Más allá del estruendo mediático y de la trinchera judicial, numerosas asociaciones de altos funcionarios han formado también un amplio frente contra el Gobierno. El proyecto de reforma de la Administración Pública, mediante el que el ejecutivo pretende impulsar un cambio radical en el modelo de acceso a la Administración General del Estado, ha provocado una sonora respuesta en plena canícula veraniega.

La intención del Ejecutivo consiste en convertir el dilatado proceso de oposiciones, caracterizado por un esfuerzo memorístico de utilidad cuestionable y por sistemas de preparación mayoritariamente privados —y en los que participan activamente los altos funcionarios—, en un máster público de dos años al que daría acceso una prueba selectiva, y que concluiría con otro examen. Los distintos cuerpos de máximo rango de la Administración, agrupados en la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), consideran que dicho cambio atentaría contra la equidad y el acceso meritocrático a una función pública que debe escoger a los mejores y carecer de sesgo ideológico y arbitrariedad.  

No tiene por qué faltarles razón —aunque la superioridad actual del sistema vigente está por demostrar—, pero hay mucho más. Pese a que estos cuerpos han sido invitados a proponer sus ideas este próximo martes con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el enfrentamiento viene de antes. Se trata del levantamiento intermitente de una primera línea del Estado, una confederación de élites corporativas de las que depende el funcionamiento de la maquinaria administrativa central.

Esta red de mecánicos estatales ha sido considerada por muchos estudiosos como una verdadera clase burocrática. Para expertos académicos y también funcionarios de primera línea como Mariano Baena del Alcázar, Narciso Pizarro, Juan Linz, Amando de Miguel o Miguel Beltrán, la élite de los altos funcionarios era la única manera de hacer política de manera alternativa al mal llamado partido único de la dictadura. Se trataba de una élite cerrada, dotada de un grado de movilidad social mínimo. 

La llegada de la política democrática no ha reducido el papel de lo que el sociólogo francés Pierre Bordieu denominaría la ‘nobleza del Estado’, una posición dominante en la que influye la meritocracia, la procedencia social, y, sobre todo, las ventajas que el espíritu corporativo de los distintos cuerpos otorga a sus miembros, muchas veces incluso desde las academias preparatorias.

Dichos cuerpos andan especialmente activos desde el principio de la legislatura. La declaración del expresidente José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”—, realizada a principios del mes de noviembre de 2023, unos días antes de que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios otorgaran a Pedro Sánchez la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno, ha coincidido con una serie de movimientos que tienen su origen en la oposición a las consecuencias de la ley de amnistía, pero también en fuertes diferencias ideológicas muchas veces difíciles de disimular. 

Pocos días después del pronunciamiento del decano de la derecha española, distintos cuerpos de altos funcionarios realizaron comunicados contrarios a la medida de gracia, acordada para que el nuevo gobierno fuera posible. A los altos cuerpos de la judicatura se unieron las asociaciones mayoritarias de los abogados del Estado, de los técnicos comerciales, los inspectores de trabajo o los administradores civiles, entre otros. Sin embargo, no todos los altos burócratas integrados en estas estuvieron de acuerdo: en FEDECA, el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, la presidenta, Laura Yuste, fue acusada de haber disuelto y rebajado la protesta. Unas semanas más tarde esta sería reclutada como asesora en el gabinete del ministro de Economía, y sustituida, a su vez, por Ana Ercoreca de la Cruz, de talante más crítico. Desde asociaciones como la Academia Española de la Administración Pública, de orientación progresista, se criticó entonces la ruptura de la neutralidad política por parte de unos altos funcionarios que teóricamente basan su acción en su saber técnico, pero que no pueden ignorar su ideología. 

Después de este intento de condicionar la investidura gubernamental ha habido un nivel de actividad política creciente. El 13 de marzo de 2024 se presentó en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, centro perteneciente a la Asociación de los Propagandistas Católicos, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, firmado para luchar contra la supuesta injerencia del Gobierno en la Justicia y contra las consecuencias de las supuestas cesiones realizadas a Cataluña.

Entre sus portavoces se encontraban sindicatos de la Policía Nacional, de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del resto de cuerpos anteriormente mencionados. Destacaba Cristina Dexeus, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales y furibunda crítica del proceso independentista catalán. El representante de APSITAL, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano, mostró su preocupación por la descentralización de competencias para la selección de altos funcionarios para los ayuntamientos catalanes, lo que podría convertirse en una fuente de clientelismo.

Como representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado estaba su presidenta, Ana de la Herrán Piñar, especialmente activa en las tribunas periodísticas, en las que ha denunciado la medida de gracia como un paso decisivo para la demolición del Estado y el proyecto de reforma funcionarial como un cambio lesivo para la Administración. De la Herrán es nieta e hija de altos funcionarios: su abuelo fue Blas Piñar Gutiérrez, notario y fundador de la corriente ultraderechista Fuerza Nueva; su padre, Pedro de la Herrán Matorros, también notario, se presentó como número uno por Valladolid en las elecciones de 1979 por la coalición de extrema derecha Unión Nacional Española; solo su suegro, Blas Piñar, logró escaño en el Congreso.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado también ha sido especialmente combativa. El presidente de este colectivo es, desde hace unos meses, Álvaro Rengifo Abbad, que ha publicado recientemente un artículo en The Objective sobre las amenazas contra el Estado de derecho. Rengifo fue compañero de promoción de Luis de Guindos; su segundo en la asociación es Íñigo Fernández de Mesa, antigua mano derecha de De Guindos en Lehman Brothers y actual vicepresidente de la CEOE. En 2017, Rengifo fue incorporado al equipo económico de De Guindos como presidente de la empresa CESCE. Su padre, Álvaro Rengifo Calderón, también fue técnico comercial del Estado, y figuró como subsecretario de comercio en los últimos años del tardofranquismo; en 1976 juró el cargo de ministro de Comercio con Adolfo Suárez. Emparentado con el marqués de Villaverde a través de su esposa, Álvaro Rengifo Calderón jugó un papel importante en el inicio de la transición democrática. 

La colonización de las asociaciones mayoritarias es solo una forma más de la captura del Estado a la que se puede hacer progresivamente frente. La nueva ley de acceso a la función pública podría incrementar a medio plazo la diversidad social de los altos cuerpos burocráticos, pero, entretanto, la politización y la polarización de todo asunto público prometen una cruenta batalla administrativa. La nobleza estatal continúa en rebeldía al borde del fundido a negro del verano. 

Me he entretenido un rato leyendo el último  Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de julio de 2024, que se publica desde 1990 y forma parte del Plan Estadístico Nacional.

He indagado buscando evidencia con la que constatar sensaciones personales y localizar algún dato con el que ilusionar y orientar a la chavalada de 15 años que esta semana ha participado en un programa de inmersión en mi centro de trabajo. 

Las sensaciones personales son estas: en mi anterior centro de trabajo no era habitual hablar de nuestros padres y madres. Era más habitual hablar de nuestros hijos e hijas. En mi actual centro de trabajo es más habitual interesarse por los ascendentes que por los descendientes cuando las conversaciones giran en torno a la conciliación y a los cuidados. La conciliación en mi nuevo ecosistema laboral es imprescindible para cuidar a los mayores, cuando en mi ecosistema laboral de procedencia lo era para cuidar a los menores. 

He clasificado en tres los datos ilusionantes. El primero es que hay en España tres millones de personas al servicio de la ciudadanía a través de su trabajo en las administraciones públicas. Poco más de medio millón (el 18% del total), contratadas por el Estado ya sea para integrar la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Administración al servicio de juzgados y tribunales. Cerca de dos millones (61%) integran los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas (sanidad, educación y muchos otros), y seiscientos y pico mil (21%) de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y otras de ámbito local.

Tres millones, que son pocos para todo lo que tienen que hacer. Recordaréis que en los años de la Gran Recesión nos familiarizamos con el concepto de “tasa de reposición” por la vía de los hechos, porque se limitó al 10% en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. De este modo, por cada diez personas empleadas en el sector público que se jubilaban, solo se podría convocar una plaza en nuevas oposiciones. Así, y durante más de una década hasta que en 2023 se fijó en el 110% como norma general para “compensar” la sangría de años anteriores, la calidad de los servicios públicos se ha ido deteriorando por falta de efectivos. Llámalos médicas/os, enfermeros/as, maestros/as, trabajadoras/es sociales o inspectoras/es de Hacienda. 

El segundo dato ilusionante está en el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la AGE 2021 y proyección futura a 2031, que arrojaba que el 65 % de efectivos tiene 50 años o más (más del doble que en el conjunto de personas asalariadas). Contrasta una edad media de 44 años para las personas ocupadas con los 52 años del subconjunto de empleadas/os públicas. No en vano, la española es la segunda plantilla pública de la OCDE más envejecida, solo superada por Italia.

Tener 50 años o más es fantástico. Que en 10 años más del 50% de los y las servidoras públicas esté jubilado, también, pero es un escenario anticipado por los datos para el que debemos prepararnos. 

El tercer dato ilusionante es que “ser funcionario/a” es el tipo de figura social que una de cada tres personas en España elegiría ser si pudiera, y nada menos que para casi la mitad de la generación Z (esa que nació entre 2000 y 2010, aproximadamente), según el informe Trends Review 2025 titulado “El bienvivir” de VML The Cocktail. 

Zennials -hoy adolescentes cursando la ESO- que tendrán alrededor de 25 años dentro de 10, que habrán alcanzado mayoritariamente una titulación técnica o universitaria, que habrán superado unas oposiciones y a quienes esperamos con los brazos abiertos para que formen parte de unas administraciones públicas imprescindibles para el bienestar de todos. 

Aprovechemos estas tendencias demográficas, la previsible total eliminación de la tasa de reposición en los próximos PGE y las preferencias personales para preparar el gran reemplazo rejuvenecedor y, en la medida de lo posible, que se cuide y fomente la convivencia entre cohortes y generaciones, porque tenemos mucho que aprender unas de las otras.

Por cierto: a tres millones de efectivos asciende también el personal de la administración federal de los EEUU (sin incluir Fuerzas Armadas) que la motosierra del energúmeno de Musk está esquilmando de forma libertaria, por describir el esperpento de forma suave.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Si hay que hablar de la Administración Pública en España, de cómo presta –o no presta– sus servicios, de cuáles son las fuerzas que operan en su seno, de qué desafíos afronta o de cómo se podría mejorar su funcionamiento, el hombre adecuado es Carles Ramió (Girona, 1963). Catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra, Ramió hace en El colapso de la Administracion en España. Un análisis políticamente incorrecto (Catarata) un diagnóstico sombrío y sin contemplaciones. Aunque lo compensa poniendo ideas sobre la mesa, la lectura no deja de dar motivos de alarma.

Dice usted que con este libro se mete "en todos los charcos ingratos". ¿Por qué?

Hablo de temas que no se suelen tratar, como el confort de parte de los empleados públicos, también de su bajo estado de motivación. Como cualquier colectivo, los funcionarios tienen la piel muy fina. Quien lea el libro verá que tomo prevenciones, pero de forma descontextualizada hasta una pequeña crítica puede herir susceptibilidades.

La administración está en "su peor momento desde la instauración de la democracia" y sin medidas "urgentes" va al "hundimiento". ¿Tan mal está?

Al llegar la época de UCD y del PSOE teníamos una administración del siglo XIX, que se actualizó y fue funcionando bien. El problema que es no ha habido una reforma. Es el gran tema pendiente. Hubo dos destellos reformistas –uno con [Joaquín] Almunia en el 88 y otro con Jordi Sevilla en 2007– que quedaron en nada. Así que la administración lleva más de cuarenta años sin una reforma más o menos profunda. Nació de forma caótica y sobrevenida para atender a 40 millones de personas y ahora son 48. A eso hay que sumarle el envejecimiento y el efecto de dos crisis: la de 2008 y la pandemia. Ese es el panorama. Una administración que ha ido quedándose obsoleta se deteriora con la crisis, cuando se recorta mucho y por cobardía política se hace de forma homogénea, sin prioridades, precarizando todos los servicios. Sin tasa de reposición, la administración sale entonces mal parada. Y entonces llega la pandemia, que supone un punto de inflexión.

¿Por qué un punto de inflexión?

Con la pandemia la administración ha entrado en una regresión conservadora. Se emocionó mucho con el trabajo digital y el teletrabajo y luego en la pospandemia no ha regresado la administración que teníamos antes. La atención al ciudadano es mucho peor que antes. Y eso que al principio hubo como un subidón.

¿Subidón?

Sí, nos dimos cuenta de que estábamos más digitalizados de lo que creíamos. Resultó que con el covid la administración funcionaba. Todo el mundo decía: "Hemos avanzado en teletrabajo más en dos meses que en diez años". Pero nos fuimos demasiado arriba optando por un nuevo modelo que da prioridad a la administración digital, una mala idea porque deja fuera al 40% más vulnerable. El teletrabajo fue impuesto de forma brusca y poco reflexiva, provocando un déficit de presencialidad que explica el deterioro del sistema, las listas de espera, las colas y la falta de atención. Con todo ello la administración, de forma no deliberada, ha optado de golpe por una visión conservadora y ha expulsado a millones de ciudadanos del sistema. Que no vengan, o que vengan pidiendo cita. Cita, por cierto, que hay que pedir digitalmente, porque nadie atiende los teléfonos. Y cuando te dan cita es al cabo de mucho tiempo porque se programa en función del confort organizativo, no de la demanda. Pedir cita para un trámite sencillo, como un expediente de jubilación, y que te convoquen dos meses después es un disparate. Ahora lo están suavizando, pero hubo un momento que no podías ir sin cita previa ni a poner una denuncia a la policía. Y esto no sucedía antes de la pandemia. Es lo que yo llamo resiliencia reaccionaria. Con la pandemia cambió el modelo de gestión y luego hemos mantenido ese modelo, que es peor que el anterior.

Reclama "medidas urgentes". ¿Cuáles?

España hizo en los 80 dos cosas importantes. Una, se descentralizó. Dos, optó por un Estado del bienestar europeo, con un fuerte incremento del volumen de empleados públicos, que entraron de golpe y se van a jubilar de golpe. Por eso estamos ante un relevo intergeneracional espectacular. En diez años se jubila el 50% de los empleados públicos, un millón y medio. Claro, esto implica una pérdida de conocimiento y una necesidad de reponer y atraer talento. Así que la primera urgencia es planificar el relevo. En cambio, estamos en una dinámica de cubrir el puesto cuyo titular se jubila con el mismo perfil. Al entrar jóvenes de veintipocos años estamos cristalizando un modelo para cincuenta años. Imagínate el desastre de no estar teniendo en cuenta la inteligencia artificial, los nuevos perfiles profesionales, las nuevas demandas, el entorno turbulento...

Y eso que este relevo masivo era, sostiene usted, una gran oportunidad.

¡Enorme! Por puñetera casualidad, coincide el cambio de paradigma tecnológico, que implica la supresión de muchos puestos de trabajo, con el relevo intergeneracional, así que podríamos diseñar una administración moderna vinculada a la inteligencia artificial y a los algoritmos con coste social y laboral cero, atrayendo talento joven, bien formado, con valores públicos y totalmente digital. Pero no lo estamos aprovechando. Y eso que conocemos desde hace mucho la pirámide demográfica. ¿Qué ha pasado? Nos hemos distraído. Nos distrajo la crisis cuando ya era urgente actuar. El sistema se resintió. Luego la pandemia. Y otra distracción: el tema de los interinos. Las comunidades llevan dos años gestionando su conversión a fijos. Así nunca atendemos al problema sustantivo del relevo, que requiere cambiar los sistemas de selección.

¿Por qué?

El sistema actual son las oposiciones de carácter memorístico. No han funcionado mal, porque resulta que los que tienen memoria suelen ser buenos profesionales. Pero no siempre es así. Y ese no es el principal problema. El mayor problema es que el talento joven no quiere pasar por el filtro de estar entre entre cuatro y siete años, que es lo que necesitas para los grandes cuerpos del Estado, memorizando temas.

Los defensores del sistema actual de selección subrayan su carácter meritocrático.

El modelo memorístico es meritocrático, sí, pero muy poco equitativo. Se salta el principio de igualdad. Porque, ¿quién se puede permitir años estudiando, pagar un preparador, una academia...? Es una inversión especulativa, sin garantía de aprobado. Además, es un modelo que tiene tres fallas. Primero, es ingrato para la administración, que bajo la presión de prestar los servicios se tiene que saltar sus propias reglas, sobre todo en las comunidades. De ahí que haya tantos interinos. Segundo, es un modelo que no atrae talento, atrae a los hijos de funcionarios socializados con este método. Para el resto es surrealista. Por último, no contempla las competencias del empleado público del futuro.

¿Qué propone?

El sistema tiene que ser meritocrático. Porque, cuando flexibilizas, la bestia clientelar se manifiesta. [Propongo] un sistema meritocrático, al mismo tiempo que rápido y fluido. No un proceso que, como ahora, puede durar un año de la primera a la última prueba. Y hay que analizar competencias. El ejemplo es la UE, que cambió su modelo de selección de euroburócratas y ahora hace un test de inteligencia, un test psicológico y una prueba de competencias. Es un modelo meritocrático que cambia el perfil de los que acceden. Eso es algo fundamental. Hay que ver qué perfiles de los que se jubilan han quedado obsoletos, cuáles deben permanecer y qué nuevos se necesitan, sobre todo de gestión de información y gobernanza de datos, donde hay enormes déficits. En cambio, la administración sigue en dinámica inercial. Sustituye a los que se jubilan por lo mismo, como auxiliares administrativos, una categoría que carece de sentido desde que se inventó la ofimática. Pura inercia. Y son decisiones para cincuenta años.

¿Hay demasiado énfasis en la exigencia de titulación de Derecho?

Las titulaciones no me preocupan. Debería dejarse abierto en las convocatorias. Hoy un graduado en Humanidades puede hacer un máster en big data y tener un perfil adecuado para un puesto reservado para un ingeniero.

¿Qué más "medidas urgentes"?

Cambiar el rígido modelo de gestión de personal. Lo vimos claro en pandemia y pospandemia, cuando hubo ámbitos estresados, y no sólo la sanidad, también la gestión de los expedientes de empleo, pensiones, ingreso mínimo... Mientras, en otros ámbitos, como el cultural o el deportivo, estaban en valle, mano sobre mano. Hay que tener la capacidad de trasladar recursos, porque a partir de ahora las crisis y las urgencias van a ser constantes. El puesto rígido no tiene sentido. Hay que trabajar donde surge la urgencia. Y no ocurre así. Aquí hemos visto un desajuste entre la política y la administración. A este Gobierno [se refiere desde 2020], que puede ser criticable en muchos aspectos, en absoluto se le puede achacar falta de creatividad y dinamismo. Ha tomado medidas imaginativas para proteger a los más vulnerables. Pero luego la administración ha sido incapaz de seguir el ritmo de esas buenas ideas políticas.

¿Habla del ingreso mínimo vital?

Por ejemplo. No ha habido suficientes recursos humanos para los trámites. Hay constantes cuellos de botella. Muchos trámites que antes se hacían en un día ahora duran dos meses. En global las administraciones van justas de personal, pero podría ser suficiente. Lo que pasa es que hay un problema de rigidez. Los trabajadores no se pueden reasignar a los ámbitos más calientes. Que haya una necesidad y no se atienda, que haya una lista de espera, no tiene sentido.

¿Lo que dice vale para todas las administraciones?

Este diagnóstico afecta sobre todo a la Administración General del Estado y a las comunidades. A todas. En la administración local hay de todo, pero es la que mejor funciona, es la que nos salva. A pesar de estar muy precarizada, no está en colapso.

¿Las demás sí están en colapso?

El colapso todavía no ha sucedido. Pero si no tomamos medidas urgentes, vamos al colapso en tres, cuatro, cinco años. La administración es un transatlántico que vira muy lentamente y no va a llegar a tiempo sin medidas urgentes.

¿Pero en qué consistiría ese colapso?

Lo que ha sucedido con servicios como el ingreso mínimo vital, ocurriendo de golpe en todos los servicios públicos.

Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han tenido siempre prevista la reforma de la Administración. ¿Qué balance hace?

El Gobierno hasta ahora ha hecho muy poco. Más ruido que nueces. Ahora han aprobado una ley de función pública por real decreto, pero se queda muy corta, es insuficiente. Ahora bien, en diciembre se creó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y tomó posesión [José Luis] Escrivá, que en una comparecencia en el Congreso expuso su programa. Es la primera vez que oigo un programa de reforma de la administración pública coherente, robusto y ambicioso.

¿Cree que se quedará en palabras?

[Miquel] Iceta creó una comisión de expertos para la reforma que ahora se ha recuperado. La semana que viene tengo reunión con la secretaria de Estado, Clara Mapelli. Por el conocimiento que tengo de Escrivá –no directo, sino indirecto– y de la secretaria de Estado, sé que se lo toman en serio y que quieren una reforma ambiciosa y profunda. Otra cosa es lo que puedan hacer. Habrá enormes resistencias sindicales y corporativas. Habrá confrontación entre el ministerio y los grupos de presión, claro. Pero como parten de un programa ambicioso, puede quedar una reforma aseada y relevante. Y aunque sólo sea a nivel de la Administración General del Estado, si sale bien abrirá la lata, porque las comunidades, para no quedarse atrás, harán reformas similares.

¿Una reforma profunda, como la que usted defiende, es muy cara?

No tiene que ser desmedido, pero sí optas, como pretende el ministerio, por medidas como la evaluación del desempeño [de los empleados públicos] y por la carrera horizontal, hay un coste económico. El Ministerio de Hacienda no a va estar de acuerdo y esa será otra resistencia. Y habrá más. De otros ministerios, por ejemplo. Las reformas en la administración generan ruido. Es algo que afecta a casi 3,5 millones de empleados públicos con sus familias, porque aunque la reforma sea de ámbito estatal todos se sienten afectados. Eso es una masa de votantes descomunal. Además, con crispación y crisis el sistema funciona peor durante una temporada. Nadie quiere pagar ese precio. La reforma es técnicamente compleja y políticamente la bomba. Y los políticos se acobardan. Pero o transformamos o colapsamos.

¿Por qué considera a los sindicatos parte del problema?

Los sindicatos en el ámbito privado están desempoderados, deberían empoderarse más, pero en el público forman parte del problema porque tienen mucho poder. La asimetría a favor de la patronal se da a la inversa en la administración, donde hay una asimetría a favor de los sindicatos. Ante cualquier crisis laboral, los políticos se asustan y van cediendo derechos hasta llegar a privilegios. Los sindicatos, con una visión gallinácea, no se dan cuenta de que así el sistema es organizativa y económicamente insostenible.

Cuando habla de privilegios cita en su libro "régimen horario, días de asuntos propios, laxitud y cierto descontrol con el teletrabajo".

Un funcionario sénior puede llegar a acumular 16 días de asuntos propios. Eso es una pérdida de capacidad del sistema enorme. Luego hay situaciones surrealistas. El convenio del Ayuntamiento de Barcelona –por cierto, de las administraciones más avanzadas y competitivas de España– recoge que los días de asuntos propios, si no te los gastas, te los puedes guardar para jubilación anticipada y el Ayuntamiento, de forma totalmente graciable, te los dobla. Si tú te guardas 16, de golpe tienes 32. Es un disparate.

En el libro habla de la existencia de funcionarios "ociosos".

Más del 80% de los empleados públicos son gente trabajadora y comprometida. Luego hay, como en cualquier colectivo, un porcentaje más acomodado. El problema es que la administración no los condiciona.

¿Desecharía la idea del funcionario y la plaza para toda la vida?

La plaza es la gran rigidez del sistema. Esa idea de: "Yo tengo un plaza para estas funciones y no puedo realizar otra". A la definición del puesto de trabajo le añadiría siempre: "Trabajarás donde seas necesario". Si no, no podemos acumular recursos en los cuellos de botella. Ahora bien, el funcionario blindado tiene su sentido: evitar la arbitrariedad política y ser independiente. Lo que sucede es que un sistema donde no está regulada la salida para el 1% que no cumpla su cometido, porque el régimen disciplinario no funciona, es un sistema perverso. Tendría que haber un mecanismo, que siempre sería excepcional. Y de cara al futuro no me parecería mal, aunque esto es disruptivo, que el 80% de la plantilla fuera estable y un 20% variable y trabajara por proyectos. Alguno dirá: "Ah, pero eso son minijobs". Al contrario, serían superjobs. No hablo de interinos, sino de trabajadores altamente cualificados, retribuidos generosamente, para proyectos concretos. Y si funciona, volverían.

¿Hay una corriente de deseo de cambio dentro del funcionariado?

El compromiso con la reforma es algo bastante elitista, sobre todo de titulados superiores y directivos públicos. Ahí sí hay ambiente de reforma. Claro, en la administración los problemas internos van desgastando a la gente. A medida que avanza la edad, se van perdiendo expectativas de reforma. Cuando estás cerca de jubilarte, de forma inconsciente tiras la toalla.

¿Algún país del que tomar nota?

España tiene el modelo continental, como el francés o alemán, que es un modelo rígido, frente al escandinavo o anglosajón, más flexible... Pero imponer ese modelo en España es imposible desde el punto de vista cultural y quizás tampoco sea deseable, porque los anglosajones –los escandinavos no– desempoderan mucho a la administración. No sé, son problemas generales, se dan en todas partes, aunque hay países que están haciendo reformas, no muy ambiciosas, como nuestros vecinos Francia y Portugal. Podríamos mirar ahí.

No sólo hacer sino averiguar si lo hecho ha servido para algo. La evaluación de las políticas públicas, un instrumento que todo el mundo considera imprescindible para mejorar la eficacia de la administración, hace muchos años que forma parte de la vida cotidiana de las instituciones de países como el Reino Unido y los nórdicos —en particular Finlandia— o de democracias en las que rara vez nos miramos, como la chilena. 

En España, después de algunos intentos fallidos, y empujados por las reformas administrativas que exige la Unión Europea para seguir teniendo acceso a los fondos Next Generation, el Congreso dio este jueves luz verde a una ley llamada a sentar las bases de un modelo de evaluación de las políticas públicas digno de tal nombre. Aunque, según los expertos en la materia, la letra pequeña plantea todavía dudas. Nadie se atreve a decir si esta vez las cosas serán diferentes.

Durante años, los expertos han denunciado el problema estructural que sufre la evaluación de políticas públicas en España: la falta de “institucionalización” de la evaluación. Es decir, no está sistematizada, sigue sujeta a vaivenes políticos, no hay mecanismos para exigir su realización ni para incorporar sus recomendaciones. 

El primer intento serio tuvo una vida efímera. Una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios ejecutó alrededor de 40 evaluaciones de programas y servicios públicos entre 2007 y 2011 antes de ser vaciada de contenido y recursos a partir de 2012. Fue disuelta finalmente en 2017, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y eso que el informe de la OCDE Public Governance Reviews, de 2016, recomendaba “fortalecer el estatus de la Aeval” emitiendo declaraciones oficiales sobre sus informes, fuera “aceptando sus recomendaciones o explicando por qué la administración pública no las seguirá”. Esa era la forma, según la OCDE, de integrar unas políticas de evaluación “fragmentadas y dispersas”.

A este vacío es al que pretende poner fin la ley aprobada este jueves y, en particular, la creación a través de ella de la nueva Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. 

Sobre el papel todo son ventajas. La evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece la toma de decisiones informada y sirve como elemento para proponer eventuales correcciones. Las democracias más avanzadas tienen claro desde hace años que hacen falta instrumentos que hagan las políticas públicas más eficaces y eficientes y que sirvan para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La nueva ley propone analizar y evidenciar el impacto de las políticas públicas en cuestiones como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la extensión de los derechos sociales o la despoblación y el reto demográfico. Pero también el crecimiento económico, el empleo digno, estable y de calidad, la solidaridad intergeneracional, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y a las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Si consiguiese su objetivo, los gobiernos —y los ciudadanos— tendría a su disposición un modo eficaz de saber si las políticas aplicados a todos estos asuntos han funcionado. Es fácil imaginar el impacto que semejante herramienta tendría en la salud democrática del país.

Pero para llegar ahí falta mucho por recorrer. No basta con aprobar una ley —de hecho algunos de los países más eficaces a la hora de evaluar políticas públicas ni siquiera tienen una— y la que está a punto de entrar en vigor en España tiene todavía muchas incógnitas por despejar. 

La primera y quizá la más importante tiene que ver con la naturaleza de la nueva agencia de evaluación. ¿Será de verdad independiente del Gobierno? ¿Tendrá acceso a los datos que necesita para hacer sus evaluaciones? ¿Dispondrá de los medios para cumplir su cometido? ¿Gozará de la flexibilidad necesaria para pedir el auxilio de especialistas, sobre todo del mundo universitario? La ley no lo precisa. Será el Gobierno el que lo establezca cuando apruebe, antes de seis meses, los estatutos que regirán el nuevo organismo.

“Está muy bien que tengamos una ley de evaluación, es un gran paso, pero desde luego no es condición suficiente para asegurar que las evaluaciones se vayan a hacer”, señala Hugo Cuello, analista principal del Innovation Growth Lab (centro internacional de políticas de innovación fundado por Nesta e integrado en la Barcelona School of Economics), un laboratorio que ha intentado —con éxito parcial— convencer a los diputados de diferentes partidos para que mejorasen el proyecto.

El texto aprobado “resuelve algunas cosas pero desde luego no todas”, explica Cuello. Intenta cerrar una sistema “más o menos establecido, sistematizar el proceso de evaluación, lo que está bien para asegurarnos de que haya una práctica evaluada sostenible”. El problema es “que se basa mucho en el optimismo de que se va a crear un círculo virtuoso dentro de la administración” gracias al cual “va a empezar a hacer evaluaciones por sí sola, cuando “tenemos demasiados casos”, como la ley de transparencia o la reforma de la administración de 2015, en los que la “buena intención” no fue suficiente parta conseguir el objetivo que se perseguía. “A mí me parece que a esta ley puede que le pase lo mismo; es probable que veamos más evaluaciones gracias a ella, pero creo que no necesariamente van a ser de mayor calidad ni más transparentes”, lamenta.

Parte del problema, reconoce, es que “en España no tenemos el hábito de hacer estas cosas”. Las veces que se ha intentado las evaluación no ha pasado de un control de cuentas o de un informe justificativo y autocomplaciente porque en su origen “están demasiado cercanos al ejecutivo”. En ese sentido, admite, la ley es “poco ambiciosa”. Le sobran muchos buenos deseos y le faltan mecanismos que aseguren un mayor nivel de rigor en las evaluaciones”.

 Entre otras cosas, el analista del Innovation Growth Lab asegura que la ley “deja demasiada responsabilidad en el propio Ejecutivo”. La nueva agencia “va a coordinar y a supervisar las evaluaciones que hagan los propios ministerios” y eso significa que, al final, van a ser los equipos evaluados los que se examinen a sí mismos.

Hugo Cuello cree que la ley fue redactada por el Ministerio de Hacienda y la Función Pública, que dirige María Jesús Montero, pensando en que la administración “funcione por sí sola” y con la mente puesta en la necesidad de cumplir los plazos exigidos por Bruselas. El resultado es que “no corrige todos los problemas que tuvieron los intentos previos de introducir evaluación y puede acabar cayendo en lo mismo”.

Al final, aunque la evaluación sea independiente y rigurosa, el problema siempre es cómo garantizar que las administraciones apliquen las recomendaciones y mejoren sus políticas. “Hay muchos casos en los que se hacen evaluaciones muy buenas y luego se guardan en un cajón”, reconoce. 

Para evitarlo, es necesario implementar sistemas de transparencia —que esta ley sí plantea, al menos obre el papel—. Si un ministerio no aplica las recomendaciones no le va a pasar nada, pero es importante que se vea en la obligación de aceptar lo que se le pide o de explicar por qué se niega a hacerlo. Hará falta, añade Cuello, “un poco de public shaming [escarnio público], y ahí entran los medios de comunicación y la independencia de la agencia, que es la que va a estar supervisando esto”. 

“No tiene sentido enfrentar la pandemia de 17 maneras distintas”. Poner en cuestión el Estado de las Autonomías aprovechando la crisis del covid-19 se ha convertido en una constante. Especialmente después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido dar un paso más en la cogobernanza de la pandemia y haya impulsado, con un amplísimo respaldo del Congreso, una declaración del Estado de alarma que refuerza la capacidad de actuación de las comunidades y deja a sus presidentes sin apenas excusas para trasladar a la administración central la responsabilidad de las decisiones.

No es un debate nuevo. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 no sólo se está llevando por delante miles de vidas y la economía española sino que suma casi ocho meses sometiendo a una enorme prueba de estrés al Estado Autonómico. La gestión de las medidas sanitarias para hacer frente a la enfermedad, además de tensionar la estructura de los hospitales y de los sistemas de atención primaria, que claramente no estaban preparados para una emergencia de estas dimensiones, ha sacado a la luz zonas de sombra en la organización del sistema español de salud, especialmente en materia de coordinación de recursos y manejo de información.

Un escenario perfecto para que los partidos libren una batalla competencial que nada tiene que ver con el covid-19 y que separa, de un lado, a quienes sostienen que el Estado Autonómico ha sido capaz de dar una respuesta eficaz y coordinada a una crisis gigantesca —es el caso, sobre todo, del PSOE— y los que, por el contrario, afirman que parte de los problemas de gestión de la pandemia en España han tenido más que ver con la estructura descentralizada del Estado que con las dimensiones del problema estrictamente sanitario —ahí están, sobre todo, los partidos de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos—.

Supuestas desigualdades

La utilización de elementos del debate público para cuestionar el Estado Autonómico viene de lejos. La derecha, a veces también algunos sectores de la izquierda, han tratado en los últimos años de poner en cuestión el modelo español de descentralización con distintos argumentos, siempre en nombre de la existencia de supuestas desigualdades entre territorios y entre ciudadanos, ya sea en materia sanitaria o educativa, o de agravios comparativos, o en relación con los salarios de las fuerzas de seguridad, por poner los ejemplos más habituales en los medios de comunicación.

PP, Vox y Ciudadanos alimentan sus discursos, en todo o en parte, de mensajes que denuncian supuestos excesos por parte del Estado Autonómico y defienden —en distintos grados— la recentralización de España. En las elecciones de 2019 los tres partidos abrazaronuna amplia agenda recentralizadora para devolver al Gobierno central competencias de las Comunidades Autónomas. El PP, bajo el liderazgo de Pablo Casado, fue el último de los tres en incorporar estas ideas, que hasta entonces eran —en su versión más extrema— patrimonio de Vox y que siempre formaron parte del tronco fundacional de Ciudadanos.

Son estos tres partidos los que están aprovechando la pandemia para denunciar que la toma de decisiones diferentes para atajar la pandemia en Comunidades Autónomas que son distintas, tanto por sus propias condiciones geográficas y meteorológicas como demográficas, ha llevado al “caos” la lucha contra el virus. Sostienen, como han hecho estos días portavoces de los tres grupos en relación con la decisión del Gobierno de reforzar la autoridad de los presidentes autonómicos para luchar contra la pandemia a través del estado de alarma, que es un error que existan "17 estrategias diferentes" contra el covid-19.

Existe en la actualidad un consenso entre todas las partes, especialmente en la comunidad científica, en que desde que estalló el problema todas las administraciones —la central y las autonómicas— han cometido errores. De ahí que voces muy autorizadas de la ciencia en España lleven meses promoviendo una auditoría independiente pensando no en encontrar culpables sino en implementar soluciones que contribuyan a luchar con eficacia contra el virus. Contra este y contra cualquier otro que pueda venir en el futuro.

Así lo hicieron saber a través de la prestigiosa revista The Lancet en un artículo en el que incluyeron, entre las explicaciones del gran impacto del virus en España, “una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, lentitud en los procesos de adopción de decisiones, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales y escasa dependencia del asesoramiento científico”.

Problemas, por cierto, que los científicos españoles creen que “se vieron exacerbados por los efectos de un decenio de austeridad que había agotado al personal sanitario y reducido la capacidad de la salud pública y del sistema de salud”.

De ahí que, entre las preocupaciones que la comunidad científica española expresa a la hora de llevar a cabo la auditoría, destaque “el liderazgo y la gobernanza” de las crisis epidemiológicas.

El mal uso de la autonomía

Los constitucionalistas llaman la atención sobre el poco sentido que tiene cuestionar el Estado Autonómico porque en un momento dado alguien haga mal uso de él. El profesor Fernando Flores, de la Universitat de València, pone un ejemplo muy gráfico que a menudo utiliza en sus clases. Un martillo es una herramienta útil, razona, pero en manos de una persona violenta puede convertirse en un arma asesina. ¿Quiere eso decir, explica en conversación con infoLibre, que deben prohibirse los martillos?

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, tampoco cree que tenga sentido cuestionar el sistema autonómico basándose en la crisis del covid-19. Al margen de que la gestión de tal o cual gobierno esté siendo bueno o mala. Sería tanto como decir, explica, “que hay que cambiar la Constitución porque los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos una estructura que es descentralizada y que la Constitución establece porque reconoce el derecho a la autonomía”, recuerda.

Flores coincide con él. “El sistema autonómico es un sistema previsto en la Constitución” y regulado por estatutos de autonomía que implican vías extraordinarias de tramitación y aprobación que les otorgan un especial peso en la arquitectura jurídica del Estado. “Evidentemente hay cosas que funcionan mejor o peor”. Existen “disfunciones”, pero las habría también “si hubiera un Estado unitario no descentralizado”. Su existencia “no significa tener que darle la vuelta al sistema”.

Es verdad, admite Arbós, que “hay personas que cuando ven gestiones distintas se creen que esto necesariamente es un caos”. Y también es cierto que no todas las decisiones que se toman son acertadas. Pero eso no significa que no tenga sentido. “Por tomar una cosa simple: que en un lugar el toque de queda sea a las 11 o las 10. A mí me parece que está bien que pueda determinarse de modo distinto, porque los hábitos de las comunidades y la vida social son distintos. Por lo tanto me parece que es mejor que haya un margen para que la adaptación de las medidas de la lucha contra la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los contagios se derivan de los hábitos de los ciudadanos”. Una de las consecuencias que tiene la descentralización política que España eligió con la Constitución de 1978 “es que sobre una misma base no se toman siempre las mismas decisiones”. Y eso hay que asumirlo.

Las comunidades “deben ser responsables de lo que hacen”. Y los electores también, exigiendo a las autoridades competentes “que desarrollen las políticas que prefieren”. “A veces cuesta aceptar la diversidad y que, inevitablemente, allí donde hay un mínimo de autogobierno, aunque sea a escala local, pueda haber diferencias. Pueda haber incluso una competición”, como ocurre cuando un territorio decide bajar impuestos a costa de recortar en los servicios públicos. “Es inevitable”, apunta. Y representa una diferencia que, en su opinión, “no justifica el replanteamiento total de la estructura constitucional de España, que establece la autonomía como un derecho justo después de mencionar el carácter indisoluble de la nación española. Esto está en el núcleo de la Constitución”, subraya.

Si hay autonomía, “va a haber diversidad de normativas”. La clave “está en que esa diversidad no afecte a los derechos fundamentales y esenciales. Y en que en cada lugar la gestión sea lo más aceptable posible y lo más controlada posible. Y yo creo que es mejor controlar la gestión cuanto más directa es que cuando está a centenares de kilómetros” en virtud de un estado centralizado.

El catedrático catalán recuerda que las comunidades autónomas llevan mucho tiempo gestionando la sanidad, lo que les da “un conocimiento acumulado y pegado al terreno que no se puede pretender sustituir de la noche a la mañana por una gestión centralizada”. “El hecho de que las cosas se decidan todas desde Madrid a mí me parece que no va a mejorar la calidad de la respuesta que afecte a León, a Castellón o a Tarragona”.

¿Caos o diversidad?

A juicio de Arbós, “a veces se ve caos donde sólo hay diversidad”. Sin que eso signifique, subraya, que “todo se haga bien. Hemos visto comunidades autónomas que lo han hecho bien en unas condiciones muy difíciles y otras, sobre todo al principio, donde no se ha hecho bien, aunque creo que ahora se ha mejorado”, recuerda en referencia a Cataluña, donde vive. “Suponer mayor eficiencia y mayor calidad cuanto más centralización es un error”.

Lo que a veces falla, recuerda, son “los mecanismos de coordinación”, que “pueden ser más o menos eficientes”. Y ahí la referencia a Alemania es inevitable. Allí la coordinación “es una práctica constante y todo el mundo considera que, a pesar de las diferencias de gestión que puedan existir, hay una práctica común” a la hora de “ponerse de acuerdo”. El problema es cuando en el camino “se cruzan intereses partidistas”: entonces “no hay manera de ponerse de acuerdo”. “Cuando funciona el partidismo”, insiste, en cuestiones como la renovación de las altas instituciones del Estado “no hay forma de ponerse de acuerdo”.

En relación con la pandemia, “el problema no está en el diseño institucional, que es bueno, porque permite la reacción rápida indispensable, la reacción inmediata y localmente focalizada a través de las competencias ordinarias de las Comunidades Autónomas”. Los mecanismos de coordinación “pueden ser suficientes si los partidos se dejan en la antesala del lugar de la reunión las estrategias de lucha a muerte” por sus propios intereses.

La situación, concede Arbós, es “muy difícil y muy compleja de coordinar. Pero yo creo que la centralización no solucionaría los problemas, agravaría aún más la tensión política porque es una preferencia que no encaja con el actual modelo constitucional”.

Flores insiste en que “si el político decide mal, da igual que el Estado sea unitario, federal o autonómico. Da igual que tengas el mejor derecho del mundo o la mejor organización normativa. Porque va a funcional mal”.

La cuestión, explica, es “si el Estado Autonómico sirve. Y nos ha servido. Si llevamos 40 años sin matarnos, es entre otras cosas porque hay un Estado Autonómico”, por muy “imperfecto” que sea.

Porque lo es, añade. “La coordinación en determinados temas deja mucho que desear”. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, se producen disfunciones por problemas en la interconexión de los sistemas de información digital.

Es algo que no sucede en Alemania, recuerda Flores, quizá porque en un Estado federal estén mejor perfilados la coordinación y los elementos comunes. Aquí el debate se mezcla con la política, al dirigir las críticas en la dirección equivocada. “Para acabar con las disfunciones no hay que acabar con las autonomías. Es más un tema de coordinación que de competencias”.

El problema, según la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz, no es tanto el sistema autonómico como el uso que de él han hecho nuestros políticos. En su opinión, todo “habría funcionado mucho mejor” reformando la legislación sanitaria en marzo y dado capacidad de acción a las Comunidades Autónomas.

El peso de la polarización

En un seminario en línea organizado por la Fundación Alternativas el pasado jueves, Sáenz defendió que España podía haber hecho lo mismo que Alemania: modificar la legislación, prever la situación y coordinar con criterios iguales para todos las obligadas restricciones de derechos. El éxito alemán, sin embargo, no tiene que ver con el diseño de su estructura política, según Sáenz, sino con la “actitud de consenso” de los actores políticos del país.

“Por muchos órganos que establezcamos, la coordinación dependerá del sistema de partidos y de la mayor o menor polarización existente. Con la polarización actual en España, de nada servirá la creación de una Agencia Estatal de la Salud Pública o las reformas en el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Derecho no todo lo puede”, remarcó la profesora de la Universidad de Zaragoza en un reciente artículo en Agenda Pública.

Los estudios corroboran la opinión de los constitucionalistas sobre las bondades de la descentralización. Uno muy reciente, publicado en 2019 por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) intentó calcular Los costes de la no autonomía, yno deja lugar a dudas.

El IVIE es un centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica y a su proyección en el ámbito nacional e internacional creado en 1990 por la Generalitat Valenciana que cuenta con el apoyo de empresas y fundaciones privadas y que desarrolla sus investigaciones en estrecha colaboración con las universidades valencianas.

El documento, dirigido por los profesores de la Facultad de Economía de la Universitat de València Francisco Pérez y Ernest Reig, concluye que aunque “la recentralización no ofrece ventajas”, “la descentralización realizada es manifiestamente mejorable”. Sobre todo por dos vías: una distribución de los recursos entre las comunidades más ajustada a sus necesidades para garantizar la solidaridad interterritorial y “una mayor lealtad institucional entre los distintos niveles de gobiernos para lograr una mejor gobernanza multinivel”.

Esta última parece ser, no sólo para el IVIE sino también a ojos de los expertos en derecho constitucional consultados por infoLibre, el principal problema del modelo autonómico español en estos momentos.

El informe del instituto valenciano trata de dar respuesta a un hecho cada vez más evidente en el debate público —“por primera vez desde la transición política, hace ya más de cuarenta años, se cuestiona el Estado de las Autonomías, uno de los pilares fundamentales del actual régimen político”— exponiendo “el elevado coste que una situación de no autonomía —es decir, una alternativa recentralizadora— supondría para el país”.

Los investigadores del IVIE concluyen que “la evidencia empírica no respalda la tesis de que la descentralización implica mayores costes legislativos y ejecutivos, ni las comunidades autónomas gastan en las funciones que tienen encomendadas porcentajes de PIB mayores que otros países con similar nivel de renta”. Por tanto, "de la recentralización no habría por qué esperar ahorros de costes significativos”.

El informe reconoce que “la descentralización ha sido más importante por el lado de los gastos que por el de los ingresos”, pero recuerda que “no se debe a que las comunidades no quieran asumir responsabilidades fiscales sino “a las dificultades que existen para ampliar la autonomía fiscal de las comunidades dentro del marco normativo europeo”.

El IVIE llama además la atención sobre un enfoque que a menudo rehúyen quienes tratan de cuestionar ese Estado Autonómico en términos exclusivamente de coste-beneficio. “La autonomía es, ante todo,” una opción política que responde a la voluntad de la Constitución Española de 1978 de reconocer la existencia de diferencias culturales y de sentimientos identitarios y que, como consecuencia de ello, existen preferencias distintas sobre cómo organizar y prestar los servicios públicos en las diferentes nacionalidades y regiones”. “No se debe ignorar que una parte mayoritaria de los ciudadanos otorga valor a que se les reconozca el derecho a organizar de manera diferente los asuntos y servicios públicos en su demarcación territorial”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado este ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de "perseguir a las administraciones que no son de su cuerda" y que no puede "controlar" y parasitar", mientras "premia" a los ayuntamientos que gobierna el PP por "proteger a los corruptos".

"Es evidente que el PP, lo que no puede controlar, trata de intervenirlo. Allí donde controla, parasita, y donde no puede controlar, interviene", ha denunciado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. "Atacan la demostración práctica de que se puede gobernar mejor que el PP", ha enfatizado.

Así lo ha asegurado el líder de Podemos al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Hacienda de tutelar semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena y entendiera que sigue incumpliendo la regla de gasto.

"Premia" a los ayuntamientos del PP por "proteger corruptos"

"Hay una evidencia. Mientras el Gobierno de Carmena del Ayuntamiento de Madrid ahorra, cuando gobierna el PP la deuda aumenta. ¿Interviene los ayuntamientos y administraciones que gestiona mal el PP? No, les premian porque protegen a los corruptos", ha denunciado.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que el Montoro, "un ministro reprobado que hizo una amnistía fiscal inconstitucional", ha podido tomar esta decisión gracias a "aquella reforma del artículo 135 de la Constitución que pactó el PP con el PSOE, con nocturnidad y sin consultar a los españoles".

El 29 de julio pasado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (Aeval), el organismo nacional encargado de analizar la pertinencia y eficacia de las actuaciones de la Administración. Por ejemplo, si a Castellón le convenía más un aeropuerto que una autovía o un tren de alta velocidad, o para qué hacían falta las autopistas radiales de Madrid ahora en quiebra, o si son necesarias determinadas líneas de AVE.

Creado en 2007, la Aeval desaparece obligada por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, que ordenó suprimir las agencias estatales. Pero su extinción no significa que vayan a dejar de evaluarse las políticas públicas. El Gobierno promete sustituirla por un Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas, adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda, y con nivel orgánico de Subdirección General. Su labor se centrará “especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y social”.

La Aeval fue el primer y hasta ahora único organismo nacional dedicado a evaluar las políticas públicas. Aunque ha tenido una actividad más bien escasa y casi ningún protagonismo. “Ya tenemos una Ley de Transparencia y otra de Participación Ciudadana, la tercera pata para que se sostenga la mesa debería ser una Ley de Evaluación”, explica gráficamente José Luis Osuna, presidente de la Sociedad Española de Evaluación y miembro del Consejo Rector de la Aeval. A su juicio, la evaluación de las políticas públicas es “una exigencia” del propio sistema democrático para ser “más transparente y eficiente”. Pero, desgraciadamente, la ciudadanía la desconoce y apenas existe como “cultura administrativa”. “Los funcionarios deben entender que la evaluación no es una herramienta coercitiva, no está para juzgarlos, porque no somos interventores ni el Tribunal de Cuentas, sino que sirve para mejorar las políticas económicas”, describe Osuna en un intento por explicar en qué consiste la evaluación. Más allá del mero análisis cuantitativo y de impacto, destaca, es una “herramienta de ciencia social, que debe preguntar a los beneficiarios de las políticas públicas y debe hacerse de forma participativa, para elaborar una política económica integral”.

En España, además de la Aeval, sólo existe otro organismo similar autonómico, en Cataluña, Ivàlua, creado en 2008 bajo la forma de un consorcio público, que integran la Generalitat, la Diputación de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, el Consell Interuniversitari de Catalunya y el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. En Navarra llegó a constituirse un Servicio de Evaluación que desapareció con la crisis y los recortes presupuestarios. Y en Baleares una ley de 2011 creó la Oficina de Evaluación Pública, que no ha llegado a hacerse realidad. Sí que funcionan sistemas de evaluación sectoriales, como la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación (Aneca), para enseñanzas, profesores e instituciones de la educación superior, y el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación para la educación primaria y secundaria. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud examina la sanidad y una Subdirección General supervisa las políticas de cooperación al desarrollo.

En conclusión, según señala Blanca Lázaro, que fue directora ejecutiva de Ivàlua, en un estudio elaborado para el programa Eurosocial de la UE, el grado de desarrollo institucional de la evaluación de políticas públicas se encuentra en España “entre los más bajos de la OCDE”. José Luis Osuna apunta que a España la evaluación llegó “muy tardíamente”. Recibió un fuerte impulso por la recepción de fondos estructurales de la Unión Europea a partir de los años 90. Ahora, con la aprobación del Programa de la UE para el periodo 2014-2020, se han incluido evaluaciones ex anteex ante. “Aunque son muy burocráticas y muy formalistas”, matiza Osuna, “ya no son sólo evaluaciones cuantitativas de impacto al final, ahora también se analiza el diseño –ex ante–, la gestión –análisis intermedio– y los resultados –ex post– de las políticas”.

“Los países con prácticas institucionales de evaluación más consolidadas son los calvinistas”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Evaluación, “en la Europa mediterránea hemos asumido la evaluación un poco a palos, cuando con los fondos Feder nos obligaron a supervisar su utilización”.

La evaluación, país a país

En Europa, según los países, la evaluación es competencia de agencias interministeriales en unos países o, en otros, de agencias especializadas, sobre todo en políticas sociales –empleo, dependencia–, “pero nunca en defensa, por ejemplo”, lamenta José Luis Osuna.

En Reino Unido e Irlanda se han dedicado al impacto regulatorio especializado y la supervisión se ha fragmentado en unidades de evaluación en la sanidad y en las oficinas de empleo. Pero también existen organismos centralizados. En 2010, detalla el estudio de Blanca Lázaro, se creó el Behavioural Insights Team, primero adscrito al Gabinete del primer ministro pero semiprivatizado desde 2013. El Government Social Research Service (GSRS) es una red de investigación pluridisciplinar con miembros en los principales organismos del Gobierno. Además, en 2013 David Cameron puso en marcha la red WhatWorkCentres, formada por centros especializados en políticas educativas, de salud pública, servicios penitenciarios, desarrollo local e intervención social temprana.

En Alemania las políticas de empleo las evalúa el Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), adscrito a la Agencia Federal de Empleo (BA) pero independiente. Fue creado en 1967 y analiza la mejora de las perspectivas de empleo y de la empleabilidad de los parados, así como los costes y beneficios de los programas. Por lo que se refiere a la educación, el principal evaluador es el Deutsche Institut für Internationale Pödagogische Forschung, mientras que en los Länder se encargan de la tarea institutos de investigación asociados a universidades locales. Otro instituto, asociado a la Universidad Humboldt de Berlín, desarrolla estándares educativos.

En Suecia, hay agencias dependientes de cada ministerio, indica Osuna, pero también se crean comisiones ad hoc para evaluar una determinada política públicaad hoc, apunta Blanca Lázaro. Para la evaluación externa de las políticas del gobierno existen organismos independientes como Riksrevisionen (Oficina Nacional de Auditoría) o la Ekonomstyrningsverket (ESV), una agencia adscrita al Ministerio de Finanzas responsable de la gestión eficiente del Presupuesto.

En Francia, la Asamblea Nacional cuenta con tres dispositivos: la Mission d’Évaluation et de Contrôle (MEC), que controla la eficiencia del gasto público; la Mission d’Évaluation et de Contrôle des Lois de Financement de la Sécurité Sociale (MECSS), que supervisa el uso dado a los fondos de la Seguridad Social, y el Comité d’Évaluation et de Contrôle (CEC), que examina las políticas públicas cuando afectan a más de una comisión parlamentaria.

En Holanda, cada ministerio o agencia cuenta con sus propias unidades internas de evaluación, todas ellas coordinadas por el Ministerio de Finanzas. A partir de los años 80, el Tribunal de Cuentas comenzó a realizar metaevaluaciones, que analizan la calidad de los análisis elaborados por los ministerios.

En Bélgica, por el contrario, la evaluación de políticas públicas es “escasamente sistemática y dispersa”, lamenta Blanca Lázaro. Aunque está más desarrollada en Valonia, que cuenta con una Societé Wallonne d’Évaluation (SWEP) y un Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statisque (IWEPS).

En Italia, se creó en 2009 la Commissione per la Valutazione, la Transparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), adscrita al Parlamento. Fue absorbida en 2014 por la Autorità Nazionale Anticorruzione pero, según Blanca Lázaro, no ha desarrollado una actividad evaluadora relevante. Además, para fiscalizar el uso de los fondos estructurales de la UE, se crearon unidades de evaluación en todas las regiones y ministerios que los recibían, así como una red de evaluación.

“No hay un modelo ideal”, advierte José Luis Osuna, quien, en cualquier caso, tiene sus preferencias. El organismo evaluador de Nueva Zelanda es el “más independiente”, resalta, pero se dedica sólo a examinar políticas sociales. En Estados Unidos la Government Accountability Office (GAO) también es muy autónoma, asegura, y depende del Congreso. Para España, propone que se apruebe primero una ley de evaluación, que establezca la metodología que se va aplicar. Después, que se cree una entidad dependiente del poder legislativo, y finalmente, que se abran pequeñas unidades de evaluación en cada ministerio u organismo, dotadas con funcionarios bien formados.

Las cuatro asociaciones de jueces aseguraron este miércoles que no descartan convocar una huelga si el Ministerio de Justicia no cumple los plazos marcados y los compromisos adquiridos para mejorar la Administración.

Así lo han dicho los portavoces de Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Francisco de Vitoria (AJFV) en la rueda de prensa que convocaron después de reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde trasladaron sus propuestas para reformar y modernizar la Administración.

Según explicaron, en este encuentro se fijaron unos plazos de cumplimiento de las medidas acordadas —como presentar iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados o la creación de más plazas para jueces— y la creación de una comisión de seguimiento para vigilar que los tiempos se vayan ejecutando.

Las asociaciones judiciales, que concretaron que no existe un compromiso formal escrito porque consideran que "no es necesario", aseguraron que si este acuerdo no se cumple no descartan ir a la huelga.

"No sólo buscamos nuestros derechos, sino mejorar la Administración de Justicia", dijo la portavoz de Foro Independiente Judicial (FJI), Concepción Rodríguez, que también señaló que "durante muchos años", jueces y magistrados se han dedicado "en cuerpo y alma" a su trabajo.

Por su parte, Ignacio González Vega, de JJpD, subrayó que no se desecha "cualquier medida de conflicto", entre las que se encuentra la huelga. En este mismo sentido, se pronunció también el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, que resaltó que están en toda la "legitimidad" para acordar esta medida si el Ministerio de Justicia no sigue los plazos marcados, porque eso significaría que está incumpliendo un "contrato".

Respeto a los derechos de los jueces

De Prado anunció que además las asociaciones presentarán una demanda conjunta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que "respete" los derechos en materia de prevención laboral de los jueces y magistrados. "No ha querido hacer su trabajo y curiosa y paradógicamente los jueces tenemos que acudir a la justicia", añadió.

El presidente de APM fue el encargado de detallar las medidas propuestas al Ministerio que dirige Rafael Catalá, que se basan en tres ejes: reforzar la independencia judicial con el fin de eliminar el "sentir general" de que la justicia está politizada; la modernización de la Administración para dotarla de "calidad y eficacia"; y la mejora en las condiciones profesionales para poder desempeñar una "funciones mínimas exigibles".

El Ministerio de Justicia informó en un comunicado que en esta reunión se evaluaron las medidas adoptadas en materia de Justicia digital y la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales. Asimismo, se comprometió con las cuatro asociaciones, entre otras cosas, a crear nuevos órganos judiciales, entre los que se prestará especial atención a los juzgados de primera instancia en materia de lo mercantil, de lo social y de lo penal.

Además, el ministro anunció que la próxima semana el PP presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa por la que se modificará las vacaciones de jueces y fiscales y por la que podrán disponer de los mismos días de los que disfrutaban antes de 2012.

El sindicato UGT en RTVE ha presentado este martes su Plan Integral para la reforma de RTVE, en el que proponen que los medios públicos sean considerados como un valor constitucional, así como diversas cambios en la elección de su cúpula, y la creación de órganos de participación y control.

La delegación del sindicato ha registrado este documento en el congreso de los diputados y se han reunido, sucesivamente con los portavoces en la Comisión Parlamentaria de RTVE, José Miguel Camacho (PSOE), Noelia Vera (Podemos) y Guillermo Díaz (Ciudadanos); el PP, que había sido invitado a estos encuentros, ha declinado su participación.

Miguel Angel Curieses, secretario general del sindicato en la Corporación, ha destacado para infolibre los puntos esenciales de este Plan en el que, al margen de la consagración de los medios públicos como valor constitucional, contemplan la creación de un Consejo Audiovisual, a semejanza del que ya existe en Andalucía o Cataluña, pero dotándole de capacidad sancionadora.

Un Consejo de administración de doce miembros en el que solo sean nombrados cuatro a sugerencia de los grupos políticos, quedando el resto de los miembros para representación de la entidades sociales y ciudadanas; en línea similar aconsejan la creación de un Consejo de Programación, integrado también por representantes de la ciudadanía a semejanza del que existe en Alemania para la pública ZDF, y que tendría como función vigilar y regular el cumplimiento de los valores constitucionales.

También piden que se dote a las votaciones de los Consejos de Informativos de un carácter vinculante de modo que no pueda acceder a la dirección si es rechazado por la mayoría de los integrantes de ese servicio.

En cuanto a la financiación, sostienen una vuelta de la publicidad, siguiendo el modelo francés que regula no solo la cantidad sino también los contenidos y horarios de inserción, así como los contratos programa y la extensión de los patrocinios.

Por último, propugnan la creación de un canal audiovisual internacional de noticias, que se integre de manera plena en el mundo digital y que sea una fuente para la creación de empleo nuevo en RTVE.  

Los trabajadores del Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzaron la pasada semana a protestar a las puertas de la agencia estatal en la avenida de Manoteras de Madrid contra el cierre de la Imprenta Nacional, que se producirá el 31 de diciembre de 2017, después de 231 años de historia. El BOE, nacido como diario oficial impreso por el Estado, se remonta a la Gazeta, cuya publicación pasó a depender de la Corona en 1762. La Imprenta Real comenzó a mover sus planchas un poco más tarde, en 1787. Aunque el boletín dejó de aparecer en papel en 2008, la imprenta ha seguido en activo. De sus planchas salen –o salían– desde los libros de familia hasta los manuales para hacer la declaración de la renta, todos los documentos del Ministerio de Justicia, los formularios de la Seguridad Social, los manuales de la Dirección General de Tráfico para recuperar puntos del carné… También imprime publicaciones para el Tribunal de Cuentas, el Instituto Cervantes y la UNED o los mapas del Instituto Geográfico Nacional.

Con el cierre, un total de 82 trabajadores, todos ellos personal laboral fijo, oficiales de primera y segunda, serán trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). La medida figura en una disposición adicional de los Presupuestos del Estado, que aún no están aprobados. Pero la plantilla se opone. Es más, teme que al cierre de la imprenta le acompañe la contratación con imprentas privadas de los trabajos que hasta ahora venían realizando.

El caso es que la clausura de la histórica imprenta supone un brusco golpe de timón respecto a los planes que el Gobierno reservaba, en principio, a este servicio. El informe CORA, la guía que el Gobierno elaboró en 2012 para reformar y racionalizar las administraciones públicas, pretendía designar a la Agencia Estatal del BOE como “única imprenta” de la Administración General del Estado, “potenciándola con el fin de que pueda ofrecer servicios integrados que resulten competitivos en cuanto a calidad, precios y tiempos de ejecución”. El plan incluía el desmantelamiento simultáneo de las imprentas con “maquinaria obsoleta” de la Administración. Según el informe, existen un total de 69 imprentas o servicios de reprografía repartidas por todos los ministerios y organismos públicos, que emplean a 618 personas. “Una red de imprentas poco modernizadas y gestionadas de manera atomizada”, describe el CORA. De ellas, sólo cinco pueden dar soporte al programa editorial de la Administración del Estado: además de la del BOE, la de Hacienda, del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa y del Instituto Geográfico Nacional.

Así que el informe optó por centralizar en la imprenta del BOE todos los trabajos de edición e impresión del resto de las administraciones, así como “redistribuir” el personal de las imprentas obsoletas y reasignarlo a nuevos destinos en la del boletín, “incluso con el establecimiento de varios turnos”. También se pretendía “potenciar las ediciones electrónicas, de manera que sustituyan plenamente a las ediciones en papel e introduciendo la impresión bajo demanda”. El conjunto de estas actuaciones debía suponer un ahorro de 5,14 millones de euros anuales.“Los gobiernos cambian de ideas”

“Los gobiernos cambian de ideas”

Sin embargo, poco o nada de ese plan de racionalización se ha llevado a cabo. De otras imprentas han sido trasladados sólo una decena de trabajadores desde 2012, asegura el presidente del comité de empresa del BOE, Fernando Pérez Ruiz. Y los encargos procedentes de otros servicios “no han llegado a cinco”. Ahora, cinco años más tarde, la que debía ser imprenta de referencia de la Administración detiene sus planchas con el objetivo de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. “Los gobiernos cambian de ideas”, fue la única explicación que los responsables de la agencia dieron a los sindicatos cuando les preguntaron por los planes de la CORA, explica Pérez Ruiz.

El Ministerio de la Presidencia, del que depende el BOE, no ha querido contestar a los repetidos intentos de infoLibre de obtener su explicación sobre los cambios que tiene previstos para la Imprenta Nacional.

Los sindicatos enmarcan su paralización definitiva en el proyecto de convertir la Agencia Estatal en un organismo autónomo, en cumplimiento de la Ley 40/2015. Los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y no pueden facturar a otras administraciones. Así que el siguiente paso es el recurso a las imprentas privadas, aseguran los representantes de los trabajadores. También los vientos de la digitalización empujan en contra de la imprenta. La Administración sin papeles debería haber quedado implantada el pasado 2 de octubre, fecha de la entrada vigor de la Ley 39/2015. Desde entonces, en teoría, todos los procedimientos, desde las comunicaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración hasta los expedientes, trámites y certificados, debían ser electrónicos. Aún está lejos, pero no demasiado, el día en que cualquier procedimiento administrativo será nulo de pleno derecho si figura en un soporte hecho de pulpa de celulosa.

Pero ya antes de desaparecer la Imprenta Nacional ha comenzado el traslado de parte de sus encargos a empresas privadas. En concreto, los manuales prácticos de la Renta, del Impuesto de Sociedades y del IVA llevan dos años siendo adjudicados en concurso público a Einsa Print, una empresa con sede en San Sebastián de los Reyes y plantas de impresión en Pontedeume y As Pontes (A Coruña). En 2007 fue nombrado vicepresidente de su consejo de administración José María Castellano, el ex consejero delegado de Inditex. Al mismo tiempo, lamentan fuentes de los trabajadores, han reducido sus encargos tanto la Dirección General de Tráfico como el Instituto Cervantes, para el que, por ejemplo, imprimían los exámenes para los solicitantes de la nacionalidad española.

Más funcionarios, cada vez  menos laborales

La Imprenta Nacional facturó 2,41 millones de euros en 2015, último año del que el BOE publica sus cuentas anuales. Ese mismo ejercicio, la agencia estatal cerró con unas pérdidas de 17,7 millones. Sus fuentes de financiación son bastante rígidas, puesto que el 88% de los ingresos –un total de 41,3 millones en 2015– procede de las tasas que cobra por publicar los actos empresariales inscritos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y los anuncios tanto del BOE como del BORME. Un 10% más corresponde a las publicaciones oficiales que edita, imprime, distribuye y vende.

A la espera de que se aprueben los Presupuestos del Estado al filo del verano, los responsables del BOE confían en empezar a negociar en septiembre el protocolo para integrar la plantilla de la imprenta en la FNMT. La disposición adicional garantiza a los 82 trabajadores trasladados el mantenimiento de sus condiciones de trabajo y de su convenio colectivo. Eso sí, necesitarán formación para adaptarse a sus nuevas tareas. Han quedado excluidos del traslado los jefes de sección, los trabajadores próximos a la jubilación y los delegados sindicales.

La plantilla del BOE la componen 416 personas, de las que 85 son funcionarios y 312, personal laboral fijo. El resto lo integran trabajadores en prácticas. Pues bien, mientras la plantilla total se ha recortado en 126 personas desde 2004 hasta ahora, un 23,2%, el número de funcionarios ha crecido de 62 a 85, un 37%, según denuncia la Federación de Servicios Públicos de UGT. Según el comité de empresa, el aumento del personal funcionario se ha producido, además, sólo en los niveles superiores –niveles 28, 29 y 30–, al tiempo que el personal laboral se ha reducido en 168 personas desde 2004. El resultado es que, pese al recorte de plantilla, el gasto de personal en el BOE se mantuvo en 2015 casi al mismo nivel que hace una década, 19,3 millones de euros. Como queda dicho, la salida de los 82 empleados de la imprenta reducirá en 1,5 millones esa partida.

“Hay sitio para ellos” en la FNMT

Mientras los trabajadores de la Imprenta Nacional protestan en la calle contra el cierre, sus representantes han empezado a reunirse con los de la Fábrica Nacional de Moneda. “Hay sitio para ellos”, explica el representante de CCOO, Pablo Rodríguez, “tenemos una plantilla envejecida y hemos perdido personal en talleres, que es donde nos hacen falta trabajadores”. Las categorías en ambas instituciones son similares y “el oficio de impresión es básicamente el mismo, sólo necesitarán unos cursos de adaptación”, añade.

La FNMT, antigua Casa de la Moneda, imprime títulos universitarios, sellos, pasaportes, los carnés de identidad, registros notariales, billetes de lotería y del bingo… Para España y para países de Latinoamérica como la República Dominicana. Los pasaportes de Venezuela, por ejemplo, se imprimen en Madrid. “Son productos de mucha calidad, algunos con patentes que tienen mucho recorrido”, presume Pablo Rodríguez, quien por tanto no teme en el corto plazo la amenaza digital. Lo que no quiere decir que la desdeñe más adelante. “Como el resto de las artes gráficas”, se resigna.

La FNMT dejó de imprimir billetes de euro en 2015, cuando pasó a manos de la empresa Imbisa, una sociedad propiedad en un 80% del Banco de España. Para 2018, el 20% que ahora posee la FNMT lo comprará el organismo supervisor. La Fábrica Nacional de Moneda ganó 18,5 millones de euros en 2015, último año del que publica sus resultados. Entonces contaba con una plantilla de 1.212 empleados. El 6% de ellos eran temporales, el doble que dos años antes. A Imbisa, que fabrica 700 millones de billetes al año, han sido trasladados 250 trabajadores de la FNMT. Es lo que Fernando Pérez Ruiz llama la “tormenta perfecta”: la reconversión tecnológica, la transformación en organismo autónomo del BOE y el hueco dejado por Imbisa en la Casa de la Moneda han condenado a pieza de museo a la histórica Imprenta Nacional.

  EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA NO RESPONDE

infoLibre envió a Presidencia un correo electrónico con las siguientes preguntas, que no ha contestado, después de intentar en repetidas ocasiones a lo largo de un mes obtener su versión para incluirla en esta información:

El personal de la imprenta del BOE, unos 80 trabajadores, va a ser trasladado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), según consta en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores afectados y los sindicatos que los representan se oponen.

1.- ¿Cuál es el motivo del traslado?

2.- ¿Qué va a ocurrir con la imprenta del BOE y con los trabajos que en ella se realizan ahora?

3.- ¿Qué tareas van a desempeñar en la FNMT estos trabajadores del BOE?

4.- ¿Ha sido redactado ya el protocolo según el cual se va a efectuar ese traslado?

5.- ¿En qué va a consistir la transformación digital que va a acometer el BOE?

La propuesta pactada por el PSOE y Ciudadanos de acabar con las actuales diputaciones provinciales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre estas entidades creadas hace casi dos siglos a las que ambas formaciones quieren sustituir por consejos provinciales de alcaldes. La medida fue una exigencia "irrenunciable" por parte del partido de Albert Rivera para llegar a cualquier acuerdo. El PSOE –en 2011 Rubalcaba propuso reconvertirlas, pero la propuesta no acabó de cuajar– recogió el guante a pesar de ciertas reticencias internas, especialmente en Andalucía. 

El mantra repetido por los que defienden que la coexistencia de cuatro niveles en la Administración es excesiva es que las diputaciones son entes "opacos" y "poco democráticos", que han sido copiosas fuentes de poder e incluso focos de corrupción para los partidos tradicionales y que sus funciones han sido asumidas en su mayoría por las comunidades autónomas y otros entes locales de gestión.

Los partidarios de su mantenimiento, sin embargo, ponen en valor su papel vertebrador del territorio y el servicio que prestan especialmente en el mundo rural. Lo cierto es que a día de hoy el 84% de los municipios españoles –un total de 6.819– cuentan con menos de 5.000 habitantes. Además, sus defensores aseguran que su supresión no generaría ahorro económico porque las funciones que realizan tendrían que ser asumidas por otros entes de nueva creación. 

España tiene 38 diputaciones de régimen común, que son a las que afectaría el acuerdo. El pacto deja fuera a las diputaciones forales vascas y navarra, a los consejos insulares de Baleares y a los cabildos canarios. Las diputaciones no existen en las autonomías uniprovinciales. Los entes afectados por la posible supresión manejaron en 2014 –el último ejercicio cerrado– un presupuesto de 6.066 millones de euros. De ellos, un 27% se dedicaron a gastos de personal. No es posible saber cuántos empleados tienen las diputaciones de régimen común porque el Ministerio de Hacienda no ofrece datos desglosados. infoLibre los reclamó, pero no obtuvo respuesta. Entre diputaciones, cabildos y consejos insulares el número de empleados públicos ascendía en enero de 2015 a 59.326 personas. 

Las funciones de las diputaciones 

Las funciones de las diputaciones son una especie de cajón de sastre. Asumen tareas tan diversas como la prestación de los servicios de tratamiento de residuos o el mantenimiento de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. También se encargan de la prevención y extinción de incendios, de la gestión de tributos, de ciertas carreteras o de las políticas de asistencia social. El asesoramiento legal también es una cuestión clave porque la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños –que no reciben remuneración alguna en función de su cargo– no cuentan con técnicos que les asesoren. 

Las citadas son las competencias que se asignan a las diputaciones en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, cuando la crisis puso a estos entes en el disparadero también salieron a la luz ejemplos de infraestructuras promovidas por ellos que, al menos a priori, no encajarían estrictamente en los conceptos recogidos en la legislación. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas de tauromaquia promovidas por las diputaciones de Toledo o Castellón, del hotel de lujo impulsado por la de Teruel o del hipódromo que creó la de Ourense, que tuvo pérdidas por valor de 800.000 euros. 

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia por el PP, es firme partidaria del mantenimiento de esta institución, aunque no cierra la puerta a la realización de las reformas que sean oportunas para avanzar en su modernización. "La superficie del País Vasco cabe en la provincia de Palencia. De nuestros 191 municipios sólo cuatro tienen más de 5.000 habitantes. Tenemos pueblos en los que vive menos gente que en una urbanización de Madrid. ¿Cómo van a poder hacer frente estos ciudadanos a los abastecimientos o a una infraestructura que va a costar 100.000 euros? Es lógico que esos pueblos cuenten con una institución intermedia que les apoye en esas cuestiones", explica.

La Diputación de Palencia –asegura Armisén– mantiene más de 1.000 kilómetros de carretera; tiene delegada la recaudación de 182 ayuntamientos, por lo que gestiona al año más de 300.000 recibos de impuestos (IBI, actividades económicas, vehículos, tasas y precios públicos...); emite alrededor de 340 informes urbanísticos o presta apoyo a decenas de secretarios de ayuntamientos en la elaboración del cierre y la apertura de las cuentas.

Aunque la prestación está externalizada, la Diputación de Palencia mantiene también un programa de ayuda a domicilio del que se benefician alrededor de 1.400 personas y que da empleo a 339. Las diputaciones de Zamora, Jaén, Valladolid, Huelva o Córdoba mantienen planes similares de atención a personas dependientes que son muy útiles especialmente en las provincias más dispersas y con población más envejecida. "Si las diputaciones dejan de existir, sería otro organismo el que tuviese que prestar estos servicios. Porque de lo contrario se dejaría a esa gente sin cubrir. Ese servicio no se puede ahorrar", señala un dirigente nacional del PP, partido que rechaza de manera clara la propuesta de suprimirlas. 

El agujero de la corrupción 

Más allá de este papel vertebrador del territorio, lo cierto es que si por algo se han puesto en entredicho estas instituciones en los últimos años es por determinados comportamientos poco ejemplares o, directamente, delictivos. A estos escándalos ha contribuido especialmente la "opacidad" de su gestión, según destacan sus detractores, que también critican que a sus miembros no los elijan los ciudadanos de forma directa. 

Muy destacable es el caso de la Diputación de Valencia, cuyo presidente entre 2007 y 2015, Alfonso Rus, está implicado en el caso Imelsa, en el que se investiga si la empresa Imelsa –propiedad de la institución– contrató supuestos trabajos ficticios con firmas de un hombre de su confianza, Marcos Benavent, que ahora colabora con la Justicia. La Cadena Ser publicó una grabación en la que se le oía contar billetes supuestamente procedentes del pago de comisiones.

En la de Ourense, el que fuera su presidente entre 1987 y 2012, José Luis Baltar, fue condenado por un delito de prevaricación por enchufismo por contratar a 104 afines en el entorno de la celebración del congreso provincial del PP que propició el traspaso del mando en favor de su hijo, Manuel Baltar. La de Ourense es actualmente la única diputación que mantiene el PP en Galicia después de que el hijo del exbarón conservador revalidara en las urnas el legado político que heredó en 2012.

Con la vista puesta en los tribunales también está el actual presidente de la Diputación de Salamaca, Javier Iglesias (PP), que está siendo investigado por el supuesto despido de varios empleados habituales de la feria agropecuaria (declarado ya nulo) para colocar en su lugar a trabajadores vinculados al PP. Se le acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Iglesias fue alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015. Sin embargo, al barruntar en las últimas elecciones una derrota que le dejaría fuera de la Diputación se presentó por el pequeño municipio de Beleña, donde fue elegido por 69 votos. 

La falta de transparencia también ha sido tónica habitual en el funcionamiento de estos entes supramunicipales. En 2013 un juez obligó a la Diputación de Sevilla –que siempre ha estado en manos del PSOE– a revelar los datos de su plantilla, que hasta entonces eran una incógnita para los grupos de la oposición y los sindicatos, así como el número de procesos judiciales en curso y la copia de los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos de la entidad. El PP llevó a la institución a los tribunales por supuestamente haber incrementado su plantilla en 400 empleados en 2007 sin haber que convocado una Oferta de Empleo Público. La sentencia obligó al ente a ser más transparente. 

La propuesta de eliminación

En cualquier caso, la mayoría de expertos y políticos, de todos los colores, coinciden en que los ayuntamientos pequeños requerirán siempre de una institución que se encargue de mancomunar unos servicios que se tendrán que seguir prestando. Y esa es la función que, en principio, llevarían a cabo los consejos provinciales de alcaldes por los que el PSOE y Ciudadanos sustituirían a las diputaciones. Lo que parece claro es que las diputaciones ejercen dos tipos de funciones –la prestación de servicios propios y la cooperación municipal– que no pueden eliminarse sin que eso genere perjuicios especialmente en los pueblos más pequeños. 

La propuesta –dice un dirigente del partido de Albert Rivera– pasa por reconvertir estos entes en órganos técnicos que sirvan a los Ayuntamientos y vaciarlos de sentido político. "Lo que proponemos es profundizar en la racionalización administrativa y en la eliminación de niveles burocráticos que son superfluos y costosos. Los servicios e infraestructuras para los municipios pueden gestionarse de manera más eficiente de forma mancomunada a través de la creación de esos consejos", sentencia.

Habrá que ver si este intento por adelgazar y democratizar acaba siendo algo más que un cambio de denominación. 

El PSOE andaluz, y también su secretaria general, la presidenta Susana Díaz, acumula una trayectoria de combate frontal a todas las iniciativas de supresión de diputaciones provinciales, uno de los puntos del acuerdo entre los socialistas a nivel federal y Ciudadanos. En una reacción que puso de relieve que esta parte del pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera levanta ampollas, el Gobierno andaluz se refirió este martes a la posibilidad de la eliminación de estos organismos marcando una cierta distancia, aunque con diplomacia: sin renunciar a su trayectoria de defensa de las diputaciones, cuya labor considera "crucial", pero sin situarlas tampoco como línea roja ni cargar las tintas con el asunto. No obstante, y a la espera de ver en qué términos exactos se concreta, su eventual supresión va a ser un eje del debate político inminente en Andalucía, poniendo a los socialistas en una posición incómoda.

"La posición de la Junta pasa por reconocer el papel que desarrollan las diputaciones, que son un factor de cohesión territorial y social, especialmente para los pequeños municipios", afirmó tras el Consejo de Gobierno Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz, que califica su labor como "crucial", porque contribuyen al desarrollo "armónico" en el ámbito rural. Un ámbito rural donde el PSOE es además especialmente fuerte.

Preguntado expresamente por el asunto, Vázquez lo abordó ccomo una cuestión de eficiencia en la prestación de servicios, aunque Rivera fue claro –y lo ha sido siempre– a la hora de expresar su deseo de que las diputaciones desaparezcan. En un "arranque" de la legislatura, dijo el portavoz del Gobierno andaluz, en el que se está "repensando" el funcionamiento de las distintas instituciones, "sería bueno que se analizara qué competencia realiza cada Administración" para evitar "cualquier tipo de duplicidad".

Evitar duplicidades frente a cerrar diputaciones

Para el PSOE andaluz sería mucho más fácil explicar una "eliminación de duplicidades" que un "cierre de diputaciones". Este causaría preocupación en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y, también, en el seno de la propia organización que lidera Díaz. Porque las diputaciones son un bastión de poder de los socialistas, que presiden seis de las ocho: Sevilla, Jaén, Huelva (estas tres con mayoría absoluta), Cádiz, Granada y Córdoba. El PP sólo controla Málaga y Almería. Las diputaciones presididas por el PSOE suman un presupuesto para 2016 de 1.469,95 millones de euros. La que más presupuesto controla es Sevilla, con 416,86 millones para el presente año.

El PSOE hace coincidir la figura de los presidentes de diputación con la de pesos pesados del partido en el ámbito provincial. Al frente de estas instituciones están tres secretarios generales del partido en las provincias: Ignacio Caraballo, en Huelva; Irene García, en Cádiz; y Francisco Reyes, en Jaén. Las otras tres también son presididas por figuras importantes en el organigrama del PSOE en sus provincias: Antonio Ruiz, secretario de Organización del PSOE en Córdoba; José Entrenga, vicesecretario general en Granada; y muy especialmente Fernando Rodríguez Villalobos, presidente del PSOE de Sevilla, figura histórica y carismática en el partido y hombre importante en la consolidación del poder interno de Susana Díaz en Sevilla durante su rápido ascenso. Villalobos es también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Poder, influencia, presencia y cargos

Las diputaciones son una fuente de poder, de influencia y de presencia en el territorio del PSOE. Y también son instituciones que proporcionan numerosos contratos para su funcionamiento, con personal de todos los partidos pero especialmente del PSOE, que es el mejor representado en ellas. Todo el que ha pretendido armar un discurso contra las diputaciones en Andalucía se ha encontrado los dientes del PSOE andaluz, tanto de la dirección como de ese ente impreciso llamado "las bases".

Durante las primarias de 2012 para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno, Carme Chacón, que a la postre fue derrotada por Alfredo Pérez Rubalcaba, contaba con el apoyo más bien implícito de José Antonio Griñán. En cada acto, Chacón arrancaba sonoras ovaciones con su defensa de las diputaciones, frente a un Rubalcaba que había coqueteado con la idea de su supresión. En cuanto a Ciudadanos, su reciente iniciativa política de llevar mociones para solicitar la supresión de las diputaciones a los grandes ayuntamientos de Andalucía también fue aplastada sin miramientos, sin que lograse además abrir ningún debate con repercusión.

Ni siquiera el PP, tan dado a proponer eliminación de organismos públicos como a denunciar el tamaño de las estructuras de poder del socialismo andaluz (que en su día bautizó como "el régimen"), ha defendido la supresión de las diputaciones. Mucho menos en la era Rajoy, firme defensor de las mismas. Este martes los conservadores andaluces salieron a defender el papel de la administración provincial. "Ciudadanos demuestra un enorme desconocimiento. Hay otras muchas propuestas esenciales en Andalucía y en España que quitar una institución que lleva algo más de 200 años en beneficio de los ciudadanos", señaló Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz. En un intento de meter presión, el líder del PP de Sevilla, Juan Bueno, se apresuró a pedir a Rodríguez Villalobos que aclare "si va a cerrar la Diputación". La posible supresión de estos organismos da también munición a los dos presidentes de diputación del PP, Elías Bendodo (Málaga) y Gabriel Amat (Almería), también jefes del partido en sus provincias.

La trayectoria de la presidenta en defensa de las diputaciones

La presidenta Susana Díaz ha sido siempre una firme defensora de las diputaciones. Ha alabado su papel de forma tan clara y expresa que difícilmente podría explicar un apoyo a su supresión o un silencio ante la misma. En un discurso en mayo de 2014, en calidad de presidenta de la Junta, dijo: "Desde que se constituyeron las primeras Diputaciones Provinciales democráticas, tras las elecciones de abril de 1979, su desarrollo ha vertebrado el territorio y ha impulsado el avance y el progreso de las más de cien poblaciones que configuran la provincia de Sevilla".

Y añadió: "Es necesario reivindicar el papel de las Diputaciones en este momento como garantía de prestación de servicios a los que los ciudadanos de municipios más pequeños tienen legitimo derecho; por su contribución al equilibrio territorial; por mantener su capacidad inversora para alentar e impulsar el desarrollo social y económico de nuestros pueblos". Tres años antes, en junio de 2011, siendo secretaria de Organización de los socialistas andaluces, afirmó que el PSOE-A "para nada" es partidario de la eliminación de las diputaciones provinciales.

Las 38 diputaciones provinciales del régimen común, las tres forales en el País Vasco, los tres consejos insulares de Baleares y los siete cabildos de Canarias, dan empleo a 62.159 personas según los datos que ofreció el Ministerio de Hacienda en julio de 2015.

La estadística no precisa cuántas personas están empleadas únicamente en las diputaciones del régimen general, las que PSOE y Ciudadanos coinciden en suprimir en cuestión de meses de cerrarse finalmente el acuerdo de Gobierno hacia el que este martes dieron un primer paso.

Sin embargo, el grueso del empleo en este nivel de la administración se concentraría en esas diputaciones provinciales, en las que alrededor del 26,5% del gasto se destina a personal, según cifras de Hacienda.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos señalaron a Europa Press que tampoco la formación conoce con exactitud el número de personas a la que afectaría esta medida. No obstante, la propuesta de Ciudadanos pasa por que las funciones que realizan las diputaciones provinciales sean realizadas por mancomunidades de servicios, que podrían emplear a este personal.

Lo que sí concretan las estadísticas oficiales es que a mediados del año pasado el personal de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, era un 4,78% superior al del cierre de 2014 y suponía casi el 11% de la administración local. De esta plantilla, 27.535 personas eran funcionarios y los otros 34.624, personal contratado.

¿Para qué sirven las diputaciones?

Las comunidades uniprovinciales de Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja no cuentan con diputación provincial y sus competencias han sido absorbidas en el nivel autonómico.

En las existentes, el presupuesto de 2015 alcanzó los 5.971 millones de euros, de los que la mayor parte llegó a través de una transferencia del Gobierno vía Presupuestos Generales del Estado. Con este montante, las diputaciones prestan servicios sociales en sus territorios y cooperan con los ayuntamientos más pequeños. En este papel, asumen el mantenimiento de infraestructuras en el caso de municipios de más pequeños, como el mantenimiento de carreteras o la construcción de obras que, por su cuantían no pueda acometer los consistorios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este sábado la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para asegurar la ejecución de sus sentencias, que fue aprobada esta semana en el Pleno del Senado con el voto a favor del PP y de UPN, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE, Entesa, CiU, PNV y el resto del Grupo Mixto, según informa Europa Press.

La iniciativa no fue modificada en el SenadoSenado, porque fueron rechazados los siete vetos presentados y todas las enmiendas, así que del Senado fue enviada directamente al BOE y entra en vigor este sábado.

La reforma se aprobó mediante una proposición de ley del PP en el Congreso, anunciada por el candidato de este partido a la Generalitat de Cataluña en las pasadas elecciones autonómicas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol.

Tanto en el Congreso como en el Senado se tramitó por la vía de urgencia y en plazos muy cortos, 13 días en el caso de la Cámara Alta, donde es además la última ley aprobada en esta legislatura. Esta reforma ha sido muy criticada por toda la oposición, que la encuentra electoralista, cree que cambia la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional y que ha sido elaborada ad hoc contra el presidente de la Generalitat de Cataluñaad hoc.

Cumplimiento efectivo de las resoluciones

La norma detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, que "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones". "Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución", se añade.

A partir de ahora, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin que sea ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo el próximo 21 de noviembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Además, en los casos "de especial trascendencia constitucional", el TC, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas medidas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

"Necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones"

La ley justifica en el preámbulo su aprobación por "la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar" la efectividad de las resoluciones del TC, que "obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real".

La reforma desarrolla las funciones de axilio jurisdiccional de forma que el TC pueda acometer la ejecución de sus resoluciones "bien directamente o bien a través de cualquier poder público", se indica en el preámbulo de la ley.

El Senado de Italia ha votado este martes a favor de una propuesta para recortar sus poderes, tal como ha propuesto el primer ministro, Matteo Renzi, que quiere reducir en dos tercios el número de senadores y limitar la capacidad de la Cámara Alta para tumbar leyes e incluso al Gobierno.

Renzi ha hecho de esta propuesta una de sus principales banderas políticas, en el marco de una serie de reformas con las que el Ejecutivo quiere potenciar la gobernabilidad. El proyecto, que implica cambios en la Constitución, requiere todavía de más votaciones parlamentarias y será sometido a referéndum.

Sin embargo, Renzi ha logrado este martes una victoria simbólica al obtener el visto bueno del Senado, con 178 votos a favor y 17 en contra. La mayoría de los partidos opositores optaron por abandonar la cámara antes de la votación.

La actual Constitución italiana, elaborada bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, concede a las dos cámaras del Parlamento los mismos poderes para evitar nuevas dictaduras como las de Benito Mussolini. En las últimas décadas, esta paridad ha terminado por ser un lastre o incluso un obstáculo insalvable para la viabilidad de las administraciones.

Renzi también quiere reducir de 320 a 100 el número de senadores, en su mayoría elegidos por los consejos regionales y ya no de forma directa. Estos cien legisladores sólo tendrán capacidad de veto legislativo en caso de enmiendas constitucionales.

Las medidas de reforma de la Administración han ahorrado desde 2012 al erario público 18.187 millones de euros. Es la cifra oficial del Gobierno y está recogida en el informe anual que elabora OPERA, la Oficina Para la Ejecución de la Reforma de la Administración. La buena noticia es que es una cifra muy elevada –casi un 2% del PIB–. La mala: que muchos no se la creen. Entre ellos, los sindicatos que forman parte del consejo asesor de la reforma de las Administraciones.

Aunque el área de Vicepresidencia del Gobierno destaca que el programa de reformas aprobado en 2012 y que aplica CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) está acompañado de un prolijo conjunto de fichas con estimaciones de ahorro para cada medida, el documento presentado el viernes 9 de enero tras el Consejo de Ministros es poco preciso.

El documento apenas si concreta media docena de cifras de ahorros logrados en 2014. Después da el gran salto y anuncia "unos ahorros acumulados (desde el inicio de la legislatura) de 18.187 millones".

Cuenta global

Las cifras de ahorro que detalla el informe de 2014 corresponden a la reestructuración aplicada en el sector público empresarial. Serían el fruto de fusiones, absorciones, desinversiones o cesiones de activos. Según el documento, con esas acciones se habrían ahorrado 39 millones en el Grupo Fomento y 37 millones en el grupo SEPI. Además, en Fomento se habrían ahorrado 586 millones en gastos corrientes (publicidad, cánones, suministros).

Otras cifras de ahorro corresponden a la centralización de contratos de la Administración: 176 millones de los ministerios y 60 millones de las Comunidades Autónomas.Habría que añadir 51 millones ahorrados por reducción de arrendamientos de inmuebles y 462 millones por venta de inmuebles en los dos últimos años.

Las cantidades que precisa el informe correspondiente a 2014 suman 1.411 millones. Pero la comunicación del Gobierno tras el Consejo de Ministros fue mucho más allá. "Las medidas de reforma de la Administración abordadas desde el inicio de la Legislatura han supuesto unos ahorros acumulados de 18.187 millones de euros, de los cuales 4.773 millones corresponden a la Administración General del Estado, 10.510 millones a las Comunidades Autónomas y 2.904 millones a las Entidades Locales. A ello hay que añadir los casi 1.700 millones de euros de ahorro para los ciudadanos y empresas derivados de las menores cargas burocráticas".Consejo asesor

Para guiar el proceso de reforma el Gobierno creó un consejo asesor. Estaba formado un representante de cada sindicato mayoritario en la Administración Pública --CC.OO, CSIF y UGT--, un representante de las patronales de las empresas españolas (CEOE y CEPYME), el secretario general del Defensor del Pueblo, un catedrático de Derecho Administrativo y un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios. Ha funcionado poco y, según los sindicatos, mal.

"Sí, ha habido ahorro, con recortes y pérdida de empleo, la mayor parte en las  Administraciones Locales" asegura José Gálvez, representante del sindicato CC OO en el Consejo "pero nunca hemos podido contrastar los datos de ahorro que maneja el Gobierno". ¿De dónde salen entonces las cifras de ahorro? "De los números de Montoro (Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda)" asegura Gálvez.

El sindicato CC OO, como el de funcionarios CSI-F, explica que el consejo asesor "apenas se ha reunido dos veces en dos años". El programa de ahorro CORA "es una gran operación de marketing" sostiene Gálvez.

Convidado de piedra

Fuentes del CSIF, por su parte, sostienen que el sindicato se siente en lo que se refiere a la reforma de las Administraciones "un convidado de piedra". Como ejemplo, explican que han solicitado la lista de asesores contratados en la Administración y sus sueldos, sin ningún éxito. asesores contratadosEn el sindicato UGT, la sensación es similar: "estuvimos presentes (en la constitución del Consejo CORA) como Don Tancredo" sostienen en el sindicato.

Así es muy difícil, si no imposible, contrastar las cifras que periódicamente lanza el Ejecutivo para probar su eficacia y su voluntad de ser austero. Según el Ejecutivo, de las 222 medidas propuestas ya están totalmente adoptadas 129 (58%) y se encuentran en una fase avanzada de implementación otras 60 (27%).

Cuando el programa esté completo, el ahorro acumulado entre los ejercicios 2012 y 2015 ascenderá a 37.620 millones de euros y los ciudadanos y las empresas ahorrarán 16.295 millones de euros.

Faes detrás

Tras el polémico programa CORA está la idea de que todo lo que pueda hacerse desde la Administración central debe descargarse de las comunidades autónomas. Es una idea defendida desde la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar.

El informe recién hecho público detalla que el Gobierno dispone de una auditoría de las medidas finalizadas a fecha 30 de junio de 2014. Habrá más exámenes. La OCDE está en proceso de elaborar un informe sobre el progreso de la reformas CORA, para su presentación en el primer semestre de 2015.

La reforma de la Inspección de Trabajo se queda, de momento, en un cajón del Ministerio de Empleo. “Ya no tiene fecha para su remisión al Consejo de Ministros”, fue la respuesta que responsables del departamento que dirige Fátima Báñez dieron a los sindicatos de inspectores y subinspectores esta misma semana, después de que se les hubiera anunciado que el anteproyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo iba a ser aprobado por el Gobierno este mismo viernes. Tendrá que aguardar, además, a que su contenido sea negociado en la mesa de Diálogo Social con los sindicatos UGT y COO y la patronal CEOE, en uno de cuyos grupos de trabajo se está estudiando. La ley acumula ya dos años de retraso, sin contar con el intento frustrado del anterior Gobierno socialista, un proyecto de ley al que dio luz verde el Consejo de Ministros en junio de 2011 pero no dio tiempo a aprobar en el Congreso antes de que terminara la legislatura.

En cualquier caso, el último borrador del texto –ha habido casi media docena, apuntan fuentes sindicales– no gustó a ningunono gustó a ninguno de sus receptores el pasado mes de junio: ni a los sindicatos de inspectores y subinspectores ni a los gobiernos catalán y vasco, los dos únicos con las competencias transferidas. Así que no llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros del 13 de julio como estaba inicialmente previsto.

El anteproyecto es una de las 200 medidas previstas en el informe CORA, de reforma de las administraciones públicas. Prevé convertir a la Inspección de Trabajo, actualmente una dirección general dependiente de la Subsecretaría de Empleo, en un organismo autónomo. En ese nuevo Organismo Estatal deberá integrarse el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desaparece, y la futura Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

Sin embargo, la creación de un organismo autónomo cuenta con el rechazo del Ministerio de Hacienda, mientras que a la desaparición del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene se oponen UGT y CCOO, según las fuentes consultadas. Por su parte, el Ministerio de Empleo sólo concede que el anteproyecto de ley se encuentra “en fase de debate en la mesa de Diálogo Social”, lo que “ralentizará” su aprobación, y que ya ha recibido las “enmiendas” de los sindicatos.

Inspectores y subinspectores, en contra

Lo confirma Isabel San José, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que habla de “tres reuniones” con los responsables de la Dirección General, a quienes hicieron llegar sus objeciones. San José también se queja de que la remisión de la reforma al Diálogo Social les excluya de las discusiones sobre una ley en que son  protagonistas, pese a ser el sindicato mayoritario entre los inspectores.

Tanto los inspectores como los subinspectores consideran un ataque que la nueva ley cree una nueva escala de subinspectores, especializados en Seguridad y Salud Laboral. Éstos, al menos en la intención del ministerio, deberán sustituir “progresivamente a los inspectores que vayan abandonando el servicio activo por jubilación u otras circunstancias”. De esa forma, Empleo pretende ahorrar 2,8 millones de euros, “atribuyendo las funciones desempeñadas por los inspectores de Trabajo, funcionarios del grupo A1, a los subinspectores, del grupo A2, con un menor coste en términos del Capítulo 1 del Presupuesto [gastos de personal]”.

Los sindicatos de ambas escalas creen que ese abaratamiento implicará una pérdida de calidad del servicio, como advierte la Unión Progresista de Inspectores (UPIT), al tiempo que se “desmantelará” la Inspección tal y como está diseñada, según critica la Federación Estatal de Subinspectores (FESESS). Para su presidente, Rafael Aniorte, no obstante, el mayor peligro se esconde en el hecho de que el anteproyecto conceda “presunción de certeza” a los informes de policías y guardias civiles sobre trabajo no declarado y empleo irregular. “Es una aberración jurídica”, recalca a infoLibre.

Problema con Cataluña y País Vasco

Finalmente, catalanes y vascos reprueban el nuevo modelo de Inspección de Trabajo que quiere crear el Gobierno como un intento de “recentralización”. Según el anteproyecto, el nuevo Organismo Estatal es el “garante de la unidad de mercado y de la actividad inspectora”, y eliminará las “ineficiencias y duplicidades” del actual sistema. CiU ya ha advertido de que recurrirá al Tribunal Constitucional si se consagra ese nuevo diseño, que pretende garantizar “una concepción única e integral del sistema”.

Cataluña y el País Vasco recibieron las competencias sobre la Inspección de Trabajo en 2010 y 2011, respectivamente. A continuación, crearon sus propios órganos: el Consorcio Inspección de Trabajo de Cataluña y el Consejo Vasco de Inspección de Trabajo. Pero, al tiempo, el Estado conservó sus propios órganos inspectores en ambos territorios. El resultado es que los inspectores vascos y catalanes mantienen una doble dependencia, orgánica del Ministerio de Empleo, y funcional de su Gobierno autonómico. Así, el informe CORA lamenta la “disparidad en las cargas de trabajo y retributivas” existente entre los funcionarios e incluso alerta ante el “riesgo de ruptura funcional, no sólo orgánica, del sistema”.

Por el contrario, los gobiernos catalán y vasco defienden la mayor eficacia de sus cuerpos inspectores por su mayor cercanía a los ciudadanos, frente a la “distancia” de un organismo estatal. Por ejemplo, argumentan, hasta ahora no han sido demasiado útiles en la lucha contra la economía sumergida. “En Cataluña preferimos trabajar con los empresarios para que subsanen sus incumplimientos antes que multarlos”, presume el diputado de CiU Carles Campuzano.

El desembarco de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, puesto por el que se embolsará un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes, ha reabierto el debate sobre la función de estos órganos que equivalen en las autonomías al Consejo de Estado y que tienen como función dictaminar, a través de informes no vinculantes, si una decisión de un Ejecutivo regional se ajusta o no a la ley. La utilidad de estos organismos se viene cuestionando en los últimos años por formaciones como IU y UPyD, que consideran que constituyen una forma más de perpetuar privilegios y que su actividad no está justificada. 

Cantabria es la única autonomía que, a día de hoy, no cuenta con un órgano asesor de este tipo. En su discurso de investidura, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal se refirió a los consejos consultivos como "excesos irracionales" y prometió que iba a acabar con ellos. Han pasado ya más de tres años desde entonces y por el momento no ha llevado a cabo su compromiso. Su opinión al respecto también parece haberse suavizado. De hecho, en junio de de este año agradeció la labor “callada, pausada y constante” de este órgano en su tarea de velar por el cumplimiento de la legalidad. En plan para reducir la Administración elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy también definía a los consejos consultivos como unos de los “órganos auxiliares” llamados a desaparecer. Nada más se ha sabido desde entonces. 

Entre los sectores que critican la existencia de este tipo de organismos los argumentos más utilizados son, por un lado, el desembolso económico que suponen. Y, por otro, el hecho de que en algunos casos se hayan convertido en el retiro perfecto para excargos públicos que se garantizan unos ingresos mensuales nada desdeñables por asistir a una reunión por semana. Algunos nombramientos no han estado exentos de polémica. Es el caso, por ejemplo, del expresident Francisco Camps. Aunque hay otros exjefes de Ejecutivos autonómicos que forman parte de estos consejos. Es el caso de los gallegos Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.

¿Cuánto cuestan? 

La principal crítica que se hace de este tipo de organismos es el desembolso de dinero que suponen para las arcas públicas. Especialmente en un momento de grandes restricciones económicas y recortes en servicios y prestaciones públicas. Según cálculos de infoLibre,en conjunto, las comunidades dedican cada año más de 20 millones anuales a sufragar los consejos consultivos. No obstante, hay diferencias sustanciales entre unas autonomías y otras. El que más gasto supone para el erario público es el de la Comunidad de Madrid. La memoria de 2013 recoge que ese año se destinaron a su funcionamiento 4,3 millones de euros. 

Con presupuestos que rozan o superan los tres millones de euros anuales funcionan los de Cataluña (3,07 millones), Andalucía (3,34 millones) o la Comunitat Valenciana (2,97 millones). Por encima del millón los de Castilla-La Mancha (1,4 millones), Asturias (1,3 millones) o Extremadura (1,24 millones). Mientras, los de otras comunidades tienen dotaciones bastante menores, como es el caso de los consejos de Canarias (500.000 euros), Navarra (470.000 euros), La Rioja (359.000 euros) o Aragón (302.309 euros). 

El caso de Cataluña es especial porque esta comunidad cuenta con dos organismos consultivos de este tipo. Se trata de la Comisión Jurídica Asesora, que trabaja para la Generalitat (tuvo para 2014 un total de 2,6 millones de presupuesto). Y el Consejo de Garantías Estatutarias, que resuelve dudas y conflictos planteados por Parlament y ayuntamientos.

Estas cantidades de dinero se utilizan para pagar el sueldo de los consejeros (presidente y vocales) así como de los funcionarios y otro tipo de contratados públicos que trabajan en estos órganos. El de Asturias, por ejemplo, tenía en 2013 un total de 25 empleados, de los que seis eran altos cargos. El de Madrid estaba compuesto ese mismo año por once altos cargos. Además los consejeros están asistidos por seis letrados y por personal de secretaría. Y hay otras 14 personas dedicadas a las tareas de administración de personal, gestión económica, biblioteca, documentación, archivo, registro de documentos o apoyo administrativo. La plantilla del consejo andaluz es de cuarenta personas a los que hay que sumar el presidente, el secretario general, seis consejeros con dedicación exclusiva y otros cinco consejeros natos. 

¿Quiénes loS forman?

Otro punto polémico es el de quiénes forman parte de estos órganos consultivos. Las diferentes normas autonómicas no guardan criterios similares ni en cuanto al número de consejeros ni en cuanto al currículo que tienen que tener. Las leyes de Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía o Baleares reservan puestos entre sus miembros a "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional". Pero es habitual que se reserven también asientos a políticos, pues los nombramientos se reparten entre los elaborados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento.

Ignacio Astarloa, exdiputado nacional del PP, fue nombrado en abril de 2014 presidente del Consejo Consultivo de Madrid. De los ocho miembros que tenía esta institución hasta la llegada de Gallardón sólo había dos claramente vinculados al mundo de la judicatura. De este órgano madrileño forman parte Joaquín Leguina, que mantiene su cargo de consejero nato como expresidente de la comunidad –cargo al que renunció Esperanza Aguirre–, la exministra Cristina Alberdi, un exdiputado del PP, un exconsejero socialista de Sanidad y hasta el secretario general del Club Financiero Génova.

En el Consejo Consultivo de Castilla y León, por ejemplo, solo hay un consejero con trayectoria únicamente jurídica. Se trata de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Los otros tres han pasado por la política. El presidente es el exalcalde de León Mario Amilivia, que tiene una dilatada trayectoria como diputado nacional, regional y senador y que ha tenido puestos de responsabilidad en la dirección del PP castellanoleonés. Le acompañan Ángel Velasco Rodríguez y José Constantino Nalda (fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1986 y 1987, además de otros cargos), ambos vinculados al PSOE. 

Pero hay más expresidentes en estos consejos. Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Francisco Camps, que  fichó por el de la Comunitat Valenciana tras dimitir como presidente de la Generalitat. Sirviéndose así de las ventajas que le otorga la ley se aseguró tener durante 15 años un sueldo público además del trabajo de un chófer y un secretario particular. Algo similar ocurre en Galicia, donde los expresidentes Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe forman parte del Consello Consultivo de Galicia como conselleiros natos. 

Los salarios que ganan sus miembros varían dependiendo de si ejercen o no la presidencia aunque en todos los casos superan los 60.000 euros anuales. En Galicia, por ejemplo, el presidente cobra 5.185 euros mensuales y los consejeros, 4.888. Tampoco hay un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este órgano. Las cifras son dispares. Por ejemplo, en Castilla y León los miembros son cuatro y en Andalucía, 14.

¿cuáles son sus funciones? 

Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de sus actos y disposiciones. Actúan, por tanto, a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales y reproducen las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.

Sin embargo, no suelen ser los consejeros los que redactan los documentos, pues para eso cuentan con la asistencia de letrados especializados que son funcionarios. Su tarea suele consistir en la asistencia a reuniones semanales en las que revisan y votan los textos que previamente han redactado los profesionales que trabajan en estos órganos. Ellos son los que examinan leyes y sentencias, buscan jurisprudencia y redactan los documentos. Al menos así ocurre en los consejos que cuentan con más expolíticos y menos personas con trayectorias jurídicas reconocidas. 

El volumen de actividad, por lo general, es extenso. Aunque hay diferencias reseñables entre autonomías. En Andalucía el consejo consultivo elaboró en 2012 (última memoria publicada) 1.076 dictámenes. En Euskadi el año pasado fueron 197; en Madrid, 657; en Aragón, 250; 

CCOO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha anunciado la convocatoria de una huelga el 8 de octubre para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El sindicato prepara además un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones , colectivos jurídicos y ciudadanos coincidiendo con la apertura del año judicial, un acto solemne que se celebra a mediados de septiembre.

CCOO considera que la privatización de los registros civiles, aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, es  un "durísimo golpe" a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia.

Los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, denuncian, y habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes. Según sus cálculos, están en peligro 4.000 empleos públicos.

Las medidas del Gobierno no van a modernizar ni mejorar la Administración de Justicia, razonan. "Sólo persiguen los objetivos de recortar este servicio público y de ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia".

El sindicato propone una reforma en profundidad de la Administración de Justicia cercana a la ciudadanía y que garantice el acceso a la tutela judicial efectiva "en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad, dotando para ello a este servicio de los medios materiales, tecnológicos y de personal que sean necesarios".

El Gobierno quiere hacer de la reforma de las Administraciones Públicas uno de los ejes de la segunda fase de su legislatura. Desde el pasado mes de junio, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) hasta el día de hoy, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado en dos ocasiones esta iniciativa.

La segunda de las presentaciones tuvo lugar este mismo lunes en el Palacio de La Moncloa. Una cita que el presidente del Gobierno aprovechó para cuantificar los efectos de la medida. Según señaló, desde que la reforma echó a andar la supresión de duplicidades y de organismos ha permitido ahorrar más de 7.000 millones de euros. Al término de esta legislatura, en 2015, la cantidad será mucho mayor y se multiplicará por cuatro, según los cálculos del propio Ejecutivo.

Ni para la cantidad ahorrada en lo que va desde que entraron en vigor las medidas ni para la prevista cuando vuelvan a celebrarse elecciones generales el presidente realizó desglose alguno por partidas. Esto impide, por ejemplo, conocer qué porcentaje de estas cantidades se deben a la reducción de puestos de trabajo en el sector público. 

No obstante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presumió de que este Gobierno ha reducido el empleo público a niveles de 2004. Esto supone la destrucción de casi medio millón de puestos de trabajo.

En su intervención, que ha venido precedida de la de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el jefe del Ejecutivo ha señalado que su Gobierno aprobó en junio pasado un informe con más de 200 medidas para mejorar la administración, de las que un 23% están finalizadas. Según sostuvo, el ritmo de estas medidas "no va a decaer en ningún momento", ya que esta reforma "avanza a un ritmo imparable". "Intentamos dar pasos de gigante hacia la modernidad", subrayó el presidente del Gobierno y del Partido Popular.

Mariano Rajoy quiso poner en valor el trabajo que también están realizando las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la línea de conseguir unas administraciones más eficientes y efices. En este sentido, avanzó que ya se han ahorrado 4.042 millones de euros con la reducción de empresas y entidades públicas autonómicas.

Cooperación de comunidades y ayuntamientos

La reforma de las administraciones públicas del Gobierno solo afecta en sentido estricto a la Administración Central. Para las comunidades autónomas y los ayuntamientos sólo contempla sugerencias y recomendaciones. El Ejecutivo ha mantenido ya varias reuniones con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular para conseguir que se sumen. La reacción según el Ejecutivo ha sido buena y los barones del PP se han comprometido a reducir el tamaño de la administración autonómica.

Esta reunión ha contado con la presencia de ministros de Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia. Según fuentes del Gobierno, los representantes de estos países acudieron al palacio de La Moncloa a hintercambiar experiencias e iniciativas en materia de reducción del tamaño de la administración pública.