El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

Ya no son sólo las grandes tecnológicas las que se disponen a desprenderse de cientos de sus trabajadores y ni siquiera la ola de despidos se ciñe a Estados Unidos. El estrés de un año de inflación desbocada y precios energéticos que no se recordaban desde los años 80 está alcanzando a compañías industriales, bancos, medios de comunicación o inmobiliarias, también en Europa. De forma que el año 2023 se estrena con anuncios de despidos que sólo para las tecnológicas suman, a fecha de 27 de enero, 67.268 trabajadores, según el recuento que lleva a cabo el portal Layoffs.fyi, para un total de 210 empresas. No son pocos si se tiene en cuenta que, en todo 2021, el total de despidos en el sector alcanzó los 159.684, en 1.040 empresas. Es decir, en menos de un mes ya se ha anunciado el 42% de los que se ejecutaron en todo el año precedente.

Pero si a los despidos tecnológicos se añaden los anunciados en grandes compañías de otros sectores, los trabajadores afectados superan ya los 82.400 en un recuento que no es exhaustivo. En ese número se incluyen los despidos en algunas empresas de criptomonedas –Coibanse, Crypto.com, Genesis, Blockchain– que gotean desde que estalló el escándalo de FTX

Buena parte de estas empresas culpa a la “incertidumbre” de la economía, golpeada por la inflación y el coste de la energía y las materias primas, otras afrontan problemas comunes a su sector –como la caída de los suscriptores digitales de los medios de comunicación– y algunas más sufren crisis particulares por decisiones de gestión equivocadas. Pero tampoco es ajena al fenómeno la subida de los tipos de interés, en la que fue pionera la Reserva Federal y cuyo efecto, aunque retardado, es siempre el enfriamiento económico.

Los despidos de Facebook y Twitter con los que terminó 2022 se han quedado pequeños comparados con los que se avecinan este año. Pese a que los países occidentales parecen haber esquivado, de momento, el fantasma de la recesión y los precios se han contenido de forma más rápida de la esperada, la subida de los tipos de interés sigue amenazando el crecimiento y la guerra de Ucrania va a perturbar la geopolítica y la economía durante todo el año. Así que las empresas no lo han dudado y han optado por el método más expeditivo.

IBM acaba de hacer público que va a despedir a 3.900 trabajadores, mientras en Google la cifra se eleva hasta los 12.000. Microsoft se deshará de 10.000 empleados, aunque al mismo tiempo va a gastarse 10.000 millones de dólares en OpenaAI, la empresa que ha creado el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT. Fuera de EEUU, la empresa alemana de software SAP despedirá a 3.000 personas. En su caso, atribuye la caída de los beneficios en 2022, nada menos que un 56%, al cierre de su negocio en Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, lo que se ha traducido en un impacto de 410 millones de euros. En Suecia, Spotify, el servicio de música digital, ha puesto en el punto de mira a 600 de sus empleados para reestructurar la empresa en un entorno económico que tacha de “difícil”. Y la holandesa Philips ha añadido 6.000 trabajadores al recorte de 4.000 anunciado en octubre y que se prolongará hasta 2025. Perdió 1.608 millones de euros en 2022.

Amazon, que ya comenzó a recortar plantilla en noviembre de 2022, cabalga la ola con el mayor volumen de despidos: 18.000 trabajadores. Pese a que su cifra de negocio creció un 15% el año pasado, desde julio ha perdido casi la mitad de su valor en bolsa.

También la química 3M, que emplea a 100.000 personas, se ha apuntado al recorte de plantillas con el anuncio de 2.500 despidos. El descenso de las ventas, argumenta la compañía estadounidense, hace necesario un ajuste de producción y, por tanto, de trabajadores. Otra química estadounidense, Dow, echará a la calle a 2.000 empleados para hacer frente, dice, “a la ralentización del crecimiento económico mundial, los desafíos del mercado energético y la reducción de existencias”. La automovilística Ford planea despedir a 3.000 trabajadores en Europa, según ha publicado la revista Fortune. Equivalen al 65% de su plantilla en el continente y se sumarán a los 3.000 de los que prescindió el año pasado en EEUU.

Y un gigante más: la juguetera Hasbro despedirá al 15% de su plantilla en todo el mundo, unos 1.000 trabajadores. Se encuentra embarcada en plena transición digital: menos Monopoly y más gaming es el objetivo.

En el caso de la textil sueca H&M, los despidos ya se anunciaron en noviembre del año pasado, unos 1.500 en todo el mundo. Este mismo viernes ha publicado una caída de sus beneficios del 67% en 2022, debido a la subida de precios de las materias primas y los fletes, la fortaleza del dólar y los costes energéticos. El aumento de las ventas en un 12% no le ha servido para engordar el resultado.

También empezaron el año pasado los mayores bancos del mundo a reducir personal: Credit Suisse anunció en octubre el despido de 9.000 empleados, tras admitir unas pérdidas de 4.000 millones de euros en el tercer trimestre. Este año, en el que también prevé pérdidas, el recorte lo sufrirá el negocio de banca de inversión europea, cuya plantilla mermará en un 10% según adelanta Financial Times. La semana pasada fue Goldman Sachs la que se deshizo de 3.200 empleados, el 6,5% de su personal. En los primeros nueve meses de 2022, sus ingresos cayeron un 20%, por lo que ha decidido también revisar los bonus que paga a sus empleados e incluso la compra de dos jets privados. La entidad financiera también pretende ajustar una plantilla que ha engordado en 10.000 personas desde diciembre de 2019.

Citigroup aún no ha precisado a cuántos trabajadores les afectará la tijera, aunque en noviembre ya se deshizo de 50 personas. El año pasado sus beneficios cayeron casi un 33% respecto al ejercicio anterior. Barclays echó también ese mismo mes a otros 200 trabajadores. Bank of New York Mellon prevé poner en la calle a otros 1.500.

Incluso el mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, propietario del 4% del Íbex 35, ha recortado plantilla este enero: 500 empleos, el 3% de su plantilla.

Mención aparte merecen los despidos en los grandes medios de comunicación estadounidenses. En diciembre abrió la veda la cadena de televisión CNN, con cientos de trabajadores, pero este año ha sido The Washington Post el que se ha sumado con 20 extinciones de contrato y no 30 vacantes que ha dejado sin cubrir, después de haber suprimido su suplemento dominical en noviembre –otros 10 despidos–. Los motivos aducidos son dobles, según informó el propio periódico: la caída de las suscripciones digitales y el sobredimensionamiento de la plantilla, que desde que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró la cabecera, en 2013, casi se ha duplicado, hasta el millar de trabajadores.

La cadena de televisión NBC –75 empleados– y la mayor compañía de periódicos de EEUU, Gannet –propietaria de USA Today–, con otros 200 despidos y después de desprenderse de 400 trabajadores en 2022, se añaden a la lista. Que completan Buzzfeed –el 12% del personal– y Vox Media, dueña de New York Magazine, con un plan para despedir a 133 personas después de deshacerse de 39 el pasado julio.

La oleada de despidos se produce cuando parecía que el ánimo de empresas y analistas se entonaba en un año que terminó con la inflación y los precios de la energía contenidos, además de con el PIB aún en cifras positivas. A ambos lados del Atlántico. No obstante, ¿se contagiará el recurso al recorte de plantillas a Europa, y a España?

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, cree que su traslado al continente europeo sería, en todo caso, sólo “parcial”. “Aquí no hay burbujas como la que afecta a las tecnológicas estadounidenses, con plantillas sobredimensionadas, o como la que sufrió España con la burbuja financiera e inmobiliaria”, razona. Algo parecido les ocurre a los fondos de inversión, que “prosperaron al calor de los tipos de interés negativos” y ahora se encuentran con un contexto que ya no existe.

Y es precisamente en la política monetaria donde Torres ve el riesgo. “Hemos sido impactados por un triple shock”, explica, “el energético y el geopolítico se han ido moderando, pero es el monetario el que ahora está afectando a la economía”. La subida de los tipos de interés tiene un efecto retardado que, además, no es lineal, aclara el analista. Al principio, parece que no tiene impacto, pero puede ocurrir como en 2008, cuando una vuelta más de tuerca llevó a la economía europea a la recesión. Encarecer el precio del dinero tiene como fin enfriar la economía y, en consecuencia, frenar la inflación. Como en EEUU los tipos de interés empezaron a subir antes, el comportamiento de la economía allí puede considerarse un indicador adelantado de lo que puede suceder en Europa. Así que también en España se notará la contracción de la subida de tipos, aun cuando el PIB haya aguantado y el IPC sea de los más bajos del continente, advierte Raymond Torres.

“De hecho, se está notando ya en el crédito”, añade, “incluso ya han caído los nuevos créditos”. La oferta se ha endurecido, tanto para los préstamos inmobiliarios como para los que piden las empresas. Y ese acceso más difícil al dinero reducirá la inversión, lo que puede terminar afectando al empleo. “Quizá pecamos de un pesimismo excesivo en otoño, cuando parecía que estábamos en la antesala de la recesión, y ahora que la hemos esquivado nuestro optimismo es también excesivo y no hemos tenido suficientemente en cuenta la política monetaria”, concluye el analista de Funcas. El peligro, continúa, es que persista la inflación mientras se desacelera la actividad en un contexto de tipos de interés altos.

Según una encuesta de la empresa de recursos humanos Adecco, casi el 54% de los directivos españoles prevé aumentar la contratación en sus empresas este año. Sólo el 25% de los ejecutivos preguntados descartaba aumentar plantilla este ejercicio y el próximo. El ánimo es por tanto mucho más optimista que el captado en la encuesta realizada en 2021, cuando el 47% de los directivos decía que no iba a hacer nuevos contratos en sus empresas.

Es más, el 72% de las tecnológicas españolas piensan en aumentar su plantilla en este primer trimestre, pese a que sus perspectivas para mejorar la facturación han caído 15 puntos, de acuerdo con el barómetro que elaboran la empresa Vass y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), informa Europa Press.

A la espera de saber cuántos trabajadores españoles de H&M, Microsoft y Ford pueden resultar afectados por los despidos de ambas multinacionales, ya hay algunos ERE en marcha. Los sindicatos empezaron el pasado día 10 a negociar con Siemens Gamesa el despido de 352 trabajadores. También se negocia en el grupo cerámico de Castellón Victoria, que ha planteado 198 despidos en Keraben y Saloni. Wallbox, que fabrica cargadores para vehículos eléctricos en Barcelona y cotiza en la Bolsa de Nueva York, va a desprenderse del 15% de su plantilla, que integran 1.400 trabajadores.

Además, Indra ha recortado 56 empleos en su centro de Sant Joan Despí (Barcelona). Y en la factoría de Stellantis –Citroën– en Vigo los sindicatos han pactado con la empresa un ERE para 100 empleados, además de la prórroga del ERTE que ya se aplicó a la plantilla el año pasado. El último despido colectivo en la factoría viguesa se remontaba a 2016.

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

El Gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado recientemente los trámites para recuperar la propiedad de casi 3.000 viviendas sociales vendidas en 2013 por debajo del precio de mercado al fondo buitre o de capital riesgo Azora. El actual Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, inmerso en la campaña electoral del 4M, asegura que no está de acuerdo con su propia decisión, que seguirá recurriendo y que así da cumplimiento de la histórica resolución de septiembre del año pasado del Tribunal Supremo que tumbó la enajenación de 2013, adelantada por este medio y ocurrida durante el mandato de Ignacio González, investigado por la Operación Lezo.

Además, el equipo de Díaz Ayuso tiene que publicar la sentencia en El País, siempre de acuerdo con la orden judicial. No lo ha hecho y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid, en una providencia fechada el pasado 9 de abril, da 10 días para publicar dicho fallo o, en caso contrario, que aporte las explicaciones pertinentes. La Comunidad contesta que la publicación en el rotativo cuesta mucho dinero y que están igualmente recurriendo la decisión (los recursos también cuestan dinero).

Sobre la recuperación de pisos protegidos, la Comunidad señala que ha iniciado la anotación preventiva ante el Registro de la Propiedad de las 2.935 viviendas públicas afectadas, el primer paso para recobrar la titularidad. Así lo constan los documentos del Registro a los que ha tenido acceso infoLibre. La anotación preventiva es la constancia de una pretensión ante el Registro precisamente para cambiar al propietario de un inmueble urbano. “Realmente nosotros vamos a continuar defendiendo que la sentencia sólo afecta a las viviendas de los recurrentes. Es un tema aún no decidido por los jueces de manera definitiva”, indican en la Consejería de Vivienda.

Los diferentes gobiernos madrileños del PP que sucedieron a González han perdido todos los recursos desde 2018 presentados por el querellante, un vecino de Navalcarnero llamado Rachid Bouikou que de la noche a la mañana se enteró que su casero pasaba de ser una agencia pública (el Ivima) a un fondo de capital riesgo. Según la consejería, el trámite de la anotación preventiva “tiene un efecto informativo”. “Que los terceros sepan que hay posibilidades de que el titular cambie por resolución judicial”, añaden portavoces.

¿Qué es una anotación preventiva? "Cuando se dicta una sentencia judicial no firme, se puede recurrir a la anotación preventiva", explican fuentes del Colegio de Registradores de la Propiedad. "Es una acción prescriptiva con una duración temporal de cuatro años que se cumplirá cuando la sentencia sea firme y no diga lo contrario de lo que venía fallando cuando el fallo era recurrible". Según estas fuentes, también puede hacer una labor "informativa", "pero en este caso se realiza porque así lo ordena el juez". 

"Dinero a cambio de viviendas"

Ya en febrero pasado, Vivienda -una consejería al frente de la cual está el polémico David Pérez- pidió suspender la ejecución alegando que recuperar 2.935 VPO era una tarea que requiere “una enorme complejidad y volumen”. Ahora la consejería asegura que sigue sin recuperarlas plenamente. “No somos de facto los propietarios ni responsables de las viviendas porque aún no estamos en la fase procesal donde se ordena el restablecimiento de las prestaciones: dinero a cambio de viviendas”. Es decir, no se ha producido la negociación que abocará a que la Comunidad de Madrid pague una cantidad justa al fondo Azora – Goldman Sachs por recobrar la titularidad de miles de viviendas ocho años después de malvendérselas.

Azora pagó en 2013 alrededor de 200 millones de euros, mucho menos de lo que valían las 2.935 viviendas repartidas en 32 promociones, tal y como indicó en 2015 la Cámara de Cuentas de Madrid en un informe demoledor. El fondo, que explota estos pisos a través de su vehículo inmobiliario Encasa Cibeles, protestó a finales de diciembre por la inacción de la Comunidad de Madrid ante las sentencias judiciales, indicó que solo podía devolver 1.700 de las casi 3.000 –el resto han sido vendidas a terceros– y se declaró “legítimo propietario” en tanto que el Gobierno regional no negociara una compensación económica.

Dudas sobre 1.300 de las 3.000 VPO

Ahora la región ha dado el primer paso. “No vamos a contactar ahora con los afectados”, insisten en el Ejecutivo de Díaz Ayuso. “No nos corresponde. Hemos solicitado las anotaciones preventivas por orden del Juez, lo que no implica que las viviendas estén en nuestro patrimonio”. ¿Y las viviendas vendidas a terceros, es decir, las que ha enajenado Goldman Sachs-Azora a otros particulares, unas 1.300 según el fondo? "Buena pregunta", responden en el Gobierno regional. "No tenemos ni idea porque la sentencia no dice qué hacer con ellas". 

En su providencia del 9 de abril, el Juzgado asegura que no le "consta" que la sentencia esté publicada "en el diario El País". Por tanto, proclama el magistrado, "requiérase a la Directora Gerente de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que en el plazo de 10 días manifieste si se ha producido dicha publicación y, en caso contrario, de cuenta de las razones por las que no se ha procedido a la misma". 

En la Comunidad de Madrid manifiestan su disconformidad por tener que publicar la sentencia en este periódico y aducen razones económicas para no hacerlo. Hasta el punto que portavoces regionales de Vivienda dicen estar buscando financiación. Es decir, que la Comunidad de Madrid aseguran no contar con dinero para publicar el fallo en un medio de tirada estatal. "Estamos estudiando la forma de obtener la financiación que permita la publicación ya que no estaba contemplada esta contingencia".

La Comunidad de Madrid recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La orden la emitió a través de un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid tras un litigio que comenzó en 2018 y terminó en septiembre de 2020 con una histórica sentencia del Tribunal Supremo anulando la venta de 2.935 VPO. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se resiste a reapropiarse de los pisos sociales de acuerdo con un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre. 

El juzgado dio 10 días al Ejecutivo regional para recuperar los pisos vendidos en la etapa de Ignacio González, pero los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia: los abogados insisten en que, según su interpretación, el fallo afecta solo a una de las 2.935 viviendas (la del denunciante) repartidas en 32 promociones. Y recurren a argumentos inéditos para reforzar su opinión: por ejemplo, se destaca la "enorme complejidad y volumen" de recuperar las casi 3.000 VPO; se enumera el coste de los "trámites registrales"; se habla de la "dispersión" de registros o se advierte del riesgo de "ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".

En el recurso no hay ninguna mención a los miles de afectados que, en agosto de 2013, se despertaron viendo cómo su casero pasaba de ser el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo de capital riesgo internacional en busca de beneficios. Pero sí hay múltiples alusiones a terceras personas que habrían comprado algunas de las 3.000 casas en estos siete años (nadie ha dicho cuántos son). "La ejecución del contenido del auto recurrido no es una cuestión baladí", dice el recurso; "las consecuencias jurídicas que la ejecución del auto implica, el número de personas y familias afectadas, así como la naturaleza sensible de los derechos e intereses implicados, imponen la máxima cautela y prudencia en las acciones a realizar, so pena de ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".

Otro de los argumentos más sorprendentes es que la posición de la Comunidad "reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou" (el inquilino del Ivima de Navalcarnero que junto con su abogado César Pinto han doblado el pulso al Gobierno regional y al fondo buitre desde 2018). A lo largo del recurso los letrados autonómicos insisten en el "alcance" limitado.

Pero la literalidad del auto que ordena a Madrid recobrar la propiedad de todas las VPO no coincide con lo que dice el Ejecutivo regional. Según el auto, "se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". Es decir, que la sentencia de 2018 y los autos posteriores tumban la enajenación de 2.935 pisos sociales. 

"Mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia", continúa el texto sin explicar a qué intereses se refiere. La Abogacía Jurídica asume el rol de portavoz de los terceros compradores -que nadie ha identificado-. Los letrados dicen que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico". 

Trámites "complejos"

Por eso, prosigue el recurso, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible". Entre esos trámites complejos, el primero sería  "solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales". 

Aquí, los letrados describen la supuesta complejidad. "Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que dichas gestiones no están centralizadas en un solo Registro", dicen, "sino que, dependiendo de la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta en un total de catorce Registros diferentes en diez municipios distintos". La Abogacía enumera más trámites, con el fin de demostrar una presunta complejidad: la "autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", "presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente" o "abonar la inscripción efectuada". "Los trámites registrales alcanzarían, en consecuencia, un total aproximado de 505.719,50 euros", esto es, algo más de medio millón de euros.

Por debajo del precio de mercado

Las 2.935 viviendas sociales fueron enajenadas por debajo de precio de mercado por 201 millones de euros. Y esto para la Comunidad de Madrid es otro problema, a pesar de que se presenta la oportunidad de aumentar el parque de alquileres asequibles. "La concreción del importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. [el vehículo inmobiliario de Goldman-Azora] requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja", protestan los letrados.  Así, además de los 200 millones aparecen "gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro", "intereses devengados" o la "determinación de la cuantías que en concepto de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble".

"En definitiva", concluye la Comunidad de Madrid, "razones de seguridad jurídica unidas a una necesaria y deseable prudencia, imponen la suspensión de la ejecución de los autos recurridos". 

Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid por sus dudas en el recurso sobre el alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere directamente a las 32 promociones. "Para recuperar las viviendas han de ser primero los tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles", insisten portavoces regionales. Sobre el precio a pagar, los portavoces señalan que "su determinación se va a establecer durante la ejecución de la sentencia". "En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del valor de mercado", agregan.

La Comunidad de Madrid rechazó a mediados del año pasado una petición del Defensor del Pueblo para realojar a miles de familias afectadas por la venta de sus viviendas de protección oficial al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en agosto de 2013. La operación ha sido definitivamente tumbada por la Justicia al no recurrir el Ejecutivo regional la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, según adelantó infoLibre hace un mes. Pero el Defensor, institución que preside Francisco Fernández Marugán, entendió que además de la acción judicial el Gobierno autonómico tenía que dar una respuesta social a miles de personas que de la noche a la mañana su casero pasó de ser una empresa pública regional a un fondo de capital riesgo ávido por obtener beneficios. 

Por eso el Defensor envió pasadas las elecciones autonómicas y municipales a la Comunidad (que vendió 2.935 pisos sociales a Goldman por 201 millones de euros) y al Ayuntamiento de Madrid (que simultáneamente hizo lo mismo con 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone por 130 millones) una resolución "para que regulen un procedimiento para asignar viviendas a los adjudicatarios afectados por la venta de vivienda pública protegida a empresas privadas, con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz". 

La respuesta de la Comunidad de Madrid, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de coalición con Ciudadanos, fue un sonoro rechazo, confirman fuentes oficiales del Defensor a este medio. Por el contrario, el equipo del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida contestó que estudiaría el asunto y quedó pendiente de informar al Defensor del Pueblo del realojo a los perjudicados, todos ellos beneficiarios a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Portavoces municipales sin embargo aseguran que el realojo se ha descartado por "inviable". 

"Este trámite concreto, nuestra petición, ha sido cerrada ante el rechazo formal que nos dio la Comunidad de Madrid", aseguran en el órgano constitucional que preside Fernández Marugán. "No obstante, eso no quiere decir que nuestra acción en torno a este problema haya terminado. Seguimos atentos", agregan desde el Defensor, además de confirmar que el expediente al Consistorio madrileño permanece abierto ante la respuesta favorable aportada por el mismo. 

Desahucios y subidas del alquiler

El traspaso de las casi 5.000 viviendas sociales a sendos fondos se produjo en 2013, en plena crisis financiera. Fue una decisión de los ejecutivos de Ana Botella e Ignacio González y se produjo con inquilinos habitando los bloques de pisos. La venta fue, en ambos casos, por debajo del precio de mercado. Los vecinos habían accedido a las VPO tras reunir una serie de requisitos, como tener un sueldo bajo. Los fondos Azora y Blackstone trataron de expulsar a muchos inquilinos subiendo las rentas del alquiler, descuidando el mantenimiento de las comunidades y practicando desahucios. Muchos se marcharon. 

Durante la Alcaldía de Manuela Carmena, Ahora Madrid trató de buscar la manera de revertir la enajenación de la EMVS, mientras que Cristina Cifuentes -al igual que sus sucesores- optó por ignorar el asunto. El Tribunal de Cuentas llegó a condenar en diciembre de 2018 a Botella y a otros siete miembros de su equipo a pagar 25,8 millones de euros por malvender patrimonio municipal "a un precio muy inferior al valor mínimo posible", lo que generó un "quebranto al patrimonio público". Finalmente, la decisión del Tribunal de Cuentas fue revertida por la justicia ordinaria. 

Este periódico se ha puesto en contacto con la Comunidad y con el ayuntamiento. Este último defiende su postura: "Para cumplir lo que pide el Defensor tendríamos que cambiar el reglamento. La EMVS tiene 26.000 personas en listas de espera. Nos parece algo inviable".

El Defensor "prevarica" según la CAM

La respuesta de la Comunidad de Madrid va más lejos y carga directamente contra la institución del Defensor del Pueblo. "Lo que pide el Defensor del Pueblo es jurídicamente inviable. Supondría incumplir la ley", dicen en la Consejería de Vivienda. "No podemos saltarnos la lista [de espera] establecida legalmente, y mucho menos darle viviendas a quienes no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda social como es el caso de la mayoría de inquilinos de Encasa". Con esta última frase se refieren a las viviendas de Goldman Sachs-Azora (ahora Encasa Cibeles) que el fondo ha vendido a terceras personas, unos 1.300 pisos sociales de un total de 3.000. Portavoces autonómicos agregan que, de hacer caso a la resolución del Defensor, incurrirían en "prevaricación". 

La sentencia del 9 de marzo pasado de 2020 del Tribunal Supremo y la posterior decisión de la Comunidad de Madrid de no recurrir ante el Tribunal Constitucional ponen fin a un periplo judicial de tres años emprendido por un inquilino del Ivima en Navalcarnero, Rachid Bouikou, y su abogado del turno de oficio, el letrado César Pinto. Bouikou obtuvo su primera victoria judicial en 2018 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid y ha terminado ganando la guerra ante el Alto Tribunal. 

Según ha publicado la semana pasada El País, el vehículo inmobiliario Encasa Cibeles quiere devolver a la Comunidad de Madrid 1.700 de los 2.935 pisos que no han sido traspasados a terceros, pero el equipo de Ayuso se niega a hacerse cargo de esas propiedades. Por esta razón, Goldman Sachs va a llevar al Gobierno regional ante los tribunales, tal y como adelantó Vozpópuli. 

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, ha pedido este jueves a la Comisión Europea que inicie una nueva investigación sobre el fichaje de Jose Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs después de que el portugués se reuniera con el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Jyrki Katainen en nombre del banco.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Defensora del Pueblo europeo ha explicado que la decisión de pedir a Bruselas una nueva evaluación sobre la compatibilidad de la polémica incorporación del expresidente de la Comisión Europea a Goldman Sachs con los tratados llega después de haber recibido tres quejas distintas.

El Ejecutivo comunitario ya evaluó este fichaje a petición precisamente de la Defensora del Pueblo y concluyó que Barroso no había vulnerado las reglas éticas de la UE al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones.

No obstante, O'Reilly ha recordado que este primer análisis incluyó el compromiso de que Barrosso no se reuniría con representantes del Ejecutivo comunitario para tratar de influir en sus decisiones, algo que "se ha puesto en duda" tras conocerse en encuentro que mantuvo con Katainen.

La Defensora del Pueblo de la UE ha subrayado que esta reunión fue registrada como un encuentro con un representante de Goldman Sachs y por tanto "tiene la apariencia de una reunión con el objetivo de hacer lobbylobby".

"Los excomisarios tienen el derecho a tener un empleo después del caro pero como antiguos sirvientes públicos deben asegurar que sus acciones no perjudican a la confianza de la UE. El nuevo puesto del señor Barroso generó un descontento público grave y como mínimo debería levantar dudas dentro de la Comisión sobre si cumplió con el deber de discreción", ha afirmado O'Reilly.

"Mucho de este sentimiento negativo reciente sobre la cuestión podría haberse evitado si la Comisión hubiera tomado en aquel momento una decisión formal sobre el empleo de Barroso en Goldman Sachs. Esta decisión podría haber exigido al expresidente que evitase hacer lobby a la Comisión en nombre del banco", ha añadido la irlandesa.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha asegurado que Bruselas contestará a la Defensora del Pueblo antes de la fecha límite, fijada el 6 de junio, al tiempo que ha recordado que Barroso asumió su puesto en el banco de inversiones después de haber superado el periodo de 18 meses que entonces se exigía antes de fichar por una empresa.

Un colectivo de ONG le reclama a la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, en un correo hecho público el martes 20 de febrero, que reabra el caso del fichaje de José Manuel DurãoBarroso por Goldman Sachs. El contrato con el gigante de las finanzas, tras diez años como máximo responsable del Ejecutivo europeo (2004-2014), desencadenó una ardua polémica en el verano de 2016. El caso reabrió la preocupación por la influencia de los lobbies financieros en la capital belga.

Ahora, el caso suma un nuevo elemento: la entrevista, que pretendía ser secreta, entre Barroso y el conservador finlandés Jyrki Katainen, actual vicepresidente de la Comisión y entonces titular de la cartera de Empleo y de Crecimiento. Los dos hombres se reunieron en un hotel de lujo del barrio europeo, el antiguo Berlaymont Silken, el 25 de octubre de 2017. La web de información Politico ya adelantó en octubre que esta entrevista se había producido. Tras ser interpelado a través de las redes sociales, Katainen se ha visto obligado a incluir dicha entrevista en su registro de transparencia.

Los comisarios del Ejecutivo de Juncker deben hacer pública su agenda semanalmente antes de que se celebren las reuniones, pero en la práctica resulta muy difícil controlar el grado de transparencia a la que se someten.

Preguntado por diferentes ONG a comienzos de año, Katainen confirmaba, en un correo con fecha del 31 de enero de 2018, la existencia de la entrevista. Sobre todo, aportó precisiones que no dejan en buen lugar las argumentaciones ofrecidas por Barroso en 2016. Katainen explicaba que esta reunión se celebró por petición expresa de José Manuel Durão Barroso, en llamada telefónica, sin que estuviese presente ningún asesor. “Barroso y yo éramos los únicos presentes en esta reunión, durante la cual hablamos de asuntos relacionados con el comercio y la defensa”, escribe el finlandés, quien también fuera un efímero comisario europeo, durante el segundo mandato de Barroso (en 2014).

En resumen, el encuentro se asemeja bastante a una reunión de lobbying de alto rango. Claro que José Manuel Barroso había explicado en una carta remitida en septiembre de 2016 a  Jean-Claude Juncker, que el cargo no tenía nada que ver con hacer lobby. Tampoco, en su opinión, iba a ser asesorar a Goldman Sachs en lo relativo a las consecuencias del Brexit, como dijo en julio de 2016. Se “limitó” a aceptar la presidencia no ejecutiva del consejo de administración de Goldman Sachs International (GSI). “No me han contratado para hacer lobbying para Goldman Sachs y no tengo intención de hacerlo”, escribió el portugués.

Esta defensa permitió, en parte, bajar la presión y acallar el escándalo. “La carta del comisario Katainen lleva a pensar que Barroso se sirve de su posición privilegiada para ejercer lobbying a favor de Goldman Sachs”, señala Margarida Silva, activista de Corporate Europe Observatory (CEO), una de las ONG que reclaman más transparencia en Bruselas y que está detrás de la demanda.

“Esta reunión es el ejemplo perfecto del modo en que las puertas giratorias entre la política y el mundo de la empresa sirven a los intereses de los grandes grupos privado. Barroso fue capaz de organizar una cita privada con un comisario en ejercicio con sólo levantar el teléfono. Se reunieron en un hotel y no existe constancia escrita de lo hablado, lo que permitiría de reproducir todo o parte de la conversación”, apunta por su parte Myriam Douo, de Amigos de la Tierra-Europa.

Casi un mes después de hacerse público el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, Jean-Claude Juncker, en agosto de 2016, y desautorizaba a su predecesor. “Personalmente, no lo habría hecho”, dijo entonces. “El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta en exceso, pero en este caso me supone un problema. […] Hay que elegir al empleador”.

Pero la Comisión insistía también en que el fichaje se ajustaba a la legalidad. Después de todo, el famoso código de conducta que obliga al Ejecutivo a dar el visto bueno de los fichajes de los excomisarios, caso a caso, y bloquear eventuales conflictos de intereses sólo era de aplicación en los 18 meses posteriores a la salida del comisario en cuestión. El fichaje de Barroso se produjo 20 meses después de salir de la Comisión.

Pero esta defensa no ha bastado para calmar los ánimos. Funcionarios europeos, sorprendidos, han dado un paso al frente. En una petición, firmada por más de 150.000 personas, reclaman “sanciones ejemplares” contra Barroso, como por ejemplo, la suspensión del pago de su pensión de jubilación como presidente de la Comisión. Entienden que Barroso quizás respetase el código de conducta interna en la Comisión, pero infringido un texto bastante más importante: los tratados europeos (el artículo 245).

Este debate relativo sobre el no respeto de los tratados sigue su curso. Y, en especial, porque las propias ONG ya han pedido el dictamen de la mediadora de la UE, al considerar que la Comisión no investigó suficientemente para saber si, sí o no, el fichaje de Barroso contradecía a los tratados. El proceso sigue en curso.

Tras la confirmación de la reunión personal entre Barroso y Katainen, las ONG reclaman a la Presidencia de la Comisión que reúna, de nuevo, su comité de ética interna para evaluar el asunto. Año y medio después de saltar el escándalo, no desisten y se muestran convencidas de que debería haber consecuencias legales para Barroso por lo que consideran es un caso claro de  puerta giratoria. La perspectiva de las elecciones europeas, de mayo del próximo año, puede convencer a Juncker para endurecer el tono. ___________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos está a punto de publicar su informe anual sobre el programa de ayudas públicas diseñado por el Gobierno de George W. Bush para rescatar al sistema financiero de la peor crisis de la historia, justo cuando se cumplen 10 años de su aprobación, en octubre de 2008, apenas 18 días después de la caída de Lehman Brothers.

El Troubled Asset Relief Program (TARP) o Programa de Rescate de Activos Problemáticos estaba dotado de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

De esa cantidad se han desembolsado finalmente casi 438.000 millones de dólares y otros 8.000 millones más se encuentran pendientes de gasto, según consta en el último informe de la CBO, enviado al Congreso en junio de 2017 y que utiliza datos hasta el 31 de mayo. A esa fecha, el coste para las arcas públicas del rescate a los bancos estadounidenses ha sido de sólo 33.000 millones de dólares, el 7,4% del total de 445.000 millones que ha costado el programa.

Así, los bancos y empresas rescatadas han devuelto 377.000 millones de dólares –el 86% de lo desembolsado–, mientras que 61.000 millones han sido cancelados. Más de la mitad de esa cifra, 33.000 millones, corresponde al plan de compra de hipotecas para evitar desahucios, unas cantidades no sometidas a devolución. También perdió dinero el Tesoro con las ayudas destinadas a la aseguradora AIG, que recibió un total de 182.000 millones de dólares. A cambio, el Tesoro se convirtió en propietario del 92% de la firma, la mayor del mundo en su sector, atrapada por el estallido de las hipotecas subprime, a las que daba cobertura. Según el último informe de la CBO, el erario público de EEUU ha perdido 15.000 millones ayudando a AIG, pese a que vendió paulatinamente las acciones de la aseguradora hasta deshacerse de todas ellas en diciembre de 2012. También ha perdido dinero con el rescate a General Motors y Chrysler, otros 14.000 millones de dólares. El Tesoro inyectó en ambas empresas 61.000 millones, de los que recuperó 47.000 vendiendo los bonos y acciones que había comprado. Además, a sus respectivas financieras les concedió ayudas por importe de 19.000 millones.

Pero el Gobierno de Washington también ha ganado dinero con otros programas del rescate. En concreto, 16.000 millones de dólares en el de compra de acciones preferentes de 707 instituciones financieras y 8.000 millones más en los planes de ayuda adicional a Bank of America y Citigroup, que recibieron cada uno un total de 45.000 millones de dólares de dinero público. Con el respaldo a las financieras de Chrysler y General Motors, obtuvo un beneficio de 1.000 millones.

Por último, el TARP incluyó programas público-privados, que reportaron a la Administración 3.000 millones de ganancias. Uno de ellos, por ejemplo, cubrió las pérdidas en que habían incurrido los valores respaldados con préstamos garantizados de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pymes. En total, el beneficio público suma 27.000 millones de dólares.

Así que el saldo final, teniendo en cuenta los beneficios y pérdidas generados por los distintos programas, es que en Estados Unidos sólo se han perdido los 33.000 millones de dólares ligados a las hipotecas basura.

Sólo se ha recuperado el 6,8% del rescate español

A lado de estas cifras, las del rescate español a las cajas de ahorros pueden catalogarse de decepcionantes. Sólo se han recuperado hasta el momento 3.873 millones de euros de los 56.865 millones inyectados, según los datos del último informe del Banco de España, referidos a julio de 2017. Esa cantidad equivale al 6,8% de lo aportado entre 2008 y 2014. Y lo que es peor, el supervisor no espera recuperar más que 14.275 millones, el 25% del dinero invertido en sostener el sistema financiero nacional.

Acababa de conceder Bruselas a España el crédito de 100.000 millones para hacer frente al rescate, en junio de 2012, cuando tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como su ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraron que la operación no iba a costar “ni un euro” a los contribuyentes. “Es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, fue la explicación de Rajoy en el Congreso. Un año después, no obstante, De Guindos ya empezaba a matizar: “No tenga usted la más mínima duda de que se van a recuperar la mayor parte de esas inversiones”. Y en 2014 ya sólo se refería el ministro a un “ahorro en los intereses de la deuda pública”, consecuencia de la restructuración bancaria, de 14.000 millones de euros.

El mismo mensaje lanzó en su día el presidente Barack Obama, que continuó con el programa de rescate elaborado por su antecesor: “Mi compromiso es recuperar cada centavo que se les debe a los ciudadanos”, resaltó en enero de 2010, “mi determinación de alcanzar esta meta aumenta cuando veo los informes sobre las enormes ganancias y las primas obscenas en entidades financieras que siguen existiendo gracias a los ciudadanos de este país, que todavía se enfrentan a dificultades reales en esta recesión”. Cuatro meses más tarde, cuando defendía en el Senado su propuesta para aplicar un impuesto a los grandes bancos que ayudara a pagar el rescate, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, abundaba en la misma idea: “Aprobar esta tasa dejará claro a los ciudadanos estadounidenses que no tendrán que correr con los costes directos de proteger la economía de futuras quiebras financieras”. Y lo cumplieron. Si se exceptúan los 33.000 millones en hipotecas compradas con dinero público para evitar desahucios, una partida a fondo perdido, el coste del rescate ha sido cero: los beneficios de los programas de compra de activos han compensado las pérdidas ocasionadas por la ayuda a AIG, Chrysler y General Motors.

Además de en los resultados, las diferencias entre los rescates lanzados a ambos lados del Atlántico son sustanciales, por las características de los sistemas financieros y por el modelo de operación utilizado.

“En Estados Unidos se rescataron bancos rentables que tenían problemas de liquidez, mientras que en España eran cajas de ahorro quebradas, negocios poco rentables con problemas de solvencia”, destaca Javier Santacruz, economista de la Universidad de Essex. Allí recibieron ayudas públicas JP Morgan (25.000 millones), Bank of America (45.000 millones), Citigroup (45.000 millones), Wells Fargo (25.000 millones), Goldman Sachs (10.000 millones) y Morgan Stanley (10.000 millones), las seis mayores entidades financieras del país por sus activos. En todos ellos tenía un gran peso el negocio inmobiliario, sufrían con sus activos tóxicos y padecían problemas de crédito, explica Santacruz, pero también poseían participaciones industriales “importantes y diversificadas en todo el mundo”.

En cambio, la mitad del negocio de las cajas de ahorro españolas estaba concentrado en el ladrillo y su ámbito era únicamente nacional. Por tanto, el dinero público de EEUU se invirtió en bancos que iban a poder devolverlo; en España, en cajas de ahorro al borde del desguace. De hecho, las entidades estadounidenses lo reintegraron “gracias a los beneficios que obtuvieron de sus negocios de banca de inversión y fuera de Estados Unidos”, de sus operaciones en mercados financieros y de sus participaciones industriales, subraya el economista. “En España debería haberse dicho desde el primer momento que se iba a perder dinero con el rescate”, reprocha Javier Santacruz al Gobierno.

Inmediato y rápido

Otro factor fundamental fueron los tiempos. En Estados Unidos, el rescate fue inmediato. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008 y Bush firmó la ley que creaba el TARP el 3 de octubre de ese mismo año. “Fueron muy rápidos, pusieron encima de la mesa todo lo que hacía falta y en ocho meses habían acabado con la crisis”, apunta Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.

Por el contrario, en España el rescate se retrasó hasta 2012. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis, culpa de la demora a las comunidades autónomas, recelosas de que la ayuda y las fusiones significarán la desaparición de la caja de ahorros en su territorio o el traslado de su sede a otro. También le reprocha al Gobierno del PSOE el retraso por su “horror” a que se le tachara de “partido nacionalizador”. “Luego De Guindos fue mucho menos escrupuloso”, critica. En definitiva, “el rescate debió hacerse cuatro años antes”.

Pero no sólo fue tardío, sino también más lento. En Estados Unidos, los grandes bancos competían por ser los primeros en devolver las ayudas públicas. En cuanto fueron autorizados por el Gobierno, una vez practicados los correspondientes tests de estrés, en junio de 2009, 10 bancos comenzaron a reembolsar los fondos inyectados. No había transcurrido pues ni un año desde que se aprobó el programa. Entre esa decena se encontraban los grandes: Goldman Sachs, JP Morgan y American Express. Todos ellos ansiosos por anunciar que ya no eran propiedad del Estado y por escapar de las restricciones que éste les impuso para recibir la lluvia de millones que sanaría sus balances: limitaciones en los salarios de sus altos ejecutivos y en el reparto de dividendos, así como la anulación de los blindajes en caso de despido. Además, el Tesoro multó a JP Morgan con 13.000 millones de dólares por las hipotecas basura que habían vendido Bearn Stearns y Washington Mutual antes de ser adquiridas por el primer banco estadounidense.

“En Europa, las ayudas públicas no son tan anatema como en Estados Unidos, allí son más vigilantes y comenzaron a devolverse las ayudas cuando aún ni siquiera se había resuelto el tema judicial”, razona Santiago Carbó. A su juicio, el rescate en Estados Unidos fue “muy claro, muy transparente y muy exigente”, pues se obligó a tomar capital incluso a las entidades que estaban “menos mal” para evitar problemas de confianza.

En España, sin embargo, la lenta reacción de los gobiernos agravó el problema y convirtió en “irrecuperables activos que eran dudosos” y se deterioraron con el tiempo. Porque en España, a diferencia de Estados Unidos, más que de las hipotecas la toxicidad provenía del préstamo promotor, advierte el economista de Funcas. “Una promoción inacabada supone una pérdida del 100%, una vivienda hipotecada no tanto”, resume.

489 bancos quebraron en Estados Unidos

Julio Rodríguez recuerda que, pese al rescate, muchos bancos quebraron en Estados Unidos. Según la FDCI, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, un total de 489 entidades desaparecieron entre 2008 y 2013 arrastrados por la crisis financiera. Mientras, en España, se operaba un cambio fundamental en la naturaleza del sistema financiero nacional: desaparecieron las cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Los bancos rescatados en Estados Unidos podían acudir a los mercados, como de hecho hicieron, ampliando capital, para devolver las ayudas públicas. Las cajas, en cambio, no pueden emitir acciones para obtener capital, lo que encareció el saneamiento español. Por eso el apoyo financiero del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) se realizó suscribiendo participaciones preferentes, convertibles en acciones y promoviendo la fusión de las cajas, primero con las llamadas SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías, y luego su conversión o adquisición por los bancos.

En algunos casos, el precio de venta fue simbólico –un euro pagó BBVA por Unnim– o muy bajo –1.003 millones de euros pagó el venezolano Banesco por Novagalicia–. Pero venía arropado por las ayudas del FROB y por Esquemas de Protección de Activos (EPA), garantías que cubren potenciales pérdidas en la cartera de créditos de la caja adquirida. “Sin EPA, los bancos no las habrían comprado”, asegura Santiago Carbó.

Para Javier Santacruz, a los bancos no les ha salido barato quedarse con las cajas quebradas, por mucho que se les subvencionara la compra. “Ahora se están dando cuenta”, sostiene. A su juicio, el motivo estriba en que la banca comercial ya no es negocio y en los costes que les ha supuesto la integración de grandes redes de sucursales y el despido de miles de trabajadores.

Santacruz cree que habría sido más eficiente inyectar dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las aportaciones de los bancos– en lugar de en las cajas de ahorro y provocar después la quiebra controlada de éstas. “En lugar de fusionar cajas malas con las buenas, fusionar todas las malas”, resume, “se debería haber creado primero la Sareb [el banco malo] y después haber rescatado a las cajas”. Así, asegura, se habrían evitado los casos Rato o Narcís Serra, consecuencia, según dice, de haber puesto el dinero en las manos de los mismos gestores responsables de la mala gestión.

Privatización de Bankia

El Banco de España fía la devolución de 9.260 millones de euros de los 10.402 millones cuya recuperación aún considera factible a la privatización de Bankia. El FROB posee aún un 60,63% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, tras haber vendido un 7% el pasado mes de diciembre –colocó otro paquete en 2014–. Y tiene el mandato de desprenderse del total de su participación antes del 31 de diciembre de 2019. “Ahora la única esperanza para recuperar el máximo posible del dinero inyectado es que la cotización de Bankia en bolsa suba como la espuma”, apunta el economista de la Universidad de Essex. Pero no es muy probable. El presidente del FROB, Jaime Ponce, dejó caer hace sólo unos días que no puede descartarse un retraso para evitar malvender la participación pública y “maximizar la recuperación” de lo invertido.

Julio Rodríguez no duda de que lo mejor sería “esperar tiempos mejores”. Los bajos tipos de interés dañan los márgenes de los bancos y Bankia sigue teniendo pendientes en los tribunales asuntos que perjudican su reputación, como el caso Rato y la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

Javier Santacruz recuerda que el presidente del británico Lloyd’s, Antonio Horta-Osório, pidió al ex primer ministro David Cameron cuando el banco fue rescatado con 20.300 millones de libras –22.930 millones de euros– “un plan creíble y determinado de las desinversiones del Estado”. “Cameron se lo dio”, añade, “en cambio, Luis de Guindos dijo expresamente que no tenía un plan establecido”. La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones, aprobada en 2013, no incluye ni plazos ni fechas.

Lloyd’s terminó de devolver el importe íntegro con que fue rescatado por el Estado británico en abril de 2017. Mientras, en España, el último informe del supervisor bancario rebajaba en 1.389 millones la cuantía de las ayudas que espera recobrar, debido a la devaluación sufrida por la participación del FROB en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN), que acaban de fusionarse. “Con el modelo de rescate elegido aquí”, lamenta Santacruz, “no se puede recuperar más”.

El sector financiero privado copa la práctica totalidad de los asientos en los grupos de expertos del Banco Central Europeo (BCE). De los 517 miembros que componen los 22 órganos consultivos y de asesoramiento que ha puesto en marcha la institución comunitaria, al menos 508 –el 98%– representan a grandes bancos, fondos de inversión, cámaras de compensación de pagos o consultorías financieras, según se desprende del informe Open door for forces of finance at the ECB, elaborado por el colectivo Corporate Europe Observatory (CEO) y publicado a comienzos de octubre. Una situación que, en opinión de los activistas bruselenses, demuestra que los foros consultivos del supervisor bancario, donde se combina "experiencia con un toque de spin corporativo", son utilizados "como plataformas lobbistas por la industria financiera", algo que, añaden, pone en riesgo la independencia en la toma de decisiones.

El estudio del CEO revela que estos foros del BCE "han estado dominados en gran medida por representantes de algunas de las corporaciones financieras globales más influyentes". En total, 508 miembros que representan a algunas de las firmas del sector financiero privado más potentes del planeta, entre las que se encuentran el famoso fondo buitre Blackrock –tres asientos–, las firmas de inversión JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley –con ocho, cuatro y tres miembros, respectivamente– o las gigantes aseguradoras Axa, Allianz o Zürich Insurance –3, 3 y 1, respectivamente–, entre otras. Sin embargo, son los grandes bancos europeos los que sientan a un mayor número de representantes. Entre ellos, resaltan el Deutsche Bank (18), BNP Paribas (17), Societé Générale (16) o Unicredit (15).

Con menor número de representantes, pero con una presencia importante en estos grupos, se sitúan el HSBC, cuya oficina en Ginebra escondía, según reveló la lista Falciani, cuentas no declaradas de 130.000 potenciales evasores fiscales, y los bancos españoles –10 asientos el Santander, 7 el BBVA, 3 Caixa Bank y 1 Bankia–. De todas las compañías representadas en los más de veinte foros, completa el CEO, 66 de ellas son monitoreadas por el Banco Central Europeo, algo que preocupa sobremanera a la ONG. "En los grupos asesores se aborda la política monetaria o la supervisión bancaria (...). La presencia masiva en estos grupos de los mismos bancos y casas de finanzas que supervisa el BCE es preocupante", sostienen. 

Sólo dos representantes de los consumidores

De los nueve asientos restantes que no están en manos del sector financiero privado, siete de ellos los ocupan representantes de firmas o colectivos vinculados a otros sectores pero también "con intereses económicos", según el estudio del Corporate Europe Observatory. Así, con un miembro cada una de ellas, están representadas la petrolera Total, la aeronáutica Airbus, la tecnológica Siemens, la firma legal griega Tsibanoulis&Partners, la patronal europea Business Europe, la Confederación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME) y la organización European Retail Roundtable –de la que forman parte grandes compañías como El Corte Inglés, Mercadona, Inditex, Ikea o Lidl–.

Hace justo un año, Roman Schremser, alto cargo del supervisor bancario, explicó en una carta remitida a Kenneth Haar –investigador del CEO y autor del informe–, a la que ha tenido acceso infoLibre, cuáles eran los objetivos de estos foros de expertos. En la misiva, Schremser afirmaba que "permiten recopilar información e ideas intercambiando puntos de vista sobre temas de interés común, como los desarrollos del mercado estructural y asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado". "Mantener el diálogo necesario con asociaciones representativas y la sociedad civil", añadía. Sin embargo, sólo dos sillas de las 517 las ocupan grupos de consumidores: una representa a la Organización de Consumidores Europea (BEUC) –que integra a la CECU y la OCU– y la otra a AGE Platform.

Escándalo tras escándalo

Los 22 foros consultivos del BCE tienen mandatos diversos, que van desde las "respuestas a las situaciones de crisis que pueden surgir en los mercados financieros" hasta las "cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera de la zona del euro y la política macroprudencial", pasando por asuntos relativos al "mercado monetario", el "mercado de bonos" o la "liquidación de valores y gestión de garantías", entre otros. Materias extremadamente sensibles como para que el sector financiero privado tenga en sus manos la posibilidad de ejercer una presión directa en la toma de decisiones a través de estos grupos. Y más todavía si se tiene en cuenta que un número importante de estos representantes pertenecen a compañías que han estado implicadas en los últimos años en importantes escándalos financieros.

Es el caso, por ejemplo, de la manipulación del Líbor y el Euríbor. El escándalo saltó a la palestra en 2012 –aunque las sospechas planeaban desde mucho antes–, cuando los reguladores bancarios de Reino Unido y Estados Unidos impusieron a Barclays –cuenta con 5 representantes en los grupos del BCE– una multa de 454 millones de dólares por manipular los dos índices, que se utilizan en el cálculo de la cuota de las hipotecas. Sin embargo, el caso salpicó también a otras importantes compañías del sector financiero: UBS –5 asientos–, JP Morgan, Royal Bank of Scotland –1 representante–, Societé Générale, Citigroup –13 miembros–, Deutsche Bank o HSBC. Estos tres últimos bancos, por ejemplo, acordaron recientemete pagar 132 millones de euros para zanjar una demanda colectiva interpuesta contra ellos en 2011.

Dos años después de la multimillonaria sanción a Barclays, una investigación de Bloomberg reveló la manipulación del mercado de divisas, el conocido como caso Forex. Según la agencia de noticias, varios operadores de bancos intercambiaban a través de un chat de Internet información confidencial sobre compras de clientes, y se ponían de acuerdo para manipular el precio de esa divisa, haciendo caja con las diferencias. El nuevo escándalo puso bajo la lupa, otra vez, a UBS, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Barclays y Deutsche Bank, que tuvieron que afrontar abultadas multas. Sanciones que también fueron impuestas a Bank of America –3 representantes en los foros del BCE–, Goldman Sachs y BNP Paribas. La manipulación, según el CEO, hizo perder a los ahorradores unos 8 billones de euros anuales.

Reformas pendientes

La composición de los grupos de expertos en el seno de los organismos comunitarios, sobre todo de la Comisión Europea, lleva años bajo una sospecha permanente. De hecho, analizar este tema fue una de las prioridades que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O' Reilly, puso sobre la mesa nada más tomar posesión del cargo, en octubre de 2013. Siete meses después de asumir el puesto, O'Reilly puso en marcha una investigación por iniciativa propia que concluyó con una serie de recomendaciones al Ejecutivo comunitario. En la carta remitida a la Comisión, la defensora del pueblo pidió que se garantizase una "representación equilibrada de todos los intereses", que se publicase una "convocatoria de solicitudes para cada grupo de expertos" o que se mejorase el acceso a información relativa a estos foros, entre otras sugerencias.

Presionada por la sociedad civil, algunos grupos del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo europeo anunció en 2016 nuevas normas para estos foros consultivos. El nuevo reglamento incluyó dos mejoras importantes que O'Reilly también había puesto sobre la mesa: una política oficial sobre conflictos de intereses –que incluye la obligación de publicar los curriculum vitae de todos los expertos, que tendrán que someterse a un exhaustivo examen que evite posibles conflictos de intereses y firmar una declaración pública de intereses– y la obligación de vincular el registro oficial de estos grupos con el de transparencia de la UE –esto quiere decir que todas aquellas firmas que quieran participar tienen que estar inscritas en el registro de lobbies–.

Sin embargo, estos avances parecen no haber llegado todavía al Banco Central Europeo, algo que lamentan desde el CEO. El observatorio bruselense se queja, en primer lugar, de la dificultad que existe para encontrar en la página web del supervisor todos los datos relativos a estos grupos de expertos –el número de foros que están en funcionamiento o la composición de los mismos, por ejemplo–. Además, también critican con dureza que las empresas o colectivos no estén obligadas a apuntarse en el registro de transparencia europeoregistro de transparencia europeo para poder participar en ellos. De hecho, según los datos que recoge Kenneth Haar en el estudio, de las 144 compañías o asociaciones con representación en los grupos de expertos, 63 –el 43,75%– no están inscritas en el listado de lobbies. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar cerca de nombrar como sucesor de Janet Yellen al mando de la Reserva Federal (Fed) al que fue presidente y jefe de operaciones de banco de inversión Goldman Sachs, Gary Cohn, y quien ostenta desde el pasado mes de enero el cargo de director del Consejo Económico Nacional, el organismo que asesora a la Casa Blanca sobre política económica global.

Así lo han indicado al diario estadounidense Politico varias fuentes cercanas al proceso de designación del próximo presidente de la Fed, que sostienen que Cohn es el candidato favorito del mandatario, según informa Europa Press. Goldman Sachs fue uno de los bancos causantes de la crisis mundial, y por cuyas actividades fue investigado.

Yellen comienza este miércoles una audiencia ante el Congreso que durará dos días y en la que se decidirá su futuro en el organismo.

Fuentes de la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento del Tesoro han señalado que, por lo que se conoce hasta ahora, si Cohn quiere el puesto, Trump no dudará en dárselo.

"Depende de Gary: si lo quiere, creo que lo tendrá", ha señalado un republicano próximo al proceso de selección. Un asesor de uno de los congresistas de la formación de Trump ha asegurado que si bien algunos republicanos podrían expresar sus reservas sobre Cohn, éste contará, en general, con suficiente apoyo.

"Es fácil que confirmen" su cargo, ha señalado esta fuente, que ha preferido mantenerse bajo anonimato. "A la mayor parte de los conservadores les gusta" el expresidente de Goldman Sachs.

De llegar al cargo, Cohn sería el primero en cuatro décadas en llegar a la presidencia de la Reserva Federal sin ser economista. La última persona que lo hizo fue William Miller, que dirigió la Fed durante algo menos de un año durante el mandato de Jimmy Carter.

La cúpula directiva del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, una de las entidades más influyentes de Wall Street, percibió una remuneración de 92 millones de euros con cargo al ejercicio 2016, según los datos desvelados por la entidad, que reflejan que los cinco ejecutivos principales del banco se rebajaron el sueldo un 4,8% en 2016, según ha informado Europa Press.

En concreto, el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd C. Blankfein recibió 20 millones de euros por su labor al frente del banco de inversión –un millón menos que un año antes–, de los que 1,86 millones de euros corresponden a su retribución fija y 19 millones a la variable.

No obstante, la retribución variable de Blankfein contempla el pago de 3,7 millones en efectivo y 15 en acciones de la entidad.

Por su parte, el expresidente y exdirector de operaciones de Goldman Sachs, Gary Cohn, elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el nuevo director del Consejo Económico Nacional del país –el organismo que asesora a la Casa Blanca sobre política económica global– percibió un salario de 19 millones de euros en 2016, un millón menos que un año antes.

Además, Cohn ha recibido una indemnización aproximada de 99 millones por parte de la poderosa entidad de Wall Street para evitar el conflicto de intereses que supone formar parte de la nueva Administración estadounidense.

Por su parte, el director financiero, Harvey M. Schwartz, ganó 19 millones de euros, también uno menos que en 2015, mientras que los exvicepresidentes Michael S. Sherwood y Mark Schwartz se embolsaron 19 y 16 millones, respectivamente, uno menos que el año anterior.

Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 6.596 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal 2016, lo que supone un incremento del 27% con respecto al año anterior, mientras que la cifra de negocio neta de la entidad se situó en 28.486 millones de euros, un 9% menos que en 2015.

El banco estadounidense Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 7.087 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal 2016, lo que supone un incremento del 27% con respecto al año anterior, según informó en un comunicado recogido por Europa Press.

La cifra de negocio neta de la influyente entidad de Wall Street se situó, no obstante, en 30.608 millones de dólares, cifra un 9% inferior a la obtenida en 2015, a pesar del incremento del 15% en los ingresos por intereses de la entidad, que alcanzaron los 9.691 millones de dólares.

"Después de una primera mitad de año exigente, la firma ha rendido bien durante el resto del año al mejorar el entorno operativo", comentó al respecto el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Goldman Sachs, además, logró reducir sus gastos operativos un 19% en 2016, hasta 20.304 millones de dólares, su menor nivel desde 2008. "Hemos gestionado cuidadosamente nuestros gastos y afrontamos el nuevo año con posiciones líderes en la industria en todas nuestras unidades de negocio, así como con un capital sólido y liquidez", añadió Blankfein.

En el cuarto trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido del banco fue de 2.153 millones de dólares, casi cuatro veces más que en el mismo periodo de 2015 (+275%), mientras que la cifra de negocio creció un 12%, hasta 8.170 millones de dólares.

En este sentido, las operaciones de mercado de Goldman Sachs se incrementaron en un 84% en el cuarto trimestre, hasta generar unos ingresos 2.866 millones de dólares entre los meses de octubre y diciembre.

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.

La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ultima la venta de su mayor cartera de créditos inmobiliarios fallidos a Goldman Sachs, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

La cartera se encuentra respaldada por viviendas ubicadas en Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Valencia. Fuentes del llamado "banco malo" han declinado hacer comentarios.

Esta cartera, bautizada como "proyecto Eloise", tiene un perímetro de 600 millones de euros y el precio de la operación podría situarse entre los 150 millones y los 300 millones de euros, según confirmaron distintas fuentes al diario elEconomista.

En el mes de marzo, Sareb cerró la venta a un inversor institucional de un paquete de préstamos garantizados con activos industriales por un importe nominal de 73,7 millones de euros, y en septiembre puso punto final a otra operación de este tipo respaldada por edificios residenciales en Madrid.

Ralentización del ritmo de venta

El ritmo de venta de grandes carteras se frenó en 2015, dado que la sociedad de gestión de activos tenía que hacer frente a la circular contable del Banco de España, que le obligaba a retasar todos sus activos.

Esta tarea ha provocado una caída en el volumen de ventas. De hecho, en los nueve primeros meses del año, la sociedad registró unos ingresos de 2.270 millones de euros, un 9,7% menos que el mismo periodo del año anterior.

En este periodo de tiempo, vendió 8.930 inmuebles, un 12% más que el mismo periodo del año anterior. De ellos, 5.109 eran inmuebles propios y 3.821 se vendieron desde el balance de los promotores a través de los planes de dinamización de ventas (PDV), según los datos preliminares que maneja Sareb.

El pasado 9 de diciembre, tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo avisaron de que la desinversión de la cartera de Sareb ha progresado más despacio que en 2014 y en 2015, lo que requería una gestión más efectiva de su cartera.

"Sareb tiene en marcha una política de procedimientos para gestionar su cartera, pero necesita implementarlas total y rápidamente", advertían ambas instituciones en un informe sobre la sexta misión de supervisión del rescate bancario.

Desde su punto de vista, la situación financiera del llamado "banco malo" en la primera mitad del año "no muestra una mejora de su situación financiera", por lo que consideran que podría ser necesario llevar a cabo nuevas rondas de recapitalización dependiendo de la evolución del mercado inmobiliario.

La jueza que investiga la venta de casi 3.000 viviendas públicas de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs ha rechazado de plano al perito propuesto por Hacienda y que había trabajado durante su excedencia precisamente para la entidad gestora de una sicav investigada en el caso. La magistrada da siete días de plazo a la Agencia Tributaria para que designe un nuevo inspector como perito. Su decisión se produce después de que la Fiscalía se opusiera al nombramiento del funcionario ofrecido por Hacienda en cuanto supo de su vinculación indirecta con la sicav Bussola 99, a cuyo accionariado pertenece quien era consejero de Vivienda de Madrid cuando las viviendas acabaron en manos de Goldman Sachs.

Como publicó infoLibre, tras un año dando largas, la Agencia Tributaria ofreció a comienzos de mes la designación como perito de un funcionario que hasta mes y medio antes había sido apoderado del BBVA, entidad gestora de la sicav Bussola 99. En 2006, y previa autorización de la CNMV, el BBVA delegó la gestión de los activos de Bussola 99 en Goldman Sachs. Hace un año, el exconsejero de Vivienda y accionista de Bussola 99 Pablo Cavero admitió ante la Asamblea de Madrid que no había informado al Gobierno regional de su pertenencia a esa sicav. Según la declaración de bienes presentada por Cavero en el Ayuntamiento de la capital cuando resultó elegido concejal por el PP, sus acciones en Bussola se cifran en 800.000 euros. Cavero se retiró de la política este verano.

La Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que instruye el caso sobre la venta de casi 3.000 viviendas sociales de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs que reclame a Hacienda un perito distinto al que acaba de ofrecer. El paso dado por el ministerio público ha sido confirmado a infoLibre por fuentes jurídicas conocedoras del caso. Y se ha producido de forma inmediata tras conocerse que, como publicó este diario, la Agencia Tributaria ha propuesto como perito a un funcionario que hasta hace mes y medio estuvo vinculado al BBVA, entidad que gestiona una de las empresas para cuya investigación pide precisamente auxilio la magistrada.

Esa empresa es la sicav Bussola 99, donde, valoradas en 800.000 euros, según su propia declaración de bienes- Pablo Cavero, que era consejero de Vivienda de Madrid en 2013, cuando 2.939 pisos del organismo público Ivima acabaron en manos de Goldman Sachs. A su vez, el BBVA es el nexo directo entre Bussola 99 y Goldman: entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2015, y previa autorización de la CNMV, el banco delegó en Goldman Sachs la gestión de los activos de Bussola 99.

La propuesta de la Agencia Tributaria ha partido de la Delegación Especial de Madrid, a cuyo frente se encuentra Raquel Catalá Polo. Hermana del ministro de Justicia, Raquel Catalá puso a “disposición” de la jueza al referido funcionario en un escrito fechado el pasado 3 de noviembre.

En su oficio, la responsable de Hacienda reiteraba su negativa a que sean dos funcionarios de la Oficina Antifraude (ONIF) los que trabajen con la jueza y el fiscal para examinar la operación y establecer si hubo delito. En la causa, abierta por prevaricación y malversación, ejerce la acusación popular la asociación de lucha contra la corrupción Corruptil.

El ofrecimiento de la AEAT llegó al juzgado de instrucción 48 de Madrid el 4 de noviembre. Para entonces ya se había cumplido más de un año desde que Hacienda recibió el primer requerimiento para designar dos peritos de la Oficina Antifraude (ONIF). A lo largo de ese año, la Agencia Tributaria no ha cesado de dar largas.

Hacienda alega ignorancia sobre el caso

Fuentes de la Agencia Tributaria habían asegurado el martes a preguntas de infoLibre que la Delegación Especial de Madrid ignoraba la existencia de un vínculo entre el perito propuesto y la entidad gestora de la sicav Bussola 99. Los mismos portavoces recalcaron que, dado que Hacienda no ha efectuado ningún nombramiento sino que ha puesto a ese funcionario a "disposición" de la jueza, esta puede pedir un cambio en la designación. Según Hacienda, el funcionario permaneció en excedencia y "volvió este año".

Según la Agencia Tributaria, " los juzgados no informan del caso cuando realizan una solicitud de peritaje y, por lo tanto, a la hora de ofrecer un determinado funcionario como perito no se pueden tomar en consideración circunstancias o vínculos entre sociedades y personas físicas que se desconozcan". La solicitud de ayuda judicial cursada por el juez mencionaba de forma expresa el nombre de la sicav Bussola 99. Y el folleto explicativo sobre esa sicav volcado en la web de la CNMV detalla que su gestión corresponde a BBVA Asset Management SA, SGIIC, del grupo BBVA. Hacienda no accedió a detallar cuándo exactamente se reincorporó el funcionario a su puesto como miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

Pero salvo explicaciones inesperadas, el regreso del funcionario a la carrera pública tuvo que producirse después del 23 de septiembre de este año: ese es el día en que, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se produjo la revocación de su nombramiento como apoderado de Anida Operaciones Singulares SA, empresa de la división inmobiliaria del BBVA e íntegramente participada por el banco. Dos meses antes, el 20 de julio, el inspector que ahora propone la AEAT como perito en el caso del fondo buitre había cesado como apoderado de la sociedad matriz del grupo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA). El titular del juzgado 48 de instrucción de Madrid, ahora relevado por una jueza, reclamó auxilio judicial a la ONIF por primera vez en octubre de 2015.

Ese primer requerimiento llegó a Hacienda coincidiendo con la salida de escena de Goldman Sachs en lo que a la gestión de la sicav Bussola 99 se refiere. Un mes después de que la sicav comunicara en octubre de 2015 a la CNMV la "revocación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras" alcanzado en 2006 por el BBVA con Goldman Sachs, el exconsejero Pablo Cavero compareció ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política.

Allí, adujo que no le había comunicado al Gobierno de Madrid su participación en Bussola "igual que no informé de que la luz me la cobra Iberdrola". Retirado de la política desde agosto, Cavero se convirtió en concejal del PP madrileño tras las municipales de 2015. En su declaración de bienes ante el consistorio de la capital, el exconsejero de Vivienda declaró poseer 800.000 euros en acciones de Bussola 99 adquiridas en 2003. Es decir, tres años antes de que Goldman Sachs entrara en escena por lo que a esa sicav se refiere.

En la causa hay dos políticos investigados o imputados. Uno de ellos es Juan Van Halen, antiguo responsable del Ivima, la empresa pública madrileña titular de los pisos que acabaron en manos de Goldman Sachs y que se vio forzado a dimitir como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento. Y la segunda es Ana Gomendio, su sucesora al frente del Ivima y ya fuera del cargo.

El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, no vulneró las reglas éticas de la Unión Europea al aceptar el puesto de director no ejecutivo y asesor del banco de inversiones Goldman Sachs, según concluyó la comisión ética ad hoc a la que el actual Ejecutivo comunitario encargó el análisis del caso.

"La comisión ética no ha encontrado base suficiente para establecer que hubo violación de la obligación de integridad y discreción (que exige el Tratado de la UE a los excomisarios)", indica el informe remitido a Bruselas y hecho público este lunes.

El presidente comunitario, Jean-Claude Juncker, ya informó a su predecesor de las conclusiones del comité de expertos independientes y "examina ahora con atención" el análisis recibido "antes de tomar una decisión", informó en una rueda de prensa un portavoz comunitario, decñlaraciones recogidas por Europa Press.

Bruselas decidió abrir una investigación interna dos meses después de que se conociera el fichaje de Barroso por Goldman Sachs, tras las críticas recibidas desde varios sectores de la sociedad, incluida una plataforma de eurofuncionarios creada para exigir sanciones contra Barroso y reglas de conducta más exigentes para los comisarios.

En su explicación, el grupo de expertos designado por Bruselas considera que Barroso "no mostró el juicio debido que uno puede esperar" de alguien que ocupa un alto cargo como el suyo durante tantos años, pero advierte de que su valoración debe basarse en la legalidad del fichaje y no en si es "juicioso o reprobable".

Avisan, además, de que no han entrado a juzgar si el Código Ético que regula el comportamiento de altos eurofuncionarios es "suficientemente estricto" o no, sino que debe cumplir con su evaluación en base al reglamento "tal y como está", y que en estas circunstancias no se ha producido un comportamiento sancionable.

Así, los expertos han recalcado que Barroso ha cumplido en todo momento las normas comunitarias, si bien han apuntado cierta "negligencia" si no valoró antes de aceptar su nuevo puesto que el paso a Goldman Sachs daría paso a críticas y "correría el riesgo de dañar" no sólo su imagen, sino también la de la Unión Europa en su conjunto.

Una vez examinadas las circunstancias y tras haber escuchado la versión del ex primer ministro luso, la comisión ética considera que no se vulneraron las reglas europeas que exigen "integridad y discreción" a los ex altos cargos de la UE.

Señala, además, que el expresidente sostiene que su labor no será la de "lobista", pese a que, de momento, Bruselas le degradó en el trato protocolario y decidió recibirle en la sede de la Comisión como representante de un grupo de presión y no como expresidente.

Además ha recordado que, aunque la imagen del banco de inversiones norteamericano esté vinculado a las causas de la crisis económica y sea parte de la "vanguardia del capitalismo agresivo", Goldman Sachs opera "legalmente" en el mercado de la UE.

La Comisión Ética también tuvo en cuenta que Barroso cerró su paso a Goldman Sachs 20 meses después de dejar Bruselas, esto es dos meses después de los primeros 18 meses, que le hubieran obligado a notificar a la Comisión el fichaje y recibir visto bueno.

La opinión fue trasladada a la Comisión Europea el pasado miércoles 26, según confirmó el portavoz comunitario, pese a que no ha sido hecha pública hasta hoy. Este grupo de expertos también está analizando la relación de la ex vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competitividad, primero, y de Telecomunicaciones, después, Neelie Kroes, con una sociedad opaca en Bahamas mientras ocupaba un puesto en la Comisión.

La Comisión Europea finalmente investigará las implicaciones éticas del fichaje de su expresidente, José Manuel Durão Barroso, como asesor de Goldman Sachs, después de las críticas hechas públicas la semana pasada por la Defensora del Pueblo de la UE, informó Europa Press.

Además, en una decisión sin precedentes, perderá el "acceso privilegiado" a la institución, que le corresponde como antiguo alto cargo, y pasará a ser considerado como un lobista en sus contactos con la Comisión y sus miembros.

Así lo ha indicado el actual jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en su respuesta escrita a la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, quien el pasado día 5 puso en duda las medidas tomadas hasta ahora.

O'Reilly ha celebrado la celeridad con la que Juncker ha reaccionado a su queja y ha confiado en que el examen ético se cumpla ahora "cuanto antes".

Con todo, ha advertido de que son necesarias más medidas para evitar nuevos conflictos y ha reiterado la necesidad de revisar el Código de Conducta para incluir en él, por ejemplo, sanciones.

Las normas actuales en materia de conflicto de intereses exigen a los exaltos cargos comunitarios informar a la Comisión Europea de su cambio de puesto, si este se produce en los 18 meses siguientes a dejar Bruselas.

En el caso de Durão Barroso, su contrato con la influyente entidad de Wall Street se firmó 20 meses después de dejar la Comisión, lo que le permitió evitar la notificación y ha permitido a Bruselas defender hasta ahora que se cumplieron las reglas.

Cuando se conoció la noticia, Juncker confirmó que su predecesor le informó del cambio en una conversación posterior a que su fichaje se anunciara públicamente.

Ahora, Juncker ha pedido a Durao Barroso "aclaraciones" sobre sus nuevas responsabilidades y las condiciones de su contrato y encargará un dictamen sobre ello al Comité Ético.

El Comité Ético está formado por tres exaltos funcionarios de la Unión Europea: Christiann Timmermans, con carrera en los servicios legales de la Comisión y más de 10 años como juez del Tribunal de Justicia de la UE; Dagmar Roth-Behrendt, una exeurodiputada alemana que pasó cinco legislaturas en la Eurocámara; y Heinz Zourek, con cargos de responsabilidad en varias direcciones generales de la CE.

Se trata de un "examen ético" para analizar si el fichaje es compatible con las normas del Tratado de la UE y no hay conflicto de intereses, han aclarado fuentes comunitarias.

Pérdida de privilegios

Entre las tareas que se encomendará al exprimer ministro portugués en Goldman Sachs, está el de asesorar sobre las consecuencias del Brexit.

Se da la circunstancia de que el jefe negociador de la Comisión para la salida de Reino Unido de la UE es el excomisario Michel Barnier, miembro del Ejecutivo comunitario en la era Barroso.

En cuanto a la decisión de dejar de considerar al político portugués como un "expresidente" y pasar a tratarle como miembro de un grupo de presión, ello supone que cada visita de Barroso a la institución deberá quedar inscrita en el registro de lobistas para garantizar "plena transparencia".

Es la primera vez en que un expresidente de la Comisión Europea ve cómo se le retiran sus privilegios protocolarios, según las fuentes consultadas.

Ha habido que esperar tres largas semanas para que Jean-Claude Juncker se indigne. El presidente de la Comisión Europea ha acabado criticando, con la boca pequeña, la elección de su predecesor, José Manuel Durão Barroso, de pasar a ser consejero del gigante estadounidense de las finanzas Goldman Sachs. En una entrevista para el diario belga Le Soir del 30 de julio, el luxemburgués declaró: "El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. (...) Hay que elegir al empleador". 

– Después de la presidencia de la Comisión, ¿qué? ¿Goldman Sachs?

– Yo no habría entrado en Goldman Sachs. De hecho, Goldman Sachs no me lo hubiera pedido. El hecho de que Barroso trabaje para un banco no me molesta mucho. Pero para este en concreto, me supone un problema. Es un proceso individual y ha respetado las reglas. Pero hay que elegir al empleador.

Algunos días antes, Juncker había respondido a un periodista de France 2 que le interrogaba sobre el asunto: "Yo no lo hubiera hecho". Se han visto condenas más firmes. Hasta el momento, el ejecutivo de Bruselas se contentaba con explicar de todas las formas posibles que la contratación de Barroso, que fue presidente de la Comisión de 2004 a 2014, era, a sus ojos, perfectamente legal. Hay reglas para enmarcar —y bloquear cuando sea necesario— casos de puertas giratorias. Pero este "código de conducta" solo es válido durante los primeros 18 meses que siguen a la partida del comisario en cuestión (lo que se llama, en la jerga del medio, el "cooling off period", el "periodo de enfriamiento"). Así, Barroso había dejado su puesto 20 meses antes cuando anunció su contratación por Goldman. En resumen, todo estaba en regla. Es por eso que Juncker precisó a Le Soir: "Es un proceso individual y ha respetado las reglas".

Salvo que el efecto, para la imagen de la Unión Europea, es catastrófico. El nombramiento del portugués reaviva la especulación sobre el rapto de las decisiones políticas tomadas en Bruselas rapto por los poderes financieros. En la capital belga, numerosos funcionarios europeos se esfuerzan por comprender por qué Jean-Claude Juncker no se ha distanciado más claramente del comportamiento tóxico de su predecesor, sobre todo porque Barroso no tiene ya ningún peso, desde el punto de vista político, en la burbuja bruselense. A la cabeza del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Martin Schulz ni siquiera ha juzgado necesario pronunciarse públicamente sobre el tema durante el mes de julio. A la inversa, el presidente francés, François Hollande, el 14 de julio se mostró más tajante: calificó la contratación de Barroso de "moralmente inaceptable". 

"Comisión y Parlamento opinan sin duda que en estos tiempos mediáticos agitados en los que una tragedia sucede a la anterior, Niza después del Brexit, basta con dejar pasar el tiempo", se lamenta el belga Pierre Defraigne, ex jefe de gabinete del comisario Pascal Lamy, en una tribuna reciente. "Comisión y Parlamento se equivocan, porque tienen mucho que perder en esta historia; la primera ve debilitada su autoridad moral, mientras que el segundo se arriesga a ver reducirse de nuevo la tasa de participación electoral en el próximo escrutinio. ¿Por qué aceptan encadenarse de esta manera a un peso que van a arrastrar por mucho tiempo con gran perjuicio para la imagen de Europa ante sus ciudadanos?". E insiste: "Europa es hoy demasiado débil como para añadir a los golpes provinientes del exterior faltas graves cometidas en el interior". 

A imagen del texto de Defraigne, el debate sobre las formas de sancionar a Barroso se está intensificando en Bruselas. Para muchos funcionarios, es la gota que colma el vaso. Empleados de varias instituciones europeas (no solamente de la Comisión) han lanzado una petición que puede ser firmada por cualquier ciudadano de la UE. Denuncian "un nuevo caso de puertas giratorias irresponsable, muy perjudicial para las instituciones comunitarias y, aunque no ilegal, moralmente deshonesto". A sus ojos, el argumento respecto al cooling off period y la, digamos, legalidad del proceso, no basta. Desplazan el debate al terreno de los tratados. Citan en particular un artículo poco conocido, el 245, que menciona las obligaciones que incumben a los responsables europeos "durante la duración de sus funciones, y después del cese de estas". 

El artículo precisa —sin definirlos— "los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios". Aceptando el puesto en Goldman Sachs, ¿Barroso se mostró deshonesto o poco discreto? Para los autores de la petición, anónimos por su deber de confidencialidad, no hay ninguna duda. Su objetivo consiste, después de una recogida de firmas hasta final de septiembre, en incitar, bien a la Comisión de Juncker, bien al Consejo presidido por Donald Tusk (que representa la voz de los Estados miembros en Bruselas), a someter al Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, la conformidad de la contratación de Barroso a los tratados. Lo que permitiría quizá, en última instancia, sancionar al portugués, por ejemplo mediante "la suspensión de sus indemnizaciones por jubilación en tanto que expresidente de la Comisión Europea, durante la duración de su empleo en Goldman Sachs y más allá". 

Como cualquier excomisario europeo, Barroso tiene derecho a una jubilación a partir de los 65 años. Pero puede solicitar una jubilación anticipada con una pensión reducida desde los 60 años. Los que ha cumplido el portugués, nacido en 1956. La UE le ingresa desde abril de 2016 una prejubilación, indexada sobre el total de su última remuneración, y que corresponde al 70% de lo que tendrá derecho a recibir una vez haya pasado de los 65 años. Según nuestras estimaciones, José Manuel Durão Barroso, que estuvo en el puesto durante diez años, recibe una prejubilación de un poco más de 7.500 euros al mes. Pero la Comisión, contactada por Mediapart, rechaza confirmar o desmentir la cifra. (Leer el cálculo en La caja negra).

Otros colectivos de la burbuja bruselense están también en pie de guerra en estos últimos días, apoyándose en el artículo 245. El sindicato Unión por Unidad (U4U), "sorprendido [por este] suceso que podría volver aún más impopular la construcción europea", exhorta a Juncker y a sus comisarios a formular "una declaración firme" y tomar "una decisión apropiada sobre el compromiso de los más altos dirigentes de la UE con respecto al interés general de los ciudadanos europeos". 

Del lado del Parlamento Europeo, un "intergrupo" (es decir, una reunión informal de eurodiputados de todos los partidos sobre cuestiones temáticas precisas) consagrado a la lucha por la transparencia y contra el crimen organizado, ha hecho llegar también un correo a Juncker pidiéndole "lanzar un proceso legal sobre la base del artículo 245". Esta carta está firmada por diputados de siete de los ocho grupos políticos del hemiciclo de Estrasburgo, incluido un cargo electo de la derecha del PPE, la familia política de Barroso (que se ha mostrado, no obstante, muy discreta sobre el tema hasta ahora). De manera más general, numerosos eurodiputados han expresado ya su indignación por el affaire Barrosoaffaire , reclamando la mayoría de ellos una extensión —más o menos importante, hasta los cinco años— del cooling off period, como los socialistas franceses o el grupo de Los Verdes. 

Si Juncker es reticente a condenar firmemente la contratación de Barroso, es también porque parece no haber comprendido el problema. En la entrevista de Le Soir, introduce una distinción más bien inesperada entre el hecho de irse para trabajar en "un banco" e irse para trabajar en "Goldman Sachs". El gigante de Wall Street no es, por supuesto, cualquier establecimiento financiero, y ha jugado un papel infernal en la crisis de las deudas soberanas que sacude Europa desde 2008. 

Pero el asunto sobrepasa de largo la banca de inversiones norteamericana. Concierne al conjunto de casos de puertas giratorias, esas bisagras entre lo público y lo privado que son legión en Bruselas. Las polémicas son regulares, y los efectos en la opinión pública, devastadores. No es solo Jean-Claude Juncker quien parece no haberlo comprendido todavía. En verano de 2014, el eurodiputado Sharon Bowles, que presidía hasta entonces la Comisión de Asuntos Económcios y Financieros, un puesto clave en la crisis financiera, se unió a la City. El año pasado, la holandesa Neeli Kroes (excomisaria de Competencia y luego de Mercado Digital durante los mandatos de Barroso) pasó a ser consejera especial para Europa de otro buque insignia de las finanzas estadounidenses, Bank of America Merrill Lynch. En mayo de 2016, fue Uber, el controvertido servicio de reservas de vehículo con conductor, quien la empleó. 

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Traducción: Clara Morales

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