“Divide y vencerás”. Durante meses, la empresa americana especializada en asuntos públicos Teneo ha aplicado metódicamente este precepto centrándose en la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Su objetivo es vaciar el texto de su esencia o debilitarlo considerablemente. Varias multinacionales americanas, entre ellas ExxonMobil, Chevron, Dow Chemical, Koch Industries y la francesa TotalEnergies, han contratado los servicios de este gigante de la consultoría para intentar influir en las instituciones europeas.

A través de la ONG neerlandesa Somo, Mediapart ha podido consultar unas 170 páginas de documentos internos de Teneo.

Esos papeles describen el ataque concertado y a gran escala de estas multinacionales —reunidas en una alianza denominada “Mesa redonda para la competitividad”— contra este texto emblemático del Pacto Verde europeo, cuya ambición era impulsar a las grandes empresas a remediar los impactos negativos de sus actividades sobre el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción.

La revisión de la directiva sobre diligencia debida es objeto de fuertes tensiones desde que la Comisión Europea propusiera, el pasado 25 de febrero, debilitar su alcance mediante una ley denominada de simplificación. Las grandes multinacionales y los grupos de presión industriales han aprovechado esta brecha para lanzar una batalla constante contra esta directiva que, a sus ojos, se ha convertido en una amenaza.

La estrategia muy ofensiva de Teneo, que aboga por una “alianza de las derechas”, lleva a David Ollivier de Leth, de la ONG Somo, a afirmar que estas empresas, “en su mayoría estadounidenses, han secuestrado el proceso legislativo europeo”.

La “estrategia” de Teneo y sus socios puede descifrarse en un documento del 16 de mayo de 2025: se trata de “reunir” a los miembros proempresariales de los grupos políticos a favor de debilitar la directiva y “torpedear el compromiso” en torno al deber de diligencia.

Los nombres de los diputados se citan en cuatro páginas y se incluyen como “objetivos”, entre los que destaca Jörgen Warborn, ponente del texto y eurodiputado sueco de derechas (Partido Popular Europeo, PPE). Teneo organiza una serie de reuniones con los eurodiputados y los miembros de la alianza, durante el pleno de junio y luego en septiembre.

A partir de junio, Teneo quiere seguir “aumentando la presión” mediante reuniones, cartas y publicaciones publicitarias específicas en LinkedIn. Los consultores mencionan el patrocinio de un “boletín informativo” del medio de comunicación Politico como una de las bazas que se pueden jugar. De este modo, la empresa “difunde recomendaciones de voto, enmiendas” como soluciones clave y sesiones informativas a los asistentes y diputados. La industria debe mostrar un “frente unido”, especialmente durante la cena de la mesa redonda de industriales europeos (ERT) del 15 de septiembre.

A medida que se acerca la votación en el pleno del 13 de octubre, la orientación se hace más clara. Uno de los objetivos perseguidos es “dividir a los centristas de Renew y a los socialistas y demócratas a través de las delegaciones nacionales”. En el informe del 11 de julio, Teneo afirma que será necesario “presionar al ponente para que se alíe lo más posible con los partidos de derechas”.

Para Teneo, la derecha debe abandonar la coalición centrista y utilizar al grupo de derechas muy conservador, con inclinaciones de extrema derecha, de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) como “puente” hacia los Patriotas por Europa, otro grupo de extrema derecha al que pertenece la francesa Agrupación Nacional (RN). La alianza de las multinacionales considera que el ECR “debe desempeñar un papel activo en la negociación de compromisos”.

“Las mayorías alternativas entre la derecha y la extrema derecha son claramente explotadas por todos los grupos de presión industriales, que ven en ellas una oportunidad”, confirma una fuente del Parlamento Europeo. Ya en octubre, el ponente amenazó con aprobar las enmiendas del PPE con el apoyo de la extrema derecha. Y eso es precisamente lo que ocurrió el 13 de noviembre durante la votación en el Parlamento Europeo. Jörgen Warborn no respondió a los mensajes de Mediapart.

Los objetivos de las multinacionales, descritos en los documentos de Teneo, son bien conocidos. En primer lugar, las empresas quieren eliminar los planes de transición climática previstos en la directiva. Quieren también limitar el deber de diligencia a las relaciones comerciales directas con los subcontratistas europeos, evitando así examinar las condiciones de trabajo o la contaminación en los eslabones de las cadenas de producción, en Asia o en otros lugares. También critican el mecanismo armonizado de responsabilidad civil europeo.

Teneo y sus clientes despliegan sus esfuerzos en numerosos frentes, envían cartas a la presidenta de la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros, quieren contrarrestar la “obstinación” de una parte de la Comisión y escriben cartas abiertas en la prensa, al tiempo que buscan apoyos en asociaciones patronales como el Medef en Francia o la BDI, la patronal alemana, con el fin de “defender públicamente posiciones maximalistas”, escribe Teneo.

La alianza también quiere influir en la posición de los Estados miembros reunidos en el Consejo de la Unión Europea. La consultora quiere “aprovechar el débil mandato de negociación del Consejo y los desacuerdos entre los Estados”, en particular en lo que respecta a los planes de transición climática. Teneo imagina que podría formarse una minoría de bloqueo en torno a Italia, “que es conocida por apoyar la supresión de ese artículo”.

A las empresas se les asignan Gobiernos “objetivo”. Hungría y Alemania deben ser abordadas por ExxonMobil y Dow Chemical. Italia está reservada para Baker Hughes, empresa energética, mientras que Francia y la presidencia danesa del Consejo de la UE son coto privado de TotalEnergies. Las reuniones de alto nivel —Davos, el foro de seguridad de Varsovia, el foro de Cernobbio— se consideran lugares propicios. Francia se considera “favorable” a las reivindicaciones de la alianza desde que Emmanuel Macron abogó, el 19 de mayo de 2025, por la retirada pura y simple de la directiva.

Por parte de la presidencia danesa, se argumenta que no se ha producido ningún encuentro oficial entre el embajador, su adjunto o los expertos de la representación permanente danesa con Teneo y TotalEnergies. Pero el lobbying se desarrolla más bien entre bastidores, en los grandes eventos o foros en los que participan políticos y empresas. Así, las reuniones de alto nivel —Davos, el foro de seguridad de Varsovia, el foro de Cernobbio, la COP— son explícitamente consideradas por Teneo como lugares de influencia. “Recientemente nos reunimos con la lobista de Total en un evento”, reconoce un diplomático europeo. “Pero no hay ningún misterio en este tipo de encuentros, sus posiciones son conocidas.”

La cena del ERT, celebrada el 15 de septiembre, fue sin duda un momento importante para la alianza de multinacionales. Se esperaba la asistencia de los embajadores de Francia, Alemania e Italia, así como de la representante permanente de Dinamarca y de varios comisarios europeos. Teneo pidió entonces que al menos uno o dos directores generales de las empresas miembros de la alianza estuvieran presentes.

En esta ofensiva en todos los frentes contra el deber de diligencia, Teneo apuesta por sus contactos americanos. Los documentos consultados por Mediapart muestran una estrecha colaboración entre la alianza de multinacionales, la misión de Estados Unidos ante la Unión Europea y la Cámara de Comercio estadounidense. El 6 de junio de 2025, Teneo menciona las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es hora de “aumentar la presión desde Estados Unidos” para que el deber de diligencia se identifique como una “barrera no arancelaria”.

El 4 de julio, Teneo asegura que la Cámara de Comercio de Estados Unidos está en contacto “continuo” con la oficina del representante comercial de la Administración Trump para intentar que la directiva figure entre sus “prioridades”. El 18 de julio, los consultores resumen una reunión con la misión de Estados Unidos ante la UE, seguida de una llamada el 31 de julio. “Nuestras aportaciones han sido de gran ayuda”, se felicita Teneo en su informe. “Les enviaremos una lista de actores —eurodiputados, Estados miembros, etc.— a los que dirigirse”, añaden los consultores, en referencia a los funcionarios americanos.

El 29 de julio, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Donald Trump sentaron las bases de un acuerdo comercial desequilibrado, en detrimento de la Unión Europea. Los detalles aún no se habían publicado, en forma de “declaración conjunta” entre Estados Unidos y la UE.

En su informe del 1 de agosto, Teneo parece saber ya que esta declaración “debería incluir el deber de diligencia” y otras normas europeas. El 21 de agosto, la Unión Europea se comprometerá, en esta declaración conjunta, a realizar esfuerzos para “reducir la carga administrativa” que conlleva el deber de diligencia. Teneo sugiere además movilizar a “otros Gobiernos no europeos a través de asociaciones industriales o comerciales” para influir en el proceso legislativo reduciendo la “visibilidad” de Estados Unidos.

Contactado por Mediapart, Teneo no desea comentar los detalles del trabajo realizado en nombre de sus clientes, aunque los consultores confirman haber “ayudado a varias empresas a comunicar a una amplia gama de actores y responsables políticos sus preocupaciones sobre la directiva relativa al deber de diligencia”. “Todas nuestras actividades se llevan a cabo con total transparencia”.

Esa “transparencia” también es alegada por TotalEnergies. Contactada por Mediapart, la empresa recuerda que sus “posiciones” sobre la directiva —”cuyas disposiciones socavan la competitividad de las empresas europeas”— son bien conocidas.

El portavoz de ExxonMobil ofrece una respuesta similar: “Siempre hemos sido claros con respecto a la directiva sobre el deber de diligencia. Añade capas de incertidumbre y burocracia”. El gigante americano asume plenamente haber estado en contacto con “responsables políticos” para hacer oír su punto de vista.

Desde la ONG, David Ollivier de Leth señala la falta de transparencia de la iniciativa impulsada por Teneo y se muestra preocupado por el peso de esas empresas en las negociaciones que continúan entre las instituciones europeas. El 8 de diciembre, el Parlamento y el Consejo intentarán alcanzar un compromiso sobre el texto.

Traducción de Miguel López

La fiscalidad en torno a las grandes tecnológicas es un tema que cada cierto tiempo resurge con fuerza en el debate nacional y europeo. Esta vez ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vuelto a abrir el melón para pedir un impuesto más alto que ha denominado como “tasa Trump”. La idea, que detallaba la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es que ese impuesto alcance el 15% para un sector que “ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población”, concluía. En el punto de mira están las llamadas big tech o GAFAM: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

Su modelo de negocio en “la nube” y la forma en la que funcionan ha hecho a los sistemas de control caminar siempre un paso por detrás. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid impuso a Meta una sanción de 542 millones por infringir la ley de protección de datos al emplear estos con usos publicitarios y lucrativos. De esta forma, ejercía una competencia desleal con respecto a los medios de comunicación tradicionales, considera la Justicia. Todo es nuevo en este ámbito, desde el modelo de negocio al pago de los tributos. Pero, ¿cómo es la fiscalidad de estas macroempresas que operan, muchas veces, sin presencia física o activos tangibles y que declaran el grueso de sus beneficios en países con ventajas fiscales como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos? 

Datos personales, algoritmos, plataformas, programas informáticos, aplicaciones, derechos digitales… El 8 de octubre de 2021 alrededor de 140 países de todo el mundo se reunieron para revisar las normas aplicables al impuesto de sociedades con un objetivo: “modernizar la fiscalidad de cara a la era digital y mitigar la competencia fiscal mundial”. El planteamiento tenía dos pilares: uno era crear un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las empresas multinacionales, que entró en vigor en la Unión Europea en 2024. Pero en el otro pilar surgieron los problemas.

La propuesta pedía conceder a los países donde se encuentran los clientes de las empresas el derecho a gravar una parte de los beneficios, tengan o no presencia física en su territorio estas compañías. Y aquí fue donde Estados Unidos protestó y el acuerdo se estancó. “Este pilar, aún pendiente de aprobar, pretende reasignar parte de los beneficios de las big tech a los países donde realmente tienen usuarios y mercado, pero su implementación está siendo muy lenta por falta de consenso global”, resume Raquel Jurado, economista experta en fiscalidad y miembro del Consejo General de Economistas. De hecho, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar con represalias a los países que intenten hacer un seguimiento fiscal más exhaustivo.

Según un informe de la Comisión Europea, Estados Unidos, al que pertenecen la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas, alegó que este acuerdo perjudicaba “desproporcionadamente” a sus empresas. Para ponderar la magnitud de estas big tech (todas ellas estadounidenses) basta decir que juntas —y añadiendo la empresa de software Nvidia y Tesla a la cuenta—, rebasan los 20 billones en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB de China. Pero su alcance se mide también en lo más cotidiano: cuando compramos en Amazon o nos ponemos unos AirPods, cuando abrimos un ordenador, escribimos en un documento o abrimos Instagram. La nube se traduce en datos, algoritmos, plataformas y dinero, de forma que el negocio digital —que tan despistados ha tenido a los sistemas tributarios— se vuelve mucho más tangible. 

Hasta ahora, la estrategia de estas macroempresas ha sido trasladar el grueso de sus beneficios a países con sistemas fiscales beneficiosos, convirtiendo sus filiales en una especie de “clientes” de la compañía matriz, a través, por ejemplo, de la cesión de derechos de propiedad intelectual a las matrices para que luego cobren por ellos. “Las big tech en España tributan principalmente por el Impuesto sobre Sociedades a través de sus filiales, pero normalmente solo por una remuneración limitada, porque la mayor parte del beneficio se declara en otros países (Irlanda, Países Bajos…)”, explica Jurado.

Amazon posee siete filiales en España, pero su matriz europea está en Luxemburgo. En nuestro país, generó el año pasado unas ventas brutas de más de 8.000 millones, 3.350 millones de beneficios y, según sus propios datos, pagó 400 millones de euros en impuestos directos derivados de Sociedades, de la “tasa Google”, de derechos de importación o por la construcción o compra de terrenos. Por su parte, Microsoft, con sede en Irlanda, también cuenta con diversas filiales nacionales. La principal —Microsoft Ibérica— ingresó 1.688 millones y su beneficio después de impuestos fue de 35 millones tras un pago de tasas de 21 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

En cuanto a la marca de la manzana, opera en España principalmente bajo Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Ambas sociedades dependen de Apple Retail Europe Limited, con sede en Irlanda y controlada, en última instancia, por Apple INC, con sede en California (EE UU). Sus ventas en Europa ascendieron a 33.861 millones, un 11% más que en el año previo, y en España Apple Retail facturó el año pasado 575 millones, ganó 21,4 antes de impuestos y pagó 4,6 en impuestos sobre beneficios, de acuerdo con su depósito de cuentas. Por su parte, Apple Marketing facturó 226,9 millones, obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 103 y pagó en impuestos aplicados sobre beneficios 25 millones. 

Meta, que agrupa a Facebook, Instagram o WhatsApp, trabaja en España a través de la sociedad Facebook Spain SL y sus números aquí no suelen ser buenos. En 2023 sus cuentas reflejan unas pérdidas de 36,3 millones, en 2024 (último ejercicio disponible) volvió a ofrecer unas pérdidas de 51 millones, con una cifra de ventas de 73 millones. La actividad de esta filial se ciñe en España, según sus cuentas, al negocio de la publicidad, todo lo demás pasa por su sede europea de Dublín. Sin embargo, la empresa matriz, con sede en California, ganó en conjunto el año pasado 62.360 millones, un 59% más. Su facturación, también de récord, llegó a los 164.501 millones. 

En su último encuentro con la regulación española, Meta ha sido sancionada por emplear los datos de sus usuarios sin consentimiento expreso para fines publicitarios. Algo que contraviene la ley y supone una competencia desleal por el mercado de la publicidad, una práctica abusiva a la que también se pretende poner límites.

Google (Alphabet), por su parte, ha tenido también algunos encontronazos con la Agencia Tributaria. En 2016 y 2017 el fisco les inspeccionó y la filial, centrada también en la venta de publicidad, pagó algo más de tres millones de euros para regular el impuesto de sociedades entre 2011 y 2015. El año pasado, su filial española ganó 78,5 millones de euros, con una cifra total de negocio de 328,5 millones. En impuesto de sociedades pagó, de acuerdo con su depósito de cuentas, 25 millones en 2024. Su matriz, en cambio, ingresó más de 88.000 millones, con un beneficio por encima de los 30.000.

En el caso de España, se han ido implementando medidas para gravar este tipo de empresas. La más conocida es la denominada “tasa Google”, que entró en vigor en 2021 y acumula una recaudación de 1.122 millones en estos cuatro años. La recaudación está muy por debajo de lo que el Gobierno estimaba en un primer momento (unos 969 millones anuales), pero ha ido aumentando. El último dato disponible en la Agencia Tributaria y relativo a 2024 llegó hasta los 375 millones, un 23% más que en el ejercicio previo. 

Este impuesto se aplica a ingresos derivados de servicios de publicidad en línea (ejemplo), de intermediación online y de transmisión de datos, un ámbito problemático como ya ha dejado claro la reciente multa a Meta. Deben pagarlo las compañías con una cifra de negocio superior a 750 millones y en las cuales el importe total de sus ingresos por servicios digitales del año anterior supere los tres millones de euros. De forma que a las multinacionales que deben abonarlo se les aplica un 3% sobre los ingresos generados por servicios digitales. Este impuesto, explica la economista, “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español”, concluye.

La imposición de una nueva tasa, que Sumar pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado, aún no es una “propuesta cerrada”, señalan fuentes del Ministerio, pero el debate lleva tiempo sobre la mesa y va más allá de las fronteras nacionales. “La dificultad para subirles más impuestos radica en que España no debería actuar unilateralmente: las normas de fiscalidad internacional deberían ser coordinadas”, señala la experta. Y concluye que “una vía realista” para hacerlo sería lograr una “coordinación a nivel internacional”.

La Comisión Europea aseguró este jueves que no tiene la intención de suspender "ninguna plataforma" de comercio electrónico a nivel europeo, después de que el Gobierno francés iniciase ayer el procedimiento para bloquear temporalmente la web de la compañía china Shein, informa EFE.

El portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, recordó que Bruselas mantiene abierta una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales, en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataformas digitales a eliminar con rapidez este tipo de contenido.

Sin embargo, "no tenemos la intención de suspender ninguna plataforma a nivel europeo", continuó Regnier, quien recordó que la DSA actúa bajo el principio de proporcionalidad, por lo que esa posibilidad "es el último recurso".

"Hay muchos contenidos legítimos en estas plataformas. Por el hecho de que circulen ciertos tipos de bienes ilegales no puedes bloquear de repente una plataforma", recalcó el portavoz.

La ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff, se reunió este jueves en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, quien al término del encuentro dijo que "el contenido ilegal no tiene cabida en internet".

"El daño en internet no conoce fronteras. Por eso, la DSA es crucial para proteger a todos los usuarios de la UE", escribió Virkkunen en redes sociales.

La posibilidad de bloquear a la firma china para toda la UE deberían tomarla las autoridades irlandesas, precisó el portavoz comunitario, ya que es en Dublín donde Shein tiene su sede para Europa.

Este miércoles, el Gobierno francés dio a Shein un plazo de 48 horas para demostrar que su contenido en internet cumple la legislación francesa, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas, o de lo contrario podrá emitir una orden de requerimiento digital para suspender su página web.

Por su parte, Shein anunció la suspensión de la venta de productos de vendedores externos en el país galo. La empresa llevó a cabo la medida "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

Ese mismo día, Shein abría en París su primera tienda física, cuya inauguración estuvo protagonizada por una manifestación en contra de los polémicos productos. Paralelamente, se detuvo a un varón en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras incautar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil, que iba remitido a su nombre y había comprado en Shein, según informaron medios franceses.

A principios de esta semana, se abría una investigación contra la entidad y AlieExpress por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica". También se investiga a estas dos plataformas -y a Temu y Wish- por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores".

La polémica ha aterrizado a la arena parlamentaria y varios directivos de la compañía comparecerán en una comisión de investigación en el Parlamento el próximo 18 de noviembre. De hecho, varios diputados de distinto signo anunciaron el pasado miércoles la propuesta de una resolución europea que regule de forma más estricta el sector de la moda rápida.

En la lista de las grandes entidades del Ibex 35 con más diferencia entre la remuneración media de los trabajadores y el salario de sus directivos, aparece otro gran banco, el BBVA. La segunda entidad más grande del selectivo español pagó de media a sus empleados 48.000 euros al año en 2024, según el Informe anual de Remuneraciones de los Consejeros que la entidad presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la cúspide de los salarios, Carlos Torres, el presidente del banco, ganó el año pasado 8,3 millones entre sueldo y pensión. Lo que supone unas 170 veces más que la media de sus trabajadores. Onur Genç, actual director ejecutivo, llegó hasta los 7,32 millones. 

En las grandes compañías cotizadas las cifras que se manejan siempre son astronómicas. BBVA tiene una capitalización bursátil de 76.392 millones, 77,2 millones de clientes, 125.900 empleados repartidos en 25 países y sus últimos resultados semestrales han sido los mejores que ha firmado. Ganó 5.447 millones de euros entre enero y junio, un 9% más que en el ejercicio previo. La entidad vasca es, además, el pez grande de la opa que pretende hacerse con otro gran banco español, el Sabadell. Si la fusión se completa, la entidad resultante daría lugar a una de las 10 entidades con más activos de Europa, superaría el billón. 

Al retroceder desde la macroeconomía hacia las nóminas, encontramos que los empleados del sector financiero suelen ser los que reciben mejores salarios de media. Eso sí, en la última encuesta de Estructura Salarial realizada por el INE (2022) ellas seguían cobrando menos, en concreto, para las actividades financieras ellos percibían en ese momento 53.969,55 euros anuales de media, frente a los 42.214,85 euros que se llevaban ellas. En el caso del BBVA, la brecha no es tan acusada y se ha cerrado con respecto al año previo, pero sigue existiendo. En la base, el salario medio de los hombres es de 43.822 euros y el de las mujeres es de 42.719, un 2,5% menos. 

Por escalafón profesional también hay diferencias sustanciales: en la categoría “equipo gestor” los sueldos alcanzan los 140.000 euros al año, los “manager” cobran en torno a 58.500 y el “resto de empleados” se mueve entre los 42.700 y los 43.800 euros al año. De hecho, en el conjunto del selectivo, los equipos de alta dirección cobran de media 20,9 veces más que la retribución media de las plantillas, un salto que ha aumentado en el último año, según Comisiones Obreras. Pero, más allá de las remuneraciones, desde los sindicatos que trabajan en el sector, hay otros factores como los riesgos psicosociales, la duración de las jornadas o la forma de fichar, entre otras, que están sobre la mesa. 

Aunque los sueldos son altos, también las empresas que sostienen suelen ser las que arrojan beneficios más espectaculares. Solo en España, Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja ganaron en conjunto 17.085 millones entre el 1 de enero y el 30 de junio. Unos 2.800 millones al mes.

"Nosotros tenemos una cosa en el convenio colectivo que es de risa. Es un 0,25 o un 0,5 de paga que se abona en función de si tienen beneficios recurrentes. Eso prácticamente lo cumplen todos los años. Pero hay bancos que en vez de pagarlos aplican la cláusula de absorción y compensación, de forma que los empleados no ven más dinero", explica el secretario federal del sector financiero de UGT, Victoriano Miravete. Esa cláusula, que permite un cálculo de los salarios en el que las entidades pueden aumentar los salarios con un porcentaje de compensaciones, pero, mediante el cual, también se pueden absorber cantidades cuando consideran, fue uno de los puntos que llevó a los trabajadores de la banca a la huelga el año pasado. La primera en más de 30 años.

El salto entre trabajadores y directivos es la norma en las grandes multinacionales. En España, si observamos las empresas del Ibex, la diferencia agregada es de 73,5 veces, según el informe de la Fundación 1º de Mayo, que forma parte de Comisiones Obreras. Así, un trabajador medio del selectivo necesita 75 años para ganar lo que sus directivos en uno, aunque la brecha se ha acortado 6,3 puntos en 2024 con respecto al año previo. Sin embargo, la tendencia global ha ido al alza.

En Estados Unidos, la meca de los grandes sueldos directivos, la relación salarial promedio entre directores ejecutivos y trabajadores de las empresas del índice S&P 500 fue de 285 a 1 el año pasado, según el informe Executive Paywatch que realiza el AFL-CIO, el principal sindicato del país. Según sus datos, esta diferencia habría crecido en 17 puntos con respecto a los doce meses previos.

Entre las reivindicaciones que asoman vinculadas al BBVA, el comité de empresa de Comisiones Obreras destaca varios puntos en su página web. Uno de ellos es, de nuevo, la necesidad de que los grandes beneficios se traduzcan en mejoras laborales y de empleo donde se corrijan: "el exceso de tareas, los objetivos inalcanzables, el incremento exponencial de las exigencias formativas, el peligro de violencia externa y la insoportable presión comercial", reza una de sus notas de prensa.

"Las presiones comerciales y los objetivos de ventas son un clásico en el sector", explica el representante sindical. Y es que uno de los puntos en los que más se insiste desde el sector son los riesgos psicosociales, las consecuencias para la salud mental de los trabajadores del estrés y la ansiedad.

Otro de los puntos tiene que ver con el uso del tiempo de los trabajadores. Los sindicatos reclaman que las invitaciones a cursos o reuniones "sí son tiempo de trabajo". Una protesta que en junio ha obtenido respuesta y, tal como recoge UGT, "la asistencia voluntaria a las mismas será considerada tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, generará prolongación si se realiza fuera de la jornada laboral", concluyen. Finalmente, otro de los aspectos que se mencionan es "la incertidumbre" sobre el empleo que, afirman, se deriva de la opa que la entidad mantiene sobre el Sabadell.

Temporada 3, episodio 1, la escena dura apenas diez segundos. Diez segundos durante los cuales aparece claramente en pantalla un paquete de Shein en medio de una tensa discusión sobre el impacto de la moda rápida entre dos personajes de la serie And Just Like That…, continuación de Sex and the City. La aparición del producto no pasó desapercibida para los fans de la serie, ya que las actrices, que interpretan a unas neoyorquinas adineradas, suelen vestir marcas de lujo inaccesibles para el común de los mortales.

No es la primera vez que Shein aparece en una serie de televisión. En 2021, la marca fue visible en la temporada 7 de la serie para adolescentes SKAM France, emitida en la plataforma France.tv slash. Contactada por Mediapart, el departamento de publicidad de France Télévisions asegura que ya no trabaja con ese anunciante, debido a los requisitos impuestos por la carta de FranceTV Publicité.

Para conquistar el mercado de la moda low cost, el gigante del comercio electrónico no solo apunta al mundo de las series. Su objetivo favorito para seducir a los adolescentes: los y las influencers.

En un vídeo dedicado a sus más de tres millones de seguidores, Milla Jasmine luce una serie de conjuntos veraniegos con música de los Gipsy Kings de fondo. "Rebajas de verano al rojo vivo en Shein", advierte esta influencer afincada en Dubái, que promete hasta un 70% de descuento en su propia selección de ropa.

No es la única que tiene una relación comercial con la marca de moda rápida. Manon Tanti, que también cuenta con casi tres millones de seguidores en las redes sociales, ofrece un enlace a su propia “tienda Shein”, donde los consumidores pueden comprar con un solo clic un top por 4,99 euros.

“Hemos decidido colaborar con creadores de contenido para difundir nuestra campaña digital, respetando la normativa vigente (en particular, la transparencia de las colaboraciones comerciales) y prestando especial atención a la autenticidad de los mensajes”, confirma Shein (en los anexos a este artículo se pueden leer todas sus respuestas).

Estas influencers no son solo escaparates comerciales para la multinacional. También se les solicita que mejoren la imagen de la marca, conocida por su catastrófico impacto social y medioambiental. En junio de 2023, Shein invitó a varias de ellas a visitar la que se presenta como una de las fábricas del grupo en Guangzhou, China.

En vídeos surrealistas, las estrellas de las redes sociales se maravillan una tras otra de las condiciones de trabajo supuestamente idílicas de los empleados. Una de ellas, Dani DMC, ha lamentado después su participación en esta burda puesta en escena y ha cesado toda colaboración comercial con la marca.

En Francia, una influencer ha llegado incluso a ponerse el traje de lobista de Shein. Magali Berdah está en guerra contra la ley conocida como fast-fashion. El texto, cuya aprobación definitiva está prevista para otoño, prevé penalizaciones económicas para los productos de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu: 5 euros por producto en 2025 y 10 euros por producto en 2030, así como la prohibición total de la publicidad.

Magali Berdah, vinculada a Shein por una asociación comercial, ha grabado nada menos que cinco vídeos denunciando una ley “que ataca el poder adquisitivo de los franceses”. La influencer, seguida por 1,9 millones de personas en Instagram, ha “salido a la calle a hablar con los franceses” en un ejercicio de reportera muy orientado contra un texto acusado de penalizar a los consumidores menos favorecidos.

“¿Sabéis que seis de cada diez franceses solo disponen de 200 euros al año para comprar ropa nueva? ¿Es que ellos no pueden tener acceso a este derecho a la moda?”, pregunta Magali Berdah. Es casi palabra por palabra el eslogan de una amplia campaña publicitaria lanzada en abril por la multinacional: “La moda es un derecho, no un privilegio”.

Contactada por Mediapart, Magali Berdah asegura haber tenido “total libertad sobre las preguntas y la forma de grabar”. ¿Por qué no dijo ni una palabra sobre el impacto ecológico y social de la multinacional? “Simplemente no era el tema de mis vídeos”, se defiende, asegurando no estar en contra del fondo de la ley contra la moda rápida.

“Yo misma digo en mi último vídeo que estoy a favor de esta ley, pero que no entiendo que no sea aplicable a más marcas, a más cadenas comerciales, y que hay que ampliarla”, afirma. “Es ese lado políticamente hipócrita lo que lamento, no vamos a cambiar las cosas golpeando a Shein”. El Senado ha decidido endurecer las sanciones únicamente para Shein y Temu, eximiendo así a las grandes marcas francesas de prêt-à-porter.

Para intentar impedir la aprobación de esta ley, Shein también se ha dirigido a los parlamentarios en una operación de lobbying de una magnitud poco habitual entre los representantes políticos. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional en marzo de 2024, la multinacional envió a todos los parlamentarios un informe presentado como un estudio “independiente”. Revelado por Radio France, el documento de 37 páginas intenta demostrar que la ley contra la moda rápida penalizaría en realidad a los más modestos, atreviéndose incluso a establecer un paralelismo con el impuesto sobre el combustible de 2018, “que provocó el movimiento de los chalecos amarillos”.

La empresa se ha centrado especialmente en algunos parlamentarios. Didier Mandelli, vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, confirma haber sido contactado por Shein casi un año antes del examen del texto en el Senado. “Los recibí una primera vez, como al 80 % de las estructuras que me lo piden”, cuenta. Durante ese encuentro, el senador de Los Republicanos afirma haber planteado preguntas sobre el impacto medioambiental de los productos y las condiciones de trabajo en las fábricas, sin obtener una respuesta precisa.

Shein volvió a la carga. “Me volvieron a contactar tres o cuatro veces. Incluso me invitaron a un desfile, pero lo rechacé. Es bastante raro, llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia”, se sorprende el representante de La Vendée. Pero lo que más le impactó fue el fichaje por Shein de Christophe Castaner.

En diciembre de 2024, La Lettre reveló la contratación de varios exresponsables políticos franceses en un “comité regional” encargado de asesorar al grupo sobre su estrategia en materia de responsabilidad social y medioambiental. Entre ellos se encuentran el exportavoz del Gobierno y exministro del Interior, Christophe Castaner, pero también la ex secretaria de Estado Nicole Guedj y el exdirigente de la patronal Medef, Bernard Spitz. El 27 de enero, Christophe Castaner critica en BFMTV la ley fast-fashion. “Estamos inventando un IVA sobre los productos de los más pobres, lo que me parece bastante repugnante”, decía indignado el exministro macronista.

Oficialmente, las actividades de lobby declaradas por Shein ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros en 2025. Una cifra que varias ONG ven con escepticismo. El 23 de mayo, Amis de la Terre y el Observatorio de las Multinacionales enviaron una denuncia a la HATVP.

Ambas ONG afirman haber detectado posibles irregularidades en las declaraciones de actividades de representación de intereses del grupo Shein, consideradas demasiado “vagas y poco informativas”. “Sus representantes han mantenido varias reuniones de alto nivel, entre ellas en el Elíseo, y es urgente desvelar esta influencia que se ejerce hasta en las más altas esferas del Estado”, dice preocupado Pierre Condamine, responsable de la campaña contra la sobreproducción de Amis de la Terre.

Shein se defiende de cualquier ocultación de sus actividades de lobby ante la HATVP. La empresa asegura a Mediapart “que declara las acciones de representación de intereses que lleva a cabo, precisando en cada caso la fecha, el objeto de las acciones y las personas implicadas”. “Seguimos comprometidos en actuar con transparencia en nuestras interacciones con los representantes públicos, como hacen las empresas en el marco de sus actividades en Francia”, indica la marca.

Las dos ONG también denuncian a Villanelle Conseil, la empresa de Christophe Castaner, que, en sus actividades de lobby, no incluyó a Shein entre sus clientes. “Christophe Castaner se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones sobre la propuesta de ley fast-fashion, lo que equivale, como mínimo, a una forma de lobbying indirecto”, escriben las ONG en su denuncia ante la HATVP. La investigación sigue en curso.

Contactado por Mediapart, Christophe Castaner niega cualquier tipo de lobbying para Shein y asegura que su papel se limita a un simple asesoramiento sobre la estrategia de responsabilidad social (RSE) del grupo. “La empresa Villanelle Conseil no ha prestado a Shein ningún servicio de representación de intereses en el sentido de la ley [...] relativa a la transparencia de la vida pública”, declara el exministro.

Una versión que también defiende Shein. “Los miembros de estos comités tienen una función estrictamente consultiva y no participan en ningún caso en actividades de lobby para nuestra empresa; cualquier afirmación en contrario es totalmente falsa y difamatoria”, aseguran molestos desde la multinacional.

El senador Didier Mandelli no parece compartir esa opinión. Tras la aprobación de la ley sobre la moda rápida por la Asamblea Nacional en marzo, el texto parecía estancarse. “Hubo un momento de sensación de que el expediente no avanzaba. El Gobierno no quería incluirlo en el orden del día [del Senado], fui yo quien tuvo que solicitarlo. Hubo un pequeño periodo de incertidumbre, no teníamos respuesta, no había réplicas, lo que creó cierta confusión. El papel de Christophe Castaner pudo influir en el Gobierno”, quiere creer.

Traducción de Miguel López

Los códigos de la política y los del comercio suelen ser distintos, aunque políticos y directivos estén condenados a entenderse. De hecho, no es extraordinario que viajen de la empresa a los escaños o de la función pública a los consejos de administración, aunque esto suele tener consecuencias, sobre todo, cuando la jugada sale mal. Elon Musk es el ejemplo más reciente, pero no es el único que ha tenido que echar el freno a sus aspiraciones políticas para contener los daños que su militancia infligía a las cuentas de su compañía. En su última presentación de resultados, Tesla había perdido durante el primer trimestre un 71% de sus beneficios.

Otro ejemplo es Howard Schultz, expresidente de las cafeterías Starbucks, quien también cedió a la tentación presidencial, postulándose como independiente a la Casa Blanca en 2020. Con una postura de centro dentro del ámbito republicano, se encontró con llamamientos al boicot de sus productos por parte de sus clientes del ala demócrata y las consecuencias llegaron a afectar al comportamiento de las acciones.

Otra grande, Adidas, también tuvo que lidiar en su día con las consecuencias de tener como cara visible a un personaje polémico con aspiraciones políticas. En este caso, el rapero Kanye West, que colaboraba en una de sus líneas de zapatillas y fue expulsado de la marca después de que unos polémicos comentarios antisemitas le costasen a la compañía alrededor de 500 millones de dólares, tras verse obligada a retirar esa línea de producto. Además, West también se postuló a la Casa Blanca en 2020 después de haber apoyado anteriormente a Trump. 

El profesor de OBS Business School José Luis Bosch explica que este fenómeno no es nuevo, pero en general los CEO suelen preferir la discreción a la apuesta política. “Antes quizá era más habitual crear una fundación a través de la que se financiaba o se vehiculaba esta relación con la política y con la comunidad, pero ahora se dan casos de exposición directa, como es el caso de Elon Musk”, concluye. “En España, por ejemplo, no hay casos de este tipo y la norma es que las empresas tiendan a retirarse del foco”, concluye. Porque el coste reputacional puede ser un arma de múltiples aristas y resulta difícil medir las consecuencias o dar marcha atrás. “Algunas veces las reacciones se pueden sobredimensionar, como cuando una información personal de un directivo que, a priori no parece grave, hace caer la cotización”, señala. Otras, en cambio, ocurre lo contrario.

La tentación política es grande y tiene muchos rostros, pero el caso de Elon Musk es, ahora mismo, el ejemplo más directo de cómo los estados financieros pueden doblegar hasta las convicciones más radicales. El protagonismo político que adquirió el presidente de Tesla, primero como asesor de campaña y mecenas del presidente estadounidense, Donald Trump, y luego como miembro del Gobierno, se tradujo en serias pérdidas para la multinacional. Así, la pasada semana, la compañía de coches eléctricos presentó sus cuentas relativas al primer trimestre del año y la factura se cuenta en miles de millones: sus ventas de coches cayeron un 13%, su facturación descendió un 9% (hasta los 19.335 millones de dólares) y su beneficio cayó un 71% (desde los 1.400 millones de dólares a 409 millones, con una pérdida de 991 millones).

En el propio balance de resultados hay un reconocimiento implícito a las consecuencias de la posición ideológica de Musk y se menciona el “cambio de sentimiento político” como una de las causas de los malos resultados. Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, pero su mandato comenzó en enero y, desde el primer momento, la cercanía del CEO al poder no pareció sentarle bien a Tesla, que en lo que va de año acumula unas perdidas en bolsa de más del 30%.

Su apoyo a candidatos de extrema derecha en varios países, entre los que se cuenta el partido ultra Alternativa por Alemania (AfD) o VOX en España y la difusión de bulos en a través de su red social, X, terminaron de desatar una campaña mundial contra la marca que representa. Coches quemados, llamamientos a dejar de comprar sus productos en todo el mundo y una estampida de inversores terminaron por convencer al magnate, por las malas, de orillar su carrera política. “En el caso de Musk, su posición económica le ha permitido jugar un poco más en este terreno y despreciar a sus accionistas”, señala Bosch.

“Creo que probablemente a partir del próximo mes, mayo, mi tiempo dedicado al DOGE (departamento de eficiencia gubernamental, por sus siglas en inglés) se reducirá significativamente”, anunció Musk a sus analistas hace apenas unas semanas. Ese fue el primer paso que le separó de la Administración Trump. Por su parte, los accionistas premiaron el gesto y se dispararon en bolsa los títulos de la compañía, con una subida del 5% en la misma jornada.

Pero ni siquiera este día soleado en los mercados le permitió recuperar lo perdido. Tampoco lo consiguió poniendo al presidente de los Estados Unidos al volante de uno de sus coches y, finalmente, la cuenta de resultados se impuso, como es habitual, a las aventuras políticas. “A partir del mes que viene, dedicaré mucho más tiempo a Tesla”, declaró.

Ya casi nadie se acuerda, o quiere acordarse, pero 2018 no fue un buen año para Elon Musk. El empresario, al que entonces la prensa se refería aún como de origen sudafricano, acudió al podcast de Joe Rogan y se fumó un porro de marihuana en directo: Tesla perdió un 9% de valor en sus acciones. 

Su compañía de coches no conseguía producir lo anunciado, varios ejecutivos dimitían y el magnate la liaba en Twitter, del que tan sólo era usuario, anunciando extraños movimientos bursátiles. Para rematar la faena, The New York Times publicaba una entrevista titulada La agonía de Elon Musk, donde describía cómo pasaba del llanto a la risa sin solución de continuidad.

¿Qué ha sucedido para que este individuo, de comportamiento excéntrico y errático, sin preocupación aparente por la política, haya pasado en seis años a realizar el saludo fascista en la fiesta de investidura de Trump, del que se ha convertido en uno de sus principales valedores, mientras promociona a partidos ultras de medio mundo?

La respuesta para esta radicalización no es sencilla. Unos lo explican por su odio a ese cajón de sastre llamado woke, después de que su hija iniciara un proceso transgénero en 2022. Otros lo achacan a los problemas sindicales de Tesla. Lo que sabemos es que su primer episodio de acercamiento, más que a los ultras, a la conspiranoia, se da en pandemia, cuando afirma que el coronavirus es un elemento para el control de la población y se declara antivacunas.

Quizá esta deriva hay que buscarla, más que en un suceso determinado, en toda una evolución cultural. Hagamos un alto en el camino y vayámonos a 1978, cuando los fundadores de Microsoft se toman la icónica foto de Alburquerque, en la que más que un grupo de informáticos parecen una banda de rock progresivo. No eran una excepción.

El detalle estético nos cuenta cómo la generación que creó los microcomputadores estaba influenciada por la contracultura de las décadas de los 60 y los 70, una que les hacía desconfiar de la burocracia de Washington, pero que, desde luego, les separaba de cualquier movimiento derechista.

Bill Gates, que aparece en esa foto, declaró hace unos días al Sunday Times que el apoyo de Musk a la extrema derecha es “una locura de mierda”, advirtiendo a los países europeos que deberían “adoptar salvaguardias para asegurarse de que los extranjeros superricos no distorsionan sus elecciones”.

Avancemos ahora hasta el 26 de noviembre de 2007. La revista Fortune publica una portada donde se ve a un grupo de doce hombres caracterizado como si fuera el reparto de Los Soprano. El número se titula Paypal mafia, y está dedicado a la evolución profesional de los creadores de la empresa de transacciones, vendida a Ebay cinco años antes por 1500 millones de dólares.

Todos han tenido carreras exitosas, pero, a diferencia de sus homólogos de Microsoft, han utilizado su pelotazo no sólo para fundar otros servicios tecnológicos, sino para introducirse en el terreno del capital riesgo que, como explicamos en el artículo de la semana pasada, tiene mucho más que ver con vender relatos que con la actividad empresarial convencional. Su fortuna ya no procede de sus empresas, sino de seducir a los fondos buitre.

La cultura ha cambiado entre 1978 y 2007, entre medias se halla la restauración neoconservadora de Ronald Reagan, toda la avaricia del neoliberalismo y una buena dosis de cinismo posmoderno. Los creadores de Paypal no pensaban cómo revolucionar el mundo del conocimiento, sino cómo sacarle la pasta a Internet. Su referente ya no es la contracultura hippie, sino que se sienten cómodos encarnando a la mafia.

Ese grupo lo encabezaba Elon Musk –que paradójicamente no aparece en la foto generacional de Fortune–, seguido de Peter Thiel y David O. Sacks. Los tres fueron educados en la Sudáfrica del apartheid, los tres están relacionados con Trump. El primero como director de DOGE, el departamento de recortes y purgas, Thiel como valedor del vicepresidente Vance y Sacks como asesor de IA y criptomonedas. De jugar a Los Soprano a controlar América.

Thiel y Sacks tienen vínculos previos a Paypal: la revista The Stanford Review, de la que uno fue fundador en 1987 y otro editor jefe. Una publicación editada en la universidad californiana del mismo nombre con la que se opusieron a las políticas progresistas que, en aquel entonces, parecían despertar la simpatía de la mayoría de estudiantes.

Es en esta pareja en la que hay que buscar la semilla de la huella ideológica que ha marcado a este grupo. Y en sus relaciones, a finales de los 2000, con think tanks libertarianos como el Instituto Cato. En 2009, Thiel declaró en la publicación Unbound que no creía “que la libertad y la democracia fueran compatibles”, una sentencia que nos explica todo.

Para Thiel la libertad no significa lo mismo que para la mayoría de las personas. Para Thiel y los libertarianos –esa confusa sopa ideológica que va de Hayek a Ayn Rand–, la libertad son los deseos de individuos superiores que se ven coaccionados por la democracia, la expresión política de un pueblo que se ha vuelto perezoso e irreflexivo por la expansión del Estado del bienestar.

De ahí que en aquellos años Thiel explorara la creación de Estados-nación en islas artificiales o en terrenos adquiridos en Oceanía para, siguiendo los postulados de La rebelión de Atlas, llevar a cabo la secesión de un grupo de hombres intelectualmente privilegiados unidos por su éxito en la tecnología y las finanzas.

Parece el argumento de una película de James Bond o, quizá, la fantasía de un adolescente incomprendido, pero no es más que la versión tecno-fetichista de un pensamiento realmente antiguo. La tecnocasta se rige por la demofobia: imponer un mandato aristocrático que restaure el poder de las minorías selectas. Una emancipación de los poderosos desarrollada ya contra la democracia radical ateniense y, con especial intensidad, contra las revoluciones del siglo XVIII y XIX, de la que el fascismo sería su expresión más cruda en el siglo XX.

Esta demofobia está especialmente latente en intelectuales, por no decir charlatanes pasados de vueltas, como Curtis Yavin, a quien Thiel y Sacks han promocionado para extender sus teorías sobre la ilustración oscura, donde un nuevo monarca –dictador– se enfrente y destruya “la catedral”, es decir, el conjunto de instituciones políticas y culturales republicanas.

Seguramente, toda esta sarta de alucinaciones no son del interés de la mayoría del aparato tecnológico y financiero, que ven a Trump con simple codicia utilitarista, como un presidente que está en contra de las regulaciones y los impuestos así como a favor de la promoción de las criptodivisas. Lo que no implica que la versión simplificada de este elitismo extremo sí pueda ser de su agrado.

El NRx, abreviatura del movimiento neoreaccionario, la ilustración oscura o el aceleracionismo, no son más que coartadas sofisticadas que gente como Thiel y Sacks necesitan para adornar un deseo mucho más simple: “Si nos percibimos como superiores, por qué debemos plegarnos a las reglas comunes, cuando tenemos la posibilidad de dinamitar desde dentro el gobierno de la mayoría”.

Para alcanzar este punto, donde nos encontramos, han necesitado la concurrencia de millones norteamericanos que han creído, firmemente, la teoría más descabellada de todas: que un grupo de multimillonarios venía a acabar con las élites. El manejo del populismo, de la mentira digital, del sentimiento de agravio, cuando no de la frustración por quedar al margen de los beneficios de la globalización, han sido las herramientas que han logrado este respaldo popular.

MAGA, el movimiento político que encumbró a Trump en 2016 pero que devoró al Partido Republicano, fue una expresión indudable de fuerza plebeya, con el objetivo declarado de restituir la grandeza americana, sea lo que sea eso, pero cuya única intención real fue sentar en la Casa Blanca a un millonario golpista y hortera. Si MAGA ha resultado la degradación completa de lo popular, su siguiente paso histórico deberá darse en la asimilación por los planes aristocráticos de Musk, Thiel y compañía o bien en su particular noche de los cristales rotos.

¿Es Trump ese nuevo monarca, soñado por los magnates tecnológicos, que viene a acabar con la democracia? Trump es, para este grupo de millonarios exaltados, el puente para alcanzar un objetivo, pero ni de lejos es el fin del camino. Puede que ni él mismo sepa a ciencia cierta con quién se ha asociado. Esto no acabará dentro de cuatro años en unas elecciones convencionales.

La cuestión va a volver a plantearse. Inevitablemente. En un momento en que el poder adquisitivo de los hogares se hunde frente a la inflación, mientras los grupos y el mundo financiero obtienen beneficios colosales, las finanzas públicas se deterioran y las políticas de austeridad vuelven a estar de moda, el tema de la fiscalidad no puede dejar de plantearse. Sin embargo, es en este mismo momento cuando los gobiernos entierran discretamente el proyecto de un impuesto mundial sobre las multinacionales.

“Ha habido muchos anuncios, pero nada se ha materializado. No hay impulso. Seguimos oyendo hablar del aumento de la deuda, los tipos de interés y las políticas de austeridad. Pero nunca sobre fiscalidad", afirma Éric Toussaint, historiador belga y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. El silencio en torno al impuesto mínimo global es tal que algunos creen que esta iniciativa, considerada la más prometedora en la lucha contra la evasión fiscal desde hace varias décadas, es ahora un proyecto que ha nacido muerto.

Preguntada por el estado exacto de las negociaciones, la OCDE no respondió. Y eso que hubo muchas promesas y aplausos cuando la OCDE anunció un acuerdo sobre fiscalidad mundial en octubre de 2021. Ciento cuarenta países dijeron ser signatarios del texto, que preveía la introducción de un tipo impositivo global mínimo para las multinacionales. Todos ellos juraron que se había acabado la carrera a la baja, los paraísos fiscales y la evasión fiscal a gran escala, que privan a los gobiernos de cientos de miles de millones de ingresos públicos cada año. Sólo los paraísos fiscales son sospechosos de malversar 500.000 millones de euros al año, principalmente a costa de los países europeos.

La primera parte, conocida como "primer pilar", se dirige principalmente a los gigantes digitales, que aplican con consumada habilidad todas las técnicas de la evasión fiscal. El plan es obligarles a pagar impuestos allí donde realizan sus ventas. Una segunda parte, conocida como "segundo pilar", impondría un tipo impositivo mínimo del 15% a todos los grupos con ventas de al menos 750 millones de euros. Con la posibilidad de que un tercer país reclame los frutos de este impuesto si el país en cuestión no lo aplica.

En aquel momento, muchos expertos en la materia señalaron el bajo tipo impositivo exigido a las multinacionales: el 15% no era un tipo muy elevado para grupos que obtienen decenas de miles de millones de beneficios. La OCDE y los gobiernos explicaron que esa era la condición necesaria para ganarse a todos los países, sobre todo a los que, como Irlanda, se habían acostumbrado a utilizar una fiscalidad agresiva para atraer a los grandes grupos. En su opinión, el proyecto era un primer paso. Otros vendrían después.

Prevista para entrar en vigor en 2023, la segunda parte no lo hizo hasta el 1 de enero de 2024. Pero de los 140 signatarios iniciales, sólo 55 lo han aplicado hasta la fecha.

Sin embargo, el texto se ha diluido debido a la ardua labor de los grupos de presión, activos durante este periodo para reducir su alcance. "Ha perdido gran parte de su sustancia", admite Quentin Parrinello, portavoz del Observatorio Europeo de la Fiscalidad dirigido por el economista Gabriel Zucman.

El primer abuso fue reconocer la existencia de una actividad económica en el país, como sedes sociales, centros de investigación y empleados, en el cálculo del impuesto mínimo del 15%. En otras palabras, todos los gastos en que se incurra se deducirán de este tipo mínimo, que en general se considera muy bajo. "Corremos el riesgo de acabar con empresas que registren tipos impositivos efectivos del 3% o el 4%, como antes", teme Quentin Parrinello.

Aunque Francia ha incluido el impuesto mínimo del 15% en su Ley de Finanzas de 2024, los grandes grupos franceses del CAC 40 pueden estar tranquilos: nada cambiará para ellos. Llevan años aprendiendo a optimizar su fiscalidad: han convertido sus actividades en Francia en centros de costes.

El segundo gran fallo es que a este impuesto mínimo del 15% se han añadido mecanismos de créditos fiscales. Estos créditos fiscales pueden ser de cualquier tipo y no están sujetos a ninguna condición (lucha contra el cambio climático, innovación, creación de empleo). Pueden concederse de forma opaca y arbitraria. El portavoz del Observatorio Fiscal Europeo predice que "tras una carrera a la baja, corremos el riesgo de asistir a una carrera por los créditos fiscales".

Hasta principios del año que viene, cuando se haya aplicado por primera vez el tipo mínimo mundial, no se podrán sacar las primeras conclusiones sobre este texto. Sin embargo, ya plantea algunas preguntas el hecho de que Suiza y Singapur, que desde hace décadas aplican una estrategia continua para atraer capitales y protegerlos de la fiscalidad, figuren entre los primeros países que aceptan aplicar este segundo pilar del impuesto. ¿Tendrá algún efecto esta tasa?

En cualquier caso, la OCDE ha revisado sus previsiones. Cuando se firmó el acuerdo en 2021, la organización internacional predijo que, gracias a este impuesto mínimo global, los países podrían recuperar unos 220.000 millones de dólares al año. En los últimos estudios, la cifra se ha reducido a 150.000 millones de dólares. Según los últimos estudios, a los paraísos fiscales les espera un futuro prometedor, sobre todo a Irlanda y Holanda, donde las multinacionales llevan años deslocalizando sus centros de beneficios.

Si la aplicación de esta parte del acuerdo sobre fiscalidad mundial no es muy alentadora, el seguimiento del primer pilar, que debe sustituir al impuesto Gafam –Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft–, es francamente deprimente. El texto debe estar terminado en junio. En la reunión de ministros de Finanzas del G20, celebrada en Brasil a finales de febrero, quedó claro que el proyecto había llegado a un punto muerto. "El texto no tiene ninguna posibilidad de éxito porque tiene que ser ratificado por Estados Unidos. Y dado el contexto político actual, no lo será", pronostica una persona con información privilegiada. "Es un texto sujeto al veto estadounidense", afirma Quentin Parrinello.

Sin embargo, el acuerdo fue promovido inicialmente por la administración Biden. Negociado bajo los auspicios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, su objetivo era cortar de raíz el plan de la Comisión Europea de introducir un impuesto único europeo sobre los gigantes digitales que realizan actividades significativas en Europa pero escapan a toda tributación. En lugar de este impuesto Gafam, el acuerdo de la OCDE preveía una fiscalidad mínima para estas multinacionales.

El presidente estadounidense nunca consiguió una mayoría en el Congreso para ratificar el acuerdo, debido a la oposición del Partido Republicano, pero no sólo eso: la administración Biden, tras haber contenido la amenaza europea, se mostró mucho menos dispuesta a impulsar el proyecto después.

Y entonces el contexto cambió. En un momento de mayores tensiones geopolíticas y de vuelta a las prioridades nacionales, su objetivo es, ante todo, hacer pagar a las multinacionales estadounidenses en suelo estadounidense, y no que el producto de sus beneficios obtenidos en el extranjero beneficie a otros. Una visión totalmente compartida por Donald Trump.

En otras palabras, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de ver la luz a corto o medio plazo. Canadá lo ha entendido, y ha introducido un impuesto sobre las actividades de los gigantes digitales a partir de mediados de 2023. En Europa, algunos países como Francia han introducido un impuesto de este tipo. Pero no es lo mismo que un impuesto único a escala europea o mundial, donde, una vez más, entra en juego la competencia fiscal.

Uno de los argumentos esgrimidos a menudo para justificar el empantanamiento del acuerdo de la OCDE es la iniciativa de los países emergentes, que habría roto todo el impulso. Creyendo que el acuerdo había sido negociado por y para beneficio exclusivo de los países desarrollados, una veintena de países africanos presentaron en octubre en la ONU una resolución en la que pedían un convenio internacional sobre fiscalidad que beneficiara a todos los países.

La votación de esta resolución ilustró una vez más las actuales divisiones internacionales: todos los países miembros de la OCDE votaron en contra. Tras varios meses de tensiones y desacuerdos, la relación parece haberse calmado, según Quentin Parrinello, que asistió a la cumbre del G20 en Sao Paulo: "La OCDE y la ONU parecen tener la intención de trabajar juntas. Pero llevará tiempo, probablemente varios años, encontrar un convenio marco".

¿Es posible reactivar un sistema fiscal mundial justo a nivel de la ONU? ¿Lo permitirá el contexto geopolítico? Y, sobre todo, ¿tenemos tiempo para esperar tanto? Todas estas son preguntas que, a estas alturas, nadie sabe responder.

Éric Toussaint es pesimista. "Los países del Sur han hecho una serie de declaraciones con las que no podemos sino simpatizar. Sin embargo, cuando miramos a los Brics [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], no hay coherencia en sus declaraciones. Las nuevas potencias económicas mantienen la misma lógica. No proponen ninguna política alternativa".

Llamar a Intrum es mucho mejor que recibir una llamada de Intrum. Sí, la frase requiere una explicación, pero es sencilla: Intrum es un gigante inmobiliario que se dedica "garantizar el valor de la propiedad", que luego vende o alquila. Pero, al mismo tiempo, es un coloso del cobro de deudas cuyos métodos son objeto de múltiples críticas y acusaciones. Así que si uno marca para llamar al Intrum inmobiliario, es muy posible que signifique que busca casa. Si en cambio recibe la llamada del Intrum cobrador, es probable que esté en problemas.

Al mismo tiempo que empresa inmobiliaria y cobrador de morosos, en ambos casos con un tamaño XXL, Intrum es paradójicamente casi un desconocido en España fuera de los circuitos financieros y del sector vivienda. Quizás al lector le suene Blackstone. O Cerberus. O Lone Star. Son los tres grandes fondos de inversión –"fondos buitre", en expresión de sus detractores– en el podio de los acumuladores de ladrillo tóxico tras la Gran Recesión, todos citados con frecuencia en la crónica económica y convertidos en villanos por el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Pero, ¿le suena Intrum, que gestiona unos 200.000 activos inmobiliarios en España? Es bastante menos probable.

Y, sin embargo, el papel en el mercado español de la vivienda de esta multinacional de origen sueco, que tiene como accionista principal al fondo de inversión Nordic Capital y que ingresó a nivel global unos 1.750 millones de euros en 2022– último año cerrado–, es ahora mismo de una relevancia que difícilmente encuentra rival. La propia empresa, que lleva desde 2016 devorando compañías del negocio del ladrillo sin hacer apenas ruido, afirma: "En España somos líderes en la gestión de activos inmobiliarios".

En su último informe, con datos de cierre de 2022, la consultora Axis Corporate avala esta afirmación al situar a Intrum como líder entre los llamados servicers, sociedades gestoras de activos inmobiliarios, casi siempre provenientes de las carteras de la banca. El informe le atribuye a Intrum un 24,39% del mercado, por delante del 22,62% de Hipoges (de KKR, otro fondo de inversión), del 15,6% de la multinacional financiera DoValue, del 14,53% de Anticipa-Aliseda (Blackstone), del 9,75% de Servihabitat (Lone Star-Caixabank) y del 7,61% de Gescobro (Cerberus). Y eso antes de que en 2023 Intrum completase la compra a Cerberus de Haya Real Estate, que supone un 5,5% del mercado, según Axis Corporate.

Con oficinas en 24 países de Europa y América Latina, Intrum cuenta con unos 100.000 empleados. En España lleva cuarenta años y su avance ha sido tan discreto como imparable. Su datos inmobiliarios apabullan. En septiembre de 2023 completó la compra a Cerberus –el fondo estadounidense para el que ha trabajado un hijo de José María Aznar– de Haya Real Estate por unos 136 millones, operación que requirió de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esta adquisición permite a Intrum haber superado los 200.000 activos inmobiliarios gestionados en España. La compra de Haya Real Estate, de Cerberus, ha sido el último puñetazo de Intrum en el tablero inmobilario. Hubo otros antes: compró Aktua a Banesto (2016) y Solvia al Sabadell (2019). En total, las tres operaciones superan los 600 millones.

La práctica totalidad de los activos gestionados por Intrum no son en propiedad. Es decir, Intrum se centra en la gestión, sin ser un gran propietario, como sí lo son fondos como Blackstone. Intrum, que gestiona tanto viviendas como suelos, locales i garajes, comercializa a través de las marcas Solvia y Casaktua.

Los orígenes de Intrum son antiguos. Se trata de una multinacional nacida en Suecia hace más de cien años, si bien su capital ha sufrido desde entonces drásticas alteraciones y hoy tiene como primer accionista al fondo Nordic Capital. 2017 es un año marcado en rojo en su historia: al fusionarse con la noruega Lindorff, se convirtió en la "empresa de gestión de crédito y cobro de deudas líder en el mundo", según la propia Intrum. Esa es la actividad que recorre toda la historia de la compañía: cobrador de morosos, área en la que también se presenta como "líder indiscutible" en España y la que genera más polémica a su alrededor.

El investigador especializado Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo (Traficantes de Sueños, 2019), resume así la naturaleza de Intrum: "Es una empresa de recobros conocida por sus malas prácticas en media Europa que ha visto en España una oportunidad de lucro aprovechando una dinámica en la que los fondos que acumulan mayor cantidad de activos inmobiliarios están encargando a otros la gestión".

Intrum decidió no responder a las preguntas planteadas por infoLibre y referidas a distintos aspectos de su naturaleza y su actividad abarcados por este artículo.

El valor de los activos gestionados por Intrum en España ronda los 60.000 millones de euros, cifra que incluye los activos inmobiliarios y los créditos pendientes de cobro, tarea que Intrum desempeña tanto para firmas de la gran banca como para empresas más modestas. En total, 3.500 clientes en esta actividad. Esa es su pata histórica. Y la que crea más controversia.

La compañía, que sostiene que trabaja mediante "cobros éticos", es criticada con frecuencia por la supuesta dureza de sus métodos para recaudar el dinero. "Intrum Justitia [compañía del grupo] actúa como fondo buitre, adquiriendo deudas a un precio menor al valor real. Utiliza métodos de acoso y presión, como llamadas constantes y amenazas de juicios y embargos", sostiene el despacho de abogados Juan Serrano, que se ofrece para defender a posibles afectados y ha conocido casos en los que Intrum trabaja con Santander, BBVA o Caixabank. "Aunque se presenta como una mediadora, su verdadero objetivo es asfixiar a los deudores para que paguen. Utilizando métodos de acoso y presión, esta empresa busca generar un estado de preocupación constante en los deudores, con el fin de que sientan la obligación de realizar el pago de manera inmediata", añade.

Abogados Roda también define a Intrum como un "fondo buitre". Y Abogados Bancarios, que se expresa así: "Es un fondo buitre especializado en comprar deudas impagadas para su cobro. Utiliza tácticas de acoso contra los deudores morosos, que a veces rayan en delitos de coacciones". Este despacho, Abogados Bancarios, administra una página de Facebook, Afectados Intrum Justitia, con más de 250 miembros, donde los deudores dan cuenta de sus problemas con Intrum, así como de sus preocupaciones y dudas. Son diversas las alusiones a reclamaciones de deudas que los supuestos morosos aseguran tener saldadas y a amenazas de inclusión en listados de morosos. Intrum, a preguntas de infoLibre, no comenta nada sobre la existencia y contenido de este grupo, ni sobre la actividad de los citados despachos.

En septiembre de 2023 la Audiencia de Vizcaya confirmó una sentencia que condenaba al Santander y a Intrum Holding Spain, la empresa matriz en España, a indemnizar con 12.000 euros –10.000 el Santander, 2.000 Intrum– a un matrimonio por incluir a sus dos miembros en listados de morosos, concretamente Asnef y Badxcug Experian, a pesar de que previamente ya habían saldado su deuda. La sentencia concluye que hubo una intromisión en el derecho al honor. Intrum rechaza comentar este caso y no aclara si ha presentado recurso.

F. A, iniciales del nombre de uno de los demandantes que ganó en los tribunales, se refiere a Intrum como "cobradores del frac" y censura los métodos de la compañía, que se valía de "requisitorias ambiguas" y "múltiples mensajes y finalmente llamadas a mi propia casa", según su testimonio. "Fue un asedio", recuerda ahora. "Finalmente –añade–, precisamente cuando ellos nos dijeron que íbamos a vernos en los tribunales, mi mujer y yo les dijimos: 'Sí, porque vamos a denunciaros nosotros'".

Una fuente jurídica que ha lidiado con frecuencia con Intrum y que prefiere el anonimato para cuidar su relación con la compañía afirma que no es posible detectar un patrón fijo en su conducta. "A veces van más duro, otras menos", dice. Lo que sí afirma es que "tal y como llegan asustan mucho a la gente y se benefician de eso". La misma fuente afirma que es usual que quienes reciben las primeras comunicaciones de Intrum se precipiten y paguen sin comprobar si ha podido haber una prescripción de la deuda o algún error. "Claro, si te hablan de embargos, de posibles acciones judiciales, de entrar en ficheros de morosos... Muchos pagan y se quitan de líos, si pueden con un acuerdo mejor", dice la fuente, que señala que Intrum "suele estar dispuesta a llegar a acuerdos". "No son los peores", añade, en referencia al mundillo de lo que llama "fondos buitre".

Con quien Intrum pinchó en hueso es con Rubén Sánchez, secretario general de Facua y por tanto buen conocedor de los derechos de los consumidores. Cuando Intrum Debt Finance, una de las empresas del grupo, le reclamó 545,5 euros por una supuesta deuda con Vodafone, Sánchez ya sabía que es habitual que los expedientes que manejan los fondos que compran deuda "estén incompletos y no tengan suficiente documentación acreditativa", explica. Y ese era su caso.

Intrum le reclamaba una deuda que incluía un alta en un servicio que no solicitó, varias mensualidades del mismo, una penalización por cancelarlo y otra por no devolver un equipo que nunca recibió, así como las cuotas de internet y televisión de meses posteriores a que pidiera la baja, según Sánchez. El portavoz de Facua se negó a pagar y la compañía fue a los tribunales. ¿Resultado? Un juicio monitorio y una sentencia favorable a Sánchez, de enero de 2022, contra la que no cabía recurso. Intrum no quiso comentar este caso.

Ahora el portavoz de Facua ha ido más allá. En julio de 2022, tras ser informado por escrito de que sigue constando como deudor en la base de datos de Intrum, presentó una demanda contra la compañía por daño moral. ¿Por qué? Aunque el acceso al listado en que Sánchez aparece aún como moroso no es público, explica, sí lo puede ser para trabajadores de Intrum. Además, lo que a su juicio es más grave, su expediente como moroso –pese a no serlo– puede ser traspasado a otra compañía a la que se venda esa deuda. Así, si esa posible compañía compradora le volviera a reclamar los 545,5 euros, la victoria en los tribunales de Sánchez quedaría en papel mojado y le tocaría defenderse de nuevo.

Pilar Ruiz, residente en Mancha Real (Jaén), de 47 años, jubilada tras la extirpación de un tumor en la cabeza, afirma que sufre "ansiedad" y que las reclamaciones de Intrum le están "quitando salud". Intrum Investment No 1 DAC le reclama 813,61 euros por un préstamo concedido por Caixabank en 2018 para la compra de un televisor. Ruiz afirma que la deuda está saldada pero que Intrum "no escucha". "Es un agobio. Me han llegado a llamar más de cinco veces en un día. Bloqueo y me llaman de números diferentes", relata.

Su marido, Jesús Domínguez, fontanero de 51 años, al que Intrum le reclama idéntica cantidad, ha cambiado de número. "Él no podía más. A veces trabaja en el altura, tiene que estar concentrado. Y el teléfono sonando... Era imposible y al fin ha conseguido que lo dejen en paz. Yo todavía no", explica su esposa.

El principal motivo de indignación de Ruiz es que Intrum –afirma– no presta la menor atención a sus argumentos, según los cuales la deuda reclamada ya está saldada. Tras "aguantar mucho", ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción de guardia de Jaén por supuesto acoso. En la documentación de la denuncia facilitada a infoLibre, sostiene que el supuesto acoso tiene forma de "amenazas verbales de embargo y de inclusión en los ficheros de morosos", todo con "formas intimidatorias". El asunto recayó en el juzgado de instrucción 1 de Jaén, que lo archivó provisionalmente, informa a infoLibre un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cabe recurso. Intrum tampoco se pronuncia sobre este caso.

También tiene una mala experiencia con Intrum el abogado Jesús Ángel Lorenzo González. Un juzgado de Ciudad Rodrigo (Salamanca) condenó a Vodafone en 2018 a pagarle 3.000 euros por vulneración del derecho al honor por su inclusión indebida en un fichero de morosos. La sentencia no es contra Intrum, pero sí cita a esta compañía –concretamente a Intrum Justitia Ibérica– por haber sido la encargada de reclamarle "insistentemente" la deuda.

Jesús Angel Lorenzo recurrió y logró elevar la indemnización a 10.000 euros. En su fallo, la Audiencia de Salamanca señala que con sus "incesantes llamadas" Intrum tenía el "fin obvio de presionar al actor para hacer coactivamente algo a lo que la ley no le obligaba". "Lo que sin duda produjo impotencia, zozobra, angustia, ansiedad, pesadumbre" en el demandante, que necesitó "asistencia médica para conciliar el sueño", añade el fallo. "Me llamaban –recuerda ahora el abogado– de manera obsesiva, incluidos sábados y domingos. Era insoportable". Intrum declina comentar este caso.

En su página web, Intrum afirma sobre su forma de proceder como cobradores de deudas: "El cobro ético de deudas es la esencia de Intrum. Las personas solo pueden participar plenamente en la sociedad cuando están libres de las preocupaciones y las cargas asociadas a los problemas de deudas. Un trato delicado, oportuno y ético acelera su rehabilitación financiera y, además, ayuda a los negocios a sobrevivir y prosperar". Aquí y aquí se puede leer sobre la forma de "gestión de impagados" de la compañía sueca.

Intrum vive alejada del foco mediático. Salvo en contadas ocasiones, su actividad pasa desapercibida, en parte porque en el apartado inmobiliario opera bajo las marcas Solvia y Casaktua. ¿Quién hay al frente de la compañía en España? Precisamente tras la adquisición de Haya Real Estate la sociedad ha realizado cambios en su cúpula española. Su director general es Enrique Tellado, que venía de desempeñar ese cargo en Evo Banco. Su jefa de finanzas es Ana Aránguez, que entre 2020 y 2022 fue responsable de gestión de activos de la Sareb, el conocido como "banco malo".

Si desapercibido suele pasar Intrum, más aún sus accionistas. El principal es el gestor de activos Nordic Capital. Este fondo sueco de inversión era propietario del 100% de Lindorff. Al fusionarse esta compañía con Intrum Justitia en 2017, Nordic Capital se quedó con un 43% de la resultante. Desde entonces ha bajado algo, hasta quedar por debajo del 40% de las acciones. Es el mayor accionista de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Con 30.000 millones de euros bajo gestión, Nordic Capital es un gigante con oficinas en Suecia –donde tiene origen–, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Corea del Sur.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

El impuesto de sociedades mínimo del 15% entró en vigor en la UE el mismo 1 de enero, en lo que constituye el primer paso para que se haga realidad el laborioso acuerdo firmado en 2021 por 136 países en el seno de la OCDE. En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea y lo ha colgado en su página web, para darle audiencia pública, antes de ser ratificado definitivamente en el Congreso. Aun con parte de su tramitación pendiente –dictamen del Consejo de Estado y segunda aprobación por el Consejo de Ministros–, el nuevo impuesto ya está vigente.

Y, de acuerdo con los cálculos que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el informe sobre el impacto económico de la medida, sólo 41 grandes multinacionales españolas de las 126 que presentan el informe país por país –con el detalle de sus operaciones en el extranjero, el llamado modelo 231– tendrán que pagar al erario público nacional para llegar a ese suelo del 15% en el impuesto de sociedades. Casi un tercio de ellas, por tanto. Lo harán con un tipo medio del 6,21%. Otras 109 grandes compañías –que incluirán en su mayoría a las anteriores– tendrán que tributar en otros países donde tienen negocios. Con un tipo medio inferior, el 5,14%. De las 126 antes citadas, el 90%, asegura el ministerio, se van a ver “afectadas en algún grado” –en España o en otros países– por el nuevo tributo mínimo.

Hacienda también ha calculado el impacto del nuevo impuesto en los 30 grupos exclusivamente nacionales que superan los 750 millones de euros en facturación. De ellos, sólo 10 tendrán que pagar el nuevo impuesto para alcanzar el tipo mínimo del 15%. Pero su tipo medio efectivo será superior, un 9,2%. Esa decena, por tanto, representa únicamente un tercio de las grandes compañías nacionales que el anteproyecto denomina como “grupos de gran magnitud”.

Por contra, serán muchas más las empresas extranjeras con filiales en España que deberán tributar ante Hacienda hasta el mínimo del 15%: 707 compañías. Equivalen sólo al 28% de los 2.526 grupos de este tipo que operan en territorio nacional. Y pagarán un tipo medio efectivo mucho menor, el 2,56%.

Tal y como lo ha diseñado la OCDE, el “impuesto complementario” que deberán pagar las empresas para alcanzar el mínimo del 15% en sociedades afectará en todo el mundo a las compañías que hayan facturado más de 750 millones de euros anuales en dos de los últimos cuatro ejercicios. En España, según los datos de la Agencia Tributaria, 137 empresas cuentan con una cifra de negocio consolidado de entre 500 y 1.000 millones de euros al año, y otras 143 superan los 1.000 millones.

En cualquier caso, según las cuentas de la Agencia Tributaria, los que facturan por encima de 1.000 millones pagaban hasta ahora por el impuesto sobre sociedades una media del 4,98% de sus beneficios, muy por debajo del tipo nominal, que es del 25% –un 23% para las pymes y un 30% para banca y petroleras–, e incluso del tipo resultante de aplicar el impuesto sobre la base imponible –resultado de aplicar deducciones, exenciones y bonificaciones, y por tanto inferior a los beneficios reales–, que es del 19%. El objetivo de la OCDE, y del Gobierno, es que ese tipo efectivo sobre beneficios reales del 4,98% se triplique hasta alcanzar el 15%.

El impuesto complementario para garantizar el suelo del 15% adoptará tres formas: el nacional, tanto para multinacionales como para empresas de gran magnitud sin actividad en el exterior que tributen por debajo del mínimo; el primario, que se aplicará a la matriz de una multinacional española que obtenga rentas de filiales en el extranjero donde pagan menos del 15%; y el secundario, que se aplicará a las filiales del grupo en España por las rentas obtenidas en el exterior que no hayan sido gravadas con el 15%.

Ya en 2022 el Ejecutivo aprobó un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades que deben pagar las empresas con facturación superior a los 20 millones de euros. Hasta noviembre, Hacienda ha recaudado por este concepto 578 millones de euros. Este impuesto, que se calcula sobre la base imponible, es compatible con el nuevo, que se calcula sobre el “resultado contable ajustado”, determinado según los parámetros que marca la directiva europea y que es igual para todos los países miembros.

Cuestión aparte es cuánto podrá ingresar el fisco español con el nuevo mínimo global para las mayores empresas. En el informe de impacto económico, Hacienda asegura que “no es posible” hacer un cálculo de la recaudación, entre otros motivos porque para ello haría falta que el resto de los países donde tienen negocios las grandes empresas españolas también aprobaran su propio impuesto complementario.

Cuando presentó el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Sumar, el pasado mes de octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cifró en 10.000 millones de euros la cantidad que podrá ingresar la Hacienda española una vez esté plenamente aplicado el mínimo del 15%. Pero es difícil que se alcance tal cifra. El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, hablaba este martes de una recaudación de 200.000 millones de euros adicionales en todo el mundo gracias a la nueva medida.

En cualquier caso, el propio anteproyecto incluye cuatro vías de escape para las empresas. Así, durante los tres primeros años no deberán pagar si sus ingresos no superan los 10 millones de euros o sus beneficios antes de impuestos no llegan al millón de euros o tienen pérdidas. Tampoco tributarán durante los cinco primeros años de la fase inicial de su actividad internacional. Tampoco en los cinco primeros años a partir del primero en que una empresa entre en el ámbito de aplicación del nuevo impuesto. Se considera que una empresa se encuentra en la fase inicial de su actividad en el exterior cuando no tenga filiales en más de seis países distintos o cuando la suma del valor contable de los activos materiales que tengan en distintos países no supere los 50 millones de euros. Además, no se exigirá el pago del impuesto complementario a las empresas que ya hayan pagado en otro país “un impuesto complementario nacional admisible”, que garantice una tributación efectiva acorde con los criterios fiscales de la OCDE.

Es lo que se conoce como “puertos seguros” y la norma los establece a fin de reducir los costes de cumplimiento y administrativos para las empresas, cuyo volumen reconoce el ministerio que serán “relativamente elevados en un primer momento”, debido a la “complejidad y novedad de la regulación”. Hacienda no sólo deberá ahora diseñar un modelo específico para la declaración informativa, “especialmente exhaustivo”, sino también otro para la autoliquidación e ingreso de la cantidad en las arcas públicas. Además, destaca, hará falta intercambiar los modelos con los de otros países.

Finalmente, están excluidas del nuevo impuesto las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades públicas, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria cuando sean la matriz última de un grupo.

Reunidos en el hotel Berlaymont a finales de enero, a pocos metros de las oficinas de la Unión Europea en Bruselas, ejecutivos de los principales bancos europeos recibieron una petición clara. "Quiero que inviertan en operaciones de materias primas críticas", apremió el comisario europeo Thierry Breton a financieros del Grupo Santander, Deutsche Bank o Société Générale, entre otros.

Dos meses después, la Comisión Europea presentó su proyecto de Reglamento de Materias Primas Críticas –también llamadas a veces “fundamentales”–, que se está tramitando a velocidad de vértigo y podría entrar en vigor a principios de 2024, convirtiéndose así en unas de las leyes aprobadas con mayor rapidez en la historia comunitaria. El Reglamento quiere garantizar el suministro a la UE de níquel, litio, magnesio y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y varias industrias estratégicas. Son vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

La Comisión quiere que se abran nuevas minas en toda la UE para reducir su dependencia de China, pero hay un problema. Uno que quedó reflejado en la reunión de Thierry Breton con los banqueros: la Comisión no dispone de un fondo específico para financiar sus ambiciones en este campo.

En general, las materias primas críticas no son un negocio europeo. Las empresas con sede en la UE son una minoría, las firmas dedicadas a la exploración minera consiguen dinero sobre todo en las Bolsas de Canadá y Australia, la banca europea aporta financiación con cuentagotas y son muy pocas las grandes compañías del sector con minas abiertas en los 27 Estados de la Unión.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

 La Comisión Europea no tiene dinero para un fondo específico, pero quiere facilitar a las empresas la obtención de financiación calificando determinados proyectos mineros como “estratégicos”. La Comisión, además, es consciente de que "la inversión privada por sí sola no es suficiente" y admite que los proyectos pueden requerir también dinero público, que debería salir en todo caso de los presupuestos estatales o regionales de cada país. Alemania tiene previsto destinar entre 500 y 1.000 millones para apoyar la extracción de materias primas críticas. El Gobierno francés ya anunció que aportaría 500 millones para invertir en minería, dinero que estará gestionado por Infravia, un fondo de capital privado.

Pero no todos los países están en la misma situación económica.

"Obviamente, nos preocupan las diferentes capacidades presupuestarias de los Estados", confiesa la secretaria de Estado portuguesa de Energía, Ana Fontoura, en declaraciones a Investigate Eurpe. "Defendemos un marco sólido para las ayudas estatales, porque la Unión Europea debe incentivar a la industria europea, pero al mismo tiempo no puede crear desequilibrios internos".

En las negociaciones finales sobre el Reglamento que mantienen las tres principales instituciones comunitarias –Comisión, Consejo y Parlamento– se está debatiendo aún qué proyectos se deben consideran "estratégicos", de forma que puedan acceder de forma prioritaria a financiación pública. Y las patronales mineras presionan mucho para que la definición abarque al mayor número de proyectos posible. "No es necesariamente tarea de la UE financiar la minería", explica la eurodiputada alemana de Los Verdes Henrike Hahn. "Las empresas piden créditos a los bancos, pero éstos no están muy interesados en invertir en ese sector. Así que algunas empresas necesitan la certificación de proyecto estratégico", añade.

Las preocupaciones entre los líderes comunitarios se acrecientan por un contexto internacional complejo. La guerra en Ucrania exige un enorme esfuerzo financiero a la UE. Mientras, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aprobó un plan de ayuda masiva, la Inflation Reduction Act (IRA), que prevé una inversión de 369.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros al cambio actual), parte de los cuales se destinarán a proyectos energéticos y climáticos.

"La IRA nos está robando todas las inversiones", afirma Rolf Kuby, director general del lobby minero europeo Euromines. "Nuestra petición de disponer de un fondo de financiación específico a nivel europeo nunca fue recibida positivamente. Estamos en una fase en la que todo el mundo pide dinero a gritos”, sostiene.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, intentó contrarrestar el IRA estadounidense con un plan masivo de subvenciones. La idea del Fondo de Soberanía era recurrir a los mercados financieros para que aportasen préstamos blandos, pero diversos países del norte de la UE rechazaron la idea de un plan común de financiación de la transición ecológica. Asi que Von der Leyen tuvo que sacrificar su plan.

 ¿Cuánto dinero público se necesita? Euromines asegura que no lo sabe. "Es imposible dar una cifra", responde Kuby, aunque apunta que la financiación "tiene que ser lo suficientemente alta como para ser al menos comparable con la IRA y para responder a las inversiones y subvenciones chinas, porque esto es un elefante en la habitación".

Lo que sí tiene claro Kuby es dónde debe ir mayoritariamente el dinero público: a la exploración. "Si queremos que mañana se abran nuevas minas, tenemos que centrarnos claramente en la exploración. Y ese es un negocio muy arriesgado. Es un negocio que no lo hacen necesariamente las major, sino pequeñas empresas de exploración geológica. Y sería importante que Europa encontrase la manera de ayudar a esas empresas exploradoras".

En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son grandes multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conllevan un alto riesgo financiero.

A pesar de consumir entre el 25% y el 30% de los metales del mundo, el gasto en exploración minera en Europa ronda el 3% del total, según se indica en la Hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales aprobada por el Gobierno español. Una situación que deberá cambiar de forma drástica si los 27 Estados de la UE quieren cumplir con el Reglamento en ciernes, especialmente a la vista de las proyecciones oficiales sobre consumo de materias primas críticas.

La Comisión Europea calcula que, en comparación con 2020, Europa necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050 para satisfacer la demanda prevista de almacenamiento de energía y fabricación de vehículos eléctricos, que utilizan predominantemente baterías alimentadas con litio.

En julio de 2019, una publicación del sector analizó los siete principales proyectos de extracción de litio que existían en Europa en aquel momento. Solo uno de ellos estaba siendo gestionado por una major, la angloaustraliana Rio Tinto, en Serbia. Los otros seis pertenecían a pequeñas empresas junior.

En enero de 2022, el Gobierno serbio revocó las licencias de Rio Tinto para extraer litio tras meses de protestas ciudadanas masivas.

Y aunque los otros seis proyectos siguen vivos, ninguna de las minas ha abierto todavía, lo que no impide que cada cierto tiempo sus promotores anuncien a bombo y platillo un nuevo avance. Se trata de San José, en Extremadura, que pertenece a Infinity Lithium; Barroso, en Portugal, gestionado por Savannah Resources; Wolfsberg, en Austria, propiedad de European Lithium; Cinovec, en la República Checa, en manos de European Metals; Zinnwald, en Alemania, controlado entonces por Bacanora Lithium; y Keliber, en Finlandia, gestionado por Keliber Oy. Esta última es la más avanzada y ya ha sido comprada por una de las major, la multinacional sudafricana Sibanye-Stillwater. Ninguna de estas empresas tiene su sede en la UE.

Por el camino se han ido sumando algunas otras iniciativas. La australiana Vulcan Energy Resources puso en marcha en 2021 un proyecto piloto en el valle alemán del Rin para producir litio verde "sin emisiones de carbono". Este año, el gigante químico Nobian adquirió una participación del 50% en el proyecto. La francesa Imerys, por su parte, planea empezar a explotar un yacimiento de litio en su país en 2028.

Las empresas que exploran nuevos yacimientos tampoco suelen financiarse en Bolsas de la UE. Lo hacen sobre todo en Canadá y Australia. El creciente interés por las materias primas vinculadas a la transición ecológica está repercutiendo en estos mercados. El mes pasado, la Bolsa canadiense de Toronto publicó su clasificación anual de los 30 valores con mejor comportamiento en los últimos tres años. Siete eran empresas mineras (ninguna de ellas europeas), con un incremento medio del valor de sus acciones del 615%. Según se recoge en un informe de Naciones Unidas, en 2018 operaban en el mundo unas 2.000 empresas junior, de las que alrededor de 1.200 cotizaban en Toronto. El componente especulativo es clave en muchas de ellas.

Europa dio la espalda de forma generalizada a sus minas metálicas a finales del siglo pasado. Y eso se refleja en la escasez de empresas europeas potentes y en los pocos intereses que tienen en la UE las grandes multinacionales. Investigate Europe analizó las inversiones europeas de las 200 mayores empresas mineras del mundo por capitalización, utilizando datos de finales del pasado mes de julio. Únicamente 15 de ellas son europeas y solo seis tienen su sede en la UE. Las compañías de Canadá (38% del total), Estados Unidos (37%) y Australia (33%) dominan el mercado.

Como ocurre también en tantos otros sectores, entre los principales accionistas de las multinacionales mineras es frecuente encontrarse fondos de inversión. Blackrock controla más del 4% del capital de 10 de las 200 empresas. Otros nombres habituales entre los accionistas son The Vanguard Group, Van Eck Associates y First Eagle Invesment Management. Los cuatro fondos tienen su sede en Estados Unidos.

Aunque son pocos, hay algunos multimillonarios europeos gracias a la minería. Por ejemplo, el español Daniel Maté o el griego Telis Mistakidis, que controlan cada uno alrededor del 3% de Glencore, el gigante suizo de materias primas con la cuarta mayor capitalización bursátil. Otros poseen enormes fortunas, aunque sus empresas no estén entre las 200 primeras del mundo, como la familia francesa Duval, que controla Eramet, un importante productor de níquel.

De momento, la mayoría de las fortunas mineras no se hacen en suelo europeo. Solo 17 de esas 200 grandes empresas tienen minas operativas o proyectos mineros en Europa. En total explotan 17 minas de materias primas críticas en la UE, en su mayoría de cobre. Tienen otros siete proyectos en cartera para extraer litio, cobalto, cobre o níquel. Estas empresas también tienen cinco plantas de reciclado o procesamiento de metales, cuatro de ellas ya operativas. La Agencia Internacional de la Energía calcula que actualmente hay entre 40 y 50 minas de materias primas críticas en la UE. Rolf Kuby, de Euromines, confía en que este número se duplique en la próxima década.

¿Puede cambiar esta situación en el futuro, como espera la UE con su nueva legislación sobre materias primas críticas? Quizá la respuesta la tenga la comisaria europea Margrethe Vestager. "La forma de hacer minería es absolutamente esencial. Muchas entidades de crédito no harán negocios contigo si eres una empresa minera a menos que piensen que controlas cómo se trata a la gente que vive donde están las minas, cómo te ocupas de las infracciones medioambientales y cómo puedes restaurar la zona una vez que hayas cerrado la mina", explicó Vestager  en una entrevista con Investigate Europe.

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Con información de Maria Maggiore, Nico Schmidt, Atilla Kálmán, Eurydice Bersi y Paulo Pena.

Edición: Chris Matthews.

Gráficos: Marta Portocarrero.

La petrolera francesa TotalEnergies anunció este miércoles los mayores beneficios de su historia, 19.147 millones de euros. Ha ganado un 28% más que el año anterior y lo celebrará aumentando el dividendo que pagará a sus accionistas y con un programa de recompra de títulos por importe de 2.000 millones de euros en el primer trimestre. La francesa sólo ha sido la penúltima –aún falta la italiana ENI por publicar sus resultados– de las grandes petroleras mundiales en comunicar unos beneficios que escapan a todas las métricas. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell tuvo el año anterior su mejor resultado desde que se creó la compañía, en 1907, tras aumentar sus ganancias un 110% respecto a 2021: 38.795 millones de euros. Las de la estadounidense Chevron crecieron aún más, un 126,9%, hasta los 32.666 millones. Exxon también duplicó sus números y llegó a los 51.437 millones de euros. La británica BP se ha apuntado 25.696 millones, un 116% más que en 2021. La noruega Equinor disparó sus beneficios nada menos que un 235,7%, por lo que sumó 26.772 millones. Y la tejana ConocoPhillips ganó 17.420 millones de euros, la mejor cifra desde 2012.

En total, los beneficios de estos siete gigantes del petróleo sumaron 226.340 millones de dólares, unos 211.096 millones de euros, en 2022. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra basta con señalar que equivale al Producto Interior Bruto (PIB) de los 54 países más pobres del planeta. Según los registros que publica el Banco Mundial, las economías de esas 54 naciones valían en 2021 un total de 212.067 millones de euros. Entre ellas se encuentran Somalia, Bután, Sierra Leona, Kosovo, Mauritania, Chad o Guinea Ecuatorial.

Otra comparación puede ser de ayuda: sus ganancias se acercan al presupuesto de la Seguridad Social española para este ejercicio: 224.690 millones de euros. De hecho, servirían para pagar todas las pensiones del año, 190.000 millones, y aún sobraría.

Y una tercera: las siete mayores petroleras han ganado tanto como produjeron las economías de Portugal –214.771 millones de euros– o Nueva Zelanda –208.676 millones– en 2021.

La guerra de Ucrania, que ha provocado una crisis energética sin parangón desde las del petróleo en los años 70, explican el maná que ha llenado las cuentas de las petroleras. No sólo el barril de crudo ha vuelto a superar los 100 dólares, una cota que no había tocado desde 2014, sino que también se han disparado los márgenes del refino hasta niveles de récord, como resultado de una caída de la capacidad de la industria, la primera en más de 30 años, que ha coincidido con el rebote de la demanda tras la pandemia y el descenso de las exportaciones desde Rusia y China. Ese es el análisis que hace la Agencia Internacional de la Energía en su informe de perspectivas de 2022.

Una buena muestra de que el diagnóstico acierta se extrae del hecho de que los beneficios históricos de Exxon superaran con creces el año pasado su récord de 2008, 45.200 millones de dólares, pese a que entonces el petróleo cotizaba a 142 dólares por barril, un 30% por encima del precio medio de 2022. Su directora financiera, Kathryn Mikells, atribuyó los excelentes resultados de Exxon a “una combinación de mercados fuertes, fuerte rendimiento, fuerte producción, y un buen control de costes”.

Pero la escalada de la energía, además de enriquecer a las petroleras, está empobreciendo a millones de ciudadanos en todo el mundo. La Agencia Internacional de la Energía constata la “enorme transferencia de riqueza desde los consumidores a los productores” que han ocasionado los elevados precios energéticos. Por ejemplo, destaca que hasta el 90% del aumento de los costes medios de la generación de electricidad debe achacarse a la subida de precios de los combustibles fósiles. Sobre todo al gas, que es responsable él sólo del 50% de ese sobrecoste. Como consecuencia, denuncia la AIE, cerca de 75 millones de personas en todo el mundo que acababan de conseguir acceso a la electricidad no podrán pagarla ahora.

Además, en Europa y Estados Unidos, los precios desbocados de la energía han disparado la inflación tras poner por las nubes los bienes de consumo. Los presupuestos familiares se resienten, sobre todo los de menor renta, que dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar los recibos y los alimentos. A su vez, los gobiernos, al menos en los países más desarrollados, se han apresurado a compensar a los ciudadanos por la erosión que sufren sus bolsillos. La AIE calcula en 550.000 millones de dólares el monto de las intervenciones públicas aplicadas para proteger a los consumidores de la inflación.

Y de ahí las sucesivas iniciativas, en Estados Unidos y en Europa, para que las petroleras contribuyan con sus ganancias estratosféricas a financiar ese escudo protector para los contribuyentes. “Los últimos informes de resultados dejan claro que las petroleras tienen todo lo que necesitan, incluidos beneficios récord y miles de permisos no utilizados pero aprobados, para aumentar la producción, pero en lugar de ello optan por destinar esos beneficios a llenar los bolsillos de sus ejecutivos y accionistas mientras los republicanos de la Cámara de Representantes fabrican excusa tras excusa para protegerlas de cualquier responsabilidad”, fue la airada reacción de la Casa Blanca al anuncio de beneficios récord de Exxon.

No es la primera vez que el presidente de EEUU, Joe Biden, arremete contra las grandes petroleras de su país. El pasado junio incluso envió una carta a los principales ejecutivos de Exxon, ConocoPhillips, Chevron, BP, Shell, Marathon Petroleum y Valero, donde les reprochaba que hubieran recortado la producción para aumentar sus beneficios, según publicó la agencia Reuters. En noviembre amagó con subirles los impuestos sobre sus beneficios extraordinarios si no invierten más y bajan los precios de los carburantes. “Sus beneficios son dinero caído del cielo gracias a la guerra”, aseguró, “es hora de que estas compañías dejen de aprovecharse de la guerra”.

La Unión Europea se lo ha pensado menos y desde diciembre aplica a petroleras, gasistas y refinerías un impuesto extraordinario del 33% sobre los beneficios que superen el 20% de la media de los últimos cuatro ejercicios. Por esa “contribución solidaria” y los límites impuestos al precio de las renovables, Bruselas prevé recaudar 140.000 millones de euros. Exxon, que ya anunció el año pasado que presentará una demanda ante el Tribunal General de la UE para derogar el gravamen, cifra en 1.300 millones de dólares lo que tendrá que pagar en la Unión Europea por sus beneficios en el cuarto trimestre de 2022.

Mucho antes, en mayo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un impuesto temporal del 25% para gravar los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas. Su previsión era recaudar casi 5.900 millones de euros anuales.

En España, el impuesto a las energéticas gravará este año y el próximo con un 1,2% la cifra de negocio de las empresas cuya facturación supere los 1.000 millones de euros. Iberdrola y Repsol han anunciado que acudirán a los tribunales para anular el nuevo tributo, con el que el Gobierno pretende recaudar 2.000 millones anuales.

Al mismo tiempo que protestan por los impuestos, las grandes petroleras hacen gala del reparto de dividendos que acompaña a sus beneficios astronómicos. Shell lo elevará un 15% y recomprará acciones –otra forma de retribuir a los accionistas– por importe de 3.668 millones de euros. BP aumentará el dividendo un 10% y recomprará acciones por valor de 2.555 millones. El programa de recompra de acciones de Equinor alcanza los 931 millones de euros.

En 2023, pese a las incertidumbres de la guerra, los analistas prevén que el barril de crudo siga subiendo. La reactivación de la economía china tras el fin de las restricciones por el covid, y el veto europeo a las importaciones de crudo de Rusia, que entraron en vigor el pasado diciembre, junto con la prohibición de comprar diésel ruso desde este mismo febrero, componen un paisaje propicio para una nueva escalada de precios: mayor demanda y menor oferta. El barril de Brent cotizaba este miércoles por encima de los 85 euros. El precio medio de la gasolina en España era de 1,643 euros el litro, y de 1,642 euros el diésel.

El discurso de Alberto Núñez Feijóo está poblado de referencias a la situación que atraviesan las clases medias y bajas como consecuencia de la inflación y, en general, a los sectores sociales más vulnerables, que son los que están sufriendo con más intensidad las consecuencias del alza de precios. Su agenda, sin embargo, transcurre por otros derroteros. Desde que el PP declaró inaugurado el curso político el pasado 27 de agosto en un acto multitudinario organizado en Cotobade (Pontevedra), los contactos públicos del líder de la oposición otorgan prioridad absoluta a los empresarios. 

De los 18 actos no estrictamente de partido en los que Feijóo ha participado en las últimas cinco semanas, diez han tenido al líder del Partido Popular como invitado principal en eventos organizados por empresarios, por organizaciones de la patronal o por entidades vinculadas a las grandes empresas españolas. Las otras ocho se han repartido entre foros afines —desde el que organiza anualmente en La Toja un grupo hotelero en colaboración con el exministro de Aznar Josep Piqué a actos organizados por el grupo de comunicación Joly y la agencia Europa Press—, visitas a mercados y ferias —Palma de Mallorca, Albacete y Salamanca— y apenas dos reuniones con organizaciones sociales: la Asociación Española de Familias Numerosas y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ambas el pasado 22 de septiembre.

La entente de Feijóo con la patronal y las empresas españolas comenzó el 9 de septiembre de la mano del sector turístico tarraconense y de Pimec, la patronal más representativa de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, con sede en Barcelona.​ Cuatro días después, el 13 de septiembre, visitó en Arévalo (Segovia) una empresa de fabricación de plásticos para automóvil y se reunió con un grupo las empresas del sector de automoción de la Castilla y León. Con los primeros denunció el alza de los precios de la energía. Con los segundos, el fracaso de los fondos europeos destinados al sector del automóvil.

El 16 de septiembre, Feijóo se trasladó a Murcia para participar en el Foro de la Empresa Familiar de la Región. La Empresa Familiar es un anfitrión habitual de los líderes del PP y fue siempre uno de los más apreciados por el anterior presidente, Pablo Casado. 

El actual jefe de filas de la oposición repitió con ellos el pasado 3 de octubre, en el mucho más trascendente Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Cáceres, una cita obligada parta la elite empresarial española. Allí los organizadores no disimularon su aprecio por Feijóo y sus reproches al Gobierno de Pedro Sánchez, al que entrevistó para todos los asistentes el director general del instituto organizador, José Luis Blanco.

La lista de encuentros relacionados con la patronal incluye también a sectores agroganaderos, como las bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero, con las que se reunió en Roa de Burgos el pasado 20 de septiembre. Allí, con los viñedos como escenario, aprovechó para acusar al Gobierno de demonizar el vino.

Tres días después, Feijóo fue el conferenciante inaugural de la tercera edición de Taleñt, un evento organizado por Pablo González Ruiz de la Torre, fundador de Trivu, una organización patrocinada, entre otros, por el BBVA, Telefónica, Santander, Cepsa y administraciones gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Andalucía. 

El 27 de septiembre, el presidente del PP fue el invitado de honor del Cercle d’Economía de Mallorca, una entidad vinculada a los empresarios de la isla. Allí se autoproclamó como el “garante de la estabilidad que necesita España”. Al día siguiente, habló para los empresarios que acudieron a una conferencia en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Madrid y el 29 se desplazó a Vigo para reunirse con la Confederación Española de Pesca, la patronal del sector en España y probablemente la organización empresarial pesquera más importante de Europa. Este martes acudió a la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebraba en Madrid y que congrega a operadores hortofrutícolas nacionales e internacionales.

La apuesta del líder del PP por las empresas en general y por las del Íbex en particular coincide en el tiempo con la decisión del Gobierno de España de poner en marcha impuestos temporales a las eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas para que contribuyan a asumir los costes de las medidas sociales puestas era marcha por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos negativos de la invasión rusa de Ucrania. Y con la oposición frontal que Feijóo mantiene a estos impuestos. 

En realidad Feijóo no ha hecho sino intensificar la agenda que puso en marcha nada más llegar a la presidencia del PP. Antes del verano ya había mantenido contactos con empresarios de diferentes comunidades autónomas y con organizaciones empresariales como el Cercle d’Economia de Catalunya, Foment del Treball, el Círculo de Empresarios Vascos o la Asociación de Empresarios Valencianos.

En los actos a los que acude es habitual ver a representantes de grandes empresas como Repsol, Naturgy, Endesa, Acciona, Iberdrola, Cepsa, Banco Santander, KPMG, Sacyr o El Corte Inglés. Sólo en el reciente Congreso de la Empresa Familiar de Cáceres estuvieron los algunos de los máximos responsables de empresas como Coca-Cola Europacific Partners, el grupo Iberostar, Inditex, Acciona, Barceló, la Banca March, el Grupo Osborne, el Grupo Puig o la Corporación Hijos de Rivera, por citar algunos ejemplos.

Debería haberse mantenido en secreto. El gigante del lujo Kering, dueño de la exitosísima Gucci y controlado por el multimillonario François-Henri Pinault, se vio obligado a tirar de chequera para liquidar el capítulo francés del enorme esquema de evasión fiscal que fue revelado en 2018 por Mediapart y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

En 2020, Kering tuvo que pagar al Estado francés al menos 210 millones de euros como regularización fiscal de sus filiales Yves Saint Laurent y Balenciaga, según la información que Mediapart ha compartido con la red de medios EIC y el periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Las dos empresas, emblemáticas del lujo francés, han publicado esta información en los estados financieros oficiales que han presentado en el registro mercantil. Según varias fuentes conocedoras del asunto, la cantidad pagada ha sido en realidad superior a la que aparece en las cuentas. Contactada por Mediapart, Kering confirma que la investigación fiscal francesa ha quedado “cerrada” y asegura que esa cifra “no es exacta”, pero declina revelar la cantidad.

En mayo de 2019, la propia Kering anunció que había pagado una multa de 1.250 millones de euros en Italia, que castigaba la aplicación del mismo régimen fiscal en su filial Gucci, la mina de oro que genera más del 80% del beneficio del grupo. Es el acuerdo fiscal de mayor volumen jamás firmado por la Hacienda italiana con una empresa privada que, en cualquier caso, evitó tanto a Gucci como a su filial suiza una condena penal.

Desde que su directivo estrella Marco Bizzarri fue nombrado consejero delegado en 2014, Gucci ha triplicado sus ventas –9.600 millones de euros en 2019– y cuadruplicado los beneficios –4.000 millones– en cinco años. Y, aunque el covid ha ocasionado una caída en las ventas de 2.000 millones, el lujo ha recuperado el ritmo. El negocio de Kering, que anuncia sus resultados anuales este mismo jueves, creció un 36,6% en los nueve meses de 2021.

Gracias a Bizzarri y al director artístico de moda Alessandro Michele, Gucci se ha convertido en una de las mayores marcas de lujo de Europa, por detrás de Chanel, pero por delante de Hermes y Dior. Factura 13.100 millones de euros y emplea a 36.000 personas en todo el mundo.

Para seducir a los clientes menores de 35 años, Kering no duda en ensalzar los valores de “transparencia” y responsabilidad medioambiental. Las marcas del grupo se han vuelto políticas, con Gucci haciendo campaña contra las armas de fuego, y Balenciaga, a favor de la protección de los animales. Aún más, en el último desfile de Balenciaga en el Museo Metropolitano de Nueva York, Kim Kardashian apareció en la pasarela vestida de negro, incluido un pasamontañas que le cubría totalmente la cara. Y que se interpretó como una muestra de apoyo a las mujeres afganas. El vídeo hizo furor en las redes sociales.

Pero, sobre los impuestos, la transparencia de Kering y Gucci es mucho más limitada.

Durante casi 20 años, François Pinault y luego su hijo François-Henri, que poseen la quinta fortuna de Francia –41.000 millones de euros según los cálculos de la revista de negocios Challenges–, utilizaron un esquema de evasión fiscal a gran escala en Suiza, localizando la mayor parte de los beneficios de Kering en una empresa llamada Luxury Goods International (LGI), situada cerca de Lugano, en el cantón italiano de Ticino.

LGI sólo gestionaba los almacenes y la logística de Kering. Pero cobraba todos los ingresos de las ventas al por mayor de las tiendas, pese a que casi todo el trabajo se hacía en Milán, París o Londres. Este montaje se aplicaba a todas las marcas de Kering, ya fueran francesas (Yves Saint-Laurent, Balenciaga), italianas (Gucci, Bottega Veneta) o británicas (Alexander McQueen, Stella McCartney).

LGI contaba con un tax ruling, un acuerdo fiscal secreto y muy generoso, que le permitía pagar un impuesto de sociedades efectivo sobre los beneficios de sólo el 8,6%. Según revelan Mediapart y EIC, el grupo se ahorró unos 2.500 millones de euros en impuestos entre 2002 y 2017, la gran mayoría a costa del Estado italiano.

Las autoridades francesas no fueron muy severas con los Pinault, que recibieron una importante rebaja en la regularización y no fueron procesados penalmente. “Este caso demuestra que las multinacionales no tienen ningún interés en pagar sus impuestos”, sonríe un abogado fiscalista al que Mediapart le ha enseñado los documentos sobre el caso.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso la red EIC, la Agencia Tributaria francesa (DGFIP) redujo significativamente el importe de la regularización fiscal de Kering, al aceptar en 2020 un acuerdo según un procedimiento muy favorable denominado règlement d’ensemble o liquidación general, que permite rebajar no sólo las sanciones, sino también el importe de los propios impuestos adeudados.

El fisco francés no aplicó las sanciones por fraude fiscal y no presentó ninguna denuncia contra Kering. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que había abierto una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, asegura a Mediapart que cerró el caso sin más actuaciones en mayo de 2021, pero ha declinado hacer más comentarios. La DGFIP, por su parte, no ha respondido a las preguntas del periódico francés.

Los fiscales italianos, que investigaron el mismo esquema suizo de Kering, no fueron mucho más severos. Según las informaciones de EIC, el consejero delegado de Gucci, Marco Bizzarri, tuvo que aceptar, el 11 de enero de 2021, un acuerdo con un juez de lo Penal de Milán, que transformó una condena de cárcel de seis meses en una multa de 45.000 euros.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Il Fatto Quotidiano, liquida la responsabilidad de Marco Bizzarri en la evasión fiscal de Gucci. Este ejecutivo estrella de la moda mundial “no declaró sus ingresos” de Gucci, que fueron cobrados en su lugar por la empresa suiza LGI, tal y como describe el juez que validó el acuerdo.

Marco Bizzarri no ha respondido a las preguntas de la red EIC. Kering, además, se ha negado a contestar sobre el capítulo italiano del caso, afirmando que “se trata de temas antiguos, ya tratados por Mediapart en el pasado y sobre los que Kering ya ha tenido la oportunidad de responder”.

El antecesor de Bizzari en Gucci, Patrizio di Marco, también cerró un acuerdo penal, acompañado de una condena a prestar servicios a la comunidad, en marzo de 2021. Pero tuvo que pagar a la Hacienda italiana 20 millones de euros por no declarar sus ingresos reales. Di Marco, ahora presidente de End Clothing, una marca de ropa deporiva controlada por el fondo de inversión Carlyle, cobraba 6,7 millones de euros al año. Residente en Suiza, percibía una pequeña parte de su sueldo de la italiana Guccio Gucci Spa, pero la mayor cuantía procedía de Castera, una sociedad pantalla radicada en Luxemburgo y filial de Kering, que no tenía actividad alguna en el Gran Ducado. Además, al dejar Gucci, se le abonó un finiquito de 11,22 millones de euros a través de una empresa de Panamá llamada Vandy International SA, que le fue ingresado en una cuenta de un banco de Singapur. Di Marco tampoco ha contestado a las preguntas sobre el caso que le ha formulado EIC.

El informe policial de 180 páginas sobre el caso Gucci, presentado el 25 de enero de 2019 por la Guardia di Finanza de Milán y obtenido por Mediapart, muestra que Gucci localizó artificialmente 5.000 millones de euros de beneficios en Suiza sólo entre 2010 y 2017. Esas ganancias tributaron en Suiza entre 2010 y 2017 a una tasa efectiva de entre el 7,2% y el 12,5%. Si hubieran sido declaradas en Italia, Kering habría tenido que aplicarse un tipo del 30%, lo que se traduce en una factura fiscal de unos 1.500 millones de euros. Recuérdese que la multa que el grupo pagó en Italia fue inferior a esa cifra: 1.250 millones.

Pero hay una segunda parte del caso que Kering y Gucci esperaban mantener en secreto. Además de la condena a prisión suspendida por la evasión fiscal de Gucci, Marco Bizzarri tuvo que pagar una enorme liquidación fiscal, esta vez individual. No obstante, esa regularización fue sufragada por Kering, con un coste de casi 40 millones de euros.

Porque los Pinault no se contentaron con eludir el impuesto de sociedades. Kering había trasladado ficticiamente a Suiza a una veintena de altos ejecutivos de Gucci, en un intento por dar contenido al esquema fiscal suizo. Fueron trasladados a LGS, una sociedad pantalla suiza que se encargaba únicamente de sus contratos de trabajo. Este traslado tenía también la ventaja de ahorrar a Kering costes en las cotizaciones a la Seguridad Social –más elevadas en Italia– de los salarios más altos de la empresa.

Bizzari y otros directivos recibieron un trato especial. Desde 2010, cuando trabajaba para la marca italiana de Kering Bottega Veneta, tenía un contrato de trabajo con la luxemburguesa Castera. Además, Bizzarri se convirtió en residente fiscal suizo en virtud del régimen ultraventajoso de forfait, que permite a los extranjeros sin actividad lucrativa en el país helvético pagar impuestos en función de sus gastos, no de sus ingresos o patrimonio. De esta forma, Bizzarri sólo abonaba 150.000 euros de impuestos al año por su salario luxemburgués.

Cuando ascendieron a Bizzarri a consejero delegado de Gucci en 2014, el director general de Kering, François-Henri Pinault, y su adjunto, Jean-François Palus, le ofrecieron un gran aumento de sueldo. Desde ese momento, Castera le pagaba el 60% de su sueldo y Guccio Gucci Spa el resto. Según el informe de la policía fiscal italiana, cobró en total 5,5 millones de euros en 2015 y 6,3 millones en 2016.

Oficialmente, el CEO de Gucci no pasaba más de la mitad del año en Italia. Pero, como demuestra la investigación de la policía financiera, su principal lugar de trabajo era su oficina en el Gucci Hub de Milán. Oficialmente, vivía en un bonito apartamento con vistas al lago de Lugano. En realidad, su casa era un lujoso ático en el centro de la ciudad italiana, con una vista panorámica del Duomo y pagado discretamente por Kering.

Pero el 15 de noviembre de 2016, la policía italiana realizó una primera redada en la sede de Kering Italia, en un caso que llevó a la policía a la investigación de la trama fiscal de Gucci. Cuatro meses después, el 16 de febrero de 2017, Marco Bizzarri presentó una solicitud de regularización ante las autoridades fiscales italianas. Así pudo acogerse a la collaborazione volontaria, vigente hasta el 31 de julio de 2017, que concedía una amnistía penal y una reducción de las penas a los evasores fiscales que repatriaran sus activos.

Durante este procedimiento, el patrón de Gucci admitió que su domicilio en Suiza era falso, y que “su domicilio y su residencia fiscal [...] deben considerarse establecidos en Italia”, según consta en el informe de la policía financiera.

En marzo de 2018, Marco Bizzarri aceptó pagar 16,1 millones de euros por los años 2009 a 2015, más los impuestos italianos por los siguientes años de su contrato con Castera, la empresa fantasma luxemburguesa de Kering.

Las cifras del informe de la policía italiana sugieren que la factura fue pagada en su totalidad por Kering. En 2016, Castera pagó a Bizzarri cuatro millones de euros en concepto de salario, incluidos los bonus. En 2017, año de la regularización fiscal, cobró 43,5 millones. Por lo que se ve, Kering pagó a Bizzarri un superbonus de 39,5 millones de euros brutos para sufragar su regularización fiscal. Esta cifra es coherente con el repunte de los gastos de personal de Castera, que pasaron de 12 a 78 millones de 2017 a 2018, según los archivos de la compañía. Tanto Bizzarri como Kering han declinado hacer ningún comentario al respecto. Pero habría sido difícil para Kering no ser generoso con Bizzarri, que genera, con Gucci, el 83% de los beneficios del grupo.

Kering también tenía su propio interés en zanjar el asunto de forma discreta, ya que se beneficiaba del esquema suizo mucho más que Bizzarri. La operación estaba diseñada “para optimizar la carga fiscal del grupo sobre la remuneración de Bizzarri”, explica el informe policial.

Los investigadores indican que las negociaciones sobre el salario de Marco Bizzarri fueron “conducidas directamente por la dirección de Kering y, en particular, por [el consejero delegado] François-Henri Pinault y [el número 2 del grupo] Jean-François Palus”.

Un correo electrónico, ya revelado por Mediapart, muestra que François-Henri Pinault dio luz verde y fue informado del esquema con todos los detalles, incluso sobre la residencia suiza del jefe de Gucci en la zona de Lugano. La policía también encontró pruebas de que François-Henri Pinault acudía con regularidad a la sede de Gucci en Milán para reunirse con Marco Bizzarri, aunque se suponía que trabajaba principalmente en Suiza.

Más allá del caso Bizzarri, la policía italiana también recogió pruebas que apuntan a la responsabilidad personal de François-Henri Pinault en la trama de evasión fiscal del grupo Kering, que se ahorró más de 2.500 millones de euros en impuestos a través de la empresa suiza LGI.

Micaela Le Divelec, que fue la número dos de facto de Gucci hasta 2018, declaró a la policía financiera que la decisión de “trasladar las funciones globales del negocio [Gucci] a Suiza” se tomó “alrededor de 2011 o 2012 por la voluntad de [Patrizio] Di Marco [en ese momento CEO de Gucci] y con la contribución de Kering Francia (François [Henri] Pinault y Jean-François Palus)”.

Palus también fue hasta 2016 presidente de LGI, la empresa suiza en el centro de la trama fiscal, mientras que su jefe se sentaba en el consejo de Kering Holland, la empresa buzón holandesa que controla LGI. A pesar de estos datos, la justicia italiana no procesó a los ejecutivos de Kering, sino sólo a los sucesivos jefes de Gucci. Y la empresa no tuvo que responder en un proceso penal, puesto que el fraude fiscal se cometió entre los años 2010 y 2017, pero la ley italiana sólo incluyó el delito tributario como motivo para procesar a una sociedad anónima a partir de 2019.

Pues bien, Francia se mostró aún más indulgente, como demuestra el curso de las causas penal y fiscal, que la red EIC ha podido reconstruir gracias a documentos públicos y a fuentes conocedoras del caso.

En marzo de 2018, Mediapart reveló que las filiales francesas de Kering, Yves Saint-Laurent y Balenciaga, también evadieron impuestos en Francia, gracias al mismo montaje en Suiza. Según los cálculos de Mediapart, sólo la marca Yves-Saint Laurent redujo así su factura fiscal en unos 250 millones de euros entre 2013 y 2018. Kering responde que esas cifras “son inexactas”, sin dar más detalles.

La publicación del esquema suizo se produjo en un mal momento para Kering. Dos meses antes, en enero de 2018, la Agencia Tributaria francesa había abierto una investigación fiscal a Yves Saint-Laurent que se amplió más tarde a Balenciaga.

Como resultado, Kering se apresuró a repatriar a Francia los ingresos alojados en la empresa suiza LGI. Entre 2018 y 2019, la facturación de Yves Saint Laurent SAS pasó así de 393 millones de euros a 1.180 millones. Lo mismo ocurrió en Balenciaga, cuyos ingresos se multiplicaron repentinamente por cinco, pasando de 185 a 927 millones de euros.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es más compleja. A diferencia de sus colegas italianos, los fiscales franceses no pueden investigar por evasión fiscal a una empresa si no hay una denuncia de la Agencia Tributaria: es el famoso “candado de Bercy”, el que es como se conoce al Ministerio de Finanzas de Francia por la calle donde está situada su sede central.

En febrero de 2019, la Fiscalía Nacional Financiera abrió sin embargo una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, una infracción penal conexa pero autónoma, para evitar la prescripción del caso Kering.

Pero la Fiscalía no hizo registros ni solicitó declaraciones. Ni pidió oficialmente el expediente judicial italiano, aunque se establecieron contactos con los fiscales de Milán. La Fiscalía Nacional Financiera ha optado por esperar al resultado de la investigación fiscal, y a una posible denuncia de la DGFIP. Una denuncia que no ha llegado a presentarse.

En 2019, las autoridades fiscales, que investigaban cuatro ejercicios contables —2015 a 2018— de Kering, notificaron a las dos filiales francesas del grupo una primera “propuesta de rectificación” relativa únicamente a los dos primeros años, 2015 y 2016.

Yves Saint-Laurent hace una provisión de 140 millones de euros en sus cuentas, y Balenciaga de 35 millones, un total de 175 millones. Las filiales de Kering especifican, en sus balances de 2019, que “los ajustes notificados han sido impugnados” y que las provisiones sólo cubren los importes que están dispuestos a aceptar.

En consecuencia, el importe de las regularizaciones notificadas por la Agencia Tributaria supera ampliamente los 175 millones en dos años. Sumando los dos años 2018 y 2019, la Hacienda francesa pide a Kering, por tanto, un total de más de 350 millones de euros.

Un año más tarde, en 2020, el caso se resolvió de forma amistosa con el fisco. En sus cuentas oficiales, Yves Saint Laurent anotó una carga fiscal excepcional de 154 millones de euros, y Balenciaga de 56 millones. Es decir, 210 millones de euros en total para Kering.

Según las fuentes consultadas, el importe total de la regularización es en realidad más elevado, y comparable al que obtuvo Italia, teniendo en cuenta el peso respectivo de Kering en los dos países.

No obstante, las autoridades fiscales francesas redujeron considerablemente sus pretensiones iniciales y concedieron a Kering el régimen más favorable posible.

En caso de acuerdo amistoso, éste sólo reduce las sanciones. Pero Kering se benefició de una “liquidación general”, que también permite conceder una rebaja del importe de los propios impuestos. Este procedimiento, que afecta principalmente a las grandes empresas, fue criticado en 2018 por el Tribunal de Cuentas de Francia por su opacidad y su falta de base legal.

En este acuerdo, la DGFIP no aplicó la sanción del 80% por maniobras fraudulentas, que desencadena automáticamente la presentación de una denuncia ante el fiscal. Por tanto, Bercy no presentó ninguna denuncia. Y la Fiscalía Nacional Financiera cerró finalmente la investigación penal sin más trámite en mayo de 2021. Según las fuentes consultadas, los fiscales consideraron que sería demasiado difícil perseguir el blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal, una vez que la Agencia Tributaria había establecido que no hubo fraude fiscal.

La Fiscalía Financiera también ha declinado comentar esta parte del caso. Y la Agencia Tributaria no ha respondido a las preguntas de Mediapart. Por su parte, Kering indica que sus “discusiones” con la administración fiscal “se mantienen siempre sobre la base de un estricto análisis técnico, relativo, en este caso, a los precios de transferencia”, los que fijan las filiales de un grupo para intercambiarse bienes o servicios y que tienen implicaciones fiscales si no respetan el valor de mercado.

Varios expertos contactados por Mediapart explican, sin embargo, que este tipo de rebajas en las regularizaciones es muy común en los complejos acuerdos fiscales que firman las multinacionales, tanto en Francia como en Italia. “En estos casos, el fisco piensa sobre todo en recuperar dinero, no en sanciones penales. Y dado el carácter técnico del Derecho fiscal, Bercy también teme perder en los tribunales contra estas poderosas empresas y su ejército de abogados”, advierte un abogado fiscalista con experiencia en esta clase de negociaciones fiscales de alto nivel. “Así que, si la empresa acepta pagar y renuncia a los litigios, las rebajas suelen ser muy sustanciales”, añade otro experto fiscal.

En resumen, el asunto Kering es emblemático de la dificultad, y también de la falta de voluntad, de los Estados para reprimir la evasión fiscal de las multinacionales y sus ejecutivos.

El uso de acuerdos fiscales —y por tanto, la ausencia de persecución penal — es fomentado por Emmanuel Macron y su gobierno. Así lo demuestra una nota de julio de 2019 redactada por el director general de Finanzas Públicas, por orden del entonces ministro de Presupuesto, Gérald Darmanin, hoy ministro del Interior. En esta nota, ya revelada por Mediapart, la DGFIP daba instrucciones a la Agencia Tributaria para favorecer “una conclusión pacífica de las investigaciones fiscales”, utilizando toda la gama de acuerdos amistosos, incluyendo, para los casos “particularmente complejos”, el procedimiento de “liquidación global” que permite conceder una rebaja en la regularización fiscal. El mismo mecanismo del que se benefició Kering un año después.

El Foro de Grandes Empresas nació en 2009 como un órgano de cooperación entre las mayores compañías españolas y la Agencia Tributaria. Lo integran 27 empresas, que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes consideró representativas por su volumen de facturación, impuestos pagados, información suministrada a la Agencia Tributaria, número de trabajadores, sector y distribución geográfica. Están todos los grandes bancos, las mayores eléctricas, automovilísticas, petroleras… Buena parte del Íbex 35, y algunas más. Desde entonces, el foro ha celebrado 23 reuniones, a razón de dos anuales, además de crear seis grupos de trabajo. Presidido por el presidente de la Agencia Tributaria, tiene carácter “informal, asociativo, flexible y desburocratizado”; por tanto, sus acuerdos, que se adoptan por consenso, no tienen carácter jurídico vinculante.

Uno de ellos fue elaborar un Código de Buenas Prácticas Tributarias, en 2010, al que en estos momentos se encuentran adheridas 164 empresas. Cinco años más tarde, el mismo foro aprobó un anexo a ese código por el que las empresas accedían a presentar cada ejercicio un informe fiscal a la Agencia Tributaria. Por supuesto, con carácter voluntario y reservado. Se concebía como un instrumento para “reforzar las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial”. La información suministrada es sustanciosa y abarca desde la presencia de las empresas en paraísos fiscales y su grado de cumplimiento de las normas BEPS de la OCDE –posibles dobles deducciones fiscales o doble no imposición por negocios en otros países, por ejemplo–, hasta los sistemas de financiación que usan, los cambios que realicen en sus holdings o las comisiones de gestión que se pagan por las operaciones intragrupo.

Desde 2016 ha ido aumentando el número de empresas que han facilitado esos datos a la Agencia Tributaria. Pero, aun así, este año sólo 34 de las 164 empresas adscritas al Código de Buenas Prácticas han presentado informes de transparencia fiscal correspondientes a 2020. Es más, de las 27 compañías del Foro de Grandes Empresas, sólo 15 lo han hecho. Y las ausencias son notables.

Pese a sentarse en ese órgano de cooperación con la Agencia Tributaria, ni Telefónica ni El Corte Inglés ni Naturgy han presentado el informe antes descrito. Tampoco Mapfre, Iberia, Vodafone o Renault. Ni Acerinox, Cofares, Generali España, Michelin y Norfin Holder, la filial de Carrefour en España.

Sí han facilitado información fiscal a la Agencia Tributaria los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter), las constructoras ACS, Acciona, FCC y Ferrovial, las energéticas Endesa, Iberdrola, Enel, Enagás, Red Eléctrica, Cepsa, Repsol y BP España, además de Amadeus, Inditex, Mercadona, Seat y Siemens. También la pública AENA, Arcelor Mittal, Amadeus, American Express, Cellnex, Siemens y Abertis. Y otras más pequeñas como el Grupo Armando Álvarez, fabricante de plásticos de polietileno; la biotecnológica Biohope y el grupo Renovalia, productor de energía solar. E incluso una empresa municipal, Saneamientos de Córdoba SA. También han cumplido las entidades de certificación Aenor y la Asociación Española de Normalización (UNE).

Entre las 164 adheridas al Código de Buena Conducta Tributaria, las ausencias también son significativas. No están las dos principales cadenas de televisión, Atresmedia y Mediaset, pero tampoco Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores, ni las sociedades rectoras de las bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Ni la empresa pública Loterías del Estado ni la semipública Hispasat. Se les suman la consultora Ernst & Young, Unicaja y Banca March. Como también las dos grandes farmacéuticas del Íbex, Almirall y Grifols. Los supermercados DIA y Telepizza han preferido no compartir información fiscal con la Agencia Tributaria. Lo mismo que las constructoras OHL y Sacyr Vallehermoso o Colonial y Metrovacesa. Entre las eléctricas, Viesgo. Y del sector turístico, la cadena hotelera NH.

Precisamente, el componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno español ha enviado a Bruselas incluye el “avance en el desarrollo del modelo de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas”. Como indicador de seguimiento de esa iniciativa, la Agencia Tributaria ha facilitado a la Comisión Europea el número de informes de transparencia fiscal presentados por las empresas. Así se lo explicó el director del organismo, Jesús Gascón, a los miembros del Foro en el pleno que celebraron el pasado mes de junio.

Cuando las 27 grandes empresas aprobaron la propuesta para facilitar los informes en aras a reforzar la cooperación con la Agencia Tributaria, convinieron en que la transparencia fiscal supone “la entrega de información más allá de los requerimientos legales”. Ese ejercicio, aseguraban en el texto aprobado, redunda en “una mejora de la reputación y de la empresa como contribuyente responsable, aumentando con ello el valor de las compañías y el interés de los inversores”. También les garantiza una mayor seguridad jurídica y una reducción de costes. E incluso reproducían una frase de la OCDE donde se destacaba que la relación del contribuyente con la administración tributaria basada en la “cooperación y confianza mutua” suponía “una voluntad de ir más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones legales”.

Pero, a la vista del tímido número de grandes empresas que han desnudado sus políticas fiscales ante la Agencia Tributaria, no parece que valoren demasiado las ventajas reputacionales o la seguridad jurídica correspondientes. Pese a que, en cualquier caso, las empresas deciden “de mutuo acuerdo” con la Agencia “el contenido y alcance” de la información que se va a poner en común. Esos datos, además, sólo pueden utilizarse para el análisis de riesgos fiscales de las empresas por parte del organismo.

Es decir, las empresas no tienen por qué proporcionar a la Agencia Tributaria ni un dato más de los quieran facilitar, limitando la información a España y omitiendo cualquier referencia a su actividad exterior. El catálogo teórico de datos aprobado en 2015 es amplio. No sólo pueden explicar qué tipo de operaciones desarrollan en paraísos fiscales –ya sean los de la lista española o cualquier otra clasificación–, sino también cómo se financian, si utilizan derivados y cuál es la política de dividendos.

También pueden describir sus acuerdos de intangibles –cánones, patentes, royalties–, cuya cesión es uno de los principales instrumentos utilizados por las multinacionales para rebajar su factura fiscal. Otro tanto ocurre con las comisiones de gestión que se pagan entre filiales de un mismo grupo. Por eso, la Agencia Tributaria pide a las grandes empresas que sean transparentes y detallen qué servicios se prestan entre las distintas sociedades de un mismo grupo y cómo se retribuyen.

Un capítulo importante del informe de transparencia debería estar dedicado igualmente a precisar el grado en que las grandes compañías cumplen con el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) de la OCDE. Lo que incluye las operaciones de estas empresas en el exterior: si han firmado algún tax ruling –acuerdos preferenciales con otros Estados, como los que firmó Luxemburgo con multinacionales y fueron revelados por los Luxleaks—o no han pagado impuestos ni en España ni en terceros países por ciertas operaciones.

Además, pueden informar a la Agencia Tributaria de su estrategia fiscal, de los cambios que han realizado en su estructura de holding, de cuáles son sus medidas para prevenir operaciones ilícitas, de blanqueo o alzamiento de bienes y hasta de si tienen litigios fiscales pendientes.

En resumen, un auténtico ejercicio de striptease fiscal sobre el que las empresas, no obstante, mantienen todo el control. Y que aún pocas se atreven a hacer.

España recaudará unos 2.500 millones de euros al año cuando se empiece a aplicar el acuerdo de la OCDE para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y la cifra crecerá hasta los 3.600 millones a medida que se retiran parte de las excepciones contempladas en el pacto, según un informe publicado este miércoles por el Observatorio Fiscal de la UE, informa Europa Press.

En ausencia de las exenciones previstas en el acuerdo, España recaudaría unos 5.200 millones de euros al año, por lo que el país perderá los primeros años la mitad de la recaudación que podría obtener en caso de que no se hubieran pactado desviaciones sobre el acuerdo principal en la OCDE.

El organismo ha estimado la recaudación adicional de cada país de la UE y el resto de países de la OCDE aplicando el acuerdo alcanzado recientemente entre 136 jurisdicciones a nivel internacional sobre la fiscalidad de las multinacionales.

El pacto contempla el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15%, pero también una serie de excepciones que rebajan los recursos obtenidos por las arcas públicas. En concreto, recoge un periodo de transición de diez años en el que estas salvaguardas se irán eliminando progresivamente.

Así, el informe del Observatorio Fiscal de la UE calcula que España recaudaría 5.200 millones de euros más si no existieran estas derogaciones. Pero con ellas, empezará ingresando 2.500 millones y la cifra aumentará hasta los 3.600 millones adicionales al año diez años después.

A nivel europeo, el estudio estima que los Veintisiete recaudarían 83.300 millones de euros más en ausencia de las exenciones. Sin embargo, con estas la cifra se reduce a 63.900 millones los primeros años precisamente para crecer al final del periodo de transición hasta los 71.500 millones. Esto significa que la UE perderá 19.000 millones de euros de todos los recursos que podría obtener, un 23,3% menos los primeros años.

En cualquier caso, existen grandes diferencias entre los socios del bloque con respecto. Bélgica será el país que más se beneficie del acuerdo y recaudará 20.100 millones más cuando se empiece a aplicar, seguido de Irlanda, con 10.900 millones más, Alemania, con 7.800 millones más y Luxemburgo, que recaudará 4.500 millones más.

Una de la conclusiones del informe del Observatorio Fiscal de la UE es precisamente que los países con rentas más altas serán los mayores beneficiados porque la mayoría de las compañías multinacionales tienen su sede en estos países.

Un ejemplo es precisamente Estados Unidos, que recaudará 51.200 millones más en los primeros años de aplicación del acuerdo, mientras que Singapur y Canadá ingresarán 22.600 millones y 17.400 millones más. Reino Unido también se encuentra entre los países que más partido sacarán del pacto de la OCDE y expandirá 6.800 millones su recaudación.

Las ganancias serán mucho menores en los países en desarrollo. China, por ejemplo, recaudará 6.000 millones de euros más al año, mientras que en Sudáfrica y en Brasil la cantidad se reduce a 4.000 y 1.500 millones, respectivamente.

Los líderes de finanzas de los países miembros del G20 han aprobado este miércoles apoyar el acuerdo internacional propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aplicar una fiscalidad mínima para las empresas multinacionales, según informa Europa Press. 

Con este acuerdo se establecerá un sistema tributario internacional "más estable y justo", ha destacado el G20 en un comunicado en el que además ha instado a desarrollar "rápidamente" las reglas de este modelo para garantizar que entren en vigor a nivel mundial de cara al año 2023.

Así, el Grupo de los Veinte buscará acordar políticas para "sostener el crecimiento" de la productividad a la par que sirvan para "ayudar a garantizar que los beneficios se compartan equitativamente" tanto en los territorios nacionales como a nivel internacional.

Además, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros han apuntado que continuarán "apoyando la recuperación" de los estragos provocados por la pandemia del covid-19, así como evitarán "cualquier retiro prematuro de las medidas de apoyo".

"Nos esforzaremos por ayudar a abordar los cuellos de botella y la escasez de herramientas covid-19 en los países de ingresos bajos y medianos durante los próximos meses, reafirmando nuestro compromiso de garantizar un acceso seguro, equitativo y asequible a las vacunas, terapias y diagnósticos", han señalado.

Por su parte, el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, ha aplaudido el visto bueno del G20 a un acuerdo en el que están presentes todos los países de la UE y que es "nada menos que una revolución fiscal", al tiempo que ha destacado que los Papeles de Pandora son "otro recordatorio de las injusticias que caracterizan el sistema económico de hoy".

"Las transiciones verde y digital solo se producirán si son justas, por lo que este reinicio del sistema fiscal global es una parte fundamental del cambio que necesitamos ver: todo el mundo debe pagar lo que le corresponde", ha explicado en un comunicado.

El italiano ha señalado que la Comisión Europea planteará una propuesta para trasladar el tipo mínimo del 15 por ciento a la legislación europea cuando la OCDE finalice los detalles, mientras que estudiará "detenidamente" si es necesario diseñar una directiva para cumplir con el otro pilar del acuerdo sobre reasignación territorial de los beneficios de las empresas digitales.

"Victoria para el multilateralismo" 

La OCDE ha dado de este modo un nuevo paso en su tarea de alcanzar un acuerdo internacional con la suma de 136 países al pacto, frente a los 130 que había logrado unir el pasado mes de julio.

"Esto hará que nuestro sistema fiscal internacional sea más justo y funcione mejor. Es una gran victoria para el multilateralismo efectivo y equilibrado. Es un acuerdo de alcance que augura que nuestro sistema fiscal internacional encaja en una economía mundial globalizada y digitalizada", subrayó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, la pasada semana en la presentación del plan.

El acuerdo ataja los problemas derivados de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de grandes empresas a jurisdicciones con una baja fiscalidad. Como ya se había acordado, el acuerdo global se centrará en dos pilares de actuación.

El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10 por ciento, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados.

El marco fiscal asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10 por ciento (hasta un 25 por ciento máximo) se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos a impuestos.

El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global e incluye que el tipo mínimo de los Impuestos sobre Sociedades sea del 15 por ciento en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.

El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, una iniciativa de la Paris School of Economics cofinanciado por la Unión Europea y dirigido por el economista Gabriel Zucman, ha analizado la actividad de 36 bancos sistémicos europeos en paraísos fiscales, cuántos beneficios contabilizan en esos territorios de baja o nula tributación y gran opacidad fiscal y cuántos millones se ahorran en el impuesto de sociedades cada año gracias a esos negocios. En la lista se incluyen cuatro bancos españoles: Santander, BBVA, Bankia BBVABankiay Sabadell. Entre los cuatro sumaron una media anual de 17.698 millones de euros en beneficios antes de impuestos entre 2014 y 2020, el periodo analizado, por los que pagaron 4.837 millones a Hacienda. Según el estudio, el BBVA contabilizó en paraísos fiscales el 0,9% de sus beneficios brutos entre 2014 y 2016, que crecieron hasta el 1,9% entre 2018 y 2020. Los duplicó. El Santander registró offshore el 0,5% de sus ganancias antes de impuestos en esos dos primeros años del análisis, para aumentarlos hasta el 1,3% en los dos siguientes. Casi los dobló. Ni Sabadell ni Bankia tienen negocios en paraísos fiscales.

Los autores del informe, Giulia Aliprandi, Mona Barake y Paul-Emmanuel Chouc, calculan también el déficit fiscal de los bancos, la diferencia entre los impuestos que pagan y los que deberían pagar si se les gravara con una tasa mínima efectiva del 15% –tal y como acaba de aprobar la OCDE para las multinacionales–, del 21% y del 25%. Las 36 entidades analizadas contabilizan un total de 20.000 millones de euros, el 14% de sus beneficios, en paraísos fiscales. El estudio ha incluido a 17 paraísos fiscales en sus cuentas: Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Mauricio, Panamá y Catar. Según sus cifras, el 25% de los beneficios registrados por los 36 bancos –desde HSBC y Barclays hasta Deutsche Bank pasando por ING, BNP Paribas o Intesa Sanpaolo– se contabilizan en países con tipos efectivos por debajo el 15%. En paraísos fiscales, la media es del 20%, aunque hay bancos que no los usan y en otros, como el HSBC, el campeón en esta liga, el 58% de sus ganancias proceden de estos territorios offshoreoffshore. De Hong Kong, en concreto.

Gracias a esos tipos efectivos tan bajos, tanto en el extranjero como en paraísos fiscales, lo que pagan los bancos analizados es de un 20% de media. De hecho, siete de ellos consiguen tributar por debajo del 15%: RBS, Barclays, Bayern LB, Nord LB, HSBC, KBC e Intesa Sanpaolo. De forma que el estudio calcula que el déficit fiscal de las 36 entidades asciende a entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales con un tipo efectivo del 15%. Si la cuenta se hace con un tipo efectivo del 25%, la cifra alcanza la horquilla de 10.000 a 13.000 millones de euros que escapan de las arcas públicas europeas cada año. Esas cantidades equivalen a entre el 6% y el 10% del déficit fiscal que el propio Observatorio ha calculado para el conjunto de las multinacionales europeas. La recaudación procedente de los bancos debería igualar, una vez alcanzado ese 15% mínimo, a la que se esperaría también de las compañías petrolíferas.

El tipo nominal que grava a las entidades financieras en el impuesto de sociedades es en España del 30%. Pero el tipo real es inferior. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la recaudación de ese impuesto en 2019, las últimas publicadas, los grupos bancarios pagan un tipo efectivo sobre su base imponible del 20,61%, 10 puntos menos del nominal, y sólo un 2,11% sobre sus beneficios.

infoLibre tuvo acceso a las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los principales bancos españoles y esto fue lo que encontró.

Santander, número uno en 'déficit fiscal' en 2014

Aunque el HSBC es el banco que lidera el ranking del estudio –registra el 60% de sus beneficios en Hong Kong a un tipo efectivo del 11% y acumula un déficit fiscal de 2.394 millones de euros–, el Santander fue la entidad que tuvo mayor déficit fiscal en el extranjero en 2014, 984 millones de euros. El doble que el británico. En 2015 fue el segundo –345 millones– sólo por detrás del HSBC. En 2018 fue el cuarto –190 millones– y el tercero en 2019. Pero, si el déficit fiscal se mide como porcentaje de los impuestos realmente pagados, el Sabadell resultó ser el tercer banco con mayor deuda tributaria en 2015, un 46%.

De hecho, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE, el déficit fiscal de Santander y BBVA por los beneficios contabilizados en paraísos fiscales asciende a 133,9 millones de eurosdéficit fiscal, la cantidad que habrían tenido que pagar si hubieran sido gravados con un 15% en el impuesto de sociedades. La cifra es aún superior si se hace la misma estimación con los beneficios obtenidos fuera de España, en territorios no considerados paraísos fiscales por estos dos bancos, junto a Sabadell y Bankia: 2.112,2 millones de euros. Además, si hubieran tributado efectivamente al 15% en España, deberían haber pagado 621 millones más de los que realmente ingresaron en las arcas de Hacienda. En total, su déficit fiscal, nacional e internacional, entre 2014 y 2020 asciende a 2.867,2 millones de euros.

Beneficios por empleado y márgenes disparados

El método que utiliza el Observatorio Fiscal de la UE para sus cálculos se basa en el desajuste existente entre la rentabilidad por empleado de los bancos en sus filiales situadas en paraísos fiscales, en las filiales en otros países y en sus propios territorios. Para empezar, pese a que obtienen de media el 14% de sus beneficios en paraísos fiscales, allí sólo tiene el 4% de sus empleados. De forma que la rentabilidad por empleado en territorios offshore es de 283.000 euros, mientras que en el resto de sus filiales en el extranjero cae a 68.000 euros y en el país donde tienen su sede se queda en sólo 63.000 euros.

Además, sus márgenes se disparan en los paraísos fiscales: mientras que en casa el margen oscila entre el 20% y el 25% de media, y en el extranjero se eleva hasta el 34% o el 35%, en los territorios offshore se dispara a entre el 52% y el 58%. Esa discrepancia, explican los autores, puede deberse al gran volumen de depósitos atraídos por los paraísos fiscales o bien al desvío de beneficios, que no puede calcularse con los datos sobre activos de los informes país por país que están obligados a publicar los bancos.

Las multinacionales dejan de declarar en España 23.051 millones de dólares –19.751 millones de euros– anuales desviándolos a paraísos fiscales. La cifra corresponde a la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE. Entre esa fecha y los datos analizados, de 2018, los beneficios obtenidos en España por las grandes compañías internacionales pero trasladados a jurisdicciones de baja o nula tributación han crecido un 64%. En la misma medida se ha disparado también la pérdida en el impuesto de sociedades que la Hacienda española debería haber recaudado por esas cantidades: en 2015 dejó de ingresar 3.720 millones de dólares –3.187 millones de euros–, que en 2018 se convirtieron en 5.763 millones –4.938 millones de euros–.

Es decir, España pierde el 16% de los ingresos del impuesto de sociedades por culpa de la ingeniería financiera que aplican las multinacionales. Son dos puntos más que en 2015 y tres más que en 2016. Aunque quizá lo más sangrante sea que, además, casi el 83% de esas ganancias tienen como destino los paraísos fiscales de la Unión Europea. Cerca de 20.000 millones de dólares terminan en Bélgica, Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. La mayor parte, 6.856 millones, las multinacionales los desvían a sociedades holandesas. Luxemburgo es el segundo favorito, con 6.333 millones.

El desvío de beneficios y la pérdida de ingresos fiscales por estas operaciones multinacionales han crecido en todo el mundo desde 2015, no sólo en España. Un 53,6%, según los datos del estudio, que incluye todos los países de la OCDE y 16 países en desarrollo. Si en 2015 las ganancias distraídas a paraísos fiscales sumaban 616.000 millones de dólares, tres años más tarde se elevan a 946.000. La pérdida global en el impuesto de sociedades ha aumentado un 29,2%, de 188.000 a 243.000 millones de dólares. Por tanto, las cifras españolas superan con creces la media mundial, casi 10 puntos porcentuales en beneficios trasladados y seis en pérdida fiscal –la media mundial es del 9,9% y ha crecido nueve décimas desde 2015–.

En estos tres años, Singapur ha superado a Irlanda como el mayor paraíso fiscal del mundo, puesto que recibió en 2018 132.000 millones de dólares de beneficios multinacionales, por 126.000 millones la isla. Singapur ha duplicado desde 2015 la cantidad de ganancias trasladadas por grandes empresas. Países Bajos es el tercer imán fiscal del mundo, con 106.000 millones de dólares, y Suiza el cuarto, con 102.000 millones. Para hacerse una idea de los volúmenes manejados por estos países, basta con señalar que todos los paraísos del Caribe –casi una veintena sin incluir Bermudas, que se analiza aparte–, suman 110.000 millones de dólares en beneficios atraídos, lo que sitúa la zona por encima del negocio conseguido por Países Bajos.

En total, Tørsløv, Wier y Zucman calculan que el 36% de los beneficios mundiales son trasladados artificialmente a paraísos fiscales cada año. El porcentaje se mantiene más o menos estable desde 2015 –con un ligero descenso hasta el 35,6% en 2018–. Los economistas lo consideran “sorprendente”, si se tiene en cuenta que en 2018 ya llevaba en marcha dos años el proyecto BEPS (siglas inglesas de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios), de la OCDE, cuyo objetivo es precisamente frenar las estrategias fiscales de las multinacionales, que se aprovechan de los agujeros de las legislaciones nacionales. Su conclusión es que en tres años no ha tenido “ningún efecto mensurable”. En todo caso, habrá que esperar para saber qué ocurre tras el reciente acuerdo para implantar un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades.

Tampoco han detectado efecto alguno sobre el traslado de beneficios de la rebaja de impuestos aprobada por Donald Trump a finales de 2017. Al contrario, destacan los economistas, EEUU ha aumentado su pérdida fiscal, que era del 14%-19% que sufría entre 2015 y 2017 al 23% en 2018.

Cada vez más hacia paraísos fiscales de la UE

En el caso español, el alza en el desvío de beneficios entre 2015 y 2018, el 64%, supera al de Alemania, que fue del 50,9%; Francia, del 46,8%, o Italia, que se quedó en el 39%. Pero le gana por goleada Reino Unido, que casi lo ha duplicado.

Como queda dicho, la mayor parte de los beneficios desviados por las multinacionales que operan en España va a parar a paraísos fiscales situados dentro de la propia UE. Además, ese volumen de ganancias ha crecido en estos tres años un 59,7%, muy por encima del 35,3% en que han aumentado las destinadas a territorios extracomunitarios. Sólo han perdido fuelle las transferidas a Suiza, que han caído un 4,3%. Por el contrario, las dirigidas a otras jurisdicciones fuera de la UE, como Bermuda y el resto del Caribe, Puerto Rico, Hong Kong y Singapur, se han más que duplicadoBermuda y el resto del Caribe, hasta los 2.018 millones de dólares, y superan ya a las suizas –1.989 millones en 2018–.

Dentro de la UE, han sido las transferencias españolas a Chipre las que más se han disparado entre 2015 y 2018: se han quintuplicado. Claro que su volumen es muy pequeño: han pasado de cuatro a 20 millones de dólares. Las que viajaron a Malta se han elevado un 73%, hasta los 301 millones. Los beneficios desviados a Bélgica han crecido un 31,4%, por lo que suponen ya 1.397 millones, y los trasladados a Países Bajos, un 47,6% –6.856 millones–. Más éxito ha tenido Irlanda, con un alza del 60,7% y un volumen total de 4.138 millones de dólares. Pero es Luxemburgo la plaza más concurrida para las multinacionales con negocio español: los beneficios transferidos han aumentado un 83,1%, de forma que maneja 6.333 millones de dólares.

Traducido en ingresos perdidos para la Hacienda nacional, resulta que de los 5.763 millones de dólares que se dejaron de ingresar en 2018, 1.714 millones corresponden a beneficios desviados a Países Bajos, 1.583 millones a Luxemburgo y 1.034 millones a Irlanda, por citar a los tres principales trileros fiscales comunitarios.

Exceso de beneficios artificial

¿Cómo calculan Tørsløv, Wier y Zucman esos beneficios trasladados disimuladamente por las multinacionales? Las empresas extranjeras situadas en paraísos fiscales son siempre mucho más rentables que las nacionales. Por el contrario, las empresas extranjeras son siempre menos rentables que las empresas locales en los países de alta fiscalidad. Así que han medido el exceso de beneficios artificial en los paraísos fiscales como la diferencia de rentabilidad entre empresas locales y extranjeras. A su vez, el exceso de rentabilidad de las multinacionales en los paraísos fiscales se explica por las enormes transferencias, en forma de cánones, comisiones de gestión e intereses, que les llegan desde países con alta tributación. Los consideran excesivos al compararlos con el tamaño de la economía real de ese país. Así, por ejemplo, desde España las multinacionales pagaron en 2018 “en exceso” 4.281 millones de dólares en intereses por inversiones extranjeras directas y 13.743 millones en royalties, seguros y servicios financieros. Según sus cálculos, España es la propietaria última de 10.182 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, de los cuales 5.088 millones se encuentran en Países Bajos.

Por su parte, Estados Unidos posee el 50% de los beneficios desviados a paraísos fiscales de todo el mundo, pero sólo pierde el 23% de los beneficios trasladados a los paraísos fiscales. Por el contrario, la UE y los países en desarrollo tienen menos beneficios en los paraísos fiscales, pero pierden más por culpa del traslado de beneficios. Sólo con un tipo mínimo global del 15%, calcula Gabriel Zucman, la UE aumentaría su recaudación del impuesto de sociedades en 50.000 millones de euros y en 100.000 millones si se elevara al 21%. De ellos, 5.400 millones le corresponderían a España. Ése es el importe del gasto sanitario previsto por las comunidades autónomas para este año.