"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

El escenario fue el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La IV Jornada por el Estado de derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) –que sostiene ser apolítica, pese a que amplios sectores de la judicatura, del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y gran parte del Congreso y el Senado la consideran conservadora– se dedicó en su edición de este año, celebrada el pasado viernes, al Tribunal Constitucional. Uno de los invitados estrella fue el exmagistrado del órgano de garantías a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y actual miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo –la que controla la legalidad de los actos del Gobierno–, Antonio Narváez, que no dudó en cargar contra sus excompañeros del órgano de garantías a los que acusó de actuar "por afiliaciones políticas".

Narváez no es el único magistrado en activo que carga contra el Constitucional sin que el Poder Judicial haga ninguna llamada de atención o abra una investigación disciplinaria. Pero su caso es especialmente relevante por su paso por el tribunal de garantías durante nueve años (entre 2014 y 2023), donde llegó en la tanda de nombramientos más directamente ligada a los partidos, la correspondiente al Gobierno, que en ese momento ocupaba el PP.

Durante su etapa en ese tribunal, Narváez fue recusado en febrero de 2021 para que no pudiera participar en la deliberación de los recursos contra las condenas del juicio del procés porque, durante una conferencia en Granada, había comparado la deriva independentista del nacionalismo catalán con el golpe de Estado del 23-F, manteniendo que el proceso soberanista era más grave que el asalto de Tejero al Congreso pistola en mano.

La ponente de los recursos de amparo de los dirigentes independentistas condenados, Encarnación Roca, redactó una ponencia en la que aceptaba la recusación, planteada por el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Varios de sus compañeros en el máximo intérprete de la Constitución consideraban que, con sus palabras, habría puesto en riesgo todo el proceso seguido sucesivamente en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y finalmente el Constitucional, en caso de que, contra la decisión de este último, se presentara un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Antes de que su salida fuera votada por sus colegas de tribunal, Narváez decidió abstenerse motu proprio.

El magistrado conservador –nombrado, como el entonces presidente del TC, Pedro González-Trevijano, directamente por el partido en el Gobierno (el PP)– tuvo otra actuación muy polémica al final de su mandato, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presentó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que intentaba desbloquear la renovación de ambos miembros del órgano, ambos con el mandato caducado. El Gobierno recusó a los dos porque la reforma afectaba, precisamente, a su propia permanencia en el Constitucional. Sin embargo, tanto Narváez como González-Trevijano no se abstuvieron pese a estar directamente interesados en el asunto. Los dos, el presidente y Narváez, fueron clave para que el órgano tomara una decisión insólita en democracia: paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma. Tras su salida del Constitucional, fue elegido magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 23 de julio.

Desde su nuevo puesto en el tribunal que juzga los recursos que se presentan contra los actos administrativos del Gobierno, hizo Narváez sus declaraciones en la jornada organizada por FJI el vienes pasado. En su alocución, recogida por el diario Abc, el magistrado conservador del Supremo afirmó que las funciones de los magistrados del Constitucional "necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales" y que la labor de los miembros del órgano de garantías, en ese contexto, exige "una dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas". Narváez, fiscal de carrera, manifestó también su "incomprensión" ante ciertas sentencias del órgano del que formó parte hasta 2023. "Hay cosas que no entiendo en la actual doctrina del Constitucional", dijo, según recogió en su crónica Confilegal. "Por ejemplo, con la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de eutanasia, la personalidad jurídica del Mar Menor o la polémica que se está generando para poner trabas a las cuestiones prejudiciales", dijo. También criticó la "extralimitación" del TC al anular sentencias del TS como en el caso de los ERE. En definitiva, desgranó el discurso clásico del PP y la derecha judicial.

El artículo 395.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Dentro del régimen disciplinario, esa misma ley recoge en su artículo 418.3 como falta grave sancionable hasta con 6.000 euros de multa la conducta de dirigir esas felicitaciones o censuras "invocando la condición de juez, o sirviéndose de esa condición". La conferencia tuvo lugar en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del CGPJ aseguran que no se ha abierto ninguna investigación interna contra el magistrado al no haberse registrado hasta el momento queja alguna. La presidenta, Isabel Perelló, tampoco ha reclamado públicamente que cesen las descalificaciones desde la judicatura al máximo intérprete de la Constitución, algo que sí ha hecho reiteradamente cuando son los jueces los que reciben críticas. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, pidió respeto para su institución. La máxima autoridad del órgano de garantías afirmó durante una entrevista en Radio Nacional de España que "muchas veces se exige un gran respeto al Poder Judicial, pero hay una especie de barra libre para criticar al Tribunal Constitucional". También subrayó que a ningún magistrado del Constitucional "sea progresista o conservador" se le ocurre criticar públicamente al Tribunal Supremo.

Otro magistrado de la Sala de lo Contencioso de Tribunal Supremo también ha lanzado ataques contra el Constitucional estos últimos días. Se trata de José Luis Requero, exvocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2001 y 2008 y columnista habitual del diario La Razón. En su último artículo, titulado Aborto y relato, Requero escribió el pasado 14 de octubre en relación al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: "En España contemplamos no sólo la aberración de que el Tribunal Constitucional, erigido en dependencia gubernamental, «constitucionalice» esa muerte como derecho, sino que hoy, ahora, asistimos a lo más bajo de nuestra política". Fuentes del TC consideran que, con esas palabras, el magistrado del Supremo les estaba llamando asesinos.

Pero quizá la invectiva más dura se produjo también en esas jornadas sobre el TC organizadas por la asociación que se reclama como apolítica –pero que es considerada conservadora en amplios sectores de la judicatura, en parte del CGPJ así como por el Gobierno– FJI. La pronunció el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Jaime Lozano Ibáñez, que llegó a asegurar, según la crónica de Abc, que el órgano de garantías, último defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del recurso de amparo, es "una amenaza para la libertad" y "un peligro para los derechos de los españoles". Refiriéndose a la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley de amnistía y que avaló la norma casi al 100%, afirmó que el Estado "ha dado la razón a quienes dieron un golpe de Estado". "Si esta ley la hubiera hecho otro partido se habría declarado inconstitucional", concluyó.

Lozano pertenece a la derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) que envió formularios a través del correo corporativo del CGPJ a todos los jueces de España para indicarles cómo recurrir ante el TC o ante el Tribunal de Justicia de la UE la norma que recoge esa medida de gracia en caso de que les tocara aplicarla. De ese colectivo presidido por el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner también forma parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente por insultar al presidente del Gobierno –le llamó "psicópata sin límites éticos" y "golpista"– y a otras autoridades del Estado a través de su perfil de X.

Fue una huelga ilegal, sin servicios mínimos ni control de una autoridad laboral o judicial. También sin la sustracción de la parte proporcional del sueldo correspondiente que afecta a cualquier trabajador. Ahora, además, el Consejo General del Poder Judicial –el órgano que rechazó la convocatoria de la protesta de las asociaciones judiciales de derechas por considerar que jueces y magistrados no gozan de ese derecho laboral– ha decidido que sea impune. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha rechazado este martes sancionar a los titulares de los juzgados de lo Social números 38 y 40 de Madrid, que suspendieron sendos juicios el 1 y el 3 de julio para sumarse a la movilización irregular. Lo hicieron pese a que ambos procesos, dos despidos, eran "urgentes y preferentes", según la ley, y debieron haberse celebrado en un plazo máximo de 90 días. Los magistrados convocaron las vistas con un año y medio de retraso, pero, cuando al fin llegó la fecha, se declararon en huelga y lo aplazaron.

La letrada de los trabajadores afectados presentó entonces la correspondiente queja disciplinaria ante el CGPJ. Además de denunciar el abandono del servicio sin causa justificada (el Consejo tuvo la huelga por no convocada al no estar regulada), en su escrito recordaba que los juicios laborales por despido son considerados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social –la que regula este tipo de procesos– "urgentes y preferentes". Sus artículos 116 y 119 establecen que la sentencia debe de estar redactada y notificada como máximo a los 90 días de la fecha en que el empleado presentó la demanda contra su empresa. Pasado ese plazo, los salarios de tramitación –el sueldo del trabajador mientras se decide sobre la pertinencia de su despido– no los paga el empresario en caso de que el despido se declare improcedente, sino el Estado, es decir, todos los contribuyentes.

Además de las "dilaciones indebidas" y el correspondiente dispendio de fondos públicos, el escrito recuerda que los jueces y magistrados carecen de derecho de huelga. Y cita el acuerdo aprobado por unanimidad en el CGPJ en el Pleno extraordinario que celebró el pasado 26 de junio tras recibir una comunicación de la convocatoria de los colectivos conservadores Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente en la que reclamaban al Consejo que fijara los correspondientes servicios mínimos. Dicho acuerdo aseguraba textualmente que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos". En esa reunión, durante el debate, parte del sector progresista señaló que si un miembro de la carrera se sumaba a la huelga y al hacerlo afectaba a derechos de los ciudadanos podría incurrir en una falta disciplinaria.

En los casos de la queja presentada, la abogada perjudicada por la protesta del juez tuvo que reclamar insistentemente al juzgado que la letrada de la administración de justicia (lo que anteriormente se conocía como secretaria judicial, quien dirige todo el trabajo administrativo de cada órgano judicial) certificara en un escrito que el único motivo por el que se suspendieron ambos juicios fue la participación de los titulares de ambos juzgados en la huelga ilegal. En la denuncia, la letrada señala que al carecer la protesta de ningún amparo normativo, debía iniciarse un proceso disciplinario contra ambos para abrirles expediente sancionador por abandono del puesto de trabajo. Es decir, que la ausencia de ambos titulares de sus órganos judiciales no estaba justificada al carecer estos del derecho de huelga que pretendían ejercer.

El Promotor de la Acción Disciplinaria (el cargo que dirige todas las investigaciones internas de los jueces), Ricardo Conde, abrió la correspondiente diligencia informativa, pero el pasado martes propuso a la Comisión Permanente del Consejo su archivo. Para el promotor, la suspensión de un juicio es una decisión jurisdiccional (tomada en la tramitación de un proceso concreto) por lo que el órgano de gobierno de los jueces no puede entrar a valorarla sino que, en su opinión, la abogada tendría que impugnarla a través de los recursos establecidos. Pese a que el CGPJ declaró ilegal y sin sustento normativo el derecho de huelga de los jueces, el promotor sostiene, según fuentes de ese órgano, que las suspensiones de vistas responden "a iniciativas adoptadas por cada juez en el ejercicio de sus derechos". Para Conde, la ausencia de regulación de este tipo de protestas en la magistratura impide sancionar disciplinariamente a los que las secundan.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconocen el derecho de huelga a los miembros de la carrera judicial. La LOPJ sí lo regula para los letrados de la administración de justicia y los funcionarios judiciales, cuyos regímenes disciplinarios, recogidos en esa misma norma, castigan como falta muy grave para ambos cuerpos el incumplimiento de los servicios mínimos. El vocal progresista Ricardo Bodas, exmagistrado de la Sala de lo Social del Supremo y expresidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, explicó en el Pleno extraordinario sobre la huelga celebrado en el Consejo el 26 de junio, que la ausencia de una falta disciplinaria sobre incumplimiento de servicios mínimos en el caso de los jueces se debe, precisamente, a que los jueces no pueden hacer huelga. Sin embargo, el promotor interpreta la falta de regulación al contrario y sostiene que ni la norma fundamental ni la LOPJ prohíben que los jueces y magistrados participen en ese tipo de movilizaciones, una conducta que tampoco está tipificada como infracción disciplinaria.

Por último, Conde defiende que, para poder imputar a ambos jueces la infracción de abandono del servicio, es necesario que esa ausencia sea injustificada, según ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Sin embargo, el promotor considera que dejar el juzgado para ejercer un teórico derecho que nadie ha reconocido a los jueces –ni siquiera el órgano constitucional en el que desempeña sus funciones, el CGPJ– no es una acto arbitrario sino que se debe a la decisión del magistrado de ejercer el "derecho" de huelga, un "derecho", sostiene, amparado en la convocatoria de las asociaciones judiciales conservadoras, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Por todas esas razones, el promotor propuso el archivo de la investigación que la comisión permanente, finalmente, aprobó este martes. Ahora, la letrada denunciante podrá interponer un recurso para que sea el Pleno el que tenga la última palabra sobre el caso.

La coalición de partidos liderada por los socialistas que gobierna España desde 2018 está causando un grave daño a la democracia que afecta a principios básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. Pero este mantra, que repiten desde hace años las tres asociaciones judiciales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– tiene, según esos colectivos, una suerte de solución mágica: cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la judicatura para que sean elegidos directamente por sus compañeros. Sin que el Parlamento, en el que están representados todos los ciudadanos, legitime democráticamente su designación, como hace ahora. Se trata de una propuesta a la que la izquierda judicial y política se opone. Porque considera que supondría una cesión perpetua a la derecha del órgano, que además dejaría de guiarse por intereses generales para centrarse en los más corporativos.

Este debate eterno, que se inició con la elaboración de la Constitución hace casi 40 años, tuvo su último hito el pasado febrero. El CGPJ aprobó por unanimidad un informe con dos propuestas opuestas para elegir a estos vocales de extracción judicial. La de los progresistas propugnaba que fueran las Cortes –como hasta ahora– las que los eligieran de entre una nómina de candidatos elegida por la judicatura. Los conservadores, sin embargo, defendieron que fueran los propios jueces los que los seleccionaran. El informe era un mandato recogido en la ley que acompañó a la última renovación del órgano, en junio de 2024, que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a elaborarlo con el objetivo de que pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea". Es decir, que fuera la UE la que examinara si esa propuesta se acomodaba a "los mejores estándares europeos".

Tras semanas de negociación, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los promocionados por el PP no se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante un solo informe con dos propuestas opuestas, los conservadores exigieron a los progresistas que aceptaran que las dos iniciativas no solo fueran analizadas por la Comisión Europea como establecía la ley aprobada con el pacto de renovación. También por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho –más conocida como Comisión de Venecia– el organismo consultivo y de supervisión del Consejo de Europa. Esa Comisión, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), también dependiente de esa misma organización internacional, son los que más recurrentemente han recomendado al Gobierno la propuesta que defienden los conservadores: la elección por sus compañeros de los 12 vocales jueces. La condición impuesta por la derecha del Poder Judicial también afecta al Gobierno, que tendrá que defender ante la delegación de esa Comisión su apuesta por la elección parlamentaria, la prevista en la ley con algunas variaciones desde 1985.

La delegación permanecerá en Madrid este lunes y el martes y está formada por la exministra de Justicia y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano Marta Cartabia, la jurista y profesora universitaria suiza Regina Kiener y el magistrado del Tribunal Constitucional francés François Séners. Además de con los vocales, los miembros del organismo internacional mantendrán un encuentro con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, tres de las cuales –APM, Francisco de Vitoria y Foro– reclaman que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales judiciales. Representantes de esas tres asociaciones han llegado a comparar la situación de la independencia judicial en España a la de Polonia bajo los populistas del PiS o la Hungría de Víktor Orbán, y han reclamado a la Comisión Europea la apertura de un expediente sancionador contra España como el que se inició contra esos dos países del este de Europa. Esos expedientes pueden llegar a cortar el flujo millonario de fondos europeos, como ha ocurrido ya con Budapest. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, se aleja de esa visión catastrofista, y reclama que se mantenga un sistema como el actual con algunas mejoras.

Tras las asociaciones, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse con lo que el programa de la visita denomina "representantes de la sociedad civil". Los conservadores del Consejo han incluido entre estos al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón. Aragón, propuesto para el tribunal de garantías por el PSOE, votó sin embargo con los conservadores en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el PP. La sentencia, de 2010, supuso el punto de partida del proceso independentista que culminó con el referéndum de 2017 y la fugaz declaración de independencia. Los vocales a propuesta del PP también han seleccionado como experto al notario Segismundo Álvarez, patrono de la fundación de tinte conservador Hay Derecho. El sector progresista ha propuesto al exministro de Justicia con Felipe González, ex presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. También a la politóloga, exconsejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya en el último Gobierno de Pere Aragonès (ERC) y exdirigente de Podemos Gemma Ubasart.

Junto a todos ellos, la Comisión de Venecia ha propuesto también para este bloque a uno de los jueces conservadores que más activismo contra el Gobierno ha practicado en los últimos años. Se trata de Jesús Manuel Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ese colectivo, cuyo presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, fue la que se dedicó a repartir entre los jueces y magistrados un manual para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía. Villegas también se ha mostrado muy activo durante la última huelga ilegal de jueces y fiscales convocada el pasado 1 de julio en contra de las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno. En su discurso, muy catastrofista, el Estado de derecho en España se encuentra en perpetuo peligro, algo que ni la UE ni el propio Consejo de Europa han detectado en ninguno de sus informes. De esa plataforma también forma parte el juez Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente en el Consejo por sus insultos al presidente del Gobierno –psicópata sin límites éticos, lo llamó–, varios ministros, el fiscal general o el presidente del Constitucional.

La visita incluye también un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuyo departamento defiende la elección parlamentaria de los vocales procedentes de la magistratura. El encuentro se producirá en un momento de extraordinaria conflictividad del Gobierno con la derecha judicial. Los 10 vocales del Consejo a propuesta del PP, en clara alineación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mayoritaria y conservadora APM, reclamaron el pasado 4 de julio a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que el fiscal general del Estado no fuera invitado al acto de apertura del año judicial que presidió el rey. También le pidieron que Bolaños no se sentara en el estrado presidencial. El motivo fue una entrevista del presidente del Gobierno en la que aseguró que "una minoría de jueces hacen política" y con ello causan "un daño enorme a la democracia".

Es dudoso que hasta se le pueda llamar "huelga", porque sus órganos estatutarios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, no reconocen ese derecho al no estar previsto en la Constitución ni en la ley. Tampoco hay datos fiables sobre el seguimiento real del paro judicial, porque ni las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales ni las fiscalías superiores o provinciales los han recopilado. Y sin datos exactos no se puede restar de cada nómina la parte proporcional del salario de las jornadas no trabajadas, como a cualquier trabajador o funcionario que se moviliza. Los servicios mínimos han sido decretados por los propios "huelguistas" –jueces y fiscales– que son los que, en teoría, deben controlar que efectivamente se cumplen en una suerte de autorregulación y autocontrol y con la suerte de que serán sus compañeros, algunos de ellos también movilizados, los que finalmente decidan. "Es como si en una huelga en la minería, por ejemplo, fueran los propios mineros los que controlaran la huelga y decidieran sobre servicios mínimos y sanciones", afirma un fiscal que no ha secundado la protesta.

Para las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, los tres días de huelga supuestamente convocados esta semana –sus autoridades laborales (el CGPJ y la Fiscalía General) tuvieron el preaviso por no presentado al no contar la protesta con sustento legal– constituyen "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática". Una movilización secundada, dicen, "por una media del 70% de jueces y fiscales".

En realidad, ese porcentaje no tiene ninguna fiabilidad, porque el único medio para medirlo en esta huelga autorregulada por cinco asociaciones judiciales y fiscales de derechas era el envío de un correo electrónico a dos buzones facilitados por el propio comité organizador. Para conocer el seguimiento real, el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha pedido datos al CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces le ha respondido que las salas de gobierno de los diferentes tribunales (Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia autonómicos) no les han facilitado ningún dato. Así que no hay cifras oficiales de seguimiento.

Durante la movilización, Bolaños ha dado su propio porcentaje, que ha dejado en el 31%, pero desde el ministerio advierten de que ese dato tampoco es fiable y solo se refiere a las vistas que, durante los tres días a los que hacía referencia la convocatoria, se han tenido que suspender. Las vistas no son las únicas actuaciones que forman parte del trabajo de un juez. También están la redacción de resoluciones, las deliberaciones, comparecencias, firma de documentos... Múltiples trámites sobre los que tampoco hay datos. La fuente del Ejecutivo para recabar esta incidencia solo aproximada de los paros han sido los secretarios de gobierno, es decir, los letrados de la administración de justicia de más alto rango en cada tribunal o territorio, que dependen directamente del Ministerio de Justicia.

Durante la última protesta de este tipo, celebrada en 2018 por razones estrictamente relacionadas con sus condiciones laborales –la de esta semana, por el contrario, exigía al Ejecutivo la retirada de dos proyectos de ley, uno de los cuales ya está en el Parlamento–, Justicia pactó con las asociaciones convocantes entonces un sistema de contabilización preciso. En el caso de los jueces, fueron las Salas de Gobierno y las respectivas fiscalías las encargadas de recibir las comunicaciones de los jueces y fiscales que se declaraban en huelga. Esas salas facilitaron los datos al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que, a su vez, fueron las instituciones encargadas de enviarlos al Gobierno para que restara la cantidad correspondiente de la nómina. En esta ocasión, en las directrices del autodenominado "comité de huelga" se recordaba expresamente que ninguno de los llamados a secundarla tenían la obligación de comunicarlo a ningún superior. Solo, si lo deseaban, enviar un correo a los buzones habilitados para ello.

Sin una contabilidad fiable del seguimiento, las posibilidades del ministerio de restarles la parte proporcional de sus ingresos correspondiente a los paros son cercanas a cero. Al no pactar con el Gobierno una vía para hacerlo, las asociaciones conservadoras convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– han perdido la oportunidad de que, mediante la correspondiente merma en sus nóminas, el supuesto "derecho de huelga" que invocan hubiera logrado un reconocimiento tácito por parte del Ejecutivo. Que en cada comunicado los huelguistas señalen que la protesta se hace "asumiendo la correspondiente detracción de haberes" no significa que se pueda hacer si no hay forma de identificar fehacientemente a cada participante con nombre, apellidos, número de la seguridad social, DNI, destino, horas concretas no trabajadas... Sí se hizo en la anterior convocatoria, la de 2018, pero un huelguista recurrió su merma salarial en la Audiencia Nacional, lo que obligó al ministerio a devolver el dinero a todos.

Ni la ley que recoge el estatuto de los jueces –la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–, ni la de los fiscales –el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)– hacen una referencia a que estos profesionales, que ejercen un poder del Estado, tengan derecho de huelga. Esa es la razón por la que el CGPJ decidió tenerla por no convocada, porque "carece (...) de soporte normativo". La ley del estatuto de los jueces, sin embargo, sí recoge expresamente y regula el derecho de huelga, tanto de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) como de los funcionarios judiciales. En el régimen disciplinario de ambos colectivos, recogido también en la LOPJ, se sanciona como falta disciplinaria el incumplimiento de los servicios mínimos, algo que no aparece en los artículos que regulan la disciplina de los jueces.

En el marco planteado por las asociaciones de derechas huelguistas debería ser el CGPJ la institución que fijara los servicios mínimos, ya que es la que se encarga de ascensos, nombramientos, permisos y demás regulaciones laborales. Pero al no reconocerles el derecho, también se ha negado a fijar esos servicios esenciales para la comunidad. Ha sido el autodenominado "comité de huelga" el que los ha establecido recurriendo a la autorregulación. En una huelga tradicional de trabajadores o funcionarios que sí tienen el derecho reconocido son los jueces los que, a la postre, tienen la última palabra sobre las sanciones que se puedan imponer a los empleados que incumplen esos servicios. En el caso de huelga de jueces y fiscales, ¿serían los propios compañeros los encargados de vigilar que dichos mínimos se satisfacen?

Pero, además, como recuerdan fuentes próximas a Justicia, las asociaciones establecieron un repertorio de servicios mínimos relacionados con las diligencias más urgentes, pero no dijeron qué personal concreto tendría que cumplirlos. "Es una situación absolutamente anómala y de total inseguridad jurídica, porque se podría llegar a la conclusión de que, si cada uno de los huelguistas atendiera los servicios esenciales que en teoría le corresponden, podrían estar en huelga y de servicios mínimos a la vez", afirman.

Las incógnitas en este campo son incluso inquietantes. Con la plantilla a pleno rendimiento, a veces se producen errores, como la huída de delincuentes cuya prisión provisional no se ha renovado o la reincidencia de criminales condenados pero no encarcelados. "¿Qué hubiera ocurrido si algo así se produjera porque el juez dice que está ejerciendo un derecho de huelga que en realidad no tiene?", se pregunta un magistrado contrario a la movilización.

La movilización judicial exigía al Gobierno la retirada inmediata de dos de sus iniciativas en tramitación: la reforma del sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que trata de blindar su autonomía del Gobierno ante la próxima asunción de la instrucción de las causas penales.El Ministerio de Presidencia y Justicia niega que ninguno de esos proyectos se vaya a paralizar porque supondría admitir, a través de una protesta irregular, una injerencia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, desde el ministerio se muestran "totalmente abiertos" al diálogo para corregir los errores que los textos puedan tener o incluir las mejoras que sugieran los colectivos profesionales.

Los huelguistas, por su parte, han pisado el freno. Pese a no haber conseguido ninguno de sus objetivos, han llamado a la calma a los miembros de ambos cuerpos por las vacaciones de verano, que "dificultan enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización". "Prolongar de forma inmediata la huelga (...) no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización", dice el autodenominado "comité de huelga". La estrategia es mantener "un seguimiento riguroso y continuo de la tramitación parlamentaria". "Si la situación persiste sin cambios sustanciales", advierten, "retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga".

El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.

Delante de ellos, como entrevistador, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas. Villegas es, además de juez, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que preside el catedrático Francisco Sosa Wagner, exeurodiputado de UPyD y exmiembro de Ciudadanos. Se trata del grupo que poco antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, se dedicó a enviar a través del correo corporativo que el Poder Judicial a todos los jueces y magistrados un manual para cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa asociación también formó parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, actualmente investigado por el CGPJ por reincidir en los insultos contra el presidente del Gobierno —al que llamó "psicópata sin límites éticos"— o por ensalzar a la exdirigente y exdiputada de Vox Macarena Olona.

La complicidad entre Villegas y los cuatro entrevistados es evidente. Frente a él está Max Power, el creador del grupo de WhatsApp que dio lugar a la revuelta judicial contra el Gobierno. Detrás de ese pseudónimo está Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que, como él mismo cuenta, se sacó la oposición hace apenas cuatro años. Explica que el pasado mayo, cuando el Gobierno anunció la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, decidió abrir el chat —en realidad tuvo que abrir dos por la gran afluencia— y que, rápidamente, los jueces y fiscales se sumaron espontáneamente hasta llegar a los 1.900 miembros actuales. Planteaban, desde el primer momento, una huelga contra los proyectos del Ejecutivo. El tamaño de la reivindicación espontánea creció tanto que sorprendió a las asociaciones de derechas y las obligó a ponerse al frente de una protesta que ellas no habían impulsado.

Junto a Max, con chaqueta y corbata, se encuentra Javier, fiscal en Sant Feliú de Llobregat, también en Barcelona. Sostiene que "la independencia judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes" están en peligro por las reformas del Ejecutivo. "Cuando los derechos de todos se ven amenazados", sostiene, "tenemos que dar un paso adelante". Javier asegura que vienen "tiempos muy duros para la justicia en los que se va a tratar de ahogarla todo lo posible". John, otro compañero fiscal y también miembro del comité de huelga, sostiene que lo que le preocupa es "la apariencia de imparcialidad" y que los ciudadanos crean que cuando se acerquen a los juzgados tendrán "un trato igualitario y justo". "Somos personas con autoridad jurídica, pero también moral", añade. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han avisado de que la huelga no tiene sustento legal y se han negado a fijar servicios mínimos.

A lo largo de la conversación, el magistrado Villegas, que después de la ley de amnistía ha encontrado un nuevo motivo para oponerse a las iniciativas del Gobierno, desgrana las consignas de la protesta. Dice ante el asentimiento de los demás que la protesta no tiene "ningún color ideológico", que, en realidad, "es un movimiento espontáneo de las bases" que no está "a favor ni en contra de ningún partido político". "Un poco de preocupación sí que tenemos porque queremos que esto no se instrumentalice para ninguna finalidad política", dice el dirigente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "A nosotros simplemente nos interesa que la justicia en España sea independiente", añade. Este mismo lunes, el juez ha publicado un artículo en el que sostiene que la reciente sentencia del Constitucional avalando la ley de amnistía responde a un pacto entre el Gobierno y los separatistas en el que estos últimos tienen agarrados "con fuerza" los testículos del Ejecutivo.

Villegas defiende en su videoentrevista, publicada en el perfil de X de la Unión de Fiscales y Jueces (el nombre que se ha puesto el movimiento iniciado en el chat) la importancia de la oposición, cuya reforma, a su juicio, va a convertir el sistema en "un coladero". En realidad, el único cambio que introduce la reforma del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso, es la introducción de un ejercicio práctico en el examen, algo que ya existía hace unos años. También obliga a que un cuarto de las plazas que se oferten cada año vaya destinado a juristas de reconocido prestigio mediante el llamado "cuarto turno", que existe desde 1985. Por último, establece un único proceso de regularización para los jueces y fiscales sustitutos por orden de la Comisión Europea.

Ante la decisión del CGPJ y la Fiscalía de considerar ilegal la huelga y no establecer los servicios mínimos, han sido las propias asociaciones judiciales convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— las que los han autorregulado (algo que los jueces impiden sistemáticamente a cualquier asamblea de trabajadores, comités de empresa y sindicatos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, debido a la falta de regulación, cualquier ciudadano que se vea perjudicado por los tres días de paro convocados podrá presentar su queja porque el derecho de huelga para jueces y fiscales que invoca la movilización, no existe.

El comunicado de las asociaciones previo a la huelga advierte: "Frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional". Sin embargo, las asociaciones repiten una y otra vez que la comunicación de los que quieran secundar la protesta es solo voluntaria y que no tienen que comunicarla ni a decanos, ni a presidentes de sala ni a fiscales jefes ni a fiscalías superiores. Tras la última huelga, en 2018, el Ministerio de Justicia restó a cada huelguista de su nómina el tiempo no trabajado, pero, tras el recurso de uno de ellos, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el Gobierno no era competente para hacerlo y le obligó a devolverles el dinero. La huelga les salió gratis.

Por muchos párrafos de solidaridad con los huelguistas que contenga la resolución sacada adelante este jueves por el Pleno del Poder Judicial con el apoyo de todo el sector conservador y de su presidenta, Isabel Perelló, el mensaje del Consejo a los jueces a sus asociaciones de derechas es inequívoco: la huelga que han organizado es ilegal y el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, la tiene por no convocada y no piensa decretar servicios mínimos, porque no le corresponde. Ocho de los 11 vocales que han apoyado ese acuerdo pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el mayor colectivo de los cinco convocantes a la movilización y cuyos militantes la han aprobado con un 70% de votos a favor, según la propia asociación. Se trata de una clara desautorización de los consejeros de ese grupo a la mayoría de los jueces asociados a su colectivo corporativo de referencia.

Con su decisión de este jueves de no reconocer el derecho a la huelga judicial y fiscal, los ocho vocales de la APM se desmarcan, no solo del apoyo a la protesta de su asociación, sino también del lenguaje catastrofista y del discurso de regresión democrática que sus dirigentes utilizan cada vez que pueden y que trata de equiparar la España de Pedro Sánchez a la Hungría de Viktor Orbán sin ningún eco en Europa. La manifestación a la que ha llamado esa asociación junto al resto de las convocantes —FdV, FJI, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— para este últimosábado, se organiza bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia. Y la convocatoria de huelga para los días 1, 2, y 3 de julio tiene como objetivo “la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, según el manifiesto que llama a defender “una justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos”, como si no lo estuviera.

En sus comunicados anteriores enviados a los medios, los colectivos convocantes no dejan de recurrir a un alarmismo extremo. Las reformas judiciales del Gobierno constituyen “un serio retroceso en el Estado de derecho” y propician “un acceso arbitrario a la judicatura”, “someter instancias claves a criterios partidistas” y fomentar “el control ideológico de los jueces”. Todo ello pone en entredicho algo tan importante para la democracia como “la independencia judicial”, según las asociaciones de derechas, lo que constituye una “deriva” que “compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal y como exige el respeto a los estándares constitucionales”.

La desautorización de los vocales de la APM a la dirección de su asociación y al resto de huelguistas no solo se manifiesta en el hecho de que no apoyen los paros al considerarlos ilegales. También se deduce de la posición que esos consejeros han mantenido respecto a los dos proyectos de ley —el de la reforma del sistema de acceso y el del Estatuto de la Fiscalía— que su asociación, fuera del órgano, exige retirar mediante la huelga. Los ocho vocales de la APM, junto con los otros dos conservadores, los 10 progresistas y la presidenta Isabel Perelló, han informado ya ambas iniciativas del Ejecutivo avalando el grueso de las dos reformas. Esos riesgos sistémicos y fundacionales, que aprecia la APM (y el resto de convocantes) y que afectan a la democracia en sus pilares y principios más básicos no los encuentran por ninguna parte sus ocho vocales. Si consideraran que la independencia judicial o la separación de poderes estuvieran realmente en riesgo, habrían reflejado sus dudas sobre el encaje en la Constitución de ambos textos. No lo han hecho.

Los convocantes rechazan que su movilización se califique de “huelga política” contra el Gobierno y, en el comunicado de convocatoria, aseguran que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo. Pero la realidad es que lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales de derechas es que el Gobierno retire de manera inmediata dos de sus principales iniciativas judiciales: la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que ya está en plena tramitación en las Cortes, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía frente al Ejecutivo y desgajar el mandato del fiscal general de la duración del gabinete que lo nombró. Que los convocantes exijan que el Gobierno se inhiba de su función constitucional de iniciativa legislativa y que el Parlamento suspenda su tramitación es lo que este jueves llevó a los vocales progresistas del CGPJ a considerar que los paros convocados por los jueces afectan a la separación de poderes al tratar de interferir en las labores del Ejecutivo y el Legislativo.

Los ocho vocales de la APM (los otros dos consejeros conservadores no son jueces y por lo tanto no pueden ser miembros de esa asociación) han conseguido que en el reparto entre sensibilidades del Consejo de las vacantes de los principales cargos judiciales de libre designación —magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidente y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes y presidentes de Sala de los tribunales superiores de justicia— todas las que les ha correspondido cubrir, sin excepción, hayan sido para militantes de ese colectivo. La APM en el Consejo funciona a la perfección —"como una agencia de colocación", bromean algunos jueces— para copar con sus cuadros, al menos, la mitad de los puestos discrecionales que el órgano de gobierno de los jueces debe cubrir. Frente a los nombramientos monocolor propuestos por los conservadores, los progresistas no solo promueven a miembros de Juezas y Jueces para la Democracia, también a los de las otras dos asociaciones de derechas (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y jueces no asociados.

Los 10 vocales a propuesta del PP del Consejo General del Poder Judicial avalaron, con algunas observaciones, la reforma del Gobierno. Las asociaciones judiciales y fiscales de derechas cargaron contra ella, pero no alentaron protestas contra ella. Ha sido un movimiento nacido en WhatsApp, en un grupo que suma ya 1.850 miembros de ambos cuerpos, el que ha puesto en pie de guerra a todos sus colectivos corporativos conservadores contra los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal planteados por el Ejecutivo. Las asociaciones de derechas han recogido el mensaje y ya han organizado su propio comité de huelga. La Unión de Fiscales y Jueces, como se autodenomina el grupo surgido en la red de mensajería, ha dejado en manos de estas la coordinación de la protesta y ha convocado este martes una concentración frente al Ministerio de Justicia para este sábado y han anunciado tres días de huelga (los días 1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

En un comunicado que firman las cinco asociaciones llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos". Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

Desde el éxito espontáneo del grupo de WhatsApp, las reivindicaciones de ambos cuerpos son apoyadas ahora por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la mayoritaria), Francisco de Vitoria (FdV, la segunda) y Foro Judicial Independiente (FJI, la cuarta); así como por la Asociación de Fiscales (AF, la de mayor militancia) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Del movimiento se han desmarcado los dos colectivos progresistas: el de los jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La reivindicación ha tomado vuelo desde el paro del pasado 11 de junio, cuando decenas de jueces y fiscales se manifestaron durante una hora a las puertas de sus sedes, muchos de ellos ataviados con sus togas.

La Unión de Fiscales y Jueces, (UFJ) como se ha bautizado el nuevo grupo, organizó desde la tarde de ese día una consulta entre los miembros del chat de mensajería para medir el apoyo a una futura huelga. Solo 24 horas después, la nueva movilización obtuvo el apoyo de un millar de miembros de ambos cuerpos, según su perfil en la red social X (antiguo Twitter). En ese tiempo solo se han registrado 68 votos contrarios entre los activistas del grupo. El colectivo, sin embargo, tras encabezar la protesta y provocar la reacción de los grupos corporativos conservadores deja ahora en manos de estos la coordinación de los siguientes pasos.

"Las asociaciones comunicaron ayer [por el jueves] la constitución de un comité de huelga y la apertura de un proceso de consultas a sus bases de cara a la posible convocatoria de una huelga por su parte", decía la UFJ en un comunicado. El grupo ha decidido abrir "un breve compás de espera". "Una doble convocatoria y un doble comité de huelga darían una imagen de división indeseable que podría debilitar nuestro objetivo", añadía. Pero también avisaban: "Si vemos que las asociaciones no actúan procederemos a convocar la huelga en los términos ya anunciados (...) nuestro preaviso está preparado y seguimos trabajando en cuestiones técnico jurídicas". La primera asociación judicial en sumarse ha sido la APM, con 1.412 afiliados (de un total de 5.416 jueces en activo), de los cuáles han votado sí el 70%, según la propia asociación.

El movimiento de WhatsApp dio a conocer el pasado 28 de mayo su "manifiesto de huelga", trufado con el catastrofismo sistémico clásico de la derecha judicial y plagado de incorrecciones y medias verdades. Cualquier reforma del Gobierno de Sánchez es contraria a la "independencia judicial y la separación de poderes", así como "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". La reforma del sistema de acceso a ambos cuerpos es el centro de la reivindicación, pero algunas de sus quejas no casan con el texto de la futura ley ni con las intenciones que asegura tener el Gobierno para impulsarla. La movilización coincide, además, con la mayor convocatoria de plazas de la historia para este año –480 plazas– para este año, el mismo número que se repetirá en 2026 y 2027, según el Ejecutivo.

El manifiesto contiene varias inexactitudes detrás de las cuáles, los miembros de UFJ ven un intento de Pedro Sánchez de introducir jueces y fiscales afines. Como las sospechas lanzadas sobre el primer centro público de preparación de oposiciones (una nueva función del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia). El ministerio ya ha avanzado que no contará con un cuerpo de preparadores propio y que simplemente ofrecerá sus instalaciones a los que quieran hacer uso de ellas. O la prueba escrita, "un coladero" según la movilización que introducirá "subjetividad" y reducirá la preparación de los candidatos. En realidad, lo que se busca es que, además de ejercitar su memoria, muestren sus capacidades argumentación e interrelación de conceptos. La prueba escrita tendrá carácter práctico y será a anónima, con lo que la posibilidad de introducir a alguien concreto a través de ella es prácticamente imposible. La discrecionalidad también se limitará con la grabación de los exámenes orales para poder comparar en caso de reclamaciones.

Pero más allá de los exámenes concretos a superar durante la oposición, la reivindicación carga contra la previsión de regularizar a los jueces y fiscales sustitutos mediante concurso-oposición, es decir, mediante la elaboración de un examen escrito y práctico de tipo eliminatorio y la posterior valoración de los méritos de cada candidato. Pese a las quejas, también impide la entrada de jueces afines al Ejecutivo porque a los jueces sustitutos los selecciona cada tribunal superior de justicia (15 de los 17 están presididos por magistrados conservadores) y son nombrados por el CGPJ sin ninguna intervención del ministerio. El sistema de entrada existe desde 1985 en España solo que, en este caso, en lugar de exigir 10 años de experiencia mínima, se exigen cinco. En España hay más de 900 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La UE ha exigido al Ejecutivo la regularización de esas personas que ejercen cada día funciones jurisdiccionales y ponen sentencias como sus compañeros que accedieron por oposición.

El movimiento también se opone a la reforma que desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombró y da transparencia a sus relaciones con el Ejecutivo prohibiendo a este último darle órdenes e impidiendo que pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros. Se trata de una regulación reclamada desde 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Sin embargo, la reivindicación considera que, en realidad, la modificación propuesta aumenta los poderes del jefe del Ministerio Público en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Esas competencias, que ahora están en manos del Ejecutivo, pasan al fiscal general, precisamente, para blindar su autonomía, pero ni UFJ ni las asociaciones de derechas lo ven así.

El éxito de un movimiento de protesta articulado a través de un grupo de WhatsApp que ha congregado a más de 1.000 jueces (casi el 20% de los 5.500 que hay en España) ha llevado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el cuerpo y de ideología conservadora, a desautorizar a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP, de los que ocho pertenecen a ese colectivo. El órgano de gobierno de los jueces aprobó por unanimidad el pasado 19 de marzo un informe que avalaba la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía impulsada por el Gobierno proponiendo una serie de mejoras para su tramitación posterior. La protesta surgida en la aplicación de mensajería contra ese proyecto de ley ha terminado arrastrando a todas las asociaciones de derechas, incluida la APM –la única con representación en el Consejo–, que al contrario que sus consejeros, reclama ya al Ejecutivo su retirada total.

La APM, junto a las también conservadoras Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), unidas a las asociaciones de fiscales conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron el pasado viernes un comunicado en el que se sostenía que las medidas contenidas en la reforma eran "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial (...), incrementando los riesgos de politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho". El comunicado no solo pedía al Gobierno que diera un paso atrás y frenara la tramitación del proyecto, que ya ha empezado su recorrido por el Congreso, sino que, aprovechando el tirón del chat reivindicativo de WhatsApp convocaban un paro de 10 minutos el próximo 11 de mayo.

El comunicado de la asociación ha causado desconcierto en parte del sector conservador del CGPJ. Sus diez miembros aprobaron por unanimidad, junto con los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, un informe al anteproyecto previamente consensuado entre ambas sensibilidades que, en general, avalaba el contenido de la reforma. En el documento del órgano de gobierno de los jueces, de 125 páginas y que estudia el anteproyecto a fondo, no aparecía ningún indicio de que la nueva norma promovida por el Ejecutivo pudiera comportar un riesgo sistémico para el Estado de derecho o una supuesta involución democrática, al contrario de lo que sostiene el comunicado de las asociaciones de derechas. El documento sí que contiene una serie de propuestas a incluir en el texto durante el resto de su tramitación.

"En el conjunto del anteproyecto destacan ciertas innovaciones de calado y que pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas", decía el estudio elaborado por el Consejo en tono constructivo. Entre sus conclusiones finales no había ninguna enmienda a la totalidad de la reforma ni se sostenía que su texto pudiera contener algún vicio de inconstitucionalidad. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunas de las sugerencias del documento en el texto y otras podrían entrar durante su tramitación parlamentaria en las Cámaras.

El comunicado del viernes suscrito por la APM, sin embargo, va mucho más allá. Las asociaciones firmantes se comprometen incluso a recurrir judicialmente la reforma "asumiendo los costes de forma conjunta". Se refieren, en concreto, al proceso que la ley prevé para permitir el ingreso en el cuerpo de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que superen las correspondientes pruebas de acceso. Alrededor de 900 jueces se encuentran en esa situación y realizan la misma labor que los titulares de esas plazas mientras estos disfrutan de permisos, licencias o excedencias.

De la marea suscitada por el grupo de WhatsApp se han desmarcado tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La primera ha recordado que el cambio del sistema de acceso supone "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI". "Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento", sostiene JJpD en un comunicado hecho público este lunes. "Precisamente se tiende a lo contrario, especialmente cuando el proceso selectivo mantiene exámenes anonimizados (cosa que hoy no ocurre), objetivos y garantizados con medios tecnológicos para su posterior revisión. Todos estos están basados en el mérito y capacidad y reducen el margen de discrecionalidad y de potenciales errores por su constancia, favoreciendo el derecho de quienes aspiran a una corrección y a un control posterior".

La asociación judicial progresista sí introduce sus reclamaciones en su comunicado, pero valorando los avances que a su juicio aporta el texto. No están en contra de la regularización de los jueces sustitutos, por ejemplo, pero piden que solo puedan incorporarse al cuerpo tras diez años de ejercicio (en lugar de cinco, como establece la reforma) y que su entrada no comporte una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre (la tradicional oposición) o por el llamado "cuarto turno" (que da acceso directo a la categoría de magistrado tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen y una baremación de méritos). "El proyecto debe incorporar un incremento sustancial de plazas en la judicatura y la fiscalía", defiende JJpD.

El giro de guión de la APM y del resto de asociaciones judiciales y fiscales conservadoras también carga contra una segunda reforma largamente demandada por los colectivos del Ministerio Público: el refuerzo de la autonomía del fiscal general a través de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobiernovque lo nombró, el aumento de los contrapesos internos a las órdenes del máximo responsable de la Fiscalía y la transparencia total de sus relaciones con el Ejecutivo. Se trata de reclamaciones históricas de todo el colectivo (también de las asociaciones conservadoras), que además exigen la Comisión Europea y el Consejo de Europa y que son necesarias para que los fiscales asuman la instrucción de los delitos, que actualmente dirigen los jueces. Lo que hasta hace pocos meses se reclamaba con insistencia, se dibuja desde los colectivos conservadores como un ataque a la separación de poderes justo en el momento en el que el Gobierno lo pone en marcha.

El comunicado de JJpD de este lunes, precisamente, carga contra la crítica hiperbólica de la derecha judicial a cualquier reforma impulsada desde el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la democracia. "La independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa", es decir, a la de las asociaciones, dice la nota. "Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial". "El proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial", sino que "muchas de sus medidas (...) refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial", prosigue. La independencia, en fin, "es una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros".

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

El Consejo General del Poder Judicial aprobaba el pasado miércoles por unanimidad el informe que le impuso la ley que acompañó a su renovación del pasado junio y ha enviado al Gobierno y a las Cortes dos propuestas para la futura elección de 12 de sus miembros, los que proceden de la carrera judicial. El mandato de elaborarlo, impuesto por el PP durante la negociación para la designación de los actuales miembros del órgano y aceptado por el PSOE, elevó a rango de ley la sospecha de que España no cumple en su organización judicial con los "estándares europeos". Pero, ¿cómo llegó ese mensaje a Bruselas? En el origen de todo está la negativa del PP a renovar el órgano, que lo mantuvo bloqueado durante más de cinco años. Pero las asociaciones judiciales conservadoras, las más representativas en la magistratura, encontraron otro culpable: el Gobierno. Incluso pidieron a la Comisión que iniciara un procedimiento sancionador contra España por vulnerar el Estado de derecho y la separación de poderes.

17 de noviembre de 2018. El senador del PP Ignacio Cosidó manda un whatsapp a todo su grupo parlamentario en el que dice que, con la renovación del Consejo ya pactada por el PSOE, el PP controlará el Tribunal Supremo "desde atrás" gracias al nombramiento del entonces presidente de su Sala Penal, Manuel Marchena, como presidente del gobierno de los jueces. A los pocos días, esos mensajes aparecen en la prensa y el acuerdo entre ambas formaciones salta por los aires. El PP, entonces dirigido por Pablo Casado, cierra unilateralmente la puerta a cualquier nuevo pacto hasta que el Gobierno no cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales del órgano procedentes de la carrera. El Gobierno del PSOE clama sin éxito por la renovación y en los años siguientes saca adelante varias reformas para forzar al PP a volver a la mesa. Sin éxito.

El bloqueo del PP provocó un descrédito sin precedentes de los jueces y de su órgano de gobierno entre los ciudadanos. En un país que ha juzgado con éxito por sonadas causas de corrupción a dirigentes de los dos principales partidos (una de esas sentencias, la del caso Gürtel, llegó a provocar la caída de un Gobierno), a miembros de la familia real y a responsables de los bancos más importantes, la percepción de la independencia de los tribunales se desploma 10 puntos entre 2020 y 2023, según el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea de 2024. En 2020, el 44% de los ciudadanos y el 42% de las empresas consideraba que la independencia de sus jueces era "buena" o "muy buena". Solo tres años después, con el Consejo todavía por renovar, ese índice se quedó en el 34%.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia, el PP sigue instalado en el no a la renovación. Tras el fracaso de los llamamientos del PSOE a retomar las negociaciones, el Gobierno plantea varias fórmulas para obligar al principal partido de la oposición a volver a la mesa. El 31 de marzo de 2021 saca adelante en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo, cuando esté prorrogado, efectuar los nombramientos a los principales cargos judiciales del Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. La norma -que establece para el CGPJ limitaciones similares a las que establece la Ley del Gobierno para los Ejecutivos en funciones- provoca en tres años un centenar de vacantes en la cúpula judicial.

La Comisión culpa a "la falta de renovación del Consejo", provocada por el PP, de "lastrar la labor del Tribunal Supremo" y "del sistema judicial en su conjunto" y muestra, año tras año, su preocupación por la situación de bloqueo. Pero el partido de Feijoo sigue sin dar su brazo a torcer. Sin embargo, todas asociaciones conservadoras —la mayoritaria APM, la más moderada Francisco de Vitoria y el muy corporativo Foro Judicial Independiente, las más presentes en la carrera— señalan a otro culpable. Precisamente a quien sí quiere llegar a un acuerdo de renovación del órgano, cuyo bloqueo está en el origen de todo: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 6 de abril de 2021 los tres colectivos —que representan a 2.500 jueces, la mitad de la carrera— mandan una carta a la entonces vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. En ella se dice que el Gobierno ha provocado "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España". También se le acusa de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás (pero sí los representantes de más del 50% de los jueces españoles). El motivo es la reforma que impide al CGPJ nombrar mientras esté en funciones, pero también que, desde 1985, exista un sistema de renovación parlamentaria el órgano. Quieren que los jueces nombren a 12 de los 20 vocales del órgano sin intervención de las Cortes, como el PP.

Pero lo más grave de todo es que piden a la Comisión que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, podría afectar a las ayudas que recibe de la UE e incluso privar al país de voto en en su más alta institución, el Consejo. Que actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial: la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

"Como salvo el primer CGPJ (que duró de 1980 a 1985), todos los posteriores no fueron nombrados mediante elección directa entre los compañeros jueces, debe ser que durante tantísimos años no hemos tenido en España un Estado de derecho ni los jueces han sido independientes ¡Qué barbaridad!", ironizaba el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Jacobo Barja de Quiroga, sobre la carta de las asociaciones en su libro La justicia y la política. "¿Quiere internacionalizarse una cuestión y para ello no importa denigrar el sistema y con él todo el Poder Judicial (no ha hay independencia) y el sistema de Estado en España (no hay Estado de derecho)?", se preguntaba irónicamente. "En realidad, lo que se internacionaliza es la demagogia y el ridículo", añadió. Todos los indicadores internacionales reflejan que España es una de las democracias más avanzadas del mundo, como refleja el Democracy Index de The Economist, que en 2023 la volvió a calificar como "democracia plena" y la colocó en el puesto 24 a nivel global.

A los representantes de esos 2.500 jueces que pedían sanciones para España (en medio de las ayudas millonarias europeas tras la pandemia), se había sumado meses antes el propio Consejo que estuvo más de cinco años prorrogado con su composición mayoritariamente conservadora. En el debate que dio lugar a una resolución del 21 de enero de 2021 contra su tramitación en el Congreso por el procedimiento de urgencia de la ley que impedía nombrar al órgano en funciones, varios vocales de ese sector reiteraron que la reforma vulneraba la independencia y el Estado de derecho. También que España, como Polonia, debía ser sancionada por la UE, algo que cinco vocales progresistas que votaron en contra calificaron como algo "lamentable y exagerado" y "una deslealtad a España", recordando que el comportamiento del Gobierno polaco no podía ser comparable al español.

El resultado de todo el debate fue la disposición legal que el PP puso como condición para renovar el Consejo el pasado junio, cinco años después de los whatsapp de Cosidó. En ella se ordenaba a los nuevos vocales aprobar por mayoría cualificada de tres quintos un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español". También se les reclamaba que hicieran una propuesta al respecto que pudiera "ser evaluada positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea", en la que se planteara un sistema de renovación del órgano "acorde con los mejores estándares europeos".

Ese mandato legal se cumplió con la aprobación por unanimidad del informe este miércoles en el Pleno del Consejo. Como anexo, dos propuestas: la del sector conservador, que defiende que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales sin intervención de las Cortes, y la de los progresistas, que pide que la elección, como desde 1985, siga siendo parlamentaria. Esta última —la de los progresistas—es la que el Ejecutivo tendrá en cuenta, tal y como se ha apresurado a adelantar el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. Ahora serán las Cámaras las que tendrán que sacar adelante una nueva reforma en la que, previsiblemente, se incluirá una fórmula para evitar un nuevo bloqueo como el del PP. Porque fue la negativa a renovar el CGPJ de ese partido durante cinco años -y no presuntas violaciones del Estado de derecho jamás advertidas por la UE- lo que hundió la imagen de un servicio público como la Justicia en la sociedad española.

Más allá de sumarios estrafalarios o sospechas de partidismo al aplicar la ley, la comparación de dos datos objetivos explican la creciente desafección que amplios sectores de la sociedad española sienten hacia sus jueces y magistrados. En las elecciones generales de julio de 2023, 12,5 millones de españoles dieron su voto a opciones de izquierdas frente a los 11 millones que optaron por el PP o Vox. En las que se celebraron el pasado 26 noviembre entre todos los 5.500 jueces y magistrados españoles para seleccionar a los miembros electos de sus salas de gobierno, las asociaciones conservadoras y más corporativas (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria) se hicieron con 104 puestos de las 118 en juego. Juezas y Juezas para la Democracia, la asociación de la que el PSOE y sus socios suelen extraer a sus cargos judiciales, solo consiguieron tres. Otras 11 fueron cubiertas por candidatos no asociados.

El único órgano de gobierno de los jueces de tendencia progresista es el Consejo General del Poder Judicial. Gracias a la elección parlamentaria –eternamente criticada por la derecha judicial y política–, 11 de sus miembros (los 10 vocales a propuesta del PSOE y Sumar, junto con la presidenta progresista Isabel Perelló) conforman una exigua mayoría de izquierdas frente a los otros 10 vocales propuestos por el PP. Los resultados de las últimas elecciones judiciales de la semana pasada demuestran que la elección directa por jueces y magistrados de 12 de los 20 vocales que históricamente ha defendido el PP habría dado como resultado que aproximadamente 16 de sus 20 miembros (los 12 elegidos por la magistratura y los cuatro a los que habría tenido derecho el PP) fueran de derechas, dejando a la izquierda sin la mínima opción para conseguir nombramientos afines en los más altos cargos de los principales tribunales.

La elección parlamentaria del Consejo garantiza una representación más o menos paritaria de las distintas ideologías en ese órgano, pero sus posibilidades para extender el pluralismo tanto en la judicatura en general y en sus órganos de gobierno de ámbito autonómico son muy limitadas. El máximo órgano de gobierno de los jueces es decisivo en el Tribunal Supremo al tener atribuida la elección de todos sus magistrados. Pero la mayoría de tres quintos de votos para cada nombramiento forzará a conservadores y progresistas a un continuo intercambio de cromos. Para que los vocales a propuesta del PSOE y Sumar puedan introducir en el alto tribunal a sus candidatos tendrán que aceptar a otros muchos de sus compañeros propuestos por el PP.

Fuentes del sector progresista explican que, tras las elecciones a las salas de gobierno, en las que la derecha judicial se hizo con el 88% de los cargos en juego, introducir magistrados progresistas en ese segundo escalón gubernativo del Poder Judicial es esencial para introducir algo de pluralismo en la judicatura. Las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico están formadas, además de por los jueces y magistrados elegidos por sus compañeros, por los presidentes de esos órganos judiciales y los presidentes de cada una de las salas que los componen. Estos últimos cargos –los presidentes de tribunal y sala– que también los elige el Consejo por mayoría de tres quintos, aparecen ahora como la única esperanza para introducir magistrados de izquierdas y generar diversidad ideológica en los territorios.

Porque el triunfo de la derecha en los comicios corporativos ha sido aplastante en todas las comunidades. En la Audiencia Nacional y en los tribunales superiores de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Galicia todos los puestos en liza han sido ocupados por candidatos de la APM, la asociación más ligada al PP, que también se ha llevado la mayoría en el Tribunal Supremo, Asturias, Baleares, Castilla y León y País Vasco. En Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia, la ganadora ha sido la más moderada, pero también escorada a la derecha Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. En Aragón y Navarra se ha impuesto el conservador y más corporativo Foro Judicial Independiente. La progresista Juezas y Juezas y Jueces para la Democracia, en la que suele pescar el PSOE y sus socios, solo ha obtenido dos puestos: uno de los cuatro que estaban en juego en Asturias y otro más en el País Vasco, donde se dirimían seis plazas.

La batalla que los progresistas quieren dar con las presidencias ha tenido su primera derrota esta misma semana, cuando la comisión de calificación del CGPJ ha escuchado a los primeros candidatos a dirigir la Audiencia Nacional. A la convocatoria no se ha presentado ningún aspirante cercano a la izquierda. De los ocho que sí lo han hecho, cuatro ocuparon cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP, como Enrique López, Eloy Velasco o María Tardón. Otros dos –Juan Pablo González y Juan Manuel Fernández Martínez, ambos de la APM– fueron aupados al puesto de vocal por el PP en anteriores Consejos. Fuentes del tribunal del terrorismo atribuyen la ausencia de postulantes progresistas a la "desmotivación" que genera entre los magistrados de esa sensibilidad el tremendo avance que la derecha judicial ha experimentado en los últimos años. En el tribunal del terrorismo y la corrupción todavía queda otro puesto clave por cubrir, el de presidente de la Sala de lo Penal.

El otro tribunal en cuya sala de gobierno la derecha puede perder terreno es el Supremo. Las elecciones de jueces dieron tres de las cinco plazas a cubrir a la APM, una a Francisco de Vitoria y otra más al magistrado de lo Contencioso Pablo Lucas, el candidato inicial de los conservadores a presidir el CGPJ. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar aspiran a colocar a sus candidatos en tres de las cinco presidencias de sus salas –Penal, Contencioso-Administrativo y Social– a las que optan las progresistas Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste. A la jefatura de la Sala de lo Civil, también pendiente de cobertura, solo se ha presentado el conservador Ignacio Sancho.

No es muy habitual que las cuatro asociaciones de jueces se unan para hacer la misma reivindicación, sobre todo porque cada una tiene distintas sensibilidades y no siempre coinciden sus puntos de vista. Pero Enrique López, el responsable de Justicia del Partido Popular, ha conseguido unirlas a todas este lunes, ya sean las más conservadoras como las progresistas, en un mismo comunicado para recriminar que el partido conservador se adueñe de una reinvindicación histórica de estos colectivos para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que esa demanda se utilice con fines puramente partidistas.

Las asociaciones de jueces no han tardado mucho en ponerse de acuerdo y redactar un texto de denuncia que, aunque no cita específicamente a Enrique López, la interpretación lleva de forma inevitable a las declaraciones que sólo un día antes había pronunciado en una entrevista al diario La Razón. "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial", decía el titular de la información en boca del también consejero madrileño, que subrayaba: "La renovación es también un deseo de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ".

No deja de ser llamativo que las asociaciones se revuelvan contra lo que dice el que en realidad es un compañero de carrera. López es juez y ha ejercido como tal, pero siempre se le ha vinculado con el PP, o al menos con los intereses de este partido. Ya fuera durante su etapa como vocal del órgano de gobierno de los jueces –en la que coincidió con el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo–, luego como magistrado del Tribunal Constitucional por empeño de los conservadores y finalmente en la Audiencia Nacional, donde fue recusado por sus compañeros para formar parte de los tribunales que debían juzgar el caso Gürtel precisamente por esa afinidad con el partido que luego se confirmó cuando fue nombrado responsable de Justicia por Pablo Casado y consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid.

"Juego sucio"

Lo primero que dicen las asociaciones es que están todas de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) lo recuerdan porque, según han explicado a infoLibre representantes de estos colectivos, se trata de una reivindicación histórica a la que el PP se ha enganchado ahora, cuando el órgano de gobierno de los jueces está lastrado por el bloqueo político para su renovación, y después de que este partido no haya hecho nada por cambiar el sistema cuando ha tenido oportunidad.

Así, insisten en que no es que una mayoría de la carrera apoye las tesis del PP, como parece que, en su opinión, quiere hacer ver Enrique López, sino que lo que ahora dice defender el partido conservador como condición para renovar el CGPJ es lo que las asociaciones llevan años pidiendo a los políticos. Desde JJpD, que lleva recogidas más de 50.000 firmas para reclamar al PP que cese en el bloqueo institucional que ya dura más de 1.000 días, consideran que el dirigente conservador da a entender lo contrario y eso es "jugar sucio".

El retraso en la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que el PP ha justificado por distintos motivos cada vez, ha creado un clima político del que las asociaciones judiciales no son ajenas. No es este el primer comunicado que unas y otras han emitido para quejarse de la intromisión del poder político en el poder judicial y para reclamar a los partidos que cumplan con sus obligaciones. Pero el de este lunes es un texto diferente. Como explican desde JJpD y la AJFV, las declaraciones de López no son el motivo exclusivo del comunicado, pero sí han supuesto el "detonante" que no podían "pasar por alto".

¿Apoyo u oportunismo?

Las palabras del consejero madrileño llegan cuando se van a cumplir casi tres años de bloqueo institucional y el hartazgo de los colectivos de jueces es más que evidente, que consideran que los partidos están haciendo de la renovación del CGPJ un campo más de la lucha partidista. Ese contexto previo es el que, según explican, hace que las declaraciones de López no tengan un pase. "En otro contexto, quizá no pasarían de ser un comentario muy desafortunado", apunta la AJFV.

"Da la sensación de que desde el PP se aprovechan de lo que nosotros reivindicamos", añaden esta asociación, ideológicamente situada entre la conservadora APM y la progresista JJpD. Desde esta asociación no se fían de las reclamaciones que ahora hace el partido conservador, puesto que, según recuerdan, ha ido "dando bandazos" en los últimos años: a pesar de llevar en su programa electoral de 2011 un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y de conseguir mayoría absoluta, no hizo nada por llevarlo a la práctica. De ahí que desde la AJFV se pregunten si lo que defienden ahora los de Pablo Casado es sólido o se trata de mero "oportunismo" y una excusa para seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La APM, la AJFV y el FJI tampoco están de acuerdo con la posición que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez, al que piden que no venda el relato de que la mayoría de asociaciones judiciales, a excepción de JJpD, respaldan al PP. 

El contexto de bloqueo institucional que ya va para tres años, una situación sin precedentes, no ha concitado siempre la misma respuesta de todas las asociaciones judiciales. Aunque todas defienden un cambio en el sistema de elección de los vocales, JJpD casi siempre se mantiene al margen del discurso de las otras tres, ya que es la que culpa directamente y sin matices al PP de la falta de acuerdo. Además, según dejan constancia los colectivos en su último comunicado, discrepan sobre cuándo es conveniente "proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales", si "con carácter inmediato o más adelante". Mientras la APM, la AJFV y FJI quieren que se haga ya, los progresistas prefieren que la modificación legislativa se aborde con un Consejo en plenas facultades, es decir, una vez renovado.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas y recogido por Europa Press, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Concretamente, solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre "el apagón y desapoderamiento" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones— y su "colonización por los partidos políticos", que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".

A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, "lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión".

Reformas legislativas

Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Añaden que, "en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada", se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que "la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE".

En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

"Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades —añade el escrito—. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales "las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial".

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos". Antes esto se hacía discretamente, añaden, "pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa".

También explican a la UE que actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo. "De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo hemos reclamado conforme a las recomendaciones europeas", agregan.

En este contexto, relatan el intento de reforma dirigida a rebajar las mayorías necesarias para designar a los nuevos vocales y la recientemente aprobada "y que tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función mas importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado". La reforma legal suprime otras facultades del CGPJ que la asociaciones consideran esenciales, como la legitimación para promover conflictos de

competencias entre órganos constitucionales.

"En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial", recuerdan los jueces a la Comisión Europea.

Inicio del camino hacia el totalitarismo

Adelantan que siguiente paso, que ya ha sido anunciado, "consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución".

A juicio de estas asociaciones, "se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado formalmente reunirse con los principales partidos políticos para apremiarles en la "necesidad urgente" de que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, para lo que exigen la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de que no dependa de los repartos entre formaciones políticas.

"Para que este órgano clave de la Justicia española, que debe ser y parecer independiente del poder político, no dependa en exclusiva de los repartos entre esos mismos partidos, como ocurre desde hace 35 años y como parece que se repetirá en las próximas semanas", señalan en un comunicado, recogido por Europa Press.

Las tres asociaciones, que unidas suman más de 2.500 jueces y magistrados, quieren así trasladar a los principales partidos su Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, que, apuntan, en pocos días ha recabado cerca de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales para que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero advierten de que la modificación no debe ir en la línea propuesta por el PSOE y Podemos, ya que ésta "politizaría aun más el CGPJ" sino para todo lo contrario. Quieren que todos los jueces puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano, concretamente los que la Constitución indica que deben ser elegidos entre la propia Carrera Judicial, para que así al menos la mitad del CGPJ no dependa en la práctica de los dos grandes partidos.

Apuntan que así se evitaría la politización cada vez más descarada y la posibilidad de que se den bloqueos, como el actual, cuando toque renovarlo cada cinco años.

Al hilo, señalan que es una demanda no solo de los jueces sino también de la ciudadanía y de Europa. Y apuntan que el 70% de los españoles desconoce cómo se elige e incluso que exista el CGPJ, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al respecto, que data de julio de 2019.

De ese sondeo, las asociaciones destacan en el comunicado que sólo el 6% de los encuestados apoyaba que el CGPJ siguiera siendo elegido por los grupos parlamentarios mientras que eran cuatro veces más los que prefieren que sean los propios jueces quienes elijan su órgano de gobierno, o una parte del mismo.

El posible acuerdo PP-PSOE

Por todo ello, APM, AJFV y FJI inciden en que lo único que piden es lo que piden no solo los jueces, sino también la Unión Europea y la ciudadanía, y es "que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo".

Actualmente la renovación del órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueada por la falta de acuerdo de PP y PSOE, si bien este mismo lunes, el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, reconocía que "es posible" que haya un acuerdo para la renovación antes de final de año, aunque para ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cumplir las exigencias de su partido.

Según declaraciones realizadas a La Sexta, esas condiciones serían que Podemos no participe en la negociación, que se despolitice el órgano y que el Ejecutivo retire de forma definitiva labpara reformar el sistema de elección del propio CGPJ.

Las asociaciones de jueces piden explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebra este viernes en Barcelona en la sede de la Escuela Judicial.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demanda en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no asistirá este viernes a la Escuela Judicial, ya que según varios medios de comunicación han apuntado que el Gobierno ha "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad", informa Europa Press.

La asociación mayoritaria de jueces ve "muy preocupante" que el Gobierno "declare su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional" y más aún si estas razones de seguridad pretenden "disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".

Por ello, piden que se "adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces".

"Ausencia de transparencia"

Por su parte, desde Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) señalan que a pesar de que ha habido "ausencia de transparencia" en la decisión de que Felipe VI no viaje a Barcelona para asistir al acto, consideran que en estos momentos no es conveniente alentar polémicas, y ponen el foco en que lo importante del acto son los nuevos jueves que inician su carrera.

"La alegría e ilusión de los compañeros por ejercer su función para la que han dedicado tantos años de esfuerzo superará en mucho la ausencia del rey", ha explicado en declaraciones a Europa Press su portavoz Ascensión Martín, quien ha añadido que es importante que se celebre en Barcelona "con total normalidad" puesto que es donde está la Escuela Judicial.

No obstante, ha explicado que quizá una explicación sobre la ausencia del jefe del Estado "sería prudente" en aras de una mayor transparencia pero ha incidido en que el país se enfrenta a problemas más importantes, por lo que se queda con lo positivo, y es que en esta ocasión se celebre en Barcelona, algo que no pudo ser el año pasado.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también cree que alguien debe dar una explicación "más clara" sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por "respeto" a los nuevos integrantes de la Carrera judicial.

Según ha explicado el portavoz de esta asociación, Jorge Fernández Vaquero, que el rey no presida la entrega de despachos es una "mala noticia" porque no se podrá "simbolizar o poner de manifiesto" que los nuevos jueces son "investidos por un poder público". "Los jueces administramos justicia porque nos lo otorga el poder público", ha indicado y lamentado que el Poder Judicial "permanentemente ve gestos que al final degradan el papel constitucional que tiene".

Partido Popular y Ciudadanos se han reunido este martes en el Congreso de los Diputados con las cuatro principales asociaciones de la judicatura. Sobre la mesa, la reforma del sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial, un cambio normativo impulsado por los conservadores que recibirá el visto bueno del Pleno del Senado en menos de veinticuatro horas. A las reuniones han acudido representantes de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI). Sin embargo, sólo estas dos últimas han puesto sobre la mesa de los dos partidos una propuesta concreta desarrollando cómo debería ser el futuro sistema de elección de vocales de procedencia judicial si se quiere garantizar un futuro CGPJ “plural y que represente a todas los sentimientos dentro de la carrera”.

El debate sobre un cambio normativo que permita que sean los jueces los que elijan directamente a sus vocales se reabrió tras la ruptura del acuerdo sellado para la renovación del CGPJ. La renuncia de Manuel Marchena para presidir el órgano de gobierno de los jueces, precipitada tras la publicación de un polémico whatsapp de Ignacio Cosidó que dejaba entrever los tejemanejes políticos para controlar el Poder Judicial, llevó a la formación presidida por Pablo Casado a proponer una reforma del sistema de elección, algo que hasta ese momento sólo respaldaba Ciudadanos. Así, el PP llevó al Senado una enmienda de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y que será refrendada este miércoles en el Pleno. No obstante, el cambio normativo tendrá que volver al Congreso, donde podría ser tumbado dado el rechazo del PSOE a respaldarlo.

Con este escenario sobre la mesa, las cuatro principales asociaciones judiciales son plenamente conscientes de que el escollo que representan los socialistas en relación con este tema dificulta que la reforma llegue a buen puerto. Eso no ha impedido, sin embargo, que la AJFV y FJI hayan puesto este martes sobre la mesa de PP y Ciudadanos propuestas concretas desgranando cómo debería funcionar el nuevo modelo de elección de vocales de procedencia judicial. Ambos colectivos consideran que el sistema que se utilizó hasta 1985 “no tiene validez ahora” y plantean un modelo que garantice un CGPJ “plural y que represente a todos los sentimientos de la carrera”. Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, han acudido a la reunión sin una propuesta en esta materia. “Antes deberá despejarse si sale adelante o no la reforma”, explica a este diario Celso Rodríguez, portavoz de la APM.

Cada elector podrá elegir a cinco o seis candidatos

En su propuesta, que fue aprobada a finales de noviembre, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria propone que los vocales de procedencia judicial sean elegidos “mediante voto personal, igual, directo y secreto”. A las elecciones, que deberán ser convocadas por el órgano de gobierno de los jueces “con cuatro meses de antelación a la terminación del mandato”, podrán presentarse candidaturas “abiertas” que las conformen “de uno a doce candidatos”. Cada elector podrá “combinar nombres procedentes de candidaturas distintas” y votar “hasta un total de cinco”, de forma que, según fuentes de la AJFV, puedan salir elegidos miembros de todas las asociaciones. En el cupo de vocales de procedencia judicial, completa el documento, siempre tendrá que haber dos magistrados del Supremo y un juez.

La propuesta de Foro Judicial Independiente rechaza categóricamente que se reserven “cuotas a categorías entre los vocales” y apuesta por “facilitar al máximo la presentación de candidaturas fuera de las asociaciones judiciales”. “Se debe permitir a cualquier juez o magistrado que puede presentarse con un requisito mínimo de 25 avales para garantizar su seriedad. Incluso la pertenencia a una asociación no tiene por qué ser un obstáculo para presentarse al margen de la misma o para avalar a candidatos distintos a los de la asociación. Ello facilitaría evitar el riesgo de que se perciba un traspaso al seno de la carrera judicial de las divisiones ideológicas existentes en la sociedad”, señala Foro Judicial Independiente en un comunicado, en el que también apuesta por la utilización en esas elecciones de la votación telemática debido a la “dispersión de los jueces y magistrados por todo el territorio nacional” y lo “poco práctico” que a su juicio resulta “instalar mesas electorales en todas las sedes judiciales”.

En cuanto al sistema de elección, la asociación judicial propone en su documento que no se pueda votar más que a seis candidatos, de forma que se garantice “razonablemente” la presencia de todas las corrientes de opinión en el órgano de gobierno de los jueces y se evite que una sola “monopolice los doce vocales”. Además, plantea la diversificación del voto: “Es decir, cada elector ordenaría la lista otorgándose 10 votos al primero, 8 votos al segundo, 6 al tercero, 4 al cuarto y 1 al sexto”.

Las siete asociaciones judiciales y fiscales han convocado oficialmente una jornada de huelga general el próximo 19 de noviembre y advierten al Ministerio de Justicia que si antes de ese día no hacer llegar una oferta sobre sus reivindicaciones profesionales y salariales volverán a citar a jueces y fiscales para realizar "nuevas medidas de presión" en las semanas siguientes.

El pasado 25 de octubre, Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales --a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado-- y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales anunciaron la convocatoria a este paro en reivindicación de más medios para la justicia y más garantías de independencia.

Este lunes, las asociaciones afirman en un comunicado conjunto que ya se ha constituido el Comité de Huelga y han avisado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Autoridad Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la huelga del próximo 19 de noviembre.

Asimismo, advierten que esta movilización puede que no sea la última, pues "si llegado el día no existen respuestas adecuadas, podrán convocarse nuevas medidas de presión en las semanas siguientes", aseguran.

La justicia "sigue igual de denostada"

El comunicado explica que las razón principal para esta nueva convocatoria es que "la Justicia sigue igual de denostada". Tras diversas reuniones con los responsables del Ministerio de Justicia y "una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, todo continúa igual", aseguran.

En este sentido, la nota detalla que en el proyecto de presupuestos para 2019 no se aprecian que "las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten". Asimismo, destacan que la Mesa de Retribuciones se reunió el pasado 27 de septiembre y que "se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario".

Por todo ello, las siete asociaciones que representan a las carreras judicial y fiscal han vuelto a retomar "la senda de las protestas y medidas de presión, con el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho".

Ya hicieron huelga en mayo

Las asociaciones ya fueron a la huelga el pasado mes de mayo ante el "incumplimiento y falta de atención" por parte del anterior gabinete ministerial dirigido por Rafael Catalá, una movilización en la que participó Delgado. La huelga estuvo precedida por jornadas de paros parciales en respuesta "al desprecio y dejadez" hacia sus peticiones, destacan las asociaciones.

Con el cambio del Gobierno, las asociaciones manifestaron a la nueva titular de Justicia, Dolores Delgado, su "lealtad y compromiso", pero hicieron hincapié en que sus reivindicaciones seguían intactas, y que éstas han sido recientemente apoyadas por los jueces decanos, en un encuentro que celebraron en Melilla.

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado una nueva jornada de huelga para el próximo 19 de noviembre en reivindicación de más medios para la justicia y mayores garantías de independencia, según el llamamiento que han empezado a compartir en redes sociales.

En concreto, la movilización está secundada por la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Se trata de la segunda huelga general que estos colectivos organizan este año, después de que el pasado 22 de mayo llamasen a un paro nacional de jueces y fiscales como colofón a las protestas iniciadas un mes antes con paros parciales semanales para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales.

Jueces y fiscales vienen así reivindicando cargas de trabajo aceptables, más autonomía presupuestaria en el caso del Ministerio Público e independencia en el Consejo General del Poder Judicial, entre otros cambios, como el reconocimiento a los trabajadores de la justicia de los beneficios laborales del funcionariado público.