La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SLU y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ningún delito por exceso de ruido en los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y que son las promotoras de estos las que no deben sobrepasar los límites de la ordenanza municipal.

La sección tercera de la Audiencia ha estimado íntegramente los recursos del club y de su director general, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, para el sobreseimiento libre de las actuaciones y poner fin al proceso penal que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid.

El auto, fechado el 12 de mayo y al que ha tenido acceso EFE, revoca la decisión previa del juzgado de Instrucción, que había acordado continuar el procedimiento abreviado por un posible delito medioambiental, tras la denuncia de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB).

Para la Audiencia Provincial, la acción cometida por Real Madrid Estadio SLU y su director general se limita a la cesión del estadio Bernabéu a cada promotor de un espectáculo musical, a cambio de un precio o alquiler, pero no promueven, ni organizan, ni desarrollan cada evento musical.

El auto afirma que son las empresas promotoras las que generan el ruido y es suya la responsabilidad de no sobrepasar los límites de decibelios, de acuerdo a la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica y térmica de 25 de febrero de 2011, según establece la legislación autonómica.

También precisa que si el Bernabéu carece aislamiento suficiente para impedir que el elevado volumen de la música genere en sus alrededores ruido superior al máximo de decibelios permitidos, son los promotores de los eventos los que deben adecuar sus espectáculos a los requerimientos legales en ese aspecto.

Señala que tampoco cabe imputar delito por omisión a Real Madrid Estadio SLU ni a José Ángel Sánchez, que no están obligados legalmente, ni por contrato, a controlar la emisión de ruido al exterior del estadio.

La resolución recuerda que el delito medioambiental por contaminación acústica exige acreditar una conducta idónea para generar un riesgo grave para la salud o el medio ambiente, así como la responsabilidad directa o indirecta de quienes controlan la actividad contaminante.

La Audiencia concluye por tanto que no son autores del delito previsto por el artículo 325.1 del Código Penal pues la acción perpetrada, la cesión del estadio Santiago Bernabéu a los promotores de los espectáculos musicales, no integra la tipicidad del delito y procede el sobreseimiento del procedimiento.

Contra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro de los cinco días siguientes a su notificación

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior.

La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

El juzgado ya rechazó investigar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, contra quienes también se dirigía la querella.

La Asociación de Promotores Musicales (APM) ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica que se genera tras esta resolución de la Audiencia Provincial.

"Los promotores asumen el mayor riesgo económico, operativo y reputacional en la celebración de espectáculos de gran formato", explica en un comunicado esta organización, que defiende la necesidad de avanzar hacia un marco equilibrado que garantice convivencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para la música en vivo.

La asociación advierte del "impacto" que se puede generar en el conjunto de la música en vivo y, especialmente, sobre quienes hacen posible la celebración de grandes conciertos y eventos, que son las promotoras musicales.

Defiende que "detrás de cada gran concierto existe un enorme trabajo de planificación, producción y coordinación técnica que convierte estos eventos en proyectos culturales de gran valor".

Pero reconoce también "derecho de los vecinos al descanso y la importancia de encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con la convivencia y el bienestar de quienes residen en las zonas donde se celebran estos eventos".

Por ello, y tras subrayar el impacto económico, turístico y social de la música en vivo, la APM apuesta por avanzar en un "marco claro y equilibrado" con garantías para todas las partes implicadas porque "los promotores no pueden seguir soportando en solitario todo el peso y el riesgo que implica traer grandes artistas y organizar eventos de esta magnitud".

Por último, señala que España se ha consolidado como un referente en música y cultura en vivo.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.

Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El fiscal pide que se acuerde "respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional "al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa". Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.

Además la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —con un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Este lunes la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, presentó su escrito de conclusiones, en el que solicita para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Paralelamente el letrado de Begoña Gómez presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

En este escrito el abogado Antonio Camacho ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso. 

Tras dos años de vaivenes, excesos y polémicas decisiones, la cuestionada investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toca a su fin. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó este lunes continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, su asistenta Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El paso dado, equivalente al procesamiento, empuja a la pareja del líder del Ejecutivo hacia el banquillo de los acusados. Ahora bien, ni es definitivo ni asegura un juicio inminente.

Todo el mundo daba por hecho que Peinado trataría de dejar cerrada la causa antes de jubilarse –el próximo 27 de septiembre cumple 72 años, edad que lleva aparejada el retiro forzoso–. Y el auto dictado esta semana va, precisamente, en esa dirección. Una resolución que, sin embargo, aún no es firme. Contra la misma aún cabe recurso ante la Audiencia de Madrid, que en estos dos años ha avalado buena parte de las pesquisas pero que también ha corregido al instructor en repetidas ocasiones. Apelación cuya resolución puede tardar aún varios meses en llegar. Sin ir más lejos, en enero el órgano judicial superior anuló varios autos que habían sido dictados a finales de septiembre y principios de octubre. Es decir, tres meses de demora.

Del pronunciamiento sobre los esperados recursos que haga la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que ha tutelado de principio a fin toda la instrucción, dependerá el futuro del procedimiento. Y las posibilidades que se abren son múltiples. Desde que comenzó la investigación, la defensa de Gómez y la Fiscalía han solicitado en repetidas ocasiones el archivo de la causa por falta de indicios. Un carpetazo que, sin embargo, parece complicado a la vista de la posición mantenida hasta el momento por los magistrados de la Sección 23, quienes han ido avalando, a grandes rasgos, la causa construida. Incluso, alrededor de la malversación.

Los magistrados también podrían, por ejemplo, permitir la continuación del procedimiento pero no por todos los delitos, en caso de que no vieran claros los indicios plasmados por el magistrado, o su encaje en torno a alguno de ellos. U obligarle a redactar un nuevo auto si consideraran que el del lunes, con una extensión muy superior a la que ha caracterizado a las resoluciones en este procedimiento, no está mínimamente argumentado –algo que ya hicieron, por ejemplo, con el de transformación de la causa en proceso con jurado–. Incluso, podrían anular el auto porque en el mismo se acuerda la práctica de nuevas diligencias, algo que, alegan las defensas, iría en contra de la Ley del Tribunal Jurado.

Otra posibilidad es que avalen la resolución de Peinado en su totalidad, allanando así el camino hacia el banquillo de Gómez y el resto de investigados. Con el visto bueno de la Sección 23, el instructor podría dictar ya auto de apertura de juicio oral, que según el artículo 32.2 de la citada ley no sería recurrible. Y el expediente se mandaría a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Así ocurrió, por ejemplo, con Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz: el juez acordó la apertura de juicio en marzo de 2019 y la vista se desarrolló en septiembre de ese mismo año.

El juez Juan Carlos Peinado tiene un problema a la hora de motivar sus resoluciones. Así lo ha constatado la sección 23 de la Audiencia de Madrid que, en un auto fechado el pasado 20 de enero y conocido este lunes ha anulado los últimos cinco meses de la investigación contra Begoña Gómez al considerar que cuatro de sus últimas decisiones carecían de motivación, lo que afecta a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa de la esposa de Pedro Sánchez y el resto de investigados en la causa que se sigue contra ella. El tribunal provincial recuerda que ha repetido este reproche al juez instructor en otras dos ocasiones sin que Peinado haya corregido este ataque a una de las garantías penales más básicas: que los investigados conozcan las razones del juez para que puedan combatirlas en el proceso. Uno de las resoluciones que se anulan contenía pasajes enteros plagiados al detalle del trabajo de un profesor universitario sin citar al autor.

El auto de la Audiencia anula otros cuatro autos de Peinado por los que decidió transformar sus diligencias previas en un procedimiento del Tribunal del Jurado contra Gómez, su asistente, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Salvo a este último, que ya ha sido exonerado, al resto les imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En su resolución, los magistrados provinciales anulan hasta cinco autos del juez instructor por el mismo motivo, que no ha efectuado "un mínimo esfuerzo argumentativo". Se trata de una corrección que, como relata la resolución de la Audiencia, ya ha sido reprochada en anteriores ocasiones a Peinado. Pese a ello, el titular de la plaza 41 de la Sección de Instrucción de Madrid sigue incumpliendo el mandato de sus superiores.

"Los cuatro autos [de Peinado] que se contienen en esta resolución carecen de la necesaria fundamentación, únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia", sostiene el auto de la Audiencia, que recuerda que "consecuentemente, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (...) que incluye la de obtener una resolución debidamente motivada". El tribunal añade que esa exigencia de que Peinado, como cualquier otro juez, motive sus resoluciones "se encuentra en la necesidad, por un lado, de exteriorizar el razonamiento que ha conducido a la conclusión (...), como expresión de la racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". El objetivo es, continúa el auto, "que las partes conozcan de forma suficiente las razones de la decisión", pero también que los tribunales de mayor rango ante los que estas recurran puedan controlarla.

La resolución de la Audiencia conocida este lunes se apoya en otra de ese mismo tribunal de hace más de cuatro meses. En el auto del pasado 3 de octubre, los mismos magistrados ya reprocharon a Peinado que una resolución anterior del 10 de marzo no contuviera "una descripción mínima o sucinta de los hechos (...) y los investigados concernidos". Tampoco establecía "un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva". Es decir, que no había relatado lo que investigaba, por qué afectaba, a quién afectaba, el material probatorio que había logrado reunir y las razones por las que esos hechos podían considerarse delictivos. Citando su resolución anterior, los magistrados repiten a Peinado que no basta "una simple exposición objetiva de los hechos", sino que es necesario "un mínimo esfuerzo argumentativo" del que las resoluciones del instructor, una y otra vez, carecen.

"Esas mismas consideraciones", recogidas en el auto de la Audiencia del pasado octubre, "pueden y deben ser trasladadas al supuesto que ahora nos ocupa", sostiene el tribunal. Peinado vuelve a impulsar su investigación "sin precisar a los investigados qué concretas conductas son las que justifican la continuación de la causa y cuál es la base incriminatoria (...) que da solidez y consistencia a la hipótesis acusatoria". Los magistrados recuerdan que "algunas de las imputaciones efectuadas (...) exigen una mínima verificación sobre su existencia (...) para permitir una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa".

Se trata de la cuarta vez que la Audiencia de Madrid anula resoluciones del instructor del caso Begoña Gómez debido a la debilidad o directamente la ausencia de sus argumentos. Esta escasez de razonamiento, como sostiene la resolución de este lunes, afecta incluso a decisiones de Peinado que se dictan con el objetivo de subsanar la fragilidad argumental que encuentra el tribunal provincial. Es lo que ocurrió con el auto que redactó el instructor para cumplir con lo que le reclamó la Audiencia el pasado 3 de octubre. Este último anuló la creación de una pieza separada para investigar las labores de la asesora asignada a la esposa del presidente del Gobierno. Peinado dictó el 4 de noviembre otro auto que, cumpliendo las órdenes de los magistrados, volvía a acumular todo lo investigado. La Audiencia ha advertido este lunes de que esa resolución "tampoco cumple con la necesaria motivación que indicamos en los párrafos precedentes", por lo que, como los otros cuatro recurridos, "debe alcanzar la nulidad acordada en esta resolución", dicen ahora los magistrados.

Peinado es un juez reincidente en su falta de motivación. En otras ocasiones ha ordenado diligencias invasivas de derechos fundamentales –como cuando pidió todos los correos electrónicos enviados por Gómez desde que ella y su esposo se instalaron en La Moncloa– mediante providencia, un tipo de resolución más breve que está prevista para actos procesales de menor importancia que no requieren la justificación de su pertinencia y proporcionalidad. Sin embargo, el juez instructor no ha sido objeto, hasta el momento, de ninguna investigación disciplinaria en el CGPJ por estos hechos pese a que "la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones que la precisen" constituye una falta disciplinaria muy grave, según el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pese a sus continuos varapalos a la instrucción, la Audiencia de Madrid ha rechazado hasta el momento el archivo que le reclaman Gómez, el Ministerio Fiscal y el resto de imputados. La causa sigue adelante con el único impulso de la acusación popular ejercida por Vox y varias asociaciones ultraconservadoras y ultracatólicas.

Uno de los autos de Peinado anulados este lunes es el que redactó el pasado 1 de octubre. En él, copiaba párrafos enteros de un profesor de Derecho Penal sin atribuírselos. Lo hizo para tratar de explicar la conexión del único delito que le permitía llevar el caso a un tribunal popular –el de tráfico de influencias– a los otros tres que investiga. El instructor del caso Begoña plagió en esa ocasión al menos seis párrafos literales del artículo titulado Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la ley 41/2015. Se trata de un ensayo elaborado el 29 de septiembre de 2017 por el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba Ignacio José Cubillo López publicado en la revista Estudios de Deusto, perteneciente a esa universidad bilbaína.

El magistrado del Juzgado de Instrucción n° 47 de Madrid, Adolfo Carretero ha decidido suspender la citación prevista para este martes de Íñigo Errejón para esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre el recurso presentado por la defensa después de que Elisa Mouliáa mantuviera la acusación al expolítico por abuso sexual.

La defensa del exportavoz de Sumar ha recurrido la resolución en la que el magistrado informó el viernes a la Audiencia Provincial de que la actriz continuaba como acusación en el procedimiento, después de que este órgano judicial preguntase al respecto tras el primer anuncio de Mouliaá de que dejaba el caso.

Mouliaá reconsideró su postura y decidió continuar adelante, y así se lo notificó el viernes el juez a la Audiencia de Madrid, que tiene pendiente resolver si respalda o no el procesamiento de Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz.

Con este escenario y tras un nuevo recurso del también cofundador de Podemos, el juez ha decidido suspender la citación de Errejón para notificarle oficialmente la apertura de juicio oral en su contra, a la espera del dictamen de la sección cuarta de la Audiencia Provincial.

Este órgano judicial, que resuelve los recursos contra las decisiones del magistrado, debe señalar ahora una vista de deliberación y fallo sobre ambos recursos, que serán determinantes para el devenir del procedimiento.

Un procedimiento que en las últimas semanas ha sufrido varios giros, después de que la actriz anunciase en redes sociales que retiraba su acusación contra el también cofundador de Podemos por motivos personales y de salud, aunque aclaró que no se retractaba de los hechos que denunció en 2024.

Tras la sorpresa que generó su decisión, en el terreno judicial, el magistrado que lleva el caso, Adolfo Carretero, le pidió presentar su escrito de renuncia debidamente, es decir, firmado por su abogado o procurador, si bien a los días la actriz cambió de parecer y anunció que seguía adelante.

"Ahora sí que voy a ir hasta el final", dijo la semana pasada ante la prensa, tras informar al juez de que continuaba como acusación, al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Errejón "no puede quedar impune". En consecuencia, el juez Carretero continuó adelante con el procedimiento y citar al exdirigente político, si bien finalmente ha suspendido la citación.

Esta causa se remonta a finales de octubre de 2024, cuando Elisa Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

Tras unos meses de instrucción, el juez propuso juzgar al politólogo por presuntas agresiones sexuales por las que Mouliaá pide para él tres años de cárcel. La Fiscalía, en cambio, pidió archivar la causa al considerar que no se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

En paralelo a este procedimiento, el exportavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en otro juzgado de Madrid.

La Audiencia Provincial de Burgos ha rechazado los recursos de apelación de las exmonjas de Belorado contra la sentencia que las obligaba a desalojar el monasterio burgalés, por lo que serán desahuciadas.

Según ha informado el Arzobispado de Burgos este viernes en nota de prensa, la resolución judicial considera que las exmonjas carecen de propiedad sobre el monasterio y que la decisión del arzobispo de expulsarlas es acorde a sus funciones como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.

Así, las exmonjas deberán desalojarlo antes del 10 de febrero, fecha señalada por el Tribunal de Instancia de Briviesca para el desahucio forzoso, tras acordar el pasado diciembre la ejecución provisional de la sentencia y dar a las exreligiosas un plazo de 30 días para su desalojo voluntario.

La sentencia de la Audiencia Provincial, fechada este 29 de enero, ha desestimado los recursos interpuestos por las exmonjas contra la sentencia del juzgado de Briviesca, del 31 de julio de 2025, y confirma la misma, imponiendo las costas a los apelantes.

Reconoce que la propiedad de los bienes del Monasterio de Santa Clara de Belorado corresponde a la persona jurídica, y no a las monjas que lo habitan, y remarca que "queda a todas luces fuera de las atribuciones" de la exabadesa la decisión de separar al monasterio de la Iglesia católica.

"No puede la superiora ejercer esta autoridad para alejar a la institución del modelo que le corresponde según las Constituciones y los Estatutos", ha apuntado, para continuar que tampoco puede decidir sobre la transformación del monasterio como entidad religiosa en asociación, pues le corresponde a la Santa Sede.

Y concluye que "una vez constatada la falta del derecho de propiedad de las demandadas sobre el Monasterio de Santa Clara, la decisión del Arzobispo de Burgos de expulsarlas del Monasterio es acorde con las facultades que tiene en su condición de comisario pontificio, que sustituye a las del superior mayor".

Además, la sentencia niega que se produzca vulneración del derecho a la libertad religiosa, como alegan las exmonjas, pues este se ejerce como personas físicas y no por la persona jurídica del Monasterio, "simplemente porque la superiora que lo representa carece de poder para hacerlo".

La Audiencia Provincial de Burgos se reunió este pasado 27 de enero para estudiar, deliberar y fallar los recursos de apelación presentados a finales de septiembre por las exmonjas, que por su parte han presentando petición para evitar el desahucio del 10 de febrero.

Esta misma semana han solicitado su aplazamiento alegando que la notificación del mismo había llegado solo a cuatro de las ocho exmonjas, y los días 20 y 21 de enero, sin que se respetara el plazo de 30 días dado por el Juzgado de Briviesca para su salida voluntaria antes del desalojo forzoso. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y de su asesora Cristina Álvarez contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigarlas por un supuesto delito de malversación, informa EFE.

La Audiencia ha avalado en un auto dictado el pasado 5 de diciembre pero notificado este viernes 19 la decisión que adoptó el juez en agosto de citar como investigadas a Gómez y a su asistente para determinar si hay un uso inadecuado de la segunda como empleada de Presidencia del Gobierno en beneficio de las actividades privadas de la primera.

El tribunal recalca que en este momento procesal no corresponde calificar jurídicamente los hechos y que es al juez instructor al que corresponde "única y exclusivamente" determinar si los hechos reúnen los requisitos para ser presumiblemente constitutivos de delito.

"Resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo", argumenta el tribunal.

A juicio de los magistrados, por contra, en este caso "se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares".

Por esa razón, podría darse "el consiguiente perjuicio para el patrimonio público", lo que encajaría en el tipo penal de malversación.

A la Audiencia no le parece relevante que el juez haya cambiado de criterio, dado que entiende que no está "obligado a mantener una resolución incorrecta o continuar una línea de investigación errónea".

Y sostiene que es "irrevelante" que Álvarez enviara un número u otro de correos en nombre de Gómez, dado que "no es el único medio de comunicación que se está investigando" y "también deberán tenerse en cuenta, reuniones, visitas, llamadas, etc."

"Tampoco es objeto de esta investigación el cumplimiento que desempeña en su trabajo la recurrente, sino todo lo contrario, la labor investigadora se dirige a determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales", recalca el tribunal.

En ese contexto, plantea que "probablemente" la actividad de Álvarez podría desarrollarse "durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".

La Audiencia Provincial cree, por último, que el cargo de directora de máster de Gómez puede ser entendido, en sentido amplio, como ejercicio de funciones públicas, es decir, equiparable a los funcionarios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresident socialista de la Generalitat valenciana Ximo Puig, y otro empresario por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat valenciana y de la catalana.

Además, el juez impone para Francis Puig una fianza de más de 147.000 euros, según el auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y al que ha tenido acceso EFE.

En el auto, el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat valenciana -personada como acusación- consideran que los hechos cometidos por Francis Puig relativos a dos empresas audiovisuales con sede en la comarca castellonense de Els Ports suponen un delito de falsedad de documento mercantil y de estafa agravada, además de apropiación indebida, delitos los que responsabiliza también al otro empresario encausado, Juan Enrique Adell Bover. 

Según se concreta en el escrito, estos delitos se habrían cometido presuntamente en el ámbito del cobro de subvenciones de los gobiernos autonómicos valenciano y catalán para el fomento del uso del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

Así, atendiendo a los hechos expuestos en el auto de procedimiento abreviado, el magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.

En un auto notificado este martes a las partes, el instructor fija para los acusados, Francisco Javier Puig -hermano del que fuera presidente de la Generalitat en la época en la que ocurrieron los hechos, el socialista Ximo Puig- y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 euros para un acusado y a 99.614,33 euros para el otro, respectivamente. 

De esas cantidades, tal y como recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros.

Asimismo, señala como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia.

Este auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

El caso Begoña Gómez no investiga un un homicidio, un robo o una agresión sexual, delitos en los que, de la simple descripción de los hechos, puede deducirse la ilegalidad de la conducta o la participación del investigado. La causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno versa sobre infracciones penales especialmente complejas, como el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el intrusismo o la corrupción en los negocios. Se trata de delitos que exigen "un mínimo esfuerzo argumentativo" que justifique que las conductas observadas son, efectivamente, antijurídicas, y aporte indicios de la participación concreta de las personas a las que se achacan.

El auto de la Audiencia de Madrid que ha obligado a Juan Carlos Peinado a cerrar la pieza separada que había abierto sobre un presunto delito de malversación atribuido a Gómez, su asistente Cristina Álvarez, y el actual delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, vuelve a mostrar carencias básicas en la forma de investigar del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El tribunal provincial se une así a las críticas Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, el pasado 15 de julio, al rechazar la inhibición del juez madrileño para que el Alto Tribunal investigara al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por falso testimonio y malversación, delitos de los que, según la resolución, Peinado desconocía los elementos básicos.

La resolución del tribunal madrileño, al igual que Peinado, aprecia posibles indicios de malversación en el hecho de que la asistente de Gómez, una asesora contratada por Moncloa, auxiliara en algunas ocasiones a la esposa de Sánchez en su trabajo. Tanto Gómez como la Fiscalía y la propia asistente consideran, sin embargo, que sus labores no han sido muy diferentes a las de cualquiera del resto de asesores que se asignaron desde Presidencia del Gobierno a cada una de las esposas de los sucesivos jefes del Ejecutivo desde la llegada de la democracia.

Pero pese a la coincidencia entre la Audiencia y Peinado sobre los indicios del delito que este investiga, el tribunal obliga al instructor a cerrar su pieza separada por defectos de bulto que, en algunos pasajes de la resolución, apuntan a su incapacidad para investigar con solvencia la causa que dirige desde hace ya año y medio.

El auto de este jueves, por ejemplo, subraya que la apertura de la pieza separada es "prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental". La resolución de Peinado que inició esa instrucción aparte del delito de malversación, según la Audiencia, "no contiene una descripción mínima o sucinta de los hechos que deben conformar la pieza separada y los investigados concernidos". Tampoco "un mínimo análisis" de la "consistencia" de los indicios de delito y la viabilidad de la imputación a los que se achaca. "Ni incluye tampoco las razones por las que el juez considera que es factible el enjuiciamiento por separado (...) sin poner en riesgo la continencia de la causa".

Los magistrados recuerdan a Peinado que "lo que indica la práctica diaria" –y el instructor omite–, es que "se cuente con indicios concluyentes y consistentes", antes de abrir una pieza separada sobre un delito concreto. Sin embargo, sostiene la resolución, "no existe ni esa mínima delimitación o descripción fáctica". Tampoco existe "una mínima verificación judicial" de otros delitos que también investiga como el intrusismo y la corrupción en los negocios, recuerdan en su auto, algo necesario "para una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa".

Esa ausencia de motivación afecta a derechos fundamentales, como el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, que obligan, según la Audiencia, a que "el razonamiento que contenga" una resolución judicial (en referencia a la de Peinado), "constituya lógica y jurídicamente suficiente explicación en cada caso concreto que permita conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión". Aplicado al caso concreto: para que Gómez, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid puedan defenderse del delito de malversación tienen que conocer exactamente en qué se basa el juez para apreciarlo, algo que Preciado no ha hecho.

Se trata de reproches por errores básicos en la labor de instrucción cuyo conocimiento se supone a los jueces que se dedican a investigar delitos. Incumplimientos de principios y prácticas elementales del procedimiento penal que el Supremo también apreció al archivar la exposición razonada que Peinado envió al Alto Tribunal para que abriera causa contra el ministro Bolaños.

En su resolución, de la que fue ponente el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, el tribunal le afeó, en primer lugar, que no hubiera pedido informe al fiscal antes de actuar contra el miembro del Gobierno. "Esa audiencia [al Ministerio Público] posibilitaría al instructor un cabal conocimiento de la forma de proceder cuando se envía una exposición de hechos", decía el auto de archivo. Después, también le reprochó que obviara un documento enviado por Moncloa a su juzgado. "El oficio de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, a pesar de ser omitido en la exposición [el escrito de Peinado al Supremo], es relevante para conocer la normativa que rige el nombramiento de un empleado eventual y sus funciones", sostuvieron los magistrados en referencia a Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez.

Pero las cargas de profundidad llegaron después. Y por el mismo motivo que la Audiencia, la falta de motivación. El Supremo recordó a Peinado que para llevar a un aforado al Alto Tribunal no solo es necesario "que se individualice la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación". "No se advierte en la exposición razonada una imputación de delito suficientemente individualizada, ni se expresa con un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal contra el aforado", insistieron los magistrados.

Después subrayaron el desconocimiento o la desatención de Peinado a elementos concretos de los dos delitos que achacaba a Bolaños. Sobre el falso testimonio, le recordaron que no basta una simple contradicción entre testigos, sino que es necesario que previamente se haya declarado mediante sentencia o resolución judicial firme "una verdad judicial o forense con la que comparar las manifestaciones de ambos". "El delito de falso testimonio requiere que la falsedad de lo declarado sea un dato objetivo", subrayaba el auto. "Ese dato objetivo, por el momento, no ha sido determinado".

La Sala de lo Penal también reprochó a Peinado su táctica recurrente de llamar antes como testigos a personas que luego termina imputando. Hacerlo afecta al derecho de defensa, porque mientras que el investigado tiene derecho a no declarar contra sí mismo e incluso a mentir, el testigo debe decir siempre la verdad y contestar a todas las preguntas que se le formulen. En el caso de Bolaños, la mentira que le atribuía el juez se habría producido en la investigación de una supuesta malversación en la que también, según Peinado, estaría implicado el ministro. "Si al testigo se le está ahora imputando los delitos que supuestamente habría cometido, una malversación y la falsedad del testimonio, no cabe exigirle declaración veraz", advirtió el Supremo.

Según la máxima instancia penal española, Peinado tampoco entendió bien la malversación. El Supremo le tuvo que recordar que es un delito "doloso", es decir, que solo se puede cometer intencionadamente. Y que el simple hecho de que Bolaños, en tiempos de la contratación de la asistente de Gómez, fuera secretario general de la Presidencia, no acredita que conociera que "los caudales públicos se estuvieran destinando para un fin para el que no estaban previstos". "La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo", señaló el Alto Tribunal.

"Consecuentemente", concluía la resolución, "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud sobre la participación en ellos de la persona mencionada en la exposición razonada", una alta autoridad del Estado como es el ministro de Presidencia y Justicia, "procede el archivo de la presente causa".

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión "absolutamente desmesurada" del juez Juan Carlos Peinado de eclamar a Presidencia del Gobierno todos los correos de una cuenta asignada a Begoña Gómez desde hace siete años, al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y la ley.

"¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?", se pregunta el fiscal en un duro recurso ante el órgano judicial, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que pide que revoque una de las últimas resoluciones del juez Peinado, también recurrida por el abogado de la mujer del presidente del Gobierno.

La Fiscalía no encuentra justificación alguna a la decisión del juez de reclamar correos de Begoña Gómez durante más de siete años y hacerlo, dice, "sin filtro de búsqueda o sin relación determinada a indagar, ni acotamiento temporal ninguno" y "sin motivación de ningún tipo". Todo ello unido a una "total omisión de referencia a la gravedad del hecho, a la intensidad de los indicios respecto de la persona en cuestión, y a la relevancia del resultado perseguido con la medida, y a la proporcionalidad".

Insiste el fiscal en que el juez adopta esta medida "sin restricción alguna, sin limitación de ningún tipo, y sin señalar siquiera asuntos o materias relacionados o criterios de búsqueda que deban ser manejados", y lo hace mediante una providencia, y no un auto, cuando la Audiencia de Madrid ya le corrigió por hacer algo similar hace meses.

Cuestiona además que dichos correos tengan algo que ver con la línea de investigación en la que el juez enmarcó su petición: la que trata de indagar si Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, realizó para ella funciones privadas y si, con ello, se produjo una desviación de fondos públicos.

Atendiendo al "objeto teórico de esta pieza", apunta el fiscal, "la investigación en torno a este delito (malversación) debería ser lo único que se pretendería analizar, aunque parece que de uno u otro modo se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y en un periodo de más de siete años". "¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?", se pregunta el fiscal, que tacha inmediatamente después de "absolutamente desmesurada" la decisión del juez Peinado.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, solicitó estos correos en el marco de la pieza separada del procedimiento en la que el miércoles comparecieron tanto Begoña Gómez como su asesora, Cristina Álvarez. Gómez contestó a las breves preguntas de su abogado para aclarar las funciones de su asesora, y admitió que, muy excepcionalmente, le hizo algún favor puntual, en relación a un correo que Álvarez envió a una empresa para que siguiera financiando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La asesora, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía de Madrid ha enviado un decreto al juez en el que pide imputar a la exmilitante del PSOE Leire Díez por intentar sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, a cambio de información comprometedora.

Este decreto, del que ha informado la Cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas a EFE, pide también la imputación del empresario Javier Pérez Dolset y del periodista Pere Rusiñol y contiene lo investigado por la Fiscalía al respecto de estos supuestos intentos de soborno, de los que los propios fiscales alertaron a sus superiores.

El escrito, del 17 de julio, fue enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que ya investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre.

Al conocer la investigación del juez, la Fiscalía le remitió sus pesquisas respecto a los supuestos intentos de soborno, aunque este magistrado ha rechazado incorporarlas a la causa, lo que la Fiscalía ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, según indican a EFE fuentes jurídicas.

Grinda, fiscal Anticorrupción, denunció en febrero haber recibido por parte de un periodista, Pere Rusiñol, un escrito, atribuido a las "más altas instituciones o personas del Estado" y en el que se le ofrecía un destino en el extranjero y ser resarcido de una demanda civil a cambio de promover el archivo de siete investigaciones y dar información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El fiscal Stampa, por su parte, se reunió con Leire Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo, pensando que le iban a transmitir disculpas de instancias del Gobierno por el trato recibido en su última etapa en Anticorrupción.

A este fiscal le pidieron "información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía" e información sobre supuestas irregularidades de funcionarios públicos ofreciéndole a cambio satisfacer los recursos que presentó al no lograr plaza fija en Anticorrupción.

A través de una dación de cuentas, Stampa informó de esta reunión, que tiene grabada, a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 3 de junio.

La Fiscalía envió toda esta información al juez Zamarriego y ante su negativa a incorporarla a la investigación ya en curso será la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si finalmente se unen ambas investigaciones en el mismo juzgado.

La denuncias judiciales contra Díez se iniciaron tras la publicación de una grabación en la que la exmilitante mantenía una reunión acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, actualmente abogado defensor de Santos Cerdán, con el empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn para obtener información sobre el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Zamarriego imputó a Leire Díez tras una denuncia de Hazte Oír, que sostenía que la exmilitante recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas.

Sobre este juzgado recayó además otra denuncia interpuesta por Hazte Oír en Badajoz para determinar si Díez intentó maniobrar contra la juez instructora de la causa abierta a David Sánchez.

Contra Leire Díez hay otras causas abiertas ante denuncias dos asociaciones de guardias civiles, la AEGSC y la AUGG, y de Iustitia Europa, que buscan determinar si hubo tráfico de influencias y cohecho en el intento de "socavar" a la Guardia Civil.

El alijo de heroína que, en su momento, marcó el récord histórico en Galicia (en 2016) había sido organizado, según la Policía Nacional, por Nikolin Janina. Conocido empresario albanés, en aquel tiempo era el representante de Porcelanosa en Albania y, al mismo tiempo, entiende la Udyco, organizaba grandes transportes del derivado del opio hacia distintos puntos, entre ellos España y, en concreto, la provincia de Pontevedra.

Los agentes de la Comisaría de la ciudad del Noroeste de España consiguieron frustrar uno de esos transportes e incautar el cargamento, 54 kilos de droga, en un Porsche Cayenne. Detuvieron a seis personas, entre ellas el transportista, Rinush G, y el receptor de la mercancía, el gallego Castor M.

Janina, al que ya entonces se atribuía la organización del narcotransporte, no pudo ser detenido. Permaneció prófugo de la Justicia española hasta 2022, cuando, en virtud de una orden internacional, fue arrestado en Tirana y extraditado para su enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Ayer, el tribunal de la Sección Cuarta le recibió en una comparecencia preliminar en la que no se alcanzó acuerdo alguno. El fiscal Antidroga de Pontevedra, Servando Caíño, pide para él una pena de ocho años de prisión. El procesado apuesta por su absolución, tal y como ocurrió en el caso de uno de sus supuestos socios, Sokol R., que en su momento abonó un millón de euros de fianza para salir de prisión, fondos que le fueron devueltos tras ser exonerado en el presente procedimiento.

La familia de Janina sigue al frente de una empresa que ofrece los productos de Porcelanosa en Albania. Sin embargo, y a pesar de que la prensa de Tirana le situó al frente de los intereses de la firma levantina en el país balcánico cuando fue detenido, el Grupo Porcelanosa en España, con sede en Vila-real (Castellón), se desvinculó "totalmente" en su momento del citado empresario. El vicepresidente de Porcelanosa, Silvestre Segarra, señaló que Janina "no ha sido nunca ni es propietario de Porcelanosa Albania" ni tampoco representa a la compañía ni ostenta cargo alguno en ella.

Sin embargo, solo hay que rastrear las redes sociales para comprobar que ese apellido seguiría relacionado con la comercialización de azulejado y sanitarios en el país a día de hoy.

En cuanto a los hechos que son objeto de acusación, la Fiscalía propone una serie de pruebas que, según ella, acreditarían que el investigado sería el organizador del transporte de droga, en colaboración directa con uno de los condenados en el proceso, Castor M., que sería el líder de la organización gallega que tenía previsto recibir el alijo.

El Ministerio Público explica que la partida de estupefaciente que acabó siendo incautada en el interior de un Porsche Cayenne en las inmediaciones de un hotel de Tui partió de Holanda. Es bien conocido que los Países Bajos son el puente que utilizan las redes criminales para hacer llegar la heroína a los distintos destinos de Europa Occidental.

Los cargamentos parten de Turquía —la materia prima procede de Afganistán, Pakistán e Irán, principalmente— y, tras cruzar el continente por carretera, se 'enfrían' en el país de los tulipanes a la espera de la llegada de los encargados de realizar los transportes.

El escrito de acusación elaborado por el fiscal a partir de los informes de la Udyco de Pontevedra revelan al menos dos reuniones entre el receptor de la droga, el ya citado en dos ocasiones Castor M., vecino de Mos, y Nikolin Janina. Una habría tenido lugar en Málaga y la otra en el parador de Baiona. En ellas, destacaron los agentes, se percibió una gran capacidad económica por parte de los investigados que, en el caso del albanés, podría acreditar perfectamente por su actividad empresarial en el sector azulejero en aquel momento.

Más difícil tendrá acreditar el motivo de sus encuentros con el narcotraficante gallego, así como las repetidas llamadas que efectuó a su teléfono y al de su esposa, también juzgada y condenada por estos hechos, en las horas posteriores a la caída del cargamento de droga en manos de la Policía Nacional.

En su relato, Antidroga explica que Janina se concertó con Rinush G. y con el citado Castor para el citado negocio, dejando fuera al también albanés Sokol R., consciente de que fue absuelto en el juicio celebrado en 2018 en Pontevedra.

La siguiente reunión entre todos los citados tuvo lugar en Barcelona, poco antes del inicio del viaje, que comenzó con un periplo hasta la localidad de Essen, en Alemania. En marzo de 2016, según la acusación, Janina contactó con Castor para informarle de que el alijo estaba listo para su envío hacia Galicia.

La fase final de la operación se produjo sobre las 13.00 horas del 19 de marzo, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el lugar pactado para su entrega y localizaron la droga en una sofisticada caleta a la que se accedía desde la zona de las ruedas traseras y que se extendía hasta la parte delantera del vehículo. En ella se localizaron los paquetes de droga, que habían sido generados de una forma específica para ese método de ocultamiento, en forma cilíndrica, y con un peso de casi 54 kilos en total.

Su pureza, superior al 55 por ciento, resultó elevada teniendo en cuenta el tipo de sustancia, que se vende al consumidor mucho más adulterada, en dosis que en ocasiones no superan el 5 por ciento. Por ello, con esos 54 kilos se puede obtener el equivalente a más de media tonelada de droga, una vez procesada.

Janina, tal y como relató este periódico en su momento, fue detenido por Interpol Albania en Tirana en 2022 y extraditado a España. Posteriormente fue puesto en libertad tras abonar una fianza de 50.000 euros, y nada más se volvió a saber de él hasta su presencia física este miércoles en Pontevedra, en la Audiencia, donde llegó con toda la calma del mundo, tal vez consciente de que tiene opciones de salir absuelto, tal y como sucedió con tres de los investigados por los mismos hechos.

La palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Pontevedra en la vista oral que tendrá lugar en el mes de septiembre y en la que volverán a comparecer los policías de la Udyco de la Policía que dirigieron las pesquisas que llevaron a su detención.

El fiscal Antidroga solicita una pena de ocho años de cárcel y una multa de siete millones de euros para Janina, una petición que parece contenida en relación con los hechos que se le atribuyen, pero que se basa en cierto modo en las condenas impuestas al resto de implicados en este caso: siete años y medio para Castor y seis y medio para Rinush (en el caso del primero, tres años y tres meses más por blanqueo). Otros tres investigados acabaron absueltos.

 El pasado día 16-6-25 se conoció la sentencia de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid contra cuatro aficionados del Atlético de Madrid que colgaron un muñeco de Vinicius en un puente del barrio de Valdebebas. Los cuatro han sido condenados por un delito de odio, y uno de ellos, además, por difundir los hechos a través de las redes sociales. El desarrollo de la noticia aparecida en el diario As firmada por Sergio López y Ruby Arés comienza de una forma rotunda: “el odio tiene castigo”.

Pero esto último no siempre es cierto.

En febrero de 2024 el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid archivó la denuncia interpuesta por el PSOE contra los manifestantes que colgaron un muñeco de Pedro Sánchez en un semáforo de la calle Ferraz, lo apalearon y terminaron quemándolo al grito de, entre otras cosas, “hay que acabar así con él”, “tomad justicia del pueblo, bolcheviques”, “rojo de mierda, cobra, que es lo que mereces”… todo ello distribuido por redes sociales y amplificado en un programa de YouTube en el que se decía, “claro que hay que odiar a Pedro Sánchez”.

La misma justicia que condena por colgar a un muñeco de plástico sin parecido alguno con Vinícius, solo con su camiseta, que no lo apalea, golpea, ni quema, y tampoco lanza insultos ni expresa odio más allá del hecho de colgarlo, sí considera los hechos como un delito de odio, y agrava la pena al aficionado que difunde por redes. En cambio, el caso del muñeco del presidente se archiva a pesar de toda la violencia verbal y física de carácter simbólico, y de que se divulgara por diferentes canales, además de ser recogido de manera amplia por medios de comunicación vinculados a la ultraderecha para aumentar y extender el mensaje. A pesar de todo ello, no pasó nada.

Resulta terrible e inaceptable que la violencia simbólica empleada contra el presidente del Gobierno y todo el odio expresado se justifiquen con argumentos tan vagos e irreales como que se desconocía la ideología de los asistentes, como si no se dedujera de las banderas, cánticos, expresiones, convocatorias y utilización de las manifestaciones que venían desarrollándose desde semanas atrás, y como si no se pudiera interrogar a las muchas personas que participaron en los hechos, perfectamente identificables en las imágenes.

Y aún resulta más inverosímil que se justifique esa violencia bajo el argumento de la libertad de expresión, como si los delitos de odio fueran parte de un argumento reflexivo, y no de una estrategia violenta.

Si el derecho y la justicia no estuvieran cargados de subjetividad y de decisiones que con frecuencia adoptan primero el resultado, y luego buscan los argumentos y las evidencias que vienen bien para justificarlo, no tendría sentido que dos hechos tan similares tengan en términos de justicia una respuesta tan diferente.

La Audiencia Provincial de Madrid también podría haber dicho que colgar el muñeco de Vinícius obedece a la libertad de expresión de unos aficionados que actuaron bajo las emociones despertadas ante un derbi, o que no se puede saber su ideología ni contra quién van con su acción porque esta podría deberse a diferentes motivos. Lo terrible es que lo que parece absurdo e inaceptable en un caso, son los argumentos judiciales que se han utilizado para no actuar en el otro.

El odio ideológico está recogido en el artículo 510 del Código Penal, y según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se investigaron 245 casos, y en 2023 ascendieron hasta 352. Es decir, en un año se produjo un incremento del 43,7 %, y desde entonces la polarización y los ataques de odio ideológico han sido cada vez más frecuentes.

La ultraderecha está creando un clima de violencia a través del odio para alcanzar los tres objetivos que la literatura científica define. En primer lugar, deshumanizar al objeto del odio, en segundo culpabilizar a esas personas de todos los males que ellos decidan, y en tercer término, transformar la pasividad de las personas en acción. Ya vemos cómo llamar al presidente del Gobierno “rojo de mierda” o “perro Sánchez” son formas de cosificarlo para liberar la violencia, mientras que al mismo tiempo se le culpabiliza de todo, y de ese modo se facilita que muchas personas pasen a la acción expresando su odio y violencia de múltiples formas y a través de distintos canales.

La violencia contra el PSOE y los partidos de izquierda cada vez es más frecuente y explícita a nivel social, mediático y político. Hemos visto cómo los partidos de la derecha y ultraderecha, incluso en el Parlamento, han llamado al presidente “perro Sánchez”, cómo dicen que es un presidente ilegítimo, que es un mafioso, un capo, que dirige una organización criminal… Y muchas más cosas.

Todo eso es violencia y está alimentando la violencia social contra lo que representa su persona y sus ideas, lo cual se traduce en más violencia social y mediática hasta llegar a hablar, como se ha dicho, que “hay que acabar así con él”, mientras se apalea al muñeco que lo representa.

No puede haber pasividad ante quienes crean odio e incitan a la violencia. En 2020 un exmilitar ya fue detenido por tirotear las fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno y Podemos, después de que alguien dijera “sentencia” como orden para empezar a disparar. En Estados Unidos han asesinado a una congresista demócrata y a su marido, y han tiroteado a otro congresista y a su esposa, todo ello bajo un clima de violencia y odio impuesto por DJ Trump y sus seguidores.

¿Vamos a dejar que ocurra lo mismo en España? ¿Va a seguir colaborando el PP en esta estrategia? ¿Puede la justicia amparar el odio frente a determinados sectores e ideologías de la sociedad bajo el argumento de la “libertad de expresión”?

La respuesta es clara: No. Pero para lograrlo debemos entender que el odio no sólo es consecuencia del mensaje que se lanza, sino que lo más importante es crear las condiciones para que ese mensaje arraigue y sea asumido.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha renunciado a investigar Air Europa, siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha optado por volver a pedir informes sobre los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, según informa EFE.

En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid levanta además la imputación al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes, siguiendo la instrucción dada por la Audiencia Provincial, que consideró que las imputaciones carecían de fundamento.

Peinado renuncia al informe pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre Air Europa, después de que la Audiencia Provincial revocase en un auto fechado el pasado 13 de mayo su decisión de recabar información de esta sociedad sobre las ayudas otorgadas a Air Europa Holding "al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".

Sin embargo, el auto indica también que se mantiene la petición de un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "respecto de Globalia", grupo al que pertenece Air Europa, pero fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indican que se debe a un error, pues el magistrado se remite a la petición de un informe que no es sobre Globalia, sino sobre Innova Next.

En concreto, el auto señala lo siguiente: "Se mantiene la solicitud de elaboración de informe pericial por la IGAE respecto de Globalia en los términos acordados en la resolución de 20 de junio de 2024, dejándose sin efecto la solicitud de información a la SEPI".

Esa providencia a la que alude Peinado no mencionaba a Globalia, sino que pedía información a la IGAE sobre varios contratos obtenidos por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa, con empresas e instituciones públicas como el Consejo Superior de Deportes (CSD) o el Ayuntamiento de Madrid.

Y son esos los informes que el juez pide recabar de nuevo, los referentes a los contratos públicos obtenidos por Barrabés sin fondos europeos, según indican las mismas fuentes del TSJ.

Por otra parte, en una providencia dictada el 22 de mayo, Peinado ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid el currículum de Blanca de Juan de Castro, la coordinadora del máster que dirigió Begoña Gómez, lo que se une a otras peticiones de información sobre su contratación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado, que impidió a la asesora de Begoña Gómez recurrir ante este tribunal la orden que impartió a la Guardia Civil para que bucease en sus llamadas telefónicas y en sus correos electrónicos. Se trata de una "anomalía" que el magistrado ya subsanó "en parte" en un auto posterior, según explica la resolución de la sección 23 de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso EFE.

Aún así, los magistrados estiman el recurso de queja que presentó el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, y le dan la razón al considerar que el juez debió ordenar dicha diligencia mediante un auto y no una providencia y, de esa manera, el letrado podría haberla recurrido ante la Audiencia de Madrid, superior jerárquico del juez.

Dice la Sala que el juez Peinado debió solicitar dicho informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante un auto porque "se refería a la obtención de datos de comunicaciones realizadas por medios tecnológicos". Recuerda, de hecho, que así lo hizo el juez de forma parcial cuando ordenó averiguar las comunicaciones en un auto posterior, del pasado 28 de enero.

El magistrado solicitó esta diligencia en el marco de la investigación sobre el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Peinado quiere saber las llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento y también los correos corporativos de Begoña Gómez a personas y empresas designadas, desde las direcciones de su asesora en relación a "las actividades profesionales y/o mercantiles" de la mujer del jefe del Ejecutivo.

En otro reciente auto, la Audiencia de Madrid volvió a delimitar la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 41 y acordó archivar el procedimiento contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.

De nuevo, excluyó el rescate público de Air Europa de la investigación y la circunscribió a si Begoña Gómez pudo haberse prevalido de su proximidad al presidente del Gobierno, "como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada, en un sector novedoso".

Tras dicha resolución, permanecen investigados en la causa Begoña Gómez, su asesora, el empresario Juan Carlos Barrabés -codirector de un máster en la Universidad Complutense junto con Begoña Gómez-, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, jefe de gabinete del secretario general de Presidencia cuando se nombró a Cristina Álvarez.

"Quien cuestiona al Tribunal Constitucional cuestiona a la Constitución y a la democracia". Lo ha dicho este lunes el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno organizado por el Ateneo de Madrid en colaboración con un grupo de once periodistas de medios de muy diferente línea editorial. El presidente ha denunciado, además, que sus miembros se encuentran sometidos a "fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole", ha dicho. Pero, ¿en quién piensa Conde-Pumpido al denunciar esas presiones? Hace meses que la campaña contra el Constitucional se ha intensificado y los ataques, o "presiones" que denuncia el magistrado, van más allá de la lucha partidista y se adentran en el Poder Judicial. Estos son algunos de sus actores y varios tienen vínculos entre ellos.

"Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto", dijo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Onda Cero el pasado junio. El principal partido de la oposición y su líder es quien lidera la campaña de desprestigio contra el tribunal de garantías, una ofensiva que, hasta finales de 2022, cuando el órgano contaba con mayoría conservadora, al partido no se le ocurrió desplegar. La fuerza política que ahora preside Feijoo participó activamente en la última renovación del órgano (en realidad en todas) y, cada vez que ha tenido la ocasión de proponer magistrados, ha optado por perfiles muy próximos como Enrique Arnaldo, excontratista de administraciones gobernadas por el partido, y Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su supuesta amistad con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El último en entrar, impuesto en la designación del nuevo Consejo General del Poder Judicial, ha sido José María Macías, antiguo halcón del PP en el gobierno de los jueces y que ahora conseguido trasladar su animadversión al Gobierno al Constitucional.

De Feijóo para abajo, en el PP, las declaraciones para socavar la legitimidad del Constitucional caen como una cascada. Tras la sentencia del órgano de garantías que rebajó las condenas de los ERE, la número dos del PP, Cuca Gamarra, dijo: "Hoy hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que materializa el borrado de otro cargo socialista de los ERE". Pero el dirigente que con más dureza se lanzó al desprestigio de la institución que hasta hace apenas dos años controlaba la formación de derechas fue el vicesecretario de Asuntos Institucionales y eurodiputado Esteban González Pons, que llegó a calificarla de "cáncer del Estado de derecho". Luego tuvo que rectificar. El PP, que ejerce como acusación popular en la causa de los ERE de Andalucía, ha sido quien ha pedido a la Audiencia de Sevilla que cuestione ante el Tribunal de Justicia de la UE las resoluciones del Constitucional sobre la trama corrupta colocándolo en una situación inédita en sus 45 años de historia y abriendo la puerta a que cualquier juez o tribunal suspenda durante años sus sentencias si no las comparte.

El magistrado conservador del Constitucional, excontratista de administraciones del PP con su despacho de abogados y excolaborador de la fundación FAES, próxima a ese partido, fue, junto con sus compañeros del sector conservador Concepción Espejel y César Tolosa los que inspiraron, desde dentro del propio Constitucional, la última maniobra del partido de Feijóo para socavar la legitimidad del tribunal del que forman parte. Esos tres magistrados fueron los que, en sus votos particulares discrepantes sobre las sentencias de los ERE, invocaron la sentencia del TJUE recogida después por la acusación popular del PP y por la sección primera de la Audiencia de Sevilla para proponer una cuestión prejudicial contra la decisión del órgano de garantías español. Ninguna de las sentencias del caso de corrupción andaluz -ni la del tribunal provincial sevillano ni la que la que del Supremo que la confirmó- había recogido hasta ese momento ninguna presunta vulneración del derecho de la Unión.

La sentencia invocada se basa en un caso de corrupción ocurrido en Rumanía, país que está sometido a monitorización constante de su sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación en 2007, en contraste con España, cuyas reglas del Estado de derecho jamás han sido puestas en cuestión por Bruselas. La resolución del tribunal de Luxemburgo –la del caso Euro Box Promotion– establece una serie de criterios para el control del fraude y la corrupción respecto de los fondos públicos procedentes de la UE, pero sobre todo, su fallo recoge una posibilidad que viene como anillo al dedo a la estrategia de deslegitimación del Constitucional en la que está embarcado el PP. La sentencia del tribunal europeo permite a los jueces ordinarios desobedecer sentencias del Tribunal Constitucional si el derecho interno del Estado miembro no garantiza su independencia e imparcialidad.

Junto con Encarnación Gómez, Pilar Llorente es la única magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla que firmó las sentencias de los ERE que todavía sigue en la sección primera del tribunal andaluz. También es la jueza a la que ha correspondido la ponencia –es decir, la redacción del borrador– de la nueva sentencia para los expresidentes Chaves y Griñán y otros exconsejeros y altos cargos socialistas de la pieza política del caso, acorde con el criterio del Constitucional. El órgano judicial sevillano, sin embargo se ha negado a aplicarlo. Al menos de momento.

La decisión insólita de este tribunal ordinario de dejar de aplicar las sentencias del órgano de garantías español y cuestionar la decisión de éste ante tribunal de Luxemburgo supone, de hecho, la suspensión de la solución final al caso por un plazo que se puede prorrogar entre 15 meses y dos años, el tiempo que el TJUE tarda en resolver las cuestiones prejudiciales. Durante todo ese tiempo la situación procesal de los condenados quedará en un limbo debido a que sus sentencias iniciales, luego ratificadas por el Supremo, han sido anuladas. Pero, además, la jugada supone abrir la puerta a que otros juzgados y tribunales puedan atacar las resoluciones de órganos superiores, lo que afecta a la propia estructura del sistema judicial.

La decisión de elevar la cuestión al tribunal europeo se hace a propuesta del PP, que actúa como acusación popular en el caso de los ERE. El escrito en el que solicitó a Llorente, Gómez y el resto de magistrados que lo hiciera el pasado 6 de febrero se basaba en gran parte en el criterio de Arnaldo, Espejel y Tolosa expresado en sus votos particulares.

Estuvo a punto de convertirse en presidente del Tribunal Supremo gracias, en parte, al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, pero un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que gracias a él, ese partido controlaría el alto tribunal "por detrás", lo obligó a abandonar esa carrera. Manuel Marchena presidió en noviembre y enero la sala de admisión de ese órgano que decidió no admitir dos querellas contra Conde-Pumpido y los otros seis magistrados progresistas del Constitucional por prevaricación al rebajar las sentencias de los ERE, dos de ellas firmadas por Vox y el grupo ultra Hazte Oír. Pese a rechazar ambos escritos, las resoluciones del Supremo fueron interpretadas en el Constitucional y en el PP como una advertencia o amenaza a esos magistrados, de los que dijo que no tenían "carta blanca" y que podrían ser investigados por sus resoluciones pese a que la ley orgánica del tribunal lo prohíbe expresamente. En el Constitucional creen que el inspirador de ese mensaje era Marchena, sobre todo tras un artículo de su amigo y catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar publicado el pasado febrero en El Confidencial en el que así se sugería. Semanas después de esos dos autos y tras un enorme revuelo, el Supremo se ha corregido a sí mismo y ha rechazado la posibilidad de actuar.

Marchena ha presidido durante 10 años la Sala de lo Penal del alto tribunal. Esa institución fue la que confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a penas de cárcel e inhabilitación a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE), junto a varios exconsejeros y otros cargos por el caso de corrupción andaluz.

El pasado julio, el Constitucional anuló dichas condenas al considerar que tanto el Supremo como la Audiencia de Sevilla habían vulnerado el derecho fundamental a la legalidad penal de los acusados, es decir, que los habían condenado por conductas no recogidas en el Código Penal. Marchena fue también presidente del tribunal y ponente de la sentencia del procés, sentencia que la ley de amnistía le obligaba teóricamente a desmontar para anular los cargos y condenas de los dirigentes políticos de la tentativa secesionista. La Sala de Marchena se negó a aplicarla y elevó una cuestión de inconstitucionalidad al órgano que preside Conde-Pumpido, que en los próximos meses -previsiblemente antes del verano, según ha dicho este lunes el presidente- tendrá que decidir sobre su validez o no respecto de la norma fundamental.

Primero fueron los avisos desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de que los magistrados del Constitucional no tienen "carta blanca" y pueden ser juzgados por "prevaricación" en sus resoluciones. Cuando parecía que el alto tribunal entraba en razón al desechar una vía a todas luces contraria a la ley, la rebelión se planteó desde mucho más abajo en la jerarquía judicial. La Audiencia de Sevilla anunció su intención de no acatar –al menos de momento– las sentencias del Tribunal Constitucional que le obligaron a rebajar las condenas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros exconsejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía, para llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una supuesta vulneración del derecho comunitario que no apareció en ningún momento en los 14 años de tramitación del caso. En el órgano de garantías tienen claro que la jugada solo es el prólogo a lo que el Tribunal Supremo podría replicar en unos meses, cuando ya haya sentencia sobre la ley de amnistía.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el resto de magistrados progresistas –que actualmente son mayoría en el órgano y suscribieron las sentencias de los ERE– consideran que tras la maniobra de la Audiencia de Sevilla se esconde el enésimo intento de la derecha política y judicial de socavar un órgano constitucional que, a diferencia del Supremo y la mayoría de los tribunales ordinarios no cuenta con mayoría conservadora. La vía a seguir para cuestionar al tribunal la señalaron desde dentro tres de sus magistrados a propuesta del PP –Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa– en sus votos particulares. Después fue el PP, que ejerce la acusación popular en el caso ERE, quien se encargó de hacerla valer ante la Audiencia de Sevilla, que, hace dos semanas, anunció su intención de presentar la cuestión prejudicial en el tribunal de Luxemburgo.

La jugada del PP y de la Audiencia de Sevilla tiene, además, un marcado carácter político. Porque invoca por primera vez en España una sentencia del TJUE de 2021 (Euro Box Promotion) que permitió al Tribunal Supremo de Rumanía no aplicar una sentencia del Constitucional de ese país que, según los magistrados europeos, impedía perseguir el fraude relacionado con los fondos de la UE en un caso de corrupción de primer nivel que afectaba al Gobierno de Bucarest. Los magistrados conservadores del Constitucional español invocaron esa resolución como la que resume todos los principios europeos en materia de control de gasto público. Sin embargo, referir esa sentencia contra el órgano de garantías español no significa únicamente cuestionar algunas de sus sentencias –algo perfectamente normal y legítimo– sino atacar directamente a su legitimidad.

Porque la sentencia rumana recoge en su fallo de manera expresa la posibilidad de que un tribunal ordinario desobedezca las resoluciones del Tribunal Constitucional en caso de que el derecho nacional –en este caso el español– no garantice la independencia del tribunal de garantías del Gobierno o el Parlamento. El argumento le viene como anillo al dedo al PP en su estrategia de deslegitimación de una institución, una estrategia que solo desplegó cuando los magistrados conservadores propuestos por ese partido dejaron de ser mayoría en diciembre de 2022. La supuesta falta de independencia e imparcialidad de un órgano en cuya renovación interviene cada tres años proponiendo magistrados fue uno de los argumentos que el equipo jurídico del partido incluyó en el escrito que solicitó a la Audiencia de Sevilla que elevara el caso a Luxemburgo.

Desde el Constitucional explican que la maniobra, de funcionar, pone en riesgo la jerarquía de tribunales y el sistema de recursos de todo el sistema judicial español. En primer lugar, porque abre la puerta a una rebelión de los tribunales ordinarios contra el propio tribunal de garantías. Acudir a la cuestión prejudicial cuando el Constitucional ya ha dicho la última palabra sobre un caso permite a cualquier juez –desde el partido judicial más pequeño hasta el Supremo– incumplir, aunque sea temporalmente, las resoluciones que está obligado a acatar en caso de que no esté de acuerdo con ellas. El mecanismo podría afectar a los propios tribunales ordinarios: cualquier juez podría, por ejemplo, dejar sin aplicar sentencias de su audiencia provincial, del tribunal superior de justicia de su comunidad e incluso del Supremo. Más allá de que el TJUE diera la razón al juez, el recurso al tribunal europeo implica una demora de varios años, lo que podría afectar al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas.

Conde-Pumpido ha convocado al resto de magistrados del Constitucional a una reflexión conjunta sobre cómo actuar ante esta nueva situación. A la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla se suma la ya presentada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un caso ya resuelto hasta en cuatro ocasiones por el órgano de garantías. El presidente planteó en un primer momento recurrir a los mecanismos que la ley del tribunal ofrece para que este pueda ejecutar sus propias sentencias y anular resoluciones que las contradigan, pero la jurisprudencia europea es clara: los jueces pueden plantear la cuestión prejudicial en cualquier fase de un proceso judicial, incluida la ejecución de la sentencia, tal y como ya han avisado los servicios técnicos del tribunal español. Fuentes del órgano aseguran que la única esperanza es esperar a que Luxemburgo actúe para comprobar si delimita de alguna manera este mecanismo para que no se utilice por motivos políticos o meramente dilatorios.

El Tribunal Constitucional anuló las sentencias de políticos implicados en el caso de los ERE condenados por prevaricación y malversación. La Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron que los acusados habían cometido sus delitos mediante la elaboración de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía como miembros de su consejo de gobierno. El tribunal de garantías, sin embargo, consideró que esos delitos no existían porque, pese a que la Junta elaboró esos proyectos, fue el Parlamento Andaluz quien les dio validez al aprobar las leyes presupuestarias año tras año sin que nadie las impugnara. El tribunal de garantías recordó que la iniciativa legislativa no es un acto administrativo, sino de gobierno, y que la última palabra la tenía la Cámara andaluza, por lo que la conducta no podía ser constitutiva de infracción penal. Otra cosa son las personas, funcionarios y cargos que efectivamente dedicaron los fondos aprobados por esas leyes a fines ilegales.

Tanto los avisos intimidatorios del Supremo por la hipotética prevaricación judicial de los magistrados del Constitucional (entre los que varios proceden del alto tribunal) como la revuelta judicial de la Audiencia de Sevilla tienen como telón de fondo un caso de corrupción de fuerte contenido polémico, el de los ERE de Andalucía. Ese hecho ha provocado la sensación en el tribunal de garantías de que estos movimientos son solo un prólogo de lo que viene. El Constitucional tendrá que resolver en los próximos meses la cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del alto tribunal contra la ley de amnistía. Nada impide que los miembros de este último vayan también a Luxemburgo en caso de que la sentencia del tribunal de garantías español no sea de su agrado, lo que dilataría, previsiblemente, varios años más su aplicación a los líderes del procés.

La vía abierta para cuestionar desde cualquier juzgado o tribunal ordinario las resoluciones del Tribunal Constitucional que ha inaugurado la sección primera de la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE nació en el interior del propio tribunal de garantías. Fueron tres magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, los que introdujeron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invoca ahora tanto ese partido como el tribunal provincial sevillano para intentar saltarse, por primera vez en 45 años, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución del que forman parte. La resolución europea que consideran aplicable al caso, permite desobedecer decisiones del Constitucional si su independencia del Gobierno y el Parlamento no está garantizada, algo que el PP da por hecho pese a haber nombrado a cinco de sus actuales miembros.

Tanto el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, como parte de sus miembros -los del sector progresista- consideran que la cuestión prejudicial ante el TJUE anunciada por la Audiencia de Sevilla supone una sacudida a la estructura institucional del Estado, porque permite a cualquier tribunal ordinario -desde un juzgado de primera instancia e instrucción de pueblo hasta el Tribunal Supremo- cuestionar resoluciones del Constitucional o suspender su aplicación mientras Luxemburgo resuelve. El nuevo mecanismo alentado por los magistrados conservadores puede afectar también a todo el sistema de recursos dentro de la propia justicia ordinaria permitiendo la insubordinación frente a tribunales superiores, tal y como avisan desde el órgano de garantías.

Los tres autores intelectuales de la crisis generada (que el Constitucional abordará en su próximo pleno la semana que viene sin que, previsiblemente, se llegue a ningún acuerdo) introdujeron la sentencia de Luxemburgo en el caso Euro Box Promotion -referida a un Estado como Rumanía, sometido a permanente monitorización de sus sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación al club comunitario en 2007- en varios votos particulares sobre las sentencias que redujeron las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cargos políticos de la Junta.

En toda la trayectoria del caso ERE, desde el inicio de la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya hasta el Constitucional, solo los votos particulares de estos tres magistrados han hecho referencia a hipotéticas vulneraciones derecho de la Unión Europea que permitirían la intervención del TJUE algo que no aparecía en la sentencia del Supremo ni en la previa de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de este tribunal provincial, sin embargo, han apreciado esas infracciones justo ahora, inspirados por el PP y los tres jueces conservadores del Constitucional, cuando tienen que dictar nuevas sentencias contra los cargos políticos tras la anulación de las previas por el órgano de garantías.

En varios de sus votos particulares, Arnaldo señala que el derecho de la UE no es directamente aplicable al caso de los ERE "al no tener los fondos públicos malversados origen comunitario", pero considera que las sentencias del Constitucional sacadas adelante con el voto de la mayoría de magistrados podrían vulnerar "los principios del derecho de la Unión Europea sobre el control del gasto público". "No me parece aventurado afirmar que esa gestión, en el conocido como 'caso de los ERE de Andalucía' (...) ha sido contraria no solo al derecho interno, sino también al derecho de la Unión Europea", sostiene en su voto opuesto a la sentencia de Griñán entre otras. Después, se refiere a la sentencia Euro Box Promotion como la que sistematiza "la actividad presupuestaria y la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de los fondos europeos", fondos que, como el propio magistrado conservador reconoce, no aparecen en el caso andaluz.

Espejel, por su parte cita esa misma resolución del TJUE al considerar que la doctrina sacada adelante por la mayoría del Constitucional en los ERE "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política y cuando tenga proyección en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea producirá un incumplimiento de las obligaciones de España" que, según la magistrada, sería incompatible con los tratados comunitarios.

Su compañero César Tolosa cita la sentencia de Luxemburgo en la misma línea al asegurar que "de tratarse de fondos procedentes de la UE" (los supuestamente malversados no lo son), la decisión del Constitucional sobre los ERE "generaría un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave". La unidad de esos los tres magistrados a propuesta del PP contrasta con la posición de su compañero de sensibilidad Ricardo Enríquez, que, pese a oponerse al criterio mayoritario, no se refiere a la polémica sentencia sobre Rumanía en ninguno de sus votos particulares discrepantes.

Ninguno de esos votos particulares lo recoge expresamente, pero la sentencia del TJUE que invocan, además de referirse a la corrupción o el fraude que afecte a los intereses de la Unión, implica un juicio sobre la falta de autoridad y de legitimidad del propio Constitucional. Porque el apartado tercero de su fallo establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios", pero siempre que "el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo".

Ese fue, precisamente, el argumento que, el pasado 10 de febrero contenía el escrito del PP que, como acusación popular en el caso ERE, reclamó a la Audiencia de Sevilla que cuestionara ante el TJUE la sentencia del Constitucional sobre los ERE. "El derecho nacional", es decir, el español, "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostenía el documento del partido de Feijóo. Un ataque directo y al centro del máximo intérprete de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y uno de los pilares de nuestra estructura institucional, inspirado, desde dentro, por varios de sus miembros.

Primero fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avisando a los magistrados del Tribunal Constitucional de que no tenían "carta blanca" y que sus sentencias y autos podían ser revisados en caso de que se presentaran querellas contra ellos por prevaricación judicial. Cuando el alto tribunal abandonó esa vía admitiendo que está expresamente vedada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la rebelión saltó a la sección primera de la Audiencia de Sevilla. A sus magistrados, autores de la sentencia de los ERE contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE), no les gustó que el órgano de garantías, en ejercicio de sus competencias y como máximo intérprete de la Constitución, les obligara a rebajar sus condenas contra esos y otros ex altos cargos socialistas andaluces y han decidido presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el Constitucional creen que esa vía puede vaciar de autoridad la institución que, en los próximos meses, tendrá la última palabra sobre la ley de amnistía. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha propuesto a sus miembros buscar una fórmula para frenar la maniobra.

Las sentencias del tribunal de garantías no siempre han sido pacíficas y muchas de las que desestiman el amparo a los ciudadanos en la protección de sus derechos fundamentales son recurridas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa. Pero en sus 45 años de historia, su autoridad en materia de garantías constitucionales ha sido plenamente aceptada por los juzgados y tribunales ordinarios, que han acatado sus sentencias y aplicado su doctrina a los casos que cada día les toca resolver. Sin embargo, en el espacio de pocos meses, varios de sus miembros han advertido de maniobras desde la justicia ordinaria para socavar esa autoridad. La última, la de la Audiencia de Sevilla que, a petición del PP —que actúa como acusación popular en el caso de los ERE— ha planteado a las partes su intención de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE y solicitar al tribunal del Luxemburgo que le permita saltarse las sentencias del Constitucional. Varios de sus miembros ven en esa decisión una puerta abierta a que cualquier juez o tribunal, hasta los de menor rango, se nieguen a acatar sus sentencias y provoquen su inaplicación durante años, hasta que Luxemburgo se pronuncie.

El presidente del órgano de garantías, el progresista Cándido Conde-Pumpido, lo planteó este martes en el Pleno. Conde-Pumpido, junto con otros magistrados de la misma sensibilidad, expresaron la necesidad de abrir un período de reflexión en el tribunal que permita buscar una fórmula para evitar un cuestionamiento generalizado de sus sentencias desde los juzgados y tribunales ordinarios. El artículo 4.1 de la LOTC le permite anular cualquier decisión que cuestione su autoridad. "En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional", dice el precepto, que añade: "El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben".

El Constitucional también puede declarar nula cualquier resolución, disposición o acto que obstaculice o impida la ejecución de sus sentencias. "El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución", recoge el artículo 92.1 de la LOTC. "Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas", añade. Uno de los efectos de la decisión de la Audiencia de Sevilla es paralizar durante varios años la ejecución de la sentencia del TC que le obligó a rebajar las penas a varios cargos políticos en el caso de los ERE.

En sus últimos discursos institucionales, el presidente del Constitucional ha venido recalcando la posibilidad de recurrir a este último precepto que recientemente ha sido avalado por el TEDH. En el que pronunció durante la celebración del Día de la Mujer, Conde-Pumpido recordó una sentencia del tribunal de Estrasburgo de 27 de febrero que "ratifica, por unanimidad, la sujeción de todos los poderes públicos a la supremacía de la Constitución Española y a las decisiones de este Tribunal [Constitucional]". Se trata del caso en el que el órgano de garantías ejerció la potestad de ejecutar él mismo sus sentencias ante la negativa del Parlamento catalán de acatar sus resoluciones sobre el proceso independentista. "El Tribunal de Estrasburgo constata (...) que el Tribunal Constitucional se había limitado a ejercer sus competencias para imponer sus decisiones en circunstancias extremas, aplicando las facultades que le atribuye la propia Constitución y el art 92 de su Ley Orgánica", afirmó Conde-Pumpido ante los asistentes.

El período de reflexión propuesto este martes por el presidente busca encontrar una fórmula para reafirmar la autoridad del Constitucional sin tener que adoptar medidas tan drásticas como las que se tomaron durante el procés. La idea es pedir uno o varios informes técnicos a los letrados del Tribunal para estudiar cuál podría ser el mecanismo utilizado para cortar de raíz el conato de rebelión y buscar el máximo consenso posible entre los magistrados. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada de forma muy beligerante por la parte de los miembros del sector minoritario y conservador del tribunal, encabezados por el exvocal del Poder Judicial José María Macías, que consideran que con la iniciativa se pretende vetar a los jueces de la posibilidad de elevar cuestiones al TJUE en cualquier fase del procedimiento. Desde el sector progresista consideran que esa posición es desleal con el tribunal y sus resoluciones.

Además de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla, los magistrados de la sala primera del tribunal han comprobado cómo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se niega a cumplir reiteradamente la doctrina del Constitucional, en este caso, sobre procedimientos de arbitraje. El Constitucional ha tenido que corregir hasta en cuatro ocasiones -con el voto unánime de sus conservadores y progresistas- el criterio aplicado por el tribunal superior madrileño. En la última, el TSJ también ha planteado una cuestión prejudicial en Luxemburgo para intentar que este corrija al máximo intérprete de la Constitución. "Tenemos que hacer algo para frenar esto porque nos vamos a encontrar con que cualquier juez va a poder por esta vía desobedecer las resoluciones del tribunal", avisan fuentes de la institución.