El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han intensificado en las últimas horas de este martes sus contactos en busca de un acuerdo 'in extremis' para evitar que descarrilen los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026.

El pleno del Parlament catalán debatirá este viernes el proyecto presupuestario del Govern y, si socialistas y republicanos no alcanzan algún tipo de compromiso, ERC mantendrá su enmienda a la totalidad y el pleno rechazará la tramitación de las cuentas.

Para retirar su enmienda a la totalidad, ERC pone como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez dé garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa. Hasta este martes no ha habido ningún gesto en este sentido, ni del presidente del Gobierno ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que los presupuestos de Illa —que ya tienen el aval de Comuns— no cuentan con el apoyo imprescindible de ERC.

Sin embargo, en las últimas horas de este martes ha habido movimientos entre ambas partes para intentar acercar posiciones y encontrar una fórmula que evite el choque de trenes en el pleno del viernes.

Este martes al mediodía, una delegación de ERC —integrada por el vicesecretario de comunicación, Isaac Albert; el director general, Lluís Salvadó; la jefa de gabinete de Oriol Junqueras, Mercè Pastor, y el secretario general adjunto, Oriol López— se ha reunido con representantes del Govern y del PSC en el Palau de la Generalitat. Fuentes conocedoras del encuentro consultadas por EFE han explicado que la reunión ha ido bien, aunque han expresado su cautela, a la espera de ver cómo avanzan las conversaciones, sobre las que públicamente ambas partes mantienen un estricto hermetismo.

Desde las filas republicanas, hay la sensación de que los socialistas empiezan a entender la encrucijada en la que se encuentran los presupuestos y la necesidad de moverse para evitar que el debate parlamentario del viernes acabe en descalabro. Son dos las posibilidades para esquivar una derrota parlamentaria de los presupuestos: o bien ERC arranca un compromiso de última hora y retira su enmienda a la totalidad, o bien el Govern opta por retirar su proyecto presupuestario para ganar tiempo para seguir negociando y presentarlo dentro de unas semanas, como han sugerido los republicanos.

Este miércoles puede ser un día clave para la búsqueda de una solución entre socialistas y republicanos, que se verán las caras en el Parlament: a las 11:30 horas, Illa se someterá a la sesión de control al presidente de la Generalitat, mientras que a las 15:30 horas comparecerá para explicar la gestión de su Govern, dos momentos en los que podría escenificarse un acercamiento.

La mañana de este martes, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha negado que el Govern vaya a retirar antes del viernes el proyecto de ley de presupuestos para renegociarlo con ERC y volver a presentarlo en abril.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha afirmado que negociarán hasta el último momento con ERC para salvar los presupuestos y ha pedido "responsabilidad" y "prudencia" para no torpedear las conversaciones. "Trabajamos para que Cataluña tenga unos presupuestos y estamos en este escenario y en ningún otro", ha subrayado la consellera.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que, si el Govern acabase retirando el proyecto de presupuestos y lo pospusiera, "haría perder todavía más el tiempo al país" y "sólo traería más inestabilidad".

Para el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, aplazar la votación presupuestaria sería "una mala idea que seguramente tendrá costes", por lo que ha emplazado a PSC y a ERC a que "lleguen a una solución" antes del viernes.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, por encima ”de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.

En su intervención en la Interparlamentaria socialista andaluza celebrada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, Montero ha asegurado que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común.

Tras acusar al Partido Popular de querer tener “siempre un enemigo al que echar la culpa de su incompetencia”, ha afirmado que “parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.

Frente a esta estrategia, ha defendido que el Gobierno central “no deja de trabajar, aunque algunos, permanentemente, intentan trasladar un fin de ciclo o legislatura”, y ha sostenido que “ya quisieran los gobiernos del PP que dicen tener estabilidad ser la referencia internacional del Gobierno de España”.

Ese trabajo ha desembocado en la propuesta de un nuevo modelo de financiación, que, según la ministra, “hace que todos los territorios de España ganen mejores y mayores recursos” y ayudará a que “en cada territorio se preste una atención sanitaria homogénea, o que la educación publica sea el ascensor social de los hijos de los trabajadores”.

En este sentido, Montero ha exigido a los gobiernos autonómicos que el dinero que van a recibir “vaya a lo público, que garanticen realmente la igualdad de oportunidades”, y no se destine “a amiguetes que se beneficien, a intereses privados que lo que buscan, como cualquier empresa, es maximizar el volumen de beneficios que tienen”.

“No hacemos un esfuerzo de 21.000 millones para que vayan a la Quirón o a las universidades privadas”, ha apostillado Montero, que ha exigido que se explique por parte de los presidentes autonómicos cuál será el destino de esos fondos y "se evite, como ha pasado en Andalucía, que haya un incremento del 35 % en los seguros de sanidad privada porque la renta que se ahorran los ciudadanos al no pagar un problema de salud o los estudios de sus hijos es lo que permite a la clase trabajadora dar un salto a clase media”.

María Jesús Montero ha llamado a la militancia socialista a difundir las medidas sociales que promueve su partido “ante el ruido y la idiotización de la política de resumir las cosas en dos titulares”, de modo que se tiene que aplicar “la pedagogía que siempre acompañó a los proyectos socialistas”.

Además, ha afirmado que tienen que pedir perdón “todos los que les acusaron de que estábamos haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y beneficiaba a otros territorios”.

A este respecto, ha destacado que un 23 % de los fondos irán a parar a la Junta, de modo que “dónde está el supuesto agravio” y ha preguntado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "qué excusa va a poner cuando en noviembre dijo que lo que le pedía eran 4.000 millones de euros. Si quiere ser coherente, diga que este modelo de financiación es bueno para Andalucía”.

Asimismo, ha rechazado las críticas de electoralismo sobre el nuevo reparto de fondos y ha apuntado que “cuando el PP tilda de electoralista una propuesta es porque es buena”, pero esta en concreto “no es electoralista, es viable”, ha remachado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

En su intervención en la reunión interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña, se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo.

Para Tellado, lo que ha ocurrido esta semana con el acuerdo sobre financiación autonómica es "otro palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder".

Ha agregado que ello, además de una "infamia", es también "corrupción política".

Por ello ha asegurado que tan pronto como su partido llegue al Gobierno lo "revertirán" y mejorarán la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, de modo que, como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir, según informa EFE.

En la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de financiación, Montero ha indicado que este principio no figura como tal en el sistema, aunque la construcción del modelo "tiende" a que en la práctica sea una realidad.

Como consecuencia de la "construcción" del modelo, como ha dicho la ministra, para Cataluña sí se cumple, pero por ejemplo no lo hace para Madrid, que es la comunidad que más recursos aporta, porque paralelamente se ha establecido un mecanismo que mantiene con 400 millones el 'statu quo' de Cantabria y Extremadura para que no reciban menos dinero que ahora, y la primera se sitúa por delante.

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido facilitar un listado ordenado de cómo quedan las distintas comunidades para no alimentar, ha dicho, el discurso de los agravios territoriales que considera que mantiene el PP, pero fuentes de Hacienda han indicado que Andalucía recibirá algo más de lo que aporta y gana una posición.

Al PP ha apelado Montero para reclamar su apoyo a la propuesta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves al líder de ERC. "Espero contar con la complicidad del Partido Popular, con más entusiasmo o con menos", ha afirmado la ministra de cara a la votación en el Congreso del proyecto de ley en el que se materializará la iniciativa del Gobierno.

Montero ha lamentado, eso sí, que el PP no tenga una posición única ni una propuesta propia y ha llegado a decir que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no tiene "liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa" porque los distintos presidentes autonómicos de su partido tienen posturas discrepantes entre sí.

En todo caso, ha considerado "muy difícil" para algunos grupos parlamentarios y especialmente para el PP explicar a los ciudadanos un no a este modelo, sobre todo cuando el 70% de los casi 21.000 millones de nuevos recursos previstos para 2027 van a comunidades gobernadas por los populares.

La también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha manifestado también que le cuesta trabajo pensar que Andalucía "pueda renunciar a recibir 4.850 millones de euros" con el sistema de financiación planteado.

"¿Van a decir que no por puro interés partidista, por sectarismo político?", se ha preguntado Montero, que ha considerado que eso sería "absurdo".

Asimismo ha dicho desconocer cuál será la posición de Junts y ha apuntado al respecto que la propuesta del Gobierno en materia de financiación "responde a muchas aspiraciones de autogobierno".

El proyecto de presupuestos de Baleares para 2025 pactado entre el PP y Vox incluye medidas contra la inmigración irregular y ayudas a los agricultores para contrarrestar la "asfixia" del Pacto Verde Europeo, según ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohen, y recoge EFE. La jefa del Ejecutivo balear ha explicado en rueda de prensa que estas son dos de las exigencias de Vox para aprobar una nueva ley presupuestaria junto con políticas para potenciar el castellano frente al catalán, que no ha detallado.

Prohens ha remitido a la comparecencia posterior de los portavoces parlamentarios de los dos partidos para hacer públicos los detalles del pacto, en particular en política lingüística, respecto a la que ha señalado que los cambios se plantearán con "sentido común" y respeto al Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización Lingüística y la autonomía de los centros educativos.

"Se ponen muchas cuestiones sobre la mesa, y al final el acuerdo se alcanza de forma global", ha explicado la líder del PP balear, quien ha remarcado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad" por parte de la primera y la tercer fuerza política de la comunidad. Además, se produce "en un contexto nacional preocupante" en que el Gobierno estatal, "asediado por la corrupción", persigue a los jueces, a las fuerzas de seguridad y a los medios de comunicación, ha enfatizado.

En su comparecencia, Prohens ha puesto el acento en las cuestiones clave de la negociación para Vox: la crítica de la política migratoria estatal, en particular por el reparto de menores inmigrantes no acompañados, el rechazo del Pacto Verde Europeo por sus efectos sobre la agricultura local y la defensa del castellano, que el partido derechista considera discriminado frente al catalán.

La presidenta ha asegurado que "estas cuestiones nunca han sido un obstáculo" porque esencialmente el PP coincide con Vox en el rechazo al traslado de menores inmigrantes no acompañados desde Canarias a otras regiones. "No podemos acoger a nadie más en condiciones de dignidad", ha afirmado la jefa del Ejecutivo, que ha recordado que Baleares acoge a 226 menores más de lo que le correspondería por población, y viene sufriendo en los últimos años un incremento constante del número de pateras que llegan a las islas procedentes de Argelia.

En cuanto al rechazo a las políticas de protección del medio ambiente de la Unión Europea, ha dicho que "asfixian" a los payeses de las islas, que se ven obligados a competir en condiciones desiguales con los productores de otros países por las "exigencias inasumibles" de las instituciones comunitarias.

El presupuesto pactado con Vox contempla "medidas de apoyo y defensa" del sector primario e iniciativas para combatir la inmigración irregular, dentro de las competencias que tiene la comunidad. Prohens ha señalado que este acuerdo no presupone la aceptación por parte de Vox de futuras iniciativas del Govern, aunque ha constatado "buena disposición" al diálogo en los últimos meses y confía en que se mantenga en el futuro para garantizar la estabilidad.

Ha remarcado que al inicio de legislatura eligió gobernar en minoría, algo que no le ha impedido, pese a los obstáculos, desarrollar el programa del PP. "Aquí gobernamos, no resistimos", ha dicho para contraponer su situación a la del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Asumir el ideario de Vox en los presupuestos de la Generalitat Valenciana tiene un coste que el presidente Carlos Mazón —desaparecido en los actos públicos de las Fallas, a excepción de la Cremà, para evitar los abucheos de los ciudadanos de su comunidad— se mostró dispuesto a asumir el pasado lunes, cuando hizo público el acuerdo con la formación ultraderechista. Mazón demostró que, para él, cualquier medio justifica su fin, que es seguir al frente de la Generalitat, aunque ello implicase replicar el discurso xenófobo de la formación de Santiago Abascal al aceptar sus exigencias en materias como la migración o lengua. Para demostrar su compromiso el jefe del Consell cargó contra el pacto verde europeo, el "dogmatismo climático" y se negó a acoger a menores migrantes. Un discurso que después respaldó la dirección nacional del Partido Popular.

Tres días después, su Consell niega "recortes de ningún tipo y sobre todo en derechos y libertades" y trata de minimizar el impacto de la ultraderecha en las cuentas publicas a través de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, encargada de explicar las cifras que acompañan un presupuesto de 32.291 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto al ejercicio de 2024. Su previsión de gasto ordinario, sin contar las partidas de la dana, supondrá un cierre del año con un déficit real del 1,2%, más de un punto por encima del 0,1% de tope de desfase marcado por el Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero.

Antes de la rueda de prensa de la consellera de Hacienda, el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, se jactaba de haber plasmado en las cuentas un tijeretazo del 30% en las subvenciones a los sindicatos, en las ayudas a la Cooperación al Desarrollo y de un recorte severo en la Academia Valenciana de la Llengua (AVL). Así, reivindicó que sus exigencias deben estar para que haya presupuestos. "El lunes, después de las declaraciones del presidente Mazón, ya emitimos un comunicado con una serie de cuestiones que eran fruto de la negociación. Si luego no figuran en los presupuestos, pues no habría presupuesto. Otra cosa es que algunas partidas figuren directamente los presupuestos o se realicen vía enmiendas que ya están negociadas".

Merino, por su parte, únicamente reconoció un "ajuste" en el presupuesto de la AVL y negó los recortes que, sin embargo, están presentes en áreas como la cooperación internacional, la memoria histórica, la promoción del valenciano y la asistencia a los refugiados palestinos. Llanos recalcó que no "se va a apoyar ninguna política que tenga que ver con el fanatismo climático" y le recordó a Merino quien manda: "Creo que las declaraciones del señor Mazón fueron bastante claras, que es el presidente de la Generalitat y no la consellera de Hacienda, por más respetable que sean sus declaraciones".

La Academia Valenciana de la Llengua es la institución encargada de dictar la normativa, según recoge el Estatut d’Autonomia, cuyas funciones son similares a las de la Real Academia España de Lengua (RAE), pero que para Vox es un organismo "catalanista" al servicio del "separatismo". Su presupuesto se reducirá un 26%, un recorte que Merino admitió pero que comparó con los que también se van a producir en otras entidades públicas. El "ajuste", en palabras de la consellera, que pasaría de 3,9 a 2,9 millones se justifica por la "ejecución real de los presupuestos". Vox presumió de imponer este recorte, avanzó que intentará reducirlo otro 25% en su tramitación parlamentaria y anunció una rebaja del 15% en los fondos públicos a la promoción del valenciano.

Como contraparte, organizaciones afines a la derecha como la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat reciben más presupuesto. Se trata de entidades privadas emplean una norma alternativa, rechazan la unidad lingüística del valenciano y el catalán y no reconocen la autoridad de la Academia, pese a que la institución fue creada en 2001 por Eduardo Zaplana, dirigente del PP, con el apoyo de la izquierda. Los dirigentes ultraderechistas, sin embargo, siempre utilizan el castellano para "reivindicar" la lengua propia.

Los programas de cooperación internacional aumentan las partidas, al pasar de 73 millones a 98, pero en la práctica también sufren recortes porque los proyectos solo podrán financiar proyectos vinculados a la dana, no a iniciativas vinculadas al desarrollo económico y social en terceros países. Así, el objetivo es "mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, financiar actuaciones que ayuden a mejorar la vida en los pueblos, las ciudades y las comunidades afectadas por la dana" en ámbitos como el "social, socioeducativo, socioeconómico, sociosanitario, socioambiental y de fortalecimiento local".

Vox ha situado desde sus inicios a las ONG que trabajan con personas migrantes en el punto de mira y, de cara a estos presupuestos, se trataba de una de las exigencias más claras. De cara a los presupuestos, la formación ultra exigió "acometer el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunitat Valenciana, de en torno a un 40%", que estimaron en 22,5 millones de euros. Tras el acuerdo anunciado por Mazón, la Coordinadora Valenciana de ONGs, que agrupa a más de un centenar de entidades dedicadas a la cooperación, aseguró que las palabras del jefe del Consell suponían "un incumplimiento de todos los compromisos de Carlos Mazón en materia de cooperación internacional y defensa de los derechos humanos".

La formación de Santiago Abascal también reclamó "eliminar por completo las subvenciones a entidades propalestinas" y poner "fin del convenio de 600.000 euros" con la agencia de la ONU para Palestina (UNRWA). En los presupuestos presentados este jueves no se incluye la subvención directa de 600.000 euros al Comité Español que sí figuraba el año pasado. La justificación aportada por Merino es que, a partir de ahora, se va a apostar “por concurrencia competitiva y no nominativas” en la concesión de ayudas, pero hay otras entidades al margen de la UNRWA que sí reciben ayudas directas de las cuentas públicas valencianas.

No es la primera vez que la formación de Abascal busca acabar con cualquier tipo de financiación para la UNRWA. El pasado año se quedaron solos en el Congreso al votar en contra de destinar más fondos —el PP votó a favor—y fue el diputado valenciano Carlos Flores el encargado de defender su postura. Acusó a las organizaciones no gubernamentales de "tejer redes clientelares" con las organizaciones islamistas y sembró dudas sobre la "credibilidad" de la UNRWA por "la aún no del todo esclarecida relación de sus trabajadores con Hamás", pese a las conclusiones de la investigación independiente. Flores pidió, asimismo, suspender el envío de los fondos, realizar una auditoría y cambios en la política de concesión de ayudas "para que no puedan ser receptores de ayuda países o ONGs que no colaboren para luchar contra el terrorismo o la inmigración".

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. De cara a los presupuestos de 2025 la formación ultra pidió suprimir todas las partidas destinadas a esta materia y "mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva ley de Concordia”, con un recorte de al menos el 40%.

Según consta en el nuevo subprograma de Concordia y Fomento del Autogobierno, las subvenciones para recuperación de restos y reivindicación de la memoria democrática pasan de 1,78 millones en 2024 a 1,150 millones este año. Además, desaparece una ayuda de 200.000 euros para acciones de investigación e identificación de víctimas y cae 100.000 euros la partida para apertura de fosas y exhumaciones en ayudas a ayuntamientos o asociaciones. A esto se le suma que la partida para la puesta en valor de lugares de memoria y retirada de vestigios se reduce más de la mitad: de 490.000 a 200.000 euros.

17 de octubre de 2012. Un grupo de unos 200 estudiantes se sienta en unas escaleras de asfalto cercanas al Museo de Escultura al Aire Libre situado en el número 40 del madrileño Paseo de la Castellana. Algunos llevan cuadernos y bolígrafos y todos escuchan atentamente a quien, micrófono en mano, se pone frente a ellos. Es Juan Varela, profesor de Filología Italiana en la Universidad Complutense de Madrid que, por un día, decidió trasladar su aula a "la puñetera calle". No lo hizo porque sí. La crisis económica mundial que azotaba especialmente a España desde 2008 y que había provocado ya entonces varios tijeretazos a la universidad pública asfixiaba a docentes y alumnos. Y decidieron decir basta. Fue, no por casualidad, explicando la Canción de la Avaricia, del poeta Dante Alighieri.

Han pasado más de 12 años desde entonces, pero todavía hoy se recuerda. Aquella clase fue el pistoletazo de salida a muchas otras que llegaron después. Y que, hasta 2015, sacaron a las calles de Madrid a más de 900 profesores y profesoras de las seis universidades públicas de la región que escenificaron así la asifixa económica que ponía en peligro su viabilidad. Pero poco consiguieron en tres años. Y por eso este jueves se ha repetido la escena inédita que en su día protagonizó Varela. Esta vez, frente a la Asamblea de Madrid. Y con Marisa Montoya, catedrática de Física de la Tierra y Astrofísica de la UCM al frente. Esta vez, con una clase magistral sobre los "Puntos de inflexión del sistema climático", un tema que, igual que pasó con la poesía de Dante en su momento, también ha sido escogido con segundas intenciones.

Lo explica la profesora de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la Carlos III, María Eugenia Rodríguez Palop. La universidad ha decidido regresar a la calle, este jueves en el sentido más literal de la expresión, por una infrafinanciación crónica, pero no solo. El ataque que sufren estas instituciones también tiene mucho que ver con la "ola reaccionaria" que lidera la extrema derecha y en España cohabita con el conservadurismo de Isabel Díaz Ayuso. "Es una corriente negacionista, acientífica y que no quiere de ninguna manera que la universidad sea líder en el conocimiento y en la investigación", lamenta la también exeurodiputada. La propia Montoya también lo entiende así. Su clase, explica al terminarla, ha servido como "muestra del trabajo de investigación que se ve amenazado si no se dota a la universidad de recursos".

Es, por tanto, una cuestión ideológica. Porque además las circunstancias que llevaron a la universidad pública a la movilización en 2012 no son las mismas que ahora, aunque los términos que resuenan son los mismos.

La clase de Montoya ha sido un recuerdo de la lucha que muchos y muchas ya hicieron en su día. Palop, por ejemplo, fue una de las redactoras de aquel manifiesto de La uni en la calle, el movimiento que impulsó esas movilizaciones y que hoy, confirma Germán Garrido, vuelve para quedarse. Él también estuvo presente en 2012. "Nos hemos vuelto a organizar. Volvemos a estar presentes las seis universidades públicas y nuestra idea es reactivar todo", explica desde el otro lado del teléfono. De fondo se escucha el gentío que este jueves también se concentró frente a la Asamblea de Madrid al acabar la clase de la catedrática de la Complutense. Lo hicieron convocados por CCOO, UGT y CGT y con un objetivo muy claro: que dentro de la Cámara regional, donde se debatían las enmiendas de los Presupuestos de 2025, se hablara de ellos.

"Teniendo en cuenta la poca antelación de la convocatoria, hemos tenido una asistencia bastante importante. Ha habido estudiantes, profesores, personal de administración... Y de todas las universidades", cuenta Carlos de Castro, profesor de Sociología de la Autónoma (UAM). "Se ha hecho todo con bastante prisa, así que el balance es positivo", remacha. Los carteles que anunciaban la movilización apenas se habían empezado a difundir 48 horas antes, casi al mismo tiempo que en centros como la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM se aceleraba la organización. Allí nació, pocas horas antes de la manifestación, la primera pata de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Pero quedan más.

Se trata, dicen, de un "espacio de organización amplio, abierto, democrático y horizontal con vocación de integración amplia" y un objetivo muy claro: "revertir el expolio y desmantelamiento de las universidades públicas". Para ello, solicitan a los rectores que interpongan una demanda para restituir los presupuestos que se deberían recibir y avanzar en la reducción de los precios públicos. También, que se reúnan con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Nuestra principal e inmediata lucha tiene que ver con la falta de financiación de la universidad, pero nuestras reivindicaciones no terminan ahí", expone Garrido.

En frente siguen teniendo la Ley de Universidades que pretende aprobar el Gobierno madrileño y que, entre otras cosas, contempla un "régimen sancionador frente el vandalismo, la ocupación y los escraches" para mantener el "decoro" dentro de las facultades, un movimiento que desde la universidad se ha interpretado como una reacción a las acampadas en apoyo a Gaza tan criticadas desde la Puerta del Sol. Y tiene más. De aprobarse la norma, serán las propias universidades las que deberán asumir el 30% de su financiación. ¿Cómo? Con recursos propios. "Ese va a ser nuestro gran caballo de batalla. Si eso sale adelante veremos cómo se incrementan las tasas y se cierran titulaciones", denuncia Garrido.

Lo dice con conocimiento de causa. Ya pasó y ya lo vivió. Los propios rectores madrileños recordaron en una carta abierta enviada a Ayuso que tras la crisis financiera "la Comunidad de Madrid redijo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a los estudiantes". En concreto, según recogió el ya desaparecido Observatorio del Sistema Universitario en un informe, entre 2009 y 2015 la región incrementó en un 40,2% lo que los estudiantes debían abonar por estudiar en un centro público. El problema es que desde entonces, y aunque se han reducido esos precios —que en Madrid siguen siendo no obstante los más elevados de todo el país— eso no se ha traducido "en la correspondiente recuperación de la subvención". Dicho de otro modo: las universidades públicas acumulan ya 15 años de "grave infrafinanciación".

No hay comparación posible con otras autonomías, además. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la región de Ayuso es la que menos invierte por cada uno de sus estudiantes: 5.362 euros, un 24,4% menos que la media nacional. A la vez, es la que más cobra en tasas: 1.620 euros de media por cada alumno, un 28% más que la media del resto del país. Y esto, que en 2012 podría tener una explicación detrás, hoy ya ni siquiera la tiene.

"En aquellos años salimos a las calles por los recortes que se aplicaban a todo lo público, también a la universidad. Lo que ocurre es que en ese momento se hizo en un contexto de crisis económica global. Hoy no estamos en esa situación. Es más, la Comunidad de Madrid es la más rica de toda España y la que ha puesto en marcha el peor programa de recortes encubiertos", lamenta De Castro. "Si ahora que supuestamente estamos creciendo se aplican estas políticas, qué no pasará cuando esto cambie", añade Garrido.

Por eso el momento es ahora. "Es absolutamente urgente que nos movilicemos, que ocupemos las calles", asegura Palop, que extiende incluso la necesidad de la protesta. A la vivienda, a la sanidad, "a la defensa de todo el sector público". "Lo que estamos viendo en Madrid es un laboratoio que con toda seguridad se va a extender por toda España, empezando por las comunidades del PP. Lo estamos viendo también en Andalucía", señala.

Allí, los rectores de sus diez universidades públicas también se pusieron de acuerdo para mostrar su "firme rechazo" a la "estrategia de privatización" del sistema que ha puesto en marcha, acusan directamente, la Junta de Juanma Moreno. Lo hicieron después de que la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid, aterrizara en el campus de Bormujos de Sevilla de forma "exprés" y sin autorización. "Sienta un preocupante precedente", lamentaron, denunciando la cada vez mayor privatización de su sector.

Hace apenas unos días, UGT denunció también lo que consideran que es "un ataque sistemático" contra la institución, que según los Presupuestos de 2025 recibirá en 2024 87 millones menos. "Un hecho que evidencia la falta de compromiso del gobierno regional con la educación pública", denunció el sindicato. Víctor Molina, profesor de la Universidad de Sevilla, confirma que todo ello les ha llevado a movilizarse. Y que seguirán.

Según señala UGT, todo responde al interés privatizador como motivo principal. Allí ya son tres los centros de este tipo, pero en regiones como Madrid ya ascienden a 14. Por eso es en esa autonomía donde por ahora se recuperará aquello que en 2012 se llamó Marea Verde y cuyas camisetas se han vuelto a ver este jueves frente a la Asamblea. "Esta va a ser una batalla a largo plazo", sentencia De Castro.

Llevaban demasiado tiempo advirtiéndolo: o recibían más fondos o no podrían continuar. Al menos, en unas condiciones aceptables. A finales de octubre Isabel Díaz Ayuso presentó su proyecto de Presupuestos para 2025, unas cuentas que según su Gobierno garantizan "la excelencia y calidad en los servicios públicos" y que según los rectores de las universidades públicas madrileñas confirman sus mayores temores. Este jueves, los seis se reunirán en sendos consejos de gobierno para tomar medidas "extraordinarias". Según señalaron en una carta hecha pública esta semana, con su situación actual, que es "prácticamente insostenible" pero podría volverse "catastrófica", no pueden "garantizar la calidad del servicio público".

El 27 de noviembre de 2023, hace exactamente un año, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, publicaba una foto en su perfil de X que explicaba por qué a los centros madrileños cada vez les costaba más "atraer y retener talento joven". Según la imagen, la región es una de las que peor paga a sus docentes universitarios, ya sean ayudantes doctores o catedráticos. Pero es que además, si al dato se le añade el coste de la vida en cada comunidad, el salario de los profesores de universidad madrileños cae hasta el peor puesto de toda la geografía española, denuncia el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez.

Aun así, el pasado mes de abril los rectores ya alertaron de que ni siquiera podían cubrir los gastos de personal con el presupuesto que recibían del Ejecutivo conservador. Según denunciaron entonces, su financiación era un 15% inferior a la que tenían en 2010. ¿El problema? Que les espera un año con prácticamente el mismo dinero en la cuenta.

Por eso han dicho basta y este jueves pretenden dar un paso adelante. Según el libro de las cuentas para 2025 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el Ejecutivo de Ayuso va a destinar 1.052 millones de euros a las seis universidades públicas, una cifra que en los Presupuestos aprobados para 2024 fue de 1.042 millones. Dicho de otro modo: el Gobierno conservador sólo ha incrementado un 0,9% lo que destina a la educación superior pública. "Son unas cantidades claramente insuficientes e irrisorias para el mantenimiento del actual servicio público universitario y que no permiten atender las necesidades reales presentes y futuras de las universidades públicas", lamenta CCOO. Para el sindicato, estas cifras no son más que la confirmación de la "política de abandono, cuando no desmantelamiento" de la red. La Consejería, preguntada por infoLibre, no respondió sobre los motivos por los cuales se redujeron estos fondos.

Viene de lejos, porque según explica el portavoz de Universidad, Ciencia e Innovación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Horacio Díez, la cifra de 2009 era un 15% superior, puesto que entonces la inversión fue de 1.127 millones de euros. Los recortes lo redujeron de pleno y la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol sólo condenó las cuentas. La líder conservadora aprobó sus primeros Presupuestos en diciembre de 2021 y entonces contemplaron 987 millones a repartir entre las seis universidades públicas a lo largo de todo el año 2022. En términos relativos, ese montante supuso un 6,5% menos de inversión a estos centros que ahora, pero es que este incremento no cubre, lamenta Sánchez, ni los costes de electricidad ni los de mantenimiento. "Tampoco dará para cubrir el 3% de aumento de las nóminas que se producirá como consecuencia de la actualización de los sueldos y los complementos de antigüedad", añade Díez.

Para comprobarlo no hay más que mirar qué ha pasado con la inflación. En concreto, desde enero de ese año y hasta octubre de este —los últimos datos disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, los precios han subido en la región un 10,6%.

Vayamos ahora en concreto al mantenimiento. Como recoge CCOO, en los Presupuestos de 2022 se destinaron 28 millones a esta partida, una cifra que en las cuentas de 2025 ha disminuido hasta los siete. Es decir: habrá un 32% menos de fondos destinados a realizar obras nuevas y reformas en la universidad pública el año que viene. "Este presupuesto condena a las universidades a un deterioro casi irreversible de sus dotaciones en infraestructuras y recursos, cuestionando la 'calidad' que se dice buscar en la prestación del servicio de educación superior", lamenta el sindicato.

Madrid, además, es la que menos invierte por cada alumno. Así lo constata el último informe La universidad española en cifras, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que detalla que en el curso 2021-2022 destinó 5.434 por cada estudiante, lo que además convirtió Madrid en la única que había disminuido la partida desde el curso 2008-2009, cuando la cifra fue de 6.425, un 15,4% más.

Los seis rectores de las seis universidades públicas también hicieron sus cuentas. Según desglosaron en su última carta, hacían falta 200 millones más para "salvar los muebles". Es decir, para sobrevivir. Nada más. Los socialistas, en cambio, piden por su parte entre 400 ó 600 millones de más. Sin embargo, serán nueve. Un 0,9% que, dijeron ellos, debería ser un 18%. "El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades. Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios", señalaron en su misiva, publicada por El País.

En cualquier caso, la situación de asfixia económica que denuncian las universidades públicas adquiere todavía mayor relevancia si, además, se pone en contexto. En este mismo periodo en el que Ayuso ha castigado presupuestariamente a la pública, ha otorgado licencias para que la privada no deje de incrementar su presencia en la región. Su Gobierno de hecho lleva ya meses trabajando para que la Asamblea apruebe el permiso para que se instale el decimocuarto centro de este tipo en la comunidad.

Se trata de la Universidad Abierta de Europa, un centro virtual que se instalará en un parque de empresas de Alcobendas después de presentar su proyecto a la Comunidad en 2022 y de que el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo rechazara en un demoledor informe que, aunque lamenta que hay "numerosas lagunas y deficiencias" que impiden dar luz verde al proyecto, no puede impedir nada.

Ninguna otra comunidad tiene tantas universidades privadas, y eso que éstas han empezado a aflorar por toda la geografía española, sobre todo al calor de los fondos de inversión que pretenden hacer sombra a los históricos centros de la Iglesia. Según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya hay 41 en manos privadas, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año. El 32% están en Madrid.

A pesar de la situación, la universidad madrileña apenas ocupa tiempo en la Asamblea regional, a no ser que la cuestión se enmarque en la comisión de investigación relativa al caso de la cátedra de Begoña Gómez. Un asunto que, por el contrario, y tal y como expresó el presidente de la CRUMA [la conferencia de rectores de Madrid] y rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, no es tratado nunca en sus encuentros.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves ante el pleno del Congreso que la financiación singular prevista para Cataluña "no supone ninguna quiebra de la solidaridad interterritorial" y además garantiza un nivel de servicios públicos similar en todas las comunidades autónomas, según informa EFE. La también ministra de Hacienda lo ha expuesto así en su primera intervención, de unos cuarenta minutos, en el hemiciclo del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado en julio entre el PSC y ERC, en una comparecencia solicitada por el PP.

En atacar las posiciones del PP en materia de financiación autonómica ha empleado Montero la mayor parte de su intervención, culpando al partido que dirige Alberto Núñez Feijóo de que no se avance en la reforma del sistema de financiación autonómica para las comunidades del régimen común.

Sobre el acuerdo para Cataluña, motivo de la comparecencia, Montero se ha centrado en leer unos extractos, que luego ha resumido asegurando que deja claro el acuerdo que "no solo la solidaridad interterritorial debe existir", sino que también se tiene que garantizar un nivel de servicios públicos en todo el Estado".

Eso sí, ha añadido, un nivel similar en el caso de que las comunidades hagan un mismo esfuerzo de recaudación fiscal, en línea con una de sus principales críticas a comunidades gobernadas por el PP, especialmente la madrileña, que "con una mano bajan impuestos y con la otra piden más recursos al Gobierno". "¿De verdad creen que atenta contra la solidaridad?", ha preguntado Montero tras leer ese punto del acuerdo para Cataluña.

Montero ha señalado también que el pacto es conforme con la Constitución y los estatutos de autonomía, y que "avanza en una visión compartida del federalismo y con responsabilidad fiscal". Ha explicado que aunque Cataluña salga beneficiada "no va en detrimento" de que beneficie también al resto, si las comunidades reciben en conjunto más recursos.

Ha recordado al PP que todos los cambios en la financiación autonómica se hicieron siempre por acuerdos entre los grandes partidos, hechos "con discreción, mesura y racionalidad", y después de que en el seno de cada partido se atienda también a "los intereses y sensibilidades distintas" entre regiones.

Ha reconocido así que en su partido ocurre igual que en el de Feijóo y ha añadido: "La cuestión es si el PP está dispuesto a llevar el debate sobre esta materia o si busca la confrontación, hablar mucho sobre algo para que no se concluya nada".

A su juicio, el problema solo lo ve el PP cuando se habla de singularidades para Cataluña, para buscar "un rédito en otras regiones", ya que sí reconoce la singularidad fiscal para Canarias u otras comunidades, "sin rasgarse las vestiduras". "Ustedes contra Cataluña viven mejor", ha lamentado, así como, ha advertido al PP, de que si siguen oponiéndose a reformar el sistema de financiación seguirán "en la nada" mucho tiempo: "Justo donde están, en la oposición".

En su invitación a negociar al PP les ha recordado que la negociación bilateral de cada comunidad con el Gobierno está prevista en los estatutos de autonomía, no se la sacan "de la chistera", aunque ha apuntado que pueden debatir sobre el asunto, si es con seriedad, en cualquier foro, también en los multilaterales.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha tildado la propuesta de financiación singular para Cataluña pactada entre el PSOE y ERC como “una traición a los principios de convivencia” y una ruptura de la igualdad entre los españoles. “Están creando independentistas de primera y españoles de segunda”, ha censurado el diputado conservador a Montero.

Bravo ha tendido la mano al Gobierno para pactar un nuevo modelo de financiación si favorece la igualdad entre los españoles, pero ha advertido de que se negarán a hacerlo de forma bilateral. Ha garantizado que el PP tiene una posición “compartida” en todos los territorios donde gobierna, al contrario que el PSOE: “Tenemos 14 comunidades autónomas con un proyecto común y ustedes tienen tres sin proyecto y sin que sea común”.

“Nosotros tenemos una responsabilidad: proteger a los españoles del Gobierno”, ha añadido el diputado del PP, quien ha insistido en la tesis de su partido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está “agonizando” y de que debe convocar elecciones. Bravo ha considerado que España necesita un proyecto “serio, de futuro, reformista y de ilusión” y no un Gobierno que para intentar sobrevivir, recurre “a las amenazas y al mercado”.

El PSOE, a través de su diputado Pedro Casares, ha replicado al PP que recuperar la normalidad política e institucional en Cataluña “no es traicionar a España” y que fueron los populares, con su “política de brazos caídos”, los responsables de la mayor crisis territorial al propiciar el desafío independentista.

Casares ha puntualizado que el secesionismo fiscal y la financiación singular no es el pacto alcanzado en Cataluña, sino “bajar los impuestos a los que más tienen a costa de deteriorar los servicios públicos a los que más lo necesitan” o suprimir los impuestos de patrimonio y sucesiones. “Son un peligro para la convivencia (…) Ya está bien de demagogia”, ha reconvenido el diputado socialista al PP.

Vox también ha mostrado su rechazo “tajante” a la financiación singular de Cataluña, que ha tachado de “conspiración criminal en contra de la unidad nacional y el orden constitucional” perpetrada por PSC y ERC, según su diputado Pablo Sáez. A juicio del parlamentario de ultraderecha, el acuerdo para investir a Illa como presidente de la Generalitat “evidencia el desprecio hacia la nación española y un paso más en el vaciamiento competencial el Estado”, además de fortalecer a los partidos independentistas.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha defendido la financiación singular para Cataluña con el fin de avanzar en la plurinacionalidad y en la relación bilateral con el Estado, tras opinar que “el café para todos no funciona”. Aizpurua ha reclamado que no se utilice el debate de Cataluña para “atacar” el autogobierno vasco y el concierto económico vigente en Euskadi. Para la representante de la izquierda abertzale, la insolidaridad de la que habla el PP “no se da entre territorios, sino entre clases, de los ricos frente a los pobres”.

También ha salido en defensa del modelo vasco la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien ha precisado que no es similar a lo pactado entre PSC y ERC en Cataluña. Sagastizabal ha animado a las comunidades gobernadas por el PP a aspirar a un modelo similar y “pasar del agravio comparativo a la reivindicación compartida”. “Negar la bilateralidad es negar un diálogo democrático y legal (…) Ninguna comunidad autónoma es igual a otra”, ha añadido la diputada del PNV.

Desde Sumar, Aína Vidal ha asegurado que Cataluña lleva décadas infrafinanciada, defendiendo que un modelo singular para este territorio no excluye "la necesidad de renovar la financiación para otras comunidades" y tampoco busca ir contra éstas. Tras señalar que el actual modelo de financiación "es injusto y antiguo", la portavoz de los comunes ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al PP porque, según ella, no le importa la financiación, lo que quiere "es confrontar y esconder sus debilidades, quieren enfrentar a los territorios".

El representante del BNG, Néstor Rego, ha reclamado para Galicia una financiación singular similar a la que pudiera pasar a tener Cataluña al ser también una nacionalidad histórica.

Por su parte, ERC y Junts se han enzarzado este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados por el pacto de financiación entre los republicanos y los socialistas en Cataluña, así como por el impacto de los acuerdos de ambos partidos independentistas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido el pacto de financiación suscrito en julio entre su partido y el PSC para la investidura de Salvador Illa en Cataluña, y ha preguntado a los diputados de Junts (a los que se ha referido como la "derecha catalana") por qué no les gusta este acuerdo cuando asegura que ellos mismos lo llevaban en su programa electoral. "Tengo la sospecha de que no les gusta porque lo consigue ERC", ha dicho durante su intervención.

El portavoz republicano ha reprochado a Junts que llame a ERC "pagafantas" y que haya trasladado la idea de que este partido "vota a favor de cosas a cambio de nada". En este sentido, ha señalado que ERC ha votado a favor del 89 % de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez "después de negociar", mientras que Junts ha respaldado el 86 % "sin negociar absolutamente nada". "¿Quién ha votado a cambio de nada aquí? Esto es un insulto. Lo continuarán diciendo pero es un insulto hacia un partido centenario o casi centenario como ERC", ha añadido.

Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cruset, ha denunciado los "silencios" por parte de ERC y los socialistas para explicar los efectos que tendrá el pacto para la financiación en Cataluña, y considera que solo hay dos opciones posibles. "La primera, que ustedes, señores de ERC y PSOE, den cumplimiento a lo que dijeron haber acordado y que Cataluña tenga su concierto económico como tiene el País Vasco, nosotros encantados. La segunda, que ERC y el PSOE hayan mentido a los catalanes haciendo electoralismo barato y que Cataluña no tenga ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal ni la llave de la caja", ha declarado.

A continuación, se ha dirigido específicamente a Montero para que aclare en qué consiste el pacto y ha aprovechado además para arremeter contra ERC por el impacto que han tenido otras negociaciones entre los republicanos y el Gobierno de Sánchez. En concreto, ha reprochado a los republicanos por haber apoyado los presupuestos generales del Estado de 2021 y 2022 "a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en cuatro años" entre la Generalitat y el Gobierno central.

También ha echado en cara a ERC que haya "garantizado estabilidad" a Sánchez en esta legislatura a cambio del traspaso de Rodalies que, según ha denunciado, "no es integral ni un traspaso". "Es de nuevo una legislatura de estabilidad a cambio de nada", ha apuntado el diputado de Junts, que ha señalado que el tiempo "y muchas veces los ciudadanos a través de las urnas" acaban poniendo a todo el mundo en su sitio. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes, tras conocerse que el Gobierno retirará la senda de estabilidad, que "parece ser que la reuniones en Suiza han salido mal" y se ha decidido que "España no tenga, al menos de momento, presupuestos para 2025". "Esta España actual es una España ingobernable y este Gobierno en lugar de ser humilde y buscar apoyos, es arrogante y soberbio y está insultado todo el día a la oposición", ha denunciado el líder conservador en una entrevista en Telecinco recogida por EFE.

El Consejo de Ministros acordará en su reunión de este martes retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves. El Congreso iba a votar por segunda vez este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y todo apuntaba que se iba a repetir el resultado de la primera votación: rechazo con los votos de PP, Vox y Junts.

Ante esta decisión, el jefe de la oposición ha recordado la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un gobierno sin presupuesto "no tiene coche ni gasolina" y ha recalcado que ahora Sánchez no tiene ni lo uno ni lo otro.

Feijóo ha rechazado cualquier responsabilidad, dado que el Ejecutivo no se ha sentado a hablar con ellos, y ha subrayado que es el Gobierno quien tensiona, insulta, descalifica e intenta destruir a la oposición, hacer nudos y dividir a la sociedad. "Ya está bien de echarme la culpa de los problemas de la minoría parlamentaria en la que está el Gobierno", ha afirmado y ha explicado que el PP no puede apoyar una senda de estabilidad que incrementa el gasto para el Gobierno central y prevé los mayores ajustes para las comunidades autónomas que tienen que gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El líder de los populares ha abierto la posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno sobre la financiación autonómica si este retira al "cupo separatista". Ha subrayado que esa vuelta a la negociación es "probable" si el Ejecutivo no sigue adelante en su intención de dotar a Cataluña de una financiación singular.

"Si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo separatista es evidente que las cosas cambiarían. Si volvemos otra vez a la igualdad de los españoles en educación, sanidad y servicios públicos, sería más fácil hablar con el Ejecutivo", ha afirmado.

Pero ha insistido en que, si por el contrario, lo que se pretende es un sistema de financiación para mantener unos meses más a Pedro Sánchez en la Moncloa, será "imposible pactar nada que afecte al Estado autonómico".

En su opinión, ahora no se está hablando de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, sino de romper el modelo actual. "Hablemos en serio de los temas y no hagamos respiración asistida al Gobierno", ha exigido.

Feijóo ha vuelto a rechazar la presentación de una moción de censura y ha incidido en que el adelanto electoral dependerá de cuando Sánchez pierda definitivamente el apoyo de nacionalistas y separatistas.

María Jesús Montero avisó a Yolanda Díaz: la decisión estaba tomada, no se presentarían presupuestos generales para este año. Los trabajos estaban muy avanzados ya para las cuentas públicas. Los equipos de las vicepresidentas primera y segunda tenían muy cerca ya el acuerdo. A la vez se estaba hablando con los socios parlamentarios. Era el gran objetivo tras la luz verde a la ley de amnistía. Pero todo saltó por los aires: los comunes tumbaban los presupuestos catalanes y Pere Aragonès pulsaba el botón electoral.

Ahora el Gobierno se mueve en un escenario muy magmático: un nuevo ciclo electoral con las contiendas de las vascas (21 de abril), catalanas (12 de mayo) y europeas (9 de junio). Sumar quería seguir con los presupuestos pero el PSOE alude a un ejercicio de “realismo político”: “¿Cómo va a aprobar Esquerra las cuentas en Madrid cuando los comunes han rechazado las catalanas y han hecho caer al Govern?”. La desconfianza entre los socios en La Moncloa ha crecido a raíz de esto: los socialistas están muy desconcertados con la línea de Ada Colau y la falta de control de Yolanda Díaz, mientras sus socios creen que el Ejecutivo pierde su principal arma política renunciando a los presupuestos.

Pero ahora toca seguir hacia adelante. Frente a la imagen de parón por este periodo electoral, las dos almas del Gobierno sostienen que van a seguir sacando leyes y medidas adelante. Para eso, ya están introduciendo vía enmiendas a proyectos de ley algunas iniciativas para sacar en las próximas semanas y meses, además de planear otras medidas en el calendario. Los partidos han aprovechado el decreto anticrisis para que el Congreso apruebe, sin tener que esperar a los presupuestos, dos importantes acuerdos: la subida del sueldo de los funcionarios un 2%, como se pactó con los sindicatos, y las entregas a cuenta de las autonomías. 

En el primero de los casos, aunque se apruebe en unas semanas en el Congreso, su aplicación será retroactiva, como señalan fuentes del Gobierno. En el segundo de los casos, también se ha pisado el acelerador con la misma fórmula del decreto anticrisis para garantizar a las comunidades su principal vía de financiación (los recursos adelantados por el Gobierno en función de las previsiones de recaudación). Para este años el monto asciende a 134.658 millones de euros (un incremento del 8,3%), a la vez que también se entregará a las entidades locales (23.773 millones de euros).

Fuentes del Gobierno explican que también tienen en mente hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, como se firmó en el acuerdo de Gobierno y como estaba presionando Sumar. Hasta el momento su naturaleza es de carácter temporal. Asimismo, el Ejecutivo sacará adelante la condonación de la deuda, que se pactó con ERC en el acuerdo de investidura (en el caso de la Generalitat será de 15.000 millones de euros) y que se hará extensible a todas las autonomías si lo solicitan (incluso aunque su deuda no sea del FLA, sino con bancos como sucede con Madrid). Se estudia hacerlo vía ley.

Además de la labor del Gobierno, los partidos, según fuentes consultadas, también pondrán mucho en el foco en el Congreso en proposiciones de ley con marcado carácter social. El PSOE y Sumar le dan mucha prioridad a la ley ELA que han registrado en la Cámara Baja. Fuentes del grupo parlamentario socialista recalcan que otra de sus grandes prioridades es sacar adelante su proposición de ley abolicionista para reformar el Código Penal para perseguir a los proxenetas y a los clientes de la prostitución.

Desde Sumar contaban con incluir algunas de sus medidas estrella en los Presupuestos Generales del Estado y lamentan que el ala socialista del Ejecutivo decidiera, sin mediar consulta alguna, prorrogar las cuentas. Aun así, fuentes de la organización de Yolanda Díaz creen que hay margen para aprobar medidas como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas. Aunque quedó fuera de la Ley de Familias, impulsada por el ministerio de Derechos Sociales, los de Yolanda Díaz creen que hay margen para introducirla a través de enmiendas en el Congreso.

Otro de los asuntos en los que más está poniendo el foco el socio minoritario del Gobierno es en vivienda. Consideran que la ley que aprobó el Congreso la legislatura pasada —y que provocó sonoros enfrentamientos entre los socialistas y su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos— dejó sin cubrir algunas cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada. Así, subrayan que es la vía que están utilizando en comunidades como Cataluña para no ceñirse al índice de precios y, aunque también plantean “mejoras” para este índice, creen que es más probable alcanzar un acuerdo con el PSOE para regular estos alquileres.

De la aprobación de los Presupuestos también dependía el incremento del índice de referencia para las ayudas públicas (el IPREM). Sumar considera que este indicador debería aumentarse para elevar las prestaciones sociales que dependen de él, tal y como consta en el acuerdo de Gobierno, aunque se trata de uno de los puntos que se encontraba encallado en las negociaciones entre ambos socios. Sucede otro tanto con el aumento de la inversión en Dependencia. Los de Díaz reclaman a Sánchez que cumpla con el 50% de financiación estatal de dependencia que estableció la Ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En Sumar también remarcan que se debe avanzar ya para convertir los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas en permanentes. Solo en el último año han recaudado cerca de 3.000 millones de euros. Según fuentes del equipo de Díaz, los beneficios extraordinarios que han obtenido esas empresas pese al impuesto les deja sin argumentos. Desde el ala socialista, se muestran a favor de esta medida.

Los de Díaz aseguran que van a batallar todo lo posible, tanto desde el Gobierno como desde el Congreso, para garantizar que esta legislatura sea “de avances” y no solo de consolidación. Aun así, fuentes de la formación se muestran preocupadas por la parálisis a la que se va enfrentar el Congreso en las próximas semanas por las sucesivas convocatorias electorales y consideran que la ciudadanía que "les dio una oportunidad" el pasado 23J, espera de su Gobierno medidas ambiciosas.

Todas estas medidas que pasen por el Congreso necesitarán del visto bueno de los socios parlamentarios en un momento de competición electoral en Cataluña. Este parón sí supondrá que se paralicen las mesas de diálogo entre el PSOE y los socios catalanes, pero esto no supone que se paralicen otras negociaciones en el Congreso de los Diputados, como señalan tango fuentes de Esquerra como de Junts.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han firmado este martes el acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2024, sobre las 16.15 en la Sala de Diputats de la Generalitat, ha informado Europa Press.

Ambas partes habían anunciado este martes por la mañana el acuerdo para aprobar las cuentas, aunque por ahora no tienen los votos necesarios para que sean aprobados en el Parlament —ERC y PSC suman 66 de los 68 'síes' necesarios.

El Govern celebrará este miércoles un Consell Executiu extraordinario para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos, y después la consellera de Economía, Natàlia Mas, llevará las cuentas a la presidenta del Parlament, Anna Erra, y las presentará en la Cámara.

La llegada del PP a la Junta de Andalucía ha supuesto un espaldarazo a la enseñanza concertada de la comunidad. Es decir, a la educación privada financiada con fondos públicos, en su mayoría controlada por la Iglesia católica. Así lo indican las estadísticas de gasto público publicadas por el Ministerio de Educación, que recogen, como últimas cifras, las relativas al año 2021. Ese año, siempre según las estadísticas oficiales estatales, el Gobierno autonómico transfirió más de 1.050 millones a la etapa no universitaria de centros educativos de titularidad privada. Tan sólo un año antes esa cifra se situaba en 879 millones de euros, un 19,5% menos. Pero la apuesta clara del Ejecutivo regional por la educación concertada se ve todavía mejor si echamos la vista atrás 12 meses más. En 2018, último año de presupuestos socialistass, la partida era de más de 829 millones, un 26,7% menos que en 2021.

No son cifras aleatorias. Ni casuales. Forman parte de una línea inspirada en el PP de Madrid y compartida por otros presidentes autonómicos de su misma formación. Moreno, de hecho, ya apostó por la concertada en 2018, cuando manifestó que el PP "luchará y defenderá la libertad de las familias para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos". Según dijo, la enseñanza privada y sostenida por fondos públicos también forma parte del "sistema público de educación". Y acusó a la entonces presidenta, Susana Díaz, de "cerrar el grifo" a estas escuelas.

Otro ejemplo del modelo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió el pasado mes de febrero más inversión para la concertada. "Vamos a multiplicar los recursos que destinamos a los centros concertados con un aumento del 15% en la partida de gastos de funcionamiento y la destinada a personal no docente", dijo. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, la región ha pasado de invertir más de 1.143 millones a estos centros en 2020 a financiarlos con más de 1.233 millones en 2021. El incremento, en este caso, es de un 7,8%.

Madrid es, además, la segunda autonomía que más fondos destina a este tipo de enseñanza, sólo por detrás de Cataluña, que en 2021, también según el departamento de Pilar Alegría (PSOE), destinó más de 1.400 millones, lo que supuso un aumento de un 4,5% con respecto al año anterior, cuando la partida se situó en 1.342 millones.

De vuelta a Andalucía: ¿qué ha ocurrido mientras tanto con la enseñanza pública? También ha visto incrementada su inversión, pero en comparación con lo que ha recibido la escuela concertada, en menor proporción. La estadística oficial del Ministerio de Educación refleja una inversión en 2021 —descontando lo relativo a centros privados— de 9.836 millones, una cifra un 23,6% mayor que en 2018 (7.955 millones) y un 10,8% mayor que en 2020 (8.880 millones).

Ha sido esta escuela la que, precisamente, ha salido a la calle –y no sólo una vez– para defenderse. El pasado mes de abril, miles de personas marcharon en Sevilla para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía", señaló la Marea Verde. Este domingo 19 de noviembre se produjo otra protesta. "Desde hace muchos años nosotros estamos sufriendo lo que ahora mismo vemos con la sanidad pública. Muchísimos recortes, conciertos que cada año van superando su propio récord, con el único plan de destruir la única escuela accesible para todos y todas y que ofrece igualdad de oportunidades", señaló en declaraciones a Europa Press la portavoz de la organización en la capital andaluza, Berta Gallardo.

La Consejería de Educación de Andalucía objeta las cifras publicadas por el Ministerio. Las suyas, extraídas de la Ley de Presupuestos de Andalucía, contemplan una inversión en 2021 de 889 millones de euros para la enseñanza concertada y de 6.450 en la red pública. La diferencia, explican, radica en que, "como suele ocurrir otras veces", los "criterios" con los que se elaboran las estadísticas pueden diferir. "No se pueden considerar conciertos las plazas públicas que pagamos a las familias en el primer ciclo de Infantil, porque no existen conciertos", argumentan. "El Ministerio así los computa", añaden, defendiendo que "no hay concierto con las escuelas infantiles".

Por otro lado, desde la Consejería no desglosan el presupuesto a la concertada correspondiente a 2019 o 2020, pero sí el de 2018. Entonces la inversión para la concertada, siempre según el departamento autonómico de Educación, se situó en 819 millones, un 7,8% menos que en 2022, cuando sitúa la partida en 883 millones. Por ahora, Educación no ha actualizado la cifra para ese año.

En cualquier caso, según los datos de la comunidad, la inversión a la concertada descendió de 2021 a 2022, lo que explican con el fin de los fondos europeos, que provocaron el incremento tan elevado entre 2018 y 2021. "Los crecimientos entre 2018 y 2021 en la concertada (también en parte en la pública) tienen que ver con la aplicación de fondos europeos covid. Además de la gratuidad de la enseñanza en la concertada para el alumnado, se incluyeron partidas de limpieza extraordinaria y refuerzos de plantilla (como ocurrió en la pública)", señalan.

Mientras Alberto Núñez Feijóo y su equipo denuncian el incremento de la recaudación de impuestos estatales, que atribuyen a la combinación de nuevas figuras tributarias y a la inflación, los gobiernos autonómicos del PP (en solitario o o en coalición con Vox) se preparan para presentar proyectos de presupuestos para 2024 que impulsan el gasto apoyándose precisamente en ese aumento de los ingresos públicos. 

La paradoja es doble: no sólo el PP critica unos impuestos que luego utiliza con ayuda de Vox para gasta más, incumpliendo de paso su compromiso de reducir el uso de dinero público, sino que al mismo tiempo presume de rebajar la carga fiscal a los ciudadanos.

El propio PP asegura que ese incremento en la recaudación fue en 2022 de 43.000 millones de euros en comparación con las cifras de 2019. Son “impuestos que sacamos del bolsillo de los españoles para llevarlos a las arcas públicas”, denunció este verano el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. A lo que hay que sumar, remarcó, “la inflación y la eliminación de incentivos fiscales en el entorno de 30.000 millones de euros”.

En realidad, es en ese dinero, con el que Sánchez se está “forrando”, en palabras de Feijóo, en el que se están apoyando los gobiernos del PP y de Vox para llevar los presupuestos autonómicos a cifras de récord. 

La pauta es la misma gobierne el PP en solitario (en minoría o con mayoría absoluta) o lo haga en coalición con Vox. El Gobierno de Cantabria, por ejemplo, en minoría parlamentaria, planea aprobar un presupuesto de 3.159 millones de euros de gasto no financiero para 2024, un 3,5% por encima del ejercicio actual. Habrá más inversión, menos impuestos y ningún incremento de la deuda, según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP). Ella habla de “cuadratura del círculo”, pero el truco está en el dinero que llegará del Estado gracias al incremento de la recaudación fiscal.

La Junta de Andalucía tiene mayoría absoluta pero sigue la misma línea. Su plan es gastar el año que viene por encima de los 45.600 millones de euros del presupuesto actual, según las previsiones de la Secretaría General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Juanma Moreno. 

Será, otra vez un presupuesto expansivo y récord porque se prevé un aumento de las transferencias del Estado, en particular por la vía de impuestos como el IVA, cuya recaudación se disparó en 2022 a causa de la inflación, según el PP, y gracias a la actividad económica, según el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahí estará, en todo caso, la clave, porque las transferencias a las comunidades autónomas se calculan a partir de lo ingresado dos años atrás.

En Aragón ocurrirá lo mismo. El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Jorge Azcón, Roberto Bermúdez de Castro, se apoya en que la marcha de la economía aragonesa es buena, aunque el PP la criticaba hace apenas unas semanas, antes de las elecciones. Así que sus cálculos pasan porque el presupuesto de 2024 sea expansivo.

Las nuevas cuentas incorporarán una rebaja de impuestos y una deflactación del IRPF, en cumplimiento de los acuerdos PP-Vox. Pero aún así “el techo de gasto será superior” al de 2023, lo que supondrá, un año más, un presupuesto de récord.

“La economía está creciendo, la inflación hace que haya más ingresos en algunos impuestos” , admitió Bermúdez de Castro en su primera comparecencia.

La senda se repite en el Govern de Baleares, que acaba de aprobar su techo de gasto no financiero, primer paso para la elaboración del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2024. Será de 6.365,5 millones de euros, 418 más que en 2023 (un incremento del 7,03%, del que un 1,1% corresponde a proyectos finalistas con cargo a fondos europeos heredados de años anteriores). Será, como en las demás comunidades, el techo de gasto no financiero más alto de la historia de las Islas Baleares.

El grueso de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 3.963,3 millones de euros (67,6 % de los ingresos), un 18,3 % más de los recursos previstos para 2023. Más dinero del Estado, menos de recursos propios. Porque una de las primeras medidas del Govern presidido por Marga Prohens ha sido prescindir de ingresos: Balears ya ha eliminado el impuesto de sucesiones y ha rebajado el de transmisiones patrimoniales, dos medidas por las que dejará de ingresar unos 75 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana aún no hay previsiones de cifras. Pero uno de las comunidades más infrafinanciadas tendrá difícil afrontar los presupuestos de 2024 sin hacer recortes tras la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que va a suponer que el Consell deje de ingresar 350 millones de euros. No serán, además, las únicas renuncias fiscales: la previsión es suprimir también el impuesto de transmisiones patrimoniales y aprobar una rebaja del IRPF a todas las rentas, sobre todo, a las más bajas.

Esa es la razón por la que el Gobierno valenciano asegura que los presupuestos de 2024 no serán expansivos en el gasto real, concepto usado por el anterior Ejecutivo del PSPV, Compromís y Podem durante años. La previsión es que las cuentas se mantengan en comparación con las de 2023 o tengan un crecimiento normal, adaptado a la inflación. No obstante, el Govern de Carlos Mazón admite que las estimaciones con las que está trabajando en la preparación del proyecto de presupuestos son positivas. Aunque todavía no existe una cifra definitiva, la Comunitat cuenta con un importante aumento en la recaudación de impuestos, en particular el que se recauda a través del IVA, y que en un 50% sirve para engrosar las arcas autonómicas.

En La Rioja, donde el PP sí tiene mayoría absoluta, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado el techo de gasto para los presupuestos de 2024. La cifra asciende a 1.769 millones de euros, un 8,6% más que en el año anterior. El de 2024 “será el límite de gasto no financiero más alto de la historia de la comunidad”, según el portavoz del Gobierno presidido por Gonzalo Capellán.

La historia de repite en Galicia, donde el PP disfruta de mayoría absoluta y el año que viene se enfrenta a elecciones. El Consello de la Xunta dio luz verde esta misma semana a un techo de gasto no financiero para 2024 de 13.257 millones de euros, 637 millones más que en 2023 (+5%), lo que supone el mayor de su historia. Es una cifra, según el presidente Alfonso Rueda, que también viene acompañada de rebajas impositivas, afirma que sus cifras nacen de una estimación “prudente” y “realista” que prevé un avance de la economía gallega del 1,9% en 2024.

En Canarias el PP comparte gobierno con Coalición Canaria y aquí también la comunidad apuesta por elaborar un presupuesto expansivo para 2024, a pesar de que prevé llevar a cabo una rebaja fiscal.

La Región de Murcia fue la última comunidad en formar gobierno después de las elecciones de mayo y por esa razón también es la que va más retrasada en la elaboración de sus presupuestos. Aun así, su previsión es “tener un proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad antes de que acabe el año”. Pero no maneja cifras. Tampoco Extremadura, donde sí ha habido un vuelco político y habrá un proyecto compartido por PP y Vox.

Lo mismo sucede en Madrid. Después de verse obligada a prorrogar los presupuestos de 2022, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá ahora manos libres para aprobar las cuentas del año próximo. Pero aún no ha facilitado ninguna previsión.

El mayor gasto público no ha supuesto una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad. De hecho, todo lo contrario: numerosos barómetros de opinión coinciden en que los ciudadanos cada vez se preocupan más por la calidad del sistema sanitario. Según un informe del think tank Funcas, difundido este miércoles, el gasto público ha pasado de un 6,1% del PIB en 2016 a un 7,3% en 2021. Sin embargo, los ciudadanos han pasado de valorarlo de 6,6 puntos a 6,1, en una escala sobre 10. La crisis generada por la pandemia y la falta de médicos de familia está llevando al límite al sistema, pero además los expertos coinciden en que el aumento del gasto sanitario es cuestionable. 

El informe expresa que, pese a que los españoles tienen un alto grado de confianza en su sistema sanitario (el 87%, 11 puntos más que la media europea), hay una preocupación creciente. En una escala entre 1, “muy insatisfecho”, y 10, ”muy satisfecho”, los ciudadanos han pasado de valorar entre 6,6 y 6,7 puntos el funcionamiento del sistema sanitario, años previos a la pandemia, a 6,29 en 2022, una cifra que ha caído aún más en febrero de 2023, que ha alcanzado el 6,14. 

No solo es la percepción ciudadana: los paros, protestas y manifestaciones de los sanitarios se han multiplicado en muchas comunidades autónomas, cuya expresión más evidente fueron las dos grandes manifestaciones convocadas contra el desmantelamiento de la Atención Primaria en la Comunidad Madrid el 13 de noviembre y el 12 de febrero, con al menos 200.000 asistentes en cada una de ellas, según la delegación del Gobierno. ¿Por qué si el gasto aumenta, las preocupaciones de los ciudadanos y las críticas de los profesionales no deja de crecer?

“En primer lugar, diría que habría que coger con pinzas las cifras del aumento del gasto”, explica a infoLibre Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. “Con la pandemia, el PIB bajó mucho el porcentaje de gasto público sobre el PIB no ha crecido porque aumentara mucho la cantidad neta, sino porque el propio PIB disminuyó”, explica Sánchez. Así, el hecho de que el gasto sanitario fuera del 7,3% del PIB en 2020 y del 7,1%, unos porcentajes récord, quedaría explicado en parte por este motivo.

Es cierto que, pese a esa explicación sobre el PIB, el presupuesto sí ha aumentado en términos netos, y también en relación a la población. Marciano Sánchez, que fue jefe de pediatría en el Hospital Niño Jesús, en Madrid, donde trabajó más de cuatro décadas, apunta a que esas cifras tienen letra pequeña: no necesariamente el gasto público ha aumentado donde la sanidad lo necesita. 

“Aumentar el gasto público no quiere decir que aumente la financiación sanitaria. Mucha parte de ese gasto ha ido al aumento de gastos farmacéuticos. Hemos gastado más de 1.000 millones de euros en vacunas para el coronavirus. El gasto público ha aumentado, sí, pero mucho ha ido al gasto farmacológico”, explica Sánchez. 

Según informó infoLibre, es cierto que parte del aumento se explica por el aumento de estos gastos. En 2021 se rozaron los 21.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 44% en ocho años. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el gasto público en Sanidad aumentó 13.600 millones entre 2019 y 2021, 2.200 millones fueron al gasto farmacológico. 

“Otra parte importante ha ido a todo lo concerniente a privatizaciones”, añade Sánchez. “Es el ejemplo de comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, que están apostando por la privatización y la descapitalización del sistema público”, apunta el médico. 

Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coincide con Sánchez en este punto:  “Algunos servicios autonómicos, pese a haber incrementado el gasto público, lo están destinando a la colaboración privada. Tienen una visión de que quizás no pasa nada porque el sistema público se deteriore, porque lo importante es la colaboración público-privada”, añade.

A estos factores cabe añadir un fenómeno monetario: la inflación. Por ejemplo, el gasto público aumentó un 5,5% en 2021 respecto al año anterior, unos 5.000 millones de euros. Pero la inflación ese año fue de un 3,1%, por lo que gran parte del gasto público se pierde en el aumento de la carestía de los costes del sistema. En 2022, la inflación media fue de un 8,4% lo que implica que necesitó un crecimiento mayor de gasto público para financiar los mismos servicios. 

Entre los presupuestos regionales de 2021 y 2023, de media las autonomías han aumentado el presupuesto sanitario en 189 euros por habitante. El ranking definitivo deja a la Comunidad de Madrid la que menos presupuesto dedica (unos 1.300 euros por habitante), seguida de Murcia (1.534) y Cataluña (1.576). En cabeza se encuentran Asturias (2.133), País Vasco (2.130) y Extremadura (2.092). Esta última es la que más ha aumentado el presupuesto sanitario desde 2021: unos 320 euros más por cabeza. “En Extremadura se ha hecho un gran esfuerzo en la Atención Primaria en los últimos años”,  explica Marciano Sánchez, que es de origen extremeño. “Pero tampoco está exenta de problemas, ninguna comunidad autónoma está bien”, lamenta.

No solo es que el aumento del gasto público no sea tal, los propios ciudadanos llevan años experimentando un servicio público peor, desde la crisis financiera, situación llevada al extremo tras la pandemia. “Los años de la pandemia generaron que una gran cantidad de pacientes crónicas no fueran vistos en el sistema. Hubo una gran cantidad de operaciones, intervenciones y pruebas diagnósticas que dejaron de hacerse para atender a todo lo que venía del brote de coronavirus. Sobre todo pasó en 2020, pero también en las sucesivas olas de 2021 y 2022”, explica Joan Carles March. 

El primero de estos efectos es que ver al médico de Atención Primaria cuando se necesita no siempre es fácil. “Si acudes a un médico de familia porque crees que tienes un problema de salud y no te dan cita hasta dentro de 10, 15 o 20 días, muy satisfecho no puedes estar con el sistema. Según el barómetro de febrero de 2023, la media está en 9 días. Es una situación inadmisible”, incide el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). 

Por comunidades autónomas hay grandes diferencias entre las tasas de profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes. En el caso de los médicos de familia, la situación va desde 0,96 de Castilla y León hasta el 0,46 de Baleares. Por parte de los profesionales de enfermería, entre el 0,97 de La Rioja al 0,50 de la Comunidad de Madrid.

Un problema derivado del anterior es que, ante la ausencia de ver al médico de familia, se recurre a las urgencias. “Hay una saturación absoluta, no satisface las necesidades de la población. Otro debate es si el motivo por el que acuden los pacientes es el más adecuado o no, pero el hecho de tardar 15 días en conseguir una cita… pues la gente se va a urgencias y al final acaba generando una imagen global del sistema sanitario que es mala”, incide Joan Carles March.

Consecuencia también del atasco generado por la pandemia es que una vez que se consigue la cita con el médico de Atención Primaria, en caso de necesitar ir al especialista la espera se alarga. Según el informe realizado por la FADSP, los días promedio en lista de espera para las consultas de especialista van desde los 48 en el País Vasco hasta los 123 de Andalucía. Si atendemos a la lista de espera quirúrgica, van de los 63 de Madrid a los 174 de Castilla-La Mancha. En datos de 2022, solo alrededor de uno de cada 10 pacientes ha percibido que las listas de espera “mejoren”.

Otra consecuencia de la sensación generalizada de que la sanidad pública está colapsada y de las críticas constantes es el beneficio que esto supone para los negocios sanitarios: “Muchos toman la decisión de ir o a urgencias a la sanidad privada. Estamos viendo un incremento de los seguros privados, porque la Atención Primaria no pueden resolver los problemas de los ciudadanos”, añade Joan Carles March. “La estimación que hace el Ministerio de Sanidad es que hay más de cuatro millones de personas en lista de espera para la primera consulta con un especialista”, añade Marciano Sánchez. 

“Hay algunas especialidades, como la medicina de familia, en la que faltan médicos. Durante los años tras la crisis financiera no se convocaron plazas suficientes de MIR. Como no tienes médicos hasta 5 años después, el aumento de plazas que hemos visto en los años posteriores a 2018 todavía no se han incorporado al sistema. Esto lo vemos especialmente en las zonas de difícil cobertura, zonas no urbanas, ya no solo en médicos de familias, muchos no tienen incentivos adicionales para ello”, critica Joan Carles March. 

“Luego hay comunidades que están peor que otras. Durante la pandemia todas incorporaron un mayor número de profesionales a la cartera de servicios, pero posteriormente han ido quitándolos. Un ejemplo de eso es Madrid. No pasa nada por que se despida a 8.000 trabajadores. Ahí los ciudadanos pierden confianza, porque paralelamente no se está dando el servicio que piden. Da la sensación de que el sistema sanitario va por un lado y los ciudadanos por otro. El sistema está mal entendido por los políticos”, critica March.

“Yo no creo que en España falten médicos, tenemos un número de profesionales por encima de la media europea. Lo que sí veo es una irracional distribución de los mismos. Hoy mismo hemos visto que 82 pediatras que han salido de la última promoción, solo uno ha conseguido plaza en la Atención Primaria. Por otro lado, no es que no haya médicos: es que si no se ofrecen condiciones razonables, la gente se va, a otras comunidades y también a otros países”, observa Marciano Sánchez. 

“Creo que en España hay que replantearse globalmente el sistema sanitario. Implica un aumento de ingresos por habitante, pero desde mi punto de vista también tiene que haber un Ministerio de Sanidad potente, que coordine mejor las políticas autonómicas. Desde hace muchos años ya se está diluyendo al Ministerio. En la pandemia ha tenido un buen papel, pero ahora vuelve a diluirse. Hay que dar más peso a la Atención Primaria, hay que recuperar la confianza de los profesionales, que tienen la sensación de que están dejados de la mano de Dios. Hay que crear una gestión de la Sanidad que esté más profesionalizada. El sistema tiene que cambiar, porque no puede ser que haya pacientes que sigan sin recibir la atención que recibían antes de la pandemia”, remacha Joan Carles March.

El pleno del Parlament ha aprobado este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con los votos a favor de ERC, PSC y los comuns y el voto en contra de Junts, CUP, Vox, PP y Cs, tras meses de negociaciones entre los grupos, ha recogido Europa Press.

Estos Presupuestos, con un gasto histórico de 41.025 millones, son los segundos del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y entrarán en vigor con más de dos meses de retraso tras una tramitación exprés de poco más de un mes.

Las cuentas incrementan en un 8% el indicador a partir del que se reciben prestaciones sociales, incorporan un incremento de 1.284 millones en el presupuesto de salud y destinan 180 millones a un plan para acelerar el autoconsumo, sin grandes cambios fiscales.

Con un gasto total de un 41.025 millones de euros, suponen un incremento de 2.885 millones (7,6%) respecto a las cuentas de 2022, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 31.408 millones de euros, 4.152 más (5,2%).

Los Presupuestos han quedado aprobados en el pleno extraordinario de este viernes con 73 votos a favor —de ERC, PSC y los comuns— y 57 votos en contra —de Junts, CUP, Cs, PP, Vox y el diputado no adscrito Antonio Gallego.

Las anteriores cuentas del Govern de Aragonès contaron con el aval de los comuns —que se abstuvieron— y el voto favorable de Junts cuando todavía formaban parte del Ejecutivo catalán, antes de su salida en octubre de 2022.

Cuando el Govern pasó a ser monocolor, la aprobación de los Presupuestos de 2023 se convirtió en una prueba de fuego para ERC, que se emplazó a negociar con Junts, los comuns y la CUP y, pese a marcar primero distancias con los socialistas, también con el PSC.

El Govern priorizó el acuerdo

El Govern apostó desde el primer momento por cerrar un acuerdo que garantizara una mayoría parlamentaria a favor de las cuentas antes de llevarlas al Parlament, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado —cuando, además, entraron en vigor en tiempo y forma el 1 de enero por primera vez en 12 años.

La CUP se descartó de las negociaciones, que siguieron adelante con PSC, comuns y Junts, que hasta poco antes había liderado la conselleria de Economía con Jaume Giró al frente.

El primero en llegar fue el pacto con los comuns, el 14 de diciembre: sus ocho diputados confirmaron su apoyo a los Presupuestos a cambio de un plan de choque para la atención primaria de 279 millones, retoques fiscales en el impuesto de pisos vacíos y dos nuevos impuestos y un plan para las energías renovables, entre otros.

Las negociaciones con el PSC siguieron a lo largo de diciembre y enero, y en varias ocasiones el Govern acusó a los socialistas de basarse en el "todo o nada" al exigir que los Presupuestos desencallaran macroproyectos que los socialistas —con los mismos diputados que ERC, 33— consideraban esenciales.

Entre estos macroproyectos figuraban el complejo del Hard Rock en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la ejecución de la B-40 o Ronda Nord en el Vallès, un proyecto ante el que el Govern finalmente cedió, en contra de su postura hasta entonces, y que desencalló las negociaciones.

El pacto entre el PSC y el Govern se produjo el 1 de febrero de 2023 y se materializó en dos documentos separados: uno preveía inversiones y partidas en salud, renovables, agua y movilidad, entre otros temas, y otro recogía compromisos de ejecución sobre estos macroproyectos —sin partida en las cuentas.

Junts, que había reclamado rebajas fiscales y ayudas para empresas y a la escuela concertada, criticó el acuerdo y acusó a ERC, PSC y comuns de reeditar el "tripartito", tras lo que anunció una enmienda a la totalidad a las cuentas y se descartó definitivamente de la negociación.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos se ha producido en poco más de un mes y sin incidencias, salvo por el desacuerdo que PSC y ERC mantienen sobre el plan piloto de la renta garantizada en la Ley de medidas, que se vota este viernes.

Junts, Cs, Vox y PP apoyaron en comisión una enmienda de PSC para suprimir este plan piloto de la Ley de medidas, algo que los socialistas defendieron durante toda la negociación pero que, según ERC, el acuerdo de Presupuestos les obliga a respetar.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que el Govern ha aceptado el proyecto de la B-40 "en los términos que plantea el PSC" para desbloquear los Presupuestos 2023.

Lo ha dicho en una comparecencia este jueves después de que ERC haya dicho que votará a favor del punto de la moción del PSC que insta al Govern a ejecutar las obras por parte de la Generalitat de la Ronda Norte en la B-40, un punto en el que se mantenían encalladas las negociaciones para los Presupuestos catalanes de 2023.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha anunciado una comparecencia en el Parlament este mismo jueves a las 16.30 horas.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han optado finalmente por votar en contra del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Finacieras y Administrativas para 2023 que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, y que sí había salido adalante, tras el malententido que les llevó a votar a favor de las 78 enmiendas parciales que mantenía vivas para el debate el Grupo Socialista, según informa Europa Press.

Tras advertir el "error" o "malentendido", el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, llegó a pedir la repetición de la votación de las enmiendas parciales del PSOE, que se votaron junto a los votos particulares a las enmiendas de PP y Vox aprobadas en Comisión, propuesta que no fue aceptada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox que decidió suspender la sesión por un tiempo inicial de diez minutos que se llegaron a prolongar durante más de hora y media.

Al volver al hemiciclo, De la Hoz ha tomado la palabra desde su escaño para anunciar que los grupos parlamentarios Popular y Vox iban a votar en contra del proyecto de ley de la Junta -sólo quedaba este trámite parlamentario para que viera la luz- ante el "evidente error" en el sentido de voto de la mayoría parlamentaria -PP y Vox tienen mayoría absoluta- inducido, a su juicio, por una "incorrecta formulación" de lo que estaban votando en ese momento ya que, según ha reiterado, en la Junta de Portavoces del pasado lunes no se acordó la votación conjunta de enmiendas y votos particulares.

A esto ha añadido que la Presidencia de las Cortes tampoco había comunicado en la sesión de hoy que se iba a proceder a la votación agrupada de los dos preceptos como sí consta en el guión. "No queda otro remedio que votar en contra de este proyecto del ley", ha asumido el conservador que ha anunciado que la Junta procederá "por la vía de urgencia" a agilizar los trámites para que los ciudadanos "se puedan beneficiar cuanto antes" de las medidas del texto "fallido". De hecho, el propio consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado tras el pleno que el PP lo tramitará como proposición de ley a lo que ha añadido que las medidas que se aprueben en su día tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, como si se hubiesen aplicado con la fallida norma de hoy.

De la Hoz ha aprovechado la ocasión para lamentar que la oposición haya "buscado obstaculizar" la votación desde el convencimiento de que hubiera bastado el parecer favorable de los otros grupos para volver a votar de nuevo, una "excepción", ha asegurado, que sí establece el Tribunal Constitucional.

"Ustedes no tienen ninguna intención de hacerlo pese a que son conscientes de que, evidentemente, no es voluntad de estos grupos parlamentarios votar a favor de sus enmiendas. Por ello, votaremos en contra de este proyecto de ley y esperamos cuanto antes tramitarlo de nuevo", ha sentenciado en su intervención antes de votar en contra del proyecto legislativo del Ejecutivo.

Entre los "beneficios" que planteaba el ya fallido proyecto de Ley de Medidas Tributarias están las rebajas fiscales para familias numerosas que anunciaron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el día que presentaron los presupuestos pero que no incluyeron en el mismo por lo que tuvieron que ser incluidas por los grupos PP y Vox vía enmiendas al texto de acompañamiento.

La nueva situación también retrasa el resto de medidas introducidas en la norma o incluidas vía enmiendas en Comisión por PP y Vox como el citado caso de los beneficios para familias numerosas o la posibilidad de que los locales de uso comercial, sobre todo aquellos que estén en el medio rural, puedan convertirse en viviendas tras cuatro años en desuso, algo que ahora se fijaba en ocho años.

En concreto, la votación en contra paraliza la mejora de las deducciones por familia numerosa, algo que esperaban 31.000 familias con esta condición en la Comunidad sin límite de ingresos. Así, las familias numerosas iban a poder deducirse con carácter general 600 euros. En el caso de que se tratarse de una familia con 4 hijos será de 1.500, mientras que una con 5 hijos tendrá una deducción de 2.500 euros, incrementándose en 1.000 euros por cada hijo a partir del sexto.

Además, esta paralización también bloquea que se aumente de 3,5 a cinco veces el Iprem el límite máximo de renta para acceder a la vivienda pública.

Tampoco entrará en vigor en materia de tributos, en lo concerniente a la deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, el incremento en más de un 10% del valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción (de 135.000 euros a 150.000 euros) y en más de un 10% la base máxima anual de deducción (que incluye, fundamentalmente, en caso de financiación ajena la amortización del capital y los intereses hipotecarios), pasando de 9.040 euros a 10.000 euros anuales.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado hoy que el intento de paralizar las votaciones en el debate sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad y de la Ley de Medidas Tributarias que acompañan al proyecto de las cuentas es un "atentado contra la soberanía de los castellanos y leoneses", que demuestra que Partido Popular y Vox, miembros del Gobierno autonómico, "son unos inútiles que no son capaces de gobernar".

Tudanca, en declaraciones a los periodistas tras la celebración del Pleno, ha asegurado que la situación vivida hoy en las Cortes es un "absoluto espertento" y un "síntoma más de la degradación" a la que, según ha dicho, está llevando a las instituciones de la Comunidad el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

El portavoz socialista considera que tanto PP como Vox han pretendido "suspender de forma fraudulenta" la votación, después de que se equivocaran y votaran a favor de las enmiendas socialistas a la Ley de Medidas. "Han intentado parar la soberanía y parar la democracia. Y lo han hecho con el desparpajo que les caracteriza", ha afirmado, a la vez que ha señalado que se ha tratado de un intento de "que las decisiones no se tomen" en la sede parlamentaria.

También ha acusado al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), de "incumplir" las decisiones de la Mesa de las Cortes "por orden de no se sabe quién, vulnerando la legalidad de este Parlamento". "Mañueco, con la anuencia de Feijóo, ha terminado con la moderación en Castilla y León y ha antepuesto los principios ideológicos de de la extrema derecha", ha afirmado.

El procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha exigido la dimisión del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, tras la suspensión del Pleno durante la votación de las enmiendas a Ley de Medidas que acompañan al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, pues considera que lo ocurrido "vulnera las normas fundamentales del Estado de Derecho".

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el también viceportavoz del Grupo Mixto ha asegurado que lo ocurrido este viernes en el Parlamento autonómico es "completamente insólito" a pesar de los "varios episodios insólitos" vividos en este año de legislatura.

"Lo que debería hacer el Presidente de las Cortes es dimitir. Si no lo hace, presentaremos una solicitud para su reprobación y su dimisión, porque no puede continuar ni un día más", ha subrayado el representante de Cs, quien ha acusado a Pollán de ser un jefe del Legislativo "parcial, sin conocimiento, incapaz de mantener el orden y que se salta el reglamento".

Para el político naranja, las normas "son la base de la democracia", y el PP "no puede argumentar aquí lo contrario que en el Congreso de los Diputados", tras asegurar que no le gusta lo que hace el Gobierno de España en la Cámara Baja, ni tampoco lo ocurrido en las Cortes.

Una de las críticas más escuchadas por parte de la oposición y de los profesionales de la sanidad pública a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es que el maltrato continuado a la atención primaria tiene un objetivo claro: favorecer la privatización. "Somos la tercera comunidad que más está privatizando y que más está haciendo de coladero de dinero público que se va a la privada", afirmó la líder de Más Madrid, Mónica García, en una entrevista en elDiario.es. Desde el Gobierno regional, en cambio, defienden a capa y espada que la sanidad es "el área donde la Comunidad de Madrid invertirá más recursos" en 2023, destacando que la atención primaria "será una de las prioridades", con un presupuesto de 2.446 millones de euros. Sin embargo, ni la cifra ni la afirmación son ciertas. Esos 2.446 millones incluyen el gasto en recetas médicas, por lo que lo presupuestado realmente para la atención primaria es una cifra mucho menor. Tanto, que es superada por los fondos que recibirán los conciertos educativos el año que viene.

"Lo que hace Madrid con los presupuestos de atención primaria es un truco que todo el mundo conoce. Es la única comunidad que maquilla los datos imputando en la partida el gasto en recetas médicas", explica Julián Ezquerra, ex secretario general del sindicato Amyts que, además, fue durante 11 años vocal del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud. Se puede comprobar en el libro destinado a sanidad publicado con los presupuestos madrileños para 2023: el gasto en recetas médicas asciende a 1.360.689.998 euros, lo que supone el 55,6% del presupuesto total que adjudica Madrid a la primaria (2.446.761.598 euros).

Restando esa cifra, por tanto, el gasto real en primaria disminuiría hasta los 1.086.071.600 euros, un 11,09% del total presupuestado para sanidad, una cifra lejana al 25% que asegura presupuestar la Consejería —que se obtiene si se suman, precisamente, las recetas—, en línea con la directriz marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Engaños los justos, Madrid no puede afirmar que destina el 25% de los presupuestos sanitarios a la atención primaria, porque destina el 11%", critica Ezquerra.

No es el único año en el que el porcentaje es similar. En los presupuestos de 2022, el total del gasto destinado a sanidad ascendió a 8.783 millones, de los cuales 2.055 se destinaron a atención primaria, un 23%. El gasto en recetas, este año, se situó en 1.110 millones, lo que situó el gasto real en primaria en el 10,7% del presupuesto sanitario ( 945.268.836 euros).

En comparación con otras partidas presupuestarias, los conciertos educativos son financiados con más fondos públicos. Según el proyecto presentado por la Comunidad de Madrid, en 2023 "los conciertos para financiar las enseñanzas impartidas en centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos" recibirán un total de 1.242.050.863 euros, es decir, 155.979.263 euros más que la primaria.

Esta cifra es, además, un 6% superior a la de 2022, cuando esta partida recibió 1.164.550.095, según confirma a infoLibre la secretaria del Sector de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado, que explica que el incremento se debe, en gran medida, al aumento de sueldo de los trabajadores. El sindicato, en cualquier caso, criticó el pasado 17 de noviembre que los presupuestos de 2023 "no resuelven el problema de la infrafinanciación de la enseñanza pública madrileña". "Mantendrán el altísimo gasto familiar en enseñanza e incidirán en la privatización de la misma. Son presupuestos que ahondarán las diferencias entre alumnados y dejarán, una vez más, de lado a los más vulnerables", añadieron.

Precisamente hace una semana, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea registró una proposición de ley de garantía de la financiación del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. En otras palabras: una propuesta para que en los presupuestos regionales se establezca un "suelo de gasto" que impida una infrafinanciación de la sanidad, y en especial de la atención primaria, como explica el diputado Javier Padilla.

Según la propuesta, consultada por infoLibre, "en la Comunidad de Madrid, el bajo porcentaje de gasto en atención primaria se junta con el bajo gasto sanitario total en euros por habitante, lo cual hace que esta región sea la que menos euros por habitante invierte en los servicios primarios de salud". Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, Madrid invierte 1.340 euros por habitante, una cifra que solo supera a la baja Andalucía, invirtiendo 1.262 euros.

Lo que propone Más Madrid es que, cada año, la región destine al menos un 20% de su gasto sanitario a la primaria, un porcentaje que, recalcan, debe obtenerse "sin tener en cuenta el gasto correspondiente a recetas médicas". Para el año que viene, y como explica Padilla, instan al Gobierno de Ayuso a aumentar en 250 millones el gasto para esa partida, un desembolso que, continúa, coincide con la cifra de incremento del gasto en recetas: si en 2023 Madrid ha presupuestado 1.360 millones para ello, en 2022 presupuestó 1.110. Esos fondos, entienden desde la formación, deberían destinarse a un gasto real en el área primaria de la salud, primando la mejora de las condiciones de los profesionales.

Este último aspecto es importante. El pasado 21 de noviembre, los médicos de familia y pediatras de la Comunidad iniciaron una huelga indefinida que, aun hoy, continúa en marcha. El bloqueo de las negociaciones —que han estado días sin ni siquiera producirse—, además, augura una temporada larga de paros o, como mínimo, de protestas.

¿Qué piden? Lo que destaca Más Madrid, la mejora de sus condiciones. Con agendas de entre 50 y 60 pacientes diarios, el comité de huelga, como mínimo, reclama que se reduzcan a un máximo de 31 pacientes en el caso de los médicos de familia, para permitir dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos, y de 21 para los pediatras, con un tiempo de dedicación de 15 minutos. Solo así, dicen, conseguirán que los profesionales no se marchen a otras comunidades o incluso fuera de España.

Ahora es lo que está ocurriendo. Según el comité, de los 443 nuevos médicos de familia que terminaron su residencia, únicamente 37 eligieron quedarse, mientras que en el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 y 2022, tan solo seis optaron por trabajar en la Comunidad.

Aun así, las protestas sanitarias han empezado ya a reproducirse en otros lugares de España. Y en todos con el mismo argumento: los profesionales están maltratados y los pacientes no pueden recibir una atención de calidad.

De este modo, en Andalucía arrancaron el pasado 30 de noviembre una serie de movilizaciones con las que pretenden poner el foco en "las insoportables condiciones de trabajo" por la que atraviesa el colectivo. Si no hay mejoras, además, en enero iniciarán una huelga. En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya ha anunciado un paro para los póximos 25 y 26 de enero para "alcanzar mejoras laborales y retributivas para el colectivo facultativo", que actualmente, denuncian, está sobrecargado. En la Comunitat Valenciana también esperarán a 2023, año que prevén comenzar con una huelga los días 17 y 18 de enero ante "problemas" como "la falta de profesionales". Navarra, por su parte, esperará a febrero. El sindicato médico de la comunidad ya ha avanzado que iniciarán otro paro indefinido para denunciar la "inacción" del Gobierno ante la necesidad "urgente" de aprobar mejoras para sus sanitarios.

No se descartan tampoco huelgas en Extremadura (donde ya hay movilizaciones), Canarias, Aragón, Murcia y País Vasco. En Cantabria, por su parte, aplazaron la huelga de atención primaria hace unos días tras conseguir llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado que en 2023 las comunidades autónomas perderán 661 millones de euros. Este organismo, que fiscaliza las cuentas públicas con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado, señala que de esta cuantía, el 82% corresponde a dos regiones: Madrid (335 millones) y Andalucía (209). Ambas experimentarán dichas pérdidas de ingresos tras las rebajas fiscales aprobadas para 2022, con impacto recaudatorio en la declaración de la renta del próximo año. “Esto pone de manifiesto algo que ya tenemos muy conocido en el mundo académico: las bajadas de impuestos, tanto a largo, a medio como a corto plazo reducen la recaudación”, explica Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y un experto en el régimen fiscal de las autonomías. 

Según los datos de la Airef, 529 millones de euros serán por las deflactaciones del IRPF, 89 del que grava el patrimonio y 10 de los impuestos sobre las sucesiones y las donaciones. En el apartado “otros”, donde se recogen otras figuras fiscales, por ejemplo, de carácter medioambiental, también se dejarán de ingresar 48 millones de euros. Solo se produce un aumento de ingresos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, por el aumento en la Comunidad Valenciana y su mantenimiento en el resto de autonomías. 

Las comunidades autónomas que más han recortado los impuestos son la Comunidad de Madrid (335 millones de euros, prácticamente todo en IRPF), Andalucía (209 millones), Navarra (93 millones) y Galicia (78 millones). “Este informe calcula que si hay comunidades autónomas como Andalucía o Madrid, que son las que tienen un mayor impacto recaudatorio negativo, siguen bajando impuestos, van a seguir perdiendo recaudación como consecuencia”, añade el profesor Diego Martínez. De los 335 millones de euros que deja de recaudar la Comunidad de Madrid, 334 millones se pierden en la deflactación de los tramos del IRPF, que descienden medio punto.

Cabe señalar que la Airef ha despejado un horizonte benigno para las comunidades autónomas. Prevé equilibrio presupuestario o superávit fiscal para doce comunidades autónomas (entre ellas Madrid y Galicia): “La Airef ha dicho que las comunidades van a salir mejor en 2023 de lo que el Gobierno les va a exigir. Va a haber un desplazamiento de las comunidades a comportarse de una manera más relajada, más expansiva. El Gobierno está manteniendo un comportamiento laxo en la responsabilidad fiscal que se le debe exigir a las comunidades, tanto en 2023 como en 2024”, explica Martínez.

“Supone un freno para la inversión”, dijo Juanma Moreno sobre el impuesto sobre el patrimonio, el 19 de septiembre. Lo dijo en el discurso que anunció la rebaja fiscal generalizada: “En el último ejercicio, de los 20 contribuyentes que más pagan por el impuesto sobre el patrimonio, la mitad se trasladó fuera de Andalucía. La marcha de estos contribuyentes supuso la pérdida de unos 3,5 millones de euros en el impuesto sobre el patrimonio. Y lo que es más grave: la pérdida de 14 millones de euros en IRPF”. La Airef constata ahora que Andalucía dejará de ingresar 97 millones de euros de los 20.600 contribuyentes con un mayor patrimonio (el 0,2% de la población andaluza) por la supresión en la práctica del impuesto. 

Con su golpe de efecto fiscal, Juanma Moreno consiguió reabrir y liderar un debate autonómico sobre los impuestos, al que le siguieron una serie de regiones. Una de ellas fue Galicia. Su presidente, el popular Alfonso Rueda, anunció seis días más tarde la bonificación del 50% del impuesto sobre el patrimonio. Eso la convierte en la segunda región que más dejará de recaudar este año gracias a esta figura fiscal, respecto a 2022: 17 millones de euros menos. “Muchas veces bajando impuestos se consiguen subidas en la recaudación final, porque la economía está interconectada y hay que hacer medidas inteligentes”, dijo el presidente gallego ese día.  

Por el lado opuesto, la Comunidad Valenciana ha sido la única región que ha ido a contracorriente de la oleada de rebajas fiscales que inició Juanma Moreno: en 2023 ingresará más por IRPF, por Patrimonio, por el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, entre otros. En total serán 78 millones de euros más que ingresarán las arcas públicas valencianas. Solo otras tres comunidades tendrán un impacto positivo por las medidas fiscales tomadas en los últimos meses, pero es muy menor: Cataluña (4 millones), Baleares (3 millones) y Cantabria (2 millones).

Ximo Puig anunció hace unos días su reforma fiscal, que incluye una rebaja para los primeros tramos del IRPF hasta los 60.000, que afecta a todas las rentas, y un aumento para los que solo afectan a las más altas. Esta reforma, no obstante, no aparece recogida en el informe de la Airef. La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son las dos comunidades sobre las que se prevé que tengan un mayor déficit fiscal en 2023, de más del 1%, según la Airef. En este sentido, las medidas aprobadas en 2022 se recaudarán en 2023. Pero, como recuerda el profesor Diego Martínez, por el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, las regiones “no lo recibirán hasta 2024”.

El Gobierno está ultimando su gran plan fiscal. PSOE y Unidas Podemos negocian a contrarreloj para intentar llegar a un acuerdo en los próximos días que configure su hoja de ruta en materia de impuestos en mitad de la guerra abierta entre comunidades autónomas por la rebaja de gravámenes con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene.

Desde el Ministerio de Hacienda se vaticina que habrá acuerdo, según fuentes del departamento, que esperan cerrarlo cuanto antes para presentarlo “en los próximos días”. Lo que se desprende desde el ámbito de María Jesús Montero es que no contendrá este plan una rebaja general del IRPF y que tampoco irá en el sentido de deflactación que exige el Partido Popular.

La filosofía del paquete fiscal, indican fuentes de Hacienda, es el “reparto justo de las cargas”. Ese plan llevará consigo medidas fiscales dentro de los presupuestos y otras iniciativas fuera, como la creación de un impuesto a las grandes fortunas (no se puede aprobar un nuevo tributo en la ley de PGE). Y todo el plan irá en la línea que defiende el Gobierno: deben contribuir ahora más los que más ganan para proteger al resto de la sociedad. Esto incluye los impuestos a las grandes energéticas y a las entidades financieras por sus ingresos extra por la inflación.

Lo que no se descarta ahora es que pueda haber una rebaja selectiva de impuestos a las clases medias y bajas. Según Cinco Días, una de las posibilidades es que haya una modificación eventual del IRPF para una pequeña bajada de tipo marginal a las rentas de menos de 35.200 euros, o una rebaja en la tasa aplicable hasta los 60.000 euros. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no rechazó esa posibilidad en rueda de prensa tras reunirse con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, remitiendo los anuncios para Hacienda pero dejando la puerta abierta con su reflexión de que han adoptado bajadas selectivas cuando se ha necesitado para los sectores más afectados: “Los hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo”. Pero “siempre”, señaló, con una política fiscal responsable.

"Nuestros hechos confirman la determinación que tenemos para aprovechar todos los instrumentos y adoptar la medidas que sean necesarias, incluyendo rebajas fiscales selectivas o generalizadas, como hemos venido haciendo con la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energía o todas la bonificaciones fiscales o las moratorias para las empresas", respondió ante los medios. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reconoció por la noche que en las últimas horas se había abierto ese debate.

Hasta el momento el Gobierno no había apuntado en esta dirección, poniendo distancia con propuestas como la de la Generalitat Valenciana (rebajas de IRPF para rentas inferiores a los 60.000 euros). Sí se ha diferenciado esta iniciativa de la deflactación que pretende el Partido Popular y, especialmente, de la política fiscal de eliminar el impuesto de patrimonio, como ha hecho Andalucía, ya que sólo afecta al 0,2% más pudiente. Si se materializa esa posibilidad, supondría esa bajada pero aumentando principalmente los ingresos con los tributos para ricos, lo que no supondría una merma de recaudación para los servicios públicos.

Las negociaciones dentro del Gobierno tienen como principales protagonistas a la ministra María Jesús Montero, por parte del ala socialista, y a los representantes del ala de Unidas Podemos: Nacho Álvarez (secretario de Estado de Derechos Sociales) y Josep Vendrell (director de gabinete de Yolanda Díaz). Sobre la mesa, según fuentes negociadoras, hay varias vías abiertas en materia impositiva. Hay consenso sobre la creación de ese impuesto sobre las grandes fortunas, pero se sigue viendo la letra pequeña.

Otro de los puntos que puede llevar el gran plan fiscal, y sobre el que las posturas están muy cercanas, es la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina. El PSOE y Unidas Podemos estudian para este paquete un aumento en el IRPF para los ingresos del capital más altos (por ejemplo, por los ingresos por alquileres e intereses). En la mesa de negociación también se está hablando sobre el impuesto de sociedades con el fin de “dotarlo de más eficacia”, según fuentes conocedoras, y que no haya vías de escape. Todavía no se ha cerrado el paquete global y la reunión del miércoles por la noche entre ambas delegaciones acabó sin acuerdo, especialmente por partidas en los presupuestos y no por el tema fiscal.

El debate de los impuestos está removiendo toda la política española desde los últimos días. Las comunidades han emprendido una guerra de fiscalidad a la baja, que va en contra de la filosofía que ha mostrado Moncloa. En el complejo presidencial siempre recuerdan que esto no casa con el momento en el que España recibiendo fondos por valor de 140.000 millones de euros, lo que puede llevar a quejas de países como Alemania, que han hecho un gran esfuerzo mutualizando por primera vez la deuda. Desde el Gobierno advierten de que Bruselas está muy atenta a cualquier paso que se dé en fiscalidad por parte de España, además de que se tienen que cumplir hitos para recibir esa cantidad ingente de dinero.

Otro de los aspectos que subrayan fuentes del Gobierno es que el contexto internacional demuestra que no se pueden hacer rebajas generalizadas de tributos. El ejemplo más claro, recuerdan, es Reino Unido, donde la libra se ha desplomado desde el momento en el que la nueva primera ministra, Liz Truss, lanzó su plan de bajada masiva de los impuestos. 

La espiral de bajada de impuestos preocupa bastante al Gobierno. Entienden en el Ejecutivo que hay “mucha presión” entre las autonomías una vez su vecina entra en la bajada fiscal. Hasta el momento habían sido las del Partido Popular, con Andalucía copiando a Madrid, pero se ha dado un giro desde que este martes lo hizo la Generalitat Valenciana, que es el principal bastión autonómico de la izquierda.

La guerra se ha recrudecido en los últimos días, con el anuncio de Galicia de deflactar el IRPF para las rentas menores de 35.000 euros y bonificar el 50% del impuesto de patrimonio. Cantabria también se lo piensa: “Si por ahí va la marea, no nos vamos a quedar fuera”, dijo este miércoles el presidente regional, Miguel Ángel Revilla. Se trata de un Ejecutivo de coalición con el PSOE. Además, se lo están planteando comunidades socialistas como Aragón, Navarra, Canarias y Castilla-La Mancha. La Junta de Extremadura también ha asegurado que estudiará la rebaja fiscal que piden PP y Ciudadanos pero no es partidaria de abrir una subasta entre comunidades.

Los nervios electorales se han apoderado de muchas de ellas, apenas ocho meses antes de que se pongan las urnas. El 28 de mayo se juega la mayoría del poder territorial en España y se votarán las corporaciones de los más de 8.100 municipios de España. Y el debate de los impuestos se configura como clave en un momento de alta inflación y con un panorama de incertidumbre debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Esta guerra fiscal coincide con la elaboración de los presupuestos generales, que el Gobierno quiere sacar “en tiempo y forma”. La promesa de María Jesús Montero es que entrarán en vigor el 1 de enero y son unas cuentas públicas especiales por tratarse de las últimas de la legislatura.