Asociaciones Judiciales

La más tardía incorporación de las mujeres no explica la descompensación, pues la diferencia en la antigüedad con respecto a los hombres es mínima, según un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En el último mandato del CGPJ, las plazas asignadas a juezas y magistradas sólo representan un 22%. El estudio urge a analizar por qué hay menos mujeres que solicitan puestos de mayor responsabilidad, centrándose en las limitaciones para la obtención de méritos debido a razones de conciliación.

Los juritas piden que sea el Gobierno quien dé las explicaciones.

Achacan el descontento a la precariedad económica, de la que culpan a los poderes legislativo y ejecutivo.

La afirmación de que el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada" para proteger la inmunidad jurisdiccional de España se entiende desde las asociaciones desde "el desconocimiento absoluto de los trámites procesales".

Los paros se repetirán los días 10 y 17 de mayo y habrá una jornada de huelga el día 22 del mismo mes.

Recalcan que la huelga del 8M "desborda su concepto tradicional" de las huelgas para reivindicar el derecho de todas las mujeres y su papel en la sociedad.

Vicente Magro Servet, que ingresó en la carrera judicial en 1987, fue senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997, y ha sido presidente de una de las principales asociaciones de jueces. 

Las demandas sobre cláusulas abusivas de bancos incrementan en un 14,2 % los asuntos en Civil. También aumentaron entre julio y noviembre las demandas sociales un 6,3%, pero descendieron las penales un 3,6%.

Garzón aduce enemistad manifiesta contra él por el artículo de opinión que Requero publicó en La Razón donde lo llamaba también "juez estrella".

La asociación ha acordado el cambio de denominación durante la última jornada de su 32º congreso, para dar visibilidad a las mujeres que la integran.

El diagnóstico es unánime. Jueces, fiscales, policía judicial o inspectores de Hacienda, todos llevan años denunciando la falta de medios para luchar contra la corrupción. El resultado es que, "con demasiada frecuencia", quedan casos sin investigar.

Juan Kruz Mendizabal fue sancionado por la institución por tocamientos a dos niños, pero el obispo Munilla no lo denunció a la justicia cuando conoció el caso, en marzo de 2016.

El día 19 se acaba el plazo para que las comunidades propongan candidatos al TC, donde sólo cinco mujeres han tenido un puesto desde su creación hace 36 años. 

Ahora mismo, casos como el de Guillermo Zapata son juzgados en este tribunal, que se encarga de los delitos relacionados con el terrorismo.

Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia consideran que la normativa que regula los motivos de abstención e inhibición de los jueces que retornan a la magistratura tras desempeñar cargos políticos debería evitar la apariencia de parcialidad.

Asociaciones de jueces y fiscales coinciden en señalar que la fijación de un plazo "máximo" para la instrucción de causas penales, como persigue el Gobierno, puede ser "contraproducente". Hasta una medida contraria a la lucha contra la corrupción. Consideran que la iniciativa ha de ir acompañada de mejoras en la ley procesal y de una dotación mayor de recursos humanos y materiales para ser verdaderamente eficaz.

Jueces denuncian que algunas personas que sufren accidentes leves recurren al orden penal en lugar de al civil porque esto les permite no pagar las tasas y, además, pueden ahorrarse el coste de su examen médico, que puede ascender a varios miles de euros.

Los magistrados han criticado que la reforma de los aforamientos "no sea integrada y de conjunto" y argumentan que podría provocar que un juez tuviese que investigar a un compañero de juzgado con el que tuviera "conexiones".

La reforma de la justicia gratuita, que impulsa el ministro Gallardón, ha puesto en pie de guerra a miles de abogados en toda España y ha recibido duras críticas por parte de asociaciones internacionales de derechos humanos. Juristas y letrados explican los puntos más controvertidos del proyecto.

El nuevo jefe del TS y del Poder Judicial fue alto cargo durante ocho años en los Gobiernos de Aznar, dentro del Ministerio de Justicia. Las asociaciones judiciales, menos la mayoritaria APM, consideran su nombramiento como la guinda a la operación "diseñada" por Gallardón para hacer del CGPJ su "sucursal". 

Los socialistas toman la decisión definitiva y tienen previsto elevar su escrito ante el Alto Tribunal este jueves. El partido de Rubalcaba votó en contra de la norma de Gallardón y denunció el "asalto al Consejo del Poder Judicial" por parte del PP. Las Mesas de Congreso y Senado prorrogan el plazo de la renovación del Consejo. El PSOE se niega a negociar con el Gobierno y sólo concibe "acuerdos parlamentarios" en los que estén los demás grupos.

Rehúsa discutir el relevo de los 20 vocales del CGPJ, cuyo mandato expira el mes próximo, por la profunda reforma aprobada en solitario por el Gobierno. Gallardón introdujo en la ley la posibilidad de que la renovación se haga en cada Cámara por separado, lo que permite al PP nombrar a 10 miembros del Consejo con su mayoría en el Senado de tres quintos. 

Izquierda Plural expresa la conveniencia de que se aparte a Pérez de los Cobos en asuntos de calado como la reforma laboral o la no revalorización de las pensiones. La Junta de Andalucía le pide que se inhiba y estudiará si cabe la recusación. El PSOE irá viendo qué pasos dar, pero el PSC sí cree "evidente" su recusación. Toda la oposición exige explicaciones y todas las asociaciones judiciales, salvo la APM, reclaman su dimisión.