabriel Attal, el lunes 28 de agosto, por el "aumento de los ataques" al laicismo. En efecto, se ha disparado el número de infracciones de este tipo (un 120% más entre el curso escolar que acaba de terminar y el anterior), aunque no está claro qué papel desempeña el uso de esos atuendos en las cifras anunciadas.

Sophie Vénétitay, portavoz del sindicato de enseñantes SNES-FSU, respondió pocas horas después de esa declaración: "Ese no es el principal problema del inicio del nuevo curso escolar. El problema es el número de alumnos en las clases y la falta de profesores, aunque no estamos diciendo que la cuestión de las abayas no exista". Jean-Rémi Girard, del sindicato Snalc, sin hacer de ello un punto central, reconoce que este anuncio responde a una petición de "aclaración" del asunto y de los directores de escuela en particular, "para evitar tener un instituto que diga sí aquí y dos calles más allá otros digan no". 

La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha negado que prohibir la abaya en escuelas e institutos suponga "estigmatizar" a la comunidad musulmana, a un día de que comience a aplicarse una medida que ha marcado en gran manera el inicio del curso escolar, informa Europa Press. "Todos y cada uno de nuestros conciudadanos, sea cual sea su religión, tiene cabida en nuestro país", ha dicho en una entrevista para la cadena RTL en la que ha defendido el veto a una túnica femenina que cubre el cuerpo.

Borne ha explicado que las niñas que sigan llevando esta prenda no podrán entrar a clase, aunque "serán acogidas" en los centros. En este sentido, ha insistido en que es lo que corresponde para poner en práctica la ley de laicidad, que "se aplica a todos".

Frente a las críticas, la primera ministra ha sugerido que hay quien intenta incurrir en la "manipulación" y la "provocación" aprovechando este caso, con una alusión expresa a La Francia Insumisa (LFI). Esta formación ya ha adelantado su intención de elevar la polémica al Consejo de Estado.

El presidente galo, Emmanuel Macron, ya avisó el viernes de que el Estado sería "inflexible" y prometió que las autoridades trabajarían para que "no pase nada" en este inicio de curso, consciente de que puede haber "desafíos" claros a la norma.

El ministro francés de Educación, Gabriel Attal, al anunciar, en el plató de la TF1 el domingo 27 de agosto, la prohibición total del uso de abayas (vestidos largos de Oriente Medio) y qamis (túnicas para los chicos) en los centros de enseñanza secundaria, ha vuelto a poner sobre la mesa un tótem de la derecha, nublando el horizonte del resto de sus planes ante el inicio del nuevo curso escolar en 2023.

"Nuestra escuela está siendo puesta a prueba", declaró el ministro el lunes 28 de agosto, por el "aumento de los ataques" al laicismo. En efecto, se ha disparado el número de infracciones de este tipo (un 120% más entre el curso escolar que acaba de terminar y el anterior), aunque no está claro qué papel desempeña el uso de esos atuendos en las cifras anunciadas.

Sophie Vénétitay, portavoz del sindicato de enseñantes SNES-FSU, respondió pocas horas después de esa declaración: "Ese no es el principal problema del inicio del nuevo curso escolar. El problema es el número de alumnos en las clases y la falta de profesores, aunque no estamos diciendo que la cuestión de las abayas no exista". Jean-Rémi Girard, del sindicato Snalc, sin hacer de ello un punto central, reconoce que este anuncio responde a una petición de "aclaración" del asunto y de los directores de escuela en particular, "para evitar tener un instituto que diga sí aquí y dos calles más allá otros digan no". Por su parte, el ministro de Educación dio las gracias a los políticos de todos los partidos que han acogido favorablemente su decisión, desde el comunista Fabien Roussel al republicano Éric Ciotti, pasando por el alcalde socialista de Montpellier.

Sin embargo, esta nueva prohibición ha reabierto el debate en torno a la aplicación de la ley de 2004 que prohíbe el uso del velo en las escuelas, así como la ambigüedad en torno a la vestimenta religiosa "por propósito". Julie Arroyo, profesora de Derecho Público en la Universidad de Grenoble-Alpes, acaba de publicar un artículo crítico sobre la prohibición de los símbolos religiosos en la Revista de Derechos y Libertades Fundamentales, RDLF. 

Mediapart: En su opinión, ¿es jurídicamente posible prohibir la abaya? ¿En virtud de la ley de 2004? 

Sí, parece posible en el marco de la ley de 2004, pero es discutible. Posible, porque la ley prohíbe los signos que revelan ostensiblemente la pertenencia religiosa de su portador; y porque más allá de los signos religiosos clásicos (cruz, velo), se pueden prohibir los signos religiosos que la doctrina denomina "por propósito". Se trata de objetos que no tienen ninguna connotación religiosa, pero que son religiosos porque su portador desea darles esa dimensión: así se ha aceptado para ciertas bandanas, faldas largas negras, etc. La abaya podría entrar en este tipo de signos. Queda por ver cómo se redactará la circular, ya que eso llevaría a las autoridades a ir muy lejos y a interferir en la esfera religiosa de una forma que parece incompatible con el laicismo. 

La ambición de ministro de Educación es eliminar toda vaguedad simplemente prohibiendo la abaya en las escuelas, pero ¿es tan sencillo desde el punto de vista jurídico? 

La cuestión de identificar los símbolos religiosos en un Estado laico es problemática, porque un Estado no debería decir en principio qué es religioso y qué no lo es. Lo ideal sería que se refiriera a la intención de la persona que lleva el signo. Si el portador considera que el objeto es religioso, entonces debería clasificarse como tal. Por supuesto, este enfoque plantea problemas cuando la identificación del signo religioso precede a su prohibición, ya que puede dar lugar a que el mismo objeto esté prohibido o no según la pretensión de su portador (por ejemplo, con abayas reivindicadas por las alumnas como prendas religiosas o no). La otra solución, respetuosa con el laicismo, es remitirse a la definición adoptada por la autoridad o comunidad religiosa en cuestión. Se considera religioso lo que los cristianos, musulmanes, judíos, etc. consideran como tal. En el caso de la abaya, no parece ser así. Así que corremos el riesgo de encontrarnos con una circular que afirme la dimensión religiosa de una prenda, independientemente de las circunstancias en que se lleve, aunque la prenda sea ante todo tradicional y su portador le niegue potencialmente cualquier significado religioso. Sería una situación muy cuestionable, incluso disparatada en términos de laicismo. Sería extremadamente objetable, como digo, que la abaya se considerase de entrada un símbolo religioso cualesquiera que fuesen las circunstancias. La falda negra y las bandanas por ejemplo, se llevaban además o en lugar del velo prohibido. Así que habrá que esperar a ver cómo se redacta la circular. En principio, una prohibición general y absoluta de las abayas no me parece defendible. 

Estamos hablando de prendas "culturales" o "religiosas". ¿Deben recibir un trato jurídico diferente? 

Siempre es difícil distinguir entre símbolos religiosos y culturales. Si tomamos el ejemplo de los portales de Belén, el Consejo de Estado ha dictaminado que en determinadas circunstancias pueden ser signos religiosos cuya exhibición en lugares públicos está prohibida por la ley de 1905, y en otras circunstancias que tienen una dimensión más cultural y, por tanto, pueden exhibirse en determinadas condiciones en una plaza o en una calle, por ejemplo. En el caso de la abaya, la circular puede llevar a afirmar –sin discusión posible de las circunstancias en que se lleva– que tiene una dimensión religiosa, aunque no sea por naturaleza un símbolo religioso y, una vez más, puede que en contra de la intención de quien la lleva. En un Estado laico, nos encontraríamos por tanto en una situación en la que los portales de Belén –aceptados como religiosos por la comunidad cristiana– podrían librarse de la clasificación de símbolos religiosos, mientras que las abayas –a priori no religiosas– revelarían ipso facto la religión de sus portadoras y, por tanto, estarían prohibidas en las escuelas. Eso sería un poco irracional. 

¿Considera que esta prohibición es una perversión del laicismo? 

Desde mi punto de vista, sí. Cuando se prohíben símbolos religiosos en un Estado laico, se corren riesgos. Pero no es nada nuevo, porque en su aplicación la ley de 2004 se desvió inmediatamente: ya han sido reconocidos en el pasado los símbolos religiosos "por propósito" (falda larga negra, bandana, e incluso gorro médico en la ley de la función pública). Esto es problemático porque va en contra del espíritu liberal de la laicidad, que es la libertad de la expresión religiosa. La novedad de esta declaración sobre las abayas es oficializar la prohibición por una circular. 

¿Hay que ver en ello una señal del contexto político, ya que Macron ha declarado en varias ocasiones que quería hacer de la escuela el lugar para "luchar" por una "reconquista republicana"? 

Una vez más, se inscribe en el espíritu de la ley de 2004. En ese texto, el uso de símbolos religiosos ya se consideraba implícitamente contrario a los objetivos de igualdad de oportunidades, igualdad en la adquisición de valores, igualdad entre niñas y niños, etc. Políticamente, estamos acentuando ese enfoque. Una vez más, el problema de la abaya es que no es un símbolo religioso clásico. Entonces, ¿cuáles son los límites de una decisión de este tipo en las escuelas? Implícitamente, podría llevar a las autoridades a tener en cuenta otros factores, posiblemente discriminatorios, como los rasgos faciales o el origen. 

Pero, ¿cómo distinguir entre los alumnos que llevan abaya o qamis por reivindicación y los que lo llevan por costumbre? Eso significa dejar que sea el personal el que decida, sobre el terreno, qué motiva al alumno. ¿No será al final un verdadero quebradero de cabeza? 

Sí, ése es todo el problema del enfoque subjetivo: dará lugar a desigualdades. Así que no es del todo satisfactorio. Pone a la administración en una situación inextricable. 

Podemos imaginar que cada vez habrá más contenciosos sobre el respeto de la laicidad. ¿Qué ocurre con los que ya se han producido? 

La mayoría de las veces se valida la decisión de la administración, sobre las faldas largas y las bandanas en la escuela, por ejemplo. De momento, no ha habido resoluciones del Consejo de Estado sobre las abayas. Sí las hay sobre los turbantes sijs, que su religión no considera religiosos, porque lo sagrado es el pelo. Sin embargo, fueron prohibidos por el Consejo de Estado, que dictaminó que eran símbolos religiosos "por propósito". 

Las autoridades políticas insisten en la necesidad de una "normativa clara" para el personal afectado. Como jurista, ¿comprende ese argumento? 

La ley de 2004 también pretendía liberar a la administración de la carga de saber qué hacer con el velo. Pero sigue siendo necesario identificar los símbolos religiosos una vez prohibidos. Comprendo las dificultades a las que se enfrentan las autoridades escolares, que también están sufriendo los efectos de esta ley. Pedir a un funcionario que identifique un símbolo religioso le pone en una situación problemática. Tienen que salirse de su neutralidad para decir que una determinada falda o pantalón revela la afiliación religiosa del alumno que lo lleva, aunque éste niegue su significado y la comunidad religiosa o las autoridades religiosas no consideren que la prenda sea religiosa. El funcionario también podría tener en cuenta otros factores a la hora de hacer su evaluación, como el color de la piel del alumno. Más allá de la negación de la laicidad, también existe un riesgo de discriminación.

Traducción de Miguel López

La Iglesia católica, más concretamente su jerarquía, estrecha su vinculación con la élite funcionarial española. La Fundación Pablo VI, una entidad religiosa y académica con sede en Madrid cuya cúspide está en su mayoría copada por obispos y cardenales, acaba de poner en marcha la Escuela de Oposiciones Herrera Oria, un "centro de formación integral" para los "Altos Cuerpos de la Administración", es decir, para futuros jueces, fiscales, abogados del Estado, técnicos e inspectores de Hacienda y economistas del Estado. La fundación indica a infoLibre que se trata de la "primera academia" de España dedicada "exclusivamente" a la preparación de funcionarios de la "alta Administración".

En la cúpula de la fundación impulsora, Pablo VI, que actúa como think tank católico y persigue un "liderazgo más humano" en la sociedad, hay ocho cardenales y obispos. ¿Quiénes? Presidida por el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, la entidad integra en su patronato al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, junto al nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, y los obispos José Luis Retana (Ciudad Rodrigo y Salamanca) Juan Antonio Martínez Camino (auxiliar de Madrid), Jesús Fernández (Astorga), Joseba Segura (Bilbao) y José María Gil Tamayo (coadjutor de Granada).

A ellos se suman, entre otros, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), y el empresario Alfonso Carcasona, que "ha participado en la fundación, gestión y desinversión de más de 50 startups relacionadas con el mundo financiero". Religión, empresa y relaciones: esa es la meza. En la ficha de la fundación en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia figura como uno de los representantes legales Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo emérito de Valladolid y expresidente de la Conferencia Episcopal.

Si a través de espacios como la Fundación Madrid Vivo y de escuelas de formación de directivos empresariales –Esade, IESE, Icade, Deusto Business School o CEU Business School– la Iglesia forma a miembros de la élite empresarial, la nueva academia Herrera Oria se erige ahora en un espacio de formación de altos funcionarios.

La escuela está coordinada por el inspector de Hacienda Fernando Ezquerro, que, al igual que la mayoría de profesores con los que prevé contar la academia, es un funcionario que ha pasado por una de las residencias de opositores de la Fundación Pablo VI, como la Pío XI y la León XIII. Entre ambas hay actualmente algo menos de 200 residentes. La fundación destaca, a través de su canal oficial de comunicación, que en la última convocatoria de registradores de la propiedad los residentes –o antiguos residentes– en la Pío XI o la León XIII lograron 14 de las 46 plazas ofertadas.

La nueva escuela desborda el concepto original de las residencias, donde no es la fundación la que forma, sino que cada opositor residente trabaja con su formador. Ahora es la escuela la que prepara, con profesores que atienden individualmente a los estudiantes. Para cursar no es necesario estar en la residencia, sólo matricularse en la escuela, que ofrecerá formación presencial y a distancia. De momento, no hay previsión del número de alumnos. Dependerá de la "demanda", señalan desde la fundación. "Estamos arrancando".

La escuela empieza con la preparación de opositores para Hacienda, con un coste mensual de unos 300 euros, explica la fundación a preguntas de infoLibre. Los precios para el resto de cuerpos son similares, añade.

El aliciente de la nueva escuela no es sólo la opción de un puesto público. La academia facilita el acceso a toda una red de contactos con los residentes y antiguos residentes y se vale de "relaciones con firmas y despachos de prestigio", según publicita como "ventaja" la propia organización. Es lo que en jerga empresarial se llama networking, un punto fuerte de la frondosa rama académica de la Iglesia. La escuela "facilita y promueve relaciones con diversas y reconocidas firmas de abogados en sus diferentes departamentos interesados por candidatos que han tenido una solvente preparación de oposiciones", señala la Fundación Pablo VI. Y añade. "El coordinador de la escuela, previa entrevista con el opositor, facilitará aquellos encuentros que considere más oportunos para una eventual contratación".

"Es un movimiento importante y ambicioso, por lo que supone de apuesta de la fundación, y con ella de la propia Iglesia madrileña, por la formación de élite funcionarial. Es el típico gesto que demuestra que estamos ante una institución [en referencia a la Iglesia] que piensa a largo plazo", explica un conocedor de la entidad, que recalca que los puestos para los que va a preparar esta academia son "los más sensibles e influyentes de la Administración" y que la Iglesia es una institución que "se juega parte de sus intereses en su relación con el Estado". Esta misma fuente subraya que la Fundación Pablo VI es ya en sí misma una organización "a la que algunos ven un toque elitista", aunque lo que realmente la distingue es "su seriedad y discreción", su "sociabilidad" y su "alergia a la polémica".

¿"Alergia a la polémica"? Podría oponerse que forma parte del patronato de la Fundación Pablo VI Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, uno de los más activos agitadores de la derecha católica, azote del Gobierno e implicado en primera línea –junto a Jaime Mayor Oreja– en causas como el rechazo al aborto, la "ideología de género" y la "cultura de la cancelación". "Los propagandistas son los propagandistas, y la Fundación Pablo VI es la Fundación Pablo VI. No verás a la fundación metida en líos políticos. No les interesa el ruido", señala la citada fuente, que destaca que la fundación cultiva relaciones con un amplio arco político y social, con actividades donde participan dirigentes de izquierdas –Pilar Alegría o Yolanda Díaz en 2022, por citar dos– y responsables sindicales.

La Fundación Pablo VI fue creada en 1968 por el cardenal Ángel Herrera Oria, que fue una figura capital –junto a José María Gil-Robles– de Acción Católica, partido impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, una organización que disfrutó de un relevante papel en el régimen franquista y de un significativo peso político durante la Transición. El propagandista Alfonso Osorio fue vicepresidente y hubo cinco ministros más, entre ellos Marcelino Oreja, firmante de los Acuerdos entre España y el Vaticano. También fue propagandista, al menos en su juventud, el que fue presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, fallecido en 2008. La Asociación Católica de Propagandistas es una organización de fuerte implantación en el terreno educativo. Bullón de Mendoza es "Gran Canciller" de las Universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera y Abat Oliba. El CEU cuenta además con más de 25 centros educativos en los que se imparten todos los niveles de enseñanza. En la etapa escolar tiene diez colegios, con más de 7.500 alumnos.

Institución de Derecho Pontificio centrada en la actividad "cultural" y los "estudios superiores", la Fundación Pablo VI se define por su búsqueda del "diálogo con la política, la cultura y la sociedad" y sus campos de interés son "la ciencia, la tecnología y la bioética; la justicia social, la promoción humana, el desarrollo y la ecología". Nacida como "heredera" del Instituto Social XIII, erigido en 1950 por la Santa Sede para difundir la "doctrina social de la Iglesia", hoy la fundación –dice la propia Pablo VI– "combina su actividad académica y residencial con la generación de ideas o think tank a través de foros, congresos y seminarios". Y añade: "Todo sin perder de vista su espíritu fundacional: la promoción de un liderazgo más humano sobre la base de la Doctrina Social de la Iglesia, el encuentro con la ciencia y la cultura, y una fe en permanente diálogo con el mundo". Vinculada a la Universidad Pontificia de Salamanca, la fundación celebra anualmente un "programa de liderazgo iberoamericano". Casi un centenar de personas trabajan en la entidad, encabezada por su director general, Jesús Avezuela, letrado del Consejo de Estado.

Mientras las ayudas al cine y a las asociaciones feministas, a los partidos políticos y a los sindicatos parecen irritar sobremanera a amplios sectores de la derecha española antisubvenciones, hay en cambio una empresa que ingresa cada año cantidades millonarias de dinero de origen público sin que nadie en ese mundillo mueva una ceja. Y eso que es una práctica, la entrega de dinero a esta sociedad mercantil, bajo sospecha de alterar la competencia y el mercado de un sector tan delicado como el mediático.

¿De qué hablamos? Primero, el dato: más de 40 millones de euros recaudados por el Estado vía IRPF han terminado aliviando al menos durante seis años consecutivos la situación económica de una televisión privada, Trece TV, tras pasar por la caja de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Segundo, la explicación: algo así sólo puede ocurrir por la relación de intimidad entre la jerarquía de la Iglesia y las arcas públicas y por el margen de discrecionalidad que la institución católica disfruta en el uso de los fondos estatales.

El rastro del envío millonario de dinero de origen público de la Iglesia a Trece, televisión de línea editorial conservadora y extensa programación religiosa, lo encontramos en las memorias que la CEE publica cada año para justificar el uso a los fondos de la llamada "casilla de la Iglesia". Entre 2016 y 2021 la CEE ha enviado a esta televisión 42,36 millones, según se recoge en dichas memorias. Se trata de una maniobra cuestionada desde 2020 por el Tribunal de Cuentas, que alertó de que podía constituir una ayuda de Estado prohibida por la legislación de la UE.

¿Pueden ser las ayudas recibidas por Trece ayudas de Estado? Josep Maria de Dios Marcer, director de l’lnstitut d'Estudis Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), afirma que lo fundamental desde la visión de la UE a la hora de determinarlo es si se está produciendo una "distorsión del mercado". "Si con dinero público se están alterando significativamente las condiciones de funcionamiento de un mercado en favor de un operador concreto y con ello la posición de los demás operadores que participan en el mismo, se puede considerar una ayuda de Estado", señala el profesor de Derecho Internacional Privado, que prefiere ser prudente a la hora de pronunciarse sobre el caso concreto del dinero de origen público que llega a Trece TVE destinado por la Conferencia Episcopal. Si se está "manteniendo artificialmente" a un operador que sin esos ingresos de origen público no tendría viabilidad en el mercado, "no concurren causas de excepción" y con ello se está influyendo "significativamente" sobre dicho mercado "beneficiando a uno respecto a sus competidores, cabe la opción de entender que hay una ayuda de Estado", afirma. "De entrada, no diría que no. Pero habría que estudiar a fondo el mercado y las condiciones y circunstancias para saberlo", dice.

Europa Laica, principal referente en la exigencia de la separación Iglesia-Estado, lleva años insistiendo en que las legislación europea contra la distorsión del mercado puede ser una vía fértil para acabar con privilegios de la Iglesia. De hecho, Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, ha recalcado que la supuesta "renuncia" de la CEE a dos exenciones fiscales no es más que un movimiento obligado por la presión europea en este sentido. Picó, en conversación con este periódico, afirma ahora: "El Gobierno debe aclarar de una vez por todas qué es una ayuda de Estado y cómo afecta tanto al dinero para Trece como a las exenciones de impuestos para solares o inmuebles en alquiler".

Ni la Conferencia Episcopal ni Trece atendieron a las preguntas de infoLibre ni ofrecieron un portavoz para dar su versión. Una de las preguntas trasladadas tanto al órgano de coordinación de los obispos como a la televisión era cuál es total de lo aportado por el primero a la segunda. Al no haber contestación, este artículo toma como referencia las seis últimas memorias de la CEE, donde aparecen consignadas partidas para Trece TV. La cifra podría ser mayor. Eso sí, sea cual sea, según la CEE no crecerá: la cúpula eclesial asegura que 2021 fue el último año en de envío de dinero a Trece "por esta vía".

La publicación de la memoria justificativa anual es una contrapartida aceptada por la jerarquía católica en 2006 ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de disfrutar de una subida de la asignación por cada equis marcada del 0,5239% al 0,7%. Gracias a aquella elevación del porcentaje por cada equis, la Iglesia recibe ahora más de 300 millones de euros al año. En 2021, por ejemplo, fueron 321,31 millones públicos, el máximo histórico.

La Iglesia acumula superávit gracias al dinero público que recibe, que es más abundante que lo empleado para sus gastos. Entre 2016 y 2021 el sobrante ha sido de 122,59 millones. De esta cantidad, la CEE ha enviado a Trece un 34,55%, es decir, 42,36 millones. La media es de 7,06 millones al año.

En 2021, último año del que la CEE ha ofrecido datos, el dinero dedicado a Trece fueron 6 millones: 5,4 de aportación directa a los fondos propios de la compañía y 600.000 euros de una recompra de acciones. Según la CEE, desde entonces Trece no ha recibido ha recibido más fondos por esta vía.

El cosechado por la jerarquía católica es un superávit logrado gracias a fondos puramente públicos, y no –como a menudo se piensa– sólo de la liquidación de los que marcan la equis. No funciona así. La cantidad que cada año se paga a la Iglesia se calcula en función del número de equis, pero es detraída del monto total recaudado. Es decir, de los impuestos pagados por todos, marquen o no la equis, sean católicos o no.

Que la Iglesia española envíe dinero de origen público a Trece TV es una práctica puesta bajo sospecha por los auditores oficiales que en 2020 publicaron una fiscalización de las ayudas que la institución católica recibe del Estado. ¿Por qué? A su juicio, ello podría constituir una ayuda de Estado, prohibida por la Unión Europea.

El Tribunal de Cuentas considera la acumulación de un remanente por parte de la Iglesia gracias a la "casilla de la Iglesia" es en sí misma controvertida. "El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda", señala el informe. Pero, además, expresa sus reservas sobre el destino que la CEE da a parte de ese superávit, entregándolo a una empresa privada: Trece TV.

El informe de fiscalización recalca que las memorias de 2016 y 2017 recogen “aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia [Trece TV, entidad que no menciona por su nombre en el informe final] por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria”. Los auditores reclaman al Estado "comprobar si el destino" del dinero público es compatible con el derecho comunitario. Esto pone la entrega de dinero bajo sospecha de constituir una ayuda de Estado, prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la UE en su artículo 107, citado por el propio informe.

infoLibre preguntó al Ministerio de Presidencia por las medidas adoptadas para atender las observaciones del Tribunal de Cuenta. "El Gobierno ha constituido un grupo técnico de trabajo con la Conferencia Episcopal Española, en el que se han trabajado este y otros asuntos que afectan a la situación fiscal y financiera de la Iglesia católica. Fruto de ello se han logrado importantes acuerdos, por ejemplo, la renuncia de las exenciones del ICIO y las contribuciones especiales. Desde ese momento, terminaron los privilegios [fiscales] de la Iglesia católica y su régimen tributario es el mismo que el de cualquier entidad sin ánimo de lucro. Y es en este grupo donde se están analizando y planteando medidas para dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", señala un portavoz del ministerio, que recalca que "los resultados del trabajo que se está desarrollando no tendrán reflejo hasta que se presente la siguiente memoria".

Desde la publicación del informe del Tribunal de Cuentas en 2020 han visto la luz tres memorias de la CEE. En las tres han aparecido fondos para Trece. También en la última, sobre el año 2021. No obstante, según la cúpula de la Iglesia, ya no habrá más memorias en que aparezca. Así lo aseguró Ester Martín, directora del área de Transparencia de la Conferencia Episcopal, durante la puesta de largo de la memoria este miércoles. "Es el último año", afirmó Martín, en que esta empresa "recibe dinero por esta vía".

La explicación ofrecida por la CEE es que se ha constituido un nuevo grupo, Ábside, en el que se engloba Trece TV junto a Cope, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. Ahora es este grupo el que se va a encargar de las aportaciones a Trece TV "de forma sostenible", dijo Martín. La CEE ha evitado vincular el corte del grifo con la advertencia del Tribunal de Cuentas. Tampoco ha respondido a infoLibre sobre este punto.

La Iglesia católica ha logrado en los últimos cinco años un superávit de más de 100 millones de euros gracias al dinero público que le llega del IRPF de todos los contribuyentes. Esta práctica, la acumulación de un remanente que la Conferencia Episcopal Española (CEE) utiliza para engordar la caja y financiar a la televisión Trece, fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los fondos públicos que recibe la institución católica gracias a la llamada "casilla de la Iglesia".

Los 38,8 millones de superávit de 2021, último ejercicio del que la CEE ha presentado memoria justificativa de los fondos estatales recibidos, son un cifra récord, según se desprende del examen de las memorias de la Iglesia desde 2007, el primero del que CEE tuvo la obligación de publicar a qué asignaba los recursos obtenidos vía IRPF. De esos 38,8 millones, la CEE envió 6 a la televisión Trece, integrante su grupo mediático Ábside. Los números de la Iglesia evidencian que la autofinanciación prevista en los acuerdos entre el Estado y la Iglesia de 1976-1979 sigue siendo una quimera.

La publicación de la memoria –que este año corrió a cargo del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán– es una contrapartida aceptada por la jerarquía católica en 2006 ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de disfrutar de una subida de la asignación por cada equis marcada del 0,5239% al 0,7%.

Se trata de una subida que hoy permite a la Iglesia recibir más de 300 millones de euros al año. Y eso al margen de otras muchas vías de apoyo público del Estado: educación concertada, profesores de Religión en la pública, rehabilitación de templos, exenciones fiscales, capellanes en hospitales...

La memoria permite saber que la asignación tributaria recibida en el último ejercicio cerrado por la Iglesia fue de 321,31 millones, cifra que incluye el pago a cuenta de 2021 y la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2020, es decir, correspondiente al IRPF de 2019, según detalla el documento. Estos 321,31 millones son el máximo histórico recibido por la Iglesia católica en España en un solo año, un hito alcanzado precisamente en medio de un galopante proceso de secularización de la sociedad.

Aunque sin gran detalle, la memoria de 2021 muestra a qué conceptos dedicaron los obispos esos más de 320 millones. La mayor parte, casi 230 millones, fueron al "sostenimiento" de las 70 diócesis, fundamentalmente para pagar los salarios de los religiosos y el personal. Además, emplearon 23,65 millones la seguridad social del clero. Estas dos partidas, que suman 253,65 millones, suponen cerca del 80% del total.

Las siguientes partidas por cuantía fueron para Cáritas (6,49 millones, si bien esta ONG recibe la mayoría de los fondos públicos a través de la "casilla de fines sociales"), centros de formación (5,32 millones), comunicación (5,1 millones, partida en la que destaca la campaña Xtantos para alentar a los contribuyentes a marcar la "casilla de la Iglesia") y rehabilitación de templos (4,12 millones). La Iglesia dedicó 2,33 millones a pagar a sus obispos y envió medio millón de euros a la Santa Sede, entre otros gastos.

Pero la jerarquía católica no gastó todo lo que recibió. El resultado del ejercicio arroja un superávit de 38,8 millones, que se suma a los ya obtenidos desde 2017 para sumar 103,4.

La acumulación de superávit es un asunto polémico que ya hizo enarcar las cejas a los auditores del Tribunal de Cuentas que pusieron la lupa a las memorias de 2016 y 2017. La primera noticia sobre el resultado de aquellos trabajos la publicó infoLibre cuando desveló que el informe preliminar alertaba del descontrol del dinero público entregado a la Iglesia. Tras esta información, el sector más conservador del Tribunal de Cuentas se alineó con la jerarquía católica para limitar el alcance de las conclusiones.

La versión final del informe, de 2020, mantenía en esencia el diagnóstico general, pero suavizado. Eso sí, la referencia a los superávits era crítica. Este excedente de dinero gracias a una inyección pública "podría plantear una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia católica". La auditoría también señalaba que la existencia de "eventuales desajustes", fueran déficits o superávits, no estaba regulada por un acuerdo Iglesia-Estado.

infoLibre preguntó a la CEE por los motivos del superávit en los últimos cinco años, sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas y sobre la cuantía actual del fondo de reserva de la Iglesia, entre otras cuestiones. No hubo respuesta.

La presentación de la memoria anual de la CEE, que tuvo lugar este miércoles, volvió a ser más una ceremonia publicitaria de la Iglesia en plena campaña de la renta que un ejercicio de rendición de cuentas. El documento, de 98 páginas, no recoge a qué ha dedicado la Iglesia el dinero público recibido hasta la 74.

La memoria está dominada por un balance de actividades de la Iglesia, que presume de múltiples números como sus 16.126 sacerdotes, 35.507 religiosos, 1.028 seminaristas, 87.923 catequistas, 8.326 monjas y monjes de clausura, 36.911 profesores de religión, 11.457 parroquias en poblaciones rurales, 8.864 centros sociales y asistenciales, 2.412 colegios católicos concertados y más de un millón de cofrades.

La imagen global que ofrece la Iglesia a través de su memoria es la de una institución que se debilita en el terreno vocacional mientras mantiene una significativa actividad de atención social y conserva sus mayores espacios de influencia en la educación y la religiosidad popular.

Además de la subida del dinero público recibido, en 2021 aumentaron las colectas. Lógico, 2020 había sido un mal año, por el confinamiento. Así que las aportaciones de los fieles se elevaron de 310,8 a 343,1 millones, casi un 10,4%.