Telemadrid inicia este lunes lo que pretende ser una refundación visual de la radio y televisión autonómica: nuevos decorados y presentadores, recuperación de la esencia del primitivo y exitoso Madrid Directo, más espacios dedicados a la actualidad madrileña... Por cambiar, cambia hasta la estrella que ha sido –con diferentes apariencias– la seña de identidad de la radio y televisión autonómica. Todo ello fue presentado el pasado jueves en una gala transmitida por La Otra, su segunda cadena televisiva.

Junto a estas novedades formales, desde mitad de la primavera se están produciendo cambios de índole interno para eliminar la desoladora imagen que vio el nuevo Consejo de Administración en su primera visita a la sede de la empresa: cámaras, estudios y aparato técnico de gran valor cubiertos de un polvo que evidenciaba su desuso. La actual dirección inició la puesta en servicio de todo el material, contrató personal entre los despedidos más de cuatro años antes y sacó a la calle los equipos necesarios para transmitir los eventos del Dos de Mayo y San Isidro, dos de las principales festividades de los madrileños . Era el embrión de un cambio radical: los trabajadores despedidos por decisión de Ignacio González, que habían denunciado, primero, la manipulación informativa y la externalización de la producción y habían llevado, después, las protestas por el ERE ante la sede de su Gobierno, pasaban de ser vetados a ejercer su trabajo en la empresa. Y a gozar de prioridad en cada convocatoria de nuevos empleos. A día de hoy, más de un centenar vuelven a ocupar su lugar en la redacción, en los estudios y controles, en las cámaras. O en la realización y producción.

Telemadrid es en la actualidad una televisión que no se ve y una radio que no se oye. Nacida a finales de los ochenta, tuvo en los últimos años del siglo un crecimiento espectacular que la llevó a ser un referente sobre todo lo que ocurría en Madrid. Sus informativos eran líderes y espacios como Madrid Directo eran copiados por cadenas autonómicas y nacionales. Pero en 2003, vía Tamayazo, llegó al Gobierno de la Comunidad Esperanza Aguirre y con ella una dirección empeñada en ser propagandista de la carrera política de la presidenta. Informativos y programas especiales dejaron de lado la actualidad madrileña para consagrarse a jugar el papel de oposición al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, incluido el delirio conspirativo de situar a ETA como autora de los atentados del 11-M.

Partidismo primero y ERE después

En paralelo, se entregaba a productoras externas la realización de todo tipo de espacios, incluso la propia señal de la cadena que llegaba a los televisores. Mientras, se contrataba sin tasa a personal "de confianza", hasta llegar a una plantilla de más de 1.100 empleados, prácticamente al nivel de Antena 3 o Telecinco. En 2012, ya con Ignacio González como presidente y José Antonio Sánchez (actual presidente de RTVE) como director general, se acrecientan las protesta y huelgas masivas, promovidas por el Comité de Empresa y colectivos de defensa profesional como Salvemos Telemadrid. La respuesta de Gobierno y dirección es la puesta en marcha de un ERE que supone el despido de 861 trabajadores en enero de 2013. Con menos de 300 personas en la plantilla, la externalización de Telemadrid llega al paroxismo, y Telemadrid y Onda Madrid desaparecen de la vida madrileña.

La llegada de Cristina Cifuentes, apoyada por Ciudadanos, al Gobierno de la Comunidad de Madrid no ofrece mejores augurios. La nueva ley que ha de regir la radio y televisión autonómica tarda un año en ser aprobada y convierte al ente público controlado por la Asamblea en una Sociedad Anónima dependiente del Gobierno regional. El director general, que nombra el Consejo de Administración, llega bajo sospecha, al adelantar su nombre algún medio digital aun antes de constituirse el Consejo, órgano que elimina la presidencia rotaria y sitúa al frente a la consejera promovida por el socio de Gobierno de Cifuentes.

A pesar de lo anterior, el nuevo director general, José Pablo López, tiene un plan, que explica a infoLibre en conversación informal a principios de mayo y que es recibido entre la esperanza y el escepticismo por el Comité de Empresa y Salvemos Telemadrid. Pretende –aunque no utiliza la expresión– refundar la empresa con nuevos rostros en Informativos, recuperar la esencia del primer Madrid Directo, crear nuevos espacios y extender los dedicados a la región. Y lo quiere hacer con la reducida plantilla que se encuentra y con la incorporación de trabajadores afectados por el ERE.

Las primeras ocasiones para convertir en hechos los deseos se suceden con las celebraciones del Dos de Mayo y San Isidro y, efectivamente, las transmisiones de esos días se hacen con medios técnicos propios, manejados por despedidos a los que se incorpora con contratos temporales y de obra. Con las vacaciones de los periodistas de plantilla ocurre otro tanto: son sustituidos por una decena de profesionales afectados por el ERE elegidos por antigüedad en la empresa. En paralelo, se convocan 89 plazas de técnicos, realizadores y productores y 88 son ocupadas por antiguos trabajadores despedidos.

La esperanza parece convertirse en realidad. No obstante hay preguntas en el aire que este diario traslada a los responsables del presunto cambio. En la mañana de este jueves, y durante más de dos horas, infoLibre visita las instalaciones de Telemadrid en la Ciudad de la Imagen, habla con realizadores, productores, técnicos, periodistas, representantes de Salvemos Telemadrid y del Comité de Empresa, incluido su presidente, Luis Lombardo. Se encuentra con el director de Informativos, Ion Ariztimuño, y el de Onda Madrid, Alipio Gutiérrez. Y mantiene una conversación a tres en el despacho del director general con José Pablo López y Luis Lombardo. Con todo ello aparecen datos e impresiones: se confirma que el 35% de los hogares madrileños tienen desintonizada en su mando la señal de Telemadrid, que la lucha por recuperar audiencia va a ser larga y que ha de pasar por tener presencia continua en la vida de los madrileños y en todos los sectores, incluido el deporte regional. Con un presupuesto reducido a 67 millones de euros no se renuncia a la contribución de productoras externas, a las que se impele también a contar con los despedidos para las nuevas contrataciones. Pero se reduce esta participación externa en aquellos espacios que pueden realizarse dentro de la empresa y con personal propio –en este apartado Lombardo cita como ejemplo el de una empresa que obtenía 20.000 euros por programa, y que al pasar a producción propia duplica el número de directos en exteriores, aumenta la duración y supone un coste de 11.000–, y se intensifica el camino de las coproducciones.

Los Informativos como prueba del cambio

Los Informativos fueron en las etapas de Aguirre y González los auténticos protagonistas de Telemadrid... para mal. La manipulación hasta el paroxismo provocó el sucesivo abandono de los espectadores y las denuncias durante una década de Salvemos Telemadrid y el Comité de Empresa, hasta desembocar en protestas y huelgas y en el despido masivo, declarado por la Justicia no ajustado a derecho. Por fortuna, la actual dirección se ha visto beneficiada por el periodo transitorio en el que Alipio Gutiérrez ocupó la cúpula de ese departamento y en la que salieron de la empresa los responsables editoriales de la censura y la manipulación. A día de hoy, todas las fuentes consultadas por infoLibre ponen sordina aquellos desvaríos: son como aquel pariente o amigo de cuya conducta nos avergonzamos y del que resulta embarazoso hablar. Ya no están, ya no pueden dar órdenes, ni siquiera una vez han aparecido en las conversaciones Aguirre o González, omnipresentes durante tanto tiempo. Todo el mundo parece mirar al futuro, pero la dependencia orgánica del Gobierno está ahí ¿Qué pasará cuando la actualidad aporte noticias perjudiciales para ese Gobierno? Se darán como cualquier otra, ni más ni menos, aseguran, mientras insisten en que la actualidad es mucho más que la política, que hay que contar todo y todo con profesionalidad y pluralismo. Veremos desde este mismo lunes.

Entretanto, sobre las relaciones personales en un departamento en el que conviven periodistas antiguos que se salvaron del despido, profesionales contratados en la etapa negra y readmitidos con la nueva dirección, la respuesta que proporciona una de las fuentes es la siguiente: "No ha pasado nada. Ni un reproche, ni una discusión; sí, quizás hubo alguna mirada atravesada el primer día, pero nada más... Todo el mundo sabe que es una situación nueva, y no conviene mirar demasiado hacia atrás". Y hablando de situaciones personales, ¿qué pasa con el resto de despedidos? "Una parte importante han llegado en estos años a la edad de jubilación, muchos están en otras empresas o trabajos. De hecho, en las convocatorias realizadas ha habido bastantes renuncias a la reincorporación. En este momento la plantilla supone algo más de 400 trabajadores, si hubiera algo más de dinero para llegar a la idónea, esto es sobre 600 personas, se podría readmitir, si no a todos, sí a una gran mayoría de los que aún esperan volver", responden quienes abanderaron las protestas.

Quizás la mayor novedad sea, al tiempo, el mejor augurio. Desde Salvemos Telemadrid y el Comité de Empresa se asegura: "Por primera vez desde hace 15 años sentimos que dirección y trabajadores luchamos por lo mismo, ser un medio de referencia para todos los madrileños. Aquello que fuimos y queremos recuperar". No obstante, lo ocurrido en estos años ha pasado factura a más de uno, tal y como refleja el testimonio de un veterano periodista: "No sé a estas alturas si no habré perdido para siempre mi oficio".

La televisión autonómica madrileña ha vivido su semana más intensa con motivo de la celebración mundial del World Pride en la capital. Las múltiples horas de transmisiones en directo de los principales eventos han tenido un muy amplio reflejo en los informativos diarios, y han sido complementados con la emisión de obras de ficción, documentales y espacios de producción propia que han protagonizado una programación fundamentalmente dedicada al evento, complementada por su segunda cadena. Se ha tratado, en lo ideológico, de una fuerte y democrática apuesta por la igualdad, concretada en dar visibilidad efectiva a colectivos perseguidos en la mayor parte del mundo, y que todavía en una España que reconoce sus derechos, sufren continuos ataques y discriminación en terrenos tan sensibles como el laboral. En el ámbito interno de la empresa, el despliegue ha significado la recuperación de medios técnicos arrumbados desde hace una década, unidades móviles, cámaras, controles de emisión, y un largo etcétera de medios complementarios, que han sido puestos de nuevo a punto. Y con ellos, a cargo de ellos, profesionales expulsados de la empresa por el ERE de enero de 2013, que la Justicia consideró "no ajustado a derecho".

Nada de ello se podía predecir hace tan solo unos meses. La nueva Telemadrid, diseñada por el gobierno de Cristina Cifuentes, nacía en medio de retrasos y con una personalidad jurídica de sociedad anónima, dependiente del Consejo de Gobierno y no del Parlamento Regional. Su director general, José Pablo LópezJosé Pablo López, no contó con el apoyo de la oposición, que calificó el nombramiento como "teledirigido", después de que su elección fuera profetizada por algunos medios de comunicación aún antes de que se abriera el concurso.

Tampoco ayudó el golpe de mano en el Consejo de Administración, que sustituyó a la acordada presidencia rotatoria por el nombramiento de una presidenta para seis años en la persona de Mari Pau Domínguez, propuesta por Ciudadanos y apoyada por el bloque de consejeros más cercanos al gobierno del PP. En esos momentos, la cadena de radio Onda Madrid cosechaba un número insignificante de oyentes, la primera cadena de televisión se movía por debajo del cuatro por ciento de audiencia, y la segunda cadena, La Otra, ofrecía múltiples horarios en cero técnico, un número tan pequeño de espectadores que resultaba imposible de cuantificar por los medidores de audiencia. Todo ello conformaba una situación de irrelevancia, de falta de presencia entre los madrileños, que había llevado a la antigua y exitosa Telemadrid de los noventa y principios de 2000, omnipresente en la vida madrileña, al descrédito primero, y al olvido después, tras una larga década consagrada a la propaganda de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

A mediados de mayo, y por iniciativa suya, mantuve una amplia conversación con el director general de la empresa. No se trató de una entrevista periodística, sino de un intercambio de impresiones. José Pablo López habló de un proyecto industrial para la empresa, imprescindible dado el escaso presupuesto, y de su iniciativa para devolver las cámaras a la calle para recoger la actualidad madrileña y volver a tener presencia entre los ciudadanos. Afirmó sus intenciones de recuperar producción propia y hacerlo con el concurso de personal que había sido despedido. Adelantó el fichaje de profesionales contrastados para hacer unos informativos plurales y neutrales en lo político, y aceptó que devolver credibilidad y audiencia a Telemadrid era una tarea impensable a corto plazo,pero se mostró ilusionado en conseguir esos objetivos con el transcurrir de meses y años de trabajo y dedicación. Nada publiqué de aquellos propósitos que, en aquel momento eran, al menos, un catalogo de buenas intenciones.

Ha pasado mes y medio desde aquella conversación, y no he vuelto a tener contacto alguno con López. He seguido con atención espacios de producción propia, como los Informativos, y he hablado con trabajadores actuales y víctimas del ERE, he seguido sus impresiones en redes sociales, y he consultado con miembros del Comité de Empresa. Los resultados de audiencia, aún muy por debajo de la media de las televisiones autonómicas, ofrecen signos de haber salido de la atonía anterior, con algunas transmisiones de fiestas y eventos que llegaban a multiplicar el seguimiento medio. Otro tanto ha ocurrido con acontecimientos institucionales en la región y en la capital, a los que se ha dado amplia cobertura, sin que pesara el color político de cada administración. Falta por ver si se produce una similar atención cuando se trate de movilizaciones y protestas que conciernan al gobierno de Cristina Cifuentes. No se ha producido una vuelta masiva de los trabajadores expulsados, algo impensable con el actual presupuesto, y que supondría una plantilla inasumible en términos, no solo económicos, sino de eficiencia... Pero se ha cambiado el signo de las contrataciones eventuales y temporales para los despedidos: donde antes había un veto radical, ahora se les otorga prioridad. Docenas de ellos han vuelto a sentarse en las mesas de edición, en los mandos de unidades móviles, en los controles de emisión; y no se trata solo de trabajo esporádico: en las últimas horas se han otorgado nueve plazas de contratos eventuales por tres meses a otros tantos periodistas despedidos, y se han otorgado por criterios profesionales de antigüedad y mérito.

La vía emprendida por esta nueva Telemadrid otorga así alguna esperanza para los medios públicos de comunicación. Tras el acuerdo parlamentario para la reforma de RTVE, que aún tardará en plasmarse tres o cuatro meses, y las mejoras emprendidas en la radio televisión extremeña, serían las luces del sombrío panorama de los medios públicos: TV3 dedicada a la propaganda independentista; Canal Sur al servicio del gobierno del PSOE, y rodeada de escándalos económicos; TVG sometida a continuas denuncias de manipulación; la nueva Canal Nou sin terminar su refundación, o Castilla-La Mancha adelantando reformas de control, pero aún sometida a sospechas de parcialidad informativa...

Según los trabajadores, Telemadrid necesita órganos internos de vigilancia y control, como un Consejo de Informativos elegido por los implicados, pero la gran mayoría se muestran ilusionados y realistas. Saben que será largo y difícil volver al esplendor de su mejor época, pero del fatalismo de los últimos años, se ha pasado al ánimo de un trabajo con esperanza.

La detención y posterior ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González son fruto de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pero hay ciudadanos más o menos anónimos que llevan una una década de lucha contra los abusos del político madrileño, a quien Esperanza Aguirre convirtió primero en vicepresidente de su Gobierno (2003-2012) y después eligió a dedo como sucesor (2012-2015).

Mercedes Arce y Carmen Ochoa, de la asociación Parque Sí en Chamberí; la exdiputada autonómica de IU Reyes Montiel; el policía y sindicalista José Manuel Manuel Sánchez Fornet o trabajadores despedidos de Telemadrid son una muestra significativa de los ciudadanos que plantaron cara ante los abusos de Ignacio González, ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". infoLibre habla con ellos.

  Menos golf y más parque en Chamberí

El 14 de abril de 2003, los vecinos del distrito madrileño de Chamberí estaban exultantes. El presidente de la Comunidad, por aquel entonces Alberto Ruiz-Gallardón, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, habían puesto la primera piedra del futuro parque de Islas Filipinas, un ambicioso proyecto urbanístico que se asentaría sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Estaba llamado a erigirse como el nuevo Retiro en el distrito con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. Un total de 118.547 metros cuadrados de jardines y zonas de recreo que los vecinos esperaban como agua de mayo. 

Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando, después de tres años de obras, los carteles que anunciaban la apertura cambiaron de la noche a la mañana. El Ejecutivo regional, desde noviembre de 2003 presidido por Esperanza Aguirre –tras el escándalo del tamayazo–, había cambiado de opinión. Los antiguos depósitos de agua del Canal, la principal empresa pública de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, se destinarían a la construcción de unas instalaciones deportivas. La única zona verde que verían los vecinos del barrio sería un campo de golf de nueve hoyos. Y el Ejecutivo conservador estaba convencido de sacar adelante el nuevo proyecto.

Lo que no se esperaban era la enorme oposición ciudadana y la incansable lucha de la asociación de vecinos Parque Sí en Chamberí, que lleva más de una década para conseguir ese parque que les había sido arrebatado. "Empezamos a reunirnos en 2005", señala en conversación con infoLibre Mercedes Arce, una de las integrantes del colectivo. "Pero no nos constituimos como asociación hasta 2007", completa Carmen Ochoa, su compañera de lucha durante todos estos años. La primera se enteró de la movilización de algunos vecinos en el colegio de sus hijos. La segunda, por una pancarta colocada en un balcón que exigía el freno inmediato del nuevo proyecto urbanístico.

Sin embargo, ni las movilizaciones –medio millar de personas en diciembre de ese año– ni la detención de las obras por parte del Ayuntamiento de Madrid, que requería al Canal de Isabel II que solicitase una licencia para el nuevo proyecto urbanístico, frenaron al Ejecutivo regional. En diciembre de 2006, la empresa pública adjudicó la explotación del campo a un consorcio de tres empresas. Una de ellas, Tecnoconcret, que era una compañía sin apenas actividad, tenía como administrador único a José Antonio Clemente, socio de Pablo González y de José Juan Caballero, hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño. Los dos familiares de González también fueron detenidos en el marco de la operación Lezo. 

Para tratar de esquivar el bloqueo del consistorio, el Ejecutivo de Aguirre optó a comienzos de 2007 por declarar el proyecto de "interés general", un movimiento que fue tumbado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y después por el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno autonómico no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ante el movimiento vecinal. Por eso la Comunidad, ya con Ignacio González al frente, buscó una nueva alternativa para esquivar el derribo de las instalaciones deportivas decretado por vía judicial. Para ello, aprobó en 2013 un nuevo plan especial para la zona, que también fue declarado "nulo de pleno derecho" el pasado mes de agosto por el TSJM. Parque Sí en Chamberí había vuelto a ganar.

  "Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre las recurrían", recuerdan Carmen y Mercedes

Mercedes y Carmen reconocen que han sido "años duros", en los que han trabajado "sin descanso". "Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre eran recurridas", recuerda Carmen. Sin embargo, se han sentido arropadas en todo momento en una lucha que definen como "la batalla entre David y Goliat". Por eso, agradecen "el apoyo económico" recibido para continuar en los tribunales y, sobre todo, la enorme ayuda que han recibido desinteresadamente por parte de abogados y arquitectos. "Ellos nos ayudaban a 'traducir' todos los complejos documentos de carácter urbanístico", explica Mercedes.

Diez años después, han visto, "contentas", cómo agentes de la Guardia Civil se llevaban detenido al expresidente madrileño. "Teníamos razón", señala Carmen mientras esboza una sonrisa. Tras la sentencia del pasado mes de agosto, el desmantelamiento del campo de golf del Canal, cuya adjudicación en 2006 permitió a la empresa controlada por la familia de González quedarse presuntamente con una comisión de 600.000 euros, es cuestión de tiempo. Y ellas siguen dando batalla: "Ahora hay gente que ha pedido hacer más campos de fútbol en el terreno. No, nos negamos. Todos los colegios de la zona tienen pistas y cerca hay también un pabellón. Nosotras exigimos el parque que se nos había prometido".

  Investigar con la Asamblea en contra

La exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Reyes Montiel.

En 2009, dos años después de que la revista Tiempo revelase las entrañas de la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí y desvelase que el político del PP había comprado en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros, el diario Público sacó a la luz otras actuaciones del expresidente: entre ellas la inyección de 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel o los datos del dossier sobre González que poseía el Partido Popular, con información sobre el patrimonio del expresidente y una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares atribuidas al entonces vicepresidente madrileño.

Dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés y Reyes Montiel, fueron especialmente activas en el empeño de arrojar luz sobre las sombras del número dos de Aguirre. "La trama de González yo creo que era la trama oficial del Gobierno, aunque luego conviviese con otras. Además, creo que desde el tamayazoestaba diseñada para que funcionara", afirma Montiel en una céntrica cafetería madrileña. Ejemplo de ello, añade, es que "nunca quisieron discutir" que el Canal de Isabel II, con "controles más laxos a la hora de hacer negocios", no estuviera "bajo el paraguas de González".

La exdiputada en el Parlamento autonómico describe aquellos años como "muy duros". "Tenías que hacer un poco de detective", explica Montiel, que asegura que "una de las cosas que más le ayudó" a ir atando cabos fue cuando se hizo pública la primera parte del sumario de la Gürtel. "No te niegan la información pero te la dan en un momento en el que no sabes sacar conclusiones. Tablas y tablas de contratos. Yo no lograba ver en los expedientes lo que estaba mal. La primera parte del sumario de la Gürtel me dio un guión", relata.

Montiel cuenta que "ni el Gobierno" ni tampoco "la Mesa de la Asamblea de Madrid" facilitaron la investigación. "La mayoría de las cosas que pedíamos se quedaban ahí, en la Mesa", apostilla. Además, añade, "no había ganas de investigar" por parte de "ninguno de los grupos políticos". Ni del PP, ni del PSOE, ni tampoco de IU-CM, su propio partido: "Había una parte que estaba en clara connivencia con el Ejecutivo de Aguirre. No sé si por estar en la misma trama o porque el Gobierno madrileño sabía cosas de ellos. Estoy hablando de Ángel Pérez, Miguel Reneses o Antero Ruíz", dice. Esta misma semana se ha conocido que González colocó en TVE a la exdiputada de IU Libertad Martínez para defender "su imagen e intereses".

  "Un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Te reconcilia con el sistema", destaca Reyes Montiel

Montiel describe cómo "planteaba cosas" en IU-CM y la respuesta que recibía era "que eso distraía a los trabajadores de sus verdaderos problemas, como la crisis o el paro". Relata que "cuando se hacían los órdenes del día de los plenos de las comisiones", evitaban ponerla. Y lamenta la decisión de no acudir "como grupo" ante la Fiscalía: "Tuve que ir yo a título individual. Y nadie de los compañeros, a excepción de Sabanés y Fausto Fernández, que estaban conmigo en eso, me preguntó sobre el tema". Con la investigación completamente bloqueada, y con la práctica totalidad de su grupo en contra, en octubre de 2010 decidió abandonar su escaño y dejar IU.

Su marcha fue calificada por el entonces portavoz de IU-CM en la Asamblea, Gregorio Gordo, como un intento de "fraccionar" la formación. "También me llegó a acusar de intentar eclipsar el funeral de Marcelino Camacho", recuerda. Sin embargo, ella tiene claro que lo que ha roto el partido "han sido personajes como él, que han entrado en toda la rueda de la trama González". Sin embargo, el tiempo ha terminado por poner a cada uno en su lugar. "Cuando vi la detención de González me sentí un poco incrédula, porque llega un momento en el que te consiguen contagiar esa idea de que hagan lo que hagan no les va a costar nada. Pero por fin, un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Es una satisfacción y da como para reconciliarte con el sistema", explica.

  El SUP entra en acción: el ático de González

El ex secretario general del SUP José Manuel Sánchez Fornet.

Casi dos años después de la salida de Montiel de la Asamblea de Madrid y de IU-CM, el diario El Mundo publicó que la policía estaba investigando, por su posible relación con la trama Gürtel, el ático –un dúplex de 500 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Alhambra del Golf, en Estepona– en el que González veraneaba desde hacía años. Unos días después de saltar la noticia a la palestra, el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, es expedientado y trasladado a Madrid. Al mismo tiempo, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se encargó de calificar la investigación de la Policía como "ilegal" y el propio expresidente madrileño de acusar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La defenestración de Hermes dejaba también en la cuerda floja al inspector jefe de grupo y a los policías que habían investigado el lujoso ático, propiedad de la sociedad radicada en Delaware Coast Investors LLC y que el matrimonio González-Cavero alquilaba supuestamente por 2.000 euros al mes, aunque los investigadores sospechaban que se lo habían regalado a González como pago por alguna adjudicación pública. Fue en ese momento, alertado por las amenazas de expediente que se cernían sobre las cabezas de sus afiliados, cuando entra en acción el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que entonces lideraba José Manuel Sánchez Fornet. "Yo, como sindicalista, defendía a los policías que habían recibido una orden y se dedicaron a cumplirla", señala en conversación con infoLibre.

En abril de 2012, se citó con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para comer. Un encuentro en el que, según contó Fornet a este diario casi tres años después, el máximo responsable policial intentó convencerle para que el sindicato pusiera freno a las denuncias sobre González. "Me dijo que no era bueno que el sindicalismo se mezclara con la política", cuenta el exlíder del SUP. Una cita de la que quedó constancia en una nota policial interna, que llevaba por título "Análisis sobre corrupción", y que recogía, entre otros aspectos, la modificación sustancial de un informe sobre las actuaciones alrededor del ático de González que había sido encargado a Hermes.

La nota, a la que tuvo acceso este diario, especificaba los cambios. Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones, comisiones rogatorias". Pero la versión retocada del informe descartó la idea de solicitar apoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".

Tras recabar algunos datos, y "obnubilado tras la comida al ver que un ministro y un director general dicen que los policías no pueden hacer una investigación por sí mismos", Sánchez Fornet y su equipo decidieron remitir un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que les respondió diciendo que "hay indicios pero que son insuficientes para que investigue la Fiscalía", cuenta. Tras esta respuesta, escriben a otros organismos: "Al fiscal general del Estado; a los grupos del Congreso y el Parlamento andaluz; a la Agencia Tributaria; a la UDEF; y al comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla". Sólo el último respondió, poniendo en marcha una investigación. Al igual que Hermes, fue cesado fulminantemente.

  "A nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera", dice Sánchez Fornet

A la vista de los cortapisas a la hora de indagar, el sindicato decidió en octubre de 2012 interponer una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, el que actualmente lleva el caso. Una acusación que se mantuvo hasta la salida de Sánchez Fornet del SUP. Luego, la comisión ejecutiva del sindicato renunció a seguir siendo parte de la acusación popular "en pro" de sus "afiliados", un movimiento que el exlíder del sindicato policial define como "una traición". 

Fornet, ahora portavoz del Observatorio contra la Corrupción, está convencido de que hizo lo correcto, a pesar del acoso al que fue sometido por negarse a olvidar el asunto del ático de González. "Me han abierto expedientes, se han querellado contra mí varios mandos policiales...", detalla. Sin embargo, asegura que, "en la misma situación y sabiendo lo mismo", volvería a actuar de igual manera. "Pero a nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera, es una tortura psicológica y una presión brutal. Y, encima, los que denuncian se quedan solos. En España no se quiere combatir la corrupción", sentencia.

  Los despedidos de Telemadrid no se rinden

Extrabajadores de Telemadrid frente a la sede del Gobierno regional.

Al mismo tiempo que Sánchez Fornet luchaba para que el caso del ático no fuese enterrado, un importante grupo de trabajadores de Telemadrid, que esperaban el inminente ERE anunciado por el Ejecutivo regional, hacían sus propias pesquisas sobre la gestión del ente público. Nacía así la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM). El trabajo no fue sencillo: "La opacidad sobre lo que ocurría en Telemadrid era absoluta", cuenta Alberto Sánchez, uno de sus miembros. Pero las horas de búsqueda de documentos oficiales en Internet, principalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), les permitió construir "un relato de hechos con una serie de indicios".

Con ayuda de Attac y, especialmente, de la abogada Liliana Pinedo, optaron por dar la batalla. "Ellos nos ayudaban a interpretar jurídicamente el relato y nos decían si había indicios suficientes", continúa José Ignacio González, también miembro de la asociación. En julio de 2013, pocos meses después del brutal ERE que dejó en la calle a 861 personas –de 1.169 que integraban la plantilla–, varios miembros del colectivo se entrevistaron con el fiscal Anticorrupción de Málaga y le entregaron un extenso informe y documentación donde, entre otras cuestiones, se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, ruinosos para el ente público.

  "Lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", afirma José Ignacio

"La relación entre Rudy Valner –el famoso testaferro, empleado a su vez del presidente del Atlético de Madrid, que adquirió a través de la sociedad Coast Investors el ático que posteriormente alquilaría a González–, Cerezo y la Comunidad de Madrid era tan evidente, tan obvia, que daba hasta vergüenza no haberlo visto antes. No podía haber tantas casualidades juntas", explica José Ignacio. En el extenso documento, los trabajadores de Telemadrid hacían una serie de relaciones temporales entre adjudicaciones públicas a empresas de Cerezo y el ático que en 2012 adquiriría finalmente el expresidente por 770.00 euros.

Finalmente, en marzo de 2015, los extrabajadores de Telemadrid se personan en la causa como acusación popular. Tres meses después, el SUP se retiró. A pesar de la noticia, ellos decidieron continuar de la mano del que hasta ese momento había sido el abogado del sindicato, Javier Carnerero. "Si nos hubiésemos retirado nosotros, no sabemos lo que hubiera pasado... Habría quedado como acusación principal otra asociación dirigida por el comisario Villarejo...", reflexiona Alberto. Sin embargo, su continuidad permitió que en marzo de 2016 la jueza imputara finalmente tanto a González como a su mujer, Lourdes Cavero, y a Enrique Cerezo. "Si nos hubiéramos retirado, no sé si seguiría el caso ático abiertocaso ático", completa José Ignacio.

Han sido cinco años complicados, conceden. El peor día, dicen, es cuando les despidieron de la televisión pública, un ERE que el Tribunal Supremo calificó como no ajustado al derecho. Una decisión que truncó la vida laboral de 861 trabajadores y que ellos califican de "política", no económica. "Éramos molestos", señala Alberto. Pero ellos, en lugar de buscar trabajo, decidieron "buscar justicia y buscar la verdad". "Al final, lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", asevera José Ignacio.

Sin embargo, no quieren poner punto y final a la conversación con infoLibre sin antes decir que ellos sólo han sido "una pequeña pieza de un engranaje bien engrasado" y que, a día de hoy, todavía sigue funcionando a la perfección. No se olvidan de las incansables manifestaciones de los trabajadores despedidos. Ni tampoco del apoyo de la plataforma Salvemos Telemadrid, que ha mantenido, a pesar del paso del tiempo, "vivo el tema". Ni del "trabajo inmenso" del comité de empresa, que ha logrado situarlo en el epicentro político de la Asamblea de Madrid. "Al final hacen falta todas estas piezas para tener fuerza", sentencia Alberto.

El exdirector y expresidente de Telemadrid Manuel Soriano ha rechazado en su comparecencia de este viernes en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid la existencia de un agujero en la cadena madrileña, cuyos trabajadores sufrieron en 2013 un ERE por motivos económicos que provocó el despido de 861 empleados.

"Hablemos con propiedad diputado", ha atacado Soriano al parlamentario de Podemos Miguel Ongil, que le había interpelado sobre el quebranto que sufrió la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), participada por Telemadrid y Caja Madrid (ahora Bankia), con la compra de los derechos del fútbol en 2007 del Atlético de Madrid y del Getafe CF por 307 millones: "¿Agujero? Lea los datos de los últimos ejercicios de Telemadrid. Aquí no se ha hundido nada, se ha reflotado", ha completado Soriano.

Sin embargo, a preguntas de la diputada socialista Isaura Leal, Soriano tuvo que reconocer que Madrid Deporte Audiovisual, de la que Telemadrid es accionista al 49% y que está en concurso de acreedores desde 2013, sí ha tenido pérdidas: "Son los 17,6 millones de los que hemos hablado, no hay más pérdidas en toda la operación, y ya le he dicho que Telemadrid está personada en las reclamaciones correspondientes a los clubes de fútbol y a Mediapro, y antes creo que terminé diciendo por un valor total de unos 35 millones de euros. A lo mejor se recupera el dinero".

infoLibre ha publicado este viernes que la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Javier Sánchez Beltrán, que reabra el caso sobre el adelanto de 15,7 millones por parte de una empresa participada por Telemadrid al Atlético de Madrid y al Getafe CF, en el marco del contrato de cesión de derechos audiovisuales por cinco años que fue incumplido al tercer ejercicio por los directivos de los clubes.

Retransmisión en abierto

Soriano, que reconoció haber sido la persona que llevó el plan de negocios de Madrid Deporte Audiovisual al consejo de administración de Telemadrid, ha explicado que su idea era recuperar la retransmisión en abierto de los clubes de fútbol madrileño.

Al ser acusado de forma directa por el diputado de Podemos Miguel Ongil de haber manipulado el plan de negocios que presentó en el consejo de administración de Telemadrid, al hacer pasar un informe de Caja Madrid como si fuera de Telemadrid, Soriano ha atacado de forma directa a infoLibre, que fue el periódico que publicó el informe de viabilidad de la operación de Caja Madrid, ya que había sido incorporado en uno de los correos de Miguel Blesa intervenidos por el exjuez Elpidio Silva.

"¿Quién manipuló el informe de Caja Madrid y lo hizo pasar por un informe propio de Telemadrid?", le ha preguntado en concreto Ongil, a lo que Soriano ha respondido: "Rechazo completamente el término de que se manipuló un informe. Usted podrá decir que había un informe, que publica infoLibre. y habría que verlo, porque en fín..., infoLibre, pequeño paréntesis. ¿Sabe usted que infoLibre tiene relación con Mediapro? ¿Por qué no investiga? Investíguelo, por favor. Investigue la relación que tiene".

Esa afirmación de Soriano es falsa. infoLibre no tiene ni ha tenido relación accionarial o comercial de ningún tipo con Mediapro.

Intereses de un grupo de comunicación

En función de esa supuesta relación de este diario con Mediapro, el consejero de Telemadrid se preguntó si el diputado de Podemos estaba defendiendo los intereses generales de los madrileños "o los intereses particulares de un lobby o de un grupo de comunicación".

"Ese informe, que se presenta ante el consejo de administración con la identificación de Telemadrid es el que ha hecho Caja Madrid, pero no es que sea un informe manipuladoinforme manipulado", se ha defendido Soriano, al que el diputado de Podemos Miguel Ongil le había reprochado que no hubiera incluido en la documentación aportada al consejo de administración de Telemadrid tres folios de un Anexo del informe secreto de Caja Madrid, en los que se hablaba únicamente de la rentabilidad de la entidad financiera presidida por Miguel Blesa.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, afirmó este viernes que la compra de los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe por parte de Telemadrid y Caja Madrid en 2007 parecía "viable" pero que la caja madrileña "no entendía el sector, que era una selva, bastante complicada", informa Europa Press.

En la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid que trata esta fracasada operación económica, Tebas señaló que "si el objeto era no perder dinero y tener fútbol en abierto la operación era correcta porque era lo que se había hecho siempre en las televisiones autonómicas".

De hecho, indicó que posiblemente él hubiera firmado ese contrato, ya que otras televisiones como la catalana TV3 utilizó la misma estrategia, no sólo por conseguir los derechos de imagen para las retransmisiones de equipos grandes, sino por la "capacidad de bloqueo" que podrían tener y la posibilidad de "sentarse en la misma mesa con los otros tenedores de derechos".

"Si el objetivo era tener un producto para Telemadrid en abierto, la estrategia era la correcta. Las televisiones autonómicas compraban derechos para sentarse en la mesa. Si el objetivo es un tema económico, era más complicado saber si la operación era buena, no sé si yo lo hubiese hecho (firmado)", indicó.

Tebas, que ha sido citado este viernes a la comisión a requerimiento del Grupo Parlamentario Popular, afirmó que la compra de los derechos de ambos clubes por 300 millones de euros durante cinco años (de 2009 a 2013) era "un precio de mercado, quizá hasta un poco bajo", teniendo en cuenta que luego subieron los precios en el mercado.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Javier Sánchez Beltrán, que reabra el caso sobre el adelanto de 15,7 millones por parte de una empresa participada por Telemadrid al Atlético de Madrid y al Getafe CF en el marco de un contrato de cesión de derechos audiovisuales por cinco años que fue incumplido al tercer ejercicio por los directivos de los clubes, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado había decretado el 23 de junio de 2015 el sobreseimiento de la demanda que había interpuesto la sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos accionistas mayoritarios son Telemadrid (49%) y Bankia (47,5%), en un intento de recuperar el dinero que la firma había adelantado en virtud del contrato firmado en 2007 para gestionar los derechos por la retransmisión de los partidos del Atlético de Madrid (8.106.254 euros) y del Getafe CF (7.630.210 euros) de las cinco temporadas que van de la 2009-2010 a la 2013-2014.

Y justificó su decisión de cerrar el caso al considerar que la reclamación ya había sido juzgada en 2012 en una demanda similar, que daba la razón a los clubes, y que no fue recurrida por el administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño: "Los hechos desencadenantes de la pretensión fueron los mismos en ambos litigios". En concreto, la empresa participada por Telemadrid reclamaba en ambos procedimientos que se le devolviera el dinero adelantado a los equipos de Enrique Cerezo y Ángel Torres (Getafe CF).

Por el contrario, los magistrados Jesús Gavilán López, Carmen Mérida Abril y Francisco Javier Peñas Gil, que conformaron el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que ha dictado el auto, no aprecian que la reclamación de Madrid Deporte Audiovisual sea idéntica a la anterior: "Pues basta su lectura para entender que en el primer procedimiento tan solo se ejercitó acción de cumplimiento de los contratos, y se pidió cumplir íntegramente los contratos de cesión de derechos audiovisuales de competiciones oficiales de ámbito nacional correspondientes a las temporadas 2009/2010 a 2013/2014 suscritos con Madrid Deporte Audiovisual el 19 de marzo de 2007, y no de devolución de los anticipos".

"Restitución de los anticipos"

Según el auto, en este segundo procedimiento, que los magistrados han ordenado reabrir, se persigue "la restitución de los anticipos correspondientes" a la cesión de los derechos de retransmisión de encuentros de fútbol de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. Y se basa esta petición por la anulación de los acuerdos, que fueron rotos antes de que comenzara la cuarta temporada de las cinco firmadas.

Precisamente en su comparecencia de 23 de diciembre de 2016 en la comisión de investigación sobre la corrupción que se desarrolla en la Asamblea de Madrid, el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual, Pablo Ferrándiz Avendaño, explicó que interpuso la nueva demanda "por todos los anticipos que han tenido lugar, [...] que entendemos que no tenían que haberse realizado".

En este sentido, el administrador concursal completó en su intervención en la Asamblea de Madrid que estos adelantos, algunos abonados en 2011, supusieron "un enriquecimiento injusto", ya que la Comisión Nacional de la Competencia (CMNC), en una resolución de abril de 2010, ya había apuntado que los contratos de cesión de derechos audiovisuales de más de tres temporadas eran restrictivos de la libre competencia, "por tanto, acuerdos ilícitos".

La empresa Madrid Deporte Audiovisual adquirió en 2007 por 306 millones de euros los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid y del Getafe CF cuando sabía que solo podía retransmitir durante toda la temporada dos encuentros: los que enfrentaran a ambos equipos, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008, que remitía a un acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional de 2002.

Una línea de crédito de 50 millones

Ferrándiz Avendaño aportó, a preguntas de la diputada del PSOE Encarnación Moya, otros datos a los parlamentarios madrileños, como que los accionistas de Madrid Deporte Audiovisual desembolsaron en la constitución de la sociedad, en el caso de Telemadrid, 17.640.000 euros; Bankia, 17.100.000 euros; Atlético de Madrid, 900.000 euros; y Getafe CF, 360.000 euros. "El total de primas de emisión ascendió a 35.700.000 euros y el capital social a 300.000 euros; es decir, una y otra sumaron un total de 36.700.000 euros". Asimismo, Bankia otorgó una línea de crédito de 50 millones.

El administrador concursal reconoció, también, que la empresa de Telemadrid debe 33,9 millones a Bankia, al mismo tiempo que el déficit patrimonial de Madrid Deporte Audiovisual es de 16 millones de euros.

Fue entonces cuando la parlamentaria de Podemos María Espinosa de la Llave preguntó a Pablo Ferrándiz Avendaño sobre los responsables del anticipo de dinero al Atlético de Madrid y al Getafe CF: "Ángel Martín Vizcaíno [actual director general de Telemadrid] era la persona representante, persona física de la sociedad, persona jurídica que administraba Madrid Deporte Audiovisual. El otro administrador era Bankia Participaciones y Cartera de Inversiones S.L., quien designó como persona física representante suya al señor Rafael Sáiz Romero", contestó el compareciente.

La diputada de Podemos María Espinosa de la Llave aprovechó su turno para asegurar, que bajo el mandato de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que era el consejero de Presidencia, se crea una sociedad "para eludir también el control parlamentario de este dinero público, una sociedad compuesta por Telemadrid, por Caja Madrid -que son entidades públicas- y por el Atlético y el Getafe, en referencia a Madrid Deporte Audiovisual.

"Rescatar al señor Cerezo"

La parlamentaria se refirió también a la "nefasta gestión" de los acuerdos de cesión de los derechos audiovisuales, que según su opinión se dirigen "a rescatar al señor Cerezo". "Y después se negocian de una forma espectacularmente ruinosa con Mediapro unos derechos del fútbol que terminan siendo un negocio completamente deficitario para esta sociedad".

Según María Espinosa de la Llave, toda esta gestión "dirigida políticamente por Ignacio González y por Aguirre" ha aumentado los agujeros de Bankia y Telemadrid: "Y que luego ha derivado en un rescate público para la banca y cómo Telemadrid, que tenía una situación negativa económicamente, además se permite el lujo de argumentar esto para despedir a un montón de trabajadores, cuyo despido ya hemos conocido que es nulo".

Al final de su intervención, la parlamentaria de la formación morada enlazó los anticipos de dinero con varios casos de corrupción: "El caso de Telemadrid, el caso de la gestión de los derechos del fútbol está relacionado con la Gürtel, con Arganda, con la operación Mahou-Calderón y con el ático de EsteponaGürteloperación Mahou-Calderón del señor González".

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, Fátima Durán Hinchado, la responsable del concurso de acreedores de la firma Madrid Deporte Audiovisual, ha rechazado en una sentencia de 23 de diciembre de 2016, a la que ha tenido acceso infoLibre, la intención del administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño, de que el club presidido por Cerezo devuelva el dinero adelantado en virtud de los derechos de emisión de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, periodo en el que la firma Mediapro ya era la propietaria de los permisos para emitir los partidos del club colchonero.

La jueza basa su decisión en una sentencia dictada el día 21 de abril de 2014 por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, y que no fue recurrida por el administrador concursal, Pablo Ferrandiz Avendaño, en la que el juez daba la razón a las pretensiones del Atlético de Madrid y del Getafe: "Pudiendo la administración concursal haber recurrido la sentencia, lo cual no hizo alcanzando firmeza por consentida; lo que supone con plenitud la figura de la cosa juzgada".

Contra Atlético y Getafe

Sin embargo, Pablo Ferrandiz Avendaño en su comparecencia en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid celebrada el 23 de diciembre de 2016, el mismo día en que se dictó la sentencia de la jueza Fátima Durán Hinchado, explicó el motivo por el que reclamó los anticipos: "Esa demanda se ha interpuesto, en concreto, contra los dos clubes de fútbol -Atlético de Madrid y Getafe-, y en relación con aquellos anticipos pagados por la empresa en concurso dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso, esto es, pagados entre el lapso temporal que discurrió entre el 3 de enero del año 2011 y el 3 de enero del año 2013, que es la fecha de la declaración del concurso. Pues bien, son los anticipos pagados en ese lapso temporal a cuenta de dos temporadas, que son la cuarta y la quinta, objeto de los contratos de cesión que en el año 2007 celebró la empresa en concurso con los dos clubes de fútbol".

En concreto, el administrador especificó que además de los 863.760 euros reclamados a Cerezo también se ha solicitado la devolución de otros 2,1 millones al Getafe: "Es una demanda dirigida a reintegrar al patrimonio de la sociedad en concurso una serie de importes, una serie de pagos que, a juicio de este profesional y, obviamente, supeditado en todo momento al superior criterio de la juez del concurso, entiende que son actos perjudiciales para la masa activa".

Según declaró el administrador concursal, los pagos a cuenta de temporadas en las que la filial de Telemadrid ya no tenía los derechos "suponen un enriquecimiento injusto" porque la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), en una resolución de abril de 2010, ya había acordado que los contratos de cesión de derechos audiovisuales superiores a tres temporadas "eran contratos restrictivos de la libre competencia". Sin embargo, la empresa Madrid Deporte Audiovisual firmó con los clubes un contrato por cinco años, e incluso desde 2011 abonó 2,9 millones en adelantos al Atlético de Madrid y al Getafe.

"No tenían que haberse realizado"

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Pablo Ferrandiz Avendaño también informó de que autorizó la presentación de una demanda, que investiga el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, "por todos los anticipos que han tenido lugar, más allá del lapso de los dos años, a cuenta de esas temporadas cuarta y quinta, que entendemos que no tenían que haberse realizado".

La reclamación en esta otra demanda es  mucho "mayor" que la que ya ha rechazado la jueza, según completó el administrador concursal el pasado 23 de diciembre en el Parlamento madrileño, que destacó que en el caso del Atlético de Madrid el dinero que pretender ser reembolsado alcanza los 8,1 millones, mientras que en el del Getafe es de 7,6 millones.

En 2011, año en el que la filial de Telemadrid adelantó los 863.760 de euros al Atlético de Madrid, el club colchonero estaba ahogado económicamente. En ese mismo ejercicio, el club presidido por Enrique Cerezo firmó otro contrato, en este caso con la sociedad Doyen Sports, que le adelantó un mínimo de 12 millones.

"Asistencia financiera"

El Atlético utilizó como aval frente a Doyen parte de los derechos audiovisuales y publicitarios pendientes de cobro de Madrid Deporte Audiovisual. En concreto, avaló con estos derechos un importe de 7,1 millones de euros. En el documento firmado con Doyen el 29 de diciembre de 2011 se especificaba que el club precisaba "de asistencia financiera para su actividad ordinaria".

El Atlético de Madrid vendió el 17 de marzo de 2007 en dos contratos diferentes: los derechos audiovisuales por cinco temporadas (2009/10 a la 2013/14) y los derechos de los partidos amistosos y de publicidad durante ocho temporadas (que se iniciaban en la 2006-07). En total, la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, que ahora está en concurso de acreedores, se comprometió a pagar al Atlético de Madrid 230 millones.

Pero el Atlético de Madrid, según la información facilitada por el gabinete de comunicación de Bankia, rompió al tercer año el contrato audiovisual que inicialmente estaba previsto que durara cinco temporadas. La decisión unilateral, según un portavoz del Atlético de Madrid, se adoptó por recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia.

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política analizará el supuesto trato de favor de Telemadrid a las empresas del presidente del Atlético de MadridTelemadrid , Enrique Cerezo, investigado por la jueza de Estepona Isabel Conejo en el caso del ático de Ignacio González.

La mesa de la comisión acordó el pasado martes llamar a comparecer a cuatro altos cargos de Telemadrid y Caja Madrid para analizar la compra por 306 millones en 2007 de los derechos de los partidos del Atlético de Madrid y del Getafe CF a través de una empresa creada entre ambas entidades, denominada Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyas pérdidas han superado los 25 millones de euros.

En concreto, han sido citados a la sesión de la comisión de investigación del viernes 23 de diciembre el director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, el exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos Contreras; el exdirector económico de Telemadrid José Manuel Díez-Picazo, y el administrador concursal de Madrid Deporte Audiovisual (MDA), la empresa creada para la compra de los derechos de fútbol, Pablo Ferrándiz Avendaño.

El director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, será interpelado por los motivos por los que la filial de Telemadrid adquirió esos derechos audiovisuales cuando sabían que sólo podrían retransmitir los dos encuentros que enfrentaran a ambos equipos en una temporada, tal y como consta en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de junio de 2008.

Guerra del fútbol

En este sentido, la ex directora general de Telemadrid Isabel Linares Liébana reconoció en una declaración judicial que pese a esta limitación la cadena pública se planteó la posibilidad de emitir todos los partidos que ambos equipos jugaran en su terreno de juego, aunque sin tener el visto bueno de los conjuntos visitantes.

Pero Telemadrid renunció a este intento al rechazarlo la asesoría jurídica, que alertó de que podrían adentrarse en una nueva "guerra del fútbol". Y por eso la cadena se vio obligada a negociar con Mediapro, la firma que disponía de la mayor parte de los derechos del resto de equipos, que según declaró Linares Liébana "impuso sus criterios".

Y Telemadrid se vio obligada a autorizar un nuevo gasto, de otros 90 millones, para pagar a Mediapro por los derechos de emisión de un partido semanal de fútbol de la Liga en la Comunidad de Madrid, cuando LaSexta emitía el mismo encuentro en toda España. En enero de 2010, MDA revendió sus derechos a Mediapro por 260 millones, 46 menos que la cifra acordada en 2007.

Director financiero de Telemadrid

También está citado en la comisión de investigación de la corrupción el que fuera director financiero de Telemadrid José María Díez-Picazo, que ya compareció en marzo pasado en la comisión de control del Ente Público de Telemadrid, y que explicó entonces que el contrato de los derechos audiovisuales era de "alto riesgo" y "especulativo".

El que fuera máximo responsable financiero de Telemadrid elaboró el 23 de enero de 2007 un informe negativo sobre el proyecto de explotación de los derechos audiovisuales que fue remitido, según especifica el propio documento, al actual director general en funciones Ángel Martín Vizcaíno, entre otros.

La dirección de Telemadrid (49%) no hizo caso de esta y otras advertencias, y acordó crear con Caja Madrid (47,50%), el Atlético de Madrid (2,5%) y el Getafe CF (1%) la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) que está inmersa en un concurso de acreedores. 

"Erróneas" e "infladas"

Díez-Picazo llegó a indicar en su dictamen de 2007 que las predicciones sobre los ingresos que se pensaba obtener por la explotación de los derechos audiovisuales de los dos equipos eran "erróneas" e incluso que estaban "infladas".

El ex responsable financiero de Telemadrid destacó en la Asamblea que "nadie" consideraba que solo se fueran a emitir los partidos a los que tenía derecho la empresa MDA: "Dos en la Liga, la ida y la vuelta. No estaba en la cabeza de nadie. La única idea posible era negociar con otra empresa y ceder los derechos a cambio de algo. Pero en los papeles no se decía a cambio de qué. Nunca supe si la idea era ceder esos derechos a cambio de dinero o retransmitir partidos".

Pero la forma en la que se llevó a cabo la operación impidió, según aseguró Díez-Picazo en el Parlamento madrileño, que hubiera "una negociación equilibrada. Yo no sabía entonces que los correos de Miguel Blesa iban a darme la razón, pero ahora me cuadra todo", completó el que entonces era el máximo responsable financiero de Telemadrid.

Este directivo se refería a la información publicada por este diario, basada en los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, sobre que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre había sido la impulsora de que Caja Madrid y TelemadridTelemadrid compraran los derechos del fútbol, pese a que se sabían que se podría perder dinero público.

"Generaban déficit"

El exdirectivo de Caja Madrid que envió los correos a Blesa sobre los derechos del fútbol fue el exconsejero delegado de Caja Madrid José Carlos Contreras, y en ellos se asegura que la Comunidad de Madrid eran conscientes de que "los números generaban déficit".

En el email, adelantado por infoLibre, el empleado de Caja Madrid daba cuenta al expresidente de la entidad financiera madrileña de una reunión mantenida el 27 de octubre de 2006 con los entonces consejeros de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y Engracia Hidalgo. En la entrevista los integrantes del Ejecutivo de Aguirre trataron de convencer a Caja Madrid de que entrara en el negocio de los derechos audiovisuales del fútbol. El propio Granados confirmó su participación en la reunión, aunque especificó que al final la marcha atrás del Real Madrid acabó con la operación ideada por Aguirre.

En un principio estaba previsto que los tres equipos madrileños que entonces militaban en Primera División vendieran sus derechos audiovisuales. "Aceptan que los números generan déficit", especifica en el correo Carlos Contreras, que también reconoce que si se tienen en cuenta "hipótesis suficientemente optimistas" el plan de negocio podía ser rentable.

Administrador concursal

Por su parte otro de los comparecientes citados el 23 de diciembre, el administrador concursal, Pablo Ferrándiz Avendaño, interpuso el 8 de julio de 2014 una demanda en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid en la que relataba que Madrid Deporte Audiovisual había adelantado entre enero de 2011 y diciembre de 2013de forma "irregular" al Atlético de Madrid y al Getafe CF 2.949.999 euros. Sin embargo, el informe del auditor Deloitte asegura que sólo en 2011 Madrid Deporte Audiovisual llegó a endeudarse 4 millones para adelantar pagos al Atlético de Madrid.

Ferrándiz Avendaño, el administrador concursal de MDA desde enero de 2013, pretendía rescindir los pagos a cuenta acordados por la filial de Telemadrid a los clubes madrileños. Los administradores mancomunados de MDA entre 2011 y 2013 eran el citado Ángel Martín Vizcaíno –por Telemadrid– y Rafael Sáiz Romero –por Participaciones y Cartera de Inversión S.L (empresa vinculada a Bankia).

La demanda se fundamenta en el carácter perjudicial de los pagos a cuenta realizados por MDA: "El administrador concursal presume dicho carácter perjudicial por entender los pagos actos gratuitos y, subsidiariamente, pagos anticipados de obligaciones con vencimiento posterior a la declaración de concurso", especifica MDA en la demanda presentada contra el Atlético de Madrid y el Getafe tras su decisión de romper el acuerdo de cesión de los derechos del fútbol al tercer año.

"Sabían que iba a perder dinero"

infoLibre se ha puesto en contacto con el portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid, Miguel Ongil, que ha resaltado la importancia de los comparecientes del próximo viernes: "No son personas muy mediáticas, pero saben mucho sobre lo que pasó en Telemadrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta. Cuando compraron los derechos audiovisuales sabían que iba a perder dinero", ha explicado el parlamentario de la formación morada.

Ongil también llama la atención en la relevancia de la comparecencia del administrador concursal de MDA, que ha denunciado "un adelanto del pago" en contra de los intereses de la propia empresa.

La jueza de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que había citado como investigado (antes imputado) a Hermann Tertsch decidió anular la causa antes de tomar declaración al periodista. Así consta en un auto, de fecha 8 de abril, al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza explica que al tratarse de un posible delito de injurias y calumnias la causa contra Tertsch requiere la presentación de una querella y no basta con una denuncia. Los demandantes ya han iniciado los trámites para querellarse.

La denuncia contra Tertsch había sido presentada por el periodista Max Pradera y por el presidente del comité de empresa de Telemadrid, Luis Lombardo. La jueza explica que ambos tramitaron la denuncia correspondiente, pero eso no es suficiente en este caso, ya que se trata de delitos que requieren la presentación de querella por parte de los ofendidos. El error de tramitar la causa sin ese requisito imprescindible fue cometido por la propia jueza, que al percatarse acordó la "nulidad" de todo el procedimiento judicial. 

El mismo día en que la jueza de Pozuelo adoptó su decisión, Pradera y Lombardo iniciaron los trámites para presentar la querella. El pasado 8 de abril, ambos interpusieron la demanda de conciliación “previa a la interposición de querella criminal por delitos de injurias y calumnias” contra Tertsch, exigiéndole “que proceda a pedir disculpas por el daño que ha causado y se retracte públicamente de los tuits objeto de esta demanda”.

Todo parte de una serie de mensajes vía Twitter “publicados por la cuenta @hermanntertsch y que formaban parte de una conversación derivada de la publicación de una fotografía en la que aparezco con Máximo Pradera”, expone Lombardo. En ellos, Tertsch escribía el 15 de junio de 2015 lo siguiente: “El pobre miserable de Max Pradera ha pasado hoy en Pozuelo datos falsos sobre mí a este tipo. ¡Cuidado con intoxicarse!”.

Ese mismo día, la cuenta continuó: "Max Pradera, a quien Lozano metió a cobrar y hundir UPyD, ahora hace trabajos sucios para matones de Podemos para maniobrar en Telemadrid". Y añadió: "El de la foto debe saber que Pradera le ha dado datos falsos sobre mí. Quizás mi dirección sea correcta. Cuidado". Un día después afirma, junto a la misma imagen: "Ruego guarden esta foto. Max Pradera se citó con este tipo para preparar una agresión contra mí. No sé cómo. Por si acaso".

Dada la repercusión y reiteración de los mensajes emitidos a través de @hermanntertsch, Lombardo solicitó el esclarecimiento de los hechos y la verificación de la cuenta, alegando “una grave lesión" en el derecho a su honor, intimidad personal y familiar e imagen. Unas recriminaciones que no cesaron con el paso del tiempo y que, dada la demora del proceso judicial, obligaron a Lombardo a interponer un recurso de dilación –finalmente desestimado– en el que se acordó la citación de Tertsch el 4 de abril, “en calidad de investigado para que manifieste aquello que convenga a su derecho”.

Este periódico se puso en contacto con Tertsch en aquel momento para conocer su versión de lo ocurrido, pero no quiso responder a ninguna pregunta. Este se limitó a decir: “Máximo Pradera y su amiguito estaban pasándose información sobre mí. Si quieren afán de notoriedad, van a tener poca. Creo que los jueces se van a reír mucho. Es una payasada”.

Finalmente, la declaración de Tertsch no tuvo lugar, al percatarse la jueza de ese error no subsanable en la forma de tramitar la causa. En el auto en el que decreta la nulidad ordena retrotraer el procedimiento al momento de presentación de la denuncia. Es decir, el asunto ha vuelto a la casilla de salida. Esta vez será un juzgado de Madrid –lugar de residencia del autor de los tuits– quien decida si en los mensajes de Tertsch hay materia delictiva o no.

Este sábado 9 de abril, cientos de personas se concentraron en Madrid para manifestarse contra la corrupción en los entes públicos audiovisuales, en concreto, en Telemadrid. Tres años después de que se dictase la sentencia del ERE que dejó en el paro a 861 trabajadores; perjudicados, compañeros y simpatizantes, salieron a la calle para dejar clara su postura a favor del servicio público de un medio donde la corrupción y la manipulación han supuesto su descrédito y crisis más profunda de su historia.

“La manipulación informativa también es corrupción”, afirmaron los manifestantes convocados por las Secciones Sindicales de CCOO, CGT, UGT y Comités de Empresa de Telemadrid, reiterando mediante un comunicado que “durante años” han estado denunciando las irregularidades que se vivían dentro del ente audiovisual. Anomalías como “el trasvase de dinero público a manos privadas con el consentimiento y complicidad de los políticos que han gobernado nuestra comunidad desde el año 2004”, entre otros.

Más de 100 millones en derechos del fútbol, más de 16 millones para José Luis Garci, casi un millón para Buruaga como presentador, 3,5 para Sánchez Dragó… las cifras se acumulan en la cabeza de unos trabajadores que ven como el despilfarro de estas cantidades se podría haber traducido en conservar sus puestos de trabajo.

“La situación es verdaderamente dramática porque además de las dificultades que todos nos encontramos por el sector, los trabajadores del ente público que fueron despedidos con el ERE les resulta mucho más complicado encontrar trabajo”, afirmó el presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo. “Para más inri, toda la parte técnica de la producción que se está haciendo estos días en Telemadrid está externalizada y ningún trabajador despedido está participando en estas productoras”, añadió Lombardo para su disgusto.

Así lo recalcó Javier Hernida, un operador de cámara que ganó el juicio a Telemadrid pero que no ha vuelto a trabajar pese a tener la sentencia a su favor. “Gané el juicio en diciembre y han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, comentó este trabajador; señalando, que está cobrando un sueldo pero por un trabajo que no le dejan ejercer: “Yo no puedo ir a trabajar, de hecho me han dicho que mi trabajo ya no existe”.

Su labor como operador de cámara se encuentra dentro del global que el ente público externalizó y dio su gestión a una subcontrata de Telefónica. Una medida que supuso el despido de decenas de trabajadores contratados mediante oposiciones públicas y que, a cambio, derivó en la contratación de otros por un menor salario con carácter privado.

“Nos echaron prácticamente a todos y dejaron a unos 70 redactores contratados a dedo por la dirección”, denunció a este diario Antonio García, un redactor de la cadena pública que se quedó en el paro tras el ERE. “Nuestro director general [José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE] era un alto cargo de Telefónica en excedencia, y lo hizo para que se llevasen el dinero los gestores de la compañía”, proclamó tras recalcar que el momento actual del ente es "una agonía perpetua".

El problema es que la externacionalización de los medios técnicos de la cadena derivó, en sus palabras, en una calidad que “ha empeorado mucho en estos años”. “A los que nos negamos a actuar bajo sus intereses nos despidieron, imagínese usted qué harán con los que no tienen el respaldo de un concurso público de empleo”, sentenció.

Nueva ley, misma situación

El pasado 23 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobó la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid con los votos a favor del PP y de Ciudadanos y el rechazo de PSOE-M y Podemos.

El principal cambio de la Ley radicaba en que el director general del ente público debía ser aprobado por dos tercios del parlamento y su mandato sería de seis años. Asimismo, la composición del Consejo de Administración pasaba de tener siete a nueve miembros: cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales, y los otros cuatro a propuesta de los grupos de la Asamblea madrileña.

El problema es que lejos de revitalizar y despolitizar Telemadrid –tal como prometió la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tras su nombramiento–, el bloqueo y desacuerdo entre las diferentes formaciones de la Asamblea deja pocas esperanzas a unos propósitos que, en palabras del presidente del Comité de Empresa, Luis Lombardo, son “meros mensajes mediáticos”.

“Lejos de tomar medidas concretas, la práctica política nos dice que no se está haciendo nada”, afirmó éste recordando que el próximo día 14 se debe aprobar el nombre de los miembros que formarán parte del Consejo Administrativo de Telemadrid pese a que “el PP ya ha advertido que vetará los nombres propuestos por el PSOE y Podemos”.

“No es una propuesta de un partido u otro, es una propuesta de conjunto”, denunció Lombardo para recalcar que las cuatro formaciones políticas aceptaron las propuestas y que deben cumpliralas. Por ello, sentencia con contundencia: “No puede ser que utilicen estos vetos para decidir qué consejero es mejor o peor”, “lo que queremos es que con ley o sin ella –la cual cataloga como “muy mejorable”–, se dejen de poner excusas y se relance la radio televisión pública madrileña”.

"No hemos denunciado por venganza, sino por justicia con los despedidos por la mala gestión de Telemadrid. Nosotros somos defensores del servicio público". Así se expresa José Ignacio, uno de los trabajadores de la cadena pública madrileña que ejerce la acusación popular del caso del ático que ha posibilitado la imputación del expresidente madrileño Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Este sábado se celebra a mediodía en la Puerta del Sol de Madrid una concentración denominada Corrupción igual a paro, que conmemora los tres años de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró ilegal el ERE de Telemadrid en el que fueron despedidos más de 900 trabajadores.

"Además, la imputación de González nunca podrá compensar lo que hemos sufrido con el ERE. Nosotros ya hemos perdido, porque incluso un compañero acabó suicidándose...", asegura una extrabajadora de Telemadrid, que prefiere no dar su nombre.

José Ignacio y la extrabajadora que opta por no revelar su identidad forman parte de un colectivo de 861 despedidos en el ERE de Telemadrid que, tras conocer que iban a ser despedidos por la gestión económica de la actual dirección, comenzó a investigar las relaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, los que formaban parte del comité de empresa, han tenido que ser readmitidos por decisión judicial.

"Veíamos cosas raras"

Según explican a infoLibre, tras hacer un repaso de todas las informaciones sobre los negocios de Telemadrid, se dieron cuenta de que a lo largo de los años anteriores la televisión autonómica había realizado numerosas adjudicaciones sospechosas que favorecían en todo momento a las empresas de Enrique Cerezo. "Nosotros no teníamos seguridad de que hubiera algún delito, pero veíamos cosas raras. Y nos pusimos a hacer algo parecido a una investigación periodística, aunque en realidad estábamos en el paro", explica una de las despedidas.

El trabajo de estos extrabajadores de Telemadrid reivindica el viejo periodismo de investigación. En su caso no se trataba de que una garganta profunda les diera una información valiosa. "Y ahora que está de moda la película Spotlight, nosotros hicimos un poco eso, periodismo de investigaciónperiodismo de investigación", explica un trabajador de Telemadrid, José Ignacio, que ha sido readmitido en la televisión madrileña.

"Telemadrid perdió las buenas prácticas. Necesitábamos otra voz al margen de Salvemos Telemadrid, que estaba más enfocada hacia la denuncia de la manipulación. Cuando vemos que quieren justificar el ERE por causas económicas, creamos la Asociación de Afectados por el ERE de TelemadridTelemadridy empezamos a investigar a dónde se había ido el dinero", sostiene otro extrabajador que dejó la cadena en el expediente de regulación de empleo.

Attac y Economía Sol

Tirando del hilo detectaron, con el asesoramiento de la asociación Attac y del grupo de trabajo Economía Sol, documentación pública que mostraba los continuos y lucrativos contratos que recibía Cerezo de la televisión pública que afrontaba un ERE que acabaría con una parte importante de la plantilla.

Esta ayuda se personaliza en la abogada Liliana Pineda, experta en el análisis de los paraísos fiscales, que desde un primer momento arropó a los alrededor de 250 despedidos que crearon la Asociación de Despedidos en el ERE de Telemadrid. Con el paso del tiempo, este colectivo ha logrado ejercer la acusación particular en la investigación del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que el próximo 18 de abril deberá declarar como imputado (investigado) junto a su mujer, Lourdes Cavero, y el propio Enrique Cerezo.

Cerezo, TDT, Mutipark

Al final, con toda la información lograda, estos trabajadores acabaron acudiendo a denunciar la supuesta connivencia de Ignacio González con Enrique Cerezo: "Nos fuimos en julio de 2013 a Málaga a contar lo que sabíamos. Nos fuimos con indicios, no con pruebas. Explicamos las concesiones de las licencias de TDT por parte de la Comunidad de Madrid a Cerezo y otras cosas como, por ejemplo, la publicidad de Multipark, un contrato del Canal de Isabel II y los derechos de los partidos del Atlético de Madrid. Y nos dimos cuenta de que la investigación que se llevaba en Estepona se focalizaba sólo en el presunto pago de Martinsa a Ignacio González, y nosotros aportamos la parte de Enrique Cerezo y Telemadrid. Y, de hecho, Enrique Cerezo está imputado junto a González y su mujer, lo que supone un respaldo a nuestra denuncia", explica José Ignacio.

El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoció a los extrabajadores de Telemadrid que lo que aportaban era "un enfoque distinto" –que ha acabado siendo complementario– a lo conocido hasta entonces en el caso del ático.

Meses después, los despedidos de Telemadrid solicitaron ser acusación popular en el juzgado de Estepona: "Y nos dijeron que sí, pero que tendríamos que estar bajo la dirección letrada de la primera acusación, que era la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y cuando se retiró, nosotros nos hicimos cargo de la misma y mantuvimos al abogado Javier Carnerero, que estaba haciendo una gran labor".

Visión de Coast Investors

Un escrito reciente de la empresa Coast Investors SL, la compradora del ático en 2008 y que está imputada como persona jurídica, explica su versión sobre las denuncias de las diferentes acusaciones populares: "Cuando se trata de Transparencia y Justicia, se trata de vincular los hechos objeto de instrucción a GürtelGürtel; si es el PSOE o el SUP a Martinsa; si son los extrabajadores de la Televisión Madrileña al señor Cerezo".

Pero la realidad no es tan simple como apunta el representante legal de la empresa imputada. Según el comisario que coordinó la investigación inicial sobre el ático de González, José Manuel Villarejo, un confidente policial explicó que el pago de los dos millones de euros lo habría hecho Martinsa, que habría utilizado la estructura financiera offshore de Enrique Cerezo.

De hecho, el abogado del PSOE madrileño Wilfredo Jurado, que también ejerce la acusación popular del caso del ático, incluyó en su denuncia contra González ante el Tribunal Supremo, dónde estaba aforado el expresidente madrileño, la supuesta participación del presidente del Atlético de Madrid en el presunto abono de la mordida al político madrileño.

José Manuel Sánchez Fornet

El actual coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, José Manuel Sánchez Fornet, fue el principal impulsor de la denuncia interpuesta en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y el pasado 4 de marzo pasado publicó un artículo de opinión en el periódico confidencialandaluz.com sobre su papel en la denuncia por la compra del dúplex de lujo que desde un principio alquiló la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

"Nada más saltar la polémica, tanto el presunto inquilino de alquiler [Ignacio González], como el ministro de Interior [Jorge Fernández Díaz] y el director general de la Policía [Ignacio Cosidó] se apresuraron a calificar como ilegal la investigación policial, al tiempo que procedieron al cese, expediente y traslado del comisario jefe de Marbella, Agapito HermesAgapito Hermes", explica Sánchez Fornet en su artículo.

"Pero el político [Ignacio González] tuvo la mala suerte de tropezar", prosigue el texto, "con un sindicato que entonces (ahora no) no dejaba de defender a ningún afiliado por muchas presiones y amenazas que recibiera (que se recibieron)". De esta forma, Sánchez Fornet ataca en su escrito a la actual dirección del SUP, que se retiró como acusación popular del caso del ático, dando paso a los extrabajadores de Telemadrid. "No me extrañó que la dirección nacional del SUP y su máxima responsable, la que elaboró el certificado del pleno de la ejecutiva el 3 de octubre de 2012 por el que el sindicato decidía realizar la denuncia, decidiera retirarse de la acusación popular en vez de esforzarse por activar el caso".

Y por eso Sánchez Fornet alaba a los extrabajadores de Telemadrid: "Aunque en el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC),desde donde hoy actuamos, varios de los que impulsamos aquella denuncia desde el sindicato habíamos decidido ya solicitar la personación como acusación popular para seguir investigando el caso si hubiese sido necesario", concluye.

"Unos días después de saltar la polémica a los medios de comunicación mantuve una reunión en Málaga con el comisario provincial, Francisco Arrebola (después nombrado jefe superior de Andalucía Oriental, Jaén, Málaga, Granada y Almería), quien nos informó de que estaba en marcha una información reservada, que se había producido una investigación no autorizada y que los policías podrían sufrir alguna sanción, según las noticias que le llegaban desde Madrid", especifica este policía, que asegura que para defender a los agentes afiliados decidieron indagar sobre el asunto.

"Y una vez con la seguridad de que dicha investigación había sido ordenada por cauces legales y que no suponía ninguna intromisión ilegal en el honor de nadie, con los datos obtenidos remitimos escrito a la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012", prosigue. La Fiscalía contestó que no realizaría una investigación penal, pero que sí se podía realizar una investigación policial, por lo que aconsejó a los denunciantes que continuaran las gestiones.

Comisario Rodríguez Ulla

El cese del comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla, que declaró como testigo en el caso del ático, precipitó los hechos: "Y por ello se preparó una denuncia que fue presentada el día 22 de octubre de 2012 en el juzgado de Estepona, correspondiéndole al número 5 que desde entonces sigue practicando las diligencias correspondientes", resalta Sánchez Fornet.

El caso del ático ha incluido, además de los expedientes a los policías, numerosos retrasos y errores en las comisiones rogatorias. El coordinador de la investigación policial inicial, José Manuel Villarejo, también aseguró que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó que dejara de investigar la compra del dúplex.

Y Sánchez Fornet aporta un dato más. Que fue objeto de expedientes tras negarse a retirar la denuncia: "Me sancionaron con tres expedientes disciplinarios de 45, 20 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo respectivamente, por decisión expresa del director general de la Policía".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se parapeta en el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para tratar de convencer a la jueza que investiga la compra de su ático de lujo en Estepona (Málaga), Isabel Conejo, para que no dé curso a las investigaciones solicitadas por la acusación popular de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid.

González no quiere que el comisario Agapito Hermes de Dios, que se encargó de las pesquisas realizadas en Estepona para determinar si el ático era desde 2008 propiedad del político madrileño, declare como testigo en el Juzgado, ya que le considera responsable de una investigación ilegal, según un escrito de 14 de marzo pasado por los abogados Antonio Navas y José López Guerrero.

"Agapito Hermes de Dios fue destituido de su cargo de comisario de Marbella por revelación de secretos y por falta de custodia de documentos al filtrarse a la prensa (El Mundo) determinadas informaciones relativas a Ignacio González, una vez la Fiscalía había instado el archivo de la investigación", resaltan los letrados en el documento al que ha tenido acceso infoLibre.

"Investigación ilegal"

El escrito acude al diario de sesiones del Senado de 10 de abril de 2012, para incorporar la comparecencia del ministro Jorge Fernández Díaz, en la el titular de Interior aseguró que no había ninguna investigación policial sobre Ignacio González "de acuerdo con los procedimientos y protocolos legales establecidos en la Dirección General de la Policía [...]. Por tanto, si se ha hecho alguna investigación es ilegal... Ninguna investigación policial regular, de acuerdo con los protocolos de la Dirección General de la Policía, consta en los archivos y registros".

No obstante, el ministro reconoció que a finales de julio y principios de agosto del ese años, "irregularmente y al margen de los protocolos establecidos, a una autoridad policial se le ordenó que investigara de manera discreta a esa autoridad. Esa información, según tengo entendido se cerró a principios de este año al no haber ningún indicio de delito. Pero ahora vamos a averiguar y a exigir las responsabilidades pertinentes de quién ordenó esas investigaciones irregulares".

"Fin mediático"

Según el escrito del expresidente madrileño, esa última frase del ministro hace referencia al propio Agapito Hermes de Dios y al también comisario José Manuel Villarejo. "Igual de admitirse la declaración de Agapito Hermes de Dios fuera procedente citar como testigos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a Ignacio Cosidó como director general de la Policía -lo que sin duda beneficiaría el fin mediático de la acusación particular [en realidad es acusación popular]- que firma su destitución y traslado por prestarse a realizar y filtrar a la prensa actuaciones policiales fuera de protocolo, siguiendo instrucciones del comisario Villarejo con una finalidad aún indeterminada".

Precisamente, el comisario Villarejo aseguró ante la jueza de Estepona que Cosidó le obligó a dar carpetazo a la investigación inicial. Por su parte, el comisario Enrique Rodríguez Ulla, que también prestó testimonio en el caso, aseguró que fue relevado de su cargo después de iniciar la investigación policial contra el que fuera número dos de Esperanza Aguirre tanto en el Gobierno como en el PP madrileño.

Y González tampoco quiere que la jueza Isabel Conejo cite como investigados (imputados) el presunto testaferro de la operación, Rudy Valner, y el supuesto propietario del mismo, el ciudadano argentino Luis Osvaldo RepettoLuis Osvaldo Repetto, tal y como ha reclamado la acusación popular de los despedidos en el ERE de Telemadrid.

Comisario Rodríguez Ulla

También rechaza el resto de diligencias reclamadas. Como por ejemplo que se certifique si la notaria que firmó la compraventa del ático, Julia Sanz López, ha sufrido algún expediente, que se investigue las veces que ha visitado España el propio testaferro Rudy Valner, y que se pida a Panamá información sobre la empresa Walford Overseas SA (Panamá) y no a Walfort Overseas Investments LTD. LLC de Delaware (EEUU).

Respecto a las entradas de Valner a España, González nuevamente considera sospechoso que en la comisaría encargada, la de Extranjería y Fronteras, esté destino el comisario Enrique Rodríguez Ulla, uno de los que según el agente Villarejo fue uno de los represaliados por investigar a González.

Según el escrito que dirigen a la jueza los abogados de González, la sociedad que participa en la compra del ático en 2008, que se denomina Coast Investors LLC, no tiene "ninguna vinculación con Walford -CON D!", escribe el letrado en el documento, que incluye las mayúsculas en el mismo.

Inversión extranjera

Walford Overseas es una de las empresas que los extrabajadores de Telemadrid han detectado en PanamáPanamá, y cuyo nombre es muy parecido al que el propio testaferro Rudy Valner incluyó en el impreso en el que declaró en 2008 la inversión extranjera para comprar el ático de Estepona: Walford Overseas Investments Ltd. (con una 'f' como cuarta letra y una 'd' final').

Pese a esta información, y que la propia Coast Investors LLC, imputada en la causa, reconoce al menos haber cometido un error cuando rellenó el impreso para la inversión extranjera, el letrado, en tono de burla, se remite a un escrito suyo anterior, de 10 de marzo, "dónde de modo didáctico nos dirigimos a las acusaciones para que tomen nota de la diferencia entre las mercantiles".

"Sobre todo con la finalidad de que no emponzoñar más la instrucción con este baile de denominaciones, pretendiendo vincularnos con Panamá, con el despacho Mossac & Fonseca y con no sabemos cuantas sociedades más vinculadas por otras investigaciones", completa los abogados de González.

"Supuesto confidente"

El escrito también rechaza en nombre del expresidente madrileño del PP que se remita el expediente policial completo sobre el ático de González, al considerar que la acusación de los extrabajadores de Telemadrid pretende aportar notas policiales "de autor, sobradamente conocido u oculto bajo la supuesta figura del confidente, fuera de control jerárquico y protocolo, carentes de datos objetivamente contrastados o corroborados cuyo valor probatorio sería nulo, por lo que no tenemos más remedio que oponernos".

En este sentido, González asegura que se oponen a esta petición de la acusación ya que las notas policiales "sin fecha, membrete, firma, sin origen, ni registro numerado de entrada/salida, ya se ha encargado el comisario Villarejo de traerlas al procedimiento en al menos dos momentos, que fueron en su toma de declaración como testigo y recientemente en la aportación de una denuncia por no sabemos bien qué motivos en la que viene a adjuntar nuevamente unas notas previamente filtradas a infoLibre" y otros medios de comunicación.

"Una causa general"

El letrado Navas también rechaza que se investigue el patrimonio de sus defendidos, otra de las peticiones de la acusación, que coincide con lo ya solicitada por la jueza Isabel Conejo. "Fuera del limite de lo aquí investigado nos lleva nuevamente a criticar que por la acusación popular se pretende, desde un principio, crear una causa general contra mis patrocinados que debe evitarse a toda costa por los Juzgados".

El expresidente madrileño tampoco quiere que la jueza incorpore el sumario de un caso en Colmenar de Oreja (Madrid), en el que según el comisario Villarejo, aparece también el nombre de González. Y se opone a que se determine el nombre del beneficiario final de la empresa que compró en 2008 el ático, "cuando se sabe que eso es imposible de determinar conforme a la legislación de Delaware".

Ataque a Villarejo

Además, González presenta un segundo escrito, en esta ocasión un recurso contra la decisión de la jueza de realizar una investigación de su patrimonio, en el que aprovecha para atacar al comisario Villarejo: "Parece que es a este comisario a quién, únicamente, le llaman para amenazarle, le graban conversaciones sin su consentimiento, él graba a otras a espaldas de sus interlocutores, le permiten un patrimonio personal-societario impropio de un comisario para no se sabe bien qué servicios secretos, según él, y que a partir de ese momento ya dejarían de ser secretos, en fin algo insólito". Por ello, los abogados de Ignacio González no quieren que se admitan las notas policialesnotas policiales aportadas por el comisario.

Sin embargo, el sumario del caso del ático ya incluye estas notas policiales, entre las que se incluye una denuncia, hasta ahora desconocida, del comisario Villarejo contra el juez de Madrid Arturo Zamarriego, que instruye el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás. El agente también aporta a la magistrada los informes publicados por infoLibre sobre las actividades de Ignacio González y la denuncia por amenazas presentada ante la Policía.

El que fuera director financiero de Telemadrid en 2006 José María Díez-Picazo aseguró este miércoles en la Asamblea madrileña que el contrato de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe CF, por el que la cadena pública y Caja Madrid abonaron mediante la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) 306 millones a los clubes era de "alto riesgo" y "especulativo".

Así se expresó el que fuera máximo responsable financiero de Telemadrid en su comparecencia en la comisión de control del Ente Público madrileño, que según adelantó infoLibre elaboró un informe negativo de fecha 23 de enero de 2007 sobre el proyecto de explotación de los derechos audiovisuales de los dos clubes de fútbol, que fue remitido, según especifica el propio documento, al entonces director general Manuel Soriano.

La dirección de Telemadrid no hizo caso de esta y otras advertencias, y acordó crear con Caja Madrid, el Atlético de Madrid y el getafe CF la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA) que ahora mismo está inmersa en un concurso de acreedores.

Díez-Picazo llegó a indicar en su dictamen de 2007 que las predicciones sobre los ingresos que se pensaba obtener por la explotación de los derechos audiovisuales de los dos equipos en el mercado de la televisión de pago eran "erróneas. Las estimaciones de los ingresos que se obtendrán por la explotación de los derechos en la modalidad de pago por visión, que resultan críticos para evaluar la viabilidad del proyecto, no están fundamentadas", concluía el dossier.

Un Power PointUn Power Point

De esta forma, el ex director financiero de Telemadrid rechazaba los cálculos presentados en el consejo de administración en un informe "confidencial" realizado por Caja Madrid. Pero este miércoles Díez-Picazo ha ido más allá en sus críticas a la operación: "Yo no cuestioné directamente ningún informe, o por lo menos algo que se le pudiera llamar informe realizado por Caja Madrid, yo la única documentación y antecedentes que manejé era un Power Point que llevaba el marchamo de Caja Madrid".

Para este extrabajador del Ente Público el supuesto informe de Caja Madrid sobre los derechos del fútbol era en realidad "un dossier con una serie de láminas en colores con una serie de hipótesis de cómo evolucionaría el mercado audiovisual y la renta por habitante en España y el número de abonados a los pagos por visión, y una serie de cifras, con las que se acreditaba que se obtendría un retorno interesante de la adquisición de los derechos". Díez-Picazo confirmó este miércoles que lo único que revisó fue aquel dossier.

"Y efectivamente", completó el que fuera responsable financiero de la televisión autonómica madrileña, "redacté un informe advirtiendo sobre lo que me parecía a mí de lo que era un plan de negocio, por calificarlo de alguna manera excesivamente optimista, un poquito inflado. En concreto, una de las láminas no es que fuera optimista, sino que me parecía que era errónea y osada. Era la línea de venta de derechos y pago por visión y marcaba unas cifras erróneas, por desmesuradas, y esta es la razón por la que redacté un informe advirtiendo sobre lo que me parecía que era un Power Point erróneo", dijo el exempleado en la Asamblea madrileña.

Impropio de sus competencias

El entonces director financiero consideró que por eso el contrato era "de alto riesgo. Yo casi me atrevería de calificarlo de especulativo, y no era propio de las competencias que tenía encomendado el Ente Público”, que era sacar adelante la radio y la tele “y no meterse en unos líos de los que se podía salir incluso arruinadoarruinado. Pues estas son las razones por las que redacté el informe, y también por salvar mi posición personal”, reconoció.

En un segundo turno de intervención en la comisión de control de Telemadrid, Díez-Picazo reaccionó a la intervención del diputado de Podemos Pablo PadillaPodemos , que recordó que Telemadrid adquirió los derechos del fútbol cuando solo tenía garantizada la emisión de dos partidos por temporada.

Negociar con otra empresa

Díez-Picazo destacó que "nadie" consideraba que solo se fueran a emitir los partidos a los que tenía derecho MDA: "Dos en la Liga, la ida y la vuelta. No estaba en la cabeza de nadie. La única idea posible era negociar con otra empresa y ceder los derechos a cambio de algo. Pero en los papeles no se decía a cambio de qué. Nunca supe si la idea era ceder esos derechos a cambio de dinero o retransmitir partidos". 

Pero la forma en la que se llevó a cabo la operación impidió, según aseguró Díez-Picazo que hubiera "una negociación equilibrada, como efectivamente sucedió. Yo no sabía entonces que los correos de Miguel Blesa iban a darme la razón, pero ahora me cuadra todo", ya que la operación estaba "inflada", respondió tras oír que el diputado Padilla recordaba la información adelantada por infoLibre basada en los correos de Blesa que explicaba que los números de la compra de los derechos del fútbol "generaban déficit".

Díez-Picazo, a preguntas de los diputados, recordó que Madrid Deporte Audiovisual está en concurso "y supongo que en liquidación, por lo que yo afirmaría que los dos socios, Telemadrid y Caja Madrid podrían haber perdido todo el capital que aportaron a la sociedad, desde el primer al último euro, lo que supone unos 35 millones. De hecho en las cuentas anuales de Telemadrid se ha provisionado esa cantidad y supongo que en la caja también", completó.

Pero este exempleado de Telemadrid también aportó otro dato novedoso: "Además, Caja Madrid perderá una buena parte de los préstamos que aportó a MDA para sostener los anticipos a cuenta que la empresa tenía con los equipos de fútbol, por lo que otorgó entre 70 y 80 millones, de los que una parte resultarán incobrables".

Sangre de MayoinfoLibre

publicó el pasado 18 de noviembre una información en la que aportaba otro informe interno de Telemadrid, en esa ocasión de la asesoría jurídica, en el que se advertía de la posibilidad de reabrir una guerra del fútbol con la empresa Mediapro. Y por eso Telemadrid, que tenía los derechos tras comprometerse a pagar 306 millones, tuvo que comprar a Mediapro sus derechos adelantando otros 90 millones.

Díez-Picazo también se refirió a un segundo informe, en esta ocasión sobre la subvención de 15,5 millones de la Comunidad de Madrid para la película de José Luis Garci Sangre de Mayo. "El problema fue que no se llegó a firmar un convenio", por lo que la operación se llevó a cabo "por un mero decreto", lo que suponía un problema para Telemadrid: "Había base para debatir si no debería haberse sometido a concurrencia porque la cifra era muy elevada.

"Tres años después, los despedidos con un ERE injusto siguen en la calle, y en Telemadrid continúan los directivos que provocaron la ruina de esta empresa pública". Con estas palabras resumía la situación actual Luis Lombardo, presidente del comité de empresa, al término de la manifestación que reunió este martes en la Puerta del Sol a centenares de personas, al cumplirse tres años de la jornada en que que 861 trabajadores del entonces Ente Público recibían la carta de despido. Los congregados, que recorrieron entre cánticos de denuncia la distancia que separa la Plaza de Benavente y Sol, estuvieron acompañados de una nutrida representación de partidos de izquierda, así como de miembros de Coca-Cola, Airbus y otras empresas en crisis, y colectivos ciudadanos.

Ya en la convocatoria todos los sindicatos presentes en la empresa firmaban un manifiesto en el que se mostraba el rechazo frontal a "la nueva Ley de Radiotelevisión Madrid por no asegurar su viabilidad, sostenibilidad, independencia, y en definitiva, su futuro. La Ley tampoco incluye la necesaria restitución del daño causado a la plantilla despedida injustamente. Una ley aprobada en la Asamblea de Madrid con el voto favorable tan sólo del Partido Popular y Ciudadanos. Lamentamos que se haya perdido la oportunidad histórica de lograr, desde el consenso del conjunto de las formaciones políticas, devolver a sus legítimos propietarios, las madrileñas y madrileños, una radio y televisión pública que no sólo es posible sino que además es necesaria".

La sensación, explicitada a infoLibre por numerosos manifestantes, es de una tremenda frustración tras la aprobación de una normativa "que supone de hecho el final de un servicio a los ciudadanos, que durante décadas se habían visto reflejados en los programas e informativos de Telemadrid y Onda Madrid, y que se han alejado ante la manipulación informativa y unos espacios de espaldas a la realidad madrileña". La mayoría era consciente de que la situación no deja espacio para la esperanza, ya que la actual dirección "ni siquiera da trabajo a las docenas de readmitidos por sentencias judiciales firmes"; para algunos, al margen de las consideraciones laborales, "lo más grave es que se ha robado a los ciudadanos un medio de comunicación que era suyo y, que al transformarse en Sociedad Anónima, queda en manos del gobierno madrileño que la podrá vender o cerrar con total impunidad".

El PSOE y Podemos consideran que la nueva Ley de Telemadrid, aprobada esta miércoles con la mayoría de PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, favorece un eventual cierre de la cadena pública. Mientras que en sentido contrario, Ciudadanos rechaza que deje en manos del Gobierno del PP de Cristina Cifuentes una posible disolución de la televisión madrileña.

La ley, que ha sido rechazada por los diputados del PSOE y de Podemos, incluye un Capítulo VII denominado "Operaciones de Fusión, Escisión y Disolución" que cuenta con tres puntos. Y el artículo 43.2 indica que una eventual disolución de la nueva Radio Televisión Madrid SA, [la empresa pública nacida tras la eliminación del Ente Público Radio Televisión Madrid], "requerirá el acuerdo favorable del Consejo de Gobierno, oída la Asamblea de Madrid".

Hasta ahora, para eliminar el Ente Público de Telemadrid se necesitaba un acuerdo de la AsambleaEnte Público de Telemadrid, que debía ser votado por la mayoría de los diputados. Pero la desaparición del Ente Público y las dos empresas [radio y televisión], y la creación en su lugar de una única sociedad pública, hace que la posible eliminación del canal sea ahora solo una decisión del Gobierno regional, ahora en manos del PP de Cristina Cifuentes.

infoLibre ha preguntado a Ciudadanos sobre si la nueva ley podría facilitar una eventual privatización. Y una portavoz aseguró a este diario que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene capacidad para liquidar y disolver la nueva Radio Televisión Madrid "del mismo modo que puede hacerlo con cualquier empresa pública, tal y como ya ocurría con las anteriores Radio Autonomía Madrid S.A. y Televisión Autonomía Madrid S.A", que formaban parte del Ente Público ahora eliminado con la nueva ley.

Televisión valenciana

Sin embargo, el diputado del PSOE madrileño José Manuel Franco sospecha que Ciudadanos y el PP quieren evitar, ante un posible cierre de Telemadrid, que vuelva a pasar lo mismo que con la televisión valencianaTelemadrid (Canal Nou). Ahí el Ejecutivo de Carlos Fabra (PP) cerró de forma inminente la televisión, pero no el Ente Público. Al final, los tribunales dieron la razón a los trabajadores de la televisión valenciana, que se reincorporaron a sus puestos de trabajo.

En el mismo sentido, el diputado madrileño por Podemos Pablo Padilla, que también coincide en que la ley "facilita la privatización" también abre la puerta a otorgar dar la televisión "entre algodones a alguna privada, ya sea de manera directa o con externalizaciones".

"Ningún cambio"

Sin embargo, para Ciudadanos "la nueva Ley no supone ningún cambio" y alega que "mantiene alineada a Telemadrid con el resto de empresas públicas de la región", ha especificado una portavoz a este diario, que reconoce que elimina el Ente Público Radio Televisión Madrid.

La formación de Rivera asegura también que desde un punto de vista legislativo, "ni Ciudadanos ni ningún otro grupo parlamentario de la oposición podrían impedir su cierre".

Evitar la "politización"

La nueva norma, que según Ciudadanos trata de evitar la "politización" a la que ha sido sometida Telemadrid durante los sucesivos gobiernos del PP, especifica en su exposición de motivos que va a "ofrecer algo distinto de lo que ofrece el sector privado y obteniendo un beneficio social".

Y pese a estos principios, la Ley acaba con el Ente Público de Radio Televisión Madrid y sus sociedades para crear la empresa publica Radio Televisión Madrid SA, al mismo tiempo que amplía el mandato del director general, que pasará de cuatro a seis años.

Aguado pidió la privatización

A preguntas de infoLibre, la portavoz de la formación naranja reconoció que el portavoz de C's en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, planteó en 2011 en Twitter la posibilidad de "cerrar o privatizar" Telemadrid "ante la constante manipulación del Ente Público por parte del PP y el coste desorbitado que suponía para los madrileños el hecho de mantener una televisión publica usada con fines electoralistas y partidistas por parte del Gobierno del Partido Popular".

En concreto, en el mencionado tuit Aguado aseguró: "La TV pública ya no es un servicio público esencial para los ciudadanos. ¿Para cuándo su privatización? En Madrid ahorraríamos 96 millones al año".

"Lavadoras de cerebros"

Un segundo mensaje, de 2013, ahonda en la opinión de Aguado sobre Telemadrid: "¿Cómo es posible que aún existan televisiones autonómicas? Aparte de costarnos millones de euros, son auténticas lavadoras de cerebros en manos de políticos".

infoLibre publicó este martes que Aguado no consideraba necesario abstenerse en la votación de la nueva ley de Telemadrid, que también deja abierta la puerta a la externalización de la emisión de la señal de la cadena, ahora en manos de Telefónica. Se da la circunstancia de que la empresa Coyser SA, propiedad de la familia de Aguado, mantiene relaciones empresariales con Telefónica. "No existe ninguna razón para abstenerme", contestó Aguado a este periódico.

El Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) y Podemos ven "sospechosas" las vinculaciones familiares del portavoz de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, con Telefónica, una empresa subcontratada por Telemadrid desde el despido en 2013 de 861 personas mediante un ERE.

Este miércoles los diputados del PP y de Ciudadanos van a votar la nueva ley, que en su artículo 31.8 abre la puerta a mantener la externalización dentro de la cadena pública madrileña. Telefónica se encarga de la gestión técnica de la cadena madrileña desde el despido de los trabajadores de Telemadrid. Tanto los socialistas como la formación de Pablo Iglesias han anunciado que votarán en contra.

"Todo lo que está sucediendo en relación a Telemadrid nos parece cuanto menos sospechoso. Nosotros defendemos un modelo público de televisión y lo que va a salir mañana es un engendro fruto de un acuerdo al que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos. Un acuerdo a espaldas del resto de grupos parlamentarios", asegura el diputado socialista José Manuel Franco.

No se abstendrá

infoLibre publicó este martes que Ignacio Aguado no se abstendrá en la votación de este miércoles. Se da la circunstancia de que la empresa Coyser SA, propiedad de la familia de Aguado, mantiene relaciones empresariales con Telefónica. "No existe ninguna razón para abstenerme", contestó Aguado a este periódico.

El parlamentario socialista pone de manifiesto que la nueva ley, "y ahí seguramente tiene que ver mucho esto [la vinculación de la familia de Aguado con Telefónica], crea un modelo que va a externalizar todo. Además, la norma da manos libres al consejo de administración, por lo que facilitará el negocio de unos pocos. No sé si estará la familia de Aguado o no, pero exigiremos absoluta transparencia", completó el diputado José Manuel Franco.

Los socialistas también adelantan que pedirán explicaciones al propio Aguado por su vinculación familiar con Telefónica en la Asamblea: "No descartamos exigir que en sede parlamentaria se nos explique la relación que pueda tener, desde la presunción de inocencia, y que se nos aclare la relación que pueda tener la familia de Aguado".

Un cambio a peor

Para el parlamentario socialista, Telemadrid está tomando "una deriva negativa, ya que la que debería de ser la televisión de todos los madrileños puede convertirse en la televisión de unos pocos, nos parece que es un cambio a peor", sentencia Franco, que apunta que la nueva ley va a permitir que el director general de Telemadrid no tenga un límite de gasto, "que sí tiene un ministro y un alcalde, por poner solo dos ejemplos".

Por su parte, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Pablo Padilla asegura que a su grupo le "sorprende" que "en ningún momento" hubieran hecho pública la vinculación de la familia de Aguado con Telefónica, "y tampoco han manifestado que era posible que alguno de sus miembros tuviera unos intereses ciertamente velados sobre el futuro de Telemadrid".

Grupos de intereses

"Nos parece decepcionante que Ciudadanos haga gala de la supuesta despolitización de Telemadrid que se incluye en el acuerdo de investidura con Cristina Cifuentes, pero sin embargo no hacen referencia al punto en el que se estipulaba la creación de un listado de grupos de intereses en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, Padilla considera que si Ciudadanos hubiera puesto "tanto énfasis" en el listado como en la supuesta despolitización de Telemadrid "ya nos hubiéramos enterado de los intereses del entorno de Aguado en el modelo de Telemadrid, que lejos de estar despolizado y profesionalizado abre la puerta a que Telefónica y las empresas de su entorno o del sector puedan seguir haciendo negocio".

Por eso tanto Podemos como el PSOE han anunciado que votarán este miércoles en la Asamblea de Madrid en contra de la Ley de Telemadrid promovida por el Partido Popular y Ciudadanos.

¿Los negocios de la familia deben condicionar la actuación de un diputado en la Asamblea de Madrid? El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, cree que no. Al menos en el caso que le afecta: Aguado indicó a preguntas de infoLibre que no se abstendrá en la votación que esta semana deberá aprobar la nueva ley de Telemadrid, que deja abierta la puerta a la externalización de la emisión de la señal de la cadena, ahora en manos de Telefónica. Se da la circunstancia de que la empresa Coyser SA, propiedad de la familia de Aguado, mantiene relaciones empresariales con Telefónica. "No existe ninguna razón para abstenerme", contestó Aguado a este periódico.

Telefónica Broadcoast Services, una filial de la multinacional, está vinculada a Telemadrid desde que en 2013 recibió un contrato, sin concurso público, para la gestión de la emisión de la señal de la televisión madrileña. Estos trabajos fueron externalizados pocos días después del despido, mediante un ERE, de 861 profesionales de la cadena autonómica madrileña.

Y el proyecto de ley de Telemadrid negociado entre Ciudadanos y el Partido Popular, y presentado en la Asamblea, abre la puerta en su nuevo artículo 31.8 a mantener las cesiones a terceros de la realización de los programas informativos, que desde 2013 gestiona Telefónica.

En 2014 Telefónica se hizo por 7.397.658 euros con un nuevo contrato, y según las bases del concurso realizado por Telemadrid, la vinculación era de un año. Sin embargo, el acuerdo contemplaba que podría ser prorrogado por anualidades, "de mutuo acuerdo por las partes, hasta un máximo de cuatro anualidades de vigencia total del contrato". Es decir, Telefónica podría gestionar la externalización de las emisiones de la cadena por cuatro años, lo que supondría 29,5 millones.

Contrato a Coyser

Precisamente Telefónica otorgó en 2013 a la empresa de la familia de Aguado, según la información que consta en la propia web de Coyser SA, un contrato nacional de cableado. Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, a preguntas de infoLibre, ha asegurado "desconocer" la vinculación familiar de Coyser con Telefónica.

Este diario también interpeló a Aguado acerca de si considera ético haber participado en la negociación de la nueva ley de la televisión autonómica, que mantiene la posibilidad de adjudicar a operadores como Telefónica parte de sus trabajos, cuando la multinacional ha contratado a su empresa familiar: "Ni soy ni he sido accionista de Coyser, ni tengo ningún tipo de relación con esa empresa. Creo que mi comportamiento es perfectamente ético".

Preguntado por el motivo por el que la ley no prohibirá la cesión a terceros de la realización de programas informativos, tal y como sí plantea por ejemplo la ley gallega de la televisión autonómica, Aguado se limitó a responder que la intención de su formación política es "aumentar paulatinamente la producción propia de la cadena".

Renovó en 2014

La renovación en 2014 de Telefonica como subcontrata de Telemadrid se acordó pese a presentar una de las ofertas más caras. La multinacional se hizo con la gestión de las señales de audio y vídeo de los programas de Telemadrid, LaOtra y el canal web.

La oferta de la operadora no era la más barata. Según el diario El Mundo, Mediapro y Secuoya habían presentado ofertas económicas más rentables, casi un millón de euros al año menos. En concreto, la oferta de Mediapro se situaría en 6,5 millones (4,2 en sevicios fijos y 2,3 en servicios variables) y la de Secuoya en 6,3 millones al año (3,9 en servicios fijos y 2,4 en servicios variables).

Querella por la adjudicación

La adjudicación de este contrato sin concurso público sirvió de base para la querella de los trabajadores de la autonómica madrileña, que denunciaron que días después de que se expulsara de la plantilla a las personas que se encargaban de gestionar la señal, Telefónica se hizo a dedo con la gestión técnica de la televisión.

infoLibre también ha preguntado a Aguado acerca de si conocía que un juzgado investigaba la contratación de Telefónica por vía de urgencia y sin publicidad para la emisión de la señal, a lo que contestó con un escueto "no".

En concreto, la querella se dirigió contra el ahora presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, cuando era máximo responsable de Telemadrid. Los trabajadores le acusaron en el juzgado de subcontratar a una filial de Telefónica para realizar tareas desempeñadas por una parte de los 861 trabajadores despedidos en un ERE, posteriormente declarado "improcedente" por los tribunales.

La querella, inicialmente presentada por el sindicato CCOO, denunciaba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos "contra derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario".

Se da la circunstancia de que Sánchez había desempeñado diversos altos cargos en Telefónica justo hasta su designación como director general de Telemadrid. Tras la presentación de la demanda ante la juez de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, José Antonio Sánchez prestó declaración en julio de 2013 y defendió la "absoluta legalidad de todas las decisiones, actuaciones y contratos realizados en la tramitación y ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público".

Aguado no es el único diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid vinculado a Telefónica. Dolores González Pastor ha ocupado durante más de 15 años diferentes puestos de responsabilidad en la multinacional española de telecomunicaciones, según especifica la diputada en su perfil de la red social Linkedin.

El director general de Telemadrid en 2006, Manuel Soriano, firmó la ampliación del contrato por el que la cadena pública aumentaba un 20% el sueldo a la periodista Encarnación Curri Valenzuela "sin haberlo leído", según reconoció en un escrito de 19 de julio de 2006 del propio directivo, al que ha tenido acceso infoLibre.

Soriano, que llega a asegurar en la misiva que está "de acuerdo" con las críticas realizadas por el director económico de Telemadrid, José María Díez-Picazo, le encomienda a este que inicie las oportunas gestiones para renegociar el contrato de la periodista.

"Lamento haber firmado ese contrato sin haberlo leído previamente, ya que la única modificación, según me informó verbalmente el subdirector general cuando me lo pasó a la firma, era un ligero incremento salarial con respecto al contrato anterior a fin de equiparar la remuneración de la directora de Alto y Claro con la de la directora del Círculo a Primera Hora,Alto y ClaroCírculo a Primera Hora por ser programas similares".

9.000 euros de sueldo

Pero Soriano no solo asegura estar en contra del aumento de sueldo de Curri Valenzuela, que pasaba de ganar 7.500 a 9.000 euros mensuales, IVA excluido.  "No tuve conocimiento de las demás modificaciones que usted reseña, con las que también discrepo y, por tanto, no las negocié ni las autoricé", especifica el ex director general de Telemadrid en referencia a uno de los puntos añadidos al contrato que concedía a la periodista el derecho a percibir una "suma considerable" en concepto de indemnización si la cadena decidía acabar con el programa Alto y Claro.

En el último párrafo de su escrito sobre el contrato de la periodista, Soriano asegura que su número dos, Ángel Martín-Vizcaíno, "podrá aclarar" cuando regrese de vacaciones el próximo 24 de julio. "Y estoy seguro de que existirá una explicación racional y razonable que ha llevado a la firma precipitada de ese contrato sin haber contrastado detenidamente su contenido con los servicios correspondientes de la empresa".

Resultados satisfactorios

El 26 de julio de ese año Martín-Vizcaíno, que ahora es director general, responde a las críticas del director Económico Financiero y al director general, y justifica la subida de sueldo de Curri Valenzuela. "Alto y Claro, dirigido y presentado por Encarnación Valenzuela, está en antena desde junio de 2004 [...] y dando a Telemadrid unos resultados totalmente satisfactorios. En términos de audiencia, su última temporada ha registrado unos datos superiores a los de la cadena, mejorando sus propios resultados de la primera temporada".

Además, el número dos de Telemadrid explica que la periodista había accedido a firmar en junio de 2004 un contrato "muy ajustado debido a la falta de experiencia dirigiendo un programa de televisión. Por lo tanto, las circunstancias a la hora de renegociar su contrato son muy distintas: un programa perfectamente rodado y funcionando a plena satisfacción y una presentadora-directora que ha demostrado su capacidad en televisión en estos dos últimos años".

Un proceso negociador

Martín-Vizcaíno utiliza la misma explicación para justificación de la indemnización a Curri Valenzuela: "Hoy día, después de dos años de emisión del programa, pierde justificación y por tanto resulta difícil imponer en un proceso negociador, máxime cuando se trata de una cláusula no propia en este tipo de contrantos mercantiles". El subdirector recuerda que se mantiene el punto que permite a Telemadrid retirar el programa "por bajos índice de audiencia".

Asimismo, el entonces subdirector de Telemadrid muestra su disconformidad con el análisis realizado por el director económico, que criticó en un informe la prórroga automática del programa de Valenzuela: "En ningún caso es lesiva para Telemadrid, si así lo fuera, te aseguro director, que no la hubiera aceptado, por la simple razón de que esté en mano de Telemadrid, antes de 30 de abril de 2007, el denunciar dicha prórroga anual, sustituyéndola por otra o dejando vencer el contrato a su finalización".

Los directivos, a la Asamblea

Precisamente, el pasado lunes el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid reclamó la comparecencia de la cúpula de Telemadrid para que explique la subvención de 15,5 millones que recibió el cineasta José Luis Garci para la película Sangre de Mayo.

En concreto, el partido morado pidió que el actual director general de la cadena pública madrileña, Ángel Martín Vizcaíno, y el ex director Manuel Soriano Navarro, acudan a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, para que informen sobre "el contrato firmado a través del Ente Público Radiotelevisión Madrid (RTVM) con Nickel Odeón Dos para la producción del largometraje Sangre de Mayo".

El Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid ha reclamado este lunes la comparecencia de la cúpula de Telemadrid para que explique la subvención de 15,5 millones de euros que recibió el cineasta José Luis Garci para la película Sangre de Mayo, según los escritos a los que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, el partido morado ha pedido que el actual director general de la cadena pública madrileña, Ángel Martín Vizcaíno, y el ex director Manuel Soriano Navarro, acudan a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, para que informen sobre "el contrato firmado a través del Ente Público Radiotelevisión Madrid (RTVM) con Nickel Odeón Dos para la producción del largometraje Sangre de Mayo".

El Grupo Parlamentario de Podemos también reclama la comparecencia del cineasta José Luis Garci, que fue el autor de la película que fue subvencionada de forma íntegra por la Comunidad de Madrid, que utilizó a Telemadrid como intermediaria para conceder la ayuda.

Concesión a dedoa dedo

La solicitud de Podemos se produce después de que infoLibre publicara el pasado sábado que Manuel Soriano Navarro y Ángel Martín Vizcaíno, entonces director y subdirector general de Telemadrid, respectivamente, no hicieron caso a la advertencia del director Económico Financiero de la cadena, José María Díez-Picazo, de que no se podía conceder a dedo la subvención.

Díez-Picazo envió un escrito a los dos dirigentes de la cadena pública el 20 de marzo de 2007 en el que les pedía que reconsideraran la decisión de adjudicar "directamente" y "sin concurrencia" el contrato, "y se proceda a abrir el encargo a la competencia mediante la solicitud de ofertas a otras empresas".

Supera los 15 millones

Pero los dos directivos no hicieron caso de las advertencias, ya que siete días después Telemadrid firmaba el contrato con la productora de José Luis Garci, sin tener en cuenta que Díez-Picazo llegó a reclamar que se pensaran "cuidadosamente si procede o no la adjudicación directa de un contrato" que incluso superaba los 15 millones de euros otorgados por la Comunidad de Madrid, ya que al final la productora se hizo con 15,5 millones, lo que suponía medio millón más de lo previsto.

Tal y como adelantó infoLibre, el director económico y financiera de Telemadrid abogaba por convocar un concurso, "de acuerdo con nuestras normas de contratación y a los principios que deben inspirar la contratación pública".

El ahorro, para Garci

El escrito de Díez-Picazo aboga por convocar un concurso público "a la vista de la oferta" de la empresa de Garci, que según el documento insistió "mucho" en incorporar al contrato una cláusula por la cual "en el caso de que los costes de producción resulten inferiores al presupuesto, sin menoscabo de la calidad de la obra, el ahorro corresponderá a la productora".

Con la convocatoria de un concurso, argumenta el documento adelantado por esta redacción, "nada hace pensar que otra empresa competidora no pueda realizar satisfactoriamente el encargo con un coste y un plazo más ajustados".

Petición al Consejo de Gobierno

Pero el Grupo Parlamentario Podemos también ha presentado otros escritos en los que piden al consejo de administración de la radiotelevisión madrileña y al Consejo de Gobierno de la Comunidad el contrato adjudicado a través del Ente Público a la sociedad Nickel Odeón Dos con una cuantía de 15.570.477 euros para la producción del largometraje Sangre de Mayo. 

Asimismo, el partido de Pablo Iglesias ha convocado a los exdirectivos de Telemadrid Álvaro Renedo y Miguel Platón por los gastos de representación y dietas de la televisión autonómica "desde 2004 hasta la actualidad".

El que fuera en 2006 subdirector general de Telemadrid, Ángel Martín-Vizcaíno, firmó con María Encarnación (Curri) Valenzuela un anexo al contrato vigente entre ambas partes por el que la periodista se beneficiaba de una subida de sueldo del 20%, pasando de 7.500 euros a 9.000 euros brutos, IVA excluido.

Además, el nuevo acuerdo, que contó con el visto bueno del director general de la cadena madrileña, Manuel Soriano Navarro, establecía el derecho de la directora del programa Alto y Claro de Telemadrid de percibir una "suma considerable" en concepto de indemnización, tal y como consta en un escrito del director Económico Financiero de la cadena pública, José María Díez-Picazo, al que ha tenido acceso infoLibre.

"El acuerdo se ha firmado sin sujetarse al procedimiento interno de tramitación de gastos y sin que conste que haya sido previamente propuesto por la dirección de informativos, como habría sido preceptivo. Desconozco, por lo tanto, las circunstancias y las razones que pueden haber conducido a aceptar las nuevas condiciones", especifica el informe de José María Díez-Picazo.

Una indemnización

El nuevo contrato suprimía "la facultad que hasta ahora ostentaba Telemadrid de resolver su compromiso con Curri Valenzuela por cualquier circunstancia por la que Telemadrid considere conveniente la retirada provisional o definitiva del programa sin que ello conlleve el abono de cantidad alguna en concepto de indemnización", sostiene el responsable económico de la televisión por escrito.

Pero el escrito de José María Díez-Picazo, que fue dirigido por correo electrónico tanto a Manuel Soriano como a Ángel Martín-Vizcaíno, va más allá en sus críticas al acuerdo: "El acuerdo alcanzado es, a mi juicio, lesivo para Telemadrid, porque las nuevas condiciones pactadas van a condicionar innecesariamente la toma de decisiones de programación".

Una suma considerable

Y uno de estos condicionantes, según el responsable económico del canal autonómico madrileño, era que si Telemadrid denuncia el contrato por considerar necesario la retirada del programa, "ello acarreará el desembolso de una suma considerable en concepto de indemnización a María Encarnación Valenzuela", especifica el documento, que completa: "No se deduce de la lectura del acuerdo que Telemadrid haya obtenido alguna contrapartida que contrapese o que justifique la cesión realizada".

Y finalmente Díez-Picazo aconseja a los directivos en su informe que renegocien el contrato "sobre unas bases más equilibradas", al mismo tiempo que reclama "un informe justificativo sobre las circunstancias y razones por las que se ha llegado a este acuerdo".

El anexo del contrato introducía también una cláusula de prórroga automática, "que en el contrato no figuraba", por un periodo adicional de once meses. En concreto, la vigencia se ampliaba del 1 de septiembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2007.

Hasta julio de 2008

Pero el acuerdo se prorrogaría automáticamente por el periodo de 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2008, "salvo que cualquiera de la partes notifique a la otra su intención de rescindir el mismo con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de finalización, es decir, antes del 30 de abril de 2007", a 27 días de que se celebraran las elecciones de 2007.

Si se tiene en cuenta que los comicios autonómicos y municipales se llevaron a cabo el 27 de mayo de 2007, con ese acuerdo Telemadrid lograba mantener el programa de Curri Valenzuela en la parrillaCurri un mínimo de 14 meses después de que se celebraran los mismos. Solo Telemadrid podría evitar una indemnización "considerable" si denunciaba el contrato en abril de 2007, con el PP en el Gobierno regional.

Audiencia muy baja

No obstante, el anexo sí incluía un punto en el que se especificaba que Telemadrid podría librarse de abonar la indemnización si el programa no alcanzara el porcentaje de audiencia diaria de la cadena, que en esos momentos era muy baja.

infoLibre se ha puesto en contacto con Telemadrid para preguntar si Curri Valenzuela percibió alguna cantidad en virtud de este acuerdo tras la retirada en 2010 del programa Alto y Claro, y una portavoz de la televisión madrileña ha rechazado hacer comentarios al respecto, ni especificar la cantidad concreta que pudo percibir en su salida. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión de Valenzuela.