La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Hablemos de documentos. Y aquí, en los que se nos han presentado, hay muchos que carecen de trazabilidad, es decir de los códigos que los identifican para saber que son verdaderos; igualmente hay también muchas copias sin firmar y sin sellar, lo que en mi opinión induce a desconfianza; precisamente los que mejor están identificados son aquellos que en mi opinión tienen menos relevancia: las crónicas de las vistas orales del juicio, los del Ministerio de Exteriores, las comunicaciones de recursos y procesamientos, y los informes policiales.

Sin embargo, los más interesantes, por ejemplo el manuscrito de un plan establecido en noviembre de 1980, de más de veinte páginas con profusión de detalles, sólo sabemos que procede de la Guardia Civil porque lo suponemos custodiado ahí, pero nada más, no se nos proporciona ningún dato más; igualmente, otro importante, como el titulado Campaña contra S.M. El Rey en relación con el 23-F con número de referencia: C/DI 3, del Ministerio del Interior, se trata de una copia, sin firma, sin fecha y sin sello. Igualmente, desde el punto de vista documental resulta lamentable que haya bastantes documentos recortados que resultan ilegibles en algunas líneas; no se entiende cómo no han sido escaneados en su integridad.

Hasta aquí una primera aproximación. Suele suceder que cuando pasa tanto tiempo y los testimonios van aumentando, las incógnitas suben exponencialmente, por lo que me temo que seguiremos estando entretenidos con el tema; como con el asesinato de Kennedy, permanecerá entre los misterios de la historia, en el saco de las verdades históricas, es decir en el saco de las verdades que han pasado a mejor vida.

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Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Aunque no está claro que esta dimisión tenga relación directa con esas revelaciones, se produce en un momento de particular debilidad del primer ministro.

En un comunicado, Starmer dijo que estaba "agradecido" por la larga y distinguida carrera de Wormald y por su apoyo como secretario de gabinete, considerado el cargo de funcionario de más alto rango en el Reino Unido. "He acordado con él que dimitirá como secretario de gabinete hoy. Le deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el mandatario británico.

Por su parte, Wormald aseguró que había sido un honor y un privilegio servir como funcionario durante los últimos 35 años y una "distinción especial" haber liderado este servicio desde diciembre de 2024. Aprovechó para agradecer su tarea "a los extraordinarios funcionarios, ministros y consejeros con los que he trabajado".

La dimisión de Wormald es la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en la última semana ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan.

Starmer se encuentra ahora en proceso de recomponer su círculo más estrecho mientras hay voces internas que piden su dimisión, después de conocerse los vínculos de el exministro laborista Peter Mandelson, al que Starmer nombró embajador británico en Estados Unidos en 2024, con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La dimisión de Wormald, en principio, parece no tener relación directa con el caso de Mandelson, sino que respondería más a una decisión personal de Starmer, después de que los medios británicos se hicieran eco de informaciones que señalan que el mandatario no estaba satisfecho con su desempeño.

Mientras se encuentra a un sustituto de alto rango para Wormald, el cargo será supervisado de forma conjunta por Catherine Little, Antonia Romeo y James Bowler, quienes ocupan el cargo de secretario permanente de gabinete, el ministerio del Interior y el Tesoro respectivamente.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió este martes haber visitado la isla del pederasta Jeffrey Epstein durante unas vacaciones con su familia hace más de una década, aunque rechazó haber tenido relación alguna con el empresario, informa EFE.

"Almorcé con él, ya que estaba de vacaciones familiares en un barco. Mi esposa me acompañaba, al igual que mis cuatro hijos y las niñeras", declaró el secretario en una comparecencia ante el Senado sobre una visita que habría tenido lugar en 2012.

Entre los tres millones de nuevos documentos sobre el caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia a finales de enero, aparecía en numerosas ocasiones el nombre de Lutnick.

El contenido de los archivos sugería que el secretario intentó reunirse o llamar a Epstein varias veces desde 2005 e incluso después de que se declarara culpable de solicitar los servicios de prostitución de una menor en 2008. Sin embargo, Lutnick negó este martes haber tenido una relación estrecha con el pederasta: "Apenas tuve algo que ver con esa persona", insistió.

Sobre la visita a la isla, explicó que también les acompañaba otra pareja con sus hijos. "Eso duró una hora y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa", añadió. Preguntado por los legisladores sobre una referencia en los documentos del caso Epstein donde parece que el pederasta tenía algún interés en una de las niñeras que viajaban con la familia, el secretario dijo que desconocía esa intención.

"No tenía ni idea de qué se trataba. Que yo sepa, no tenía nada que ver conmigo", aseguró Lutnick, que insistió en que no tiene "nada que esconder".

Por su parte, la Casa Blanca defendió hoy a Lutnick y subrayó que es un miembro "muy importante" del Gabinete de Donald Trump. "El presidente lo apoya plenamente", dijo la portavoz de la oficina presidencial, Karoline Leavitt, visiblemente molesta por las numerosas preguntas sobre el caso Epstein al que hizo frente en una rueda de prensa celebrada hoy.

El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente, Borge Brende, tuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, confirmó este jueves la organización. "El Foro Económico Mundial desea aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS", precisó en un comunicado enviado a EFE.

Precisó que tras conocerse esas interacciones, el Consejo de Administración solicitó al Comité de Auditoría y Riesgos que investigara el asunto, tras lo cual este último decidió iniciar una revisión independiente. "Esta decisión subraya el compromiso del Foro con la transparencia y el mantenimiento de su integridad. Nuestro objetivo es gestionar este asunto de forma reflexiva y eficiente", subraya la organización.

El Foro Económico Mundial, que cada año celebra en enero el Foro de Davos, la mayor reunión de líderes políticos y del mundo de la economía y los negocios, además de personalidades de la sociedad civil y de la ciencia, aseguró que Brende apoya plenamente esta investigación, con la que va a cooperar, puesto que "él mismo la solicitó". Mientras ésta se desarrolla, él seguirá asumiendo sus responsabilidades como presidente y director ejecutivo.

Según una declaración del propio Brende, éste recibió en 2018 durante una visita a Nueva York una invitación del exviceprimer ministro noruego y enviado de la ONU para Oriente Medio y el Norte de África, Terje Rod-Larsen, casado con la entonces embajadora noruega ante la ONU, para acompañarle a una cena con alguien que le presentaron como un inversor estadounidense, que era Epstein. Ha reconocido haber asistido al año siguiente a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales.

Esas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, constituyen las únicas interacciones que Brende dice haber tenido con el pederasta. "Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein. Si hubiera sabido de sus antecedentes, habría rechazado la invitación inicial para acompañar a Rod-Larsen y cualquier invitación posterior a cenar u otras comunicaciones", ha asegurado.

"Reconozco que podría haber investigado más a fondo el historial de Epstein y lamento no haberlo hecho. Sigo comprometido con aprender de esta experiencia y acojo con satisfacción la próxima revisión independiente, que de hecho solicité", agregó. Brende asegura también que informó a Klaus Schwab, fundador y anterior presidente y codirector ejecutivo del Foro Económico Mundial, de esas circunstancias. Sin embargo, Schwab declaró este jueves a distintos medios suizos que eso no ocurrió y que está dispuesto a acudir a la Justicia si Borge insiste en que le informó de tales contactos.

Borge, por su parte, afirma al respecto: "No tengo ni idea de por qué ahora afirma lo contrario. Hasta que se complete la revisión independiente, no tengo más comentarios al respecto". En la última revelación de archivos del caso Epstein, el pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia estadounidense publicó 3,5 nuevos millones de archivos, documentos y fotos. Entre ellos, varios intercambios por correo y por mensaje entre Epstein y el actual presidente del Foro. En sus comunicaciones, Brende llama "amigo mío" a Epstein, según los documentos revelados.

La nueva tanda de documentos sobre la investigación del pederasta Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sugiere que Barcelona fue una de las ciudades elegidas por el empresario para captar a mujeres, informa EFE.

En los archivos aparece un gran número de correos electrónicos intercambiados con Daniel Siad, que según los documentos parece ser un facilitador de la trama desde la capital catalana. "Es un gran placer estar aquí. Barcelona está llena de vida, la gente es muy amable. España es más segura que París, especialmente Barcelona, ​​que está llena de turistas de todas partes", dice Siad en un correo enviado a Epstein.

Los mensajes muestran un patrón a la hora de reclutar a las víctimas: Siad se encargaba de encontrar a las jóvenes, las hospedaba por un tiempo, a veces en su propia vivienda, y remitía fotos y videos al pederasta para que valorara su apariencia.

"Es guapa, pero sus pechos son horribles. Tendrá que operárselos de nuevo", responde Epstein a una de las fotografías. "Ha estado quedándose en mi casa desde hace dos semanas con su amiga británica de origen jamaicano, que también es muy dulce. Estoy buscando la agencia adecuada para ella, así que he estado durmiendo en mi sofá desde entonces", detalla Siad sobre la víctima.

Uno de los métodos de captación del pederasta que describen los archivos consistiría en utilizar el negocio de las agencias de modelos como fachada para reclutar mujeres a las que luego coartaría para cumplir con sus deseos sexuales.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.

Esquerra Republicana, Bildu y el BNG han registrado una iniciativa en el Congreso solicitando que se proceda a desclasificar toda la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y lo han hecho tras conocer unas declaraciones del coronel Antonio Tejero implicando a Juan Carlos I en la intentona, según Europa Press.

En una entrevista publicada por 'El Español', el condenado por el asalto al Congreso asegura que detrás del golpe estaban el ahora Rey emérito y el general Alfonso Armada, que querían imponer un gobierno "a su gusto", y se jacta de que fue él quien paró la operación al darse cuenta de esas intenciones. "Yo al Rey Juan Carlos lo jodí vivo", ha afirmado.

Los grupos firmantes de la iniciativa recalcan que esa versión coincide con la del magistrado Joaquim Bosch, quien señala en un libro que, efectivamente, lo que frustró el golpe fue el rechazo de Tejero a la lista de los integrantes del Gobierno de gran coalición que iría a presidir Armada.

Para ERC, Bildu y el BNG, tras estas informaciones y los más de 40 años transcurridos "ya no hay justificación alguna" para no conocer "cada detalle de cada documentos, grabación e información significativa que obre en poder del Estado español" y que pueda aportar luz sobre aquel episodio.

En este contexto, buscan que el Congreso inste al Gobierno a realizar todos los cambios legislativos necesarios para desclasificar todos los documentos escritos, sonoros y de vídeo que permitan conocer con exactitud todos los hechos relacionados con la intentona golpista. 

Los tres partidos recalcan que la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada en 1978, sigue siendo una legislación "franquista generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo desmemoria" y juzgan "inexplicable" que aún no haya sido "adaptada a la los tiempos de una sociedad democrática".

El Gobierno de coalición presentó un anteproyecto para actualizarla en agosto de 2022, pero nunca llegó a remitir al Congreso un proyecto de ley. Quién sí registró una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos fue el PNV, pero, aunque el Pleno acordó tramitarla, nunca llegó a ver la luz porque el plazo para la presentación de enmiendas nunca se cerró.

Para ERC, Bildu y el BNG resulta "bochornoso" que haya que conocer "a través de terceros países" y de sus servicios de inteligencia "hechos trascendentes" que siguen siendo secretos en España.

En opinión de estas formaciones, ha llegado el momento de "conocer todos los nombres de los militares implicados en la intentona, no sólo de los cabezas de turco condenados", así como de la "trama civil directa e indirecta del golpe" y los "contactos con partidos que aceptaban un gobierno de concentración como mal menor" y que estaban "dispuestos a colaborar en él".

Además, demandan que salgan a la luz todos los documentos que sirvan para reconstruir las conexiones existentes con terceros países, su "tutelaje" sobre estos acontecimientos y esclarecer "el papel de la Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama".

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha devuelto al Departamento de Justicia el acceso a los documentos confiscados al expresidente Donald Trump, después de que una jueza de primera instancia nombrara en su lugar a un perito para que los revisase, según informa Europa Press.

Después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara el pasado sábado un recurso ante la decisión de la jueza federal del Distrito Sur de Florida Aileen Cannon, el organismo ha retomado el control de los documentos para continuar su investigación criminal en curso, según ha informado la cadena CNN.

La intervención de emergencia de tres jueces de un tribunal nacional de apelaciones –de los cuales dos fueron nombrados por Trump–, anula la orden de Cannon sobre los documentos con la cual había bloqueado la investigación del Departamento de Justicia sobre los posibles delitos que habría cometido el expresidente llevándose a su residencia en Florida multitud de secretos de Estado.

Cannon, a petición de Trump, nombró a un exjuez federal –puesto en el cargo por el expresidente Ronald Reagan– como perito especial para que revisase cuáles, entre todos los documentos, podrían ser confidenciales o no, según la citada cadena.

La intención de Trump con esta petición judicial era la de retrasar durante unas semanas la investigación iniciada en su contra, además de evitar la entrega al Departamento de Justicia de los documentos que el exjuez federal considerase que no eran confidenciales.

Con esta nueva decisión judicial, las opciones de Trump para bloquear la investigación se están atenuando, a no ser que realice una apelación de emergencia al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Entre los documentos que recogieron los agentes del FBI durante la redada a la residencia de Mar-a-Lago el pasado mes, se han encontrado algunos archivos confidenciales que incluso describirían las defensas militares de un Gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desvelado este jueves que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está acusado de un cargo federal de conspirar con la ex analista militar Chelsea Manning para acceder ilegalmente para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno, por el cual podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel.

"El cargo está relacionado con el supuesto rol de Assange en una de las mayores filtraciones de información clasificada de la historia de Estados Unidos", ha dicho el Departamento de Justicia en un comunicado. Podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel, si bien las autoridades judiciales han subrayado que "las actuales sentencias por crímenes federales suelen ser inferiores a la pena máxima". Wikileaks publicó en 2010 decenas de miles de documentos clasificados con información sensible sobre las guerras de Irak y Afganistán, así como numerosos cables diplomáticos.

Chelsea Manning fue quien filtró la información, por lo que fue condenada a 35 años de cárcel por un tribunal militar. Tras someterse a un cambio de sexo, sufrir varios intentos de suicidio y pedir perdón por "haber perjudicado a Estados Unidos", el entonces presidente, Barack Obama, le conmutó la pena y recuperó la libertad en 2017. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, Manning volvió a ser detenida por negarse a responder a las preguntas del Gran Jurado en la Corte del Distrito Este de Virginia por el caso Wikileaks, alegando que ya había testificado todo lo que sabía durante su propio juicio.

"Assange se implicó en una conspiración (...) para ayudar a Manning a 'hackear' la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta (SIPRNet), usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", ha detallado la Fiscalía norteamericana. Manning, que tenía acceso a esos ordenadores por su trabajo como analista de Inteligencia del Ejército estadounidense, usó la contraseña para descargarse los documentos clasificados que se publicaron a Wikileaks, han recordado las autoridades judiciales.

Imagen de archivo tomada el 01 de octubre de 2018 que muestra a la exsoldado Chelsea Manning. EFE

Según esta versión, Assange y Manning tuvieron discusiones en tiempo real sobre cómo debían entregarse los documentos clasificados a Wikileaks. Estas conversaciones "reflejan cómo Assange animó activamente a Manning a proporcionarle más información", han asegurado. A este respecto, la Administración norteamericana ha revelado incluso un extracto de las charlas entre ambos implicados. Manning le habría dicho a Assange que "después de esta descarga" no habría más, a lo que éste respondió: "Por mi experiencia, los ojos curiosos nunca se secan".

Un tribunal londinense ha condenado este jueves a Assange, ahora bajo la custodia de la Policía británica a invitación de las autoridades ecuatorianas, por violar los términos de la libertad condicional que Reino Unido le concedió en 2012 y en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Podría recibir una pena de hasta doce meses de cárcel, si bien la pena exacta no se conocerá hasta más adelante: su próxima audiencia judicial será el 2 de mayo.

Ecuador ha dado asilo al fundador de Wikileaks durante "seis años y diez meses", en los que "el pueblo ecuatoriano ha garantizado los Derechos Humanos" del australiano y "ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de la Embajada en Londres". El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha justificado la retirada del asilo a Assange por su conducta "irrespetuosa y agresiva" en la Embajada, al tiempo que ha asegurado que Reino Unido se ha comprometido "por escrito" a que no será extraditado a un país donde pueda afrontar la pena de muerte. Moreno ha asegurado que Wikileaks "amenazó hace dos días al Gobierno de Ecuador", y asegura: "Mi Gobierno no tiene nada que temer. No actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho internacional cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos", ha concluido.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, justifica la decisión

"Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático concedido al señor Assange en el año 2012", bajo el Gobierno de Rafael Correa, ha indicado. "La paciencia de Ecuador ha llegado a su límite. (Julian Assange) Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos. Bloqueó las cámaras de seguridad de la Misión de Ecuador en Londres. Ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática. Ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra Embajada", ha enumerado el mandatario ecuatoriano en un mensaje de vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, minutos antes de que Scotland Yard anunciara el arresto de Assange dentro de la legación diplomática.

Moreno ha dejado claro que conceder y retirar el asilo diplomático es una "facultad soberana" de Ecuador y ha censurado que Assange denunciara que estaba "incomunicado", que rechazara "la conexión a Internet proporcionada por la Embajada" y que tuviera "un teléfono móvil" para conectarse con el exterior. El mandatario ecuatoriano ha señalado que la retirada del asilo diplomático al fundador de Wikileaks se debe a las "declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra de Ecuador" y, sobre todo, a la "transgresión de los convenios internacionales" en materia de asilo diplomático.

Como ejemplo de la actitud de Assange que Moreno critica, ha puesto la filtración por parte de Wikileaks en enero de 2019 de documentos del Vaticano. "Miembros clave de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Estas y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados", ha explicado.

"Cuando asumí la Presidencia de Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que vive en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas a pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respetara y cumpliera dichas normas", ha relatado. El presidente ha subrayado que, "mientras Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo", Assange demandó "en tres instancias distintas el protocolo de convivencia" y, "en todos los casos", "las autoridades de Ecuador judiciales correspondientes le han dado la razón a Ecuador". Moreno ha explicado que, en la línea con los compromisos con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, su Gobierno ha decidido solicitar a Reino Unido "la garantía" de que Assange no será entregado "en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte". "El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito en cumplimiento de sus propias normas", ha asegurado.

El Gobierno de Moreno suspende la nacionalidad ecuatoriana de Assange

Concedida hace apenas un año, el Gobierno de Ecuador ha anulado la nacionalidad a Julian Assange justo después de retirarle el asilo político, lo que ha dado lugar a su detención en Reino Unido y posible extradición a Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha informado en rueda de prensa de que la decisión de suspenderle la nacionalidad ecuatoriana se tomó el miércoles por una serie de irregularidades en el trámite de concesión que constituyen un "acto administrativo lesivo", según informa el diario local El Universo. 

Assange obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en diciembre de 2017 en un movimiento que entonces se interpretó como tendente a que perdiera la condición de asilado político para que pudiera salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado desde junio de 2012. El jefe de la diplomacia ecuatoriana ha recordado "las múltiples ocasiones en las que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados".

Tras ello, la Policía Metropolitana de Londres ha accedido a la sede diplomática para arrestar al australiano.

ONU y ONG avisan del riesgo de que Assange sufra "graves violaciones de los DDHH"

Naciones Unidas y ONG han lamentado la decisión del Gobierno de Ecuador de retirar el asilo político concedido en 2012 a Julian Assange. "Al expulsar a Assange de la Embajada, Ecuador ha permitido a Reino Unido que le detenga, acercándole un paso más a la extradición a Estados Unidos y, por tanto, arriesgándole a sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos", ha dicho en Twitter la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard. Además, la experta de la ONU ha recordado que, tal y como determinó el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en 2015, el fundador de Wikileaks ha sufrido una detención arbitraria "poniendo en peligro su vida durante los últimos siete años".

Por su parte, el relator especial para el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, ha aclarado que la detención de Assange no detendrá sus esfuerzos para investigar la denuncia del fundador de Wikileaks de que durante su estancia en la sede diplomática ha sido espiado. "Esto significa que, en lugar de visitar y hablar con Assange en la Embajada, intentaré visitarlo y hablar con él donde esté detenido", ha afirmado en un comunicado difundido por Naciones Unidas.

Amnistía Internacional ha pedido directamente a Reino Unido que no extradite a Assange a Estados Unidos, "donde hay un riesgo muy real de que sufra graves violaciones de los Derechos Humanos", empezando por unas condiciones de detención que podrían su poner tortura. "Instamos a las autoridades de Reino Unido a cumplir con las garantías que le han dado a Ecuador de que no le enviarán a ningún lugar donde pueda enfrentarse a la pena de muerte, torturas o malos tratos", ha reclamado el subdirector de Amnistía Internacional para Europa, Massimo Moratti.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal organización de defensa de derechos civiles de Estados Unidos, ha advertido además de que "cualquier procesamiento de Assange en Estados Unidos por las publicaciones de Wikileaks sería inconstitucional (...) y abriría la puerta a investigaciones penales contra otros medios". "Procesar a un editor extranjero por violar la ley de secretos oficiales de Estados Unidos sentaría un precedente especialmente peligroso para los periodistas estadounidenses, que violan rutinariamente la ley de secretos oficiales para publicar información vital", ha indicado Ben Wizner, de ACLU, en un comunicado.

Bruselas manda callar a los gobiernos sobre Assange: "está en manos de los jueces" 

La Comisión Europea ha recordado que el caso del fundador de Wikileaks Julian Assange "está en manos de los jueces" y en estos casos "los gobiernos deben callarse". "Esto es un proceso en manos de los jueces. Cuando los jueces hablan, los políticos deberían callarse y los Gobiernos deben callarse", ha subrayado en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al ser preguntado por la valoración de Bruselas sobre la detención de Assange.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha explicado que ha sido "informado, hace minutos" sobre la detención de Assange, cuyo caso seguirán "de cerca" pero ha insistido en que se trata de un caso "en manos de los jueces" y que "Suecia también está implicada" al haber cursado una orden de detención y entrega europea. 

La mujer que acusó de violación a Assange pide a la Fiscalía sueca que reabra el caso

La mujer que acusó a Julian Assange de violación ha pedido formalmente a la Fiscalía de Suecia que reabra el caso. "La demandante ha solicitado que la investigación preliminar por violación sea reanudada", ha dicho la Fiscalía sueca en un comunicado. La decisión sobre "cómo proceder" recaerá sobre el Ministerio Público de Gotemburgo. "Por tanto, la investigación preliminar no se ha reanudado y no sabemos si se reanudará", ha aclarado la vicefiscal general, Eva-Marie Persson. Las autoridades judiciales de Suecia habían aclarado en un comunicado previo que, si bien el caso quedó archivado en 2017, es posible reactivarlo porque no prescribe hasta 2020.

La abogada Elisabeth Massi Flitz, que representa a la supuesta víctima, ha reconocido que la noticia de la detención de Assange ha dejado "en shock" a su cliente porque era algo que llevaba esperando desde hacía años.

"Vamos a hacer todo lo posible para que la investigación de la Policía sueca se reabra y Assange pueda ser extraditado y juzgado por violación. Ninguna víctima de violación debería esperar nueve años a que se haga Justicia", ha dicho a The Guardian.

Esta acusación de violación fue la que motivó que las autoridades británicas se negaran a darle el salvoconducto que le habría permitido disfrutar del asilo político que el Gobierno de Rafael Correa le concedió en 2012. Para evitar ser detenido y extraditado a Suecia, se recluyó en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange temía que, una vez entregado a Suecia, fuera extraditado a Estados Unidos. Después de varias gestiones diplomáticas que implicaron a Suecia, Ecuador y Reino Unido, los fiscales suecos viajaron a Londres para interrogar a Assange en la Embajada, pero en 2017 la nación nórdica anunció que había agotado todas las posibilidades para llevar a cabo la investigación. "Para seguir adelante con el caso, Assange tendría que ser notificado formalmente de los cargos penales en su contra. No podemos esperar que Ecuador nos ayude con esto. Por tanto, la investigación queda interrumpida", dijo la entonces fiscal general, Marianne Ny.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles la voluntad del Ejecutivo de limitar lo que considera un uso "extensivo" de la clasificación de documentos como secreto oficial y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, le ha retado a demostrarlo agilizando la reforma de la ley que lleva dos años varada en el Congreso.

"Estamos de acuerdo en reformar ley de secretos oficiales, creemos que es una legislación que proviene del periodo preconstitucional", ha asegurado Sánchez en el Pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno, donde ha mostrado su convicción de que los grupos parlamentarios podrán llegar a un acuerdo sobre los plazos de desclasificación de los documentos o las excepciones.

Además, ha confirmado que el primer paso será autorizar la consulta de los documentos que se guardan en el Archivo General Militar de Ávila, algo que no ha contentado al PNV, que le ha pedido que vaya "más allá". 

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha recordado que ahora se va a modificar en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica, donde cree que los partidos pueden alcanzar un "consenso global". "Déjese de comisiones de la verdad y abramos los archivos", ha pedido Esteban, que ha recordado que el PNV presentó hace ya dos años una proposición para reformar la ley de secretos oficiales y la iniciativa se encuentra aún parada en la ponencia que debe discutir su articulado.

El portavoz del grupo vasco ha recordado que la ley de secretos oficiales data de 1968 y después hay dos acuerdos, de 1986 y de 2010, que hacen de ella una interpretación "abusiva e intensiva"; por lo que ha pedido a Sánchez que derogue estas dos normas y facilite la reforma de la ley.

Esteban cree que se debe facilitar a los historiadores e investigadores la consulta de todos los documentos hasta ahora secretos para que luego ellos "escriban su visión", ante el convencimiento de que "a una visión general seguro que no se llega". "Abramos los archivos y que luego los investigadores con esos documentos escriban", ha insistido.

Abierto a debatir plazos y excepciones

Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios alargan las primeras desclasificaciones de documentos que están hoy declarados secretos hasta los años 2023 o 2028, algo que tampoco ve con buenos ojos el PNV, que cree que este asunto tiene que agilizarse todo lo posible.

En este sentido, Sánchez se ha mostrado abierto a "debatir" y acordar un plazo de clasificación o excepciones. "Si lo hacemos bien estoy convencido de que podremos garantizar y conjugar la defensa de los intereses generales y también contribuir a la recuperación cabal de nuestra historia y el conocimiento de los asuntos públicos", ha aseverado.

El presidente del Gobierno ha subrayado en que el Congreso cuenta con una mayoría que comparte que el recurso "extensivo o intensivo" del secreto oficial "no tiene ya sentido" y por tanto ha insistido en la necesidad de incorporar "transparencia" al conjunto de archivos de la administración.

Vocación de transparencia

En este marco ha asegurado que se mueve el PSOE, cuya postura ha distinguido de la de los "grupos conservadores". "El Gobierno de España tiene vocación de ser transparente y dar pasos para amoldar esta importante ley a los tiempos y exigencias democráticas de este momento", ha garantizado.

Además, Sánchez ha comparado la situación de España con la de los países de su entorno y ha recordado que todos ellos disponen de normas para proteger la información que puede afectar "gravemente" a la seguridad del Estado y la defensa de sus intereses generales.

El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha reclamado al Gobierno que la modificación, por decreto ley, de la Ley de Memoria Histórica —para permitir la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos— incluya al Pazo de Meirás.Pazo de Meirás

En un comunicado, el regidor del municipio, Benito Portela, insta también de nuevo al Ejecutivo a presentar la demanda civil que posibilite la incorporación del inmueble al patrimonio público.

Al respecto, explica que ya le manifestó por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 19 d junio, "que en el actual marco abierto por el Gobierno del Estado en cuanto a la aplicación y, en su caso modificación de la Ley de Memoria Histórica, es también el momento oportuno para poner fin a anacronismo histórico de que la familia del dictador siga detentando la propiedad del Pazo de Meirás".

Al respecto, el alcalde de Sada comparte que "hay que retirar a Franco del Valle de los Caídos". "Pero también retirar a sus herederos del Pazo", insiste. A su juicio, debe hacerse "por higiene democrática y respeto a la memoria histórica".

Devolución gratuita

Por otra parte, recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de Sada explicita, en lo que se refiere al Plan Especial de Protección de Patrimonio del Pazo de Meirás, que el mismo "analizará y responderá a la posibilidad de que el Bien de Interés Cultural pase a ser de dominio y uso públicos en base a la devolución gratuita de los terrenos al sector público".

"Que, en su caso, pueda derivarse de las normas y disposiciones legales que puedan adoptar los poderes legislativos en relación con la recuperación de la memoria histórica, así como de los acuerdos y acciones administrativas o civiles que procedan a tal fin y de la subsiguiente extinción de los títulos de propiedad actualmente existentes", añade sobre el contenido del texto.

Además, el alcalde de Sada insiste en que, al margen de la reclamación para que la modificación de la Ley de Memoria Histórica incluya al Pazo de Meirás, el Gobierno central "debe presentar, de una vez, la demanda civil que proceda con el objetivo final de la incorporación del Pazo al patrimonio público".

Para salir del laberinto preparé un Key Note (Power Point para los de Microsoft) con la esperanza de profundizar en un conflicto complejo contado desde todo tipo de estereotipos, mentiras y simplezas (valen otros adjetivos).

Me invitó el Forum journalismus und medien (Fjum), dedicado a organizar seminarios y tender puentes de entendimiento. Es la primera vez que le dedican uno a una región europea, porque eso es Cataluña, de momento. Les decidió la gran atención mediática y los debates en los cafés de Viena. Es un asunto que enciende pasiones en el Irak del que informa Mikel Ayestarán y en la Mauritania por la que viaja Bru Rovira. Ese momentum ha pasado.

Steven Forti, investigador italiano y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue el encargado de hablar de Cataluña. A mi me tocó el lado más antipático (al menos en el relato exterior): España.

Empecé por decir que había dos tipos de españoles: los que no hablaban inglés (Rajoy) y los que llevaban toda la vida estudiando inglés (Aznar).

Los idiomas son una de las pifias de un sistema educativo en el que aún se discute si se debe enseñar religión (católica) en un centro público de un Estado aconfesional (¡ojo que está en la sacrosanta Constitución!). En Europa es normal que las personas con educación superior se manejen en perfecto inglés.

También les dije que existía una subcategoría: las personas con madre británica que pronunciaban como yo. Hubo risas. Fue un alivio.

'Beeespaña'

Para empezar dije dos cosas: no se trata de una disputa entre dos bloques homogéneos. Existe una pluralidad de voces y tendencias en Cataluña, incluso dentro del independentismo, y en España, aunque bastante menos en la esfera política. Segundo apunte: el problema no es Cataluña, sino España. Cataluña sería un síntoma de una enfermedad mayor.

El conflicto territorial no es nuevo. No lo solucionamos en la Edad Media. Seguimos de alguna manera con los cinco reinos en la cabeza: Castilla-León, Aragón (ahora Cataluña), Navarra (hoy sería el País Vasco), Granada (Andalucía) y Portugal, el único que se independizó (dos veces).

Los Borbones, que llegan al trono tras la guerra dinástica de 1714 (que los independentistas han convertido de guerra secesión y en madre de todos los agravios), no pudieron imponer el modelo centralista francés, entre otras razones por la geografía peninsular (les recomiendo La historia de España de Pierre Vilar).

Según el medievalista español Ruiz-Domènec, un país tan mesetario como España solo puede estar unido si el centro es imperial (lo fue hasta 1898) o llega un acuerdo con la periferia. Algo que está por ver.

Vilar incide mucho al principio en la importancia geográfica que moduló nuestra forma de ser. El centro ha sido menos permeable a las influencias modernizadoras. Las periferias se dejaron seducir con más facilidad. Esta sería una de las muchas diferencias intelectuales, y de carácter entre Castilla (por entendernos) y Cataluña.

Esa Castilla cerrada se dedicó a la guerra, primero en la supuesta Reconquista (solo lo fue al final) y después en la conquista de América Latina. Las periferias, catalanes, valencianos, baleares, etc. prefirieron el comercio. Fue una gran combinación que se avería en 1898. Las principales víctimas del hundimiento de los restos del imperio español fueron los industriales (textiles) catalanes. Ese fracaso da argumentos y alas a La Renaixença que establece las bases del catalanismo político moderno.

Les dejaron volar

Nuestro siglo XIX fue un desastre: tres guerras carlistas, tres sublevaciones carlistas, más de 200 asonadas, pronunciamientos, intentos del golpe y golpes de Estado. Empezó mal, con el grito de “vivan las cadenas”. Expliqué que la alergia del carlismo a todo avance, empezando por el liberalismo que les llevó a las armas, se mantiene en una parte de la derecha española, y de la Iglesia nacional. Es el primer tufo, anterior al tufo del franquismo. Son elementos que están sobre el escenario en la crisis actual.

El siglo XX, ese que nunca da tiempo a estudiar porque se acaba el curso, tuvo las luces de la II República, primer intento de modernización integral de España. Acabó mal porque enfrente estaban la oligarquía, los terratenientes, la Iglesia ultramontana y parte de las Fuerzas Armadas. Fracasó porque intentó muchas reformas estructurales en un país analfabeto, con enemigos poderosos y en un ambiente europeo de crecimiento de los fascismos.

Si el 98 fue un herida que ahonda el pesimismo español, la falta de confianza en nosotros mismos y en España como esperanza, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil y la dictadura nos laminaron por completo. Fue una lobotomía. Aún existe miedo a hablar en muchos pueblos.

Seguimos con más de 110.000 desparecidos en cunetas y fosas comunes sin que el Estado, en cualquier de sus instituciones, haya hecho nada después de casi 40 años de democracia (39 de Constitución). Cité al escritor checo Iván Klima: “Un país que ha vivido 40 años bajo una dictadura tiene una pérdida de la honestidad colectiva”.

Es ese nuestro problema, carecemos de honestidad colectiva, de ahí la corrupción rampante y el silencio ciudadano. Un país que vota a corruptos tiene una avería en su sala de máquinas.

Tenemos un problema territorial sin resolver, tampoco se atrevió la Constitución que nos dejó un título VIII como alfombra que todo lo cubre. Después de 40 años seguimos esperando a Godot, a políticos valientes capaces de sentarse y dar un impulso a la Carta Magna, y resolver problemas. A cambio tenemos irresponsables y oportunistas en Madrid y Barcelona. Estamos ante la gran oportunidad de resolver España, que sea una casa amable para todos.

Vivan las cadenas

Los vivan las cadenas y muera la inteligencia son los de una forma de hacer política. Carecemos de estructuras complejas que nos permitan pensar fuera del marco. Nos mandan un grupo de opositores que solo saben aprenderse los temarios de memoria. Fuera de los tochos no existe nada. Su nuevo temario es la Constitución, pero solo en las partes que conviene. Fuera de ella tampoco hay vida.

Solo ascienden los que piensan igual que la jerarquía dominante, los que obedecen. Cuando nos enfrentamos a un problema extraordinario como el actual solo tenemos en las áreas de decisión a personas que piensan igual. Prietas las filas hasta el suicidio final.

El mismo miedo a hablar que existe en algunos pueblos se da en las estructuras de mando. Es la dictadura de lo gris. En España hay miedo a salirse del grupo. En Cataluña, también. Todo el que no es independentista exprés parece un mal catalán, un traidor, recibe el bullying en las redes sociales. Esto de los buenos y malos alemanes tenía un nombre en los años 30.

Torero frente al muro

Con la crisis planteada en Cataluña necesitamos gente capaz de salirse del marco, necesitamos valientes. Pero tenemos a Rajoy al frente de España. Y a Carles Puigdemont en arrebato místico en Cataluña. Es verdad que hablar muchos idiomas es bueno, ayuda a vender el relato fuera de las fronteras, pero no garantiza la inteligencia del emisor.

El nacionalismo catalán siempre se ha expresado dentro de España. Incluso Lluís Compayns (el de la lección de historia que no leyó Pablo Casado) declaró en 1934 su Estado catalán dentro de la II República.

¿Qué ha cambiado? Tres factores conjuntos, la tormenta perfecta que nunca vio el PP: la sentencia del Estatut en 2010, los efectos de la crisis económica y la globalización.

La suma de la globalización y la crisis económica deja unos Estados nacionales debilitados. Está claro que mandan los mercados. Pueden hundir un país (Grecia) o una moneda (euro). Son los que deciden los recortes y las privatizaciones. Su objetivo es derrumbar el Estado de bienestar.

Surge una rebelión contra las élites que se mide en el hundimiento de muchos de los partidos socialdemócratas y en el avance de la ultraderecha en casi toda Europa. En España tuvimos el 15-M y Podemos. Ellos fueron nuestra respuesta a los mismos problemas. Carecemos de una ultraderecha porque sus seguidores se sienten representados en el PP.

Todo esto se canaliza en Cataluña a través de la identidad y de una utopía asequible que se presenta como solución mágica a todos los problemas. Se trata de un discurso simple, pero efectivo. Funciona igual que las religiones, con fe ciega.

Expliqué los errores de Rajoy y los de los independistas exprés y cuáles son las opciones tras el 21-D. Todas pasan porque las partes hayan mejorado su lectura de la realidad. No es posible una independencia unilateral con el 43% del censo (datos de la Generalitat en el 1-O). Uno de sus referentes, Eslovenia, tenía un 90% de apoyo. Insistir es contumacia en el error.

Se equivocaría Rajoy si piensa que todo está hecho, que su 155 obró el milagro. Una tentación muy española es la de humillar al derrotado. Los independentistas no están fuera de juego.

Hay un doble puente para salir de la crisis: reformar la Constitución y redactar otro Estatut, y que los catalanes voten dos veces en un doble referéndum. Es una propuesta de Santiago Muñoz Machado en su libro Cataluña y las demás Españas (Crítica).

Si después de esta intervención, mis amigos austríacos siguen sin entender habrán logrado algo esencial, estar como la mayoría de los españoles.

Felices elecciones.

El Comisionado de la Memoria Histórica propone instalar placas a 32 personas o colectivos, entre las que se encuentran una dedicada a los represaliados de la dictadura franquista por su orientación sexual en el memorial que se construirá en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, emblema de la represión franquista.

También propone para el colectivo de periodistas que cubrieron la Guerra Civil por "las injusticias sufridas por quienes se dedicaban a esta profesión, en calle Larra, 14; o al colectivo de corresponsales de guerra, quienes "dieron a conocer al resto del mundo lo que estaba ocurriendo en España", en el Edificio Telefónica en la Gran Vía.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, informará mañana miércoles al Pleno de las propuestas del órgano asesor. Otras placas serán para el militar José Miaja, nombrado por el Gobierno de la República jefe de la Junta de Defensa de Madrid (Búnker de El Capricho) o para el cirujano canadiense Norman Bethune, quien fundó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre y puso en marcha la primera unidad móvil que se crea en el mundo salvando numerosas vidas (calle Príncipe de Vergara, 28).

También se propone el recuerdo en forma de placa para Arturo Ruiz, el estudiante asesinado en un atentado el 23 de enero de 1977 cuando participaba en Madrid en una manifestación a favor de la amnistía (Silva, esquina con Estrella); Julián Grimau, miembro del Partido Comunista de España desde 1936, ingresó en los cuerpos de seguridad de la República como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. El 7 de noviembre de 1962 fue detenido por la Brigada Político Social, condenado a muerte y ejecutado el 20 de abril de ese mismo año (Paseo del Rey, 14).

También serían reconocidos los Humoristas en la guerra y la dictadura (antiguo Bar La Flor, en la Puerta del Sol). Una de las placas serviría para identificar el lugar donde se levantaba el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, en la calle del General Oráa, esquina con Núñez de Balboa.

El Comisionado cree que merece ser recordada con una placa la existencia de este tribunal "por el que pasaron tantos españoles, de modo irregular y casi clandestino o al menos poco conocido por el resto, entre 1940 y 1963".

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23 de Madrid ha condicionado la suspensión cautelar del acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se cambian algunas calles o plazas con nombres franquistas a un depósito de 60.000 euros como garantía por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que había solicitado dicha suspensión.

La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió dicho acuerdo el pasado 7 de julio de 2017 justificando que el mismo era "ilegal", por no tener amparo en la ley de Memoria Histórica "de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia".

También entendían que se "enaltecía" a los participantes en las represiones del Frente Popular y que suponía, de llevarse a cabo el cambio de nombre de las 52 calles, vías y plazas del callejero propuesto por el equipo de gobierno de Manuel Carmena, "un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros".

En este punto, señalaban que de estos millones, seis "son coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos".

La FNFF indicaba en dicho recurso que el cambio de la rotulación de las calles de Madrid acordado por el Ayuntamiento de Madrid no tiene amparo en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica "siendo evidente que después de 78 años de la Guerra Civil, 42 años de la muerte de Franco y 37 años del cambio de calles propiciado por el alcalde Tierno Galván, no existen razones de urgencia".

Asimismo, entienden que tampoco hay razones "de interés general que obliguen a la inmediata ejecución del acuerdo impugnado, pues nada impide, porque no afecta a los intereses generales, -sí sólo a intereses partidistas-, esperar a un pronunciamiento del Juzgado al dictar sentencia, evitando así un despilfarro que afecta a las arcas públicas, malversando fondos públicos y dañando la economía directa de los ciudadanos de Madrid", señalan en un comunicado.

El auto, fechado a 24 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno pero la condiciona "a la prestación de garantía suficiente en derecho para cubrir la cantidad de 60.000 euros en la que se fija la caución para operar la suspensión".

Por otro lado, se imponen las costas a la Administración demandada (Ayuntamiento de Madrid), que se fijan en 150 euros "por todos los conceptos condicionándolos igualmente a la prestación de la garantía".

Para la Fundación, es una condición "totalmente desproporcionada" pues se trata de una exigencia a una "entidad sin ánimo de lucro".

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid votará en contra de la moción que elevarán de forma conjunta Ahora Madrid y PSOE en el próximo Pleno para que el Consistorio se querelle contra los crímenes franquistas en la capital porque no es "prioridad" de los madrileños y se busca "acabar con la Constitución de 1978".

De salir adelante la propuesta, Madrid se sumaría a otras ciudades como Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona o Rivas-Vaciamadrid, que ya se han querellado o lo harán contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus respectivas ciudades durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Para el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, esta proposición demuestra que el Gobierno de Manuela Carmena está "agotado" y solo quieren "esconderse en el pasado". Además, ha puesto de manifiesto los "problemas que tiene Madrid" para ocuparse de ellos.

Almeida ya aseguró el pasado jueves que veía "ridícula" la pretensión de los socialistas y Ahora Madrid de querellarse contra crímenes franquistas en la capital, ya que "estas cosas no le interesan a nadie".

El portavoz popular ha recordado la Ley de Amnistía, "una pieza clave" en democracia, por la que no solo se amnistió a los crímenes del franquismo, sino a los de ETA. "Se amnistió todo tipo de violencias como paso previo a la democratización... y ahora quieren acabar con la Constitución del 78, donde ganamos todos, los mejores 40 años de paz y prosperidad", ha manifestado.

Además, ha criticado que en la actualidad el Gobierno municipal esté centrado en dos cuestiones. Por un lado, "si sigue o no sigue Manuela Carmena". En opinión del portavoz de los populares, la regidora está haciendo un "paripé" porque "se acabará inmolando y presentando a las elecciones".

La otra cuestión en la que a juicio de Almeida está centrado el Gobierno es si el PSOE "entra o no en el Gobierno". "La cuestión no es entrar o no, sino para qué. ¿Alguien ha escuchado las razones que justifican su entrada en el Gobierno?", se ha preguntado.

El cementerio municipal de Montuïri (Mallorca) ha despertado este jueves con varias pintadas de carácter fascista cuando el equipo de arqueólogos de Aranzadi se disponía a iniciar una nueva jornada de excavaciones con el objetivo de encontrar los cuerpos de los cuatro vecinos de Campos que hay enterrados.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montuïri ha condenado estos hechos y ha anunciado que llevará una propuesta de declaración institucional en la sesión plenaria de este jueves para mostrar el rechazo a unos ataques que "sólo quieren ensuciar la memoria quienes lucharon y murieron por la libertad y la democracia".

En este sentido, el alcalde de Montuïri, Joan Verger, ha criticado "duramente" estos hechos asegurando que "se trata de unos ataques miserables y cobardes que no detendrán la voluntad del Ayuntamiento de Montuïri seguir dando pasos para la dignificación de la memoria histórica", según informa el Consistorio en un comunicado.

Verger ha apuntado que no es la primera vez que el cementerio municipal sufre ataques de este tipo, en referencia a los destrozos que se produjeron en diciembre de 2012 en la placa en memoria de los republicanos.

Por último, el alcalde ha explicado que se han denunciado los hechos a la Guardia Civil la que se ha hecho cargo de las investigaciones para dar con los responsables de las pintadas.

La secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, ha anunciado que el borrador de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad comenzará "en breve" su trámite parlamentario una vez se apruebe en Consejo de Gobierno autonómico.

De este modo lo ha señalado con motivo de una reunión mantenida este lunes, día 10, por los componentes del grupo de trabajo sobre dicha norma con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Esta ley persigue el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil para que su memoria sea "dignificada", señala en nota de prensa el Ejecutivo regional, que añade que ya en el año 2000 se dieron los "primeros pasos" para la clasificación individual y colectiva de las víctimas.

En presencia del grupo de trabajo y responsables de las asociaciones de memoria histórica y de estudiosos en la materia, Miriam García Cabezas ha asegurado que "esta ley mira al futuro", y una de las acciones que contempla es la creación del Instituto para la Memoria Histórica.

A su vez, por parte de las asociaciones, Guillermo León ha abogado por que las nuevas generaciones de extremeños conozcan el "alcance" que tuvo la "represión franquista", mientras que Juan García ha calificado el texto del borrador legislativo como "actual, razonable y asumible", donde la universidad juega un papel "importante" aplicando el "máximo rigor" y "objetividad" a la investigaciones que se realicen.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha explicado este martes que el Gobierno pondrá en marcha una comisión de estudio para la desclasificación de documentos anteriores a 1968 cuando haya presupuesto para ello, pero ahora las prioridades "son otras".

En el Pleno del Senado, Cospedal ha recordado que las Cortes Generales ya aprobaron en el año 2013 sendas resoluciones apoyando el estudio de aquellos documentos susceptibles de ser desclasificados cuando se constase con los medios técnicos, materiales y humanos para ello.

"Cuando se pueda contar con medios técnicos, materiales y humanos lo realizaremos –ha confirmado–. Pero los presupuestos de Defensa son los que son. Hay que establecer prioridades y hoy las prioridades son otras".

En este punto, ha animado a la senadora de Podemos Mercè Vilá a proponer un aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa para poder incrementar la inversión en "seguridad nacional e investigación histórica". "Pero investigación histórica y no la que ustedes quieren y pretenden hacer que sea la historia de España", ha avisado. La senadora ha recordado que la desclasificación de estos documentos permitiría conocer información sobre campos de concentración, la Guerra Civil, el protectorado de Marruecos o la Segunda Guerra Mundial. "Imprescindibles para el memorial democrático y la justicia y reparación víctimas", ha justificado.

Según ha criticado, el Gobierno no está tan preocupado por el coste económico que pudiera tener la medida como por el político, ya que se harían públicos crímenes que no han prescrito porque "son de lesa humanidad".