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El Ejecutivo prevé costear la tecnología para el teletrabajo de los funcionarios, que será voluntario y reversible

Una trabajadora desempeñando sus funciones desde casa.

La regulación del teletrabajo en la nueva sociedad post covid-19 se negocia en dos ministerios: el de Trabajo, donde se discute una ley sobre el trabajo a distancia en todas las empresas privadas; y el de Política Territorial y Función Pública, donde se debate una reforma del Estatuto Básico que afectará a los funcionarios. Y según ha podido saber infoLibre a través de diversas fuentes, en las discusiones sobre los empleados públicos que tienen lugar en el ministerio que dirige Carolina Darias hay un punto muy avanzado: el Gobierno prevé que sea la Administración General del Estado (AGE) la que ponga los medios tecnológicos necesarios para que los funcionarios puedan ejercer el teletrabajo adecuadamente.

Este acuerdo no está cerrado, pero sí próximo a llegar a buen puerto. Otro de los capítulos sobre el que las partes podrían pactar en breve es el carácter voluntario y reversible del trabajo a distancia en la función pública, una medida que han pedido desde instituciones como la Comunidad de Madrid hasta el sindicato CSIF, pasando por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo que lleva a pensar que la reversibilidad y voluntariedad del teletrabajo se aplicará también en el sector privado. 

Hay, sin embargo, muchos flecos que las partes negociadoras deben limar. En el caso de los empleados públicos, no está para nada claro que la reforma del Estatuto Básico vaya a incluir al personal laboral de las Administraciones Públicas, uno de los puntos más polémicos sobre el que no ha trascendido información. UGT propuso hace pocas semanas una reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales, lo que dejaría una semana laboral de cuatro días, solución que también defiende activamente Íñigo Errejón (Más País). 

La crisis derivada de la pandemia de coronavirus obligó a trabajar a distancia a personas que no lo habían hecho nunca: la propuesta de UGT incluía un estudio según el cual casi el 92% de trabajadores jamás había teletrabajado hasta 2019, antes de que el virus se llevara todo por delante. 

Escasez de medios y personal

Tampoco está claro si la financiación de los medios tecnológicos en la nueva ley que negocian la ministra Díaz y los agentes sociales obligará a las empresas privadas. En el caso del sector público, la carencia de medios y de material ha sido evidente en algunos departamentos durante el estado de alarma y también después con el mando transferido a las regiones. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha colapsado ante la avalancha de demandas de prestaciones de desempleo, como los ERTE. Hasta el punto que los ministerios de Trabajo o de Seguridad Social gastaron más de dos millones de euros en refuerzos externos (caso de la empresa pública Tragsa) para capear la falta de personal. 

Además de los medios tecnológicos, hay aspectos que se hallan en el candelero. El gasto energético de los hogares se disparó un 28% durante el confinamiento según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por citar un caso. 

Otro embrollo que hay que resolver es aplicar el teletrabajo de manera parcial, es decir, que el empleado público pueda acudir unos días de la semana a su lugar de trabajo y otros desde casa. En este punto no han trascendido detalles. En la Ley del Trabajo a Distancia que afectará al sector privado se maneja una horquilla de entre el 20% y el 40% de las horas semanales para ejercer en remoto. 

"Buena sintonía"

Igualmente, otro de los conflictos es la duración de los convenios de teletrabajo ya firmados entre empresas privadas y trabajadores. La patronal CEOE ha reivindicado públicamente que los convenios deberían permanecer en vigor al menos cinco años, plazo que sindicatos como UGT o CCOO ven excesivo. Y otro escollo más: la flexibilidad de la jornada laboral, con posibilidad de partirla en aras de la conciliación u otros motivos.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo a finales de esta semana está sobre la mesa y depende de un "arreón" final, cuentan conocedores de los detalles. Fuentes gubernamentales sitúan el próximo martes 22 de septiembre como probable fecha para trasladar ambas medidas al Consejo de Ministros, pero añaden que el tema igualmente podría retrasarse si quedan cuestiones pendientes.

Portavoces del ministerio de Carolina Darias se limitan a destacar la "buena sintonía" con las centrales sindicales. "Empezamos a negociar telemáticamente durante el confinamiento por el estado de alarma y después ya en persona. Tenemos todos que hacer cesiones", afirman.

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