El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes que emitió facturas a Acciona que "no respondían a una prestación real" porque se lo pidió el exasesor ministerial Koldo García, según informa EFE.

El informe de la UCO recoge que este bar situado en Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona para que Koldo García cobrara ese dinero. "En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha declarado.

Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta". 

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho, antes de apuntar que se trata de facturas que en total "no ascienden a más de 8.000 euros".

Moreno Purroy ha señalado que el "circuito pactado" entre Koldo García, el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, y él mismo consistía en emitir una factura falsa a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregar el dinero en efectivo a Koldo García. Tal y como ha explicado, no tiene "duda" de que la tarjeta de Acciona se la entregó el exdirectivo de la compañía en Navarra, Fernando Merino, a Koldo, para que se emitieran las facturas con esos datos. 

El asesor fiscal o contable del establecimiento ha señalado que estos pagos comenzaron por el "mal momento" económico por el que pasaba Koldo García. Según ha expuesto, no sabía que iba a ser algo sostenido en el tiempo. "Él nos plantea una (factura) y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco", ha contado. 

Una de las facturas, de 2.700 euros, fue cargada a la UTE Recajo, en la que estaba Acciona, y la ingresó Moreno Purroy en una de sus cuentas, no en la del bar. Posteriormente, se lo entregó en efectivo a Patricia Uriz, pareja en aquel momento de Koldo. También ha señalado que él no estuvo presente en ninguno de los demás pagos en efectivo a Koldo, por lo que no puede dar fe de ellos. Tampoco tuvo contacto con Merino más allá de enviarle por correo las facturas y no hizo más facturas falsas, según ha asegurado.

En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha preguntado por la empresa Xamena, de la que Moreno Purroy es administrador único, y el compareciente no ha querido responder por "no estar relacionado con el objeto de la comparecencia". Posteriormente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha incidido en el tema y Moreno Purroy ha respondido que esta empresa, constituida en 2017, solo ha hecho una obra privada de viviendas en una parcela de Milagro.

El grupo criminal que supuestamente conformaban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, se embolsó sobrecostes del 50% de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el caso Koldo, según sostiene la Guardia Civil y recoge EFE.

En este caso, los tres investigados "habrían ideado un plan para viabilizar esta operación" y favorecer que Acciona se hiciese con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Una mediación por la que obtuvieron pagos por un total de 17.545 euros que fueron canalizados a través de un despacho de abogados.

Esta es una de las cinco operaciones bajo sospecha de las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado cuenta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y que motivaron las órdenes de detención de estos tres investigados por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Según consta en una diligencia de información que contiene los elementos esenciales de las actuaciones, emitida por el juzgado y a la que ha tenido acceso EFE, Díez, Fernández y Alonso conformaban un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros".

Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública" para obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones". En las cinco operativas analizas las mordidas para los tres sumarían al menos 750.614 euros.

Los fondos los canalizaban supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez "mediante contratación y facturación mendaz", según el citado escrito del juzgado. Esta actividad se habría prolongado entre 2021 y 2023. 

En esas cinco operaciones investigadas, los componentes del grupo habrían obtenido "decisiones favorables a sus intereses" de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos. En concreto, en empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En lo que respecta a la mediación para que Acciona se hiciese con esas dos explotaciones, el grupo contactó con varios directivos de Enusa -dependiente de la SEPI y en la que Leire Díez tuvo un puesto como responsable de comunicación coincidiendo con Vicente Fernández al frente de la sociedad de participaciones-.

LA UCO considera que el grupo Hirurok tuvo la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados SDP Carrillo Y Montes, "con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación".

También observa que se habrían introducido una serie de sobrecostes del 50 % del importe del contrato -cuya cuantía no consta en este escrito- que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok. 

En aparente correlación, se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez por un importe total de 17.545 euros (IVA incluido).

Otra de las operaciones bajo la lupa de los investigadores es una "ayuda" por parte de la empresa pública Sepides a la sociedad Arapellet de 17,32 millones de euros.

El grupo Hirurok, a cambio de un pago de 200.000 euros, habría contactado con cargos de Sepides para que se aprobara dicha inversión en Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia.

Otra de las adjudicaciones millonarias en la que supuestamente mediaron fue en la de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones Y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente, por un importe de 2,8 millones de euros.

En este caso, a través del presidente de la Mesa de Contratación, los investigados habrían intervenido en el proceso de adjudicación a cambio de 400.000 euros, que fueron canalizados al grupo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales.

También obtuvieron beneficios de la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por un valor de 112,8 millones de euros. La UCO calcula que Hirurok consiguió por ello un total de 114.950 euros.

Finalmente, también se les investiga por la adjudicación de un contrato de 18.119 euros por parte de Mercasa en favor de Servinabar, de la que se considera que el exsecretario de Organización Santos Cerdán era copropietario junto a Antxon Alonso.

En este caso, los investigados en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, por la que justificaron de forma "mendaz" la necesidad de un cambio en la sede de Mercasa y con ese fin se contrató a Servinabar para que emitiera "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede".

El exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini ha negado en el Tribunal Supremo toda irregularidad en los contratos con Servinabar asegurando que se prestaron "servicios reales" con esta empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, con quien ha dicho que se reunió por ser un "agente social" navarro.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha comparecido como investigado ante el juez Leopoldo Puente en la causa abierta por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública que mantiene como imputados al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, estos dos en prisión preventiva.

En su interrogatorio, ha defendido que los pagos a Servinabar -cuyo 45% de acciones se atribuye a Cerdán y que administra Antxon Alonso, también investigado- eran por servicios reales de prevención de riesgos laborales, que los trabajos existieron y que, por tanto, no eran ficticios, pudiendo justificarlo todo con facturas.

Igualmente, ha negado que se pagaran comisiones ilegales a Servinabar, al afirmar que no se abonaba a esta empresa navarra un porcentaje fijo del 2%, sino que ese era el límite por los servicios prestados y que si se superaba, era por anomalías en la obra.

Pelegrini y su subordinado, Tomás Olarte, que también ha declarado, aparecen en el último informe policial que revela que la "principal fuente de ingresos" de Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 % de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas, "estaría articulada personalmente" por Cerdán, Alonso y Pelegrini, después de que estos dos últimos firmasen un "acuerdo de colaboración" entre ambas empresas en 2015, que el exdirectivo de Acciona ha enmarcado en algo "dentro de la normalidad".

Al respecto, ha señalado que conoció a Cerdán porque cuando se hizo el primer proyecto conjunto de Mina Muga en 2015 necesitaba tomar el pulso e intercambiar impresiones sobre el sector por tratarse de un representante político y un agente social navarro.

Sí que ha admitido que tenía mucha relación con Antxon Alonso y que a veces a esas reuniones en Madrid se sumó el exdirigente socialista porque era amigo de Alonso, administrador de Servinabar.

Cerdán se unía a estos encuentros para saber el impacto de las obras e inversiones en Navarra, donde era diputado autonómico, con especial atención a Mina Muga, que no se cerró hasta mayo de 2019, con Ábalos ya en el Ministerio, ha asegurado las fuentes.

Tras él, ha declarado quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido, que ha reconocido que firmó algunos contratos con Servinabar porque tenía que hacerlo, sin dar más detalles.

Al término de sus comparecencias, la Fiscalía y las acusaciones han pedido al juez que imponga como medidas cautelares comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

Tras la libertad del exdirigente socialista Santos Cerdán y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el juez del caso Koldo da paso a los investigados de Acciona, señalada por los presuntos pagos del 2% en adjudicaciones a Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán.

Se tratan del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y de los altos cargos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que reportaban directamente al primero y que han sido recientemente suspendidos por la compañía. Todos ellos comparecerán el próximo miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Puente les citó tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dio lugar a los registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, el cual "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Acciona firmó al menos tres acuerdos para pagar a Servinabar —la empresa vinculada a Santos Cerdán, de la que controlaba un 45% — una comisión del 2% del importe de grandes obras públicas por un valor neto de 257,16 millones de euros adjudicadas después de que el dirigente socialista presionara al ministerio de José Luis Ábalos para que los contratos salieran adelante. 

Así lo sostiene el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso infoLibre, que describe un patrón repetido en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat a través de cinco contratos distintos. Según la UCO, los mensajes indican que “la operativa se podría haber llevado a cabo de forma recurrente durante la etapa ministerial de Ábalos”. 

La mecánica que reconstruye la Guardia Civil es casi calcada en los tres expedientes: Acciona y Servinabar firman un “memorándum de entendimiento” para “explotar la oportunidad de negocio” de la obra que corresponda. En este documento, Servinabar se presenta como una “consultora especializada, líder en prevención de riesgos laborales” —a pesar de que el 75,33% de sus ingresos estaban vinculados a Acciona, mientras que el resto es de origen no identificado, según los investigadores—. 

Una vez adjudicada la licitación, a veces mediante concurso y a veces directamente por trámite de emergencia, ambas empresas formalizan un contrato con conceptos y descripciones genéricas como “seguridad y salud” o “ayudas varias” en el que Acciona acuerda pagar el 2% del importe de la obra a Servinabar, de la que Santos Cerdán controla un 45%. Entre medias de estas dos firmas, antes de la adjudicación, en el ministerio se activaban los resortes de la trama para lograr la adjudicación, como evidencian varios mensajes reflejados en el informe. 

En las obras de Sevilla, la UCO señala una “notoria insistencia de Cerdán por que la licitación se llevara a término”. En un mensaje a José Luis Ábalos, entonces ministro del ramo, Koldo García describió esta insistencia de una forma más tajante: “Está obsesionado conmigo, con Sevilla y con el puente”. En la capital andaluza, la UCO destaca tres contratos: dos de trabajos previos para mejorar los accesos al puerto a través de las carreteras SE-30 y SE-40, y una obra posterior para sustituir los tirantes del Puente del Centenario. 

Fruto de esta insistencia de Cerdán, y tras recibir varios mensajes suyos preguntando por el tema, el 22 de abril de 2019 Koldo le informó de que Javier Herrero —entonces director general de Carreteras e imputado en el caso—, había tenido que “presionar mucho” a Pedro Saura —actual presidente de la empresa pública Correos y entonces secretario de Estado de Transportes—. Dos días después de este mensaje, se aprobó la declaración de emergencia para las dos obras de accesos al puerto, lo que posibilitó que, en julio, estas se adjudicaran directamente y sin concurso a Acciona. 

La estimación económica de estas dos obras que recoge el informe es parcial. En el caso de los accesos por la SE-40, la UCO toma como referencia el documento de aprobación provisional de la obra de emergencia, cuyo presupuesto base, 6,47 millones de euros con IVA —que serían 5,75 millones sin IVA— es el único importe de esta obra localizado por la Guardia Civil. Al aplicarle el 2% pactado en el memorándum a la cifra del documento, los agentes calculan que Servinabar habría recibido 102.247 euros por esa actuación. Para la otra obra, algo inferior en tamaño, la de los accesos provisionales por la SE-30, la UCO señala que “no ha localizado información ni del importe de licitación, ni del adjudicatario” y, por eso, no incluye ninguna cifra en sus cálculos.

Sin embargo, ese importe sí consta en la documentación oficial. En los archivos del propio ministerio figura la aprobación provisional de la obra de emergencia de la SE-30, con un presupuesto base de 5,30 millones de euros con IVA —que serían 4,72 millones sin IVA—, un documento idéntico en formato al utilizado por la UCO para la obra de la SE-40. La ausencia de esta referencia en el informe no permite imputar ningún cálculo adicional, pero sí revela que el volumen total de obra movilizado en Sevilla fue incluso mayor del que los agentes pudieron reconstruir.

A esto se suma otra particularidad: en todos los demás expedientes analizados —Logroño, Sant Feliu y el del Puente del Centenario— el 2% se calcula sobre el importe sin IVA, tal como establecía el memorándum entre Acciona y Servinabar. Pero en Sevilla, al no haberse hallado todos los contratos formales, la UCO se ve obligada a calcular el porcentaje sobre los presupuestos base con IVA, que son los únicos importes disponibles. El propio informe lo asume de facto, pero el resultado es que las cifras estimadas para Sevilla son necesariamente conservadoras, porque parten de precios diferentes a los utilizados por las propias empresas cuando formalizan los contratos.

La mayor de las tres obras sevillanas, la del Puente del Centenario, sí salió a concurso y fue adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. El contrato original se adjudicó por 71,40 millones de euros (sin IVA) pero fue modificado hasta los 84,98 millones de euros (sin IVA). La UCO toma esta segunda cifra para calcular el 2% que, según el memorándum, Servinabar habría recibido como comisión: 1,69 millones de euros. 

En las obras de la autopista A-68 en La Rioja, Herrero informó a Koldo inmediatamente de que la oferta de Acciona era la más baja al conocerse el resto de ellas en la apertura de sobres del 22 de abril de 2019: “¡Bingo! En Logroño”. Koldo, a su vez, se lo transmitió inmediatamente a Ábalos: “Ya está en La Rioja hecho”. 

Efectivamente, en septiembre, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Aquaterra ganó la adjudicación de la obra con una oferta de 92,41 millones de euros netos, que acaba subiendo hasta 109,94 millones de euros netos tras una modificación del contrato. En este caso, Acciona y Servinabar firmaron tras la adjudicación un contrato para que la última realice la “gestión de seguridad y salud” en la obra a cambio del precio cerrado de 2,02 millones de euros, un 2,19% del total original previo a la modificación. 

En este caso, al igual que en el puente de Sevilla, Acciona acude a la licitación en una UTE. El contrato que firma con Servinabar, por tanto, es en nombre de la UTE, y no solo de Acciona. Sin embargo, los investigadores destacan el hecho de que, en noviembre, con este contrato ya firmado, Tomás Olarte, director de la zona norte en Acciona, escribe al CEO de Aquaterra, la otra empresa de la UTE, para presentarle al administrador de Servinabar, Joseba Antxón “de cara a una posible colaboración”. Según este mensaje, Aquaterra no habría sido consciente de haber contratado el mes anterior a Servinabar por 2 millones de euros, o si lo era, sus responsables no se conocían entre ellos. 

En Cataluña, el patrón es el mismo, aunque esta vez el organismo del Ministerio de Transportes implicado no es la Dirección General de Carreteras, sino Adif. En mayo de 2019, dos semanas después de que se publicara el anuncio de licitación de una obra ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, Acciona y Servianabar firmaron el memorándum para que la la primera pagara a la segunda el 2% de la adjudicación, en caso de conseguirla, a cambio de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.

Igual que en los casos de carreteras, el máximo responsable del organismo encargado de la licitación mantiene contacto con la trama para informar sobre sus avances y los intereses de Acciona. El informe de la UCO recoge cómo Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, comunicó a Koldo el resultado de la apertura de sobres: “Apertura Sant Feliu. Acciona. Baja 24,77%”. Igual que en Logroño, la adjudicación se materializó meses después y, de nuevo, Acciona y Servinabar firmaron un contrato para lo que denominaron “seguridad y salud de obra”, por un importe mensual de 23.527,27 euros durante 44 meses —un total de 1,03 millones de euros— un 2% de los 51,76 millones (sin impuestos) del total de la adjudicación. 

Entre la documentación incautada en la sede de Servinabar, los agentes localizaron también anotaciones manuscritas con referencias a distintos órganos del ministerio y menciones a otros expedientes de obra pública. Para la UCO, estos apuntes constituyen “un indicio más” de que la relación entre Acciona y la empresa participada por Cerdán no se limitaba a los cinco contratos analizados, sino que formaba parte de una operativa más amplia, sostenida en contactos constantes entre directivos de la constructora, altos cargos del ministerio de Ábalos y el entorno directo de Santos Cerdán.

Ya son cuatro los directivos de la multinacional imputados en este caso. A Fernando Merino, el responsable de Navarra, cesado en 2021 e imputado al principio de la causa, se han unido hoy Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción, y los directivos Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz, responsables de la zona sur y África y la zona norte, respectivamente. Pelegrini había sido cesado el pasado junio, pero Alconche y Olarte siguen en la nómina de la multinacional, que ha comunicado la “suspensión cautelar de las funciones de ambos”. Ambos participaron en los memorándums y contratos de Acciona con Servinabar en sus respectivas zonas de responsabilidad, según consta en el informe.

En un comunicado, la empresa ha manifestado su “convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación” y ha negado “haber obtenido ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos.”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este martes que "es el tiempo de la Justicia" tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento con contundencia en este caso, informa EFE.

Sánchez se ha referido a ese informe de la UCO en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la UCO de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades y toca esperar al desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, ha respondido con un 'no' rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Díez declaró este lunes ante el juez que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido.

A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

Tras conocerse el informe de la UCO, fuentes del PP han declarado que "la única salida" para Sánchez es colaborar "de verdad" con la justicia y presentar de forma inmediata su dimisión.

La vicesecretaria de Regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho, en unas declaraciones remitidas por su partido este martes, que el informe concluye que "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales" por adjudicaciones de obra pública del Gobierno.

Además, el PP da por acreditado que el PNV, después de apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa en 2018, "exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones, a cambio de mantener el apoyo parlamentario" al recién investido presidente.

Todo ello, ha afirmado Gamarra, da como resultado que lo que se "vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla".

Para el PP, los máximos colaboradores de Pedro Sánchez "se han hecho de oro", y también Antxon Alonso, socio de Cerdán, que pactó con Bildu y con el PNV su apoyo a la moción de censura y que "fue recibido con honores en Ferraz".

Por su parte, el grupo de construcción y energía Acciona ha suspendido de sus funciones de forma cautelar a los empleados Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados como investigados por el juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad".

La compañía ha negado en un comunicado que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y ha defendido que, en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Acciona ha reaccionado así tras la decisión del magistrado instructor del caso Koldo de citar como investigado al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, con el que ya terminó su relación laboral, así como a otros dos trabajadores de esta empresa. El grupo niega haber obtenido "ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos", a pesar del informe de la UCO.

Acciona subraya su confianza en el sistema público de contratación y su convicción en la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación, aunque insiste en que se reserva el ejercicio de acciones legales en caso de que se desprendiera algún perjuicio directo de las investigaciones.

El grupo recalca que ya terminó su relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España, además de resolver el pasado junio todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Acciona subraya que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras o proveedoras del grupo, la facturación agregada de los proyectos con Servinabar entre 2015 y 2015 ascendió tan solo a 5,7 millones de euros.

La empresa recalca que ha venido colaborando con la Justicia desde el inicio de estas actuaciones y que continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados.

Además, Acciona "adoptará las medidas oportunas en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación, informa EFE. Según las autoridades, la cantidad total percibida supone el 75,33% de los ingresos totales de esta sociedad.

Esta es una de las conclusiones que recoge el último informe que ha elaborado la UCO sobre la situación patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que el exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

La UCO añade que en esta operativa podrían haber participado los directivos de Acciona Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados el 3 de diciembre junto a Pelegrini.

La Guardia Civil pone el foco en tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), las dos primeras de la Dirección General de Carreteras y la última de ellas de Adif que estaban en proceso de licitación cuando llegó Jose Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, de las que habrían derivado "presuntos pagos" al exministro y a su exasesor Koldo García, que "habrían sido gestionados por Santos Cerdán".

Dicen los investigadores que en todas ellas se observa "una operativa común entre Acciona y Servinabar" mediante la cual firmaron "un memorándum de entendimiento" antes del inicio de los expedientes de las obras.

Tras ello, firmaban un contrato de prestación de servicios, una vez la adjudicación era otorgada a Acciona, "mediante el cual Servinabar obtenía el 2 por ciento neto del importe de adjudicación".

La UCO explica que los ingresos vinculados a Acciona percibidos por Servinabar, desde su constitución hasta la elaboración de este informe, son de 6.707.294 millones de euros. Lo que supone, según los investigadores, el 75,33% de los ingresos totales de esta sociedad navarra, de ahí "se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos".

Y habiendo hallado el contrato privado de compraventa de Cerdán y Alonso con Servinabar, "se ha observado como él y su familia habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

Además, la UCO sostiene que Servinabar pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió Cerdán con su familia en la calle de Hilarión Eslava de Madrid, y previamente abonó la renta de otra vivienda en la capital en 2017.

Según la Guardia Civil, Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación obtenida en los registros y requerimientos a entidades bancarias.

Así, los pagos de Servinabar por el alquiler del ático en Hilarión Eslava, al que Cerdán se trasladó con su familia tras la moción del censura contra el PP en 2018, se prolongan de agosto de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que la arrendadora firmó un nuevo contrato con el exdirigente socialista que entró en vigor en noviembre. El primer contrato estaba suscrito entre la arrendadora y Servinabar, y figuraba como ocupante de la vivienda Francisca Muñoz, esposa de Cerdán.

Por las quince mensualidades y los 2.450 euros que se pusieron de fianza, Servinabar abonó un total de 47.505,93 euros, de los que la UCO descuenta los 2.860,67 euros que la propietaria del ático devolvió al finalizar el contrato, con lo que la cifra queda en 44.645,26 euros.

La gestión del arrendamiento de esta vivienda, que la familia de Cerdán abandonó al poco de entrar este en prisión, también acarreó unos gastos totales de 3.146 euros. Estos fueron abonados por Servinabar a la consultora contratada, Consulting Moncloa.

Unos meses antes de alquilar esta vivienda, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, Servinabar también gestionó el alquiler de otra vivienda de Cerdán en Madrid cerca de la Glorieta de Quevedo y por la que abonaba 800 euros al mes. Por esta vivienda, según las cuentas bancarias analizadas por la UCO, Servinabar pagó a su propietario un total de 7.200 euros.

La empresa de Antxon Alonso también sufragó el inmobiliario que Cerdán compró para amueblar el ático de Hilarión Eslava. Como prueba, se aporta un correo electrónico, del 23 de julio de 2018, que Alonso remitió a Cerdán y en el que daba cuenta de una transferencia bancaria de Servinabar de 2.210 euros bajo el concepto "muebles dormitorio Madrid".

Dos días más tarde, Cerdán le remitió otro correo a Alonso bajo el asunto "Compra en El Corte Inglés" en el que los comerciales pedían una transferencia por 5.520 euros como requisito previo al envío de unos muebles adquiridos en su centro de la calle Princesa.

En un tercer correo localizado por los agentes, del 8 de noviembre de 2018, un trabajador de El Corte Inglés le indica a Antxon Alonso que no se ha abonado un pedido realizado en agosto -una mesa auxiliar de 119 euros-. Al día siguiente de recibir este correo, Servinabar procedió al pago "por importe exacto" al de ese producto, según consta en las cuentas examinadas por la UCO.

En la sede de Servinabar se halló además una nota manuscrita referida al alquiler del ático y de su amueblado. Bajo la anotación de alquiler aparecen las cantidades de 2.400 y 3.000, que coinciden, según la UCO, con la reserva que se abonó por el arrendamiento (2.450) y la segunda "se aproxima" a las que se pagó por el alquiler, que oscilaron entre 2.964,50 y 3.189,18 euros.

Junto a estos conceptos se puede leer la palabra "muebles" junto a la cifra de 10.000. A este respecto el informe indica que de los pagos de muebles que se han podido acreditar por parte de Servinabar ascienden a 7.849 euros.

Servinabar no es la única empresa en la que se centran los investigadores en su último informe sobre Cerdán, ya que también apuntan a la "contratación de personas de su entorno familiar".

Una de ellas sería la mujer de Cerdán en la cooperativa Noran S.Coop, "habiéndole abonado un total de 9.500 euros" en cinco transferencias entre marzo y julio de 2018, "sin que conste que desarrollara función profesional alguna".

Esta cooperativa fue una de las registradas el pasado viernes y a la UCO la vincula tanto con Antxon Alonso como con Koldo García. Noran habría podido recibir 647.331 euros de Servinabar entre 2016 y 2022, lo que equivale a un 67,81% de los fondos ingresados en sus cuentas, según los cálculos de la UCO.

Parte de esos fondos (8.738 euros) fueron a Koldo García, 215.000 a Antxon Alonso y 9.500 a la mujer de Cerdán en cinco transferencias. Un día antes de la primera, el 26 de marzo de 2018, una gestoría envió al citado empresario por correo y con el concepto "Paqui" un contrato laboral entre Noran y la mujer del exdirigente socialista y el recibo de su primera nómina.

Sin embargo, los agentes no han localizado por el momento ningún "atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios" de la mujer de Cerdán en la cooperativa.

También mencionan pagos de 3.720 euros mensuales entre febrero y junio de 2020 de Servinabar a la hermana del exnúmero tres del PSOE por sus servicios profesionales, en total 22.324 euros.

A partir de junio de ese año, los investigadores -y el juez en un auto posterior- explican que la cooperativa Erkolan "podría haber contratado" a la hermana de Cerdán, aunque sospechan que los costes de la contratación seguían corriendo a cargo de Servinabar.

Según el informe, constan transferencias entre julio de 2020 y mayo de 2025 a la cooperativa de "un total de 367.290,43" euros, si bien los agentes no pueden cuantificar qué parte de esta cantidad habría recibido la hermana de Cerdán.

Destacan el "brusco incremento" en los pagos de Servinabar a Erkolan: la transferencia media pasó de 221 euros hasta el 29 de mayo de 2020 a unos 6.000 euros mensuales hasta mayo de 2025.

El informe también menciona al hermano de la mujer de Cerdán. La UCO aporta mensajes entre el administrador de Servinabar y un cargo de Acciona recientemente imputado, Manuel José García Alconchel, que recibió el contacto del cuñado.

Este habría recibido 53.130 euros entre 2019 y 2022 de Servinabar, según la UCO, que apunta a que en marzo de 2020 el Ministerio de Transportes expidió un certificado a su favor "para facilitar su incorporación como peón especialista" en los trabajos de una obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla.

Además de presuntas contrataciones, la Guardia Civil también ha señalado en su informe que Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Cerdán. El informe apunta decenas de pagos de la familia Cerdán cargados a la cuenta de esta empresa, según una escritura localizada en un registro, aunque él asegura que nunca se llegó a formalizar.

Según las autoridades, hay pagos asociados a una tarjeta de Servinabar que por sus características y por la localización del establecimiento son atribuibles a la familia entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, el día antes de que se destapase el caso y Koldo García fuese detenido.

Hay 49 pagos por importe total de 7.470 euros en un restaurante de Madrid, así como desembolsos en Ibiza durante las vacaciones de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022 -un total de 1.795 euros- y también en Tenerife en agosto de 2023, por una suma de 1.259 euros.

La UCO menciona la conversación en la que Antxon Alonso muestra "cierta preocupación" a su mujer. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó Antxon Alonso en un mensaje de septiembre de 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este viernes dos sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Los agentes también han acudido a las instalaciones en Sevilla de una empresa relacionada con la trama para requerir documentación, y han registrado asimismo las cooperativas Noran y Erkolan, en San Sebastián, según fuentes próximas a la investigación.

Según las fuentes, se trata de una pieza separada a la investigación que dirige el magistrado contra Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas.

El ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán lleva en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, investigado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

A lo largo de la causa, los investigadores de la UCO han puesto el foco en varias obras públicas de la constructora Acciona.

Al enviar a prisión a Santos Cerdán, el juez resaltó las obras adjudicadas a Acciona que estarían bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostuvo que "el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para" Ábalos y Koldo García se sitúa en torno a un millón de euros.

Destacó el "elocuente denominador común" de las obras presuntamente amañadas en diferentes provincias (Logroño, Sevilla, Murcia, Barcelona): todas fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que concurría en UTE con empresas de menor envergadura, sin que en ningún caso la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, sino que fue favorecida por criterios de valoración subjetiva.

El magistrado requirió a esta empresa los expedientes de adjudicación de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y dos en Murcia.

Entre las adjudicaciones investigadas figura el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, en el que Koldo García, y "especialmente" Santos Cerdán, según la UCO, tendrían interés.

Y en relación a una de las cooperativas a las que ha acudido este viernes la UCO, Noran, aparece en el informe policial que derivó en la imputación de Cerdán, quien tendría poder de decisión sobre la misma.

Según la UCO, esta cooperativa la habría constituido el exasesor ministerial Koldo García junto a Antxon Alonso, administrador de otra empresa, Servinabar, y vinculado a Cerdán. También está investigado en el Supremo.

Ambas empresas estaban vinculadas a la ejecución del proyecto Mina Muga, según la UCO, que destacó en un informe que Noran recibió 360.165 euros de Servinabar.

El empresario Antxon Alonso ha reconocido al juez que el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán firmó un documento para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca se ejecutó, y ha situado al ex asesor Koldo García como comisionista para obra privada antes de llegar al Ministerio, según informa EFE. Alonso ha comparecido este lunes como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente junto a Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021.

Al término de sus declaraciones, en las que ambos han negado el pago de mordidas a la trama por adjudicaciones públicas, el juez les ha impuesto como medida cautelares la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el jugado.

El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar. Pero en su comparecencia en la que solo ha respondido a su defensa, ha confirmado la versión del ex dirigente socialista, es decir, que firmó el documento, en un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán dio marcha atrás y rompió su documento. Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero dejando claro, eso sí, que no tenía ningún valor, por tanto, él fue siempre socio único.

De Servinabar, fundada en 2015 para un proyecto en una mina, ha subrayado que siempre hizo obra privada y que la UCO no aprecia irregularidad alguna en la única obra pública que consiguió. Operaba en Navarra, si bien desconoce si Koldo le llamaba 'guipuchi', como figura en los audios y mensajes, porque él es de Bizkaia.

También ha explicado que Servinabar concurrió en UTE con Acciona en 20 concursos, de los que fue adjudicataria en cinco, las cuales fueron auditadas, si bien ha destacado que ninguna de estas obras está investigada por la UCO, según fuentes jurídicas.

Antxon Alonso, de esta forma, ha venido a confirmar en líneas generales la versión de Cerdán ante el magistrado asegurando que eran buenos amigos y que le ofreció vivir con él en un piso "modesto" de alquiler que tenía en Madrid, cuando se desplazó a la capital por trabajo. De lo que no ha hablado es de los contactos con el PNV y EH Bildu, que reveló el ex dirigente socialista al juez.

Lo que sí ha reconocido es que pagaba a Koldo un sueldo mensual sí éste le presentaba negocios de obra privada, es decir, ha ubicado a Koldo como un comisionista y siempre antes de su etapa en el Ministerio. Trabajó con él nueve meses, hasta enero del 2017

También ha admitido que hizo una donación esporádica de 4.500 euros a la Fundación Fiadelso, que el ex ministro Jose Luis Ábalos reconoció ante el juez, por motivos fiscales, pero como hizo con otras entidades, como equipos de fútbol femenino y Save the Children.

Por su parte, Merino, de quien la UCO destacó su posible influencia sobre Koldo para conseguir obra pública, ha negado haber pagado mordidas a Santos Cerdán, Ábalos o ningún investigado, y ha subrayado que no tenía capacidad de decisión sobre las obras a las que se presentaba Acciona o las empresas con las que concurría en UTE. Él, ha dicho, reportaba al jefe de zona Norte en la empresa.

Entre estas empresas con las que Acciona concurrió en UTE estaba Servinabar y, según Merino, se presentaron con ella porque era una constructora local y era una "práctica habitual" que para obtener adjudicaciones se implique a una empresa de la zona, añaden las fuentes.

Merino, que ha contestado a su abogado, al fiscal y al juez, ha explicado que conoció a Cerdán en 2014, en una ronda de presentaciones habitual con los "agentes sociales". Entonces, ha dicho, Cerdán estaba en la oposición en el Parlamento navarro y nunca cenó con él; quizá -ha reconocido- alguna vez se tomó un "pincho".

Ha señalado que las obras del ámbito nacional que adjudicaba el Ministerio no le competían, ha rechazado que algunas de las que se investigan entren en su ámbito de actuación y ha dicho que otras que aparecen en el informe de la UCO son privadas.

Conocía a Koldo de Navarra, aunque nunca le dijo que trabajase para Servinabar, ha aseverado Merino, y se ha desvinculado del documento llamado M.Fomento que este le envió, con nombres de diferentes cargos cuando José Luis Ábalos llegó al Ministerio, al señalar que el exasesor se lo mandaría por error porque a él no le aportaban. Ha indicado que desconocía que Koldo le llamase "el cordobés" y ha reconocido que en una ocasión acudió a él para saber cómo estaba un expediente.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado en comisión parlamentaria que la Administración foral "en ningún caso" podía conocer el supuesto acuerdo privado de Santos Cerdán sobre el reparto societario de la empresa Servinabar que la UCO "señala haber encontrado en un registro", según informa EFE.

Chivite ha comparecido en la comisión del Parlamento de Navarra a solicitud de UPN para exponer el proceso de adjudicación de las obras de los túneles de Belate, tras el registro de la UCO a la empresa Servinabar y antes de que se conociera que el juez envía a prisión a Santos Cerdán. En su comparecencia, ha resaltado que ni la presidenta del Gobierno de Navarra ni los consejeros de Cohesión Territorial adjudican obras: "No formamos parte ni de órganos ni de mesas de contratación, tal y como viene contemplado en la propia ley de contratos".

La presidenta ha expuesto el proceso seguido para la adjudicación de las obras de Belate, en el que la licitadora con mayor puntuación fue la UTE compuesta por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000.

Los técnicos consideraron que esta licitadora tenía la solvencia necesaria para acometer el desdoblamiento de Belate teniendo en cuenta un túnel de la A23 en Aragón que tiene características similares y que fue ejecutado asimismo por esta UTE.

Tres vocales, ha apuntado, emitieron sendos votos particulares alegando que la obra del túnel de Aragón, excluyendo accesos y otras vías, queda por debajo de los 65 millones que se marca como criterio de solvencia, por lo que advirtieron de esta circunstancia.

Como los vocales técnicos sí creían que la solvencia había sido debidamente acreditada y eran mayoría en la mesa, el procedimiento de adjudicación continuó adelante y se elevó una propuesta de adjudicación a la UTE por más de 62 millones.

El director general de Obras Públicas e Infraestructuras recibió esa propuesta junto con un informe de fiscalización elaborado por el interventor delegado, que era a su vez miembro de la mesa de contratación y uno de los autores de los votos particulares. Esta intervención delegada fiscalizó positivamente el expediente pero, habida cuenta de la existencia de votos particulares, formuló un reparo no suspensivo.

Al objeto de clarificar la propuesta se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un certificado que refleje cuál es la valoración económica del túnel de la A23, y comunicó que su presupuesto es de 118,8 millones de euros.

Ese certificado, ha dicho la presidenta, "avala el criterio de los ingenieros de la mesa de Belate y, por tanto, la suficiente solvencia técnica de la adjudicataria". El director general firmó la resolución de adjudicación para Acciona Construcción SA, Excavaciones Fermín Osés SL y Servinabar 2000 SL.

La presidenta también ha comparecido a petición del PP para exponer las "relaciones y contactos entre el Gobierno de Navarra y las empresas que aparecen en el recientemente publicado informe de la UCO".

Chivite ha manifestado al respecto que el informe de la UCO no es público y ha resaltado que la fase de instrucción tiene carácter reservado, según la ley de enjuiciamiento criminal, por lo que "obviar ese carácter de reserva, dice el juez, podría tener incluso carácter delictivo". "No quiero ser cómplice de este sistema de filtraciones interesadas que, en mi opinión, torpedean el buen hacer de la Justicia", ha dicho.

El discurso periodístico mayoritario ha atribuido los más recientes escándalos de corrupción a una red de políticos sin escrúpulos. De los corruptores ya se va diciendo algo más que hace unos años. Pero se dedica escaso tiempo a estudiar el entramado entre ciertas corporaciones y el Estado, ese espacio relacional que da lugar a matrimonios de conveniencia con deslices pautados. Dicho espacio es profundamente político: tanto o más que un secretario de Organización.

Las constructoras se sitúan ahí. Oficialmente adalides del libre mercado, se organizan en torno a una patronal, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), por la que han pasado presidentes, como David Taguas, que habían sido asesores gubernamentales cualificados. El enorme flujo financiero desde la entrada en la actual Unión Europea y la importancia que se ha dado a la obra pública en España condujo, en 1992, a la formación de un cártel que agrupa a Acciona, ACS, FCC, OHLA, Ferrovial y Sacyr. Un repaso al origen y a algunos dirigentes de estas compañías revela que para tener éxito en el capitalismo español hay que creer en la política. 

Acciona fue fundada en 1997 a partir de la absorción de la empresa Cubiertas y MZOV por Entrecanales y Távora, originada en el desarrollismo primorriverista y concesionaria de obras públicas franquistas. El presidente de Cubiertas hasta 1995, Eduardo Serra, fue nombrado en 1996 ministro de Defensa del gobierno de Aznar; el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros, delegado de la Marca España con Rajoy, pudo haber sido presidente de Acciona pero tuvo que conformarse como consejero.

Acciona cuenta en su consejo de administración y en su alta dirección con todo tipo de apellidos ilustres: Fernández Cuesta, Fernández Villaverde, Vega-Penichet, Sanjurjo… En su estructura figura también un coronel, Manuel Sánchez-Corbí, antiguo número uno de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), precisamente la que investiga la supuesta trama dentro del Partido Socialista. Otros nombres son el exministro socialista y antiguo jefe de la OTAN, Javier Solana, y Pío Cabanillas, ministro portavoz con José María Aznar e hijo de un titular de Información del franquismo.

El carácter político de ACS tampoco puede pasarse por alto. Un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, es el alma máter de este grupo, fundado a partir de la absorción de Dragados, que durante la dictadura había utilizado mano de obra forzosa. 

Compañeros de aventuras políticas de Florentino Pérez como Miquel Roca, padre de la Constitución Española, han formado parte del consejo de ACS, donde han recalado asimismo numerosos abogados del Estado e ingenieros, como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, aunque por un periodo breve. También ha recogido a Javier Monzón, aquel presidente de Indra imbricado en las entrañas estatales y cercano a la Familia Real.

Los reales habitantes de La Zarzuela han estado también cerca de Acciona y de la hoy llamada OHLA. José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de la primera, es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, cuya directora, Teresa Sanjurjo González, es consejera independiente de Acciona.

Por su parte, OHLA nació impulsada por Juan Miguel Villar Mir (fallecido en 2024), franquista adscrito a los tecnócratas y ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro. A su salida de Hacienda, se hizo gratuitamente con la constructora Obrascón gracias a Altos Hornos de Vizcaya, entidad de la que había sido presidente. Años después fundiría Obrascón con Huarte, autora de la cruz del Valle de los Caídos, y con Laín, para conformar OHL.

El ya fallecido exministro de Industria Josep Piqué fue un gran colaborador de Villar Mir en esta larga marcha. Le vendió Fertiberia desde la presidencia de ERCROS, la subvencionó como titular industrial del Gobierno de Aznar y terminó como vicepresidente de OHL. Otro de sus puntales ha sido Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo íntimo del rey Felipe VI.

Otra élite histórica anida en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Originada en una concesión municipal, la otorgada al inmigrante judío Ernst Koplowitz, Construcciones y Contratas, y en coalición sostenida con El Corte Inglés, contó con el asesoramiento de uno de los cerebros de la modernización española, el exministro socialista Miguel Boyer. Boyer acabó siendo vicepresidente de la filial FCC Construcción y miembro del consejo de administración de la cementera Portland Valderribas, también perteneciente al grupo FCC.

Por la presidencia de la constructora ha pasado el exministro centrista Marcelino Oreja, antiguo comisario de Transportes de la Unión Europea, y por su consejo, el exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros.

Los contratos administrativos permitieron también el nacimiento de Ferrovial. Su fundador, Rafael del Pino, había hecho de la importación de innovaciones y de su participación en el ejército nacional sus principales credenciales para hacerse con contratos de RENFE. La compañía surgió con el apoyo de su cuñado, Leopoldo Calvo-Sotelo (segundo presidente del Gobierno en el posfranquismo); de su primo, José María López de Letona –futuro ministro de Industria con Franco y gobernador del Banco de España durante la Transición–, y de Claudio Boada, que sería presidente del Instituto Nacional de Industria hasta 1974, nombrado precisamente por López de Letona.

Ferrovial movió su sede fuera de España tras convertirse en la multinacional que hoy es al calor de la obra pública. Aunque basó su decisión en razones estratégicas y no fiscales, lo cierto es que su traslado a Países Bajos le puede haber supuesto un ahorro fiscal de hasta 40 millones anuales de euros por las distintas exenciones de dividendos de filiales extranjeras en un país y en otro.

Su presidente ejecutivo es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, la tercera persona más rica del país en 2024, con un patrimonio estimado de 7.100 millones de euros (1.200 millones más que el año precedente), según Forbes. El cargo de vicepresidente lo ostenta el profesor Óscar Fanjul. Fanjul había sido alto cargo del ministerio de Industria con el socialista Carlos Solchaga, fundó Repsol y consta como uno de los cerebros de las privatizaciones. Su papel como gestor de la riqueza de la familia Koplowitz sugiere que los beneficios de las constructoras están en manos de una red de contactos reducidos. 

Este recorrido queda cerrado con una mención a la antigua Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos, Sacyr, que entró en el olimpo constructor tras adquirir otra histórica como Vallehermoso. Su gran impulsor, Luis del Rivero, había sido dirigente regional de Alianza Popular. En su consejo se ha sentado Demetrio Carceller, nieto del dirigente falangista y ministro del primer franquismo que fue fundador de Cervezas Damm. También altos cargos del sector público, como Marta Silva de Lapuerta, abogada del Estado, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta e hija de Federico Silva, que aprobó el Plan de Autopistas Nacionales de España. Silva de Lapuerta fue miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, donde Del Rivero fue vicepresidente. Al frente de todos ellos, en ese palco que sugiere ser una tercera cámara parlamentaria, ha estado casi siempre Florentino.

El cártel de estas grandes multinacionales, armado con cemento, ha construido mucho más que carreteras y conexiones clave con las instituciones que se deben al voto de los electores.  

Detrás de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán asoma el sistema. Una persistente red de intercambio entre la Administración y un puñado de grandes empresas. Una relación íntima que caracteriza el capitalismo español.

Se trata de un cártel que ha establecido una regulación paralela de los contratos con el Estado, y que rescata la vigencia del ensayo La lucha contra los monopolios, con el que el hoy nonagenario y regeneracionista oscuro Ramón Tamames empezó a hacerse célebre. Constructoras como ACS, FCC, Sacyr, OHLA, Ferrovial y Acciona se han enriquecido con el reparto de concesiones estatales desde 1992, en un periodo en el que la euforia financiera nos ha dotado de muchas infraestructuras que al menos nosotros no necesitábamos. Pero, desde mucho antes, varias de estas ahora gigantescas entidades ya reinaban en la carretera. 

Acciona, la marca que hasta ahora patrocina principalmente la mencionada trama, tiene una trayectoria ligada a la evolución del capitalismo nacional. Se trata de una de las empresas que han demostrado ser más innovadoras, pero, al mismo tiempo, más dependientes de lo público. La dinastía propietaria colinda con sectores dominantes de ayer, de ahora y de siempre, y ha trabado nexos con las élites políticas de todas las épocas.    

Para entender el origen de Acciona hay que retrotraerse a los años veinte del pasado siglo. A un periodo desarrollista como el de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. A finales de la década, un brillante ingeniero de Caminos, el bilbaíno José Entrecanales Ibarra, utilizó por primera vez en España el aire comprimido para reformar el puente sevillano de San Telmo. A partir de ahí, y en compañía del empresario Manuel Távora, fundaría Entrecanales y Távora, uno de los emblemas de la construcción de obra pública en el franquismo, que, con un eslogan de “excelencia técnica”, fue uno de los pilares de las obras públicas, como las de las bases militares de los Estados Unidos, las centrales nucleares o las térmicas, y numerosos embalses, puentes, presas, vías ferroviarias… 

Entrecanales y Távora siempre rivalizó con Ferrovial, la criatura de Rafael del Pino, otro importador de innovaciones, en conseguir contratos de obra pública en plena modernización autoritaria. Y, en una España en la que inventar o copiar no era suficiente para ser el elegido de la Administración, el “mestizaje” que el fundador ha defendido como principal legado técnico tuvo que aplicarse también a las relaciones institucionales. Pese a que los Entrecanales no figuraron nunca entre las ternas a ministros, sus miembros se conectaban con parte de la burguesía nacional, pero también de la republicana más moderada. 

José Entrecanales estaba casado con María de Azcárate, descendiente de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Su hermano Justino de Azcárate, exministro liberal de la Segunda República, era propietario de una finca en la Sierra de Gredos llamada La Dehesilla. Justino reunía los fines de semana a todo un elenco antifranquista alejado de la dirección del PCE. Sus nombres son relevantes, pues dirigieron la transición económica: Miguel Boyer, Mariano Rubio –entonces casado con Isabel, hija de Justino–, Manuel de la Concha, Pedro Schwartz, Alberto Oliart, los hermanos Garrigues-Walker, los Fernández Ordóñez, los Solana… Entrecanales, cuñado de Justino, figuraba, junto con Rafael Del Pino y algunos ministros franquistas (como José María López de Letona), entre los padrinos más discretos de este grupo modernizador. 

La familia Entrecanales, con la entrada de los dos vástagos, Juan y José María, colaboró con la modernización mediante el impulso al Círculo de Empresarios, la patronal menos reactiva contra el PSOE, y con la Asociación para el Progreso de la Dirección, foro inspirado por Estados Unidos. A finales de los noventa, José María fundó Acciona al fusionar la gran empresa familiar con la de Cubiertas y MZOV. Invirtió en telefonía y llegó a presidir Vodafone. 

El crecimiento y la internacionalización de Acciona no cesó durante los años dorados del boom bursátil y la liberalización financiera. La compañía se diversificó a sectores como las energías renovables, la gestión de residuos, los servicios, e incluso las bodegas, como prueba el matrimonio de José María con Blanca Domecq, de familia noble, latifundista y ganadera –y gran receptora de fondos de la Política Agraria Común–.

En 2006, y como ha sintetizado el sociólogo Rubén Juste, la burbuja de la construcción llevó a algunas de las constructoras a utilizar el excedente obtenido para acumular kilowatios: Acciona participó entonces en la lucha por el control de Endesa. Los Entrecanales acordaron con la italiana Enel una OPA conjunta para hacerse con la mayoría de las acciones de aquella y suturar una pugna que había hecho saltar en pedazos la Comisión Nacional del Mercado de Valores bajo el Gobierno Zapatero.  

La familia Entrecanales es una de las más ricas de España: controla hasta el 55% de Acciona. En su consejo se sientan apellidos eternos como los Sanjurjo, Sendagorta, Arango (familia fundadora de VIPS), Dancausa, o Vega-Penichet. Las finanzas de los Entrecanales están a buen recaudo, pues las dos ramas descendientes del fundador optimizan el pago de impuestos a través de instrumentos financieros refugiados en Holanda. En este aspecto coinciden con otra saga como la de los Del Pino en Ferrovial. 

Entender Acciona es comprender la esencia del capitalismo y del modelo productivo español. Las tramas corruptas que hoy chillan en las portadas de la prensa no son sino un residuo de estructuras más veteranas y estables, una cara de la que no se habla tanto. Junto a la accidentada evolución de la España del siglo pasado figura la trayectoria de una familia difícilmente separable del Estado. No es la única ni será la última.

La Guardia Civil halló en el registro efectuado el pasado martes al empresario Antxón Alonso una escritura de 2016 en la que Santos Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de la sociedad Servinabar 2000 SL, la constructora navarra en el centro de la trama señalada en su último informe sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Este hallazgo se produjo en los registros realizados el pasado 10 de junio en los que también acudieron a la casa en València del exministro José Luis Ábalos.

Servinabar 2000, administrada por Antxón Alonso, de quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que podría haber abonado "contraprestaciones" al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y a quien este último implicó a su vez en pagos al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Según el acta de registro, al que ha tenido acceso EFE, los agentes hallaron una escritura, fechada el 1 de junio de 2016, en el que Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000. También encontraron 16.180 euros en efectivo repartidos en paquetes de billetes de diferente importe.

La empresa Servinabar aparece en el último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo como la "vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".

La Guardia Civil cree que Antxón Alonso "pudiera haber abonado contraprestaciones" al exministro Ábalos y a su exasesor "mediante la utilización de sus empresas", y sospecha que Cerdán "tenía poder de decisión" sobre Servinabar y Noran Coop "para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades como vehículos y teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid".

Sobre dicho alquiler, en el informe consta un mensaje de Koldo a Cerdán de septiembre de 2017 con un enlace a un piso en Madrid. "Tras contestar Santos que también podrían ver ese inmueble, le indicó a Koldo que finalmente el apartamento lo cogería Servinabar", dice la UCO.

Koldo García, en una conversación con Ábalos el 23 de noviembre de 2023, indicó que también Santos Cerdán habría recibido dinero de este empresario: "(...) Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí (...) Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Gipuzkoa (Antxón) y mil cosas más".

Y en otra mantenida con Cerdán dos años antes, en enero de 2021, ambos coincidían "en que Ábalos habría recibido pagos" de 550.000 euros, "además de otros 70.000 euros". Este último pago, según Koldo, "habría sido entregado por Antxón", dice el informe.

La UCO ya advirtió al juez de la posibilidad de que este empresario guardase dinero en efectivo. En su casa encontraron 16.180 euros divididos de la siguiente manera: dos paquetes de cien billetes de 50 euros, otro de 27 billetes del mismo importe; nueve billetes de 200 euros; cincuenta billetes de 50 euros; 22 de 20 euros y, por último, 9 billetes de 10.

Los agentes subrayan en su informe la "importancia" de Alonso -a quien Koldo se refería como "guipu" o "guipuchi"- y "sus vínculos directos" con Koldo y Cerdán.

Alonso está relacionado con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar, "cuya actividad económica conocida está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido" esta última con Acciona.

Este empresario y el ex asesor ministerial constituyeron ya en 2015 la cooperativa Noran Coop, el mismo día que se firmó la encomienda para tramitar las concesiones de una explotación minera entre Navarra y Aragón, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de su colaboración con Acciona. 

El informe de la UCO conocido la pasada semana está provocando un terremoto en la política nacional y también, aunque en menor escala, en el ámbito empresarial. El coste reputacional de un escándalo de corrupción para una empresa se traduce en serias consecuencias económicas, más si la compañía es una cotizada como Acciona. Pero también hay otras como Levatina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR), Servinavar o Aridos Anfersa, detrás de las que operaban los presuntos empresarios corruptores. Fernando Merino (Acciona), Daniel y Antonio Fernández Menéndez (OPR), José Ruz (LIC), Juan Carlos Etero o Antxon Alonso (Servinavar) son algunos de los nombres propios que aparecen en las más de 400 páginas de investigación policial.

Merino era el Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, una empresa cotizada que se dedica a construcción y los servicios, y que acaparaba gran parte de los contratos vinculados con las presuntas mordidas. Su primer contacto con Koldo es en 2015, según la Guardia Civil, y un año después, en la agenda de Koldo, aparecen anotaciones del tipo: “Llamar a Fernando de Acciona tomar café, tema dinero”. El informe de la UCO sostiene “que la relación entre Acciona y Koldo se remonta a la etapa de este en Navarra, marcada por una clara dependencia de este último, tanto laboral como personal, de Santos”, concluyen. 

La investigación sobre Merino se realiza por la posible influencia que este habría ejercido sobre Koldo y que tendría como objetivo conseguir para Acciona contratos públicos. En concreto, se señala la constitución de una UTE con Servinabar para construir una mina en Sangüesa, las obras de adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona y la licitación de obras en la Ronda Sur de Logroño. “Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros”, señala el informe. 

“Del asunto del expediente parece que hay un funcionario pidiendo aclaraciones o cosas, es importante no dejarlo”, le escribe Merino a Koldo en relación con una obra de modificación de la A-32 Linares - Albacete. El directivo de Acciona buscaba agilizar los trámites para evitar la diligencia del funcionario, pese a que Koldo le tranquilizaba señalando que los trámites iban “muy bien”. Sin embargo, Merino insistía en que el exasesor de Ábalos le diese “un empujoncito a los amigos”. 

Tras conocerse la información, la compañía señaló que el directivo había sido expulsado de la empresa en 2021, aunque sin precisar motivos. Este mismo lunes también han despedido a Justo Vicente Pelegrini, responsable de Acciona Construcción España por “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. 

Merino también introdujo en la trama a otros empresarios. En concreto a los hermanos de su mujer, Daniel y Antonio Fernández Menéndez, gerentes de OPR. Esta última empresa era una de las que proporcionaba un sueldo a la esposa del exasesor de Ábalos por importe de 1.300 euros a través de una tercera (Áridos Anfersa). En las conversaciones que recoge la UCO, el empresario insiste a Koldo para que se reúna con Daniel y Toño [Antonio] Fernández y el informe también recoge que estos se habrían reunido en el Ministerio de Transportes tras dicha mediación.

Una vez dentro del engranaje, gracias a la mediación de su cuñado, los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, operaban en calidad de administrador y apoderado de OPR respectivamente. Comenzaron a reunirse con Koldo para explotar la influencia del exasesor en Adif y en la Dirección General de Carreteras y conseguir, presuntamente, contratos públicos de forma ilícita. En una de esas mediaciones, Antonio Fernández le escribe a Koldo para reprocharle que su empresa ha quedado “de nuevo en penúltimo lugar” en la licitación de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. “Si hace falta cojo el coche voy donde haga falta, ya a nivel personal”, le dice a Koldo. “De estos extremos se infiere que Antonio Fernández Menéndez estaría recriminándole a Koldo la posición en la que había quedado su oferta en las licitaciones”, señala la UCO. 

En esa ocasión no consiguen su objetivo y otra empresa se llevó la licitación, por eso ponen el foco en otras regiones: “Estoy empujando en Asturias”, le dice Javier Herrero (Director General de Carreteras) a Koldo tras informarle de que la posición de OPR en Extremadura había sido “muy muy floja”. El exasesor escribe entonces a Antonio Fernández para decirle que “Asturias está muy bien, iremos por allí”, a lo que este último responde “Me gusta la fabada Asturiana!”. Así es como presuntamente comenzaría a amañarse una licitación de 7,3 millones de euros para construir un tramo de calzada. “Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias”, le dice Herrero a Koldo unos días más tarde.

“Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos”. La frase la escribe Daniel Fernández Menéndez y se la envía Koldo. Lo hace porque se había desprendido un talud en el tramo Monforte-Lugo tres años después de que la UTE formada por OPR y ASCH Infraestructuras y Servicios hubiesen realizado la obra. Fernández le pide a Koldo que le adjudiquen a su empresa (OPR) la reparación: “La obra es para la UTE, pero las emergencias se adjudican a una sola empresa y prefiero que sea a OPR que a ellos”. Según la UCO, lo que David Fernández intentaba señalar es que “Ángel, (en presumible referencia a Ángel CONTRERAS, Presidente de ADIF en esa fecha) sabía que les habían detraído 600.000 euros del expediente original, por lo que debía ayudarles”, recoge el documento. 

José (Pepe) Ruz Martínez poseía un 20% de la empresa valenciana Levantina Ingeniería y Contrucción (LIC). Entra en la trama en 2019 con un mensaje a Koldo: “No nos conocemos, pero me gustaría si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión con usted”, reza un correo electrónico suyo. Cuando Koldo accede a recibirle, la relación empieza a fluir y su contacto se estrecha: “En lo que te pueda ayudar, considérame a tu lao”, le dice a Koldo en un mensaje de WhatsApp.  

José Ruz: Buenas, jefe, me tengo que sacar billete de ave para este jueves, para ir a Madrid?

Koldo: Si

José Ruz: A la orden, como un clavo. Yo como si tengo que estar de madrugada. Como para que yo ponga condiciones. 

En las pesquisas de la UCO señalan que (LIC) presuntamente habría efectuado pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023 a Koldo “realizados mediante la contratación de este por parte del empresario Juan Carlos Etero”. Además, una parte de este dinero se habría transferido también al exministro José Luis Ávalos. “Se desprende que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José RUZ) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos”, señala el informe de la Guardia Civil. 

La docilidad de Ruz en su trato con Koldo, que se intuye de las conversaciones intervenidas, tendría que ver con las ventajas que obtenía el empresario y que se pagaban, presuntamente, en forma de contraprestaciones a Koldo y Ávalos. En este hilo de la trama, la Guardia Civil apunta a que se habrían utilizado teléfonos desechables, a los que se referían como “el café” o “la cafetera”. “Mira el café”, le señalaba Koldo a Ruz, mientras este replicaba: “Estoy en ello, pero no suena”. Los nombres en clave también eran otro código habitual, refiriéndose por ejemplo a Víctor Aldama como “niño” o “pitbull”.

En la trama relacionada con LIC también aparece el empresario Juan Carlos Etero, quien supuestamente mediaba entre la constructora y Koldo. Este último habría simulado la contratación del exasesor, dándole de alta en la Seguridad Social para canalizar el sueldo de 2.600 euros. Posteriormente, LIC le abonaba a Etero mediante pagarés o facturas esta “nómina”. Los problemas llegaron cuando Ruz se retrasaba en los pagos y Etero tenía que adelantar el dinero: “Koldo estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con PEPE [José Ruz] que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo por qué estar sin cobrar”, le dice Etero a Koldo en un audio intervenido. “Que monte otra empresa, que haga lo que quiera y que te dé solución a lo tuyo”, concluye. Poco después, la UCO apunta a que podrían haber cesado los pagos. 

Antxon era administrador de Servinavar, una empresa de tamaño medio dedicada a la construcción y cuya sede ha sido registrada esta semana por la Guardia Civil. Además, este empresario había creado previamente con Koldo la sociedad Nora Coorp, en la que este último figuraba como titular de una cuenta bancaria. “El devenir del escrito va a revelar también la importancia de Antxón y sus vínculos directos con Koldo y Santos”, detalla el informe de la UCO, que insiste en que “Antxon, mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y a Ábalos”. 

Pese a ser una empresa pequeña, Servinavar participó en varias licitaciones junto con Acciona y de la mano de Fernando Merino. De hecho, en una nota intervenida en el calendario de Koldo bajo el rótulo “Temas con Antxón”, aparece escrito “si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”.

El lenguaje de la trama también evoluciona a medida que se van sucediendo acontecimientos. Por ejemplo, de la formalidad de Ruz en su primer contacto (“me gustaría si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión con usted”) fechado en marzo de 2019; hasta el “Buenos días Jefe. Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro [en referencia a Santos Cerdá] y que yo hable con él directamente”, que el empresario le manda a Koldo en marzo de 2022, hay un evidente cambio de tono. También en las maneras de los hermanos Fernández Menéndez hay un cambio. Pasan de tener que esperar en el control de seguridad del Ministerio cuando aún nadie les conocía, a mandarle a Koldo un "Tomaaaa" y un “Vamos” cuando se enteran del nombramiento de un presidente de Adif (Ángel Contreras) que presuntamente les favorece.

Acciona ha despedido a Justo Vicente Pelegrini, hasta la fecha director de Construcción para España, después de que haya sido vinculado con la trama del caso Koldo, y apunta a una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección, según informa EFE.

Igualmente, y según ha detallado este lunes en un comunicado, ha decidido iniciar los trámites para la resolución de los contratos y acuerdos de asociación vigentes que relacionan a la compañía, y eventualmente a cualquiera de sus filiales, con Servinabar 2000 S.L., empresa objeto de investigación en la causa instruida en el Tribunal Supremo dentro de las supuestas irregularidades de licitación pública.

En su escrito, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de infraestructuras dice tomar esta medida en relación a las informaciones públicas que vinculan a un ex empleado de Acciona Construcción con supuestas irregularidades en procesos de licitación pública relacionados con el caso Koldo.

Acciona señala que la medida responde al incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción de "respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia".

"En la medida en que este incumplimiento revela una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección, ha decidido poner fin a la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta la fecha director de Construcción para España", apunta el texto. El directivo aparece citado en las escuchas de la UCO sobre la citada trama.

Asimismo, la empresa señala que esta medida no "prejuzga eventuales responsabilidades legales ni responde a conclusión alguna de la investigación interna, aún en una fase inicial".

Este comunicado se suma al emitido el pasado jueves por Acciona, en el que aseguró desconocer los hechos investigados por el Tribunal Supremo, que relacionaba a la empresa con supuestas contraprestaciones económicas al dimitido secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de contratos públicos.

En aquel comunicado, la empresa señaló que había abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades.

Concretamente, el grupo de infraestructuras expresó su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por haber sido incluida su filial Acciona Construcción entre las empresas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pudieron haber abonado esas contraprestaciones.

Las presuntas comisiones ilegales que emanaban de empresas hacia la trama de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no salen únicamente de la compañía cotizada Acciona. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se conoció este jueves, recoge que Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recibido presuntas contraprestaciones ilegales de Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) y de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

El documento recoge pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023 de la empresa LIC a Koldo, “realizados mediante la contratación de este por parte del empresario Juan Carlos Etero”. Además, identifica otro pago recurrente de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de junio de 2023. Este último lo realizaba OPR a la entonces mujer de Koldo, Patricia Uriz Iriarte, “mediante su contratación por parte de la empresa Áridos Anfersa”.

La relación entre estas dos empresas se establece por medio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Motril Sur, constituida en junio de 2021 y que, tal como figura en el depósito de cuentas, está conformada por OPR y Áridos Anfersa. La esposa de Koldo llegó a cobrar durante casi un año un total de 13.796 euros en concepto de “nómina” de la empresa, pese a que la Guardia Civil señala que no realizaba ninguna actividad.

El tejido de empresas implicadas en este apartado pertenece al sector de la construcción. LIC tiene su sede en Valencia y la trama comienza cuando el empresario José Ruz (antiguo propietario de la empresa) empieza a estrechar relaciones con Koldo en 2019. “Buenas, jefe, me tengo que sacar el billete para el jueves, para ir a Madrid", le escribe a Koldo. Más adelante, la UCO constata que comenzaron a utilizar móviles desechables para comunicarse. Aquí también aparece Víctor Aldama (al que se referían como “el niño”), y quien según la Guardia Civil habría mediado entre ambos en un primer momento. Paralelamente, José Ruz también se habría estado reuniendo con el propio José Luis Ábalos, al que aun después de su salida del Ministerio de Transportes se referían como “el jefe”. 

La vinculación entre Ruz, Koldo, Ábalos y Aldama lleva directamente a la Guardia Civil a analizar los contratos con el Ministerio de Transportes. Aquí se constatan gestiones que Koldo realiza para Ruz. Por ejemplo, en octubre de 2020 el empresario le pide al asesor que contacte al director general de Carreteras, Javier Herrero, para preguntar por el cobro de una obra que se había adjudicado previamente a LIC. Koldo lo hace. Como el pago se retrasa, el asesor se ofrece a acompañar a Ruz en la reclamación ante los funcionarios pertinentes. Cuando lo consiguen, Herrero le escribe a Koldo: “Lo podremos cerrar pronto. Ya se lo dije a Pepe (José Ruz)”.

Estas conversaciones, según la UCO, “demuestran que la intermediación de Koldo en favor de los intereses de José Ruz habría surtido efecto”. Otro ejemplo de mediación es el caso de ADIF, en el que Isabel Pardo de Vera departía con Koldo, que intercedía por Ruz en relación con una obra en Elche. “Una cosa, LIC tiene la reclamación que te di y no le dicen nada de Elche. Por favor que le digan algo si la vais a resolver, aunque sé que tiene razón él”, reza un mensaje de WhatsApp a la presidenta de Adif en enero de 2021. 

En el caso de la otra empresa implicada, OPR, los favores llegaron por medio de su conexión con Acciona. Cuando se produjeron los hechos, esta empresa dedicada a la construcción de proyectos de ingeniería civil, estaba administrada por Antonio y Daniel Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona. Fue Merino quien escribió a Koldo para ponerle en contacto con los gerentes de OPR. “Tras ser introducidos a Koldo […] los contactos con el entonces asesor de Ábalos fueron recurrentes, manteniendo numerosas reuniones y discutiendo aspectos relacionados con diferentes obras licitadas por el Ministerio de Transportes”, recoge la UCO.

Uno de los aspectos que discuten es la posición en la que la empresa OPR ha quedado en la licitación de una obra en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. “Ya salió la apertura. Hemos quedado de nuevo en penúltimo lugar”, le recrimina Antonio Fernández a Koldo. La UCO apunta a tres obras más en las que presuntamente existieron irregularidades y trato de favor: una en Asturias, para la construcción de un tramo de calzada por valor de 7,3 millones de euros; otra en Úbeda (Jaén) y una más en Monforte (Lugo). El guion es el mismo: contacto, mediación de Koldo con las autoridades y resolución favorable. 

“Estoy empujando en Asturias”, le dice Javier Herrero —director general de Carreteras por aquel entonces— a Koldo. Lo hace en relación con una licitación que OPR había hecho para construir un tramo de calzada. Y como la compañía parecía quedarse lejos de conseguir la obra, le remite al exasesor otro mensaje: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”. Días más tarde, Herrero le escribe de nuevo a Koldo: “Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias”. El 30 de abril del 2019, OPR resultaba adjudicataria con la décima oferta más económica, con un presupuesto de 7,3 millones de euros. 

En el caso de los proyectos de Úbeda fue Fernando Merino, el directivo de Acciona, quien medió con Koldo para favorecer los intereses de OPR, en lugar de sus cuñados, que son quienes dirigían la empresa. En algunos puntos de la conversación, Merino le pide a Koldo que de “un empujoncito a todos los amigos”. El resultado: una resolución positiva. En esta trama aparecen otros nombres como el de Camino Arce Blanco, subdirectora general de Construcción: “Lo conseguimos!!”, le dice a Koldo en un mensaje. 

En Galicia, la licitación de la obra de modernización de la vía de ferrocarril en la localidad de Monforte también está salpicada por la presunta corrupción. Las supuestas prácticas irregulares se produjeron durante la presidencia de Adif de la gallega Isabel Pardo de Vera (2018-21), posteriormente secretaria de Estado de Transportes (2021-23). 

El documento, que tiene casi 500 folios, detalla más casos y señala que las gestiones no fueron gratuitas. El informe de la UCO apunta que las contraprestaciones de Koldo y su entorno habrían consistido “en la contratación de Koldo y su mujer, Patricia Uriz, sin que hubieran tenido que desempeñar función alguna”. LIC pagó a Koldo 2.600 euros mensuales entre septiembre del 2022 y junio del 2013. Por otra parte, OPR abonó a la mujer de este cobró durante casi un año un total de 13.796 euros en concepto de “nómina”. 

Según la Guardia Civil, la empresa LIC, a través del empresario Juan Carlos Etero, pagaba a Koldo 2.600 euros, pero parte de ese dinero acababa en las manos del exministro José Luis Ábalos. Una conclusión a la que los investigadores llegan por una conversación entre ellos donde Koldo le explica a Ábalos que no puede seguir pasándole dinero. “De dicha conversación se desprende que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José RUZ) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos, quedando lo restante en beneficio del propio Koldo”, subraya el documento.

El 12 de julio de 2021 Ábalos abandona su cargo, Koldo pierde su puesto como asesor y toda la trama cesa su relación laboral con el Ministerio, aunque no su influencia. Es aquí donde aparece Santos Cerdán, al que Koldo le pide ayuda para su ahora exmujer. “He pedido un favor para que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten”; a lo que Cerdán responde: “Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices”. La UCO apunta que meses después de esta conversación “se produjo la contratación de Patricia [Uriz] por parte de ÁRIDOS ANFERSA SL, sociedad que estaría directamente vinculada a OPR”. Estos pagos, más pequeños, forman parte de un conjunto mucho más cuantioso en cuyo centro estaría Acciona y que atraviesa toda la trama.

Que un ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, hayan podido decidir durante años contratos que dependen del Gobierno con una empresa del tamaño de Acciona a cambio de comisiones, como evidencia el informe de la UCO hecho público este jueves, es la mejor prueba de que el modelo de contratación pública en España está lejos de garantizar la limpieza de los concursos de obras y adjudicaciones que dependen del dinero público.

Cualquiera que haya intentado seguir el rastro del dinero, en particular las adjudicaciones de mayor cuantía, que tienen que ver sobre todo con obra pública, sabe de las dificultades que conlleva. Y de la falta de transparencia de la Administración a la hora de suministrar datos básicos sobre procedimientos, cuantías y beneficiarios, de manera accesible y completa. El funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es un buen ejemplo de ello, con un sistema de búsquedas extremadamente limitado, del que es imposible extraer una lista de empresas que tengan prohibido contratar con el sector público al pesar sobre ellas condenas de corrupción. No hablemos ya de saber con detalle en qué se ha gastado el dinero público, durante qué períodos de tiempo o a través de qué subcontratas.

Porque la ley establece límites que después es muy difícil comprobar, como prohibir contratar con el sector público a las personas físicas o jurídicas con condenas penales firmes por delitos como terrorismo, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo, malversación, tráfico de influencias o fraude fiscal o a la Seguridad Social, entre otros. Pero también si cometen infracciones graves en materias como disciplina de mercado, competencia, medioambiente y una larga lista de asuntos relacionados con el incumplimiento de condiciones esenciales, falseamiento o si sus administradores, familiares o personas vinculadas están incursos en incompatibilidades.

Para evitar que cualquier empresa o persona que no pueda contratar con el sector público lo haga de manera indirecta, la prohibición se extiende además a empresas que se consideren "continuadoras o sucesoras" de las inhabilitadas. Eso incluye filiales, empresas pantalla o sociedades sucesoras.

Pero para negarle la contratación hay que demostrar que la empresa en cuestión se constituyó o se utiliza con la finalidad de eludir la inhabilitación. No se presume automáticamente: hay que acreditar que existe un vínculo funcional o societario directo o indirecto, y que hay una intención o finalidad de eludir la prohibición.

Impedir el fraude de ley es aún más difícil si la empresa sujeta a prohibición utiliza una compañía ya existente. Únicamente se le puede prohibir también la contratación si se demuestra que se ha cambiado su finalidad "de forma sospechosa tras la inhabilitación" o si tiene una "unidad económica real".

Pero si una constructora, por ejemplo, está inhabilitada para contratar con el sector público, sobre el papel nada le impide seguir haciéndolo con otras sociedades bajo su control que ya se dedicasen a la misma actividad y contratasen con las administraciones públicas.

Protegida por la opacidad del sistema, la primera reacción de Acciona ha sido defensiva y en apariencia muy parecida a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Negar todo conocimiento, lamentar lo ocurrido e intentar establecer un cordón sanitario situando en el punto de mira al único directivo de la compañía citado, de momento, por los investigadores de la Guardia Civil.

El gigante empresarial expresó el mismo jueves su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por las conclusiones de la UCO, que señalan a Acciona Construcción, una de sus filiales más importantes, como el pagador de las comisiones ilegales más sustanciosas que habrían estado recibiendo durante años los supuestamente principales implicados en el caso Koldo.

La Guardia Civil apunta expresamente a Fernando Agustín Merino Vera, director del Departamento de Navarra y La Rioja de la constructora, y Acciona intenta marcar distancias subrayando que lo despidió el 12 de abril de 2021, aunque no precisa los motivos.

Para curarse en salud, Acciona asegura que "ante la posible elusión de los controles internos que se hayan podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan", señaló el grupo empresarial en su comunicado. ¿Cómo un directivo de la compañía ha podido gastar cientos de miles de euros en comisiones sin que la empresa se diese cuenta?

Y, en previsión de que las mordidas hayan podido hacerse realidad a través de uniones temporales de empresas con otras compañías, un procedimiento muy habitual en la contratación pública, asegura que en todas ellas establece siempre compromisos formales con carácter contractual de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo y debida diligencia por parte de todos sus integrantes.

Lo más llamativo es que, según Acciona, su cumplimiento se verifica y audita de manera constante, tanto con métodos internos como externos (como por ejemplo el servicio de Risk & Compliance de Dow Jones), lo que no parece haber sido suficiente en el caso que ha detectado la Guardia Civil. Son compromisos formales, subraya Acciona, que sujetan tanto a la propia compañía como a los miembros de todas las UTEs en las que participa.

El grupo empresarial asegura que tomará "las medidas legales oportunas" si en el transcurso de las investigaciones de las autoridades o de las que realice el propio grupo se confirmaran las informaciones publicadas que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte Acciona.

La compañía recalca que mantiene su compromiso de operar con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo que "siempre han guiado sus actividades y sus relaciones con las administraciones públicas y sus clientes privados". Y que, de nuevo, no parecen haber sido suficientes.

Igualmente, rechaza cualquier tipo de práctica irregular en materia de contratación y dice estar a disposición de las autoridades para colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos.

De momento, Acciona deberá responder al juez Leopoldo Puente, que ya le pidió el lunes, antes de que todo esto saliese a la luz, entregar los expedientes de adjudicación de cinco obras públicas relacionadas con las conversaciones grabadas a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos,cer así como una copia de los correos electrónicos de quien fuera director del Departamento de Navarra y La Rioja. Se trata de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y Murcia (dos).

La primera evidencia que encuentra la UCO de la relación del exdirectivo de Acciona investigado con Koldo García es un correo del 10 de septiembre de 2015, con copia a Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, en el que Agustín Merino le remitía sus dudas sobre un pliego y un futuro contrato relacionado con lo que denominó "la matriz de geoalcali" (Highfield Resources).

Los investigadores han comprobado que ese año Acciona Infraestructuras constituyó la UTE Sangüesa/Zangoza Services con Servinabar para construir la mina de Sangüesa. Y que en el mes de junio, Koldo García y Antxon Alonso constituyeron la cooperativa Noran Coop, el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de esta con Acciona.

La segunda de las obras llevadas a cabo por Acciona y Servinabar en Navarra fue la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona. Tras su llegada al ministerio, hay evidencias de que Koldo García envió a su contacto en Acciona información sobre la licitación de obras en la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete, que efectivamente fue adjudicada a Acciona, "indiciariamente a cambio del pago de un precio", según la UCO.

El informe de la Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán, sin cargo en el ministerio, recibía novedades de Koldo García sobre contrataciones públicas de Acciona y le trasladaba ciertas indicaciones para favorecer su adjudicación.

La UCO deja claro que Acciona remuneró esa información. Ábalos y Koldo, aseguran los investigadores, "habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos (Cerdán) como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando incluso a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria Acciona Construcción".

Para esa supuesta manipulación de los procesos de contratación, Koldo García, según la UCO, se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada por la contratación en dos empresas públicas de una expareja de Ábalos, y del director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano.

"Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros —de los que 70.000 no han sido asociados a ningún expediente en concreto—, si bien a criterio de Koldo (García) aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En concreto, 550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones de Adif a Acciona en Murcia, mientras que la cantidad que quedaría pendiente de abono se refiere a sendas licitaciones de la Dirección General de Carreteras en Logroño y Sevilla y a otra de Adif en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Al frente de Acciona está la familia Entrecanales, que controla en torno al 56% de las acciones a través de tres sociedades con sede en Países Bajos y España: Tussen de Grachten BV (vinculada a la familia de Juan Ignacio Entrecanales Franco, con un 29,02%), Wit Europese Investering (asociada a José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de la compañía, con un 26,1%) y La Verdosa, que concentra un 5,3% y representa a otras ramas familiares. El resto son inversores institucionales, fondos internacionales como BlackRock. Aproximadamente un tercio del capital está en manos de minoristas e inversores particulares.

Hace apenas cuatro meses, Juan Ignacio Entrecanales rompió el pacto que firmó en 2011 con su primo y presidente de Acciona, José Manuel, para dotar de estabilidad al capital de la compañía. Las dos ramas de la familia podrán, a partir de julio de 2026, disponer libremente de sus participaciones sin la obligación de ofrecérselas mutuamente.

El apellido Entrecanales es uno de los habituales en las listas de las personas más ricas de España desde hace décadas. Se calcula que la fortuna familiar asciende a 5.035 millones de euros, según un ranking publicado en febrero por el diario El Mundo.

La dimensión de Acciona es enorme. Sus ingresos consolidados en 2024 alcanzaron los 19.190 millones de euros (un incremento del 12,7% respecto a 2023), gracias entre otras cosas a las infraestructuras. El año pasado obtuvo, sin embargo, un beneficio neto de 422 millones de euros, un 22% menos que en 2023. La mayor parte proceden de su división Energía (357 millones).

Es una de las principales empresas españolas en infraestructuras y construcción, y forma parte del grupo de las grandes constructoras nacionales, solo por debajo de ACS y muy a la par de Ferrovial, OHL o FCC en proyectos de obra pública.

Y es una empresa global, con presencia en 65 países y cuya facturación depende sobre todo de negocios fuera de España. Según datos de la propia compañía, España aporta aproximadamente el 17% de los ingresos globales en los capítulos de construcción e infraestructuras, en los que destacan Australia, Asia y Pacífico (35%) y América Latina (22%).

Acciona sigue teniendo un peso relevante en España, sobre todo en el negocio de generación energética (37% de la capacidad instalada) y en actividad de infraestructuras, pero es ya una empresa predominantemente global, con cerca del 90% de sus ingresos generados fuera de España y una estrategia claramente volcada en concesiones internacionales (EEUU, Australia, América Latina). Aún así, en España mantiene activos clave, como los 5.718 MW instalados en renovables y una producción de más de 11.000 GWh, aunque su peso relativo dentro del grupo va disminuyendo frente a su expansión internacional.

“Necesitamos más referentes femeninos” es una de la frases que más ha resonado durante el foro Mujeres y ODS, el papel del liderazgo femenino ante los grandes retos globales, organizado este jueves por infoLibre con la colaboración de Acciona. Las brechas en el acceso a la educación que provocan que en muchas partes del mundo niñas y mujeres tengan limitada su entrada a las carreras STEM —las referidas a la ciencia y tecnología—, los estereotipos de género que hacen pensar que hay determinadas carreras que sólo son de hombres o la falta de modelos a seguir son algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa.

Según el informe Brecha Global de Género 2024 del Foro Económico Mundial se tardará 134 años en alcanzar la paridad. Por eso, en el encuentro se ha intentado recalcar la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones de cara a los retos que se presentan a futuro, recogidos dentro de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). Las investigadoras, afirma la ONU, tienden a desarrollar carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está infrarrepresentado en publicaciones destacadas, y, a la hora de ascender, a menudo no se las tiene en cuenta. No sólo eso: también suelen recibir becas de investigación menores y tienen menos reconocimiento que sus compañeros varones.

"El liderazgo femenino debe concebirse como un motor para impulsar los ODS y la igualdad debe impregnar cada uno de ellos", así recalcaba Jesús Maraña, director editorial de infoLibre la importancia de aspirar a sociedades igualitarias. "No se puede hacer un planeta mejor relegando a la mitad de su población al ostracismo", ha incidido Marta Jaenes, subdirectora del medio y moderadora del debate. Sobre la mesa, los obstáculos antes de comenzar sus estudios, los que se encuentran una vez dentro, pero también iniciativas que tratan de paliar esa desigualdad como Homeward Bound, un proyecto en el que participa Acciona que contribuye a visibilizar y potenciar el talento femenino para afrontar los grandes retos globales como la lucha contra el calentamiento global o la transición energética justa. Iniciativas que dejan constancia de la importancia de las redes internacionales —la iniciativa de Acciona agrupa en torno a 10.000 mujeres de todo el mundo— para potenciar el talento femenino en las profesiones STEM.

Edith Guedella, responsable de sostenibilidad en Acciona y futura expedicionaria de Homeward Bound 2024 —viajará a la Antártida en enero del año que viene y pasará 20 días investigando allí— ha relatado cómo, a pesar de no contar con demasiados referentes durante su adolescencia, descubrió su vocación tras descubrir a la bióloga norteamericana Lynn Margulis. "Seguimos carentes de modelos de liderazgo femenino". Pero, ¿qué ocurre si sólo tenemos como modelos a mujeres excepcionales, que logran hitos históricos? "No podemos caer tampoco en eso. Hay que poner en valor las tareas más cotidianas que realizan las mujeres. Si sólo tenemos modelos femeninos excepcionales supone una carga tremenda encima para las que venimos detras" ha explicado Elena Ceballos-Romero, investigadora y divulgadora oceanográfica en Woods Hole Oceanographic Institution y la Universidad de Sevilla. La científica colaboró hace un tiempo con la NASA en un programa para conocer al detalle el ciclo del carbono en los océanos, algo fundamental para predecir el comportamiento de los mares frente al cambio climático.

¿Cómo hacer frente a estos clichés? Hilde Pérez, doctora en Ingeniería Industrial, Directora General del Centro de Supercomputación de Castilla y León (y participante en el programa de Acciona en la Antártida el año pasado) ha destacado el papel fundamental de este tipo de iniciativas para "convertir a las mujeres en agentes de cambio". Sobre las trabas que encuentran las mujeres cuando están inmersas en profesiones científicas ha resaltado: "Hay un coste que va asociado con el hecho de tener una familia. Si al final tienes un parón en tu carrera, puedes seguir trabajando, pero a otro ritmo". Por eso ha reclamado "apoyo total" para compatibilizar la maternidad con el desarrollo laboral.

Guedella ha recalcado que "hay que empoderar el modelo de liderazgo, buscar las políticas que ayuden a incorporar la paridad". Esa es la forma, ha dicho, de romper con la brecha de género existente.

Guedella ha destacado que: "El hecho de crear eses redes, de debatir sin el miedo a ser juzgada, permite generar unas discusiones que ahora no se están llevando a acabo. Es fundamental que se sigan dando visibilidad a estas iniciativas".

Como punto clave también, según Pérez, el hecho de tender puentes entre las mesas de decisiones y la comunidad científica: "Hay una desconexión total entre política y sociedad. Hay que buscar esos puentes que pongan en contacto a la ciencia y a la tecnología con los órganos de decisión, da igual que nosotras sigamos trabajando porque no nos escucha". Pero no sólo con la política, la sociedad también sufre esa desconexión. ¿Por qué? Ceballos Romero lo explicaba: "Falta papel de divulgación por parte de la ciencia. Durante muchas décadas se ha mantenido en su propia burbuja y recientemente se ha empezado a abrir ese mundo científico a un lenguaje comprensible para la población".

Las tres participantes en el debate comparten objetivos: su labor profesional se centra en el cambio climático y las consecuencias que tiene a nivel global. Por eso, Ceballos-Romero ha resaltado que el calentamiento global "incrementa la desigualdades que ya están presentes", especialmente en países en vías de desarrollo en el que el papel de las mujeres es fundamental. Guedella ha recordado que "el 70% de las personas que se encuentran en situación de pobreza son mujeres", por eso se requieren acciones específicas, ha resaltado, para evitar que pase.

¿Cómo les gustaría estar dentro de cinco años? Guedella lo ha resumido en una frase: "ojalá tener, al menos, cinco ejemplos de soluciones científicas o tecnológicas creadas por mujeres o redes de mujeres".

La lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha sido una de las pocas causas que ha unido a un Congreso de los Diputados totalmente polarizado. El pasado 18 de enero de 2024, se aprobó la tercera modificación en la historia de nuestra Constitución, un cambio en el artículo 49 que ha permitido eliminar una discriminación histórica: la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". Este hecho recoge un cambio social que se va abriendo paso y que las empresas e instituciones se están desarrollando al captar a personas que, pese a contar con limitaciones en algún área, exhiben un enorme potencial de aportación. "La discapacidad es una fuente de talento que aporta valor a la compañía" comenta durante un encuentro organizado por infoLibre con la colaboración de Acciona, moderado por el director Daniel Basteiro, Camino San Millán, directora de Inclusión y Diversidad en Acciona.

"Nosotros somos personas y un adjetivo no condiciona nuestra existencia", según reivindica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un consenso amplio, pero que, según Blanco, "no es unánime" porque Vox se quedó fuera. Las empresas están siendo otro de los agentes que más se están implicando en esta transformación y algunas están superando incluso la cuota obligada del 2% de contrataciones. San Millán detalla que "en Acciona ya hemos alcanzado el 4%". "Hay que trabajar en accesibilidad y en un modelo de liderazgo que valore todas las cosas que aportan las personas con discapacidad", añade la directora de Inclusión y Diversidad en Acciona.

La integración laboral de este colectivo ha llegado hasta el punto de que "es rara la empresa que no nos llama para integrar a personas con discapacidad", según detalla Ana Muñoz de Dios, directora general de la Fundación Integra. Además de la cantidad de contrataciones, Muñoz pone el foco en la calidad y la adecuación de las habilidades respecto a los puestos de trabajo. "Pensar en que las personas con discapacidad son un cupo es un error. Hay que olvidarse de que son las personas con discapacidad y fijarse en sus verdaderas capacidades", apunta la directora general de Integra.

A pesar de los avances, este colectivo sigue sufriendo una brecha importante en algunos aspectos. Los expertos han apuntado que toda la política de empleo también tiene que ir de la mano de la política educativa, ya que muy pocas personas con discapacidad consiguen realizar estudios superiores. Aunque los esfuerzos en la contratación por parte de las empresas y la Administración Pública se consideran notables, los autónomos son otra tarea pendiente. Josefa Torres, directora de FEACEM y miembro de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, ha achacado que "el autoempleo no tiene que ser una opción cuando no hay otra. Los apoyos públicos se tienen que reforzar para crear un ecosistema de apoyo".

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.