Las autoridades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitieron durante 2016 un total de 41 resoluciones sancionadoras, de las que 25 fueron relativas a infracciones graves o muy graves cometidas principalmente por compañías cotizadas, miembros de consejos de administración, sociedades de valores y gestoras de fondos. El importe total reclamado por esas multas ascendió a 10,06 millones de euros, la mitad que en 2015, cuando las sanciones alcanzaron los 20,07 millones de euros.

Así lo recoge el informe anual del supervisor bursátil [consultar, aquí] presentado este mes de julio. Por entidades, Bankinter, EspañaDuero y Popular son las que recibieron las multas más cuantiosas por malas prácticas durante el año pasado. No obstante, las sanciones solo son firmes en vía administrativa por lo que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La principal multa impuesta en el ejercicio recayó sobre Bankinter, a quien la CNMV reclama 4,1 millones de euros en dos sanciones muy graves por no haber evaluado los conocimientos financieros de los clientes. En concreto, le exige cuatro millones de euros por la no realización del test de conveniencia o su realización inadecuada a los clientes que contrataron permutas financieras sobre tipos de interés en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2009; y otros 100.000 por no cumplir obligaciones relacionadas con la evaluación de la conveniencia de operaciones complejas por parte de clientes minoristas. Ambas están recurridas por la entidad. 

El Grupo Popular, por su parte, fue sancionado por la CNMV con 1,9 millones en varias resoluciones también en cuestiones relacionadas con la protección a los clientes en la venta de productos financieros. Según explicó la propia entidad, la más cuantiosa de ellas, de un millón, fue al Banco Popular por no haber recabado información sobre los conocimientos de los clientes antes de venderles productos. Los otros 900.000 euros se corresponden a dos multas a Popular Banca Privada por percibir comisiones ilegales y por recomendar a sus clientes instrumentos financieros no adecuados a sus objetivos de inversión o a sus conocimientos. Todas las sanciones están recurridas. 

El supervisor también multó con 1,1 millones de euros a las antiguas Caja España y Caja Duero –ambas formaron EspañaDuero, propiedad ahora de Unicaja Banco– por no aplicar medidas para detectar, impedir y gestionar conflictos de interés generados por la venta de productos híbridos a sus clientes a "precios significativamente alejados de su valor" entre junio y octubre de 2010.   

Más entidades 

Otras grandes grupos bancarios fueron sancionados durante 2016, aunque con importes menores. Por ejemplo, Santander Asset Management, la gestora del Banco Santander,

recibió cuatro multas de 70.000 euros cada (280.000 euros en total) por el retraso en comunicar participaciones significativas en dos compañías. El BBVA, por otro lado, fue multado con 250.000 euros por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación sobre las subordinadas de Eroski. Precisamente por esta cuestión el Tribunal Supremo condenó a esta entidad a restituir a un cliente la inversión que hizo en su día en este producto al considerar que no se no se explicaba bien a los inversores su carácter perpetuo.

El año pasado el regulador también multó con 150.000 euros a Banco Mare Nostrum por la misma cuestión que al Popular, no haber evaluado la conveniencia de que clientes minoristas compraran productos complejos. Bankia, por otro lado, fue multado con 150.000 euros por "infracción grave" por prácticas de manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012, justo dos meses antes del rescate en el que se le inyectaron cerca de 23.000 millones de euros de dinero público. Por esta misma mala práctica también fue sancionada Banca Cívica, absorbida por Caixabank, con 150.000 euros. 

También se vieron afectados por las multas de la CNMV dos bancos de inversión. Fue el caso de Jefferies, que fue penalizado con 150.000 euros por vender en corto acciones de Abengoa en 2014 cuando la compañía ya había empezado a sufrir sus primeros vaivenes en Bolsa. El regulador acreditó que el banco estadounidense vulneró aspectos de las permutas de cobertura por impago en estas operaciones. A Renta 4 Banco, por otro lado, le impuso una multa de 75.000 euros por manipulación de mercado. 

Agencias de valores  

Por agencias de valores, la multas más relevante recayeron sobre MG Valores a la que la CNMV impuso tres sanciones por infracciones muy graves: por un conflicto de intereses (200.000 euros), por vicios esenciales en el registro de órdenes (160.000 euros) y por no aplicar la política de gestión de órdenes (160.000 euros). En total, 520.000 euros. Por otro lado, las sociedades de valores Renta 4 y Auriga fueron multadas con 125.000 y 100.000 euros, respectivamente, por manipulación de mercado, en el primer caso; y por ventas en corto (bajistas) de acciones de varias empresas españolas, en el segundo. 

Entre particulares, la sanción más alta del ejercicio recayó en Jaime Botín, primer accionista del Bankinter, que fue multado con 500.000 euros por no comunicar debidamente su peso en el accionariado de la entidad. Botín había sido multado con otros 500.000 euros en 2013 por no comunicar debidamente su participación en una sociedad tenedora de acciones llamada XYZ. La segunda más cuantiosa, de 170.000 euros en total, la recibió Rafael Collada Barreno, consejero delegado de MG Valores. Otra veintena de consejos fueron multados con sanciones menos cuantiosas, que alcanzaron alrededor de 300.000 euros en total. 

La banca intervenida por el Estado, integrada por las cajas de ahorros nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas, ha repartido un total de 959 millones de euros en dividendos entre sus accionistas desde 2011 hasta el día de hoy. Algunas de las entidades ya han devuelto las ayudas que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) les dio para apoyar su saneamiento y algunas han salido a Bolsa. Otras, en cambio, ni una cosa ni la otra.

Bankia, propiedad del Estado en un 64,2%, distribuyó su primer dividendo el año pasado. Fueron 202 millones de euros con cargo a los beneficios de 2014, que sumaron 747 millones. Este año sus accionistas recibirán aún más, 302,3 millones de euros, sobre unas ganancias de 1.040 millones. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió ayudas públicas por importe de 22.424 millones de euros, aunque según el informe elaborado por los peritos del Banco de España en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pueden ascender a 46.000 millones si se añaden los bonos emitidos por la Sareb (el banco malo) a cambio de los activos tóxicos que le transfirió. En cualquier caso, el banco sólo ha devuelto hasta el momento 1.626 millones, el 7,2% de lo que recibió.

El Gobierno siempre ha defendido que estas entidades repartan dividendos porque considera que es una forma de que el Estado, principal accionista de algunas de ellas, recupere el dinero invertido en ellas. “Es un indicio de la vuelta a la normalidad”, aseguraba el Ejecutivo cuando respondió a una pregunta de UPyD en el Congreso sobre Bankia. “También se da una clara señal al mercado de que la entidad es rentable y solvente”, remarcaba.

Así, del total de 504,3 millones de euros que el banco ha repartido estos dos últimos años, el Estado, como su principal accionista, ha ingresado 322 millones. Los restantes 1.304 millones de euros recuperados por las arcas públicas proceden del 7,5% del capital que Bankia vendió en Bolsa en 2014.

Cuando Mariano Rajoy firmó el rescate europeo de las cajas españolas en 2012, el FROB prohibió a los bancos, si querían recibir las ayudas, repartir dividendos por encima del 30% del beneficio, y a las cajas, hacer dotaciones a la obra social que superaran ese porcentaje. Si las ayudas excedían el 2% de los activos, la supresión de los dividendos o de las aportaciones a la obra social era total. Hay que recordar que, además de Bankia, fueron nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia.

315 millones de Abanca

Bankia se estrenó en el parqué en julio de 2011. Liberbank –resultado de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura– lo hizo en mayo de 2013. Y en diciembre de 2014 amortizó la emisión de obligaciones convertibles contingentes (llamados cocos) que el FROB suscribió para recapitalizar la entidad. Es decir, ya ha devuelto ayudas por importe de 124 millones. De forma que ya no tenía obstáculos para repartir un dividendo de 40,39 millones a cuenta del ejercicio de 2015, que cerró con unos beneficios de 54,69 millones de euros. El año pasado los había doblado –117 millones–, pero no llegó a distribuirlos entre sus accionistas.

El consejo de administración de Abanca, la antigua Novagalicia, adquirida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha aprobado pagar un dividendo de 315 millones de euros con cargo a los beneficios de 2015 –330 millones–. La decisión final deberá tomarla la junta general de accionistas, que el año pasado rechazó retribuirlos con los 150 millones que en principio había autorizado el consejo.

Novagalicia recibió 8.982 millones en ayudas públicas, de las que el Estado sólo recuperará 1.003 millones, el precio que se comprometió a pagar Escotet por la entidad en diciembre de 2013. De esa cifra aún debe al FROB 600 millones de euros, que Escotet promete reducir a la mitad con cargo al dividendo –el dueño de Banesco posee el 88% del capital de Abanca–.

Banca Cívica fue la primera

En 2014 la malagueña Unicaja culminó la compra de Banco CEISS. La entidad que integraban Caja España y Caja Duero recibió 604 millones de euros en forma de obligaciones convertibles, al igual que Liberbank. Antes, el FROB le había inyectado otros 525 millones en forma de preferentes. Y, tras la compra por Unicaja, el organismo público le concedió una garantía de 241 millones de euros más para cubrir el coste de los litigios que los inversores pudieran plantear tras rechazar la oferta que hizo la malagueña por CEISS. Ésta debía ser aceptada por el 75% de los accionistas de la castellano-leonesa, pero no llegó a cubrirse ese porcentaje. En total, pues, 1.370 millones de euros en dinero público.

Unicaja aún no ha salido a Bolsa. “No está decidida ni la fecha ni el importe de la operación”, explica un portavoz de la entidad. El caso es que debe salir al parqué antes de que acabe este año, por imposición de Bruselas. Y los 604 millones en obligaciones, que fueron convertidas en capital, deben ser devueltos antes de abril de 2017. Pero sí ha repartido dividendos desde que integró CEISS. En 2015 retribuyó a sus accionistas con 25 millones de euros con cargo a unos beneficios de 238,7 millones en el ejercicio anterior, y este año acaba de aprobar la distribución de 19 millones más a cuenta de las ganancias de 2015, 230,06 millones.

También Banca Cívica –Cajasol, Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos– repartió beneficios entre sus accionistas. De hecho, fue la primera que lo hizo, en 2011, tras haber recibido ayudas públicas. En febrero de 2011 el FROB suscribió una emisión de preferentes por valor de 977 millones de euros para apoyar la integración de Cajasol en Banca Cívica. En julio de ese mismo año salió a Bolsa. Y antes de que acabara el ejercicio acordó pagar un dividendo de 55,04 millones de euros, con cargo a los beneficios de 190 millones obtenidos en 2011.

Sólo unos meses después, en marzo de 2012, Caixabank anunciaba la compra de Banca Cívica por 979 millones de euros. La entidad que encabeza Isidro Fainé devolvió los 977 millones de ayudas públicas –amortizando las preferentes adquridas por el FROB– en abril de 2013, un año después. Con la operación, Caixabank preveía conseguir sinergias por valor de 540 millones de euros a los tres años de absorber Banca Cívica.

Sin repartir dividendos

Por el contrario, Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum e Ibercaja no han repartido dividendos. La primera fue nacionalizada en septiembre de 2011 y desde entonces ha recibido 12.624 millones de euros en ayudas públicas. Cerró 2015 con pérdidas de 78,1 millones de euros, aunque sí ganó dinero en 2013 y 2014 –468,8 y 123 millones, respectivamente–. Fue subastada y adjudicada en julio de 2014 al BBVA por 1.187 millones, aunque descontados créditos fiscales y garantías no le costó más de 600 millones de euros. La compra supuso también la pérdida para el FROB del total de las ayudas concedidas a Catalunya Banc. “No tenemos nada que devolver”, asegura un portavoz de la entidad a infoLibre. La integración en el BBVA será completa el próximo mes de septiembre: Catalunya Banc ya no presenta resultados, los consolida con los del grupo presidido por Francisco González. Su aportación al resultado de la entidad alcanzará los 300 millones de euros en 2018, según los cálculos del propio banco.

Banco Mare Nostrum (BMN) –Cajamurcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès– ha sumado beneficios desde 2013, un total de 189 millones. Pero los ha destinado íntegramente a reservas, precisa un portavoz de la entidad. También está a la espera de salir a Bolsa, “cuando mejore la situación de los mercados”, apunta. Entonces confía en devolver los 1.645 millones de euros en ayudas públicas recibidas. El 65% de su capital pertenece al Estado. Así que planea sobre BMN una posible fusión con Bankia, la otra entidad aún con una participación pública mayoritaria, que Bruselas no ve con malos ojos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado ya en manos del próximo gobierno.

Finalmente, Ibercaja compró en 2013 Banco Caja3, a su vez resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Cajacírculo y Caja de Badajoz. El FROB había suscrito cocos en Caja3 por valor de 407 millones de euros, que Ibercaja ha comenzado a reintegrar este año: 20 millones. En marzo de 2017 prevé amortizar 163 millones más y en diciembre, el resto.

Lleva ya dos ejercicios cerrando con beneficios –151 millones en 2014 y 84,1 millones en 2015– tras otros dos con pérdidas –485 millones en 2012 y 29 millones en 2013, el año en que adquirió Caja3–. Pero de momento ha dedicado sus ganancias a la obra social, señala un portavoz de la entidad. Ibercaja tampoco ha salido aún a Bolsa, una vez más a la espera de que las condiciones del mercado sean más favorables. “Tenemos hasta 2020 para salir al parqué”, indica la misma fuente, “o bien que un inversor interesado nos compre la parte que tenemos que desinvertir”.

También el servicio de estudios del BBVA es uno de los mayores defensores de lo que llama “modernización del sistema de despido”. Su última propuesta defiende abaratarlo creando un contrato único con una indemnización que crecería según la antigüedad del trabajador, de forma que sólo llegaría a los 33 días por año quien acumulara un mínimo de ocho años en la empresa. Por su parte, el servicio de estudios de Caixabank rechaza en sus informes las “rigideces” del mercado laboral, como los elevados costes de despido, y considera “insuficiente” la “flexibilidad” de la legislación española sobre el trabajo.

Aunque la institución que con más entusiasmo ha reclamado una reforma laboral que, entre otras novedades, abaratara los despidos es el Banco de España. Tanto con su anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como con el actual, Luis Linde. En 2009, el primero llegó a pedir la desaparición del despido indemnizado, y el año pasado el segundo se mostró a favor de “acercar” la cuantía de la compensación por despido de los contratos indefinidos a los temporales; es decir, de 33 a 12 días por año trabajado.

Sin embargo, cuando ha tenido que recortar sus plantillas, y lo ha hecho con profusión durante toda la crisis, la banca española se ha olvidado de sus reparos teóricos sobre el coste de despido. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2008, los bancos han despedido a 67.464 trabajadores, el 25% de su personal. Pero nunca ha aplicado los mínimos legales que le permite la reforma laboral, que tanto reclamó y cuya rebaja, ahora, incluso considera “insuficiente”.

Hasta 50 días en Banesto y Santander

Por el contrario, las indemnizaciones concedidas a los empleados de banca durante todos estos años han más que duplicado los 20 días por año trabajado del despido objetivo. El Banco Santander acaba de anunciar un recorte de 1.660 trabajadores, tanto en las sucursales como en los servicios centrales. En principio, ha puesto sobre la mesa indemnizaciones de 40 días por año trabajado. Pero los sindicatos han replicado que quieren los 50 días con que la entidad despidió a 3.000 trabajadores de Banesto cuando lo fusionó en 2013. Y, según fuentes sindicales, parece que está dispuesta a pagarlos. También ofreció prejubilaciones para mayores de 55 y 58 años con hasta el 80% del salario. Ahora  –aún no ha comenzado la negociación– propone el 70% para los mayores de 58 años.

Caixabank llegó a los 45 días por año trabajado y entre 36 y 42 mensualidades  –el tope legal para el despido improcedente es de 24 mensualidades– para los 867 trabajadores que se acogieron el año pasado a un plan voluntario de bajas. Fueron los mismos días que dio en 2013 a 2.600 empleados, pero multiplicados por 42 mensualidades.

En el caso de Barclays, que fue adquirido por la entidad catalana el año pasado, un total de 975 trabajadores se llevaron 38 días, pero sumados con una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad y otros 1.000 euros más por año trabajado, supuso que la cuantía final de la indemnización podía alcanzar un máximo de 250.000 euros. 300.000 euros si se trataba de una prejubilación, con el 90% del salario.

Ambos ejemplos muestran el patrón por el que se han regido los despidos colectivos en la banca durante estos años: altas indemnizaciones y predilección por las bajas voluntarias y las prejubilaciones.

Salarios que doblan la media nacional

La generosidad de la banca, en cualquier caso, tiene que ver con diferentes factores. Primero, las plantillas cuentan de partida con salarios por encima de la media. Según la última Encuesta Anual del Coste Laboral, correspondiente a 2014 y elaborada por el INE, el salario bruto medio en el sector financiero es de 48.760,4 euros al año, más del doble que la media nacional, de sólo 22.605,8 euros. Las indemnizaciones de la banca alcanzan los 1.866,5 euros, el 2,8% del coste salarial total, casi seis veces más que la media nacional.

Además, los directivos de las entidades financieras cuentan con algunas de las remuneraciones más elevadas. Ana Patricia Botín se llevó el año pasado 9,8 millones de euros, un 10% más que en 2014. El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se jubiló en 2015 con sólo 54 años y una pensión de 45 millones de euros. La cobrará de forma vitalicia a razón de 1,79 millones de euros anuales. Muy lejos, de todos modos, de los 108 millones de pensión que cobró en 2002 el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui.

También hay que tener en cuenta que los beneficios del sector, pese a la crisis financiera, no han dejado de crecer desde 2012. En 2015, la banca española ganó 10.389 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior. Suma así tres años consecutivos de beneficios.

Los ERE de Santander o de Caixabank, por ejemplo, se debieron a razones organizativas, o fusiones, también para afrontar la necesaria transformación digital. Hace una semana, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, preparó el terreno para futuros recortes de plantilla al anunciar la eventualidad del cierre de 2.800 de sus 3.800 sucursales por la adaptación digital y la aparición de nuevos competidores ajenos al sector.

Alta afiliación sindical, huida de la conflictividad

Todo lo anterior, añadido a que el sector cuenta con unos buenos convenios colectivos y una larga y consolidada tradición sindical, se traduce en unas negociaciones que suelen terminar en acuerdo y con cifras consideradas de lujo. De ahí el elevado número de adhesiones voluntarias a los planes de recorte. “Hasta el 60% de las plantillas de la banca en España están afiliados a un sindicato”, destaca el responsable del sector financiero de CCOO, Juan José Giner.

Además, la edad media de las plantillas le ha permitido jugar la baza de las prejubilaciones. Al menos hasta ahora, cuando ya no alcanza los 45 años. Giner precisa, no obstante, que esta manera de rejuvenecer el personal tiene cada vez menos recorrido después de los sucesivos ERE que han ejecutado muchas entidades.

A su juicio, los bancos prefieren evitar la conflictividad cuando se trata de recortar plantilla. Sobre todo en un sector, explica, en el que los empleados “no son fácilmente remplazables”, porque “la profesionalidad, la formación y la estabilidad” son un activo primordial. Por eso alerta ante la pérdida constante de empleo que está sufriendo el sector. “España se encuentra entre los tres últimos países de la zona euro por número de empleados bancarios cada 10.000 habitantes”, lamenta. Una cosa son las oficinas, zanja, y otra los profesionales.

Las nacionalizadas, menos de 30 días

Pero dentro de la banca también hay clases. Y las entidades que sucumbieron a la crisis y la mala gestión, y fueron nacionalizadas o recibieron cuantiosas ayudas públicas, no han sido tan espléndidas con sus trabajadores. El ERE de Bankia fijó el límite que no debía sobrepasarse en estos casos. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.000 millones de euros del Estado y se deshizo de 4.500 trabajadores en el mayor ERE de la historia del sector. Los despedidos recibieron indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y las prejubilaciones se firmaron con el 60% del salario bruto. En cualquier caso, 10 días por encima del mínimo legal.

También se ofreció 30 días, aunque con un tope de 30 mensualidades, a los 1.557 excedentes de Catalunya Caixa, que fue adquirida por BBVA el año pasado. Las prejubilaciones ascendían al 70% del sueldo. Catalunya Caixa había percibido 12.052 millones en ayudas públicas. Los 1.850 trabajadores incluidos en el ERE de Novacaixagalicia se llevaron indemnizaciones de 25 días, con un tope de 16 meses y una prima de 2.000 euros por cada trienio, 30 días con un límite de 22 mensualidades y una prima por trienio de 22.000 euros en el caso de las bajas voluntarias. Las prejubilaciones alcanzaban el 80% del salario. La entidad gallega ingresó 8.981 millones de euros de las arcas públicas. Aún no se sabe qué cantidad va a ofrecer Banco Ceiss  –fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero–, a los 1.120 trabajadores que tiene pensado despedir, pero la entidad también recibió dinero del Estado: 1.129 millones.

Pese a su volumen, las indemnizaciones de los bancos no son las más elevadas que constan en los registros. En plena crisis, empresas como General Electric o Yahoo pagaron 60 días por año a sus trabajadores. Levi's lo hizo en los tiempos de euforia económica, en 2004. El año pasado Coca-Cola despidió a 60 directivos con indemnizaciones de al menos 100 días por año trabajado, según informó en su día El Economista. Mientras, pleiteaba en los tribunales con los sindicatos por el ERE con el que se deshizo de 1.156 empleados a razón de 33 días  –aumentados a 45 por la Audiencia Nacional–. La embotelladora española del refresco de cola tuvo unos beneficios de 311 millones ese año, un 47% más que en 2014.

Bankia tuvo unos beneficios de 1.040 millones de euros en 2015, un 39,2% más que el año anterior. Esa cifra le permitirá repartir entre los accionistas un dividendo de 302 millones. De ellos, 194 irán a parar a las arcas públicas, puesto que el 64,2% del capital de Bankia es propiedad del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, hasta el momento, Bankia ha devuelto 1.626 millones de euros, sólo el 7,2% del dinero público que recibió en 2012 para sanear sus cuentas.

“Nos vamos a seguir dejando la piel [para devolver las ayudas públicas]”, prometió este lunes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tras presentar los resultados de la entidad. Hasta ahora, el Estado ha recuperado 1.304 millones de euros gracias a la venta, en febrero de 2014, del 7,5% del capital de Bankia. También recibió otros 128 millones correspondientes al dividendo de 2014. Y ahora se le pagarán los 194 millones de euros del dividendo de 2015. Como queda dicho, la suma es tan sólo una pequeña parte de los 22.424 millones de euros que el Estado le dio para salvarla de la quiebra.

El FROB puso a la venta el 7,5% del capital de Bankia en febrero de 2014, a un precio de 1,5 euros la acción. El objetivo es terminar vendiendo toda su participación. Pero, hasta el momento, no se ha repetido la operación, en vista del bajo precio de las acciones de Bankia en Bolsa. Este lunes cerró a sólo 0,93 euros, aupada por la presentación de beneficios, aunque llegó a caer hasta 0,87 euros en el último año. En principio, la fecha límite para privatizar Bankia es el 31 de diciembre de 201731 de diciembre de 2017. “Es decisión del propietario [el FROB] decir cuándo, a qué precio y cómo se privatiza, pero ahora no es el mejor momento para hablar con las autoridades”, apuntó Goirigolzarri este lunes sobre la ausencia de Gobierno.

El Estado aumenta su participación en Bankia

Curiosamente, la participación del Estado en Bankia no hace más que aumentar. Las numerosas sentencias judiciales que condenan a la entidad por el engaño de las preferentes o la salida a Bolsa –el Supremo acaba de anular la compra de acciones de Bankia por las “graves inexactitudes” del folleto de la oferta pública–, obligan al banco a devolver la inversión y a recomprar las acciones fruto del canje obligatorio. A finales de 2014 el FROB poseía el 62% del capital y ahora ya es el propietario del 64,2%. Bankia ha tenido que asumir unos 253 millones de acciones.

Al tiempo, dos de los fondos con mayor participación en el capital, Europacific Growth Fund (Eupac) y Capital Research and Management Company, han reducido su participación desde 2014 por debajo del 3% –superaban el 5% cada uno–. El capital privado de Bankia se lo reparten inversores institucionales españoles –un 4,94% a 30 de noviembre de 2015–, minoristas –que han pasado de casi el 22% en 2013 a menos del 13% a finales del año pasado por las sentencias judiciales– e inversores institucionales extranjeros como los dos fondos antes citados. Éstos rebajaron su participación en 2015 en casi un punto porcentual, tras haberla nada menos que quintuplicado el año anterior.

Hasta el momento, un total de 49 inversores institucionales han presentado demandas contra Bankia. Para hacer frente a los litigios que le esperan por la salida a Bolsa, la entidad ha provisionado 1.840 millones de euros.

El mismo exiguo porcentaje de devolución en el resto 

Ese 7,2% reingresado por Bankia es casi el mismo exiguo porcentaje con que el Estado ha recuperado el dinero del rescate a todo el sistema bancario español. De los 53.553 millones de euros53.553 millones de euros aportados desde 2009, el Estado ha recobrado sólo 2.666 millones, a los que habría que sumar los 1.304 de la venta de acciones de Bankia antes citada. Es decir, 3.970 millones, un 7,4%, según los datos de la última nota del Banco de España sobre las ayudas a la restructuración bancaria, fechada el pasado mes de mayo.

De esos 2.666 millones, 977 millones los devolvió Caixabank en abril de 2013 y corresponden a ayudas recibidas por Banca Cívica –resultado de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos y luego absorbida por la entidad catalana–; otros 782 millones proceden de la venta de la participación del Estado en Catalunya Banc,783 millones más de la venta de Novacaixagalicia, y 124 millones amortizados por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Cascada de millones para el rescate

En cualquier caso, son unas cifras muy alejadas de las cantidades aportadas por el Estado: 12.052 millones a Catalunya Banc y 8.982 millones a Novacaixagalicia, hoy Abanca tras haber sido vendida al venezolano Banesco. Catalunya Banc ha terminado en manos del BBVA. A Banco Mare Nostrum –resultado de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra– le otorgó el FROB 1.645 millones de euros y a CEISS –la antigua Caja España –Duero, hoy absorbida por Unicaja–, 1.129 millones. Caja 3 –Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja de Badajoz– se llevó 407 millones y Liberbank –Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura–, 124.

Además, el Estado concedió a las entidades avales por un importe de 110.895 millones que han sido devueltos en un 95%, y garantías en forma de Esquemas de Protección de Activos (EPA) de los que el FROB calcula una pérdida de 1.039 millones de euros. La suma se amplía con las garantías adicionales que el FROB concede para la cobertura de contingencias como posibles reclamaciones por las preferentes: 1.553 millones. Y con las líneas extraordinarias de crédito que habilitó el Estado por un máximo de 16.300 millones, que ya han sido canceladas. La cuenta termina con 2.192 millones de euros aportados a la Sareb, el banco malo, y 45.028 millones concedidos en forma de avales públicos a la deuda emitida por éste.

Hay que recordar que España solicitó en junio de 2012 el rescate financiero, integrado por una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. De estos fondos se pidieron finalmente 40.000 millones, y de ellos se han devuelto ya al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) más de 5.600 millones, un 15%, según el informe de evaluación elaborado por la Comisión Europea y publicado el pasado 29 de enero.

Tanto los responsables del Banco de España y el ministro de Economía, Luis de Guindos, en sus declaraciones públicas, como el propio FROB en sus cuentas han dado por perdidos los miles de millones entregados por el Estado a las entidades financieras rescatadas. Ya lo advirtió el propio Goirigolzarri en fechas tan tempranas como mayo de 2012. “El Estado va a inyectar capital en Bankia y la obligación de una compañía cuando recibe capital, sea de quien sea, no es devolver dicho capital, sino ser capaz de generar valor y ofrecer rentabilidad a esa aportación”.

Los ciudadanos de Sao Paulo, en Brasil, pudieron ver antes de Navidad una imagen muy poco frecuente en España: una protesta de trabajadores del Banco Santander a pie de sucursal. Denunciaban a la primera entidad financiera española por acoso moral. Los objetivos comerciales “exagerados y abusivos” impuestos a la plantilla han deteriorado el clima de trabajo y acabado con la salud de algunos de los empleados. En Brasil, el Santander obtiene el 20% de su beneficios, tantos como en Reino Unido y seis puntos más de los que consigue en España. “Presionan a los comerciales para que vendan lo que es invendible”, explican fuentes de UGT. Esas prácticas abusivas, aseguran, no son más que una copia de las habituales en España. También sus consecuencias.

El sindicato denuncia que en el Banco Santander sus trabajadores hacen 30.000 horas extra diarias. Que no se pagan a la plantilla ni cotizan a la Seguridad Social ni tributan por el IRPF. Según el Estatuto de los Trabajadores, son ilegales todas las horas extraordinarias que superen las 80 anuales. La entidad que dirige Ana Patricia Botín no declara hacer ni una sola hora extra. Así que UGT ha presentado más de un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo, muchas de las cuales han terminado con la correspondiente sanción. Sin embargo, “el banco paga las multas y continúa con las prolongaciones de jornada”, se queja el sindicato.

El Santander ha obtenido 4.361 millones de euros de beneficios en los tres primeros trimestres del año, un 31,7% más que en el mismo periodo de 2013. Las horas extra realizadas por su plantilla en un solo día equivalen a la jornada anual de 18 trabajadores, cuyas nóminas se ahorra la entidad. Según los cálculos de UGT, unos 15.000 de los 23.602 empleados del Santander prolongan sus horarios. “No da tiempo a hacer todo el trabajo de ocho a tres y media, así que lo normal es continuar de cinco a ocho de la tarde, y sin remunerar”, protesta el sindicato. “Es un fraude no sólo al trabajador, sino también a la Seguridad Social y la Hacienda Pública”. infoLibre ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del banco sobre la denuncia sindical.

El 77% hace horas extra sin remunerar

Santander es el primer banco de España y uno de los primeros del mundo. Pero, al igual que el resto del sector financiero nacional, ha sufrido una cura de adelgazamiento brutal durante la crisis. Tras la integración con Banesto en 2013, la plantilla se ha reducido en 3.000 personas gracias a un generoso plan de prejubilacionesla plantilla se ha reducido a partir de los 58 años –de los 55 años en Madrid– y a otro de bajas incentivadas. Ha cerrado 900 oficinas en un año. “Han menguado las plantillas, pero no el número de clientes”, advierten las fuentes de UGT. El recorte de personal, sumado a unos objetivos comerciales inalcanzables, destacan, han disparado el número de horas extra. Por otra parte, un mal histórico del sector: “No son necesarias, responden a la cultura del presentismo y de estar disponibles al máximo”.

Ésa es una de las conclusiones de una encuesta elaborada por UGT entre trabajadores de banca. El 77,67% de los preguntados declaraba hacer horas extra. El 40,34% de ellos, por culpa del exceso de trabajo, y otro 34,5%, por presiones de sus superiores. Según un estudio de CCOO sobre el mismo asunto, las horas extra en el sector financiero se han disparado un 47% sólo en el primer trimestre del año respecto a 2013.

CCOO calcula que en toda la banca española se hacen 57 millones de horas extra ilegales, que suponen un ahorro en salarios para las entidades financieras de 8.600 millones de euros. Y una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social de otros 2.300 millones. UGT cifra en 25.249 el número de puestos de trabajo al que equivalen las horas extra ilegales de la banca española. De ellos, se pueden considerar déficit real de plantilla entre 10.000 y 14.600.

Plantillas mermadas por los ERE, ampliación de horario comercial

Desde 2008, el sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo y cerrado 12.000 oficinasel sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han superado la decena. Entre ellos, destaca el más voluminoso de la crisis, los 4.500 despidos de Bankia. Pero también ha recortado su plantilla en 1.537 personas el Banco Sabadell, y en 2.349 Catalunya Caixa. Novagalicia, hoy Abanca tras su compra por el venezolano Banesco, firmó en 2013 un ERE para 1.850 trabajadores, pero desde la fusión de Caixanova y Caixa Galicia los sucesivos despidos colectivos han dejado la plantilla en la mitad de sus 8.000 empleados iniciales.Caixabank (2.900 trabajadores) y Banco Ceiss (1.230) son otras entidades cuyos ERE han superado el millar de despidos.

Claro que, a continuación, Bankia decidió abrir “oficinas ágiles” para atender a los clientes con horario ininterrumpido hasta las seis de la tarde. Y Abanca acaba de firmar un acuerdo con parte de los sindicatos para abrir sus sucursales en horario de tarde, hasta las siete. Mientras, resaltan las fuentes de UGT, lo habitual en cualquier oficina es encontrar colas de clientes esperando ante el único empleado que atiende la caja, por ejemplo.

Estrés, medicamentos, sin conciliación familiar

No es de extrañar, pues, que hasta el 68% de los trabajadores encuestados por UGT confiesen que padecen estrés. Casi el 75% rechaza los objetivos que les marca la dirección por inalcanzables. Y el 64% ha advertido que la “actitud negativa de los clientes” –por los abusos de la banca, a la que culpan de la crisis, y por las ayudas económicas recibidas por algunas entidades– ha aumentado e influye en su trabajo. El 30% de los empleados culpa a la presión de los jefes de su estrés laboral. Otro 23%, a esos objetivos tan poco creíbles, y un 21%, al excesivo volumen de trabajo. CCOO revela que entre el 15% y el 20% de los empleados de banca se medica de forma habitual. Y por si fuera poco, UGT asegura que los bancos están utilizando el absentismo laboral como motivo para ejecutar despidos disciplinarios y adelgazar aún más las plantillas.

El sindicato precisa que en las horas extra ilegales no incluyen ni las reuniones convocadas fuera de horario ni las horas de formación. Por lo que no es de extrañar que cunda el ejemplo de una trabajadora de Bankia. Convocada por sus jefes a una reunión a las cinco de la tarde, acudió con su hijo de cuatro años y lo sentó en una silla junto a ella, en la misma mesa donde debatía con sus superiores. A la espera de que alguno de ellos captara los perjuicios de su “cultura horaria”.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón ha embargado al Banco Ceiss, el resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero, por un total de 97.830 euros en preferentes, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Pero el matrimonio de preferentistas asturianos, de 84 y 80 años, hasta la fecha no han podido cobrar su dinero porque la entidad financiera está "sin saldo".

"El caso está solucionado"infoLibre

se ha puesto en contacto con un portavoz de Banco Ceiss, que ha asegurado que el dinero de la sentencia ya ha sido consignado, por lo que ya está a disposición del Juzgado: "El caso, por lo tanto, está solucionado", completó el mecionado portavoz, que no contesta a la pregunta de este diario sobre la inexistencia de saldos del banco.

La cantidad de 97.830 euros incluye la cifra que tenía que haber devuelto en un primer momento la entidad financiera a los preferentistas, que era de 73.830 euros en concepto de principal e intereses moratorios. A esa cantidad se suman otros 24.000 euros en concepto de intereses.

"Lo que más choca no es solo que se opongan a la demanda de los preferentistas cuando es un tema claro, sino que además primero no apelen, después no paguen y nos obliguen a hacer la ejecución de sentencia o embargo, por lo que tienen que pagar un 25% más. Pero lo más increíble de todo es que la averiguación de bienes sea negativa", explica la abogada asturiana Celia Rimada, que representa al matrimonio de preferentistas.

Esta letrada destaca, también, que desde marzo pasado los preferentistas no cobran las cantidades que les corresponden de las sentencias que condenan a Banco Ceiss: "Y por eso en cada uno de estos casos tendremos que embargarles, pero no tienen saldos en sus cuentas. La única solución podría ser embargarles inmuebles, pero eso a los preferentistas no les interesa, pues la mayoría tiene más de 80 años".

Un error

Precisamente ante la imposibilidad de cobrar esta y otras sentencias condenatorias, la abogada Celia Rimada presentó el pasado 17 de junio un escrito en el Juzgado de Gijón en el que apuntaba la posibilidad de que la falta de fondos se debiera a un error, al haberse dirigido contra Caja España, la entidad que comercializó las preferentes, y no el Banco Ceiss. "Pero no creemos que sea eso, pues el CIF de ambas sociedades es el mismo. En el resto de embargos seguiremos teniendo el mismo problema", explica la letrada de Gijón.

La detención la semana pasada del que fuera director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, no ha sorprendido a muchos.Roberto López Abad, Según la investigación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, este banquero, en colaboración con empresarios y otros empleados de la caja, idearon un sistema que logró evadir más de 200 millones de euros al fisco español, con destino al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). También ha estado entre rejas el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, imputado por la emisión de cientos de millones de euros en preferentes. ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, Hasta ahora son los dos únicos dirigentes de bancos que han ingresado en prisión.

Pero podrían no ser los únicos, pues en varias partes de España, jueces y fiscales investigan a los gestores de 16 cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero español que desde mayo de 2009 ha necesitado 61.366 millones de euros de dinero público en inyecciones directas de capital  para evitar su desplome.

Hasta el momento, y según la información recogida por infoLibre, 195 directivos y empresarios, todos ellos vinculados a las cajas de ahorros rescatadas, permanecen imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción por delitos como evasión fiscal o administración desleal. 

Todo está relacionado con el expolio de las cajas de ahorros, controladas por los partidos mayoritarios en las diferentes comunidades autónomas, especialmente el PP, el PSOE pero también Izquierda Unida. A muchos de esos banqueros se les acusa de aprobarse a sí mismos prejubilaciones multimillonarias,prejubilaciones multimillonarias pero también de enriquecerse de forma ilícita. Y todo esto se produjo en un periodo de tiempo en el que las entidades financieras que gobernaban han tenido que ser rescatadas.

Las dos antiguas cajas de ahorros que más dinero han necesitado para sobrevivir, Bankia (22.424 millones) y Catalunya Banc (12.052 millones), son de las que más dirigentes imputados mantienen, con 36 y 54, respectivamente. La tercera en volumen de dinero obtenido de los españoles es Novacaixagalicia, con 8.981 millones, tiene ya ocho imputados. El Banco de Valencia (5.498 millones) tiene a cerca de una treintena de personas implicadas en los diferentes casos judiciales.

Estos son los implicados de cada una de las 16 cajas, muchas de ellas ya desaparecidas, que están siendo investigadas.

Según los datos que publica este miércoles la institución que dirige Luis María Linde, la cifra total de créditos dudosos se ha situado en 178.663 millones de euros y se mantiene cerca de los niveles previos al rescate bancario, a pesar de que supone un incremento de 2.020 millones de euros respecto a junio.

La mora registró descensos en diciembre de 2012 y febrero de este año por los efectos contables del traspaso de activos a la Sociedad gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), primero por parte de las nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc) y después por las del grupo 2, dentro del que figuran Ceiss, Caja3, Liberbank y BMN.

Una vez corregido este efecto, la morosidad bancaria ha retomado su senda alcista y ya encadena cinco subidas consecutivas desde el pasado mes de febrero.

De este modo, la morosidad de la banca ha marcado en julio una brecha de 2,75 puntos porcentuales respecto al máximo de la crisis anterior, que data de 1994, cuando se estableció en el 9,15%. También supone 1,88 puntos porcentuales más que la tasa registrada en julio de 2012 (10,99%).

En los últimos meses el ascenso de la mora se había ralentizado, pero en el mes de junio ya se disparó hasta el 11,6%. El anterior récord histórico se marcó en noviembre de 2012, cuando la mora se situó en el 11,38%.

Por su parte, la cartera crediticia se ha reducido en 27.082 millones de euros respecto al mes anterior. El crédito global del sector financiero ha alcanzado los 1,49 billones de euros en julio, frente a los 1,519 billones del mes anterior.

Sin embargo, esta cartera ha sufrido una contracción del 13% en los últimos doce meses, ya que en julio de 2012 se situaba en 1,716 billones de euros. Desde el sector se espera que la morosidad siga creciendo en los próximos meses pero a un ritmo menos, hasta que toque techo.

Ante el deterioro de la cartera crediticia, las entidades bancarias han elevado sus provisiones bancarias en julio, tanto por las exigencias de las últimas medidas para sanear el sector como de forma voluntaria, hasta los 118.639 millones de euros, lo que supone un 2% más que en el mes anterior. En julio de 2012, el colchón ascendía a 102.544 millones de euros.

Freno a la morosidad

El analista de XTB Rodrigo García ha explicado a Europa Press que "no es de extrañar" que la tasa de morosidad del mes de julio haya experimentado un crecimiento respecto a periodos anteriores debido al alto desempleo y la "mala situación" por la que pasan algunas empresas. "Esto hace que tengan dificultades para devolver sus créditos y que la tasa de morosidad aumente", ha apuntado.

No obstante, ha precisado que a pesar de este aumento "la buena noticia es que es poco probable que el dato aumente en la misma proporción que el año anterior". "Se espera que el crecimiento de la morosidad sea positivo pero cada vez menor, hasta el punto que llegue a tener un crecimiento nulo. Esto sería una señal definitiva de que la economía española ya habría tocado fondo y se encaminaría hacia una mejora", ha subrayado.

Desde su punto de vista, "es poco probable" que el crecimiento de la morosidad "lastre demasiado a los bancos", ya que ha advertido de que el endurecimiento de las normas vigentes y la propia prevención de los acontecimientos por parte de las entidades han hecho que sus balances ya estén provisionados "en buena parte".

Como estos dictámenes del organismo supervisor no son vinculantes, los bancos y empresas de servicios financieros no están obligados a corregir la mala práctica denunciada. Pero el Banco de España critica por “claramente insuficientes” los niveles de rectificación de las entidades. Y sitúa a la seguridad jurídica entre ellas y los clientes como principal damnificada por la renuencia de los bancos.

Según la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en 2012 las quejas de clientes –se recibieron 14.313– crecieron un 20,7% respecto al año anterior, con lo que se recuperan los “máximos históricos” alcanzados en 2010. Citibank, Ceiss –resultado de la fusión de Caja España y Caja Duero– y Banco Popular son las entidades con un mayor porcentaje de reclamaciones. En el caso de Citibank, por la comercialización de tarjetas, que concentra la mayor parte de su negocio.

Sin embargo, la mayor parte de las quejas de los clientes, el 32,2%, se refiere a préstamos y créditos. La memoria destaca, además, el aumento de las reclamaciones relacionadas con créditos hipotecarios que el Banco de España recibió en los últimos meses de 2012; también de las que tienen que ver con valores y seguros.

La mayoría, a favor del reclamante

Del total de los informes emitidos por esas quejas, el 51,25% fueron favorables a los clientes. Además, el 21,4% fueron “allanamientos”; es decir, las entidades dieron la razón al reclamante nada más abrirse el procedimiento en el Banco de España. Entre los grandes bancos que menos cedieron sobresalen el Popular –sólo en un 11,1% de los casos–, y Caixabank –en el 17,5%–. Citibank sólo lo hizo en el 5,8% y Ceiss, en el 7,4%. En total, la intervención del Servicio de Reclamaciones se tradujo en la devolución de 1,28 millones de euros a clientes.

Por el contrario, la entidad que más rectificaciones hizo tras recibir los informes del Banco de España es Deutsche Bank, con el 61,1%, y Banco Sabadell, con el 51,1%.

De los bancos extranjeros, sobre la que más informes abrió el organismo supervisor es ING Direct, con 47, de los que el 27,7% fueron informes favorables al reclamante y otro 14,9% fueron allanamientos. También sobre una de las dos cajas de ahorros que aún quedan en España, Caixa Ontinyent, el Banco de España emitió tres informes por reclamaciones. Dos de ellos apoyaron la queja del cliente.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha registrado a cierre de 2012 unas pérdidas de 26.060 millones de euros y cuenta con un agujero patrimonial de 21.831 millones de euros, según ha informado el fondo.

Las cuentas de 2012 están influidas por el apoyo financiero que se recoge en los planes de reestructuración de las entidades del Grupo 1 (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y del Grupo 2 (BMN, Ceiss, Liberbank y Caja3).

A 31 de diciembre de 2012, el FROB tenía un pasivo total de 51.314 millones de euros, un neto patrimonial de -21.831 millones de euros y un activo de 29.483 millones de euros.

Con el fin de mantener un patrimonio neto positivo, el FROB explica que se está avanzando en la recapitalización del fondo a través de la conversión en fondos propios del préstamo concedido por el Tesoro. Dicha conversión permitirá arrojar un patrimonio neto positivo de unos 5.000 millones de euros, una operación que está pendiente de su implementación jurídica.

El FROB también ha contabilizado deterioros en el valor de sus participaciones como consecuencia de las valoraciones realizadas sobre las mismas. Adicionalmente, se han incrementado las pérdidas como consecuencia del deterioro de las participaciones preferentes que el fondo mantenía en las entidades y que suman 25.205 millones de euros.

De esa cantidad, 9.176 millones de euros procedían de Bankia, 6.674 de Catalunya Caixa, 5.498 de Banco de Valencia, 3.091 de Novagalicia, 525 millones de euros de Banco Ceiss y 241 millones de BMN.

Aumento del pasivo

A lo largo de 2012, el FROB experimentó un fuerte incremento en el tamaño del pasivo y de su patrimonio con el fin de financiar las inyecciones de capital que debía hacer en las entidades de los grupos 1 y 2.

En concreto, se inyectaron 17.959 millones de euros en Bankia, 9.084 en Catalunya Caixa, 5.425 en Novagalicia y 4.500 en Banco de Valencia, además de 1.703 millones que se invirtieron en la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb).

El Fondo recuerda que en junio de 2012 el Estado incrementó la dotación patrimonial del FROB en 6.000 millones de euros y en diciembre le concedió un préstamo de 39.468 millones de euros, una cantidad que cubre la recapitalización de las entidades del grupo 1 y de la Sareb. No incluye a las entidades del Grupo 2 porque la inyección se realizó en febrero de 2013.

Pese a todo, el FROB aclara que dispone de una "cómoda posición de tesorería" frente a sus compromisos a medio plazo y recuerda que a finales de junio de 2013 el importe de la tesorería no comprometida ascendía a 12.137,5 millones de euros, invertidos en deuda del Estado, depósitos líquidos en entidades de crédito y en liquidez del Banco de España.

CEISS recibirá un préstamo público de 604 millones de euros mediante la suscripción de obligaciones contingentes convertibles (cocos) y se integrará en Unicaja con un canje de instrumentos de capital entre ambas entidades.

El Estado, principal accionista de CEISS, tendrá primero que asumir pérdidas y admitir que no recuperará los 525 millones de euros que prestó a la entidad castellanoleonesa para su creación.

Pero la entrada de Unicaja en el accionariado del Banco CEISS, además, se producirá una vez finalizado el canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de Caja España y Caja Duero por instrumentos similares de Unicaja Banco. A sus tenedores el FROB les aplicará la consiguiente quita, por lo que también asumirán pérdidas.

En su día, la Comisión Europea clasificó a Banco CEISS en el denominado Grupo 2 de entidades financieras, al tratarse de un banco "con déficit de capital que no podría afrontar de forma privada y sin ayuda estatal dicho déficit".