La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

Trump es "el alfa en todas y cada una de las salas, en todos y cada uno de los lugares, por todo el mundo". La frase es de Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —el organismo que regula las ondas hertzianas en Estados Unidos y que, sobre el papel, es el árbitro imparcial de las licencias de televisión y radio— y la pronunció la semana pasada en uno de esos pódcast donde los poderosos se sienten cómodos y bajan la guardia.

Que el máximo regulador de las comunicaciones del país profese públicamente semejante devoción por el inquilino de la Casa Blanca es la clave de bóveda que explica todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el ecosistema mediático norteamericano.

Lo que se ha venido construyendo desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán es una estrategia de presión sistemática, con múltiples frentes, que usa la guerra como detonador y como coartada para intentar disciplinar a las televisiones que no responden al gusto de la Casa Blanca. La mecánica es conocida en su estructura —la presión a los medios en tiempos de guerra tiene una historia larga—, pero su instrumentación concreta, a través del regulador, resulta inédita en Estados Unidos.

Carr ha ido explicitando durante los últimos meses una advertencia que mezcla la normativa con la política: la legislación obliga a las emisoras a operar en “interés público”, fórmula que el presidente de la FCC interpreta como alineamiento con el relato oficial sobre el conflicto. Bajo esa lectura, quienes no se ajusten a ese estándar pueden enfrentarse a procedimientos de no renovación o retirada de licencia, presentados por el propio Carr como un instrumento legítimo frente a medios que, según él, “engañan” al público sobre la guerra.

Las advertencias no se han producido en el vacío. Han llegado a rebufo de los ataques verbales de Donald Trump contra las principales cadenas por su cobertura de los bombardeos y las represalias iraníes. Trump ha acusado a varios medios de exagerar los daños a activos militares estadounidenses, de magnificar el coste humano y económico de la campaña y, en algunos casos, de actuar como correa de transmisión de Teherán. En algunas declaraciones ha llegado a sugerir que determinados enfoques informativos rozan la “traición” —un delito que en Estados Unidos puede acarrear la pena de muerte—.

Todo comenzó, formalmente, hace pocos días. Trump publicó en su red social, Truth Social, una diatriba contra The Wall Street Journal por su cobertura de un ataque iraní a aviones cisterna estadounidenses desplegados en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Según Trump, el titular era “intencionadamente engañoso” y el periodismo del diario, “terrible”. El presidente concedió que los cinco aviones habían resultado dañados, aunque “ninguno destruido”, una precisión que el diario en ningún momento había negado. Era, en suma, una queja sin base factual sólida. Pero bastó.

Tres horas después, Carr se sumó con entusiasmo a la queja del presidente advirtiendo a los radiodifusores de que “perderán sus licencias” si no “operan en el interés público”. En un post en X, escribió que los operadores que “difunden bulos y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que lleguen sus renovaciones de licencia”.

El encadenamiento causa-efecto es difícil de disimular: el presidente se queja, el regulador amenaza. Trump celebró el movimiento en Truth Social ese mismo domingo por la noche, declarándose “encantado” de que Carr estuviera “revisando las licencias” de algunas “organizaciones de noticias altamente antipatrióticas”.

Aunque Carr suele evitar nombres concretos, sus mensajes han llegado inmediatamente después de piezas muy críticas emitidas por grandes cadenas sobre la destrucción de aviones cisterna, el alcance real de los ataques iraníes y la vulnerabilidad del tráfico petrolero en el estrecho de Ormuz. Desde la Casa Blanca y el Pentágono se ha señalado en particular a CNN por reportajes que cuestionaban el triunfalismo oficial y ponían el foco en la capacidad de Irán para desestabilizar la región, una línea editorial que el entorno de Trump ha calificado de “derrotista” y “desinformadora”.

En este marco, la amenaza de las licencias funciona como aviso preventivo y como mecanismo disciplinario. O las cadenas "corrigen el rumbo" o se exponen a que el regulador active el arma administrativa de la no renovación. El resultado es una forma de presión estructural sobre el ecosistema audiovisual que subordina el derecho a emitir a la sintonía con lo que el Gobierno y la FCC deciden, en cada momento, que constituye el “interés público” en tiempos de guerra.

¿Tiene Carr poder real para ejecutar estas amenazas? Los expertos legales coinciden en que, técnicamente, muy poco. Las licencias de televisión ni siquiera se renuevan hasta finales de 2028, y cualquier acción gubernamental contra un licenciatario desencadenaría una batalla legal prolongada, en la que las cadenas probablemente invocarían el historial de declaraciones de Trump para montar un caso basado en la Primera Enmienda.

El abogado de causas de interés público Andrew Jay Schwartzman lo resumió en declaraciones a CNN: las amenazas de Carr carecen de base legal. La FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas. La comisionada demócrata Anna Gomez, la única voz discordante en la comisión, publicó en X que las amenazas “violan la Primera Enmienda y no llegarán a ningún lado”, urgiendo a los radiodifusores a seguir cubriendo las noticias “con fiereza e independencia”.

Pero aquí reside la trampa. Carr no necesita ejecutar la amenaza para que surta efecto. Los grupos de defensa de los medios han señalado que la presión busca precisamente que las empresas mediáticas se sometan y se autocensuren, logrando parte de su objetivo sin necesidad de acción gubernamental explícita. El arma real no es la revocación de licencias: es el miedo a la actuación regulatoria. El “verdadero martillo” de Carr, según Schwartzman, es la “amenaza implícita” de no conceder a los radiodifusores el alivio regulatorio que buscan en procesos como fusiones corporativas o aprobaciones de adquisiciones. Y ahí es donde el cuadro se vuelve más denso.

El caso de The Late Show with Stephen Colbert ya ilustra el mecanismo: CBS, propiedad de Paramount —la corporación que quiere hacerse con Warner— se negó a emitir una entrevista filmada con un candidato demócrata al Senado de Texas, temerosa de que la FCC alegara violaciones de la norma de igualdad de tiempo. Nadie ordenó a CBS que cortara esa entrevista. La cadena lo decidió sola, haciendo sus propios cálculos de riesgo regulatorio. Eso es exactamente lo que los analistas identifican en la estrategia en curso: un sistema en el que la amenaza es suficiente para alterar conductas editoriales sin dejar huella jurídica.

Mientras Carr agitaba el espectro de las licencias, la FCC aprobaba en paralelo la fusión entre Nexstar Media Group y Tegna por 6.200 millones de dólares. La entidad resultante controlaría 265 estaciones de televisión en 44 estados, alcanzando aproximadamente al 80% de los hogares estadounidenses. Trump no ha ocultado sus simpatías por la operación, afirmando públicamente que una Nexstar consolidada ayudaría a “noquear a las Noticias Falsas” de las cadenas nacionales.

Ocho fiscales generales estatales, liderados por Rob Bonta (California) y Letitia James (Nueva York), han presentado una demanda alegando que la fusión viola las leyes antimonopolio y una norma federal que limita la propiedad de medios al 39% de los hogares. Advierten de que la concentración redundará en aumento de tarifas para los consumidores y, sobre todo, en la erosión del periodismo local mediante el cierre de redacciones y despidos masivos.

La conexión entre este proceso y las amenazas sobre las licencias no es difícil de trazar. Si los propietarios de cadenas locales saben que la benevolencia regulatoria de la FCC puede influir en la aprobación de sus operaciones corporativas, el incentivo a la autocensura se vuelve económicamente calculable. En ese escenario, el 80% de la televisión local estadounidense podría ajustar sus informativos sin que nadie les haya ordenado formalmente hacerlo. La disciplina no vendría de un decreto, sino de la aritmética.

El tercer vértice de este triángulo añade una dimensión estructural que va más allá de la afinidad política coyuntural. El secretario de Defensa Pete Hegseth, durante su rueda de prensa del viernes sobre la guerra, señaló directamente a CNN, afirmando que “cuanto antes David Ellison se haga con esa cadena, mejor”. Era una declaración sin precedentes: un secretario de Defensa expresando públicamente su preferencia sobre quién debería ser el propietario de un medio de comunicación, y haciéndolo en el contexto de una guerra que ese mismo medio está cubriendo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison —uno de los grandes donantes y aliados de Trump en el mundo tecnológico—, lidera Paramount-Skydance en su proceso de adquisición de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Si la operación se cierra, Ellison controlará CNN, HBO y CBS News simultáneamente.

Lo que más preocupa a los analistas va más allá de la afinidad política. Larry Ellison es el fundador de Oracle, uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense, cuya infraestructura tecnológica gestiona datos críticos para operaciones militares. Si su hijo se hace con el control de CNN —la cadena que más cobertura dedica a los conflictos bélicos internacionales—, el mismo grupo empresarial que suministra tecnología al Ejército decidirá cómo se informa al público sobre las guerras que ese Ejército libra. Algunos analistas lo denominan ya el “complejo militar-tecnológico-mediático”: una concentración de poder informativo, económico y de seguridad nacional en manos de un mismo ecosistema de intereses.

Las señales del cambio editorial ya se perciben. Se han denunciado maniobras para instalar “monitores de sesgo” en las redacciones de cadenas afectadas y se han producido despidos o renuncias de productores veteranos que se negaron a orientar sus reportajes en una dirección determinada.

Hay más razones para temer lo peor. Bari Weiss, nombrada por Ellison editora jefa de CBS News en octubre de 2025, ha generado una crisis profunda en la credibilidad de la cadena al cancelar abruptamente un reportaje de 60 Minutes sobre deportaciones de venezolanos a la prisión CECOT de El Salvador, solo horas antes de su emisión en diciembre de 2025, exigiendo cambios como incluir determinadas voces y evitar términos como “migrantes”.

Esta decisión, calificada por la autora del reportaje, Sharyn Alfonsi, como “censura política” en una comunicación interna, provocó amenazas de dimisiones masivas, filtraciones y acusaciones de sumisión a presiones de la Casa Blanca de Trump, erosionando la reputación de independencia de CBS y 60 Minutes, hasta el año pasado un pilar del periodismo estadounidense.

No faltan motivos para que los más críticos vean en Weiss, fundadora de The Free Press, un portal de noticias "anti-woke", un giro derechista financiado por multimillonarios trumpistas como Ellison, dispuestos a sacrificar estándares éticos por favores políticos.

Tara Puckey, directora ejecutiva de la Radio Television Digital News Association, fue directa en su respuesta a Carr: "Seamos claros: lo que está describiendo es el control gubernamental de la prensa". Aunque, en realidad, ese control no necesita ser directo para ser eficaz. Los regímenes que han conseguido domesticar a los medios raramente comenzaron por la censura formal. Empezaron por crear un clima en el que los propios medios se censuraron. Se llama chilling effect, efecto amordazante: la autocensura que generan las amenazas, aunque jamás se ejecuten.

Carr ha prometido además impulsar políticas en la FCC para “reequilibrar” el panorama mediático, citando como ejemplo su Pledge America Campaign, que insta a las cadenas a emitir contenidos “pro-americanos” para conmemorar el 250 aniversario de la fundación del país. La definición de qué es “pro-americano”, en ese marco, recaería en el propio Gobierno.

La guerra con Irán ha dado a Trump el argumento del patriotismo, uno de los escudos más difíciles de perforar en la cultura política estadounidense. Quien cuestiona la cobertura oficial de un conflicto bélico puede ser presentado como antipatriótico, como alguien que da munición al enemigo o traiciona a los soldados en combate. Es, históricamente, un argumento de enorme eficacia para silenciar voces críticas sin necesidad de prohibirlas formalmente.

Hay comunidades donde los medios son el poder, o cuando menos, una pieza indisociable de él. Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas, lo harán después de haber sido informados, durante años, por un ecosistema mediático cuya estructura de propiedad, cuyas fuentes de financiación y cuyos vínculos con la política regional constituyen uno de los casos más reveladores —y más perturbadores— del estado de la libertad de prensa en España.

El mapa es tan singular que merece ser contemplado en toda su crudeza. La comunidad más extensa del país, con nueve provincias y una dispersión geográfica que convierte el acceso a la información en un reto estructural, carece de televisión pública propia. En su lugar, desde 2009, el servicio lo presta Radiotelevisión Castilla y León S.A. (RTVCyL), una empresa privada cuya propiedad se reparte al 50% entre dos grupos empresariales: Promecal, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, vinculado a la familia del constructor José Luis Ulibarri. Dos rivales que comparten negocio. Dos socios que, más allá de la televisión, dominan el grueso de la prensa escrita y la radio local de la región.

Para entender cómo llegó Castilla y León a este modelo insólito, hay que retroceder al año 2009. El entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, quiso poner en marcha una televisión autonómica en plena gran recesión, pero decidió externalizar completamente su gestión al sector privado. El problema era que los dos grandes grupos mediáticos de la comunidad —Promecal y Edigrup— se disputaban ferozmente la concesión. La solución fue salomónica: obligarles a compartir el pastel al cincuenta por ciento. Así nació una empresa que es privada en su titularidad, pero pública en su función y en gran parte de su financiación.

Las biografías de sus propietarios añaden una dimensión inquietante al análisis. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación. Dos empresarios con condenas por corrupción son, en 2025, los gestores del servicio público audiovisual de una de las comunidades más grandes de España. Y cada año reciben, solo en concepto de subvención para RCyLTV, más de 21 millones de euros de dinero público a pesar de que el promedio de audiencia de sus dos canales es ridículamente bajo.

El flujo de fondos públicos hacia estos grupos no se limita a la televisión. La Junta de Castilla y León destinó 19,4 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Sumados a los más de 21 millones de la subvención a RTVCyL, el dinero de todos que alimenta directamente el ecosistema mediático controlado por Méndez Pozo y Ulibarri supera los 40 millones de euros anuales.

Una cifra disparatada que pone de relieve lo que los estudiosos del fenómeno denominan “captura de medios”: la conversión de los grupos de comunicación en instrumentos al servicio de intereses políticos y empresariales, más que en contrapoderes independientes. Porque ese dinero condiciona lo que publican las cabeceras, de papel y digitales, de los dos empresarios que controlan la televisión autonómica.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detectó que el 60% del gasto en publicidad institucional de la Junta se concentra en la prensa de papel, precisamente el soporte que más audiencia pierde. Para la AIReF, esto equivale a una subvención encubierta destinada a sostener estructuras empresariales a cambio de coberturas favorables. Es el diagnóstico de un organismo oficial que cuantifica la deformación del mercado mediático regional.

Los partidos de la oposición llevan años denunciando lo que consideran una orientación sistemáticamente favorable al PP en los informativos . El PSOE y Ciudadanos apuntan al sesgo en la cobertura del Gobierno regional; Unidas Podemos y Soria ¡Ya! añaden que la cadena blanquea a Vox y sobrerrepresenta a Valladolid en detrimento del resto de provincias.

Sin embargo, y esto es significativo, no constan denuncias de manipulación por parte de los propios periodistas de la cadena. Sus movilizaciones han sido por razones laborales —los sueldos son bajos—, no por presiones editoriales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León nunca ha firmado un pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

En junio de 2025, sin embargo, algo amenazó con poner patas arriba el tablero. Los partidos de la oposición en las Cortes autonómicas —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— lograron imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que ha levantado una polvareda sin precedentes en el sector. La medida estrella de la norma establece que ningún medio podrá recibir de la Junta más del 33% de su facturación anual en concepto de publicidad institucional. Se añade, además, un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido objeto de condenas reiteradas en sentencia firme.

La reacción del sector fue inmediata y contundente. Una plataforma que agrupa a 29 empresas periodísticas y 33 medios de la comunidad —una cifra abultada, pero fácil de reunir a través de los dos grandes grupos hegemónicos— ha impugnado la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando su suspensión cautelar.

Se apoyan en un dictamen del Consejo Consultivo —elaborado a petición de la propia Junta, que se resiste a aplicar la ley— según el cual la norma invade competencias estatales al fijar límites en la contratación y prohibiciones a la hora de percibir fondos públicos. El Colegio de Periodistas, por su parte, advierte de que la ley ya ha provocado los primeros despidos en algunos medios y que, de no modificarse, podría abocar al cierre a numerosas cabeceras muy dependientes de los ingresos institucionales.

La paradoja es reveladora. Una ley pensada para limitar la captura de medios es impugnada por los propios medios. Y el argumento más potente para defenderla —la necesidad de que el dinero público no sirva para comprar cobertura favorable— choca con la realidad de que muchos pequeños medios locales han construido su modelo de negocio sobre esa dependencia. La reforma toca un nudo gordiano: si se aplica, puede limpiar el sistema, pero destruir parte de su tejido; si no se aplica, el statu quo de la captura mediática se perpetúa.

Todo este entramado cobra especial dimensión cuando se analiza cómo consumen información los ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el contexto electoral. Uno de los territorios por excelencia de la España vaciada, lo que signidficia dispersión, envejecimiento y muchos municipios de menos de mil habitantes.

En el ámbito digital, el Diario de León (Edigrup) se ha consolidado como el periódico más leído de la comunidad con 64.000 lectores diarios, superando al histórico El Norte de Castilla (Vocento), con 62.000. En el universo online, las cifras del Diario de León alcanzan los diez millones de páginas vistas mensuales. La televisión regional —CyLTV— tiene una penetración del 79,3%, pero su audiencia efectiva es "residual", con cuotas que rondan el 1,1% para La 7 y el 0,7% para La 8. Un medio con tan escasa audiencia acapara más de 21 millones de euros anuales de financiación pública.

Aquí son las cadenas estatales las que lo dominan todo. Manda la conservadora Antena 3, con datos extraordinarios, en particular en los espacios informativos, tan importantes para dominar el debate político. Le sigue La 1 de TVE, aunque a cierta distancia todavía.

Pero la fotografía más preocupante llega cuando se analiza la brecha entre el mundo urbano y rural. En los municipios de menos de 5.000 habitantes —que en Castilla y León representan la mayoría del territorio, aunque no de la población—, el acceso a internet es un 10% inferior a la media nacional. La desigualdad es especialmente drástica en redes profesionales: el acceso a LinkedIn es un 38% menor en el mundo rural. Un 35,5% de la población rural asegura no consumir nunca vídeos en línea.

En ese contexto, la radio y la televisión siguen siendo los pilares informativos y de cohesión social de la España interior. Y la radio, cuyo mercado está dominado por las cadenas nacionales SER, COPE y Onda Cero a través de desconexiones locales gestionadas precisamente mediante acuerdos con Promecal y Edigrup, cierra el círculo de un ecosistema mediático donde los dos mismos grupos empresariales están presentes en todos los soportes relevantes.

Hay, sin embargo, una presión externa que puede forzar una transformación que la política regional no ha sido capaz de impulsar desde dentro. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de cumplimiento venció en agosto de 2025, introduce un concepto que dinamita el escudo jurídico de CyLTV: el de "proveedor de servicios de comunicación social de servicio público". La definición no atiende a quién es el propietario, sino a qué función cumple el medio y cómo se financia.

CyLTV cumple ambos criterios: tiene encomendada una misión de servicio público mediante contrato con la Junta y recibe financiación pública para cumplirla. Por tanto, le es de aplicación el reglamento europeo en todos sus apartados.

Esto implica, entre otras cosas, que la financiación deberá dejar de ser una subvención anual —que puede usarse como palanca de presión política— para convertirse en un modelo plurianual basado en criterios claros y transparentes. Que los nombramientos de directivos tendrán que realizarse mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios. Que la estructura de propiedad deberá hacerse pública con detalle de los beneficiarios finales.

En la práctica, esto supondría sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo. Y obligaría a proteger la independencia de los periodistas mediante estatutos de redacción y consejos de redacción efectivos, al margen de los intereses de la propiedad y del Gobierno regional.

Este domingo, los ciudadanos de Castilla y León votan con toda esta arquitectura invisible de fondo. La información que les ha llegado durante la campaña ha transitado por canales cuya independencia es, como mínimo, discutible. Los principales prescriptores de la agenda política son medios que dependen financieramente de la Junta, que son propiedad de empresarios con condenas judiciales y que operan en un entorno regulatorio que se debate entre la reforma y la impugnación.

No es un problema exclusivo de Castilla y León —la captura mediática tiene expresiones en muchas comunidades autónomas— pero sí es en esta región donde el modelo alcanza una forma más cristalina y más extrema: una televisión autonómica privada, gestionada por dos condenados por corrupción, subvencionada con más de 21 millones de euros anuales sin un control parlamentario efectivo, con informativos acusados de sesgo sistemático y sin que los propios periodistas que trabajan en ella hayan elevado queja alguna por presiones editoriales.

Conviene recordar que el silencio de los periodistas no es necesariamente garantía de independencia. Puede ser también la señal más elocuente de hasta dónde llega la normalización de lo que, en cualquier democracia mediática sana, sería considerado inaceptable. La reforma llegará, quizás, de la mano de Bruselas. Lo que no llegará sola es la rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido durante décadas en el ecosistema mediático de la comunidad más grande de España.

Telecinco no encuentra su lugar. El principal canal de Mediaset, el grupo audiovisual controlado por los herederos de Silvio Berlusconi, que durante años fue líder de audiencia en nuestro país, cerró 2025 con sus peores cifras de audiencia (9,4%) y su cuarto récord negativo consecutivo, según Kantar Media.

El año 2026 no ha empezado mejor. Telecinco ha promediado hasta este jueves un raquítico 8,3%, en torno a cuatro puntos porcentuales por debajo de Antena 3 y La 1. Y eso que su programa estrella hasta este momento, La isla de las tentaciones, consigue cuotas del 20%.

En las mañanas, sin embargo, la audiencia no responde. La decisión de devolver a Ana Rosa Quintana a esta franja horaria, después de fracasar en las tardes, solo ha conseguido medias de audiencia del 12%, por debajo de sus rivales en Antena 3 y La 1 de RTVE. Pero no es solo la otrora reina de las mañanas la que no tira de la cadena: los programas La Mirada Crítica, conducido por Ana Terradillos, y Vamos a ver, presentado por Patricia Pardo —ambos también de la productora de la que Quintana es propietaria—, tienen cifras incluso peores, en torno al 9% y el 8% en las últimas semanas.

Así que, en busca de un cambio de tendencia, los responsables de la cadena han decidido resucitar un formato que consideran una apuesta segura. El concurso El precio justo, presentado por Carlos Sobera, volverá a antena el próximo lunes justo antes del informativo de las 15.00 horas, con el objetivo de competir con La ruleta de la suerte, uno de los programas con más seguidores de las mañanas de Antena 3, y con el tramo final de Mañaneros 360 (La 1). El reto no es pequeño: en 2021 el programa fue cancelado, incapaz de batir a Pasapalabra (Antena 3).

Los damnificados por este reajuste son dos programas de la factoría Ana Rosa. El que presenta ella misma verá recortada su emisión en 40 minutos (se emitirá de 8.55 a 12.45 h) y, sobre todo, Vamos a ver, que de una hora y media pasará a durar apenas 60 minutos (de 12.45 a 13.45 h).

El recorte en El Programa de AR certifica el fracaso de la decisión tomada por la cadena hace ahora un año, cuando resolvió devolver a Quintana de la tarde a la mañana, tras cosechar cifras muy bajas de audiencia en esa franja horaria (7,7%).

Estuvo en ese lugar desde septiembre de 2023, tras casi dos décadas como reina de las mañanas en abierta competencia con Susanna Griso en Antena 3, aunque casi siempre un punto por delante. Pero en su regreso a la franja matutina no solo no ha podido con Griso, sino que está por detrás de La Hora de La 1, de Silvia Intxaurrondo, y de Mañaneros 360, que presentan Javier Ruiz y Adela González.

La decisión de los responsables de la parrilla de Telecinco tendrá necesariamente consecuencias en la cuenta de resultados de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content SL, una empresa que vive sobre todo de lo que se emite a través del canal de Mediaset. Además de los citados El Programa de AR, La Mirada Crítica y Vamos a ver, Telecinco tiene en su parrilla en estos momentos otras dos producciones de Unicorn: El Tiempo Justo, que se emite por las tardes y apenas consigue superar el 8% de cuota de pantalla, y Fiesta, un magacín de fin de semana cuya audiencia tampoco ha conseguido destacar por encima de la media de la cadena.

Ha sido con estos programas con los que Unicorn ha conseguido cerrar 2025, por cuarto año consecutivo, como la productora con más horas emitidas en las cadenas privadas de televisión lineal en España (sin contar autonómicas y temáticas), hasta contabilizar un 19,3% del total.

Pero el recorte de sus emisiones matutinas, al que pueden seguir otros en los próximos meses a medida que Telecinco vaya ensayando cambios que le permitan detener la sangría de telespectadores que sufre desde hace varios años y que ya afecta considerablemente a sus ingresos publicitarios, amenaza con poner fin a esa hegemonía en favor de su gran rival en la cadena, la productora Mandarina.

Esta empresa, propiedad de Santiago Botello, Pedro Revaldería y la propia Mediaset, es la principal competidora de Unicorn, con un 10% de horas de emisión en las cadenas privadas españolas. Y no para de crecer. En 2023 era la quinta de España en horas de emisión, según la agencia de análisis de audiencias Dos30, y dos años después ya es la segunda.

Hace apenas un año, Unicorn, con un 21% de horas de emisión, superaba a Mandarina en 13,3 puntos porcentuales. Hoy esa distancia, antes de los cambios que comenzarán en Telecinco el próximo lunes, se ha reducido sustancialmente (hasta 9,3 puntos).

En tercer lugar está La Cometa TV, con un 8,4%, productora propiedad de Eurostar Mediagroup, de la que forman parte las empresas de estudios de mercado Sigma Dos y que preside el empresario Gerardo Iracheta.

Los cambios en las mañanas solo inauguran lo que viene. Mediaset trabaja en nuevos y viejos formatos de telerrealidad y ha entregado sus informativos a la empresa Secuoya en un intento de revitalizar también esa parte de su oferta, que se mueve entre el 7% y el 8% de audiencia, también muy por detrás del Telediario 1 (15,5%) y, sobre todo, de Antena 3 Noticias 1, con un extraordinario 24,1%.

Al frente del informativo estrella sigue Carlos Franganillo, fichado por Mediaset en noviembre de 2023 para relevar a Pedro Piqueras y relanzar, hasta ahora sin éxito, la audiencia de este espacio. 

La tarea no es sencilla y la falta de medios, evidente. En lo que va de año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo independiente que tiene encomendada la supervisión del sector audiovisual español en general y de los contenidos que emiten las emisoras de televisión en particular, ha difundido 42 resoluciones tratando de distinguir quién cumple y quién no las obligaciones establecidas por ley en 2022.

La forma de trabajar de la CNMC no parte del visionado de todas las emisiones de televisión en España, sino que se limita a responder a las quejas que le llegan, casi todas de ciudadanos particulares que reclaman al supervisor que, por distintos motivos, castigue a las televisiones —públicas y privadas—. ¿En el punto de mira? Emisiones relacionadas con el sexo, la publicidad o la violencia. Pero también subtitulados de mala calidad o, incluso, asuntos tan menores como un retraso de 45 minutos en la emisión de dos programas.

Al supervisor español, uno de los pocos del continente no dedicado exclusivamente a esta tarea, le corresponde vigilar el cumplimiento de los principios que rigen la comunicación audiovisual en España. Todos los prestadores —públicos y privados— deben respetar la dignidad humana, la Constitución y los derechos fundamentales. Lo que significa que tienen vedado, específicamente, incitar a la violencia, al odio o a la discriminación por cualquier condición personal o social, y que están obligados a proteger el honor, la intimidad y la propia imagen, así como a respetar el derecho de rectificación. También está prohibida cualquier incitación pública a cometer delitos, en especial los vinculados con terrorismo, pornografía infantil o discursos de odio, siempre de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.

El marco legal se supone que también obliga a la CNMC a garantizar el pluralismo informativo, promoviendo la existencia de una oferta diversa de medios —públicos, privados y comunitarios— que refleje la pluralidad ideológica, política, cultural y lingüística del país. Una diversidad que, sobre el papel, debe plasmarse tanto en la variedad de contenidos como en la programación, especialmente en el caso de los servicios públicos.

En cuanto a los informativos, la ley audiovisual vigente, reformada por el Gobierno de Pedro Sánchez hace apenas tres años, obliga a las emisoras a cumplir con su deber de veracidad, objetividad e imparcialidad en noticiarios y programas, asegurando la diferenciación entre hechos y opiniones y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre los asuntos de interés general.

La realidad es que la CNMC, condicionada por su método de trabajo y a diferencia de lo que pasa en otros países, apenas entra en ese análisis. En lo que va de año, por ejemplo, ha difundido 42 resoluciones relacionadas con emisoras de televisión en abierto, ninguna de ellas por iniciativa propia, sino en respuesta a escritos presentados casi siempre por particulares (un método no siempre productivo, porque le obliga a ocuparse y tramitar denuncias a menudo descabelladas con el mismo rigor que otras que sí tienen fundamento). La inmensa mayoría (39) tienen que ver con las televisiones privadas: 19 del grupo Atresmedia (Antena 3, La Sexta y Neox) y 20 del grupo Mediaset (Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity y Boing).

Casi todas las resoluciones son archivos de las denuncias presentadas. Y apenas una minoría se corresponde con multas, señalamientos por comportamiento inadecuado o comunicación de sentencias que ponen fin a un contencioso (cuando la CNMC condena a una televisión a pagar una sanción, la emisora puede recurrir a la justicia ordinaria) que suele remontarse años atrás. Lo que sigue es el análisis que ha llevado a cabo infoLibre del contenido de esas resoluciones.

De las once resoluciones dictadas por la CNMC sobre La Sexta, a partir de quejas o denuncias planteadas por telespectadores, cuatro son multas y siete archivos.

Las multas tienen que ver con la emisión de publicidad encubierta en dos casos y con la emisión de contenidos que el regulador considera contrarios a la ley en otros dos particularmente significativos.

El primero fue la emisión del asesinato de un soldado ucraniano en el programa de infoentretenimiento Al Rojo Vivo, que se difunde por las mañanas. El otro fue la difusión, en un informativo de La Sexta Noticias, de lo que el regulador considera imágenes demasiado explícitas de la violencia en el conflicto en Gaza.

Las quejas archivadas combinan denuncias estrambóticas —como una que pretendía considerar “publicidad subliminal sexual” que, en una toma del programa La Sexta Clave, la cabeza del presentador tapase el nombre del programa, dejando a la vista únicamente las letras “Sex”— con otras más resbaladizas.

Un buen ejemplo es la denuncia que señaló a La Sexta Xplica porque uno de los invitados, en el contexto de un debate sobre la vivienda, llamó a los jóvenes a quemar contenedores para protestar por el problema, mientras otro invitado alentaba a okupar viviendas. La CNMC se dio por satisfecha porque el conductor del espacio pidió expresamente que no se hiciesen llamamientos a comportamientos ilegales.

El mismo criterio siguió el regulador para no castigar a Aruseros porque algunos de sus colaboradores elogiasen los vientres de alquiler, una práctica prohibida en España. O la difusión, en un informativo, de un libro en el que, según la presentadora, un veneno permitió a las mujeres “liberarse” de sus maridos, algo que el autor de la queja considera “casi una apología del asesinato”.

Las denuncias archivadas reflejan además la preocupación de la gente por la emisión de contenidos mal etiquetados por edades (sobre todo relacionados con el sexo) o la mala calidad del subtitulado.

Antena 3, el buque insignia de Atresmedia, grupo al que también pertenece La Sexta —propiedad, a su vez, de una alianza entre el grupo español Planeta y el italiano De Agostini—, solo fue objeto de una multa en lo que va de año. Con ella, la CNMC castigó la emisión de imágenes que considera demasiado explícitas sobre el conflicto en Gaza.

El resto de las resoluciones fueron archivadas. La mayoría, relacionadas con menores y emisiones que los reclamantes creen que podrían ser perjudiciales para ellos, normalmente por tener relación supuestamente con relaciones sexuales, algo que el regulador consideró infundado.

Otras fueron tan peculiares como una que se quejaba por el retraso en la emisión de dos programas anunciados en la programación de la cadena, que salieron a antena con 45 minutos de demora.

Lo que sí motivó un pronunciamiento de comportamiento inadecuado por parte de la CNMC, si bien sin propuesta de multa, fue la emisión en Neox —también de Atresmedia— de un episodio de la serie de animación Los Simpson que un espectador consideró demasiado violento para la calificación de edades fijada por la cadena.

En este caso, la CNMC contabilizó doce resoluciones. La más relevante de ellas es la comunicación de la sentencia definitiva condenando a la emisora por una emisión de Sálvame de 2014 —hace 11 años— en torno a Rocío Carrasco. Pero también hay un castigo —como en el caso de La Sexta y Antena 3— relacionado con Gaza, en este caso por la emisión de una ejecución como parte de un espacio de noticias.

El resto de las quejas contra esta emisora no prosperó. La mayoría tenían que ver con supuestas amenazas a menores de edad por la emisión de contenidos promocionales de programas como La isla de las Tentaciones.

Otros denunciaban el exceso de minutos de publicidad, reclamaban derechos de autor por la emisión de un vídeo de redes sociales o por aparecer en un aeropuerto durante una protesta por cancelación de vuelos.

También hay aquí denuncias singulares. Como la de un particular que exigía castigar a Supervivientes porque el presentador había supuestamente “cosificado” a un concursante al referirse a sus pectorales como “tetas”.

Del mismo grupo, el regulador archivó otras tres quejas de cadenas satélite: una sobre un supuesto desprecio a la adopción de niños como parte de un episodio de la serie infantil Doraemon (Boing), y las otras dos relacionadas con contenido sexual supuestamente inapropiado en un capítulo de la serie La que se avecina (FDF) y en un anuncio de perfume (Divinity).

Esta emisora, parte también del grupo Mediaset –propiedad de los herederos de Silvio Berlusconi, bien relacionados con el Gobierno italiano presidido por la neofascista Giorgia Meloni–, mereció hasta cuatro quejas, una de las cuales ha acabado en multa por incluir publicidad en un programa.

De las otras tres, todas archivadas, dos son claramente menores (un anuncio de preservativos en horario supuestamente inadecuado y una película violenta en horario teóricamente protegido).

Es la tercera la que tiene más interés. Se refiere a una emisión del programa Horizonte, dirigido y presentado por Iker Jiménez y su esposa, Carmen Porter. La queja hacía referencia a las declaraciones de un invitado difundiendo bulos y animando a utilizar la violencia contra los migrantes: “Un delincuente es delincuente, sea español, sea moro o sea chino (…). Nosotros nos chuparemos nuestros propios malos, pero no nos vamos a chupar los malos de todos los países”.

“Hay otra manera de hacer las cosas (…)”, decía. “Los políticos europeos de los últimos 30 años (…) os educaron en rechazar y repeler la violencia (…). Y después de quitaros el derecho de defensa y la posibilidad de defenderos, soltaron lobos por vuestros barrios y por vuestros pueblos”. “Si los cuerpos policiales no pueden hacer nada porque se lo impide la autoridad, los ciudadanos nos defenderemos. Yo me defenderé”, advirtió.

Una declaración que, sin embargo, la CNMC no consideró sancionable y situó en el marco del ejercicio de la “libertad de expresión”. Algo que “no puede entenderse como un discurso intolerante contra la inmigración” y que no recibió el respaldo de los responsables del programa.

Las resoluciones del regulador en lo que va de año también alcanzan a los medios públicos estatales, aunque en menor medida. La más relevante es la confirmación de sentencia firme, en los tribunales, contra La 1 por la emisión de publicidad encubierta en los programas MasterChef y MasterChef Junior emitidos en 2016.

Otras dos quejas fueron archivadas: una contra el ya cancelado 59 Segundos por supuesta transfobia y la otra contra el magacín La Revuelta por publicidad encubierta en relación con una enorme pala de pádel.

El pasado mes, Antena 3, con un 13,1 % de cuota de pantalla, se mantiene como cadena líder, mientras que La 1, con el 12,3 %, ocupa la segunda posición y registra su mejor octubre de los últimos 14 años. Telecinco se sitúa en tercer lugar, con el 9,4 %, y el cuarto puesto es para las autonómicas, con una cuota del 8,4 %.

Según el informe mensual de octubre del comportamiento de los espectadores en televisión de Barlovento Comunicación publicado este sábado, la emisión más vista del mes fue el partido de fútbol para la clasificación del mundial España-Bulgaria, emitido en La 1 el 14 de octubre, que logró un 30,1 % de cuota de pantalla y 3,8 millones de espectadores.

El minuto de oro se produjo, concretamente, durante esa emisión (a las 22:18 horas) con una audiencia de 4,4 millones.

En la clasificación de audiencia de las cadenas en abierto, el quinto y sexto lugar lo ocupan, respectivamente, LaSexta (5,9 % de cuota) y Cuatro (5,8 %).

Los informativos diarios más vistos en España siguen siendo los de Antena 3, que se mantienen ininterrumpidamente como los de mayor audiencia desde hace 6 años y 10 meses, con una media de 1.928.000 espectadores y 19,4 % de cuota de pantalla.

El tiempo de consumo diario por espectador (los que ven la televisión cada día) fue de 274 minutos, 12 menos que octubre de 2024.

Según el informe, en octubre se detectaron 43 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,4 % de la población.

De hecho, 26,9 millones de españoles -el 57,1 % de la población- ven cada día la televisión tradicional al menos durante un minuto.

Por el contrario, hay 4 millones de 'telefóbicos', el 9 % de la población, que no la vio en ningún momento el pasado mes.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen la televisión son los mayores de 64 años, que la ven 307 minutos por día, y las mujeres, que lo hacen 169 minutos diarios.

Por regiones, destacan Asturias, con 189 minutos de consumo diario, y Galicia, con 185 minutos.

El tiempo de consumo híbrido de la televisión (otros consumos audiovisuales como las plataformas de 'streaming', de vídeo, contenidos grabados, juegos o radio fue de 52 minutos por persona al día, dos minutos más que el año pasado.

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usó el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional, fue de 3.430.000 espectadores.

Respecto a las cadenas autonómicas, Aragón TV encabeza el 'ranking' con una cuota de pantalla en sus ámbitos de emisión del 15,1 %, seguida de TV3 (con el 14,1 %) y Canal Sur (con el 9,3 %).

A estas le siguen ETB2 (8,1 %), TVG (7,7 %), CMM (6,2 %), TVCAN (6,2 %), Telemadrid (5,1 %), IB3 (4,7 %) y Canal Extremadura TV (4,1 %), entre las diez primeras.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11 % de cuota, siendo la más vista Dazn LaLiga (0,5 %), Laliga TV por M+ (0,3 %) y Star Channel (0,2 %).

Algo está pasando en el mercado publicitario. Hace años que la televisión lineal en abierto —la que no permite a los espectadores elegir los contenidos y llega a los hogares fundamentalmente a través de la TDT— está perdiendo audiencia, sometida a la presión del consumo en streaming y de la competencia de otros usos del televisor, como las consolas de videojuegos. Pero esta tendencia no se había traducido nunca en pérdida de ingresos publicitarios. Hasta ahora.

El informe de InfoAdex –empresa española especializada en el control, análisis y seguimiento de la inversión publicitaria en medios– correspondiente a los seis primeros meses de 2025 asegura que la televisión, aunque sigue ocupando la primera posición por volumen de inversión publicitaria, ha experimentado por primera vez en años un decrecimiento del -5,9%, hasta sumar 886,1 millones de euros (55,5 millones menos que en el mismo período de 2024). De controlar el 32,5% de la tarta publicitaria nacional, las televisiones han pasado al 30,6%.

En televisión lineal, la caída es aún más significativa: -8,3%. Los grandes grupos privados (Atresmedia y Mediaset España) caen alrededor de un -8%/-9%. Las autonómicas bajan apenas un -0,3%, y los canales de pago, un -4,2%.

Este informe es el principal estudio anual sobre la inversión publicitaria en España. Se publica desde hace más de dos décadas y es una referencia para entender la evolución del mercado publicitario, tanto para medios de comunicación como para agencias, anunciantes y administraciones.

La tendencia es opuesta a la registrada el año pasado. Entonces, la televisión consiguió incrementar un 2,1% sus ingresos por publicidad. La pérdida de estos ingresos en los seis primeros meses de 2025 contrasta con la evolución del total del mercado publicitario, que, si bien parece haberse estancado, apenas bajó un 0,3% en el primer semestre, alcanzando una cifra de 2.892,2 millones de euros, frente a los 2.900,4 millones del período enero-junio de 2024.

Lo más llamativo, en todo caso, son los datos de los meses de julio y agosto, los últimos publicados por InfoAdex. En el mes de julio, la caída de la inversión publicitaria en televisiones, en comparación con el mismo mes de 2024, fue del 10%, y en agosto, del 15,3%. Es verdad que InfoAdex registra una caída general (-2,1% en julio y -2,2% en agosto), pero las cifras de televisión son, con mucho, las más acusadas. De hecho, las revistas (con un 7%) y los sitios de Internet que no son soportes digitales de los medios —entre los que está YouTube (con un 11%)— crecieron sin problemas en julio y confirmaron esta tendencia en agosto.

Según los datos de 2024, la inversión publicitaria total en España fue de 13.080,8 millones de euros, un 3,8% más que el año precedente. Los medios controlados (televisión, radio, prensa, etc.) representaron el 47,3% del total, con 6.186,8 millones de euros (+4,2%). Los medios estimados (como marketing telefónico, patrocinio, emailing, etc.) aportaron el 52,7% restante, con 6.894 millones de euros (+3,4%).

Por detrás de la televisión, que en 2024 se llevó el 30,0% de la inversión en medios controlados, están los buscadores (977,2 millones y un incremento del 2,7%), las redes sociales (856,3 millones, +8,5%), los diarios y dominicales (749,1 millones, -3,7%), la radio y el audio digital (575,2 millones, +7,4%), los sitios de Internet que no son soportes digitales de los medios —entre los que está YouTube— (502,4 millones, +17,7%), los soportes de exterior (432,0 millones, +6,2%), las revistas (214,2 millones, +1,7%) y el cine (23,2 millones; +13,6%).

La acusada pérdida de ingresos publicitarios, si no se corrige en lo que queda de año, representa un problema para las cadenas privadas, muy dependientes de los anuncios. A ello hay que añadir el auge de los canales de TVE (La 1, La 2, 24 Horas y, desde hace pocas semanas, 2Cat).

Las cadenas públicas españolas no compiten por publicidad —no pueden emitirla por ley—, pero cuando aumentan su cuota de audiencia suelen hacerlo a costa de las privadas. Eso significa que los anuncios que aparecen en Antena 3, Cuatro, La Sexta o Telecinco tienen menos valor, porque llegan a menos público. Es lo que los anunciantes llaman coste por impacto publicitario (CPI), que se utiliza para medir la eficiencia de la inversión publicitaria: cuánto cuesta que una persona (o mil personas) vea un anuncio en televisión.

El CPI afecta al reparto de la tarta publicitaria. Si aumenta en televisión (porque hay menor audiencia o mayor saturación), los anunciantes tienden a migrar a medios digitales, donde el coste por impacto suele ser menor y la segmentación más precisa.

En España, el coste por impacto televisivo ha ido aumentando en las cadenas privadas por la pérdida de audiencia lineal y por la presión de RTVE, que gana cuota sin depender de ingresos publicitarios. Además, las plataformas digitales y el streaming ofrecen una competencia feroz: permiten segmentar y medir mucho mejor la eficacia, reduciendo el atractivo del coste por impacto televisivo tradicional.

Una consecuencia adicional e inesperada del retroceso de los ingresos publicitarios de la televisión es que puede hacer menos atractivo el concurso convocado por el Gobierno para hacerse con una nueva licencia de televisión en abierto, para el que ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Quedan poco más de tres semanas (el plazo finaliza el 20 de noviembre) y, de momento, nadie ha confirmado que vaya a presentarse.

Un mercado publicitario en retroceso alimenta la incertidumbre sobre la rentabilidad futura del sector, entre otras cosas porque un proyecto de TDT necesita entre tres y cinco años para amortizar la inversión inicial. Muchos potenciales socios tecnológicos o financieros observan que la TDT es ya una tecnología en fase de declive y ven más futuro en el streaming.

La 1 de Televisión Española (TVE) está dando la batalla por el liderazgo en la audiencia de televisión en España con cifras que, algunos días, superan a Antena 3 (propiedad de la alianza hispano-italiana Planeta-De Agostini). La principal cadena privada destronó hace cuatro años a Telecinco, en manos de Mediaset (controlada a su vez por los herederos del fallecido político populista italiano Silvio Berlusconi). Los informativos, sin embargo, son otra historia.

Los datos de audiencia permiten sacar dos conclusiones. La primera es que los informativos de La 1 de TVE ganan terreno en todas las franjas horarias y consiguen recortar la ventaja de Antena 3. La segunda, que la cadena privada mantiene su liderazgo en la sobremesa y el prime time informativo, aunque no en la franja horaria matinal, en la que La 1 ha tomado la delantera.

Todos los informativos de la televisión pública ganan audiencia, especialmente los Telediarios de sobremesa y prime time, mientras Telecinco y laSexta continúan su progresivo retroceso.

Si nos fijamos en los datos de este lunes, medidos por Kantar Media, Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe al frente, mantiene en la sobremesa un liderazgo más que sólido con un 23,9% de cuota y 2.181.000 espectadores, 1,8 puntos por encima de las cifras de hace un año. Sin embargo, el dato más significativo es el avance del Telediario 1, presentado por Alejandra Herranz, que sube más de tres puntos en solo un año, hasta el 13,8%, y gana 234.000 espectadores, recortando buena parte de la distancia con Antena 3.

Una tendencia que, en parte, obedece al efecto arrastre de Mañaneros360, el programa de infoentretenimiento de Javier Ruiz y Adela González, uno de los grandes éxitos de la nueva parrilla de La 1, con un 16,5% de espectadores este lunes. El resultado es que Herranz ha conseguido reducir en 1,3 puntos la ventaja de Antena 3.

En contraste, Informativos Telecinco 15h (10,4%) y laSexta Noticias 14h (8,9%) pierden algunas décimas de seguimiento en comparación con los porcentajes que registraban hace un año.

El prime time confirma esta tendencia. Antena 3 Noticias 2, de la mano de Vicente Vallés, mejora su liderazgo en el último año hasta alcanzar, este lunes, un 19% de cuota de audiencia y un total de 2.189.000 espectadores. Sin embargo, el Telediario 2, presentado por Pepa Bueno, ha conseguido aumentar 2,3 puntos su audiencia en comparación con el que conducía en 2024 por estas fechas Marta Carazo. Gana 221.000 espectadores (casi 70.000 más que su rival), alcanzando el 12,9% de cuota.

El Telediario 2 se beneficia también del efecto arrastre del programa que le precede, Aquí la Tierra, con un 13,6% de cuota el pasado lunes. Un espacio que está mejorando en número de espectadores, pero que está aún lejos de las cifras que alcanza el popular concurso Pasapalabra (20,6%), que empuja la audiencia del informativo de Vicente Vallés en Antena 3.

TVE está aún lejos del dominio de Antena 3, pero la televisión pública consolida una recuperación sostenida que reduce cuatro décimas la diferencia con la privada. Telecinco (8,2%) y laSexta (7,6%), en cambio, siguen en retroceso. Noticias Cuatro 2 mejora ligeramente hasta el 5,1%.

En la franja matinal, el consumo total de televisión desciende, pero el Telediario Matinal de La 1 se mantiene líder con un 16,5% de cuota, consolidando su posición frente a Antena 3 (12,6%) y Telecinco (8,9%), según datos registrados este lunes. En un año, el espacio informativo de la pública, que copresentan Álex Barreiro y Lorena Baeza, ha conseguido aumentar su ventaja en nada menos que ocho décimas. De hecho, el matinal es el único espacio informativo diario de Antena 3 que pierde terreno.

Por cadenas, después de unos primeros quince días de octubre muy prometedores para TVE, el duelo por el liderazgo entre La 1 y Antena 3 ha vuelto a inclinarse del lado de la privada, que va ganando por unas décimas (12,8% frente a 12,5%). Y eso que La Revuelta (David Broncano) consiguió este lunes derrotar a El Hormiguero (Pablo Motos), con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como invitado estrella (14,8% frente a 13,8%).

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España. Después de cuatro años de dominio incontestable de Antena 3, la cadena controlada por la alianza entre los grupos Planeta y De Agostini, propiedad de la familia española Lara y la italiana Drago, los datos de la cadena pública coquetean con la posibilidad de volver a la primera posición de la tabla, un lugar que perdió hace quince años.

En los primeros quince días de octubre, La1 alcanzó una cuota de audiencia del 12,9%, una décima por encima de Antena 3, con dos días de picos muy notables que el viernes de la semana pasada llegaron al 16,2%, según datos de Kantar Media a los que ha tenido acceso infoLibre. La cadena pública ha hecho nada menos que 2,4 puntos porcentuales más que en las mismas fechas de 2024 y lo ha conseguido a pesar de que Antena 3 también ha mejorado dos décimas en comparación con el año pasado. Caen un punto La Sexta y cuatro décimas Telecinco. La2 gana tres décimas; Cuatro, dos; y el conjunto de las autonómicas se mantiene.

Marta Rodríguez Castro, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago (USC), atribuye enteramente estos buenos datos a la estrategia desplegada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y su equipo. “Han apostado por jugar con las mismas cartas que sus competidores y han demostrado que pueden ser igual de habilidosos. El fichaje de rostros conocidos y consolidados, así como la apuesta por la información sin renunciar al entretenimiento de calidad, han sido factores fundamentales”.

La profesora de la USC reconoce que, en parte, TVE se ha beneficiado de la caída de audiencias de Telecinco, pero destaca que detrás del éxito de la cadena pública están también las decisiones de “actuar con cierto orgullo de servicio público, poniendo en valor su programación, enfrentándose de forma directa a Atresmedia y desprendiéndose de los estigmas que tradicionalmente habían perseguido a la corporación”, entre ellos la poca capacidad para innovar o para ofrecer contenidos atractivos para las audiencias.

“Habrá que continuar analizando la evolución de esta estrategia que, más allá de impulsar los datos de audiencia del medio público (objetivo que está consiguiendo), debe también conjugar los valores asociados al servicio público”, como la independencia, la universalidad, la diversidad o la rendición de cuentas. “Necesitamos análisis más cualitativos que nos permitan valorar si se está cumpliendo también con esta parte”, concluye Rodríguez Castro.

El éxito de La1 se asienta sobre el rendimiento de programas que compiten de tú a tú en sus franjas horarias con otros que han sido líderes en el pasado y con otros que todavía lo son algunos días. Desde La hora de la 1 (Silvia Intxaurrondo, con cifras por encima del 20%) a Mañaneros360 (Javier Ruiz y Adela González), pasando por Directo al Grano (Marta Flich y Gonzalo Miró) y Malas Lenguas (Jesús Cintora). Pero también se apoya en la buena respuesta del público a formatos de entretenimiento puro como La Revuelta (David Broncano), Futuro Imperfecto (Andreu Buenafuente) o el concurso Cuánto, cuánto, cuánto (Eva Soriano y Aníbal Gómez), además de las series de ficción Valle Salvaje, La Promesa y Sin Gluten.

La 1 crece en todas las comunidades autónomas, pero en particular en algunas de las gobernadas por el PP, como Aragón (2,7 puntos), Balears (2,7), Madrid (2,6) o Andalucía (2,3), además del bloque que Kantar Media califica como resto de España, formado por Extremadura, La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,5 puntos).

El avance de La1 es particularmente llamativo en la Comunidad de Madrid, en la que, en los quince primeros días de octubre, ha alcanzado una cuota del 17,3% (2,6 puntos porcentuales más que el año pasado en las mismas fechas). Son casi seis puntos más que su inmediata perseguidora (Antena 3) y un 226% más que la audiencia de TeleMadrid, la cadena pública controlada por Isabel Díaz Ayuso, que sigue estancada en un 5,3%, sólo por delante de La2.

No es la única comunidad con televisión en manos del Partido Popular en la que La1 está liderando y mejorando su presencia. En la Región de Murcia firmó una cuota del 14,7% (cinco décimas más que hace un año), arrebatando el primer puesto a Antena 3 (que está en un 14%; una caída de 1,1 puntos). Aquí, la autonómica 7TV está en un 3,8%.

En Galicia ha pasado lo mismo. La1 ha batido a su rival privada con un 11,7% de audiencia en la primera quincena de octubre (1,9 puntos más que en 2024). Antena 3 ha retrocedido aquí 1,2 puntos y la Televisión de Galicia (TVG), bajo un férreo control del Partido Popular desde los tiempos en que Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta, ha caído al 7,9% (casi dos puntos menos que hace un año).

La1 también se ha hecho con el liderazgo en Illes Balears con un espectacular 12,8% de cuota de pantalla (2,7 puntos más que hace un año). Y eso que en esta comunidad Antena 3 resiste (mantiene un 11,6%, aunque ahora en segundo lugar). La autonómica IB3, dominada por el PP, marcó un 5,1% en el mismo período.

La cadena pública domina también las cifras de audiencia en Navarra con un 16,2% (4,5 puntos porcentuales más que hace un año en las mismas fechas), muy por encima de la segunda (Antena 3, con un 12,7%). Y en el País Vasco, donde ha pasado en un año del 11,1 al 14,1%. En esta comunidad, Telecinco es segunda, con un 8,9%, aunque ha perdido tres décimas, seguida de cerca por Antena 3 (8,8%). ETB2, la emisora autonómica en español, cierra con un 8,3% (cuatro décimas más que en 2024).

En Extremadura, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, que Kantar Media audita bajo el mismo epígrafe, La1 también supera a Antena 3 al pasar de un 12,7 a un 16,2% de audiencia (nada menos que 3,5 puntos adicionales). La cadena de Planeta cae con fuerza en el mismo período en la misma zona (de un 14,5 a un 12,5%).

En Andalucía, Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, comunidades también con televisiones autonómicas al servicio del Partido Popular (y en algunos casos de Vox), La1 también ha mejorado sustancialmente, pero todavía no ha conseguido el liderazgo.

En territorio andaluz domina con autoridad Antena 3 (14,3%, una décima más que hace un año), pero el avance de La1 es enorme: ha pasado de un 8,1 a un 10,3% (2,3 puntos más) y progresa del cuarto al segundo puesto, empatada con Telecinco. La autonómica Canal Sur firmó un 9,1% (dos décimas más que el año pasado), pese a estar sumergida en una grave crisis de credibilidad.

Los datos de la Comunitat Valenciana, muy agitada políticamente por los acontecimientos de la dana del año pasado, son muy reveladores. La1 ha pasado del 11 al 15,5% (cuatro puntos y medio más), aunque sigue en segundo lugar porque Antena 3 también ha mejorado considerablemente (del 13,9 al 15,8%). Pero las distancias se han acortado a solo tres décimas. La autonómica À Punt apenas alcanzó un 3,4% en la primera mitad de octubre.

En Castilla y León también se mantiene el liderazgo de Antena 3 (17,1%, una pérdida mínima de solo una décima), pero La1 vuelve a recortar distancias al pasar de un 14 a un 15,3%. La audiencia autonómica, marcadamente afín al PP, es residual (0,3%).

El caso de Aragón está marcado por el dominio de la cadena autonómica, con un llamativo 17,5% (1,2 puntos más que en 2024). Aquí Antena 3 ha retrocedido del 13,9 al 12,8%, lo que ha permitido a La1 situarse en el segundo puesto de la tabla con un 12,9% (2,7 puntos más que el año pasado).

Antena 3 mantiene su dominio en Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. En el Principado sube del 11,5 al 11,9% en un año, con La1 pisándole los talones (la pública estatal ha pasado del 9,3 al 11% de cuota en el mismo período). Aquí, la autonómica está en datos marginales (3,5%). También sube la privada más vista en Castilla-La Mancha, del 16,3 al 16,9%. Lo hace también La1, que pasa del 11,2 al 13,2%. Castilla-La Mancha Media mejora también y alcanza el 6,4%.

En Canarias, el buque insignia de AtresMedia ha perdido empuje (del 13,8 al 13,5%), pero sigue primera. La1 mejora (del 6,8 al 7,5%), aunque continúa en tercer lugar, por detrás de Telecinco, que mejora de manera notable (pasa del 11,7 al 13,2%). La TV Canaria también avanza y sube al cuarto puesto (pasa de 4,9 a 6,2% de audiencia en la comunidad).

En Cataluña se mantiene el dominio de TV3, con un 14,5% (medio punto más que el año pasado por estas fechas de inicio de temporada). Pero La1 también mejora, pasando del 9,3 al 10,6% (1,3 puntos más). Antena 3 conserva el tercer puesto con una leve subida que le permite alcanzar el 8,4% de cuota.

Las herramientas de las que ha echado mano el presidente de RTVE para conseguir estos resultados (fundamentalmente contratos de productores y profesionales ajenos a la casa) no son del gusto de todos. El PP ha redoblado en las últimas semanas su campaña contra la televisión pública, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno.

Y el Consejo de Informativos (CdI), el órgano de representación de los profesionales de plantilla, ha acusado a la dirección de presiones para impedir una encuesta interna en torno a “la actual situación de RTVE con el cambio de ley en 2024 y su independencia”, refiriéndose principalmente a los programas informativos, la carrera profesional, los programas de actualidad informativa y la externalización, barajando tomar posibles acciones de protesta y dejando un apartado para quejas o sugerencias.

La dirección de RTVE respondió diciendo que el Consejo de Informativos “no puede realizar dicha encuesta entre la totalidad de la plantilla sino únicamente entre los profesionales de la información audiovisual”, y que para realizarla debe cumplirse “la legislación vigente en materia de protección de datos”, algo que “la Delegada de Protección de Datos así lo ha advertido al CdI, puesto que no se garantizaba la anonimidad del voto o de las respuestas”.

El régimen legal de la televisión privada en España contiene una paradoja. La concesión y la renovación de licencias de televisión privada, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, depende directamente del Consejo de Ministros, lo que en teoría otorga al Gobierno de turno un poder enorme a la hora de configurar el espacio mediático audiovisual convencional.

Pero, en realidad, nadie vigila el cumplimiento de las exigencias legales que entraña una concesión de televisión. Y ni siquiera el Gobierno puede retirar o cancelar una licencia, aunque los contenidos de una emisora incumplan reiteradamente la Ley Audiovisual.

En un mundo cada vez más volcado en las plataformas de contenido, en el que cada vez se consume menos televisión en directo, el asunto puede parecer poco relevante. Pero las cifras dicen lo contrario. En la última temporada de televisión convencional en España, cada persona dedicó 169 minutos al día (2 horas y 49 minutos) a esa actividad, según datos de Barlovento. El consumo ha caído un 30% en una década, pero alcanza todavía a 27,5 millones de espectadores diarios. Y eso es una cifra aún muy importante en términos de mercado publicitario e influencia política.

Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, por citar solamente las emisoras privadas más importantes, están obligadas por ley a respetar normas básicas en su programación que nadie vigila. Entre ellas destaca no incitar a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento. 

También deben respetar el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y no emitir ninguna provocación pública a la comisión de ningún delito, en particular de terrorismo, pornografía infantil o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por motivos racistas, xenófobos, por su sexo o por razones de género o discapacidad.

¿Recuerdas las movilizaciones ultras de Torre-Pacheco (Murcia) y las declaraciones y consignas contra los extranjeros que emitieron en aquellos días televisiones públicas y privadas? La ley no prohíbe informar sobre manifestaciones o reproducir declaraciones de interés público, pero exige que se haga sin amplificar ni legitimar el discurso de odio. Es decir, informar sí, pero difundir o alentar no. Lo mismo puede decirse de la emisión de insultos o de la incitación al odio contra dirigentes políticos o periodistas.

Nadie, sin embargo, vigila lo que hacen los programas. No hay una autoridad audiovisual específica encargada de hacerlo porque el Gobierno (la última reforma la llevó a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez) prefirió dejarlo en manos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que se limita a actuar cuando alguien le plantea una denuncia, nunca por propia iniciativa, y que reduce su atención al cumplimiento de las normas sobre protección de menores y publicidad.

Ni siquiera existen los códigos de conducta de autorregulación y corregulación que debería haber promovido la CNMC para, entre otras cosas, proscribir los contenidos que atenten contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados, o para fomentar una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos de las personas de minorías raciales o étnicas. O para proteger a los usuarios de la desinformación.

Es verdad que la ley prevé sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones, pero hasta ahora la CNMC no ha pasado de perseguir las emisiones que puedan perjudicar a menores o que incumplan las normas de publicidad. Y la única sanción muy grave prevista en la ley que puede llevar aparejada la pérdida de la licencia de emisión no tiene que ver con los contenidos, sino con los dueños de la emisora. 

Solamente se puede revocar, por ejemplo, por haber perdido la licencia en los dos años precedentes o haberla vendido, cedido, transferido o alquilado sin permiso. Defender en los informativos que la Tierra es plana, que España sufre una invasión de africanos o decir que el presidente del Gobierno es un hijo de puta al que hay que echar, aunque sea de La Moncloa, solo da lugar a multas. Suponiendo que alguien pida a la CNMC que actúe y que este organismo lo haga.

En España es imposible, con la ley en la mano, que alguien pierda la licencia porque en un programa de televisión se insulte, se hagan afirmaciones xenófobas o negacionistas del cambio climático y en el que haya espacio para la desinformación propia de la extrema derecha. Pero no es un exotismo: en Francia ha pasado.

La Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), responsable de garantizar la libertad de comunicación y el cumplimiento de las leyes en el sector en Francia —y quien además concede las licencias, no como en nuestro país— decidió expulsar a un canal de la TDT —C8— a partir de este año. 

Una resolución aún más llamativa porque desafía a Vincent Bolloré, el multimillonario responsable del todopoderoso grupo Vivendi, bien conocido en su país por su proximidad con la extrema derecha.

Vivendi, por cierto, lleva tiempo queriendo ampliar su presencia en España. Ya posee un 11,8% de Prisa, la sociedad matriz de El País y la Cadena SER, y no es ningún secreto que le gustaría hacerse con el control de ambos medios. Periódicamente, aparece citado, además, como un firme candidato a hacerse con el control de Mediaset, la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro.

Aquí, en cambio, las televisiones privadas campan a sus anchas, sin que nadie se plantee siquiera revisar si han cumplido las obligaciones que conlleva su licencia antes de volver a concedérsela. 

Es lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de junio: renovar el derecho de Atresmedia (cinco canales), Mediaset (seis canales), Veo Televisión (dos canales) y Net TV (dos canales) a seguir emitiendo durante los próximos quince años, lo que, al menos sobre el papel, perpetuará el ecosistema audiovisual español, al menos el convencional, hasta el año 2040.

Un plazo muy largo, casi una generación, justificado en nombre de la seguridad jurídica a los operadores, pero que también da menos oportunidades a la competencia. Y muy superior a los tiempos que rigen el sector en nuestro entorno: diez años en Reino Unido, entre cinco y diez en Alemania y Francia, seis en Italia y ocho en Estados Unidos.

El único cambio previsto en ese panorama es la previsión del Gobierno de licitar una nueva licencia de TDT para un canal en abierto con cobertura nacional, lo que podría reconfigurar el panorama televisivo en el corto plazo. La fecha inicialmente prevista se había ido retrasando, pero este martes el Consejo de Ministros ha abierto el concurso: a partir del 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre, cualquier operador interesado podrá presentar su candidatura a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital. 

Una vez cerrado el plazo, el Ejecutivo tendrá un año para decidir quién se lleva el codiciado espacio. ¿El objetivo oficial? Aumentar la representatividad de los “intereses y corrientes de opinión de la sociedad” a través de una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada, asegura el Gobierno. Esta es la televisión a la que iba a aspirar Prisa, y a la que su presidente, Joseph Oughourlian, acabó renunciando.

El modelo español dista mucho de los principales europeos. En Italia manda la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), que se encarga, entre otras cosas, de regular y vigilar la actividad de radios, televisiones y plataformas audiovisuales, proteger el pluralismo informativo y el derecho a la información. 

Tiene competencias sancionadoras, elabora informes y códigos de conducta, y asesora al Parlamento y al Gobierno italianos sobre políticas de comunicación y medios. Es el Gobierno el que decide la concesión de una licencia, pero siempre previo análisis y evaluación de AGCOM, que también puede proponer la revocación al ministerio correspondiente.

En Francia vigila y dilucida directamente el organismo independiente, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), con potestad efectiva para autorizar o renovar licencias y también para excluir canales por razones fundadas. Lo mismo sucede en el Reino Unido, donde es la Office of Communications (OFCOM) la que decide las licencias de emisión de las televisiones privadas.

En Alemania rige el modelo federal. Deciden las autoridades independientes de cada Land (Landesmedienanstalten), con una normativa marco que ha modernizado licencias y regulaciones.

En Estados Unidos existe una autoridad formalmente independiente, la Federal Communications Commission (FCC). Es quien resuelve sobre licencias y regulación, sin necesidad de aprobación posterior por parte de nadie. Pero su composición, aunque se renueva escalonadamente, la pone bajo sospecha, porque sus miembros son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. 

En la práctica, parece cualquier cosa menos independiente. El pasado mes de septiembre, el presidente Donald Trump instruyó al máximo responsable de la FCC, Brendan Carr, para que presionase a la cadena ABC con el fin de suspender el programa Jimmy Kimmel Live! tras unos comentarios del presentador sobre su actitud ante el asesinato de Charlie Kirk.

Carr, en una entrevista en un podcast conservador, advirtió que la FCC podría tomar medidas contra las emisoras afiliadas a ABC si no se actuaba contra Kimmel: “Podemos hacerlo por la vía fácil o por la difícil”, amenazó. La cadena, propiedad de Disney, dio marcha atrás ante las protestas que generó su decisión inicial y acabó reponiendo el programa de Kimmel.

Una banda de ladrones que trabaja en el servicio de recogida de basuras empieza a robar en narcocasas. Un agente del FBI que antes fue sacerdote debe volver al trabajo tras un trauma familiar para investigar los crímenes.

La trama de esta serie cerrada de siete episodios, que puede verse en HBO Max, es muy interesante. Se complica, crece y se llena de peligros, por supuesto, como ocurre en Fargo, por poner de ejemplo un esquema modélico. Pero a la vez es una excusa para hablar de otra cosa. Del dolor que atormenta a los personajes, que se parece mucho a los dolores que nos atormentan a todos. 

Y es que tras el guion está Brad Inglesby, quien ya escribió Mare of Easttown, la miniserie que arrasó con premios y crítica en 2021, protagonizada por Kate Winslet. Como muchos de los grandes autores de novela negra, Inglesby utiliza las características del género para compartir su visión del mundo. 

En su caso emerge una mirada compasiva y humanista, en la que el mal puede ser resultado de errores y cadenas de desgracias, más que de espíritus perversos. Sus personajes arrastran traumas y sufrimiento que los llevan a cometer errores que causan más dolor a su alrededor. 

No están puestos en la pantalla para que nos burlemos de ellos o les condenemos. Ni siquiera para darnos pena. Están para que los entendamos profundamente, para que nos reconozcamos en ellos y admitamos que otras versiones de nosotros mismos podrían caer en los mismos pozos.

En una entrevista del director y del guionista para Phlysports, el director, Jeremiah Zagar, afirma que en la serie: “Tienes acción, persecuciones, intriga pero el núcleo de todo es el sufrimiento de personas, que es como el tuyo y el mío. Y son divertidos como tú y yo”. 

La serie empieza lentamente, hay que darle su tiempo para que las piezas vayan encajando y el tono nos vaya empapando. Como esos libros que crean una atmósfera en las primeras páginas y de pronto, no sabemos como, nos han atrapado.

Sus protagonistas están interpretados por un entrañable Mark Ruffalo en el papel de agente federal en horas bajas y un conmovedor Tom Pelphrey como buen ladrón. Están rodeados de un amplio, variado y redondo elenco. La serie mima a cada uno de los personajes. Ni uno solo está contado a brochazos por pequeña que sea su participación. 

La acción de la trama vuelve a situarse en los alrededores de Filadelfia, como ya hiciera Mare of Easttown. Y no abandona aquí tampoco el condado de Delaware, Delco, para los locales. Y es que allí tiene sus raíces el creador de la serie y de allí es la vida que quiere y sabe contar.

Allí sigue los sucesos locales, y un amigo le contó que carteros y basureros son quienes mejor pueden espiar una casa sin despertar sospechas. De allí es un tío suyo que fue agustino varios años hasta dejar el sacerdocio.

La serie se produce en un verano de este estado norteño. Árboles gigantes proyectan sus amplias sombras. La decoración de las casas logra el realismo a fuerza de su riqueza en detalles. Podemos casi sentir el olor de cada espacio. Y es lo que busca la serie, despertar los sentidos buscando ese realismo profundo.

El equipo de decorado y el de vestuario repiten de Mare of Easttown. ¿Por qué no hacer entonces una segunda parte de aquella historia? En su entrevista a PhlySports, Ingelsby explica que sigue creyendo en el personaje que interpretó Kate Winslet. 

Pero el horrendo crimen de aquella serie había conmocionado a la pequeña comunidad en la que se había producido. No veía sentido a provocar uno nuevo porque se perdería el realismo. Confía en que dentro de diez o quince años se pueda hacer una segunda parte y volver al personaje. 

Mientras, ha encontrado un colaborador excepcional en el director Zagar y afirma querer volver a trabajar con él sin falta. A falta de los tres episodios que faltan por emitir, Task nos deja reflexionando sobre la injusticia, la mala suerte, el perdón o la posibilidad de redención. 

El Hormiguero, de Pablo Motos, ha ganado la batalla mediática que mantiene con La Revuelta, de David Broncano, desde que comenzara a emitirse el pasado mes, pero lo ha hecho por los pelos porque su audiencia media de espectadores ha sido de 2.253.000 espectadores frente a los 2.212.000 del segundo.

Es prácticamente un empate técnico, según los datos que la consultora Barlovento ha facilitado a EFE, pero la victoria se la lleva El Hormiguero, de Antena 3, que logra un 18,1 % de cuota de pantalla en las diecisiete emisiones del pasado mes, su mejor mes de la historia del programa.

La Revuelta, de La 1, en las trece emisiones que lleva (se estrenó y comenzó más tarde) ha obtenido un 17% de cuota, es decir, el porcentaje de gente que ha visto su programa en relación al total que veía la tele en ese momento.

El programa más visto del mes también es uno de El Hormiguero, el que tuvo como protagonista a Lamine Yamal. Se emitió el pasado 12 de septiembre, tuvo un 23,3 % de cuota y la media de espectadores fue de 3.107.000. No obstante llegaron a verlo en algún minuto del programa hasta 6,1 millones de personas. 

"Iba a decir por última vez, pero ya sin fiesta, que ayer volvimos a ser lo más visto de la televisión". El miércoles 18 de septiembre la victoria de La Revuelta de David Broncano sobre El Hormiguero de Pablo Motos ya no era ninguna novedad. Básicamente, dejó de ser noticia. Antes de que comenzara la temporada se anticipaba la batalla, pero no se preveía tan ajustada. Sin embargo, dos semanas después ya se puede afirmar que en esa sentencia que día a día dictan los audímetros, realmente, no hay ni ganador ni perdedor: La Revuelta ha superado las expectativas, pero es que El Hormiguero ha firmado la mejor semana de su historia. ¿Cómo es posible?

"Todavía estamos analizando este fenómeno", reconoce Nacho Ávila, analista de audiencias de la consultora Dos30. "Es indudable que lo de La Revuelta ha sido una revolución, pero todavía tenemos que descifrar por dónde van las cosas", añade.

Hay un factor que siempre juega a favor de un programa nuevo. O hasta de una temporada nueva. Le pasa a El Hormiguero cada septiembre. "Después del parón de vacaciones el programa siempre empieza con un boom de cifras que luego se acaba asentando", explica. "Todos empiezan muy arriba. Siempre", coincide Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). ¿Es esto lo que le está pasando a La Revuelta? Pues podría ser. "El programa ha llegado para quedarse, pero también es verdad que su 'inicio-sorpresa' a lo mejor se ve desplomado en unos meses", continúa el experto.

En cualquier caso, lo que sabemos por ahora es que el éxito es indudable. "Es muy meritorio lo que ha conseguido Broncano", indica Neira. "Es asombroso", añade el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Enrique Guerrero. En sus primeros ocho días de emisión, ha conseguido vencer a El Hormiguero en cuatro ocasiones. Por cuota, el espacio de TVE ha terminado su segunda semana como líder con un 17,2% de share, a dos puntos de su competidor directo. Y Motos ha sido, durante años, el rey por excelencia de su franja horaria.

Pero, ¿significa todo esto que ya no lo sea? No, ni mucho menos. La primera semana de emisión de La Revuelta, del 9 al 12 de septiembre, el programa de Antena 3 consiguió firmar la mejor semana de su historia. La explicación está en el detalle.

El análisis de las audiencias no deja lugar a dudas. Según los datos recogidos por Barlovento, a Motos lo prefieren los mayores de 65 años y los niños de entre 4 y 12. Sin embargo, entre ambas franjas el vencedor claro es Broncano, que gana sobre todo entre los que tienen entre 25 y 44 años.

Por cumunidades, además, también hay diferentes. Mientras que Antena 3 lidera, por ejemplo, en Andalucía y Galicia, TVE lo hace en Madrid y Cataluña.

¿Y todo esto tiene sentido? Según los expertos, sí. Sobre todo en lo relativo a la edad. Realmente, La Revuelta no es un programa nuevo, sino que simplemente ha reeditado en TVE lo que en Movistar se llamaba La Resistencia. "Eso es un fenómeno único. Nunca ha habido un programa que se haya enfrentado al veredicto de la audiencia años después de empezar a rodar", explica Ávila. "Todos los programas necesitan tiempo, pero La Revuelta ya llegó con las secciones y los colaboradores muy asentados, sabiendo lo que funcionaba y lo que no", añade. Ha empezado, en cierto modo, con algo de ventaja. Los que ya eran seguidores entonces, lo son ahora también. "Muchas de las personas que lo veían en Movistar o incluso en redes sociales o YouTube lo ve ahora en abierto", añade el experto.

Eso se ve de manera muy clara, además, si se analiza de dónde viene la audiencia de La Revuelta y a dónde se marcha cuando el programa termina. Guerrero lo ha comprobado. "Hay un número importante de personas que sintoniza La 1 justo a las 21.40, es decir, que no viene de ningún otro canal. Del mismo modo, también es relevante el porcentaje de audiencia que, cuando termina, apaga la televisión", detalla.

¿Y qué explica eso? Que "se trata de un público muy poco televisivo y muy poco fiel" que, por tanto, "no genera un 'efecto arrastre' al resto de la programación". "Eso de todos modos es muy complicado, sólo lo conseguía Mediaset emitiendo programas que se retroalimentaban circularmente", explica Neira.

Pero la cuestión no es sólo quién ve qué en directo, sino también en diferido. Poner la lupa también sobre esta cuestión, de hecho, apuntala lo que los expertos vienen mostrando: que la audiencia de Broncano es en su mayoría gente joven no consumidora de la televisión tradicional.

Los datos los ofreció la propia RTVE este viernes, siete días después de la primera emisión y momento, por tanto, en el que ya hay mediciones. Los resultados son tajantes: La Revuelta fue líder en su primera semana de emisión —al tiempo que, recordemos, El Hormiguero firmaba sus mejores datos— con un share digital total del 19,6%, dos puntos por encima incluso de su audiencia lineal, es decir, en directo.

Otra cuestión es la audiencia digital canalizada en RTVE Play, el Netflix de la tele pública. Ahí, el programa de Broncano es, sin duda, el contenido estrella de la plataforma, con más de medio millón de usuarios.

Pero es que además La Revuelta también es el contenido de la cadena que más impacto genera en redes sociales, donde hasta el momento sus perfiles han cosechado 70,2 millones de visualizaciones. En concreto, el clip de la entrevista a la actriz Irene Escolar en el que se habla sobre la dificultad para pagar una vivienda acumula ya 2,8 millones en X.

Neira cree de hecho que este es un motivo por el que este programa no se verá tan afectado por el paso del tiempo. "En La Revuelta saben usar muy bien las redes, conocen lo que llama la atención. De esa forma, son capaces de provocar una polémica para volver a generar interés", señala la experta.

Cada presentador de los espacios del access prime time juega un papel y el de Broncano es ese, continúa la profesora. "Esa franja horaria es muy diferente en cada cadena. Cuatro apuesta por un programa de entretinimiento con First dates, La Sexta por uno político con El Intermedio, Antena 3 por uno que intenta aunar ambas cosas y TVE, ahora, por la provocación", señala. Y claramente quienes han perdido esta batalla han sido los dos primeros. Este lunes 16 de septiembre el espacio de Carlos Sobera fue visto por 922.000 personas y el presentado por El gran Wyoming por 653.000. Un lunes cualquiera de mayo y otro escogido al azar en junio, en cambio, los dos programas superaron el millón.

Esto, a juicio de los expertos, era esperable sobre todo en el caso del programa de Atresmedia, puesto que La Revuelta y El Intermedio, señalan, comparten público. Es más, dice Guerrero, hay algunos espectadores que, al terminar el primero, sintonizan con el segundo.

En cualquier caso, la audiencia tampoco se puede comprender en términos de pertenencia a uno u otro bando. De hecho, también se intercambia entre Motos y Broncano. Guerrero lo ha observado analizando los datos en el mismo momento de emisión y comprobando que se produce lo que los expertos denominan efecto lazo. "En el tiempo de coincidencia hay una parte de audiencia que va cambiando de un canal a otro, es decir, también hay una parte de intercambio de audiencias", explica el profesor. Y aquí juega un papel muy importante la publicidad. Porque todo influye.

Antena 3 no puede prescindir de ella como sí hace La Revuelta. El bloque de hasta diez minutos que, explica Guerrero, sirve de enlace entre el telediario de la cadena y El Hormiguero continúa vigente y en ese periodo, señala, TVE aprovecha para iniciar la emisión de La Revuelta. Sin embargo, en el momento en el que ambos espacios ya empiezan su emisión, ésta no para. "El Hormiguero sí tenía bloques internos la temporada pasada, pero ahora se ha visto obligado a retirarlos", dice Guerrero. "Así se asegura no perder a nadie durante esos minutos y luego no volver a recuperarlo", señala.

Tras 80 días con las luces apagadas, los estadios españoles volvieron a abrir sus puertas el pasado fin de semana para acoger el esperado regreso de La Liga. El balón volvió a rodar en San Mamés, Balaídos, Mestalla o el Benito Villamarín con decenas de miles de aficionados en las gradas, pero también desde el sofá de su casa. Sin embargo, tras un verano en el que el deporte ha acaparado la televisión pública con RTVE retransmitiendo en abierto primero la Eurocopa y después la práctica totalidad de los Juegos Olímpicos, volver a la competición por excelencia en España del balompié supone un gasto más que considerable para sus seguidores. 

Como ya ocurrió la temporada pasada, Orange y Movistar son las únicas opciones para poder disfrutar de La Liga al completo desde la televisión de casa. Es decir, hay que pasar por caja para ver el partido de tu equipo favorito, salvo contadas excepciones. Según recoge la OCU, las tarifas para poder ver el llamado deporte rey desde el sofá han subido de media unos cinco euros al mes con respecto a 2023. "Pagar para ver el fútbol se está convirtiendo en un lujo al alcance de pocos consumidores", reconoce a infoLibre Sara Muñoz Santos, economista y experta en consumo. 

Si pasamos por alto ofertas, promociones y rebajas de ambas operadoras para captar clientes y que pueden permitir el ahorro de hasta 120 euros anuales gracias a las primeras facturas, el precio final al mes está por encima de los cien euros. En concreto, y según recoge un estudio de Kelisto, el coste medio de las tarifas más baratas para ver fútbol en Orange es de 108 euros al mes, mientras que en Movistar es de 109,9 euros. Estas cifras suponen un 9,78% del salario mínimo de los españoles. 

"Es un desembolso muy importante que no pueden permitirse muchas familias aficionadas al fútbol en España", indica Muñoz Santos. Esta experta destaca que estos altos precios excluyen, por tanto, a "una parte significativa de la población, entre ellos, al segmento más joven". Aunque la pérdida de interés por el balompié de adolescentes y veinteañeros va más allá del dinero: "Es un fenómeno complejo", detalla esta economista, que apunta a que la actual variedad y saturación de opciones de entretenimientos, como series, películas, documentales, videojuegos y contenido generado por usuarios en YouTube y TikTok hace que el fútbol quede relegado para ellos, "máxime cuando otras formas de entretenimiento ofrecen experiencias o más personalizadas o más accesibles". 

Porque, en total, y según calcula la OCU, disfrutar de todo el balompié desde casa, incluyendo Liga, Champions, Europa League y otras competiciones internacionales como la Premier o la Bundesliga, costará unos 970 euros anuales. "Es superior al de un abono de temporada en algunos estadios de muchos equipos", señala Muñoz Santos. Para esta experta, para garantizar que el fútbol televisado siga siendo accesible para un público más amplio, las operadoras "podrían revertir esta situación ofreciendo paquetes más asequibles, como partidos seleccionados a precios más bajos o la posibilidad de ver encuentros en diferido".

Pero las tarifas de esta temporada no pillarán a ningún seguidor de este deporte por sorpresa. Tal y como recuerda la OCU, esta escalada lleva años produciéndose. Debido al elevado coste de los derechos de emisión, las compañías telefónicas son las únicas capaces de pujar por ellos. "Es decir, se reduce la competencia y perjudica al consumidor, al marcar precios de manera casi oligopolista", explica Muñoz Santos. Algo que se traduce directamente en el bolsillo de los consumidores que además se ven casi obligados a contratar productos de telefonía o Internet para poder ver el partido del domingo. 

Así, desde 2020, la subida es de un 35,88%, según Kelisto. Y desde 2014, hace una década, cuesta el doble, un 200% más, según Roams. "El precio de seguir el fútbol televisado en España, especialmente, Liga y Champions, ha alcanzado niveles considerables, incrementándose año a año de forma vertiginosa", reconoce Muñoz Santos. 

Esta escalada de las tarifas de ver el fútbol en la televisión recuerda a la subida de los planes de las plataformas de vídeo, la conocida como streamflación, que ha provocado un incremento del 71,67% de su coste original. "En ambos casos, la inflación generalizada ha influido en el aumento de precios, ya que afecta a los importes específicos de los servicios. Pero se trata de fenómenos independientes", sostiene Muñoz Santos. Mientras que en el caso de Netflix, HBO o Amazon responde a una estrategia de "utilizar precios de derribo para atraer clientes", en el caso del balompié responde al gasto en los derechos de emisión pero también a que en la actualidad solo dos operadoras ofrecen este contenido: "Es la vieja ley del mercado: a menor cantidad de competidores, mayores subidas. Y el que lo sufre es el consumidor en sus casas". 

Pero esta escalada constante y prolongada con tarifas tan elevadas es una rareza del fútbol español. "En todas las ligas europeas hay que pagar para consumir contenido, pero en ninguna hay precios tan elevados como en España", asegura Muñoz Santos. 

Según detalló Relevo el verano pasado con datos de 2023, mientras que en España ver todo el fútbol implicaba un 8,69% del salario mínimo, en Inglaterra sólo había que gastar el 4,02%, en Alemania, el 2,52%; y en Francia, el 2,24%. "El motivo principal de esta diferencia abismal está relacionado con la forma en la que se presta el servicio en España. Los servicios de retransmisión de partidos están vinculados a los paquetes de telefonía y fibra que ofrecen las compañías", indica Muñoz Santos que recuerda que también influyen el importe de los derechos de emisión. 

A pesar de que en Francia tienen precios mucho más bajos que en España, la Ligue 1 ha arrancado con sus aficionados en pie de guerra ya que, tras el último acuerdo por sus derechos de emisión, la tarifa más barata asciende a unos 55 euros. Con el hashtag #BoycottDAZN entre las tendencias de X durante todo el fin de semana, L’Equipe detalla que hasta 200.000 vieron el partido PSG-Le Havre a través de Telegram. 

La Asociación para la Protección de los Programas Deportivos de Francia calcula además que unos dos millones de personas consumen contenido a través de IPTV, una tecnología de emisión de contenidos a través de Internet y que en España usan algunas operadoras como Movistar para ofrecer sus canales de televisión. Sin embargo, resulta muy polémica  ya que puede utilizarse para difundir contenido, por ejemplo a través de un canal de Telegram, que se emite gratis en otros países, pero que en el país donde se visualiza sus derechos son de otros. En este caso, el fútbol. 

Esta práctica es conocida y practicada en España por los aficionados al fútbol. Pero también muy perseguida por La Liga. "Se están convirtiendo en alternativa para los usuarios que buscan evitar los gastos asociados a las suscripciones a canales de televisión de pago", reconoce Muñoz Santos que recuerda que "tanto La Liga como los clubes están tomando medidas para combatir la piratería y los IPTV" aunque esto "no va a cambiar que los consumidores actuales sigan sin poder acceder a este tipo de servicios debido a su elevado precio".

Por ejemplo, el intento de bloqueo de Telegram por parte del juez Pedraz fue en parte para evitar que estos canales de Telegram con enlaces de IPTV siguieran compartiendo gratis partidos de fútbol. El último capítulo sobre esta caza del link pirata en España se vivió el pasado fin de semana. El jugador del FC Barcelona Fermín compartió en sus redes un mensaje de ánimo a su equipo con una imagen del encuentro de una retransmisión ilegal. La publicación fue borrada minutos después. Según cuenta Relevo, el comportamiento del deportista sentó muy mal a La Liga porque la patronal lleva años luchando contra la piratería.

Mientras La Liga sigue subiendo los precios de sus derechos de emisión y en su peculiar caza de brujas de partidos piratas, los aficionados no solo notan el incremento de la factura en las tarifas de la televisión. "La tendencia es muy similar en otros productos como merchandising o entradas a los estadios", apunta Muñoz Santos, que señala que los cromos han aumentado su coste un 300% en las últimas dos décadas y las camisetas más del 50% en los últimos diez años. 

La competición española ha intentado meter mano en el ámbito que puede: las entradas. Con la iniciativa Grada Visitante, 16 de los 20 clubes de Primera División —exceptuando a Espanyol, Rayo Vallecano, Real Madrid y Villarreal— se comprometen a ofrecer un cupo fijo mínimo de 300 entradas a un máximo de 30 euros. En la otra cara de la moneda, Marca destacó esta misma semana que el precio de las entradas en el Santiago Bernabéu se ha disparado, ya que la entrada más barata para ver al Real Valladolid va a ser de 95 euros, mientras que la temporada pasada ver a un recién ascendido costaba 55. 

Una circunstancia que también sólo pasa en España. En otros países de Europa, por ejemplo en Alemania, se pueden ver partidos entre equipos "importantes" por unos 20 euros. Lejos de los 95 que pagarán los aficionados más afortunados este domingo para ver el Real Madrid-Valladolid. 

El uso de la televisión como Smart TV y como pantalla de videojuegos bate récord histórico este noviembre: 49 minutos de media diarios frente a la pantalla, superando así el máximo que ahora se situaba dos minutos por debajo. Mientras tanto, la televisión tradicional enfila su caída en picado con 23 minutos menos de consumo con respecto a 2022. La consultora Geca publica su análisis mensual de los datos de audiencias y revela diferencias que crecen a pasos de gigante a la hora de apagar la televisión. Las temáticas en abierto reciben mejor las últimas audiencias ya que el 30,5% de share lo sitúa como el mejor noviembre de su historia. En el otro lado de la balanza, se encuentran las cadenas autonómicas, que firman su mes de menor éxito del año, un 8% de los espectadores. Aragón TV es la autonómica que más sufre la caída de las audiencias.

Cuando las familias compran una Smart TV reducen su consumo de programas de televisión tradicional. Los hogares con acceso a internet desde su televisor consumen 41 minutos menos de televisión convencional que hace cinco años. Desde la consultora, indican que la brecha de consumo de la televisión en abierto está cada vez más marcada por el acceso de los hogares a una de estas televisiones inteligentes. Si no tienes una Smart TV, tu consumo de tele es un 85,1% mayor.

La tendencia de la última década indica que son los jóvenes de entre 13 y 24 años los que más han dejado de ver la televisión, un 61,3% menos. Geca apunta también que en 2023 la tendencia ha cambiado y ahora la mayor caída del consumo de televisión se registra entre los adultos de 45 a 64 años. Jose Manuel Eleta, adjunto a la dirección de la consultora Barlovento, explica en conversación con infoLibre que se está produciendo una migración muy evidente de públicos menores de 45 años de la televisión tradicional hacia lo que se conoce cómo televisión conectada, nueva televisión o televisión no tradicional, que es principalmente la televisión VOD o A la carta. A medida que descienden los minutos dedicados a la televisión tradicional, aumentan los dedicados a la televisión conectada y, por lo tanto, "el tiempo frente al televisor como electrodoméstico se mantiene invariable en el tiempo", sostiene. El único momento en el que aumentaron considerablemente las horas frente a la tele fue durante el confinamiento de 2020.

Roberto Huertas Gutiérrez, investigador y profesor de Estudios Televisivos en la Universidad Carlos III de Madrid, matiza que es un hecho que el consumo televisivo tradicional haya bajado, pero pide prestar atención a la forma de medir de las consultoras audiovisuales: "No hay que confundir la etiqueta estadística No TTV con consumo ajeno a la TV", afirma. Con esta siglas, la medidora de audiencias, Kantar, define los otros usos que los consumidores hacen de la televisión como aparato tecnológico, como ver series en las plataformas de streaming, ver vídeos de YouTube, RTVE Play o jugar a videojuegos. "Todos esos usos dificultan la tarea de estudiar ese consumo”, insiste Huertas.

"Dadas las dificultades técnicas de estudiar ese consumo, no comprendemos tan profundamente el comportamiento del espectador como sí lo hacemos con la televisión tradicional", afirma Huertas. Lo que ocurre con la pequeña pantalla es la fragmentación del consumo ante una oferta ya fragmentada, así ocurrió cuando llegaron las privadas, las temáticas de pago, la TDT... "En definitiva: ¡Convergencia mediática!", sostiene. Lejos de considerar que las plataformas, videojuegos y nuevos contenidos pueden hacer peligrar la televisión convencional, explica que "las nuevas formas de consumo no sustituyen a las antiguas, sino que se complementan".

No obstante, desde la productora Gestmusic indican en conversación con infoLibre que su forma de generar contenidos para las cadenas televisivas sigue siendo la misma a pesar las variaciones en las audiencias. Los programas que crean se idean pensando en los espectadores a los que van dirigidos y después se lo ofrecen a las televisiones.

Para tener una perspectiva certera del consumo televisivo habría que sumarle los contenidos a los que se acceden a través de los dispositivos móviles, una medición que no está incorporada en los datos de audiencia. Los instrumentos que se usan para medir las audiencias solo tienen en cuenta el contenido que se reproduce en la pantalla del televisor y las consultoras no tienen manera de analizar el público que ve un programa en una plataforma distinta si no comparten ellos mismos el dato.

Dice el presentador Jorge Javier Vázquez que lo que ha sentido con Sálvame es una relación de amor-odio, pero que lo que ha vivido con el programa es algo "inusual". Dice, también, que sus compañeros han "hecho historia" y que tras la confirmación de la cancelación del que hasta este viernes era el buque insignia de Mediaset y Telecinco —y también, incluso, de toda la pequeña pantalla— ha estado "a punto de llorar varias veces al día". Se sinceró así en la revista Lecturas poco después de conocer la noticia de que Sálvame apagaría para siempre las luces de su plató después de 14 años. El presentador no ha querido formar parte del final del programa que definió como "de rojos y maricones" y, de hecho, tampoco de sus últimos días de vida. El 23 de mayo, Mediaset anunció que Jorge Javier Vázquez empezaba una baja "por prescripción médica".

La noticia sorprendió detrás de las cámaras, pero también lo hizo delante de ellas. El 5 de mayo, varios medios de comunicación publicaban que Mediaset fulminaba a la estrella de su programación. Los colaboradores, según aseguró El País, se estaban enterando al mismo tiempo que el resto de España. No dijeron nada porque la información no era oficial, pero el llanto de María Patiño, que ese día ejercía de Jorge Javier Vázquez, y el "tú puedes" de su compañera Carmen Alcayde, fueron la muestra del revuelo y la estupefacción que provocó una decisión que, en parte, se explica por la marcha de Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España durante 24 años.

Fue al finalizar 2022, el año con el que de esta manera también terminó un modelo televisivo que había cosechado décadas y décadas de éxitos tras éxitos. La fórmula ya la sabían en Italia, y sobre todo la conocía bien Silvio Berlusconi, que es quien puso a Vasile al frente. Como publicó infoLibre, la premisa de esa Mediaset se basaba en la idea de que no hay nada más caro que los Informativos y nada más barato que poner a gente hablando delante de las cámaras. Para ello, empezaron a formar a las figuras de "presentadores estrellas" y a crear programas donde el morbo era el ingrediente principal.

Sálvame responde a la perfección a esta idea, pero el espacio producido por La Fábrica de la Tele ha ido mucho más allá. Ha roto todas las fórmulas televisivas y ha marcado, también, una época y a una generación. Ha hecho, como dice Jorge Javier Vázquez y coinciden los expertos, "historia" de la pequeña pantalla.

"Sálvame ha cambiado la forma de hacer televisión, sí, indudablemente", opina el director de Bluper, Juanma Fernández, que añade: "También ha cambiado, creo, la forma de hacer política. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de que el Congreso se ha salvamizado?", se pregunta. Con esta afirmación hace hincapié en que el icónico programa no sólo ha marcado un hito en el fondo televisivo, sino también en la forma. Sálvame no sólo ha sido "inusual", como dijo Jorge Javier Vázquez, por lo que se veía delante de las cámaras, sino también porque ha enseñado, por primera vez, las entrañas de lo que hay detrás de ellas.

No era extraño que durante la emisión el presentador —o presentadoras, puesto que el espacio también ha estado comandado en no pocos programas por Paz Padilla, María Patiño o Terelu Campos— aludiese directamente al director, se quejase de la velocidad del teleprónter o convirtiese los pasillos de Telecinco en una extensión del plató. "No estábamos acostumbrados a ver esto y sin embargo numerosos programas han copiado eso de enseñar las tripas de un programa, de una redacción, de la televisión", dice Fernández.

Tomando prestado un término teatral, podría afirmarse que Sálvame rompió la cuarta pared que separa al programa del espectador. "Podemos ver a los colaboradores merendar a la misma hora en que lo están haciendo los espectadores, salir del plató para ir al cuarto de baño, discutir y abandonar el programa y, sobre todo, podemos ver la ‘transtienda’ del mismo. Todo es emitible", escribían la doctora de la Universidad Rey Juan Carlos Elena Carrillo Pascual y la profesora de la misma universidad Belén Puebla Martínez en el artículo Pornografía del alma. Estudio de caso: Sálvame.

Hacer eso no es casual. Es, de hecho, una de las fórmulas utilizadas a propósito para convertir al espectador en parte del programa, una de las explicaciones de su éxito, a juicio de Elena Neira, profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Sálvame es un patio de vecinos que se traslada al salón de los espectadores", explica. Es, dice, un programa "de andar por casa". También en el contenido. "En Sálvame no interesa la parte glamurosa que sí tiene presencia por ejemplo en Corazón, corazón, de TVE. En este programa se ve que los famosos también tienen problemas. Discuten, se separan, son infieles...", abunda la profesora. Y se centran en eso. Es, añade, un escarnio.

El antecedente de esto lo encontramos en Tómbola, un programa emitido por algunas televisiones autonómicas que ya experimentó con esta fórmula entre 1997 y 2004. Pero había una diferencia fundamental: en ese plató los cuatro colaboradores fijos eran periodistas. Se trataba de Jesús Mariñas, Karmele Marchante, Lydia Lozano, Ángel Antonio Herrera y Josep Sandoval. Eso, en Sálvame, salvo en casos contados como el de Lozano, no ocurre.

"El periodismo del corazón siempre ha tenido a sus máximos representantes, pero en Sálvame se apuesta por el entretenimiento con cronistas que no son profesionales. Se basa en la idea de que todo el mundo puede opinar", continúa la experta. Una vez más, un programa de "andar por casa".

Eso lleva a otra cuestión en la que sí que han sido pioneros y que, además, se ha ido acentuando programa a programa. En Sálvame no sólo se desnuda la vida de personajes públicos con algún tipo de interés social, sino que los colaboradores pasan a ser los objetos de ese escarnio. "Los verdaderos protagonistas son los colaboradores. En este caso, no se presentan como meros interlocutores o periodistas que llegan al plató, exponen la información que tienen sobre otros y, al terminar el programa, recogen y se van. Sálvame no es así. Aquí el colaborador 'vende su alma al diablo", escribían las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos.

Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja, fue la diana del magazín las semanas previas a su boda, cuando todavía trabajaba en el programa; el divorcio y la nueva relación de Kiko Matamoros fue juzgada y opinada por todos sus compañeros; las rencillas entre ellos, además, han ocupado horas y horas del programa. "Han hecho un reality de su propio programa", opina María Andrades, autora de un trabajo sobre Sálvame.

Así, han alimentado otros tantos programas de Telecinco. Incluso a revistas del corazón. La portada de Lecturas protagonizada por Jorge Javier Vázquez es sólo un ejemplo. "Han cambiado toda esta prensa, las portadas las protagonizan los colaboradores", dice Fernández.

Volvamos al escarnio. Si se busca en el diccionario de la RAE, la definición exacta del término es "burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar". ¿Quién va a admitir públicamente que pretende eso? ¿Alguien se atrevería a afirmar directamente que le gusta y le entretiene burlarse de las intimidades de los demás? La respuesta claramente es que no. Por eso no son pocas las personas que siempre han negado ser espectadores de los programas del corazón. Ya sea verdad o por puro pudor, los espacios como Sálvame, según lo que afirmaba la gente, tenían más bien poca audiencia. Si miramos los audímetros, en cambio, no es así.

Aunque el programa ha ido poco a poco perdiendo espacio en la programación de la cadena, los últimos datos corroboran que se ha ido por todo lo alto. Del 8 de mayo (el día que oficialmente se anunció el fin) al 16 de junio, el tramo principal de Sálvame, el Naranja (de 17 a 19 horas), ha superado la media de Telecinco a lo largo de estas seis semanas, según publicó Vertele. Sin embargo, el programa estaba acostumbrado a cifras muchísimo más elevadas de espectadores.

¿Por qué? Un estudio publicado por la revista Science en 2011, dirigido por Eric Anderson y llevado a cabo por el Departamento de Psicología de la Universidad de Boston —y recogido por El País—, demostró que nuestro cerebro presta más atención a aquellas personas de las que sabemos cosas negativas sobre su vida. Lo que proyectaba Sálvame, en resumen. Aun así, "todos los formatos terminan agotando", explica Neira.

Los datos anteriores a estas últimas semanas, de hecho, lo han demostrado. Sálvame siempre ha tenido mucho más éxito del que ha parecido en el último año. Sobre todo porque ha roto ese tópico de que la prensa del corazón es para mujeres de mediana y de avanzada edad. "La prensa rosa la sigue todo el mundo, hasta las generaciones más jóvenes", asegura Andrades. Según Fernández, esto tiene que ver con un muy buen uso de las redes sociales. "La plantilla ha sabido perfectamente aprovecharse de ellas y crear momentos virales, han estado siempre a la última".

¿Y ahora, qué? ¿Con Sálvame muere esta forma de hacer televisión? Aquí, los expertos no se ponen de acuerdo. Para Andrades la respuesta es claramente que sí, pero Fernández lo duda. "Cuando terminó Aquí hay tomate —un programa emitido entre 2003 y 2008 y presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde— se dijo que el corazón más agresivo había muerto y volvió peor. Aquí hay tomate resucitó en Sálvame", explica. Volverá a pasar. "Acabaremos viendo el mismo programa pero con otro nombre", afirma.

Neira, en cambio, cree que el formato tendrá que reinventarse. "Hacen falta ideas y caras nuevas. Hay un interés preexistente en este tipo de programas pero la cadena necesita demostrar que tiene otras manera de comunicar con la gente e innovar", opina la profesora, que expresa sus dudas sobre si copiar a Sálvame funcionaría. "La crónica rosa gamberra tiene éxito, pero las comparaciones siempre son odiosas", sentencia.

Este viernes, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de la icónica periodista Mila Ximénez y con el 70 cumpleaños de Vasile, los colaboradores de Sálvame han quemado todo lo que ha formado parte del programa. En media España, las hogueras de San Juan que se celebraron también este 23 de junio calcinaron las viejas heridas para dar paso a una nueva etapa.

Una nueva etapa que ya tiene información. Poco antes de acabar el último programa se conoció que Netflix ha fichado a los colaboradores de Sálvame para un reality que la plataforma grabará en Estados Unidos y América Latina. Precisamente, ha sido el director del programa, David Valldeperas, el encargado de confirmar el nuevo proyecto, que contará con gran parte del equipo de la productora La Fábrica de la Tele. No estará, en cambio, Jorge Javier Vázquez, que mantiene un contrato con Mediaset hasta 2025.

El espacio aun no tiene nombre definitivo ni número de entregas estipulado, pero contará con los ocho de los colaboradores más famosos del programa: Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño.

Solo hace unas horas del inicio de 2023, aunque viendo los programas de las televisiones de la pasada noche y madrugada podría haber sido 2013, 2003, e incluso de los últimos años del pasado siglo. Galas musicales repetitivas, campanadas llenas de tópicos buenos deseos, trufados de publicidades varias y autopromociones, alegrías impostadas ensayadas una y otra vez, y, tras las uvas, programas calcados de pasadas Nocheviejas. Solo la ausencia de José Luis Moreno certificó que estábamos a punto de cumplir el primer cuarto del siglo XXI.

Y es que la actual televisión en España es así. Repetitiva, sin espacio para la imaginación, recluida en "lo que se ha hecho siempre", y consagrada a cubrir horas y horas de programación. Hace ya décadas en que los responsables de las grandes cadenas tienen asumido que son horas en que la pantalla solo es un fondo de imagen y sonido, que enmarca, pero no protagoniza, las reuniones familiares de los que se quedan en casa, y ahí aparece otro condicionante esencial: en esta noche no se programa para jóvenes, que huyen hacia celebraciones más acordes con sus circunstancias vitales en cuanto pueden. Como mucho, aguantan hasta las campanadas y las uvas, antes de dejar frente a la pantalla solos a mayores, muy mayores y niños. 

Con todo, hay unos minutos que sí concitan la atención. Se suelen producir poco después de las once y media de la noche, cuando se da paso al previo de las campanadas, y tiene dos puntos clave: el primero con el saludo de los presentadores, cuya presencia y atuendo da paso a conversaciones de aprobación o repulsa; el segundo —y este sí es seguido en silencio— al borde de las doce mientras nos explican por enésima vez lo del carillón, los cuartos y los tres segundos entre tañido y tañido; después felicitaciones para todo el mundo y paso a los programas especiales. 

Por antigüedad, empezamos con TVE, que este sábado, después de mucho tiempo, prescindió de Anne Igartiburu, sustituida por Los Morancos para acompañar a Ana Obregón. En teoría, ella se encargaba de poner la emoción con llamadas solidarias, deseos altruistas y referencias a los que ya no están. “Yo llevo una cosa muy bonita que me han cosido dentro, no lo puedo enseñar. Llevo a mi niño aquí en el corazón”, dijo en referencia a su hijo fallecido hace dos años y medio- Ellos debían poner el humor pero, tras tantos años de exposición televisiva, apenas consiguieron despertar alguna que otra sonrisa entre los espectadores. A favor de TVE, apenas hubo interrupciones, salvo un bloque de promociones de futuros programas. Reinó en los planos generales de una Puerta del Sol afeada por las obras en curso y limitando el aforo a 7.500 personas.

Lo de Antena 3 fue otra cosa, desde el principio hasta cada una de las campanadas señaladas por botellines de cerveza, demostró a las claras que se trata de una televisión comercial: anuncios desde el set, paso a spot publicitarios, saludos de los personajes más populares de la cadena en dos bloques... La cosa chirriaba mucho al entremezclarse entre los llamamientos altruistas de una Cristina Pedroche embutida en una tienda de campaña de las habitualmente utilizadas por ACNUR, llena de mensajes ilegibles de refugiados acogidos en España: “Abramos los brazos, tendamos puentes, seamos abrigos, desde la convivencia, el diálogo y la humanidad. Apostemos por la solidaridad, la empatía y el amor, os deseo a todas y a todos, muchísima paz y muchísimo amor en este 2023”, decía, mientras Alberto Chicote la ayudaba a desprenderse del envoltorio para mostrar su cuerpo cubierto por una larga falda de tul semitransparente y lo que dijo era una paloma blanca para cubrir el pecho. A tenor de las reacciones en redes sociales el efecto fue muy inferior al del año pasado, en el que durante esos minutos arrebató la primacía a TVE.

Mientras, en laSexta, Cristina Pardo y Dani Mateo gozaban de un tiempo más reducido para ofrecer el humor y la ironía ausentes en su cadena mayor. Cumplieron su papel, a pesar de los intentos fallidos de Dani —embutido en unos de los llamativos atuendos de Freddy Mercury— para que el público de la plaza coreara los gritos de su imitado líder musical.  

Por su parte, Mediaset, a través de Telecinco y Cuatro, optó un año más por abandonar la Puerta del Sol y trasladarse en esta ocasión al parque Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz. Mariló Montero y Risto Mejide, rodeados por unas decenas de curiosos, mostraron un plano general desangelado, que hubo de centrarse en su presencia, rodeados de figuras de hielo que pretendían simbolizar algunos de los males del 2022, y que fueron demolidas a martillazos, con el concurso de Antonio Castelo y Virginia Riezu. El experimento resultó tan frío como el original decorado, y los parlamentos, entremezclados con la publicidad, resultaron inanes. 

Habrá que ver los resultados de las audiencias este lunes, pero Ibai Llanos, al frente de su canal de Twitch, apostó por recuperar, fuera del marco televisivo, a dos figuras incontestables de las nocheviejas de muchos años. Ramón García, ahora líder con su programa en Castilla-La Mancha Televisión, y Anne Igartiburu, que se vio obligada en el espacio de mediodía Corazón de ese mismo día a promocionar las campanadas que, por primera vez en mucho tiempo, no iba a protagonizar. Ambos dieron la impresión de sentirse liberados de la solemnidad de la cadena estatal y mostraron una espontaneidad poco acostumbrada.  

El resto de la noche y madrugada merecen poca reseña con la excepción de TVE. Como ya hemos informado en infoLibre, la emisora pública realiza, a imitación del pasado 2021, una de sus apuestas principales en la programación navideña. Este sábado, y a modo de prólogo de los especiales posteriores, incluyó en los telediarios su particular resumen del año, encarnado en cada ocasión por una figura de la cultura. En 2022 fue Luis Tosar y de su mano y su voz pudimos rememorar los principales acontecimientos del año que terminaba. Con la dirección, por cuarto año consecutivo, de Carlos del Amor, y realización de Antonio Casado, se nos ofrecieron marcos, imágenes y palabras que, lejos del resumen al uso, conformaron un relato original y veraz de los hechos, capaz de mostrar la realidad en toda su crudeza, pero con una mirada preñada de emoción, que se traslada al espectador, consciente de que nada de lo que se muestra es ajeno a él mismo. No hay asepsia, tampoco interpretación sesgada, pero logra involucrarnos de una manera personal. 

Tras el excelente preludio, a eso de las diez y media, apareció, una vez más, José Mota, un José Mota en estado puro, esto es, evidenciando un trabajo de meses de preparación para recrear cada personaje, cada uno de los episodios que representa, cada una de las situaciones en que se enmarcan. Humor, sí, pero inspirado en un quehacer profesional, que mima cada detalle, sin concesiones a prisas o improvisaciones. 

Queda para el final La 2, esa cadena tan poco valorada por las audiencias masivas, pero plena de espacios interesantes. En esta Nochevieja volvió, una vez más y ya son once, Cachitos, un programa donde la música enlatada es tan solo una excusa para disfrutar de unos rótulos llenos de ironía, saber y humor iconoclasta. En definitiva un programa inteligente en el mar de mediocridad que forman el resto de cadenas. Por fortuna , cada vez son más los espectadores que huyen a este oasis dentro de la programación televisiva, tal y como demuestran los miles de comentarios en redes sociales. 

El anuncio del final de la etapa Vasile en Telecinco es más, mucho más, que la sustitución de un ejecutivo de televisión con dos décadas de aciertos continuados. Es el final de un modelo de éxito indiscutible durante la mayor parte de lo que llevamos de siglo que ha entrado en crisis en el último año y a la que el inmovilismo de su máximo responsable no ha sabido, ni podido, responder. Por resumir, lo que ha fallado no solo es una persona, por más que gobernara de manera dictatorial la cadena; lo que ha fallado es el modelo que impuso en Telecinco y que se demuestra obsoleto a día de hoy. 

Y es que Telecinco ha sido, desde su irrupción, la cadena de Berlusconi, por más que se disfrazara la propiedad en según qué épocas para burlar las normativas legales. Y el magnate italiano, que en su país creó canales televisivos para conseguir relevancia política y proteger sus negocios, en España quiso, desde el primer momento, hacer un remedo tan solo (o al menos principalmente) para ganar dinero.

Para ello manda en los noventa a Valerio Lazarov, el rumano triunfador en la TVE de los setenta y que había sido su fiel escudero en la implantación de nuevos canales en Italia. De allí importa formatos como Pressing Catch, Su media naranja, Bellezas al agua o VIP Noche y sus Mamachicho, que en los primeros momentos sorprenden y obtienen audiencia, pero Valerio se ancla en los recuerdos de la televisión en España que él conoció, y en los personajes que entonces eran relevantes, y encarga programas y formatos a Alfredo Amestoy o José Antonio Plaza, que no llegan a superar umbrales mínimos de calidad.

Sí acierta al resucitar a Carmen Sevilla al frente del Telecupón, veinte años después de sus éxitos cinematográficos. El resto va del olvido al esperpento, como cuando sitúa a Jesús Gil como presentador dentro de un jacuzzi, rodeado de chicas en bañador, o somete a los invitados a aquella tramposa Máquina de la verdad. Mientras, su competidora comercial, Antena 3, triunfa con series cercanas al sainete y TVE lidera con la inercia de glorias pasadas y compras al exterior de series y películas contrastadas.  

En vísperas del nuevo siglo, Berlusconi da un golpe de timón y pone a Paolo Vasile al frente de Telecinco. Aunque aún no ha cumplido los cincuenta, se trata de un ejecutivo bregado en Mediaset Italia, que sabe muy bien que en televisión no hay nada más caro que los Informativos y nada más barato que poner a gente hablando delante de las cámaras, tal y como llevan tiempo haciendo las cadenas americanas con talk-shows basados en presentadores con gancho.

Vasile soslaya la figura del presentador estrella e introduce las que serán constantes de su mandato: primero —y principal— el morbo, sea el escándalo sobre la vida privada de personajes famosos o sean los escarceos sexuales entre desconocidos que pronto se harán populares. Nace Gran Hermano y el impacto es instantáneo entre el público y sobrecoge a la competencia. En esos momentos, el responsable de programación de TVE confiesa en una comida: "Es un salto contra el que no podemos competir y, si lo hiciéramos, son capaces de emitir una orgía". No se llega a ese punto, pero Telecinco añade otro gran ingrediente: llenar el resto de la programación con dimes, diretes, y mejores momentos del pseudo concurso, hasta convertir en famosos a los que poco antes eran unos perfectos desconocidos que, en manos de avispados representantes, acuden, previo pagos cada vez más suculentos, a todo tipo de eventos que reafirman su popularidad hasta aparecer en cadenas de la competencia. El negocio es redondo: no hay que pagar costosas minutas a personajes conocidos y la publicidad acude rauda a compartir el impacto de las sucesivas ediciones. 

A partir de ahí, Vasile y Telecinco no hacen sino variaciones en las que nunca falta el morbo, ya sea sexual o invasivo de intimidades y trapos sucios de algún famoso. Así nacen Supervivientes, La isla de las tentaciones y un largo etcétera de productos clónicos, remedos de concursos, debidamente guionizados plano a plano para el horario nocturno que llenan las tardes de los múltiples Sálvame durante cinco horas. 

 A principios de 2020 se produce un hecho relevante cuando Antena 3 arrebata a Telecinco el concurso Pasapalabra. La primera e inmediata consecuencia es el vuelco en el informativo de noche: el de Pedro Piqueras en Telecinco pasa de superar el 20% a quedarse en 12% de cuota de pantalla, mientras el de Vicente Vallés en Antena 3 recorre el camino inverso, emparedado por el triunfador concurso y el exitoso El Hormiguero de Pablo Motos. Con los tres espacios bien por encima del 20% se deja una estupenda masa de espectadores a los programas siguientes y, en consecuencia, se la restan a los inicios de realities de Telecinco. 

Junto a estos datos consolidados, lo cierto es que la programación de la cadena de Mediaset ofrece síntomas evidentes de cansancio, quizás incluso de agotamiento. Tras años de ser líder de audiencia es sobrepasada por la de Atresmedia durante once meses ininterrumpidos. Al mismo ritmo, desciende la inversión publicitaria, lejos queda aquel 2011 en que los ingresos de Telecinco superaron los mil millones. Aún en 2021, tras la pandemia, tuvo un pequeño remonte de beneficios, que no es probable se repita este año. 

Decíamos al principio que ha estallado el modelo de programación, y es que su rival se consagra día a día como una televisión familiar que puede entretener a espectadores de todas las edades y con un poder de compra superior a la media de los seguidores de Telecinco. Con todo, el mayor problema para el sucesor de Paolo Vasile es la falta de un modelo alternativo al actual, y en un contexto que complica extraordinariamente la implantación de canales de pago como Netflix, HBO, Disney y otras que se preparan para competir. Vasile ha sido un gran triunfador durante veinte años, pero deja una herencia llena de nubarrones.

El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto lanzará en octubre un nuevo canal de televisión de "tintes políticos moderados y liberales", según informa El Independiente. El también exvicepresidente de Coca-Cola España será uno de los principales inversores que financiará la cadena, de "tintes políticos moderados y liberales" y con accionistas provenientes de Latinoamérica, explica el periódico. 

La intención es convertir a la nueva cadena, cuyo nombre aún no ha trascendido, en una de las principales competidoras a la derecha del espectro ideológico de laSexta, con un contenido "dinámico" y muy enfocado a la actualidad y a la última hora. Los responsables de recursos humanos ya están buscando a periodistas para el proyecto. 

La nueva televisión va a emitir su señal en la televisión digital terrestre (TDT) y en algunas de las plataformas de las empresas de telecomunicaciones, así como a través de su propia página web.

El periodista José Yélamo presentará, junto a Verónica Sanz, laSexta Noche a partir de septiembre,laSexta Noche  tras la marcha de Iñaki López a Más Vale Tarde, espacio que conducirá de la mano de Cristina Pardo.

Así lo ha dado a conocer este martes la cadena del grupo Atresmedia, que ha indicado que Yélamo cuenta con "una extensa e intensa trayectoria" en laSexta, llegando a ser "uno de los reporteros estrella e imprescindible en muchas de las coberturas informativas que ha ofrecido la cadena en los últimos años", según recoge Europa Press.

En este sentido, laSexta ha destacado su trabajo en el Congreso de los Diputados para informar de los últimos movimientos políticos o en Cataluña para tratar todas las novedades relativas a las manifestaciones y acciones políticas en defensa de la independencia.

Junto a Hilario Pino, el periodista ha sido sustituto habitual de Mamen Mendizábal presentando Más Vale Tarde. "Ahora, tras más de una década dedicado a la información en esta casa y con el rigor que caracteriza su trabajo, Yélamo da un nuevo paso adelante y se traslada a laSexta Noche para seguir tratando toda la actualidad de España cada sábado", ha subrayado la cadena.

El cambio se produce tras conocerse que Iñaki López se encargará de conducir Más Vale Tarde, también a partir de septiembre, tras la marcha de Mamen Mendizábal para afrontar nuevos retos periodísticos en laSexta. López presentará el programa de las tardes de laSexta junto a Cristina Pardo, a quien sustituirá Nuria Roca al frente de un nuevo programa para las tardes de domingo.