La expresión "vete a hacer puñetas" es de principios del siglo XIX y en su origen equivalía a "vete a la cárcel" aludiendo a las labores de bordado complejas y lentas ("puñetas") llevadas a cabo por las presas de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, conocida como La Galera. Las "puñetas" eran los adornos de encaje que lucían en las mangas de las togas jueces y magistrados, extravagante tradición mantenida hasta hoy. Este trabajo forzado, minucioso y largo hizo que enviar a alguien a "hacer puñetas" adquiriera el sentido de mandarle a realizar tareas tediosas para mantenerle lejos de la persona que lo decía.

En otro sentido, coloquialmente, “hacer la puñeta” viene a significar fastidiar, molestar o perjudicar a alguien, lo que encaja con el desempeño torticero de las tareas profesionales por parte de muchos, demasiados, jueces y magistrados. La literatura y la historia están plagadas de ejemplos que refrendan la opinión que de la justicia tiene una gran parte de la ciudadanía, sobre todo en lo que afecta a la ceguera como símbolo de la objetividad, a menudo reducida a una tortedad que ubica ideológica y/o crematísticamente a usía.

La exquisitez de los encajes de las bocamangas corre paralela a la que sus señorías tratan de trasladar a sus sentencias y actuaciones con lenguaje y modos barrocos y trasnochados. Pretende esta casta sentencias incuestionables y conductas más allá del bien y del mal, a medio camino entre una ilustre cátedra y la infalibilidad papal, a pesar de que por la puñeta asoman no sólo ases, sino barajas completas. Tahúres de audiencia, trileros de estrado, ilusionistas de vara y fulleros con maza, hacen piña corporativa cada vez que se les pilla en un renuncio, y no son pocas ni disimuladas estas indignas conductas cuasi delictivas.

Ahí están las togas, haciendo la puñeta al Derecho y la Justicia cada vez que sus señorías sacrifican la imparcialidad en el altar de la militancia ideológica o partidista (tanto monta), equiparan delito y pecado o utilizan la vara de medir y el calendario en función del delito evaluado y del delincuente mensurado. Bajo las togas, sus señorías visten muy a menudo, demasiado, camisas de once varas por un afán desmedido de exhibir chulería muy distante de su cometido social y próximo a tóxicas vanidades contrarias a la Democracia.

Negando evidencias, del CGPJ abajo, la judicatura se indigna, se revuelve, amenaza y lloriquea si alguien osa cuestionar la decisión de un juez, excepción hecha de Miguel Ángel Rodríguez y todo el facherío patrio. Intocables. Se sienten intocables. Intocables y depositarios de las esencias de una pútrida patria, amén de reserva espiritual de occidente. Ridiculizada en Europa, cuestionada en España, su credibilidad naufraga por la desfachatez de los Peinado, Hurtado, García Castellón, Espejel, Marchena y toda la extensa nómina que bailan al son marcado por PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o cualquier otro clan mafioso.

Más antigua que las puñetas es la tradición inquisitorial del Santo Oficio, creado en 1478 por los Reyes Católicos bajo el control directo de la Corona y que perdura aún hoy, a pesar de su pretendida abolición en 1834. Son cinco siglos y medio con la Justicia haciendo de la toga un sayo y haciendo la puñeta al pueblo y al Estado de Derecho. Cinco siglos y medio es la involución en derechos y libertades previsible en un horizonte próximo con Vox y el Partido Popular instalados en el poder gracias al voto de fascistas y tontos de capirote (*).

(*) En su origen, el capirote fue un gorro de cartón utilizado por la Inquisición como símbolo para señalar a los acusados de delitos religiosos o conductas heréticas que debían desfilar por plazas y calles con él sobre la cabeza para que fuesen humillados públicamente por el resto del pueblo. Con el tiempo, la expresión 'tonto de capirote' ha quedado para señalar a personas a las que se considera muy necias, bobas o incapaces. 

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Todo empezó con la doctrina Atutxa, allá por el año 2008. Meses después de que el Supremo decidiera que una acusación popular sin el apoyo del fiscal o el perjudicado por el delito pudiera llevar a juicio al banquero Emilio Botín, la Sala de lo Penal, en una resolución redactada por el conservador Manuel Marchena, resolvió que, en el caso de Juan Maria Atutxa (expresidente del Parlamento vasco del PNV), este sí podía ser enjuiciado y condenado por desobediencia con el único impulso del pseudosindicato ultra Manos Limpias, en contra del textual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) sitúa en ese momento preciso el inicio de la ola de activismo judicial que ha culminado en fechas recientes con las causas abiertas a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, y con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por defender a la Fiscalía de un bulo difundido por Isabel Díaz Ayuso y su entorno. El último libro del magistrado emérito del Supremo, Visto para sentencia (Siglo XXI), considera que esos tres procesos constituyen una "guerra judicial" en la que hacer caer al presidente del Gobierno es el único objetivo.

En sus 22 años de trayectoria en el Supremo, ¿vivió usted un grado de polarización en la Sala de lo Penal como el actual?

Al llegar en 1989 a la Sala me encontré con un magistrado que había estado en la División Azul, Luis Vivas; otro que había sido director general de Prensa y Propaganda durante el franquismo con Manuel Fraga, Antonio Huerta y, en general, con gente que había sido muy cercana al régimen. Todos esos compañeros me recibieron con mucho afecto y con ellos conviví y debatí con normalidad y respeto. Tuve una muy buena relación personal con ellos. Fue más bien en el último periodo, cuando era magistrado emérito, que me opuse muy rotundamente a la persecución al juez Baltasar Garzón. Fue una etapa más desagradable por la catadura personal de algunos personajes, entre los que se encontraba [Manuel] Marchena.

En su libro, pone como punto de partida del activismo judicial actual la doctrina Atutxa en 2008. ¿Cómo fue el proceso hasta esa decisión tan controvertida?

Fue la primera decisión sin ningún apoyo legal ni racional en la que se invadió la potestad legislativa de una Cámara. La ley establece que cuando el fiscal o el perjudicado por el delito no acusan, el tribunal tiene que archivar sin que la acusación popular pueda por sí sola abrir juicio oral. Así se hizo con Emilio Botín, el presidente del Santander, un año antes. Marchena le dio la vuelta como a un calcetín y dijo que el archivo que prevé la ley solo era para delitos en los que hubiera un interés privado, pero no para temas de interés político, como la disolución el grupo de la izquierda abertzale en el Parlamento vasco. Fue el primero de una serie de asuntos, como el de la doctrina Parot contra los presos de ETA, muchos de los cuales fueron anulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Señala a Marchena con nombre y apellidos como el gran responsable de esta situación. ¿Tan grande es su influencia?

Hace ya unos años tuvo algún enfrentamiento con algunos magistrados porque sostenía la tesis que ahora ha reaparecido de que no se podían presentar votos particulares contra autos, algo que no está escrito en ningún sitio. Desde que nos fuimos magistrados como Joaquín Giménez, Perfecto Andrés, Enrique Bacigalupo o yo [todos ellos progresistas], la sala ha caído en sus manos. Es una persona inteligente y lista. También ha influido el tema de la unidad de la patria y de la confrontación con el independentismo vasco y catalán, un sentimiento que también estaba en esa época en el PSOE. Esa idea de salvar la unidad de la patria, muy arraigada, le permite a Marchena manejar sus tesis sin oposición.

Podemos ha sido también objeto de una persecución judicial sin precedentes...

Una persecución injustificada y ejercitada por acusaciones populares, como en el caso Neurona [archivado definitivamente en octubre de 2024 tras cuatro años de investigación]. Ahí la diferencia es que lo que se perseguía, ante la inconsistencia de la acusación, era dilatar el caso como elemento de desgaste. Porque cada paso era objeto de información continua en periódicos como El Mundo, Abc, La Razón y los digitales que se fueron apuntando.

Se trata de un caso similar al de la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez ¿Por qué es tan difícil frenar estos excesos?

En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el de su hermano y el del fiscal general, en los tres, la pieza a cazar no es ninguno de ellos, sino el presidente del Gobierno. Provocar unas nuevas elecciones. Basta leer el auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz, que decía literalmente “siguiendo indicaciones de la presidencia del Gobierno”. Esto ya era descarado. Lo de Peinado es un caso clamoroso de guerra judicial con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros jueces. Ha habido querellas contra él, pero no han llegado a ninguna parte. Tampoco ha habido ninguna sanción disciplinaria pese a que clamorosamente está infringiendo la ley. Después de transformar la investigación para que la esposa del presidente responda ante un jurado tenía que haber convocado una audiencia a las partes para decidir si abre juicio o archiva y no lo ha hecho. Además, le ha cogido gusto a entrar en la sede del Poder Ejecutivo de forma arbitraria vulnerando la separación de poderes. Las dos veces que lo ha hecho han sido grotescas: una para preguntar a Sánchez si Begoña Gómez era su esposa, y después vino el espectáculo de la tarima… Nadie, absolutamente nadie, le ha parado los pies. Estamos abocados a esperar a su jubilación. Hasta entonces seguirá impasible, repito, con la complicidad del Consejo.

Las asociaciones judiciales conservadoras mantienen un discurso apocalíptico de ataque sistémico del Gobierno al Estado de derecho. ¿A qué viene tanta hipérbole?

Aznar dijo su famosa frase por el mes de noviembre de 2023: “El que pueda hacer que haga”. Estas asociaciones colaboran con esa llamada, pero no con hipérboles, sino con extravagancias que causan vergüenza ajena. Por ejemplo, con el proyecto del Gobierno para reformar del sistema de ingreso [a la judicatura], las oposiciones, se introduce un ejercicio práctico para detectar habilidades como la lógica deductiva o la capacidad de argumentación, entre otras cosas. Y la parte memorística, la de siempre, se graba. Los colectivos conservadores van diciendo a los países de la UE que eso es un atentado a la independencia judicial, pero sin ningún éxito, claro. Imagino el asombro y hasta las carcajadas. En realidad, esto les desmonta el tinglado que viene de atrás de los preparadores y por eso se han puesto nerviosos.

Con todo esto, ¿podemos fiarnos de nuestros jueces?

La mayoría de los jueces cumplen con su obligación con absoluto sentido de la proporcionalidad, de la justicia y de la racionalidad. No todo son casos de trascendencia política. Hay millones de demandas de muy diversa naturaleza no solo en lo penal, en materia de familia, de mercantil, de violencia de género, en lo contencioso-administrativo o en lo laboral. Pero claro, estos asuntos más políticos y que son objeto de una especial atención en mi libro, son los que hacen que la gente desconfíe de la imparcialidad de algunos miembros del Poder Judicial.

El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado. Lo hace el día de la lucha contra la violencia de género, después de que Álvaro García Ortiz haya renunciado a su cargo. El nombramiento de Peramato es un chute de optimismo democrático, después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que condenó al anterior FGE por revelación de datos reservados. Su propuesta, pendiente de la valoración del CGPJ y del Congreso, nos indica que el sistema democrático español, a pesar de sus anomalías, funciona. El nombramiento de Peramato ha sido un gesto inteligente, astuto, brillante. La próxima FGE ha ocupado el cargo de Fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. El gobierno ha jugado bien la carta contra el desencanto.

El último fallo del TS volvió a poner en evidencia la ominosa influencia del magistrado Manuel Marchena en la vida política española. El Napoleón del Poder Judicial es lo suficientemente perverso como para sacar a Álvaro García Ortiz de la Fiscalía por un delito menor, que nada tiene que ver con la revelación de secretos, lo que viene a significar que el juez tampoco pretendía meterlo en la cárcel, sino tan solo expulsarlo de la Fiscalía General y dar un golpe de mando. 

El anuncio de la condena sin haber dado a conocer antes los argumentos de la sentencia no se compadece con el proceso que la ciudadanía pudo observar en diferido, pero ha servido para evidenciar cómo funcionan los engranajes de la justicia española, emitiendo un aviso para navegantes. Marchena es capaz de meter a los líderes del procés en el trullo y es también capaz de tumbar a todo un fiscal general del Estado. El Poder Judicial se siente lo suficientemente fuerte como para tener a un país cogido por el puño. Ahora conviene observar cuál ha sido la reacción de ese país.

El pasado domingo, centenares de personas tomaron improvisadamente el parque de la Villa de París tras saber que Álvaro García Ortiz había sido ajusticiado. Ante la puerta principal del Supremo, gritaron ante un Estado de Derecho amenazado, principalmente, por su máximo garante, el Capitán Marchena. No es la primera vez que el pueblo se organiza, excitado por una sentencia injusta. Conviene recordar la condena de La Manada que puso al feminismo español a prueba. El castigo leve a los violadores de La Manada propició una reforma legislativa, un cambio en el ordenamiento y un calambrazo al movimiento feminista que tomó las calles y logró que en la Corte de los Leones se aprobara la ley del sólo sí es sí, con el espaldarazo de Irene Montero y el ministro de Justicia socialista Campos, hoy en el el TC. Como afirmó la propia Peramato, “la ley del sólo sí es sí es buena, nos da muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas”.

Las mujeres crearon un momentum político que tuvo su reflejo jurídico en la aprobación de una ley y en la jurisprudencia del TS. Fue un cambio de rasante en la política de igualdad que ha fortalecido nuestro sistema de derechos. Hoy nadie cuestiona esa ley, salvo PP y Vox. Unos cuantos años después, la misma reacción ante un fallo del Supremo podría volver a producirse, si no fuera porque la guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no han impactado en la opinión pública con la misma intensidad que entonces. Se diría que la acción de Marchena sólo beneficia técnicamente a Vox sin lograr que el PP crezca electoralmente ni tampoco condicione la acción del Gobierno que ha decidido que Peramato, escuela Dolores García, ocupe la vacante de García Ortiz. 

De momento, La Manada y el fallo del TS han provocado reacciones distintas entre los españoles. La Manada tensaba el instinto humano. En cambio, la condena del FGE nos remite al asesinato de Montesquieu, es de orden más estructural. Nos invita a desconfiar en la justicia y a pensar que España se parece un poco más a la Italia de los 70, a esa en la que Alberto González Amador habría sido un ciudadano libre de toda sospecha. Efectivamente, la condena a Álvaro García Ortiz moviliza a la izquierda del 68, a la de la Transición, a un votante veterano y maduro. Probablemente, trata de evitar la sensación de hundimiento y desencanto. En Ferraz deberían estar atentos a este cruce de caminos. Quizá no están sabiendo mover a su electorado joven correctamente, quizá RTVE sigue sin ser suficiente.

El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Catalunya confirma a PSC y ERC como principales fuerzas políticas. Los partidos de la plurinacionalidad se sitúan muy por encima del 50%. La amnistía no sólo ha recosido las heridas de la convivencia. También ha dado estabilidad a los partidos de la izquierda, cuando en el resto de España se viven días de futuro terror, acelerados tras la condena del fiscal general del Estado, merced al puño de Marchena. En realidad, el CEO nos confirma que lo que sucede en el Madrid D.F. se parece mucho a lo que está pasando en Catalunya. El sondeo que dirige Joan Rodríguez ha vuelto a subrayar el ascenso creciente de Aliança Catalana y la crisis profunda en la que se encuentra Junts. La derecha fractal catalana replica los mismos síntomas de debilidad del PP y perfila la fuerza del 20% de Vox. Los de Silvia Orriols serían primer partido en Gerona y Lleida y se harían con 18-20 diputados en el Parlament, al tiempo que los de Carles Puigdemont perderían 15 escaños. Aliança Catalana ha dejado de ser una anomalía democrática y ya estaría en condiciones de arrebatarle a Junts la tercera posición en el arco parlamentario, convertida en un trombo que obstruye la acción parlamentaria de Pedro Sánchez en la Corte de los Leones. El mejor anticoagulante para disolver a Junts viene siendo el TJUE. Atentos al fallo que puede autorizar la aplicación íntegra de la amnistía. El TJUE no tardará mucho en reconocer la libertad de Puigdemont. Se acerca otro momento político: “Ciutadans de Catalunya: ya sóc aquí”.

Lo que sabemos: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por “revelación de datos reservados” a una “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Ayuso y defraudador confeso a través de su abogado, por “daños morales” (ver aquí). Tendrá el fiscal general que pagar incluso las costas de la defensa de González Amador, un señor que tiene pendiente ser juzgado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. 

Sabemos que la designada como ponente de la sentencia de este disparatado juicio acorde con una surrealista instrucción realizada por Ángel Hurtado –el juez que no vio el menor indicio de que M.Rajoy fuera Mariano Rajoy en el caso Gürtel– es relevada en la redacción de la sentencia porque ella, Susana Polo, considera que García Ortiz es inocente, lo mismo que opina la magistrada Ana Ferrer. Ambas presentarán un voto particular discrepante que promete sonrojar la argumentación jurídica de los otros cinco magistrados. Y será el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, quien se convierta en nuevo ponente.

Sabemos también que la pareja de Ayuso, presunto delincuente que proclama que el fiscal general le ha “destrozado la vida”, anda celebrando con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, jefe de gabinete de la presidenta madrileña a quien todos pagamos un sueldo para –como él mismo ha confesado– dedicarse a lanzar bulos capaces de destrozar la vida (y la hacienda personal) de todo un fiscal general. Brindarán por su éxito procesal, que además le puede servir para provocar la nulidad de su presunto (y palmario) fraude fiscal, producto de comisiones millonarias con las mascarillas durante el covid y gracias a sus chanchullos con el grupo sanitario Quirón, principal beneficiario del grifo de recursos públicos que Ayuso abre a su antojo hacia el negocio privado (ver aquí). Hoy, la pareja podrá seguir durmiendo a pierna suelta en un ático de lujo en Chamberí pagado –siempre presuntamente– con dinero ocultado al fisco y por tanto robado (de nuevo presuntamente) a la caja común de todas y todos los madrileños.

De igual modo sabemos que durante las seis jornadas del juicio oral ha quedado claro, hasta para el más tonto de los legos, que no ha aparecido una sola prueba de que el fiscal general filtrara el tan manoseado correo del abogado del novio de Ayuso en el que este confesaba dos delitos fiscales y mostraba su disposición a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la cárcel. Al contrario: hemos escuchado los testimonios de al menos cuatro periodistas de otros tantos medios que manifestaron haber conocido ese correo horas o días antes de que le llegara al fiscal general. Incluso tres han afirmado expresamente que no fue García Ortiz quien se lo filtró. Lo han hecho como testigos obligados a decir verdad o a asumir las consecuencias (no como un Mazón cualquiera que se permite mentir una y mil veces ante cualquier instancia).

Lo que no sabemos aún exactamente es por qué estos cinco magistrados (nombres y apellidos: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela) de una Sala que lleva ya unos cuantos años inspirada mayoritariamente por ese cerebro incomparable de la ciencia jurídica llamado Manuel Marchena (aquel que el PP esperaba nombrar presidente del Supremo y del Poder Judicial para controlar precisamente la Sala Penal “desde detrás” –ver aquí–) deciden ejecutar al fiscal general y anunciarlo precisamente el 20-N (¡qué enorme sensibilidad democrática!). Ya no está claro que la percha de la condena sea la filtración de ese correo. Porque el lenguaje no es inocente, ni en la política, ni en el periodismo ni mucho menos en la justicia. El fallo ya no cita la “revelación de secretos” sino que habla de “revelación de datos reservados”. No puede ser gratuito. No se han atrevido a decretar prisión, así que se inclinan por arropar una condena de inhabilitación y multa.

Cabe deducir que vuelve a otorgarse un peso “delictivo” a aquella nota informativa que salió de la Fiscalía General y cuyo contenido ha sido asumido desde el minuto uno por García Ortiz, puesto que tenía el sentido único de desmentir el bulo lanzado desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, que –no dejemos que nos despisten– intentó colarnos la especie de que todo era al revés de como era: “Es Hacienda quien debe 600.000 euros” a este “particular” (ver aquí).

El propio Estatuto de la Fiscalía (artículo 4.5) exige que se facilite a la opinión pública la información de acontecimientos de interés general de su ámbito, con transparencia y veracidad. Esa nota informativa fue el motivo por el que el Tribunal Superior de Madrid elevó el asunto al Supremo, y resulta que fue esta Sala Segunda –y en concreto el propio Manuel Marchena, entre otros– quien dictó el auto que rechazaba la existencia de indicios delictivos en la misma (“se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”) y, eso sí, ordenó investigar directamente al fiscal general por presunta revelación de secretos. No a cualquiera de las decenas o incluso centenares de fiscales, abogados del Estado o funcionarios de distintas instancias que tuvieron acceso al maldito correo, sino al fiscal general en persona.

Manuel Marchena ha demostrado sobradamente una capacidad creativa en su interpretación del derecho que debería dar para unas cuantas tesis doctorales. Del mismo modo que después de presidir el tribunal que condenó por sedición a los independentistas del procés –algunos con penas más altas que las que tuvieron los protagonistas del 23-F– tuvo la ocurrencia de interpretar el delito de malversación de forma que pudiera bloquear la aplicación de la ley de amnistía decidida por el Parlamento, no podemos descartar que la nota informativa pase de considerarse irrelevante y lícita a convertirse en la base de la ejecución del fiscal general. Que el mismo magistrado que puso en marcha el proceso contra García Ortiz haya formado parte (esencial) del tribunal juzgador sin que nadie haya movido una ceja (ni siquiera el propio acusado, por temor a que además se le tachara de incurrir en una falta de respeto a la Sala), es un enigma que algún día debería aclarar –si es que puede y se atreve a hablar alguna vez ante los medios– la presidenta del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, digna de otras labores menos entregadas a una falsa equidistancia.

Y lo que sí sabemos, con casi absoluta seguridad, es que se engañan Feijóo, Ayuso, MÁR, González Amador o el propio Marchena si se consideran triunfadores por haber liquidado al fiscal general. Algún día este proceso se estudiará como un atropello constante a la presunción de inocencia, pero también como el pisoteo del “derecho a una información veraz” establecido en la Constitución, artículo 20.1.D. Pierde el (ya escaso) crédito de la justicia, pierde el prestigio del más alto tribunal penal de nuestra democracia… perdemos todos. Si Feijóo cree que “García Ortiz ha sido un peón del Ejecutivo…”, habrá quien con todos los sólidos indicios acumulados pueda dudar si hay magistrados del Supremo que responden al antidemocrático llamamiento a “quien pueda hacer, que haga” soberbiamente repetido por Aznar. Desde el Supremo se ha dado un golpe (y no blando) en la mesa: no podemos nombrar al fiscal general, pero sí cesarlo. Y un aviso a navegantes: si se puede ejecutar a todo un fiscal general, ¿qué creen que puede pasar con el hermano o la pareja del presidente del Gobierno? Por algo el propio Aznar, y Feijóo, y Tellado… vienen anunciando el destino de Sánchez hacia el banquillo o más allá.

Llevamos mucho tiempo advirtiendo desde este mismo Buzón que lo que está ocurriendo en algunos sectores (decisivos) de la cúpula judicial es lo más grave en términos democráticos que hemos vivido desde la crisis de 2017. Precisamente a raíz de la crisis constitucional provocada por el independentismo unilateralista catalán, hay estamentos decididos a “salvar España”, como sea, el que pueda hacer que haga. Un falso patriotismo que inclina la balanza de la justicia hacia un solo lado, el que satisface a quienes vienen exigiendo la dimisión del Gobierno legítimo y la “inmediata” (desde 2018) convocatoria de elecciones generales. 

Leeremos atentamente la sentencia, y también los votos particulares, que forman parte del acervo jurídico y que a veces sirven para desnudar al completo intereses ajenos a la estricta aplicación de la ley. 

P.D. Una vez más se demuestra que uno es excesivamente ingenuo en la confianza hacia los principales actores del sistema democrático. Pensé (sin ninguna certeza, es verdad) que esta vez era imposible condenar a un presunto inocente sin pruebas sólidas y con testimonios contrarios a la acusación, y que asistiríamos a una absolución con recursos creativos que señalaran ese “borrado” del dispositivo móvil realizado por el fiscal general. Una decisión que regalara titulares de “inocente pero culpable” (ver aquí). No ha sido así. Sin pudor y sin complejos. Así que uno se atreve a proclamar honestamente: “culpable… pero inocente”.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.

En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

E imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.

El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos.

"Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma el magistrado.

Peinado decide seguir adelante con el procedimiento de jurado y vuelve a sostener que los delitos que investiga son conexos, arrastrando el de tráfico de influencias al resto, y para defender la acumulación cita un auto de la fase de instrucción del caso contra la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

Insiste Peinado en que "el origen de los hechos delictivos" son las acciones de Begoña Gómez derivadas "de su relación de parentesco, con el actual presidente del Gobierno", que considera la "causa" fundamental "para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posible restantes delitos".

"Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente" como delitos, añade.

Así acuerda continuar el procedimiento del tribunal de jurado contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Y sigue la causa contra Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; contra Francisco Martín por el delito de malversación de caudales públicos y contra Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

En su resolución el juez ordena numerosas diligencias, entre ellas varias testificales, pero rechaza que declare como testigo el presidente del Gobierno, como solicitaban las acusaciones, argumentando que es "inútil", ya que Pedro Sánchez ya se acogió a su derecho a no declarar.

Agrega no obstante que "no es descartable, que, como él mismo ha manifestado públicamente, pueda cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

También ve "impertinente" que vuelva a declarar como testigo el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se nombró a la asesora, puesto que "ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió".

Peinado pidió al Supremo imputar a Bolaños por falso testimonio y el alto tribunal lo rechazó al no ver indicios de delito.

El magistrado ordena en el auto conocido este miércoles que se practiquen numerosas diligencias, como la entrega de los correos entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez y de las agendas de ambas para que las analice la UCO, así como la entrega de sus pasaportes para precisar las fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.

Llama a declarar de nuevo como testigos, entre otros, a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector en la Universidad Complutense; Diego de Álcazar, que es presidente del Instituto Empresa, y Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google.

También solicita a Presidencia que remita "toda la información relativa a los viajes de D.ª Cristina Álvarez Rodríguez sufragados con fondos públicos", incluyendo todos los detalles y desde el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta ahora.

Mientras ocupó su puesto de asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez recibió cumplidamente cada mes su salario correspondiente procedente de las partidas presupuestarias de Presidencia del Gobierno. Ni un euro más ni uno menos. Lo que le correspondía según su categoría. El hecho de que su labor se centrara en "la gestión de la agenda, del correo o en dar soporte de seguridad y protocolo" a la esposa del presidente, las actividades que consideran lícitas el juez Juan Carlos Peinado y la sección 23 de la Audiencia de Madrid, o mandara correos electrónicos relacionados con el trabajo de su jefa en la Universidad Complutense, no conllevaron ningún perjuicio para los fondos públicos. Tampoco un enriquecimiento para ninguna de las dos. Sin embargo, el instructor de la causa contra Begoña Gómez no ha dudado en procesarla junto a esta por un delito de malversación pese a que, en su auto de este miércoles, no desarrolla ninguna de las conductas de las imputadas que, en teoría, llenarían los elementos del delito.

La debilidad probatoria de la tesis de Peinado es palmaria. Su procesamiento y transformación en un procedimiento de jurado popular se basa en los correos intercambiados por Álvarez con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, el centro donde estaba la cátedra en la que trabajaba Begoña Gómez. O el enviado a una directiva de Reale Seguros para solicitar que continuara como patrocinadora de los cursos que impartía, algo que, según sostuvo la Audiencia de Madrid en junio y replicó este miércoles Peinado, "excede claramente de sus funciones", las de la asistente. Ni el instructor ni la Audiencia pueden plantearse que Álvarez pudiera haber hecho esas gestiones en pleno uso de su libertad –porque le dio la gana– o en virtud de su amistad con la esposa de Sánchez. Podría, incluso, sostener que no lo hizo como asesora, sino a título estrictamente privado. Pero nadie pone en duda que ni ella ni Gómez metieron la mano en la caja.

El auto de Peinado que procesa a ambas y también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sostiene –también parafraseando a la sección 23 de la Audiencia de Madrid– que, tanto Álvarez como Gómez tienen la condición de funcionarias públicas "a efectos penales". En el caso de la antigua asesora es indudable que lo fue –en Presidencia– mientras ocupó ese puesto de confianza junto a la esposa de Sánchez, pero en el de Gómez, lo deriva de su cargo en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Desde esa posición en el centro educativo no se explica cómo pudo valerse de ella para malversar recursos de Moncloa. Álvarez, en principio, sí estaba en el sitio idóneo para poder cometer el delito que se le imputa, pero lo único que hizo fue cobrar su sueldo.

Begoña Gómez no es una excepción. Todas las esposas de presidentes del Gobierno de la democracia han tenido asistentes para sus asuntos personales. Los tuvieron Ana Botella, la mujer de José María Aznar, y Elvira Rodríguez, la de Mariano Rajoy (en el caso de esta última lo fue durante dos años el actual diputado del PP Jaime de los Santos, que acompañaba a Rodríguez incluso a sus compras de ropa). Rajoy llegó a alojar a su padre, muy mayor y dependiente, en Moncloa abonando sus cuidados con fondos públicos. Pese a que fue denunciado por ello ante el Tribunal Supremo, nadie lo imputó por malversación.

La interpretación creativa de este delito no es solo patrimonio de Peinado en el caso Begoña Gómez. La Sala Segunda del Tribunal Supremo también retorció esta misma infracción para dejar de aplicar la ley de amnistía a las malversaciones por las que había procesado o condenado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de los líderes del procés. El alto tribunal, en una resolución de la que fue ponente el que fuera presidente de esa Sala, el conservador Manuel Marchena, los magistrados se negaron a aplicar una ley legítimamente aprobada por el Parlamento y plenamente constitucional, obviando el tenor literal de su articulado, los objetivos que perseguía según su exposición de motivos y la intención declarada de los grupos políticos que la apoyaron –el ruido político y mediático duró meses– de que la norma perdonara la malversación de las personas a las que el Supremo no la aplicó. La más alta instancia penal española era la única institución que desconoció cuál era el propósito concreto de esa disposición.

La argucia de la Sala motivó un duro voto particular de uno de sus miembros, la magistrada progresista Ana Ferrer, que acusó a Marchena y al resto de sus compañeros de "moverse en el terreno de la ficción jurídica" y la "entelequia". También importantes reproches de la academia. La ley contenía en el catálogo de delitos a amnistiar el de malversación pero siempre que no hubiera habido "propósito de enriquecimiento". Después aclaraba que, a efectos de la norma, no existía enriquecimiento si, mediante el delito cometido, el procesado o condenado no había tenido "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". La malversación del proces consistió, no en robar fondos públicos, sino en dedicarlos a un fin ilícito como fueron las consultas de 2014 y 2017. Para evitar amnistiarla, Marchena y otros tres magistrados tuvieron que inventarse ese "beneficio personal de carácter patrimonial". Y lo hicieron al considerar que antes de dedicar dinero del erario público a los referéndums, los condenados y procesados se lo habían apropiado.

El voto particular de Ferrer no solo denunció esa interpretación creativa, sino que también advirtió de infracciones básicas cometidas por Marchena y sus compañeros con esa decisión. Como la vulneración para los procesados y condenados en el juicio del procés del derecho fundamental a que se les aplicara retroactivamente la ley más favorable, en este caso la de la amnistía. También el derecho a la legalidad penal (la norma establecía una amnistía para ese delito que no se aplicó) y las más elementales normas de interpretación del derecho contenidas en el artículo 3 del Código Civil y conocidas por cualquier estudiante en los primeros años del grado en Derecho: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Los afectados han recurrido en amparo al Constitucional que, previsiblemente, dará la vuelta a esa resolución en un nuevo varapalo al Supremo.

El debate sobre la independencia judicial está en auge en el inicio de este curso político, pero tiene múltiples dimensiones y un largo historial. No comenzó en esta legislatura: en 1997, Felipe González, por entonces secretario general del Partido Socialista y expresidente del Gobierno, advertía de que “hay cosas que no funcionan y que tiene que parar el espectáculo diario de la justicia". 

Parece que el tiempo no haya transcurrido. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa, a través de su asamblea y de los informes del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), han criticado en numerosas ocasiones el sistema de elección de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, según estas instancias, el Parlamento ejerce un peso excesivo y preocupante.   

Pero esta preocupación sobre la independencia judicial no suele extenderse a otros ámbitos en los que la separación de poderes puede correr también riesgos. Como afirmara la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la apertura del año judicial, “independencia no equivale a libre arbitrio”. 

Pese a que la cooptación política de jueces y fiscales ocupa un lugar central dentro del debate político, poco se dice sobre los contactos que una parte de la élite judicial y fiscal establece con el poder económico: por una parte, a través de las jornadas y cursos organizados por instituciones y entidades privadas; por otra, en las actividades que jueces y fiscales jubilados y en excedencia realizan para grandes bufetes y firmas de abogados, cuando no por cuenta propia.  

Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados ejercer actividades mercantiles más allá de la gestión de su patrimonio, y que los miembros del CGPJ deben declarar todas sus propiedades y actividades, dicha exigencia no se ha extendido, por ahora, a los magistrados del Tribunal Supremo, un componente esencial de la élite judicial. 

Algunas de estas conexiones pasan desapercibidas por su sutileza y, cuando son reveladas periodísticamente, se deben mayoritariamente a lo llamativo de los vínculos que salen a la luz, por lo que la mayoría permanece, todavía, bajo un oscuro desconocimiento. 

La existencia de cursos, jornadas y conferencias financiados por distintas entidades del sector privado es una forma muy habitual de establecer este tipo de contactos. El supuesto vínculo entre Baltasar Garzón y el Banco Santander –que habría pagado una serie de cursos del entonces juez en Nueva York– fue citado cuando sus oponentes trataban de expulsarlo de la carrera judicial, casualmente cuando éste encabezaba una causa general contra el franquismo y, además, instruía la trama Gürtel, una red de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular. El juez quedó inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel, mientras que el asunto de los cursos sería finalmente archivado por el Tribunal Supremo. 

Pese a que esta relación copó los titulares, ha causado mucho menos revuelo la presencia de determinados exponentes de la élite judicial en otro tipo de eventos generalmente organizados por el sector privado, cuando no por organizaciones de la sociedad civil abiertamente politizadas. 

Entre estos pueden destacarse los debates de la fundación FAES, cercana al Partido Popular y presidida por José María Aznar, a los que asistieron magistrados como Manuel Marchena, máximo responsable del juicio del proceso independentista catalán y miembro del tribunal que condenó a Garzón por el caso de las escuchas a miembros de la trama Gürtel, consideradas ilegales. Marchena recibió, además, un premio por parte de la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se sentaban los exministros José María Michavila y Ángel Acebes. 

A los eventos de FAES también asistieron, además de otros exministros del PP, como Alberto Ruiz Gallardón o Federico Trillo, el exmiembro del CGPJ y del Tribunal Constitucional dimitido por conducción ebria y actual consejero de Justicia madrileño, Enrique López, o el exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. 

Contaron, también, con otros magistrados próximos a Marchena, y relacionados con la destitución de Garzón, como Adolfo Prego o Miguel Colmenero, ponente tanto en el caso de las escuchas de Gürtel como en el de los cursos de Nueva York. También con Pablo Llarena, instructor del procés y contrario a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont.  

Si bien impartir cursos es una actividad que se puede ejercer previo permiso del CGPJ y no tiene por qué implicar incompatibilidad alguna, la escuela sede de dichos cursos puede indicar conexiones directas e indirectas. Precisamente fue la persistencia de esta red de vinculaciones la que llevó al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a presentar en 2014 una denuncia ante el CGPJ. 

En ella, Jiménez Villarejo señalaba a siete jueces del Tribunal Supremo y a seis abogados de la trama Gürtel por haber compartido aulas y remuneraciones en jornadas patrocinadas por empresas como El Corte Inglés, Repsol, Banesto, Enagás, Telefónica, Gas Natural, Caixa Galicia, Cajamar o Caja 7.

El exfiscal mencionaba también a otra entidad algo menos conocida pero no menos relevante: el Instituto Europeo de Práctica Judicial Schola Iuris, propiedad del empresario Ángel Benseny Pellicer, socio de dos de las personas de confianza del comisario jubilado José Manuel Villarejo. 

Schola Iuris acogió sesiones formativas por parte de magistrados como el ya mencionado Manuel Marchena, José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado de un Gobierno de Mariano Rajoy, y de Manuel Moix, quien fuera fiscal anticorrupción del mismo Ejecutivo.  

Marchena y otros jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional también estuvieron presentes en el Foro de la Justicia, organizado por Ausbanc entre los años 2010 y 2016, en el que se trataron problemas como las cláusulas suelo y otras consecuencias jurídicas de la crisis financiera, como las estafas de las preferentes. Las remuneraciones iban de los 800 a los 1.500 euros por intervención. Algunos de los asistentes donaron dichas cantidades a ONG. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, sería posteriormente encarcelado por presunta extorsión, aunque absuelto por el Tribunal Supremo. 

Pineda reconocería que, más que para aprender, este tipo de eventos se organizaban para “hacer amigos”. El caso de Ausbanc desembocó en un debate sobre este tipo de remuneraciones y pagos, que podían suponer conflictos de interés. 

Como consecuencia de este y de otros casos, han sido muchos los debates en el seno de la élite judicial y de su órgano de gobierno, que ha elaborado un código ético y creó en 2018 una comisión de ética judicial para dirimir estos posibles conflictos. Esta última es la única compuesta a partir de la elección de los propios jueces y tiene predominio conservador.  

El desarrollo de normas para evitar este tipo de conflictos no parece suficiente. El CGPJ autorizó al juez Luis María Díez-Picazo a impartir clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), centro vinculado a la patronal bancaria Asociación Española de la Banca. Díez-Picazo fue decisivo en un cambio de normativa sobre el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados, que terminó siendo favorable a la banca. Esta vinculación provocó en su momento una protesta por parte de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, presidida por Elisa de la Nuez.  

A estos cursos y conferencias hay que añadir la participación de miembros de poder judicial como socios o colaboradores de bufetes, un género que merece un espacio propio. Y a todo ello se debería sumar la coincidencia de los exponentes de la reducida élite judicial en otro tipo de foros de carácter más informal, como determinados clubes de élite. 

Si bien se hace necesario que la injerencia política en el poder judicial se minimice (también la de una derecha que no parece querer abandonar su activismo durante este curso), es igualmente exigible un ejercicio de transparencia para que dicha independencia pueda cumplirse en todos sus ámbitos.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

La democracia está en riesgo. Porque el poder político —entiéndase el Ejecutivo y el Legislativo, los poderes que eligen los ciudadanos y en los que han dado la mayoría a la izquierda— vulnera la separación de poderes que establece nuestra Constitución cuando carga contra algunos procesos y resoluciones judiciales que le afectan. Se trata de "un mensaje destructivo" del Gobierno y algunos de nuestros representantes en el Parlamento contra los pilares sobre los que se asienta la función judicial —la independencia y la imparcialidad— y que pone en riesgo nuestro Estado de derecho. Hasta tal punto, que parte de la sociedad no entiende que los jueces se encarguen profesionalmente de tutelar sus intereses, una percepción que entraña el riesgo de que, quienes no se sientan identificados con ellos "recurran a vías de hecho que les permitan eludir los mandatos constitucionales", es decir, actuar al margen de la ley o de cualquier procedimiento: algo que puede ir de la simple desobediencia a un golpe de Estado.

El expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo y figura prominente del tribunal que tiene entre sus funciones investigar y juzgar los delitos de los políticos demás aforados a ese órgano, Manuel Marchena, desgranó paso a paso el pasado lunes el alarmante discurso de la derecha judicial opuesta al Gobierno durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad CEU Fernando II en Bormujos (Sevilla). Marchena pidió a los políticos que respeten la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, pero el magistrado no dudó en cargar él mismo contra los otros dos poderes del Estado —el Ejecutivo y el Legislativo— que elaboran leyes "con nombre y apellidos" en clara referencia a la ley de amnistía o a la proposición de ley del PSOE que pretende limitar la acción popular, algo que los anteriores gobiernos del PP también plantearon en su momento.

Durante su discurso en el homenaje académico, Marchena aseguró que "la sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces", pero la culpa de esa supuesta desconfianza, según el magistrado, no la tiene la carrera judicial o algunos de sus miembros al abrir procedimientos que parte de la ciudadanía no entiende (como el del fiscal general del Estado, por desmentir un bulo de Ayuso), sino el Gobierno. "Atribuir motivaciones políticas a una sentencia representa una infamia incompatible con la sensatez que debería ser exigible a cualquier gobernante", afirmó el magistrado. "Dividir a los jueces en función de frívolas etiquetas (...) representa un error que está laminando de forma paulatina pero ya irreversible la legitimidad de unos profesionales que, hagan lo que hagan, resuelvan lo que resuelvan, estarán siempre interesadamente expuestos a la sospecha de parcialidad", añadió.

Conservadores y progresistas. Esas son las "etiquetas" a las que se refiere Marchena. Las que no le gustan. Como si los jueces no tuvieran ideología política y no se asociaran a los colectivos profesionales que más les representan. Parte de la desconfianza de la sociedad en los jueces tiene que ver, precisamente, con que los de derechas son mucho más numerosos que los de izquierdas, según los expertos. Mientras que en el Parlamento izquierda y derecha están repartidas casi al 50% desde la llegada de la democracia, los últimos comicios en los que votaron los 5.500 jueces españoles -las elecciones a Salas de Gobierno del pasado diciembre- mostraron que 104 de las 118 plazas en liza fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y solo dos para la progresista (Juezas y Jueces para la Democracia).

Pero, según la visión de Marchena, exigir a los demás poderes del Estado que no carguen contra determinadas decisiones de los jueces, no impide a estos últimos criticar directamente al Ejecutivo y el Legislativo. "La producción normativa se está apartando de la fuente de legitimidad que debería definir las tareas legislativas", dijo el magistrado en su discurso. "Cuando las leyes no responden a las notas de generalidad y abstracción, cuando el legislador elabora leyes con nombres y apellidos, se resiente otra de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos", añadió.

Se refería, sin nombrarla, a la ley de amnistía, para eximir a los condenados por el procés. Tal vez también a la proposición de ley del PSOE que trata de limitar la acción popular para evitar abusos y que el PP ha denominado "ley Begoña", en referencia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imputada sin pruebas por un juez que no ha dudado en tomar declaración en Moncloa al jefe del Ejecutivo y que en unos días hará lo mismo con uno de sus ministros, Félix Bolaños. La posición de Marchena coincide con la de las tres asociaciones judiciales conservadoras que se han lanzado en tromba contra ambas normas. Cuestionar las leyes es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, pero los jueces, además, ante supuestos abusos como los que denuncia Marchena y dudas sobre su constitucionalidad, tienen la posibilidad de cuestionarlas ante el Tribunal Constitucional, cosa que el la Sala de lo Penal del Supremo ya ha hecho con la ley de amnistía.

Su temor expresado este lunes de que el Gobierno o el Parlamento estén socavando directamente los cimientos de la democracia con sus críticas al Poder Judicial o su actividad legislativa también coincide con los postulados más pesimistas de los colectivos judiciales de derechas que, en 2021, denunciaron al Ejecutivo de Sánchez en la Unión Europea por provocar "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España" e "ir horadando paulatinamente la independencia judicial". Incluso pidieron que la Comisión iniciara un procedimiento de sanción contra España similar al que abrió a Polonia y Hungría. Bruselas nunca apreció ese riesgo sistémico ni atendió sus peticiones.

El mismo Partido Popular que pide respeto a los jueces está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes para deslegitimar la mayoría progresista que domina el Tribunal Constitucional (TC). La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva años tratando de desacreditar a la institución por su supuesta falta de "imparcialidad" y ahora el líder del PP ha dado un paso más allá en una entrevista en El Mundo, en la que insinúa que los magistrados del TC pueden ser juzgados por prevaricación por el contenido de sus resoluciones.

“Nadie, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”, advierte el líder del PP apoyándose en recientes autos del Tribunal Supremo que abren la puerta a investigar a sus colegas del Constitucional a pesar de las limitaciones de la ley. Una decisión que sería insólita y que generaría una crisis constitucional sin precedentes, ya que la ley permite al Constitucional anular cualquier decisión de un tribunal ordinario, como el Supremo, que "menoscabe" su jurisdicción. Así lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que señala que sus resoluciones "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado".

Una batalla en la que Feijóo se alinea con las tesis del tribunal presidido por el expresidente de la Sala de lo Penal, el conservador Manuel Marchena y se suma a la campaña del entorno del magistrado que defiende la posibilidad de actuar contra el TC. Concretamente, Feijóo pone el foco en su presidente, Cándido Conde-Pumpido: “Me preocupa mucho que haya cundido en la sociedad española que el Tribunal Constitucional es un tribunal político al servicio del Gobierno”, señala. 

Para el líder de la oposición “lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en este momento no lo había hecho nunca ningún otro: derogar, enmendar y anular sentencias del Supremo”. La ofensiva se está recrudeciendo pero la estrategia es clara desde hace tiempo. En enero del 2024, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal y después se vio obligado a rectificar.

El mismo PP que critica abiertamente la actual correlación de fuerzas, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores, es el que participó en la elección de tres de ellos, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado el verano pasado por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos son perfiles vinculados a la derecha y que han tenido que ser recusados en casos que afectaban a la formación.

Cuando el PP de Casado pactó los nombres de Espejel y Arnaldo —lo que provocó malestar en la izquierda, hasta el punto de que en la votación del Congreso hubo varios diputados que no siguieron la disciplina de voto—, tanto Almeida como la actual número dos del PP, Cuca Gamarra, defendían la decisión de su presidente. "Sin duda alguna, el acuerdo es satisfactorio", defendía Gamarra, subrayando que eran "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Almeida, por su parte, presumía de la iniciativa del presidente del PP. "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante", señalaba, en referencia al acuerdo, que incluía también los nombramientos para el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Feijóo, por su parte, defendió la elección de Macías para el Constitucional y se lo anotó como propio. El líder del PP acusó entonces al Ejecutivo de haber "impedido” proponer el miembro que le correspondía. Macías fue apartado recientemente de los debates de la ley de amnistía, pero solo lo hizo cuando le obligaron sus compañeros, pese a haberse manifestado desde el órgano de gobierno de los jueces a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación.

Primero el fiscal general del Estado. Después, los siete magistrados progresistas que integran actualmente la mayoría del Tribunal Constitucional. Dos autos del Tribunal Supremo en el los que este avisa de que los miembros del tribunal de garantías no tienen "carta blanca" y pueden ser juzgados por prevaricación cometida por el contenido de sus resoluciones han desatado una ola de esperanza en el PP y la derecha judicial en que el alto tribunal termine admitiendo a trámite en cualquier momento una querella contra estos. Si lo hace, generará una crisis constitucional sin precedentes, ya que la ley permite al Constitucional anular cualquier decisión de un tribunal ordinario (el Supremo lo es) que "menoscabe" su jurisdicción. El TC sería, en ese caso, el segundo órgano constitucional contra el que el Supremo actuaría penalmente tras la Fiscalía, cuyo máximo responsable, Álvaro García Ortiz, permanece imputado por el desmentido de un bulo del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP).

En el Constitucional no ha pasado inadvertido que ambas resoluciones del Supremo –que inadmitían varias querellas, entre ellas dos de los grupos ultras Vox y Hazte Oír– fueron acordadas por un tribunal presidido por el expresidente de la Sala de lo Penal, el conservador Manuel Marchena. El catedrático de Derecho Procesal y abogado Nicolás González-Cuéllar, amigo de Marchena y coautor de un libro con él, publicó el pasado martes un artículo en El Confidencial titulado Conde-Pumpido y un aviso a navegantes: prevaricación en el que defiende esa posibilidad de actuar contra el TC que reflejaron los autos. La tribuna, que recuerda expresamente que Marchena presidía la sala que acordó esas resoluciones, ha disparado las sospechas en el órgano de garantías sobre quién está detrás del mensaje. "Sabias palabras, que los magistrados del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido, al igual que los jueces y fiscales del Poder Judicial y todos cuantos ejercen su profesión en el mundo de la Justicia harían bien en tener presentes en todo momento", decía sobre los autos el artículo del catedrático.

Los autos emitidos por la sala de Marchena también sobrevolaron el pasado lunes una jornada organizada por el PP en el Congreso titulada Contra la impunidad a la que asistieron jueces, fiscales y catedráticos conservadores. El diputado del PP por Cantabria Javier Noriega invocó esas resoluciones y se quejó de la "invasión de competencias del Tribunal Supremo" por el órgano de garantías. Después preguntó a los intervinientes: "¿Qué podemos hacer? ¿Cómo paramos este Tribunal Constitucional? ¿Puede haber choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional?". El catedrático de Derecho Constitucional Julio Banacloche defendió la posibilidad de actuar contra sus magistrados por sus resoluciones pese a que la ley lo impide, porque "la propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional". Luego pidió calma a diputados y senadores por la importancia del órgano de garantías y recordó que la próxima renovación de sus miembros corresponde al Senado (Cámara en la que el PP tiene mayoría) lo que le daba "una cierta esperanza".

Las resoluciones de la Sala de lo Penal del Supremo rechazan las querellas de Vox y Hazte Oír que argumentaban que los magistrados progresistas habrían podido prevaricar al anular las sentencias por las que fueron condenados dirigentes socialistas como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso ERE. Ambos autos se emiten mientras el Tribunal Constitucional estudia la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el alto tribunal contra la ley de amnistía, que también ha producido una fuerte división entre progresistas y conservadores en el órgano de garantías. Desde la última renovación del Constitucional, el PP y parte de la derecha judicial no aceptan el reparto de mayorías y minorías pese a que, hasta los últimos nombramientos, eran magistrados propuestos por ese partido los que dominaban la institución. Aun así, desde la formación de Alberto Núñez Feijoo, no cesan las declaraciones destinadas a socavar su legitimidad.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que sus resoluciones "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado", tampoco el Tribunal Supremo. Esa disposición le permite además adoptar "cuantas medidas sean necesarias para preservar" su jurisdicción, "incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben", con el único límite de hacerlo "motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor del acto o resolución" que pretenda anular.

Ese texto legal es, según fuentes del Constitucional, impediría al Supremo apreciar prevaricación en la argumentación que sus miembros sostengan en sus resoluciones. Para cualquier otro delito cometido por ellos –un robo, una agresión sexual, un delito contra la seguridad vial, narcotráfico, violencia de género o cualquier otro–, sí sería competente la Sala de lo Penal, a la que los miembros del órgano de garantías están aforados. "El texto de la ley es tan claro que el Supremo debería cumplirlo rechazando de plano cualquier querella por falta de competencia", aseguran esas mismas fuentes. "Entrar a valorar resoluciones del Constitucional, como ha hecho, y afirmar su posibilidad de abrir una causa por prevaricación es jugar en el terreno de la política, algo muy peligroso porque constituye un ataque a la institución", añaden.

En esta batalla planteada por el Supremo, sus magistrados cuentan con un aliado en el tribunal de garantías. Se trata del magistrado conservador José María Macías, exvocal a propuesta del PP en el CGPJ que solo se ha apartado de los debates de la ley de amnistía cuando le han obligado sus compañeros, pese a haberse manifestado desde el órgano de gobierno de los jueces a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación. En una tribuna publicada el pasado martes en El Español, titulada El sistema inmunitario de nuestro Estado de derecho está roto, Macías cargaba contra la posibilidad del Constitucional de anular sentencias del Supremo mediante la estimación de recursos de amparo, como en el caso ERE.

"Que el impacto político [de una resolución del Constitucional] derive de la revisión, a través de un recurso de amparo, de sentencias de un Poder Judicial independiente (...) cuesta creer que estuviera en la mente del constituyente o que esté en la letra de la Constitución", mantenía el magistrado a propuesta del PP en su tribuna. Algunas de las querellas presentadas contra Conde-Pumpido y los magistrados progresistas en el Supremo calcan algunos de los argumentos que Macías refleja en sus votos particulares.

Más allá de esos artículos, los autos amenazantes del Supremo han sido muy amplificados y alentados por la prensa de derechas. El diario Abc publicó un artículo el pasado martes titulado Querido Cándido: mensaje en una querella. En él se decía textualmente: "Se avecina un gran choque institucional. Salta a la vista que la defensa del fiscal general del Estado no está tanto en demostrar su inocencia como en victimizarse de cara al día en el que el Constitucional revise su caso. Llegado el momento, los magistrados del TC deberán tentarse la ropa, no vaya a ser que sea verdad eso que dijo el magistrado Palomo [el ponente de una de las resoluciones premonitorias del Supremo]: que no tienen carta blanca para prevaricar".

El Mundo, por su parte, publicó el domingo 9 de febrero un artículo de su director, Joaquín Manso, en el que bajo el título Pumpido, el árbitro cautivo, augura que el presidente del órgano de garantías "estará en los libros como el protagonista que abrió la puerta a la arbitrariedad institucional en España al reducir a los dos pilares del Estado que ha dirigido [en referencia a la Fiscalía y al Constitucional] a una posición lamentable de sumisión al poder". Precisamente, la arbitrariedad es una de las puertas que el Supremo abre en sus autos para actuar penalmente contra magistrados del Constitucional. Hasta el exjuez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño se ha atrevido a cargar con palabras gruesas contra Conde-Pumpido en una carta publicada por Libertad Digital titulada ¿Hasta cuándo, don Cándido, esa grosera parcialidad suya?

El terreno, pues, como explican desde el Constitucional, está abonado para una nueva querella. Desde fuera –Supremo, el entorno de Marchena, PP y la prensa de derechas– y desde dentro –Macías y otros magistrados del Constitucional conservadores con sus votos particulares–. Está por ver si, llegado el caso y tras el golpe sin precedentes a la Fiscalía, el alto tribunal se atreve a asestar otro al otro órgano constitucional que, hasta el momento, queda fuera de la influencia de la derecha judicial y el partido de Alberto Núñez Feijóo.

No es hora (aún) de buscar responsables, sino de encontrar desaparecidos, vivos o muertos. Dos días después de caer el diluvio (anunciado) sobre Valencia, se contabilizan al menos 158 fallecidos. Se trata ya de la catástrofe natural más mortífera de la historia reciente en España. Y de un anuncio dramático de lo que supone la crisis climática para un país ubicado geográficamente junto a un Mediterráneo que funciona como “gasolina” para la formación de danas devastadoras (ver aquí). Sigan proclamando disparates los negacionistas, pero no nos limitemos los demás a contabilizar víctimas, a anunciar ayudas millonarias o a presumir de solidaridad. Una vez concluya el luto debido, hacen falta respuestas: ¿por qué la primera alerta de emergencia al conjunto de la población valenciana no llegó hasta ocho horas después del gran desbordamiento, cuando la gente estaba agarrada a los barrotes de las ventanas o encaramada al techo de un camión o simplemente ahogada? (ver aquí) ¿Por qué el gobierno del PP en Valencia eliminó hace un año la Unidad de Emergencias, al considerarla uno de esos “chiringuitos” prescindibles? (ver aquí) ¿Por qué otros organismos, empresas e instituciones no hicieron lo que hizo la Universidad de Valencia (cerrar) al conocer los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el peligro que el martes se avecinaba? (ver aquí). Ya, ya sé que es fácil opinar a posteriori, pero no debería salir gratis el engaño descarado. ¿Cómo se atreve Feijóo a decir que Mazón le informó puntualmente y en tiempo real ¡desde el lunes! sobre la dana y sus efectos, cuando hay pruebas documentales de la ausencia de liderazgo de la Generalitat en la gestión de la crisis hasta bien entrada la noche del martes? (ver aquí). No seamos tan imbéciles como lo hemos sido ante las dramáticas lecciones de la pandemia. Crisis climática, zonas inundables, servicios de emergencia, prevención de catástrofes, educación de la ciudadanía sobre alertas meteorológicas… Asumamos la realidad, intentemos mejorarla, o la realidad seguirá dándonos enormes bofetadas (mortales). 

Y mientras tanto… en lo que llaman la burbuja interior de la M-30 madrileña, ocurría algo enormemente grave. El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor del caso abierto por la Sala Penal del Supremo contra el fiscal general, envió a la Guardia Civil a registrar el despacho de Álvaro García Ortiz e intervenir sus ordenadores, teléfonos, tableta y cualquier otro utensilio donde se guarde su comunicación con terceros, en busca de alguna prueba o indicio del delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso, defraudador fiscal confeso. El juez Hurtado va incluso más lejos de lo que solicitaba el pobre Alberto González Amador, que debe a Hacienda algo menos que Argentina al FMI y que cobró comisiones millonarias del grupo Quirón, beneficiado por las adjudicaciones de la privatización sanitaria en Madrid (ver aquí). Este señor magistrado –el mismo que en su día se negó a citar como testigo a Mariano Rajoy en el proceso por la Gürtel y que discrepó de la condena del PP como partícipe a título lucrativo de esa trama– decide indagar en todos los buzones del fiscal general desde fechas anteriores hasta otras muy posteriores al día de autos, para extraer, dice, “la mayor información posible”, a ver si pesca algo, una costumbre que se va extendiendo desde que al juez Peinado se le consiente investigar “todas las acciones..." bla bla bla de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno.

Lo que está ocurriendo entre la sala presidida por Manuel Marchena y el fiscal general es absolutamente inaudito. Y está pasando por debajo de demasiados radares de control democrático. En el ámbito judicial sólo hemos conocido la protesta de Juezas y Jueces por la Democracia, que invita cortésmente a “reflexionar sobre la proporcionalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito de una instrucción penal”. Viene esta organización a advertir de un riesgo evidente: a ver si va a resultar que la protección del derecho de defensa de quien se presenta como víctima de una revelación de secretos –el novio de Ayuso defraudador fiscal– lleva a la vulneración de derechos fundamentales de otras personas. Llámese en este caso Álvaro García Ortiz.

Pero el registro inédito en la Fiscalía General, en plan los intocables de Eliot Ness durante diez horas, pone en riesgo mucho más que eso (que no es poco): el jefe del Ministerio Público tiene acceso a investigaciones reservadas, causas secretas nacionales e internacionales que pueden involucrar a todas las instituciones y poderes del Estado (ver aquí). Desde este mismo miércoles, los procesos de mayor relevancia política, económica e institucional tienen sus archivos clonados para el análisis de numerosos agentes policiales y judiciales. De modo que lo que empezó como una acusación a García Ortiz por haber divulgado una nota oficial desmontando un bulo soltado desde el entorno de Ayuso para proteger a su novio con los recursos de todos los madrileños desemboca (por obra y gracia de Marchena y sus mariachis) en un encausamiento que atropella no solo derechos fundamentales del fiscal general, sino el material más sensible en un montón de causas que incluyen documentos que afectan a la seguridad del Estado o a la lucha contra la delincuencia internacional. 

Sólo la Unión Progresista de Fiscales ha compartido la estupefacción de Juezas y Jueces por la Democracia. Las demás organizaciones profesionales, las mayoritarias en el ámbito judicial, silban (cuando no aplauden sin pudor) ante las interpretaciones creativas que la factoría Marchena estrena cada dos por tres. Y en este punto siempre aparece alguien que recuerda que tenemos un Estado de Derecho, y que hay instancias superiores que pueden corregir errores o negligencias. Hablamos del Tribunal Supremo, sólo por debajo de un Tribunal Constitucional que desde hace tiempo intentan deslegitimar las derechas políticas, mediáticas y judiciales. Así que quedarán los tribunales europeos, es verdad. Pasarán cinco o siete años hasta que comprobemos lo que opina el Tribunal de Derechos Humanos sobre todo esto.

Mientras tanto, siguen poniéndose a prueba la separación de poderes y la resistencia de los materiales que la sujetan. Todo el mundo atento a lo que ocurra en la Sala Penal, donde Marchena deja la presidencia el 5 de diciembre (saltándose ya en un mes los plazos previstos por ley), siempre que no se acuerde una prórroga (también inédita) hasta que se cubra la plaza con un nombramiento consensuado en un CGPJ indefinidamente empatado. Veremos. 

El magistrado Manuel Marchena dejará la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que juzga e investiga a diputados y senadores, el próximo 5 de diciembre, un puesto para el que se postula como sucesor Andrés Martínez Arrieta. Fuentes jurídicas informan a EFE de que la nueva fecha se explica porque su segundo mandato al frente de la Sala de lo Penal fue publicado semanas después por el Boletín Oficial del Estado, si bien su segundo nombramiento por el rey fue el 8 de noviembre de 2019.

Marchena, que presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes, dejará la presidencia tras diez años en dos mandatos consecutivos. Un tercer mandato está vetado por la ley.

Su marcha se produce tras haber abierto una causa penal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuando la sala tiene que decidir si investiga al exministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, por el caso Koldo.

En cuanto a sus sustitutos, las fuentes citan como principales favoritos al magistrado Andrés Martínez Arrieta, el número 1 del escalafón, y a la magistrada Ana María Ferrer. Al respecto, el nombre de Arrieta genera consenso en caso de que decida postularse como reconocimiento a su carrera y por tratarse de una figura de prestigio, que está ya en sus últimos años de carrera. Es más, las fuentes explican que incluso Ferrer no se opondría a esta posibilidad si Arrieta decidiera dar un paso al frente.

Ahora bien, una de las bazas de Ferrer, quien recientemente aspiró a presidir el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, es que puede verse beneficiada por el hecho de ser mujer, toda vez que el Consejo seguirá criterios de paridad para cubrir las más de un centenar de vacantes pendientes en la cúpula judicial, incluidas cuatro presidencias de sala del alto tribunal.

Por el momento, el Consejo General del Poder Judicial ya ha iniciado los trámites para nombrar las presidencias que, en el caso de Marchena, confían pueda resolverse en plazo, aunque otras fuentes ven difícil que así sea.

Eso sí, se desconoce que ocurrirá si no hay nombramiento antes del día 5 de diciembre, puesto que Marchena ya ha trasladado que tiene la firme intención de abandonar el puesto ese mismo día.

Por eso, el principal escenario pasa, en caso de que Marchena se mantenga firme en su deseo de irse el mismo día 5, porque otra persona asume la presidencia de manera interina, en este caso correspondería al propio Martínez Arrieta por criterio de antigüedad, lleva 43 años en el tribunal, hasta que se decida el nombramiento.

Prisión de hasta cuatro años e inhabilitación. Esa es la pena a la que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de que prospere la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. ¿El motivo? Desmentir un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre los dos delitos fiscales confesados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El caso es insólito por la persona investigada: es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal en España. Pero su excepcionalidad está también en los hechos que investiga el alto tribunal. La exposición razonada que le envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se inició la investigación, acotó la causa al envío, por orden del fiscal general, de una nota de prensa que desmentía la patraña difundida por el asesor de la presidenta. El Supremo, sin embargo, ha descartado que ese comunicado tenga trascendencia penal, pero sí el hecho de que algunos medios difundieran su contenido horas antes de que se transmitiera oficialmente.

Tal y como el tribunal ha reconfigurado la causa, el órgano ha abierto la puerta a que se investiguen las comunicaciones de García Ortiz para comprobar si fue él quién filtró una información a la que tenían acceso 18 personas. Así lo ha entendido el propio González Amador, el compañero de Ayuso, que ya ha solicitado al instructor del caso, Ángel Hurtado, que acceda al correo personal de García Ortiz para investigar si fue él quien reveló, antes del envío del comunicado oficial, el correo en el que el delincuente confeso reconocía la comisión de los hechos solicitando un pacto al fiscal al Ministerio Público para evitar ir a prisión. Todo ello pese a que el primero en difundir correos intercambiados entre el novio de la presidenta y el fiscal que lo investigaba fue el principal asesor de Ayuso, como él mismo ha reconocido públicamente.

El rigor judicial contra el fiscal general en la gestión de un caso de evidente trascendencia mediática y política como el de los delitos presuntamente cometidos por la pareja de Ayuso no tiene precedentes en la historia reciente del periodismo de tribunales en España, donde este tipo de causas suelen archivarse ante la dificultad de identificar al culpable y el derecho al secreto profesional de los periodistas. "En cualquier juzgado de Instrucción normal y corriente, una causa como esta acabaría en archivo", asegura un veterano magistrado madrileño.

12 de octubre de 2019. El diario El Mundo titula a toda página Sentencia del procés: El Supremo acuerda condenar de forma unánime por sedición a los líderes del 1-O. La información daba los nombres concretos de los dirigentes independentistas condenados por ese delito e incluso parte del razonamiento de los magistrados. La noticia, que citaba "fuentes de toda solvencia", se publicó dos días antes de que el alto tribunal notificara la sentencia y la enviara a todos los medios, lo que ocurrió el 14 de octubre. Alguien había filtrado la resolución más trascendente dictada en España en los últimos años antes de que se diera a conocer. A ese documento tenían acceso el ponente y presidente de la Sala, Manuel Marchena -el mismo que preside ahora el tribunal que investiga a García Ortiz- y otros seis magistrados y, probablemente, otros funcionarios del órgano que hubieran participado en su tramitación. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Consejo General del Poder Judicial aseguró que abriría una investigación.

Cuatro días después de que se publicara la filtración, el 16 de octubre, Marchena compareció ante el pleno del órgano de gobierno de los jueces como candidato para renovar la presidencia de la Sala Segunda por un segundo mandato. En el turno de preguntas, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le preguntó expresamente por la revelación antes de tiempo de la resolución que Marchena se había encargado de redactar. En su respuesta, el presidente de la Sala Segunda manifestó que lamentaba "de todo corazón", lo ocurrido. "La palabra filtración", la que había utlizado Lesmes, era, según el candidato "equívoca". "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal a un medio de comunicación", continuó Marchena. "El único consuelo es que la sentencia no ha salido de aquí y estaba siendo trabajada por muchas personas", añadió. También se refirió a "las informaciones más correctas y más exactas", que se publicaron sobre el fallo y las atribuyó a "comunicaciones informales" que habrían permitido a los periodistas inferir su contenido.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias -también personado ahora en la causa contra García Ortiz- presentó una denuncia en el Consejo para buscar al culpable. Pero las pesquisas que anunció Lesmes no merecieron ninguna sanción disciplinaria por parte del gobierno de los jueces. La filtración del contenido de la sentencia tampoco fue investigada penalmente por el alto tribunal, el único que habría podido hacerlo al estar aforados a él sus magistrados. Dos semanas después, el 30 de octubre, el CGPJ volvió a elegir a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo con 19 votos a favor y dos en blanco.

Dos años largos antes, en mayo de 2017, se produjo otra filtración en una causa de gran trascendencia política, el caso Lezo. Con el secreto de sumario declarado varios medios publicaron un informe de la Fiscalía Anticorrupción que sugería que el entonces número dos de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto (PP), podría haber sido el autor del chivatazo que alertó al expresidente de la Comunidad de Madrid, el también popular Ignacio González -entonces en prisión preventiva por esa investigación- de que estaba siendo investigado. La noticia provocó la indignación de Nieto que exigió públicamente una rectificación al Ministerio Público. El documento secreto había sido validado tanto por el entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, como por el fiscal general del Estado, que por entonces era el ya fallecido José Manuel Maza.

Pese a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había decretado el secreto de las actuaciones, tanto Maza como Moix se apresuraron a desmentir públicamente que Nieto estuviera implicado en el caso revelando de esa manera nuevos datos de la investigación. El Ministerio Público llegó a emitir un comunicado negando que el ex número dos del ministro José Ignacio Zoido estuviera siendo investigado y Maza incluso pidió perdón al secretario de Estado en una entrevista radiofónica. A la indignación de los dos fiscales del caso por la filtración del documento, se sumaron las quejas por las revelaciones de sus superiores al considerar que no solo afectaban a información reservada, sino que desautorizaban sus pesquisas.

Durante una comparecencia en las Cortes, el fiscal general negó que hubiera sido el autor de la filtración del documento, pero ni el Tribunal Supremo ni ningún otro órgano judicial investigaron cómo había llegado a los medios de comunicación. Tampoco se indagó sobre el desmentido oficial y las declaraciones de Maza y Moix. El único reproche que merecieron ambos fue político: la reprobación del Congreso de los Diputados. Pocos días después, Moix tuvo que dimitir de su cargo después de que infoLibre revelara que compartía con sus tres hermanos una sociedad radicada en Panamá con la que camuflaba en chalé de lujo en la sierra madrileña.

Cuando se convirtió en jefe, era el menos veterano de la terna. Corría el mes de septiembre de 2014. Y por aquel entonces, Manuel Marchena, fiscal en excedencia, llevaba siete años en el Alto Tribunal. Pero logró imponerse a sus dos rivales: Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo aupó hasta uno de los puestos clave de la judicatura: la Presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo. Un cargo que ahora, diez años después, el magistrado abandona. Ahora bien, su salida apenas influye en los equilibrios de una sala que continuará bajo la influencia de una mayoría conservadora.

La Segunda, como también se la conoce, es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. De ahí, la atracción que genera sobre los partidos políticos. Un interés que puso negro sobre blanco el exsenador del PP Ignacio Cosidó en aquel whatsapp que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás".

Aquel "presidente excepcional" con "capacidad de liderazgo y auctoritas" al que aludía el exportavoz del PP en la Cámara Alta no era otro que Marchena. Él había sido el elegido para llegar a lo más alto de la carrera, presidiendo un órgano de gobierno de los jueces de mayoría progresista. Pero la filtración de aquel mensaje hizo descarrilar un acuerdo que ya estaba cerrado. El magistrado renunció a presidir el Supremo y el Poder Judicial, un paso al lado que para Pedro Sánchez, que acababa de llegar a La Moncloa, demostraba "lo acertado de su nombramiento". Y culminó su primer mandato al frente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un cargo que revalidó, como permite la ley, por otros cinco años.

En esta segunda ocasión, sin embargo, fue el único candidato. Y eso le permitió obtener un respaldo mayor que en la primera –los vocales progresistas arroparon entonces a Conde-Pumpido–. Durante la entrevista para revalidar su cargo al frente de la Sala de lo Penal, al magistrado se le preguntó por la gran mancha de su primer mandato: la filtración de aspectos fundamentales de la sentencia del procés tres días antes de su notificación. "Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder", lanzó el magistrado, que presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas. El CGPJ anunció que investigaría la filtración, pero finalmente nadie fue castigado.

La causa del procés ha sido la más potente de entre todas las que han pasado por la Sala de lo Penal durante esta última década. Y la que ha generado más roces con el Gobierno. Con ponencia de Marchena, se pronunció por unanimidad en contra de los indultos a los dirigentes independentistas –"una solución inaceptable"– y criticó que el Ejecutivo crease espacios de "impunidad" con la reforma penal que eliminó el delito de sedición. Y también ha cargado con dureza contra una amnistía cuya aplicación rechaza: "La precipitación con la que este texto legal ha visto la luz contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa".

No es el único asunto de alto voltaje político. La Sala de lo Penal también se pronunció sobre los intentos por abrir causa penal contra Pablo Casado por el caso Máster o Pablo Iglesias por el caso Dina, algo que rechazaron. O sobre el exdiputado Alberto Rodríguez, a quien condenó a un mes y quince días de prisión por atentado a agente de la autoridad –que provocó la retirada de su escaño–. Y puso punto y final a los ERE confirmando, entre otras, las sentencias contra los expresidentes José Antonio Griñán o Manuel Chaves, una decisión que, al igual que la de Rodríguez, ha terminado siendo corregida por el Tribunal Constitucional, quien ha acusado al Supremo de extralimitarse en su fallo.

Pero si por algo estará marcada la salida de Marchena será por la histórica decisión de la Sala Segunda de abrir causa contra el fiscal general del Estado. La investigación alrededor de Álvaro García Ortiz por la filtración de un email –y no por la publicación de la nota que durante meses había centrado todas las pesquisas– en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales –y que desmontó el bulo, lanzado desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid, de que la Fiscalía buscaba un acuerdo– será el gran caso que tendrá el Alto Tribunal entre manos durante los próximos meses.

La Sala de lo Penal también tiene sobre la mesa una querella contra el presidente del Gobierno por usar a la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado u otra contra el sector progresista del Constitucional por su pronunciamiento en el caso ERE. Habrá que ver si ambos asuntos quedan zanjados antes de que Marchena vuelva a convertirse en magistrado raso del Supremo el próximo 3 de noviembre o si los hereda quien le sustituya en el cargo. Suena, en este sentido, el nombre de Andrés Martínez Arrieta, quien como miembro de mayor antigüedad sería el sustituto provisional hasta la elección de la nueva Presidencia de Sala.

Con bastantes papeletas cuenta también Ana Ferrer. La magistrada, que se descolgó de sus compañeros en la amnistía o en el caso ERE, parte como favorita del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial, que ya en su día la intentó colocar al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. La designación del nuevo jefe o jefa de lo Penal, sin embargo, no será para nada sencilla. Principalmente, porque requiere de un amplio consenso. La ley exige para acuerdos de este tipo tres quintos del Pleno del CGPJ, una mayoría reforzada de la que no disponen ninguno de los dos sectores.

Algunas voces dentro de la judicatura no creen que la salida de Marchena vaya a cambiar nada en la Sala de lo Penal. "Aunque no ostente la Presidencia, seguirá teniendo ascendiente sobre la mayoría", predice un veterano magistrado. Una influencia que, deja caer, alcanza a algunos compañeros con un perfil más progresista. Pone sobre la mesa, como ejemplo, el auto por el que la pasada semana se acordó abrir causa penal contra el fiscal general del Estado. Aquella resolución se adoptó por unanimidad. Y tuvo como ponente a la magistrada Susana Polo, que se encuentra en la órbita de Juezas y Jueces para la Democracia.

Un baile de sillas que no altera el juego de equilibrios de una Sala de lo Penal que desde hace décadas cuenta con mayoría conservadora –de hecho, el último presidente que tuvo un perfil progresista fue José Jiménez Villarejo a finales de los noventa–. De los quince magistrados que integran ahora mismo la Segunda del Supremo –hay una plaza que está vacante–, solo cuatro son marcadamente progresistas.

De todos los diputados del PP que han sido o son, el más sincero, el que fue capaz de hablar con verdad en el Congreso, es Ignacio Cosidó. En noviembre de 2018, su señoría envió una explicación contundente al grupo de 146 senadores del partido, congratulándose del acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ que pondría al magistrado Manuel Marchena al frente del gobierno de los jueces y, por ende, del Tribunal Supremo. Y para mayor gloria del pacto alcanzado, se ufanaba: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Aquello trascendió y todo se fue al garete.  Después de eso, pasamos cinco años de rechazo permanente a la renovación del Consejo con argumentos tan peregrinos por parte de la derecha que, al recordarlos, dan vergüenza ajena: que si tal juez no me gusta; que si los de Podemos son malvados; que si van a indultar a los del procés... Excusa sobre excusa. 

El fondo del asunto se encontraba en el mismo mensaje de Cosidó: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". Y ahí estaba la clave de la negativa, el temor a que si el Consejo salía adelante el PP no controlaría ni los nombramientos del TS, Sala III de lo contencioso, con la competencia sobre todos los nombramientos del Ejecutivo y del Judicial, Sala II, con competencia sobre todos los aforados y en casación (recuerden los casos de corrupción populares pendientes) y la ubicación de jueces “amigos” en diferentes instancias “menores”. 

Todo ello podía abocar al desastre. No digo nada —Dios no lo quiera— de la posibilidad de que se pudiera producir la presencia en la cúpula judicial de algún juez progresista y partidario de aplicar el derecho sin miramientos. Pero, como todos sabemos, esto no es lawfare porque, en España, el lawfare no existe.

Bueno, pues aun sin haber conseguido ese objetivo de control confesado por Cosidó, estos cinco largos años de travesía del desierto de la judicatura han dado mucho de sí. Sólo que, en vez de trabajar como hasta entonces de manera sutil, poniendo y quitando, intercambiando cromos y colocando a afines, ha sido necesario acudir a métodos más burdos pero que se han demostrado eficaces. 

Así, adonde el CGPJ no llegaba por su precaria situación, algunas asociaciones de jueces de talante conservador (y, por supuesto, las de fiscales del mismo signo) cogían la antorcha criticando leyes o convocando manifestaciones togadas aun sin conocer todavía el texto que no se había aprobado de la inexistente todavía norma sobre la amnistía a batir. Pasito a pasito, jueces y fiscales iban plasmando su impronta ante el Gobierno que se resume en esta idea: Podéis legislar lo que sea, que nosotros diremos la última palabra. 

La postura —chulesca— venía de atrás. Con los ataques a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sin tener en cuenta los grandes logros que consiguió durante su mandato y que alguna vez, cuando todo esto pase, se valorarán en su justa medida. Las embestidas fueron de inmediato dirigidas a su sucesor. Lo de que a los puestos de decisión se hubieran incorporado fiscales progresistas y –lo último– ¡mujeres!, no era de recibo. Que por el camino se hubieran quedado sin mando en plaza fiscales de la cuerda conservadora que sabían perfectamente lo que necesita, no ya la justicia, sino el país, era inaceptable. Pero eso es algo que aconseja el sentido común, en absoluto achacable a un sesgo de politización, dado que nuestros jueces y fiscales, como todos sabemos, no están politizados.

"El que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos", había arengado el expresidente José María Aznar, auténtico paladín del partido que preside Alberto Núñez Feijóo y que goza del respeto de la ultraderecha. (Y que, por cierto, aún no ha pedido perdón por habernos metido en la guerra de Irak ¿se acuerdan?). Parece que algunos jueces tomaron al pie de la letra las indicaciones, y se pusieron manos a la obra.

La estrategia iba dirigida a terminar con el mandato de Sánchez de todas las maneras posibles. Una de ellas, poniendo en el punto de mira a su cónyuge. Como herramienta indispensable, que ya se había demostrado operativa, se absolvió a la carrera al líder de Manos Limpias condenado a prisión por extorsión y que, sin solución de continuidad, presentó denuncias varias, dando –casualidades de la vida– con un juez bien peinado presto a admitirlas aun cuando estuvieran basadas en artículos de prensa de dudosa veracidad o con afirmaciones falsas de toda falsedad. A esta organización de extrema derecha se sumaron otras como Hazte Oír y demás entidades ultras de parecida cuerda que estén dispuestas a pagar la fianza que exige la ley. 

Mientras escribo estas líneas, leo que el juez en cuestión ha devuelto a cada una de las cinco organizaciones querellantes siete mil euros de los diez mil que depositaron de inicio para constituirse como parte procesal a los efectos de afianzar las posibles indemnizaciones derivadas de una hipotética actuación temeraria. En un auto fechado el 3 de julio, informa El Plural, el juez considera que debe ponderarse el importe de dicha fianza y reducirse, estimando parcialmente el recurso presentado por los ultraderechistas. ¡Claro que sí! ¡Es de justicia! Son sin duda gente de ley, no como esas asociaciones de memoria a las que, en Alicante, sin ir más lejos, se les exigen elevadas garantías económicas para querellarse por crímenes franquistas, cantidades que no son sino el escaso dinero con el que cuentan para continuar con los trabajos de exhumación.

Con estos mimbres se ha gestado el caso de la esposa del presidente, al que se unió el del hermano del presidente: monte usted un bulo, extiéndalo con sus medios informativos favoritos, organice jaleo en el Congreso y busque una sala de juicios donde dar sensación de máxima gravedad. Los hechos son lo de menos, o es superfluo que queden en nada, porque lo importante es “el mientras tanto”, destrozar la imagen, la fama y el honor de la afectada hasta convertirlos en puros desechos. Véase si no el circo mediático que este viernes pasado se gestó en el entorno de los juzgados de la Plaza de Castilla y el sorprendente anuncio del juez notificando una querella nueva a la investigada en el momento en que se iniciaba la declaración. ¡Toma ya!

Curiosamente a nadie se le ha ocurrido exigir algún tipo de responsabilidad a este juez o a aquel otro que ve delitos de traición en Puigdemont. Pero es que todos sabemos que estos jueces son “irresponsables.”

Ahora bien, cuando el Gobierno señaló cualquier contradicción sobre la realidad y las acciones judiciales sin fundamento, todos los operadores incursos en el asunto gritaron alto y claro que se trataba un atentado contra la independencia de los profesionales de la Justicia. Un Consejo General del Poder Judicial caducado protestó con vehemencia contra la intromisión, y las asociaciones más rancias del sector organizaron un coro indignado. Los medios informativos ad hoc, por su parte, editorializaron sobre la manera en que la izquierda pretende acogotar a los jueces y cargarse la libertad de expresión. En las tertulias, por supuesto, se implantó la barra libre para descalificar al ilegítimo Ejecutivo.

Pura estrategia, amigos, esto es estrategia a corto, medio y largo plazo. Ya lo verán, el partido judicial estará cada vez más presente, pero no se preocupen, no hay ningún riesgo, porque en España las élites judiciales no hacen política ni se dejan instrumentar por los actores políticos.

La aprobación de la Ley de Amnistía ha sido uno de los mejores campos de batalla. Todos los que podían hacer, han hecho. La Sala II del Tribunal Supremo, salvo la magistrada Ana Ferrer que ha salvado su voto, se ha esmerado en negar la medida de gracia con argumentos que incluso a un profano le suenan sorprendentes, como el de la malversación, centrada en el “enriquecimiento” personal de algunos líderes independentistas. Pero, atención: en los términos, no de que hubieran acrecentado su patrimonio, sino de que, al utilizar erario público para sus fines, se habían ahorrado el gasto que habría tenido lugar de haber sacado el dinero de su propio bolsillo, ergo… se habían enriquecido. 

Todavía estoy dando vueltas al concepto porque reconozco que no consigo entender cómo se ha gestado esta cuadratura del círculo. El Alto Tribunal en su buen hacer y entender alguna razón tendrá, pues no olvidemos que sus actos obedecen solo al derecho puro, por más que los rojos, entre los que me incluyen de siempre, murmuremos, sin fundamento 😉, sobre ideologías próximas al partido de la oposición.

Por si éramos pocos, el Constitucional admitió recursos de amparo variados, en el caso de los ERES de Andalucía, anulando parcialmente conceptos de malversación en cuanto a diferentes condenados por este asunto. Aquí sí que se han desatado las furias de la derecha contra los magistrados del órgano que vela por que se respete la letra y el espíritu de la Carta Magna. Bueno, contra todos menos contra aquellos que el PP considera hombres y mujeres de rectos valores y profesionalidad, que son los nombrados a propuesta de la formación conservadora. Pero en los demás casos no hay independencia que valga, sino un partidismo descarado hacia la postura progubernamental y socio-comunista de estos magistrados, empezando por su presidente.

Los magistrados afectos ya se han ocupado de extender sendos votos particulares en contra –el que pueda hablar que hable– mientras el PP avanza en su estrategia de desprestigio sembrando dudas sobre el presidente y otros dos magistrados. Sin cortarse un pelo, la portavoz popular ha acusado a los magistrados no afines de “hacer revisionismo” de las sentencias del Supremo y, por supuesto, lanzado sendas críticas al Gobierno por “atacar a los jueces”. ¿Qué decir del portavoz del grupo Popular, señor Tellado, y sus acusaciones de sometimiento político del Tribunal Constitucional al Gobierno? ¡Ahí queda eso! Sin ningún recato.

Todo ello pese a haber renovado el Consejo General del Poder Judicial como tiene que ser, con diez jueces para cada formación (PSOE y PP), obviando, por supuesto, aquellos juristas que al PP le rechinan e incluyendo –porque ya era hora– a la señora del juez Llarena, instructor del procés. (En estos casos, la relación familiar no es óbice para ocupar cargos). Sobre todo, con la guinda incluida en el paquete que buscaba el Partido Popular, que tantos años se ha pasado ninguneando la Constitución y negándose a la renovación del órgano: el nombramiento del juez Macías para el Tribunal Constitucional. Un hombre buen conocedor de FAES, bien visto por José María Aznar, que ha sido vocal del CGPJ durante años, compatibilizando el puesto con el de abogado en un importante bufete (en esta ocasión tampoco hay incompatibilidades ni relaciones mercantiles que valgan). 

Es conocido que la aspiración del PP apunta a que Macías acabe presidiendo el Constitucional cuando los hados sean favorables y todos tienen claro que el juez-abogado aportará lo que haya que aportar y hará lo que convenga a aquellos que tanto han bregado para que llegase a buen puerto.

Mientras tanto, con unas dotes de adivinación que sorprenden por la buena puntería, el PP y sus representantes van anunciando hechos que pasarán en las salas de los tribunales sí o sí, con gran aplomo. Por ejemplo, llevan varios días anunciando que el Fiscal General del Estado acabará en el Supremo dando explicaciones por haber permitido una nota de prensa, en la que defendía a la fiscalía de los bulos lanzados por el gabinete de Díaz Ayuso en relación a su novio, presunto defraudador confeso. 

Pero no hay que pensar mal. Lo más probable es que Feijóo, que es gallego, haya recibido de alguna meiga amiga, probablemente especializada en Derecho, una bola de cristal con poderes que van más allá de lo que los ciudadanos podemos intuir. Dejémoslo ahí porque ya sabemos que la justicia en España no está politizada, salvo que sea en relación con aquellos jueces que, según los conservadores, se aproximan a las posiciones del Gobierno, que entonces sí.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

¿Cómo es posible que unos hechos ocurridos en 2014 en La Laguna (Tenerife) hayan provocado un cisma en el Gobierno de coalición y una verdadera controversia institucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en 2021? A priori, todo en el caso de la condena a Alberto Rodríguez parecería sencillo, sin cabida a interpretaciones, pero, en realidad, nada en este asunto lo es. Desde los hechos en sí, la instrucción judicial de los mismos y el juicio contra el diputado siete años después, hasta las implicaciones políticas y el debate jurídico generado ante un problema que, ahora se ha visto, la ley no tenía contemplado. De ahí lo inédito de este asunto, porque, aunque hay doctrina constitucional sobre la pérdida del escaño o la inhabilitación para presentarse a elecciones, las características concretas de lo ocurrido a Rodríguez han convertido su caso en una tormenta perfecta que acabará, previsiblemente, dentro de varios años con una sentencia del tribunal de Estrasburgo. 

Los hechos: una manifestación en 2014

El escenario fue una manifestación contra la ley de educación del entonces Gobierno de Mariano Rajoy. Rodríguez participó en ella a título individual: entonces ni existía Podemos ni él estaba metido en política. La detención de algunos manifestantes provocó altercados frente a una comisaría de Policía llevó a que algunos agentes identificaran a varios participantes y les citaran al cabo de unos días. Uno de ellos, el ya exdiputado de Unidas Podemos. Según su versión, desde entonces nunca más supo de este asunto, pues la causa estuvo dormida durante años en los juzgados de la isla y se reactivó contra él cuando ya había sido elegido diputado en el Congresodormida.

Seis años tardó el juzgado de La Laguna en remitir al Tribunal Supremo una exposición razonada imputando a Rodríguez un delito de atentado contra agente de la autoridad por pegar una patada en la rodilla a uno de los policías del dipositivo de seguridad de la manifestación, justo unos meses después de las elecciones generales de noviembre de 2019. No había más prueba que el testimonio del agente agredido, pero es lo que ha llevado primero a juicio y posteriormente a una condena.

El juicio

Tanto tiempo pasó entre los hechos y la vista oral en el Suprmeo que el propio policía que sufrió la agresión reconoció en ciertos momentos que no recordaba bien algún aspecto concreto y, además, rebajó la agresión de la que responsabiliza a Rodríguez: mientras la Fiscalía aseguraba que necesitó cinco días de recuperación, el agente lo negó y añadió que la misma noche de la manifestación ya no tenía ninguna inflamación. También admitió que nunca fue examinado por un médico forense, sólo por una doctora en urgencias poco después de los hechos, y reconoció que Rodríguez no le agredió en una mano y que el dolor en esa parte del cuerpo "sería de otra cosa".

Nadie más declaró en el juicio, aparte del agente, de un superior de éste que dijo no haber visto nada, ni siquiera a Rodríguez, y del acusado, que negó cualquier agresión a nadie. Se expusieron varios videos, pero ninguno del momento de la agresión y la vista concluyó con la fiscal rebajando la petición de condena a tres meses de cárcel por unas dilaciones indebidas que, según admitió, no tenían causa justificada. 

La condena

Cinco magistrados del Supremo, con el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a la cabeza, determinaron que la declaración del policía es suficiente para condenar a Rodríguez por atentado a la autoridad y dos que no. La condena rebajó la petición de Fiscalía: un mes y medio de prisión sustituible por una multa de 540 euros y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo, pero no hubo unanimidad de los magistrados: dos de los siete que conformaban en tribunal emitieron voto particular alegando que el testimonio del policía no era suficiente "para enervar las exigencias que resultan del derecho fundamental a la presunción de inocencia".

A priori, la sentencia presentaba con pocas aristas, pero ha acabado por abrir la puerta a un choque de trenes entre dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. Tres claves son determinantes para entender ese conflicto institucional: la condena a prisión, la sustitución por la multa y la inhabilitación. Y, por extensión,la "inelegibilidad sobrevenida" que el órgano judicial sostiene que debe ser la interpretación última de su sentencia y, por tanto, que habría que retirar el acta parlamentaria al exdirigente del partido morado, algo que los servicios jurídicos del Congreso descartaron.

El debate

Con esa sentencia, el debate jurídico quedó servido. No son pocos los juristas –catedráticos de Derecho, jueces, fiscales, abogados– que se han pronunciado al respecto y, aunque algunos tienen muy claro hacia qué lado habría que decantarse, en su mayoría reconocen que no todo es blanco o negro. Que en la interpretación de las leyes caben muchos grises y que el caso de Alberto Rodríguez es un ejemplo paradigmático de ello. 

El propio Rodríguez y su defensa parecían ser conscientes de las consecuencias que para el exdiputado podía acarrear la condena, de ahí que se dirigiera al Supremo para pedir una aclaración y advertir de que en la sentencia se apreciaban "errores materiales manifiestos" que la Sala debía rectificar debido el carácter forzoso de la sustitución de la pena. Ahí el Supremo dio la primera pista de cuál iba a ser su postura en toda la controversia que se avecinaba: para el tribunal, la resolución estaba perfectamente clara y no requería de ninguna puntualización.

El caso de Alberto Rodríguez y las dudas surgidas a raíz de su sentencia no tienen precedentes, al menos en los últimos años. Cuando ha habido condenas que afectaban a diputados del Congreso u otros cargos públicos no ha habido cabida a distintas interpretaciones, ya que se trataba de condenas de prisión sin posibilidad de sustitución por multa o condenas de inhabilitación para ejercer cargo público además del sufragio pasivo.

El alto tribunal no condenó a Rodríguez a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, entre otras cosas, la Fiscalía no lo solicitó. La sentencia sí especifica la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que éste se hubiese obtenido años antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo público que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios.

La pena de prisión aquí es clave y también lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) al declarar inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena" y "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o contra las instituciones del Estado". El Supremo entiende que cabe la inelegibilidad sobrevenida, pero los letrados del Congreso creen que la pena privativa de libertad no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. Y es que el Código Penal no contempla penas de prisión inferiores a tres meses, siendo esa la razón por la que, desde el inicio, la cárcel se sustituyó por multa. Sin olvidar que Rodríguez adquirió su condición de diputado antes de la condena.

Así pues, cabría preguntarse cuál de las dos penas –prisión o multa– debería tomarse como base para valorar si hay incompatibilidad entre la sentencia y el cargo público: la que inicialmente se pone (prisión) o la que finalmente se aplica (multa) al ser la primera imposible de aplicar.

Intercambio de escritos

Las dos versiones, la del Supremo y la de los servicios jurídicos del Congreso –que consideraron que "no cabe derivar consecuencia extra penal que afecte a la condición de diputado" de Rodríguez–, chocaban frontalmente y aquí se desató el conflicto: la Mesa hizo caso a los letrados y rechazó las peticiones de PP y Vox de retirar el acta al exdirigente de Podemos y al día siguiente, apenas 24 horas después y sin esperar a una comunicación oficial entre poderes, el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal envió un escrito a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, preguntando cuándo había dado comienzo la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, con la explicación de que iba a proceder a realizar la pertinente liquidación de condena.

Marchena no decía en ese oficio que había tenido conocimiento por los medios de comunicación de que la Mesa había decidido no quitar el escaño a Rodríguez. Ni que no estaba de acuerdo con esa decisión, puesto que, tal y como recuerda el magistrado Joaquim Bosch, "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sólo es competente para ejecutar su fallo, en el que se encuentra la inhabilitación para el sufragio pasivo, pero no tiene facultades para ordenar, sugerir o hacer indicaciones al Parlamento sobre cómo interpretar las normas electorales".

En un intercambio de escritos inédito, Batet pidió aclaraciones y el presidente de la Sala de lo Penal contestó que la inhabilitación era "obligada", sin aclarar si comportaba pérdida del escaño, precisamente porque en ningún momento Marchena se salía de los términos de la condena: inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo. Además, matizaba que entre las funciones del tribunal no se incluye "la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme". La presidenta del Congreso acabó por retirar el acta de diputado a Rodríguez, pero sin explicar por qué no ha seguido el primer criterio de los servicios jurídicos de la Cámara. Un primer criterio que ha sido enmendado apenas una semana después: el jefe de los letrados acaba de avalar la decisión unilateral de Batet.

Para armar su siguiente batalla jurídica, Rodríguez ha hecho varias preguntas a Batet en un escrito entregado este mismo lunes: le solicita que aclare el motivo por el que procede su sustitución como diputado "sin procedimiento previo alguno", si esa decisión ha sido "personal", cuándo y mediante qué resolución ha adoptado esa medida por la que pierde el acta y qué base legal sirve de apoyo. Con su nuevo equipo de abogados, encabezado por el letrado Gonzalo Boye –defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont–, acudirá en amparo ante Tribunal Constitucional por dos vías: para recurrir la sentencia del Supremo y para impugnar la pérdida del escaño.

En el primero de los recursos será clave el voto particular de los dos magistrados discrepantes de la sentencia; en el segundo se aducirá un derecho fundamental que considera vulnerado, según han explicado a este periódico fuentes de la defensa, que es el derecho a la participación política.

El paso por el Constitucional es obligado si, como ya dijo Rodríguez en el juicio, su objetivo último es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Habrá que ver cómo aborda este asunto el tribunal de garantías y si prevalece su abundante jurisprudencia que pide interpretaciones favorables al ejercicio de los derechos políticos de los diputados, según fuentes jurídicas consultadas.

¿Y la Junta Electoral?

En todo este tiempo de intercambio de escritos, hay un órgano que también podría haberse pronunciado para valorar si Rodríguez debía o no perder el escaño en aplicación de la sentencia del Supremo. Es la Junta Electoral Central, a la que también se dirigió el alto tribunal para comunicarle su resolución contra el exdirigente de Podemos "para su conocimiento y efectos oportunos". También Vox, PP y Ciudadanos solicitaron que se pronunciara, pero cuando lo haga, el próximo miércoles, ya será tarde. Fuentes de este organismo consultadas por este periódico reconocen que el debate ya ha perdido objeto y lamentan su tardanza a la hora de fijar fecha para abordar la cuestión. Por eso, lo más probable es que ni siquiera se entre en el fondo, pues éste ya ha sido resuelto por la presidenta del Congreso.

Además, recuerdan que en la Junta hay siete magistrados del Tribunal Supremo –uno de ellos, Miguel Colmenero, es el ponente de la sentencia contra Rodríguez, de modo que se abstendrá del debate que pudiera surgir en el seno del órgano–, lo que hace descartar un pronunciamiento que vaya en contra de la interpretación de Marchena sobre la inhabilitación del ya exdiputado.

El secretario general del Congreso y letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, ha avalado este lunes por escrito la decisión adoptada el pasado viernes por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia contra el ya ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que comportaba la pérdida de su escaño, y lo ha hecho amparándose tanto en la aclaración realizada por el propio Tribunal Supremo como en la doctrina del Tribunal Constitucional.

En un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, Gutiérrez Vicén deja constancia de lo que, según reseña, ya comunicó verbalmente a Batet el pasado viernes, tras recibir la presidenta la aclaración de la sentencia remitida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

La víspera Batet había pedido a Marchena aclaraciones sobre el alcance de la pena y el presidente del tribunal que condenó a Rodríguez le recalcó que la pena "accesoria" que le impusieron -la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante los 45 días- era "obligada".

Interpretación auténtica de la sentencia 

En su escrito, el secretario general del Congreso sostiene que en esa misiva aclaratoria el Supremo, "en interpretación auténtica de la sentencia" determina, que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida".

En su primer informe sobre este particular, los letrados del Congreso sostuvieron que la sentencia no debía tener efectos extra penales, es decir, sobre la condición de diputado de Rodríguez, porque el Supremo había sustituido la pena de prisión por una multa de 540 euros. 

De hecho, defendieron, y a ello se agarraron el PSOE y Unidas Podemos en el seno de la Mesa, que la pena privativa de libertad que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Sin embargo, en su escrito de este lunes, el jefe de los letrados plantea que, en virtud de la aclaración remitida el pasado viernes por Marchena, "ha de entenderse que opera la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el apartado cuatro en relación con el apartado 2 a) del artículo 6 de la Ley del Régimen Electoral General".

Incompatibilidad sobrevenida

Además, el letrado mayor alude a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que establece que los supuestos de incompatibilidad en las leyes electorales operan no sólo a la hora de adquirir la plena condición de diputado, sino también "de forma sobrevenida, si a lo largo de la vigencia del mandato, si la situación del representante sufriera alguna alteración a estos efectos".

Esa sentencia, incide el secretario general del Congreso, también señala que los diputados "proclamados y aún elegidos" que queden "posteriormente afectados" por las causas de inelegibilidad incurrirán también en las de incompatibilidad y, por tanto, perderán su acta de diputados.

"La causa sobrevenida opera así como supuesto de incompatibilidad, generadora, no de la invalidez de la elección, sino de impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido al escaño", reza el escrito de Gutiérrez Vicén.

Por todo ello, concluye que, en cumplimiento de la sentencia del Supremo contra Rodríguez, Batet "debía declarar" su "pérdida de la condición de diputado" e "iniciar los trámites conducentes a su sustitución, como efectivamente hizo".

Pocos minutos de terminar la reunión, la Presidencia del Congreso ha explicado que los miembros pertenecientes a PSOE y Unidas Podemos han votado a favor de pedir la aclaración al alto tribunal, mientras que PP y Vox han votado en contra, ya que ellos mantienen desde el principio que Rodríguez debe ser despojado de su escaño tras la sentencia que le condenó a un mes y medio de prisión sustituible por una multa y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo por pegar una patada a un policía durante una manifestación en el año 2014, antes de que fuese elegido parlamentario. La propia Batet se ha abstenido de votar y ha optado por hacer lo que ha acordado la mayoría, han apuntado las fuentes consultadas.

La votación se ha llevado a cabo, no obstante, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio remitido por el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo, Manuel Marchena, este miércoles sobre el inicio del cómputo de la pena. Marchena se dirigió a la Cámara Baja justo un día después de que el órgano de gobierno acordara que el diputado mantuviera su escaño, en línea con un informe de los servicios jurídicos del Congreso.

Dos horas y media de bronco debate

Fuentes presentes en la reunión confirman a este periódico que la reunión de la Mesa se ha caracterizado por un debate encendido y bronco, de dos horas y media de duración, tras lo cual PSOE y Unidas Podemos han hecho valer su mayoría, incluso sin que haya participado la presidenta de la Cámara. 

Por su parte, la conservadora Ana Pastor y su compañero Alfonso Suárez Illana, junto al ultraderechista de Vox Ignacio Gil Lázaro, han vuelto a solicitar a Batet que retirara de inmediato la condición de diputado a Rodríguez. Las fuentes consultadas aseguran que la presidenta ha dejado claro que también es partidaria de esta opción, motivo por el cual ha preferido no votar.

Los partidos con representación en la Mesa han comparecido después de la reunión para exponer su postura de lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso. Por un lado, Unidas Podemos ha defendido la decisión de la presidenta de solicitar una aclaración al Supremo, dado que en su fallo no existe "nada" en el que se infiera que debe perder el escaño. Y, en este sentido, ha advertido al alto tribunal de que esclarecer no puede comportar "inventar" algo que "no está en la sentencia". A su juicio, privar del escaño a Rodríguez habría supuesto incurrido en una clara "prevaricación".

El PP, por su lado, se mantiene firme en su idea de que la sentencia del tribunal deja claro que el diputado de Unidas Podemos no puede seguir un día más en el Congreso. Por eso, se ha dirigido directamente a Batet para exigirle que ejecute sin dilación la resolución del Supremo, advirtiéndole de que, de no hacerlo, estará "incumpliendo una sentencia". "Confiamos en que Batet esté en su sitio y haciendo prevalecer la separación de poderes", ha comentado también Ignacio Gil Lázaro, de Vox, quien espera que la presidenta no ceda a "presiones groseramente extrajurídicas".

¿Inelegibilidad sobrevenida?

El choque Congreso-Supremo se produjo este miércoles, después de que Marchena enviara un oficio solicitando que se le remitiera el informe sobrela fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Alberto Rodríguez. Algo que no se ha producido, puesto que la mayoría del órgano de gobierno del Congreso lo descartó el martes. El magistrado esgrime que su intención es llevar a efecto "la práctica de la correspondiente liquidación de condena".

La cuestión está en que el Supremo no está de acuerdo en que el diputado haya ya cumplido la condena que se le impuso habiendo sólo abonado la multa correspondiente. De hecho, fuentes del alto tribunal citadas por Europa Press se muestran "atónitas y perplejas" acerca de lo que consideran una "reinterpretación" de la sentencia a manos de la Cámara Baja. Esta contrariedad es la que también expresa, sin decirlo, el presidente de la Sala de lo Penal con su oficio a Batet.

El alto tribunal no condenó a Rodríguez a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, entre otras cosas, la Fiscalía no lo solicitó. La sentencia sí especifica la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que éste se hubiese obtenido años antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo público que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios, algo que los servicios jurídicos de la Cámara Baja habían descartado.

Un mes y medio de prisión sustituible por una multa y 45 días de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo por pegar una patada a un policía durante una manifestación, unos hechos que sucedieron en 2014. A priori, una sentencia con pocas aristas que, sin embargo, ha abierto la puerta a un choque de trenes entre dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. En concreto, entre el Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. La clave está en la "inelegibilidad sobrevenida" que el órgano judicial sostiene que debe ser la interpretación última de su sentencia y, por tanto, que habría que retirar el acta parlamentaria al exdirigente del partido morado, algo que los servicios jurídicos de la Cámara Baja habían descartado.

La respuesta del Supremo al mantenimiento del escaño ha sido bastante más rápida que los plazos que acostumbran a manejarse en los órganos judiciales. Ni 24 horas ha tardado Manuel Marchena, presidente de la sala que juzgó a Rodríguez, en dirigirse a la Mesa del Congreso, antes de que ésta le hubiera comunicado aún nada y sin haber visto el informe de los servicios jurídicos. El magistrado ha enviado un oficio a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, solicitando que le remita al alto tribunal el informe sobrela fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Algo que no se ha producido, puesto que la mayoría del órgano de gobierno del Congreso descartó ayer.

Marchena esgrime que su intención es llevar a efecto "la práctica de la correspondiente liquidación de condena". La cuestión está en que el Supremo no está de acuerdo en que Rodríguez haya ya cumplido la condena que se le impuso habiendo sólo abonado la multa correspondiente. De hecho, fuentes del alto tribunal citadas por Europa Press se muestran "atónitas y perplejas" acerca de lo que consideran una "reinterpretación" de la sentencia a manos de la Cámara Baja. Esta contrariedad es la que también expresa, sin decirlo, el presidente de la Sala de lo Penal con su oficio a Batet.

Fuentes de la Cámara Baja consultadas por infoLibre confirmaron este miércoles que ya se está estudiando con los servicios jurídicos cómo contestar al requerimiento de Marchena. Aunque en un principio descartaron convocar una reunión extraordinaria de la Mesa, finalmente este jueves la presidenta Batet optó por convocar a los miembros del órgano de gobierno del Congreso. Por su parte, fuentes del Supremo afirman que la intención no es abrir un conflicto institucional, pero que tienen que hacer la pertinente liquidación de condena y para eso necesitan que la Cámara les conteste.

El caso de Alberto Rodríguez y las dudas surgidas a raíz de su sentencia no tiene precedentes, al menos en los últimos años. Cuando ha habido condenas que afectaban a diputados del Congreso u otros cargos públicos no ha habido cabida a distintas interpretaciones, ya que se trataba de condenas de prisión sin posibilidad de sustitución por multa o condenas de inhabilitación para ejercer cargo público además del sufragio pasivo.

El alto tribunal no condenó a Rodríguez a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público porque, entre otras cosas, la Fiscalía no lo solicitó. La sentencia sí especifica la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que éste se hubiese obtenido años antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo público que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios.

Los casos de Junqueras y Torra

Para hacer esta interpretación, el tribunal que juzgó a Alberto Rodríguez se basa en la jurisprudencia del propio órgano. Uno de los precedentes puede ser el del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Hay diferencias, porque cuando la Junta Electoral tomó la decisión de retirarle el escaño en el Parlamento Europeo, el exdirigente de la Generalitat no había sido condenado en firme y Rodríguez sí. Sin embargo, tras emitir la sentencia del procés, el Supremo fue claro: "La condena firme a una pena privativa de libertad comporta la pérdida del sufragio pasivo, o sea, que determina la inelegibilidad, en este caso sobrevenida, del condenado". Esto fue ratificado además por la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) del Supremo cuando resolvió, por ejemplo, el recurso del expresident Quim Torra.

Nada más ser condenado el diputado de Unidas Podemos surgieron las dudas sobre qué alcance tendría la sentencia del Supremo, pues la resolución no hace mención expresa a esta jurisprudencia ni concreta que esta debería ser la interpretación. Las vías para quitar el acta a un diputado que se ha visto inmerso en un procedimiento judicial la marcan las leyes: por un lado, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que declara inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena" y "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o contra las instituciones del Estado"; por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dice que un encarcelado y procesado en firme por rebelión también quedará suspendido hasta que quede en libertad"; mientras, el Reglamento del Congreso dicta que un diputado perderá tal condición "por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación".

Ninguno de estos supuestos se cumple como tal en el caso de Rodríguez: para empezar, el delito que cometió fue el de delito de atentado a agentes de la autoridad, por lo que no es ninguno de los que establecen las leyes ni se ha anulado su nombramiento. Su inhabilitación, además, es para el ejercicio de sufragio pasivo y no para el ejercicio de cargo público. Es lo que esgrime Unidas Podemos desde el primer momento de conocerse la sentencia, pues en la misma el tribunal acordó sustituir la pena de cárcel por unamulta de 540 euros, importe que el diputado abonó.

Y es lo que esta semana concluyeron los servicios jurídicos del Congreso. En su opinión, la sentencia no debe tener efectos extrapenales y sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica. En base a este pronunciamiento, la mayoría de la Mesa de la Cámara decidió el martes no atender las peticiones de PP y Vox de retirar el escaño a Rodríguez.

Más allá del encontronazo entre Supremo y Congreso, aún hay un actor más que podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Se trata de la Junta Electoral Central, a la que también se dirigió el alto tribunal para comunicarle la sentencia contra Rodríguez "para su conocimiento y efectos oportunos". Sin embargo, fuentes de este órgano consultadas por infoLibre aseguran que aún no han recibido los documentos y que no han fijado ninguna fecha para reunirse, pero no aseguran que vayan a estudiar el caso ni adelantan su opinión sobre este asunto.