La Generalitat catalana ha impuesto una sanción pionera de 10.001 euros a una agencia inmobiliaria por un caso de racismo en el acceso al alquiler, del que fue víctima un vecino de Mataró (Barcelona) de nacionalidad marroquí, informa EFE.

Así lo ha anunciado este lunes el Observatorio Desca, la entidad social que ha acompañado a la víctima, Hamid, en el proceso de denuncia de esta discriminación. Hamid había denunciado hasta a trece agencias inmobiliarias con la misma acusación: no quererle arrendar un inmueble por su origen, a pesar de cumplir con los requisitos.

La mayoría de estas denuncias se archivaron después de diversos trámites burocráticos de las administraciones públicas. Sin embargo, gracias al acompañamiento del Observatorio Desca, la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) de la Generalitat abrió finalmente en septiembre de 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra casos de racismo inmobiliario producidos de forma encubierta por parte de agencias inmobiliarias.

En el caso que finalmente ha acabado en sanción, Hamid pidió información de un piso a principios de 2024 y la respuesta de la agencia inmobiliaria fue que ya estaba alquilado, un día y medio después de haber hecho la solicitud para ir a verlo.

Entonces, le pidió a un compañero de trabajo que hiciera la misma solicitud y en este caso la inmobiliaria le dijo que el piso seguía disponible, le detalló los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertó una visita al inmueble. A la visita acudió Hamid para recibir una explicación sobre el trato desfavorable, preguntando si se debía a que los propietarios no querían personas de origen marroquí.

La resolución de la OITND reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnicorraciales o por origen. Como resultado, la OITND ha sancionado con una multa de 10.001 euros a la agencia inmobiliaria, además de establecer la prohibición de recibir ayudas y subvenciones públicas, así como de contratar con la Administración de la Generalitat durante un año.

Las entidades sociales han valorado la decisión de la OITND por considerarla "un primer paso para reparar el daño sufrido por Hamid y poner fin a la impunidad del racismo inmobiliario". 

Es probable que muchos de los estudiantes que han vuelto a casa por Navidad, a la vuelta a su lugar de estudios se enfrente, de nuevo, a la búsqueda de casa. No es un trámite sencillo. En un contexto en el que el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos —2.605 €/m2 en compraventa de vivienda usada durante noviembre de 2025, según Idealista— y que, de acuerdo con el último Eurobarómetro, es la principal preocupación del 36% de los españoles, los jóvenes se han convertido en el blanco de una nueva generación de estafas inmobiliarias.

El auge del negocio de la vivienda online, a través de plataformas como Idealista, MilAnuncios o Fotocasa, ha facilitado el trabajo de los defraudadores. "Los delincuentes llevan años intentando cometer estafas en el mercado inmobiliario y con la llegada de Internet han trasladado su foco desde los clasificados en papel a los portales inmobiliarios", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

El proceso para efectuar la estafa es ahora muy sencillo: basta con publicar un anuncio en Internet, introducir algunos datos personales -reales o ficticios, es indiferente- y fijar un precio atractivo para el alquiler del inmueble. 

“Tomé todas las precauciones posibles, y aún así caí en la trampa”, lamenta Iván Durán, un estudiante gallego que decidió mudarse a Madrid para cursar un máster de profesorado: “Me aseguré de que el pago fuera por transferencia, de tener el DNI del propietario y un contrato”, asegura.

Tras mes y medio desempeñando una "búsqueda activa" en plataformas online, encontró el inmueble de un tal Enrique López (nombre falso elegido por el estafador) cuando solo “llevaba un minuto publicado”. El piso respondía a las necesidades y a la capacidad económica del estudiante, por lo que decidió apostar por él. “Le conté mi situación a Enrique. Como estudiante que soy, no puedo permitirme gastar casi 100 € en viajar a Madrid para ver un piso que van a visitar otras personas también”. Durán necesitaba la garantía de que la vivienda sería suya, por lo que acordó con el supuesto propietario pagar una reserva de 660 euros. Tras pagar la cuantía, cerraron que el joven acudiría a Madrid para formalizar el contrato. 

“Me dijo que podía quedarme a dormir en el piso después de firmar, sin cobrarme la noche, para que el viaje no se me hiciera tan cansado”, recuerda. La oferta, junto a las largas conversaciones que Durán asegura que mantuvo con el supuesto casero, le llevaron a bajar la guardia:  “Me inspiró tanta confianza que no pude pensar que era una estafa”. 

A lo que, por desgracia, Idealista responde que, "si es demasiado bonito para ser real, posiblemente sea un intento de estafa".

Y efectivamente así terminó el relato del universitario: todo fue un engaño. El piso jamás existió y el supuesto propietario tampoco se llamaba Enrique López. El estafador había utilizado la identidad de un trabajador del BBVA, el verdadero López: “No sé cómo conocía a esta persona, pero la conocía muy bien, porque su DNI y todos sus datos eran reales”. Aquello no fue solo una estafa, sino también un delito de suplantación de identidad.

Iván Durán perdió más de 600 euros y el lugar donde dormir aquella noche en Madrid. Pero, sobre todo, vio desvanecerse la tranquilidad de saber que tendría un techo cuando comenzara su máster.

La urgencia por encontrar piso, la inexperiencia y precariedad convierten a los universitarios en evidentes objetivos de los estafadores. “Nos sentimos desprotegidas", denuncia Lucía Utrera, gaditana y estudiante de la Universidad de Córdoba. 

Junto a sus compañeras de piso, concretó varias visitas con un supuesto agente inmobiliario llamado Bernardo (nombre falso con el que se identificaba el estafador). Tras recorrer tres viviendas, se quedaron con la última: “Nos gustó mucho y Bernardo insistió en que teníamos que reservarlo ya, que si no volaba”, recuerda Lucía. Pidió 460 euros a cada una de las tres jóvenes, en concepto de reserva y fianza: “Pagamos en el momento, hicimos un recibo que él mismo firmó y tomamos una foto de su DNI. No teníamos ninguna sospecha”.

El día fijado para entregar las llaves y firmar el contrato, Lucía recibió una llamada de Bernardo: “Nos dijo que no podíamos entrar, que el piso había sido alquilado por otra persona”. En la acera, rodeada de maletas, entendió que habían sido engañadas.

Al día siguiente, acudieron a comisaría. Para sorpresa de las universitarias Bernardo ya tenía al menos cuatro denuncias de otros estudiantes por hacer lo mismo, según les contaron los agentes. Cuando la historia parecía que no podía dar un nuevo giro, descubrieron que "la propietaria llevaba meses sin trabajar con Bernardo, ni siquiera estaba al tanto de que habían alquilado su piso”. 

El portavoz de Idealista defiende que la plataforma cuenta "con las últimas tecnologías y un gran equipo humano especializado en la detección de los intentos de fraude, 24 horas al día los 365 días del año". El objetivo es conseguir que la vida útil de tales anuncios no supere los pocos minutos, por lo que también resultan "muy útiles" los procesos de escucha de redes sociales y los avisos de los usuarios ante cualquiera anomalía.

No obstante, la experiencia ha demostrado que el sistema de Idealista falla. Para comprobarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) creó el pasado septiembre un anuncio de vivienda falso con una identidad inventada: indicó una dirección real para el inmueble falso, pero con características ficticias y fotos de otra vivienda. Ninguno de los 8 portales analizados, entre ellos Idealista, detectaron el fraude ni lo bloquearon.

Los universitarios no sólo se enfrentan a las estafas en las plataformas inmobiliarias. Algunos tienen que hacerlo también ante las intimidaciones de sus caseros. infoLibre recopila algunos testimonio de jóvenes que se han visto en esta situación. A menudo, multipropietarios que juegan al Monopoly: retuercen las cláusulas de los contratos, las interpretan a su antojo o incluso incurren en modificaciones ilegales que la Ley de Vivienda actual no contempla. 

Así lo sufrieron tres estudiantes extremeños, quienes habían conseguido hacer del barrio sevillano de Triana su hogar: “Vivíamos en un piso que le faltaban muchas cosas, pero estaba a muy buen precio”. El alquiler, 700 euros con comunidad y agua incluidos, les había permitido mantenerse con cierta estabilidad en una ciudad donde los precios no dejan de aumentar.

“No os lo vais a creer, nos acaban de subir el alquiler a 120 euros más a cada uno”, escribió Andrea Santos,  en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas de la universidad. Se encontraba completamente desbordada por la situación. El nuevo precio sería de 1.050 € al mes y, además, les exigían un contrato de 12 meses en lugar de las 11 mensualidades que ya habían firmado.

¿Lo peor? Fueron informados con solo 10 días de antelación, sin margen de reacción.

Los propietarios justificaron la subida de precio asegurando que Triana “se había revalorizado” y que, tras consultar con inmobiliarias, habían decidido aumentar el precio del alquiler. No mentían en cuanto a la tendencia: el Índice de la plataforma de alquiler online Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas ha revelado que el precio medio de arrendamiento de los barrios sevillanos de Triana (1.330 euros), Nervión (1.580 euros)  y Los Remedios (1.500 euros) ha superado el del famoso barrio de Montmartre en París, que se sitúa en los 1.300 euros.

Sin embargo, el contrato que regulaba el arrendamiento a los extremeños también contradecía la lógica de los caseros, pues especificaba que su vigencia era de “hasta cinco años”. 

La abogada a la que acudieron los estudiantes para comprobar la legalidad de la polémica, Eugenia Ruiz Cuenca, explicó con firmeza: “Los contratos hay que cumplirlos, y este no queda más remedio que respetarlo y ejecutarlo fielmente hasta su término, en cinco años". 

Según especifica el acuerdo legal que firmaron ambas partes, los propietarios no pueden modificar las condiciones ni subir el alquiler fuera de lo que marca el documento y el Índice de Precios al Consumo (IPC). “No se puede especular con un contrato de cinco años. Si el mercado bajase, los caseros seguirían cobrando lo mismo, así que esto funciona en ambas direcciones”, señala la letrada.

También recuerda que el precio sólo puede actualizarse si el arrendador lo comunica por escrito cada año, y que esta actualización no tiene efecto retroactivo: “En este caso, el contrato sigue vigente y solo podría incrementarse conforme al IPC. En junio, el IPC de alquiler fue de 2,3%. No puede subir más”.

Sin embargo, las cifras legales no lograron aliviar la angustia de Andrea Santos: “Es que no sé qué puedo hacer”. A sus 22 años, la idea de enfrentarse a un conflicto legal con sus caseros o de quedarse sin vivienda era “muy angustiosa".

La falta de controles efectivos sobre las inmobiliarias y la escasa supervisión de los contratos de alquiler han normalizado prácticas abusivas que rara vez se sancionan. Las infracciones no se revisan y se terminan asumiendo como parte del sistema: "Me ignoraron y no había nada que hacer al respecto", asegura Guillermo (nombre ficticio para proteger su identidad), quien alquiló una pequeña habitación en el municipio madrileño de Getafe a través de una inmobiliaria. Esta sensación de impunidad alimenta que algunas empresas actúen con total libertad.

“Desde el inicio de mi contrato dejé claro que quería alojarme en el piso hasta junio”, asegura el universitario. Su contrato, vigente de septiembre a agosto, exigía avisar con un mes de antelación si quería marcharse. Guillermo cumplió con esta condición.

El entrevistado ha demostrado, mediante su historial de llamadas y mensajes de WhatsApp, que avisó repetidas veces —y dentro del plazo— sobre su intención de marcharse en junio: "Me dijeron que no había problema”. Sin embargo, la empresa le comunicó posteriormente que no le devolvería la fianza (500 €) por un supuesto “retraso en el preaviso”. Guillermo insistió en que revisaran las llamadas y conversaciones de WhatsApp, pero, según afirma, respondieron que “no tenían constancia de ello”.

“A mí me han hecho esto porque saben que no habrá consecuencias. Pero yo necesitaba esos 500 euros para la fianza de mi próxima vivienda. ¿Ahora cómo los recupero?”, se lamenta Guillermo. El universitario asegura que este contratiempo le ha generado serias dificultades para afrontar el pago de su nuevo alquiler, hasta el punto de haber tenido que “vaciar sus ahorros” para poder instalarse.

Hablar de desahucios en España remite inmediatamente a los peores años de la crisis inmobiliaria. Un estudio del Observatori DESCA de vivienda llegó a cifrar en más de 684.000 el número de lanzamientos (como se denominan en la jerga jurídica a los desahucios) ejecutados entre 2008 y 2019, con más de 1,7 millones de personas afectadas. Los años de la Gran Crisis dejaron una cicatriz difícil de borrar, pero que se fue haciendo más pequeña a medida que la situación económica se normalizaba. Sin embargo, en 2020, con la llegada de la pandemia, ese fantasma reapareció y para evitar otro drama social de esa envergadura se puso en marcha la denominada “moratoria antidesahucios”, un mecanismo que permitía a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. También recogía la posibilidad de que los caseros recibiesen una compensación por esta prórroga si los servicios sociales no encontraban una alternativa en tres meses. Pero ese escudo dejará de funcionar el último día de diciembre. 

Esta norma, que se integró en el escudo social, habría detenido alrededor de 60.000 desahucios entre 2020 y 2024, un 24% del total, según DESCA. Pero el 31 de diciembre, si el Gobierno no lo prorroga de nuevo, esta medida dejará de tener efecto. “Entre enero y febrero habrá una cascada de desahucios”, advierte Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. Esto será consecuencia de la reactivación de los procesos de desahucio en un momento en el que los precios de los alquileres crece a dos dígitos: por ejemplo, en octubre de este año (último dato disponible en el portal inmobiliario idealista) los precios habían aumentado un 10,9% interanual. Las negociaciones para prorrogarlo no han dado resultados hasta el momento y esto ocurre en un momento nada propicio.

Así, además del fin de la moratoria, a finales de 2025 también se va a producir una revisión masiva de los alquileres que se firmaron durante la pandemia. Más de 300.000 hogares que tenían contratos por cinco años y que se firmaron cuando los precios estaban muy por debajo de los actuales, tendrán que negociar de nuevo o volver a buscar piso en el mar revuelto de los portales de vivienda y las inmobiliarias. “Al final de la pandemia fue la última vez que hubo precios ligeramente más asequibles, porque las viviendas vacacionales estaban anuladas y la economía paralizada”, explica Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Al término del contrato se puede elevar el precio lo que el casero considere y eso, apunta, redundará en desahucios silenciosos que, sumados al fin de la moratoria, pueden agravar el problema. 

La rotación, o ir de piso en piso al término del contrato, es uno de los problemas que han venido denunciando las plataformas de vivienda, ya que esta dinámica eleva el ritmo de crecimiento de los precios. Esto es así porque cuando el contrato termina el piso se puede poner en el mercado a un precio muy superior y, por tanto, lo más rentable es que esa rotación se produzca a menudo. “Se van a juntar dos factores que harán que más gente se vaya a la calle”, concluye Castillo. Por eso, ante esta coyuntura, varias asociaciones se han unido para protestar y este próximo martes hablarán en una rueda de prensa conjunta los sindicatos de inquilinas, asociaciones de consumidores y centros de investigación. 

“En este contexto de emergencia habitacional lo que está pasando es que a la gente se le vence el contrato, el casero no lo renueva, y se cambia a los inquilinos por otros que paguen mucho más. Con suerte se les ofrece un nuevo contrato, pero pagando el doble o el triple”, explica Alejandra Jacinto. Por eso, sus reivindicaciones no van solo hacia un mantenimiento de la moratoria, sino que piden una ley más amplia y más estable: “La forma de evitar esto, teniendo en cuenta que en la mayoría de municipios no hay limitación de precios, es obligando a hacer una prórroga de contratos de tres años más”, concluye. 

Aunque los estragos de la pandemia han quedado atrás, la crisis de vivienda sigue muy presente y las medidas para atenderla no consiguen adelantarse a las circunstancias. “Nosotros defendemos que hay que mejorar la redacción del real decreto y eso pasa por crear una nueva medida. Sabemos que con la correlación de fuerzas es complicado de aprobar, pero se necesita un abordaje estructural”, explica Irene Escorihuela, directora del Observatori DESCA. “No puede ser que levantemos la moratoria y no pongamos ninguna red para todas esas familias que están pendientes de desahucio”, concluye. 

En lo político, el acuerdo no ha llegado. Podemos y Sumar piden extender la duración de la medida, aunque esta misma semana fuentes de la negociación señalaban a EFE que no había avances hacia el acuerdo. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, aseguraba que el Gobierno estaba analizando “con rigor” todas las medidas del “escudo social”, aunque sin concretar nada más al respecto.

Por su parte, y en línea con las asociaciones de vivienda, Sumar ha pedido que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley que establezca una prórroga de tres años para los 300.000 contratos de alquiler que vencen el próximo 31 de diciembre, con el fin de congelar sus precios y evitar que a esos inquilinos les suban la renta.

Contra esta postura se ha manifestado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que no ve visos de que la moratoria se vaya a levantar y pide “mejorar la protección de la propiedad privada”. La asociación asegura que la mayoría de los 6.000 grandes y pequeños propietarios que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda. “Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler”, señalaba Laura Fernández, directora general de la agrupación.

Vivir de alquiler es asumir un cierto grado de inestabilidad, pero si además hablamos de familias vulnerables, el panorama es aún más complicado. “Hay muchísimas personas que están ahora mismo en una situación de incertidumbre e inseguridad vital, porque no saben si de aquí a un mes van a reactivarse sus procedimientos de desahucio”, explica Jacinto, que concluye posicionándose contra quienes hablan de inseguridad jurídica. “Me parece profundamente injusto que se hable permanentemente de la inseguridad jurídica para los operadores inmobiliarios y no se hable de la inseguridad vital que viven ahora mismo tantísimas familias”, remata.

Dicen que “dato mata relato”, pero en lo que toca al problema de la vivienda, el mar de cifras puede llegar a desorientar antes que a aportar claridad. La razón es que no hay un volumen de datos público centralizado en materia de precios de venta y alquiler o en cuanto a la dimensión y ubicación del parque público. Portales inmobiliarios, empresas de inversión, registradores de la propiedad, notarios, comunidades autónomas o la propia Administración central componen un conjunto de actores que, cada uno a su manera, aportan datos parciales con los que es muy difícil dar una visión de conjunto sobre el que ya es el principal problema que perciben los españoles.

En algunos puntos, como el precio de los alquileres, el análisis de los precios depende de portales inmobiliarios que son, en última instancia, juez y parte. “Por hacer una hipérbole, es como si para fijar las políticas laborales le pidiésemos a Mercadona los datos sobre trabajadores”, explica Iván Auciello, investigador en economía en la CY Cergy Paris Université y miembro del think tank Future Policy Lab. 

La necesidad de desenredar esta madeja ha llevado al Gobierno a disponer en la Ley de Vivienda la creación de una base de datos sobre arrendamientos y a demandar de las comunidades un registro público de datos, como requisito para acceder a la financiación del nuevo Plan de Vivienda. “Los datos públicos son muy importantes por dos motivos: sirven al interés general y no a un interés particular, y permiten una mejor planificación de las políticas públicas que se desarrollan”, explican a infoLibre fuentes del Ministerio de Vivienda. “En el caso de las empresas y los portales privados, es frecuente que faciliten datos sin informar debidamente sobre el procedimiento que se ha seguido para obtenerlos”, explican, por lo que su intención es crear un “cuadro de mandos” en el que se pueda consultar a donde van los fondos del nuevo Plan de Vivienda y un sistema que permita a las Comunidades Autónomas transferir sus datos en materia de vivienda.

La polémica en este tema no viene solo por las dificultades para centralizar datos, sino por la influencia que cobran informes elaborados por portales inmobiliarios o consultoras privadas y el peso que esto tiene en el diagnóstico del problema. De hecho, la pasada semana un informe de la tasadora UVE Valoraciones evidenciaba la brecha entre los precios de oferta de las plataformas y los de compraventas de vivienda. Los tasadores apuntaban a que portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa y otros similares suelen dar cifras de precios más altas que los importes de compraventa finales que recogen los notarios, registradores o los datos de hipotecas del INE. 

“Llevamos mucho tiempo, ya desde la crisis hipotecaria, reivindicando que no hay datos suficientes”, señala Irene Escorihuela, directora en observatorio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). La representante de este organismo —que investiga sobre el mercado inmobiliario y su impacto social—, explica que en materia de precios efectivamente se da una diferencia entre los datos de compraventa y los de los portales. Algo que, a la larga, hace que las expectativas de quienes anuncian sus pisos suban y los precios puedan moverse al alza. 

El precio medio de la vivienda vendida ha aumentado en 652 euros por metro cuadrado entre 2014 y 2025, lo que supone un 52% más, hasta un precio que, en agosto de 2025, se quedó en 1.887 euros, según el portal estadístico que acaba de inaugurar el Notariado. En la plataforma inmobiliaria Idealista, en cambio, el precio que figura para agosto es ligeramente superior: de 2.498 euros por metro cuadrado. “Estos portales son una referencia en cuestión de precios porque no hay una alternativa pública en este tema”, explica Auciello.

En cuanto a la sobrevaloración que se da en las plataformas, responde a una cuestión metodológica. El experto señala que los datos de precios de los anuncios, sobre los que elaboran sus estadísticas los portales inmobiliarios, corresponden a lo que un vendedor o un arrendador piden por su casa, un importe que al cerrar los contratos puede variar. Además, explica, en las series temporales que elaboran las plataformas hay “un sesgo de composición” que se explica porque al ser los pisos más baratos los que antes se alquilan, el cálculo de las variaciones tiende al alza. “Los datos de tasas de variación se hacen con los anuncios activos en el portal y los pisos más baratos son los que más rápido se suelen alquilar”, cuenta. 

Y para ilustrarlo da un ejemplo: “Si por ejemplo tienes tres alquileres, a 1.000, 1.500 y 2.000 euros, el precio medio es 1.500, pero cuando se alquila el de 1.000, que es el más barato, quedan los otros dos y el precio medio sube en la siguiente serie, pero sube porque se ha eliminado el valor más bajo”, concluye. 

Este es uno de los sesgos que también identifica el informe de UVE Valoraciones, que llega a concluir que las casas se anuncian hasta un 44% más caras de lo que se venden. En este punto el portal Idealista recogía el guante y respondía en un comunicado que en los cálculos de los notarios —con los que se comparaban sus estimaciones— se podría dar también un sesgo hacia abajo: “resulta obvio comprender que las viviendas en los tramos de precio más bajos son las que mejor y más rápido se venden, mientras que aquellas con un precio más elevado tardan más en encontrar comprador, por lo que su peso en las estadísticas de precio de los notarios es menor”, concluyen desde el portal. De nuevo, un mar de datos y de cálculos en el que resulta complicado pescar conclusiones claras.

Uno de los grandes puntos ciegos es el precio de los alquileres, ya que para conocer en detalle su evolución o el número de viviendas protegidas y libres, es necesario que cada Comunidad Autónoma los aporte y eso no siempre sucede. “Los depósitos de fianzas se hacen en organismos públicos de cada comunidad, pero quitando Cataluña, que los tramita a través de Incasol, en las demás es muy difícil obtenerlos”, explica Auciello.

“Hasta que no haya un registro público de referencia, como ocurre con el mercado laboral, seguiremos dependiendo de informaciones de portales privados”, señala Auciello, quien insiste en que no sería difícil centralizar unos datos que en muchos casos ya existen, pero no se ofrecen en abierto. “No es difícil obtener, sistematizar y ordenar esos datos. Se pueden sacar de muchos sitios, como de las declaraciones del IRPF o de los depósitos de alquiler de vivienda de las comunidades autónomas”, concluye. La presidenta de DESCA detalla que en general la forma de elaborar conclusiones es acudir a cada organismo y elaborar luego los cálculos. “Nosotros terminamos consiguiendo los datos a través de peticiones a las administraciones, de portales de transparencia o repreguntando mucho. Pero no siempre lo conseguimos”, concluye. 

Desde el Ministerio de Vivienda señalan que, además de incrementar los las exigencias de transparencia a las comunidades, planean crear una plataforma “a través del cual se pueda ver con toda transparencia a dónde van los fondos del Plan Estatal de Vivienda”, explican. Y señalan que ofrecerán a las Comunidades un sistema sencillo para facilitar la transferencia de datos, de forma que estén disponibles de forma centralizada.

El pasado 15 de enero, Miguel (nombre falso para preservar su identidad) recibió una llamada en la puerta de su casa en el Barrio del Pilar (Madrid) que todavía recuerda con angustia: tres individuos vestidos de negro, al estilo militar, irrumpieron violentamente en el piso donde vivía con su madre y su hermana para avisarle de que debían desalojar la casa cuanto antes. Al negarse y defender su derecho a permanecer en la vivienda, Miguel estuvo recibiendo durante meses golpes en la puerta, gritos, insultos y toda clase de intimidaciones. Aquellos hombres de negro anónimos llegaron incluso a poner silicona en la cerradura. Enseguida pudieron comprobar que su casera, en su afán de vender cuanto antes el inmueble, había contratado a una de las autodenominadas empresas de desokupación para “vaciarlo” de inmediato. Aunque el inquilino tenía derecho, por la vigencia de su contrato, a seguir residiendo ahí, vivió meses con pánico a salir a la calle por miedo a ser agredido. Según el afectado, muchos desahucios invisibles en España se producen de esta manera.

La empresa de desokupación que se dedicó a hostigar durante semanas a Miguel es la ya conocida D.I.O. Express, una de las tantísimas distribuidas en todo el país y dedicadas a amedrentar y amenazar a inquilinas para expulsarlas de sus viviendas. En su web prometen “desalojos express en 48 horas” con la garantía de haber realizado más de 5.000 desahucios al margen de la ley, para que el propietario pueda esquivar los “largos procesos judiciales” que implica llevar a cabo un desahucio por orden judicial. “En D.I.O. Express, gracias a nuestro equipo multidisciplinar, formado por expertos en negociación y asesoramiento legal, logramos que los okupas abandonen el inmueble sin conflictos ni dilaciones”, prometen. En los últimos años, los sindicatos de vivienda advierten de la proliferación de estos grupos que operan al margen de la legalidad para acelerar desalojos a la fuerza.

Estas entidades calificadas de “parapoliciales” por parte de las activistas provivienda han conseguido hacer del miedo a la llamada “inquiokupación” un negocio muy lucrativo que crece día a día. Aunque la mayoría se definen a sí mismas como “mediadoras” e insisten en sus webs en la legalidad de sus acciones, en la práctica suelen amasar grandes cantidades de dinero a base de amedrentar, violentar y acosar, en su mayoría, a inquilinas en situación de vulnerabilidad. 

Desokupa, por ejemplo, afirma en su perfil público que su labor se centra en la recuperación de inmuebles “a través de acuerdos con okupas” mientras que en realidad se dedican a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales por medio de coacciones y actos intimidatorios. Otras como Desokupacyl presumen de contar con “un equipo altamente cualificado y comprometido, que acometerá el desalojo de manera segura y legal, garantizado un proceso respetuoso y metódico”, si bien su líder, Luis Núñez, fue detenido en Valladolid por extorsión y amenazas tras la denuncia de una empresa.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que normalmente, en contra de la creencia general, las empresas se encargan de desalojar a personas con contratos en vigor y sin estar en situación de impago: “En la mayoría de casos han sido contratados para pisos de alquiler donde los dueños querían hacerse con el piso sin haber finalizado el contrato”, alegan desde esta organización. En muchos otros supuestos, tal y como apunta la abogada del CAES Alejandra Jacinto, quienes contratan son empresas pequeñas y medianas que compran inmuebles con inquilinos con contrato en vigor a un precio muy barato a través de una subasta y quieren venderlos más caros. Otras veces se trata de caseros que han invertido en viviendas donde residen mayoritariamente familias vulnerables con procesos judiciales abiertos sin concluir, ya que en estos casos su precio es mucho mayor de lo habitual.

Tan solo algunas de estas empresas figuran realmente como entidades jurídicas, alertan desde algunas asesorías. “Hay constancia de que hay empresas o grupos que están actuando sin ningún registro como empresa ni ninguna sociedad jurídica que responda sobre esa actividad. Hay que entender que primero surgió la empresa ultra Desokupa, de Daniel Esteve, y a raíz de esa empezaron a surgir otras, muchas de las cuales son low cost, están integradas por personas con muy dudosos historiales profesionales, algunas con antecedentes penales y muchas no registran la sociedad”, aclara Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda.

Las organizaciones por el derecho a la vivienda coinciden en la necesidad de denunciar que buena parte de estas empresas opera de manera ilegal. Esto sucede, por ejemplo, con Desokupa Gador, del que es imposible hallar su identidad legal como empresa en los registros. “Son grupos organizados que funcionan como mafias, personas que están actuando totalmente fuera de la ley, algo ante lo cual hay muchísima permisividad”, desliza Nacho Martín, inquilino en lucha en el bloque de San Ildefonso en Lavapiés, víctima de la empresa de desokupación Serviokupas y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuando la empresa quiso echar a las vecinas de su edificio, cuenta Martín, ofrecieron 6.000 euros a cada familia para que se fueran del inmueble. 

En grupos de este tipo que sí figuran como entidades jurídicas, la descripción oficial de sus servicios no suele corresponderse con aquellas actividades que realizan en la práctica. Es el caso de Horus Desokupa: en el registro legal, figuran como una empresa de “actividades de seguridad privada”, aunque en su web dejan claro que se dedican a “desalojos de okupas y mediación con inquilinos morosos o en situación precaria” evitando “procesos judiciales largos y complejos mediante mediación extrajudicial”.

Por su parte, Antiokupa Tarraco, a pesar de que se trataba de una empresa dedicada a ejecutar desalojos extrajudiciales a la fuerza, figura en el registro mercantil como operadora de “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, administración y gestión de fincas rústicas y urbanas, servicios integrales de auxilio en trabajos de metal, construcción, industria, jardinería, mantenimiento”. Fue desarticulada finalmente por los Mossos d’Esquadra en 2024 tras acumular más de 60 denuncias. Como transmitió Tarragona Digital, los miembros de este grupo eran “especialmente violentos” contra personas racializadas y algunos de ellos acumulaban antecedentes por “coacciones, amenazas, lesiones y trato degradante”. El ensayo Poder Inquilino, publicado este año por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicat de Llogateres, revela que esta empresa instaló GPS en las víctimas para vigilarlas y geolocalizarlas e, incluso, llegaron a sustraer a una niña de tres años de su madre para desalojar una vivienda. Posteriormente, ha sido declarada como organización criminal. 

Con cada una de estas operaciones extrajudiciales las empresas consiguen amasar grandes cantidades de dinero: Idealista afirma que el precio de cada desalojo ronda los 3.000 euros. No obstante, los precios varían en función de la empresa. Por ejemplo, Brigada Desokupa ofrece en su web ejecuciones extrajudiciales “desde 2.500 euros”. En otros casos, como afirman desde el CAES, se ha llegado a dar la circunstancia de que una empresa llegó a cobrar cerca de 1.600 euros por la “visita”, con una prima adicional de éxito o recompensa en caso de que finalmente lograran expulsar a los inquilinos. 

Pero los ingresos que obtienen estas empresas no se circunscriben únicamente a la ejecución de desalojos: algunas venden a través de sus páginas web todo tipo de dispositivos de seguridad, desde alarmas inteligentes hasta puertas blindadas. Por ejemplo, Bastión Desokupación, empresa que también presume de no respetar los tiempos judiciales a la hora de llevar a cabo sus actividades, ofrece “puertas antiokupa”, alarmas resistentes a inhibidores con videovigilancia 24 horas y controles de acceso para impedir que los inquilinos puedan acceder a sus viviendas. 

En los últimos años se han multiplicado las ventas de estos dispositivos, al igual que los llamados “seguros antiokupación”, tanto por parte de estos grupos como por aseguradoras e inmobiliarias. Empresas como Securitas Direct, Prosegur, Segurma, Visegur o Mutua Madrileña, pero también portales inmobiliarios como Idealista. Securitas cuenta con “alarmas antiokupación” con tecnología ZeroVision (un sistema de seguridad que se activa en caso de intrusión y llena el área protegida de humo denso, bloqueando la visión del intruso y dificultando el robo) desde 400 euros el equipo. Mutua Madrileña, por su parte, ha lanzado un seguro antiokupación por 7,5 euros al año: “La garantía antiocupación cubre el pago de un alojamiento alternativo (durante un máximo de seis meses y 800 euros de renta de alquiler) en el caso de que la ocupación se produzca en el hogar habitual familiar”, promueven desde su página.

En los portales web de todas estas empresas, las aseguradoras presumen de contar con una tecnología avanzada y de una efectividad probada para garantizar la seguridad de los propietarios. En el caso de Securitas Direct, ofrecen protección reforzada en la puerta principal “para detectar al intruso antes de que entre”, puertas “antiokupa” de alta seguridad capaces de resistir intentos de forzado, sofisticados sistemas de alarma, cerraduras especialmente diseñadas para resistir métodos de apertura forzada “como el bumping, el ganzuado o el taladrado con sistema anti-picking” y un largo etcétera de sistemas de protección. Aunque describen con minuciosidad el inmenso abanico de herramientas del que disponen y reiteran constantemente su infalibilidad, en ningún momento deslizan datos sobre el número de viviendas que han logrado “salvar” de intentos reales de “inquiocupación”. Sí dan otros datos cómo los relativos al número de personas que se declaran con miedo a la ocupación o de cuántas familias ya disponen de sus productos, cerca de 5,7 millones en 17 países. 

Lo mismo sucede con los anuncios de este tipo de servicios en Idealista, donde tampoco aparecen cifras relativas a su porcentaje de éxito en casos de ocupación. Ni siquiera proporcionan información sobre el número de viviendas que se han visto afectadas por intentos de ocupación, pese a que en la descripción del Seguro Anti Okupas que ofertan apelan a esta amenaza y la sitúan como un peligro permanente. Por un importe de 39,85 euros anuales, prometen cubrir al casero en caso de poder demostrar pérdidas financieras asociadas con la ocupación ilegal de sus propiedades. Las opiniones de los clientes, exhibidas en las webs de ambas empresas, dejan claro que las personas que han contratado los servicios se han sentido “mucho más tranquilas y seguras” desde que disponen de estos dispositivos, aunque ninguna traslada haber sufrido intentos de ocupación.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derecha. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”. 

En este sentido, Palomo asevera que “ha salido todo un negocio, ya no solamente de las empresas de antiokupación, sino también de alarmas y seguros inmobiliarios que garantizan una fuerte protección al propietario: como la Agencia de Negocios de Alquiler, Alquiler Seguro y todas estas que gastan un fuerte patrimonio en publicidad, sobre todo en las radios, para meter mucho miedo a la gente y lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos”, recalca Palomo. Por su parte, desde Acción contra el Odio indican que “la visibilidad de estas empresas corre paralela a los alarmistas discursos sobre la ocupación de vivienda, que hace que la opinión pública crea que hay casi 1.000 veces más ocupaciones de las que existen”. 

El negocio de estas empresas se mantiene a flote gracias a la impunidad de la que a menudo gozan quienes obtienen beneficio de ese miedo pese a llevar a cabo acciones delictivas. Desde organizaciones como PAH Vallekas señalan directamente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por no actuar con la contundencia necesaria cuando una víctima llama para informar sobre el acoso que está sufriendo.

Palomo afirma que muchos policías, cuando hay un conflicto, “no detectan que hay un delito de amenazas o de coacciones sobre la vivienda y tratan de diluir el asunto en vez de tomar acta de que se está cometiendo un delito o en el peor de los casos vemos que incluso dan la razón a la empresa”. Esta situación se está dando actualmente, afirma, de forma primordial en barrios vulnerables. En septiembre del año pasado, activistas de la PAH de Carabanchel denunciaron la complicidad explícita entre Desokupa y la Policía cuando un trabajador de la empresa liderada por Daniel Esteve llamó a la Policía Nacional para ponerla en aviso, haciendo posible un operativo de cerca de 45 efectivos. El despliegue contó con un frente integrado por 15 trabajadores de Desokupa insertos en el cordón policial.

En los casos en los que las víctimas consiguen sentar en el banquillo a las empresas, es habitual que estas queden absueltas o que la causa acabe archivándose. Miguel cuenta que cuando sus acosadores tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales “se señaló una primera fecha para juicio y, a causa de un extraño error en los juzgados, se juntaron dos causas y ese juicio se suspendió. Después se dijo que nos iban a llamar para un segundo juicio y resulta que ese juicio se llevó a cabo sin nuestra presencia, es decir, sin contar con los perjudicados y demandantes y se sentenció absolviéndolos”, traslada el afectado.

Un piso caro y una vivienda de lujo no son lo mismo, pero los precios desbocados del mercado de la vivienda hacen que tener una casa supere los presupuestos de cada vez más personas. En la tercera acepción de la RAE, lujo se define como "aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo". Eso es precisamente lo que ha convertido la vivienda en España en un problema y hace que se popularice el uso extendido del término para hablar del mercado inmobiliario.

Pero, ¿qué es y cuánto cuesta una vivienda de lujo en España? "Si hay que poner cifras, una vivienda reformada con altas calidades y ubicada en los barrios más ricos (como pueden ser en Madrid: Salamanca, Chamberí o Retiro; en Barcelona, Pedralbes, Paseo de Gracia o Turó Parc, o en Valencia en barrios como Eixample) puede considerarse de ‘lujo’ a partir del 1,5-2 millones de euros. En otras ciudades medianas la barrera sería muy inferior. No así en las zonas turísticas de la Costa del Sol o Baleares", explica Juan-Galo Macià, presidente de la inmobiliaria Engel & Völkers para Iberia y Sudamérica. Macià puntualiza además, que los inmuebles de alto standing ya no se definen solo por su precio, sino por elementos como la ubicación, los acabados, o con servicios adicionales como gimnasio, spa, o jardín. "No existe un precio fijo a partir del cual pueda considerarse de lujo una propiedad", concluye.

Así, un piso caro no es una vivienda de lujo, aunque las cifras que exige al comprador el mercado inmobiliario cada vez sean más privativas y estrechen la brecha con lo más exclusivo. El crecimiento de los precios en España durante el primer trimestre del año fue de un 12,3%, más del doble que la media de la Unión Europea, que se apuntó un encarecimiento del 5,7%, de acuerdo con Eurostat. Por otro lado, el importe medio de la vivienda de segunda mano va camino de batir todos los récords y ya supera los niveles de la burbuja inmobiliaria, con un incremento en los precios 12,7% en el segundo trimestre de este año. 

Lora Galeva es personal shopper inmobiliario y miembro de la Federación de Agentes Inmobiliarios (FAI). Para ella, el lujo ha ido creando nuevas escalas de precios, algunas con precios mucho más altos de lo acostumbrado y calidades de "superlujo" que hacen más visible la brecha de este sector con el mercado corriente. Sin embargo, también se dan otras calidades por debajo, que pueden generar esa sensación de "convergencia" con los productos que son caros pero no necesariamente de lujo.

"La tipología de inmueble residencial de lujo más ofertada es con mucha diferencia el chalet, que concentra el 62% del stock y alcanza un precio medio superior a los 2 millones de euros", señala un informe de Fotocasa y la agencia inmobiliaria Infinitum. Le siguen el piso de lujo (con un 13% de la oferta y un precio medio de 1,5 millones), la finca rústica (7% del total y precio promedio de 2,2 millones), el ático (6% de la oferta y con un valor de 1,6 millones de media), el apartamento (5% y 1,6 millones) y la casa adosada (4% y 1,4 millones).

Pero lo cierto es que no hace falta seleccionar la categoría premium de los portales inmobiliarios para encontrar viviendas con precios cercanos al millón de euros que distan mucho de tener un jardín con piscina. De hecho, en ese mismo informe, Fotocasa señala que entre 2019 y 2024, la disponibilidad de inmuebles residenciales con un precio de compraventa superior a los 800.000 euros se ha disparado más de un 150%. La alta demanda —sobre todo en las zonas tensionadas— los ritmos de construcción estancados y el apetito inversor, son el combustible que empuja los precios y que ha colocado la vivienda como uno de los principales problemas de los españoles.

En cuanto a la evolución de los precios, el análisis de Fotocasa indica que si el precio medio de una vivienda de lujo en 2019 era de 1,56 millones de euros, esta magnitud se ha elevado un 28% en los últimos años, hasta alcanzar los 1,99 millones en 2024. Si se observa la evolución de los inmuebles normales, el incremento en los precios es ligeramente superior: en 2019 el precio medio de la vivienda rondaba los 1.739 euros por metro cuadrado, mientras que el año pasado se situó en los 2.271 euros, un 30,5% más.

Los informes que hablan sobre la vivienda premium difieren a la hora de trazar un importe a partir del cual comienza a hablarse de esa categoría de casas. El despiste es lógico, dada la evolución de los precios que vive el sector inmobiliario en general. De hecho, el último Informe Sectorial Inmobiliario 2025, realizado por CaixaBank Research advierte de que existen "señales de sobrevaloración" que el Banco Central Europeo cifra en un 10% sobre los precios. "Estas estimaciones sugieren que el precio de la vivienda se ha ido desacoplando de la evolución de la renta de las familias, dando lugar a un creciente tensionamiento de las ratios de accesibilidad", concluyen. Es decir, se aleja de las posibilidades de su comprador tipo para acercarse a importes casi de lujo.

De hecho, si se mide el precio del mercado inmobiliario frente a la capacidad de compra media de las familias, vemos que la segunda cada vez se queda más rezagada. En España, un hogar con ingresos medios tendría que invertir toda la renta bruta anual que ha ganado en 7,2 años para poder comprar una casa, de acuerdo con el Banco de España. Otro dato significativo es que el acceso a la primera vivienda se da a los 41 años, y para reunir la entrada de una hipoteca una pareja requiere alrededor de 12 años de ahorro, según los datos de la consultora Atlas Real Estate Analytics.

Para el presidente de Engel & Völkers la evolución de los precios en un sector tan particular como el de las viviendas de lujo no está sujeta a los mismos problemas que el mercado normal. "El mercado más exclusivo se mueve con reglas independientes y es más estable a los cambios", puntualiza. Eso sí, también está condicionado por la alta demanda y una oferta que se queda corta. "La escasez de oferta es el principal problema en el mercado inmobiliario, sea de lujo o no. Al haber poco producto y mucha demanda, provoca una tensión en el mercado", concluye Macià.

La empresa de Galeva ayuda a clientes que buscan comprar viviendas premium y sus impresiones coinciden con las del directivo de Engel & Völkers. "Por lo que veo día tras día, la demanda de lujo está muy activa. De hecho, mayoritariamente, se trata de compras rápidas, muchas veces internacionales. Es un perfil de comprador que suele tener liquidez y que se decide con velocidad cuando encuentra el producto adecuado para evitar perder oportunidades", explica.

Leire Iglesias (Hondarribia, 1978), es la directora general de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, que va camino de transformarse en la empresa pública de vivienda que el Gobierno prometió a finales del año pasado. Este organismo, que antes únicamente gestionaba suelo, tiene ahora el mandato de impulsar la vivienda pública asequible, ya que España se encuentra a la cola de Europa en esta materia, con tan solo un 3,4% del parque con estas características.

“Las primeras viviendas procedentes de la Sareb entrarán a Sepes este año y seguramente a principios del año que viene podamos empezar a ofertarlas directamente a la ciudadanía”, explica Iglesias en su despacho de Madrid. “Hemos añadido dos patas a Sepes. La primera es que vamos a edificar vivienda, tanto directamente como con colaboración público-privada; la segunda es que también vamos a ser caseros”, resume.

Esta misma semana se ha confirmado que la empresa estatal recibirá 40.000 casas y 2.400 suelos para construir otras 55.000 viviendas procedentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el banco malo). “La transferencia de activos no se hará de golpe, pero las primeras viviendas entrarán este año a formar parte de Sepes”, señala Iglesias, quien insiste en que estas llevarán aparejada la protección de su carácter público a perpetuidad. “No vamos a ceder ninguna parcela propiedad de Sepes, o en la que hayamos invertido para su desarrollo, que no podamos proteger permanentemente”, concluye.

La puesta en marcha del proyecto comenzará por colocar vivienda en las zonas con mayores problemas de precios: “Alrededor de 13.000 de estas casas están en zonas tensionadas y será prioritario incorporarlas al mercado. Además, priorizaremos las zonas afectadas por la dana en Valencia”.

Las competencias de vivienda en España son de las comunidades autónomas y eso ha generado fricciones entre el Ministerio de Vivienda (del que depende Sepes) y algunas regiones, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular. “Para las que quieran llegar a acuerdos sobre la gestión, hemos establecido un modelo y priorizaremos la cooperación con empresas públicas de vivienda, ya sean autonómicas o municipales. En el caso de que no haya esa estructura o no exista esa voluntad, buscaremos la colaboración del tercer sector [por ejemplo, asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro]”, señala la directiva.

En el caso de la vivienda que no sea para alquiler, sino para venta, el blindaje de su estatus público será una línea roja. “Esto es una condición sine qua non para nosotros, lo tenemos clarísimo”, enfatiza. “Si los 2,7 millones de viviendas que se han financiado con dinero público desde la democracia siguieran teniendo un precio limitado, se habrían evitado dinámicas alcistas en los precios” y por eso, explica, “no vamos a repetir el modelo de descalificar y liberalizar vivienda”.

Iglesias señala que hay maneras de desarrollar este modelo, aun cuando las comunidades no lo suscriban. “Hay dos formas de hacerlo: vender solo en los sitios que acepten que la vivienda hay que protegerla permanentemente […] o imponiendo cláusulas a las operaciones de venta. Es decir, no venderemos suelo sobre el que no podamos garantizar su protección permanente”.

“Según vayan estando habitables —porque no todas las casas de la Sareb están para entrar a vivir— iremos colocando vivienda. Seguramente será a partir de 2026 cuando empiecen a entregarse”. El proceso de selección tendrá una primera fase en la que se publicará la oferta con las características de cada inmueble y un precio establecido según la renta de cada zona, de manera que el alquiler no supere el 30% de los ingresos del futuro inquilino. A continuación, se llevará a cabo la presentación de documentos y se realizará un sorteo entre quienes cumplan con los requisitos exigidos. “Habrá un máximo y un mínimo de renta para optar a ellas, porque estamos hablando de viviendas en alquiler asequible y no de viviendas sociales. No a haber una concurrencia competitiva en función de las circunstancias sociales de las familias, porque para eso hay otros recursos específicos”, concluye.

Sobre la gestión del alquiler, Iglesias apunta que, en general, se hará con la mediación de asociaciones de vivienda y organismos regionales y autonómicos. “No vamos a abrir distintas sucursales porque no se trata de hacer un despliegue administrativo, sino de aprovechar estructuras que ya existen”, apunta. “Los ciudadanos no van a venir aquí a por la llave de la vivienda, sino que va a haber siempre un mediador. Entre otras cosas, porque multiplicar nuestra presencia en el territorio tendría un coste que después repercute también en el precio de los alquileres”.

Sepes aún no ha culminado su reconversión. “Estamos transformándonos y andando la vez. Esto es tan urgente que mientras que estamos haciendo los planes estratégicos de transformación de la empresa, las ofertas públicas de empleo, la incorporación de créditos y todo lo demás, estamos ya asumiendo esa función de gestionar viviendas y haciendo reservas de suelo”.

Para construir, Iglesias insiste en que el modelo se basará en la colaboración público-privada. “Las licitaciones que hagamos para colaboración público-privada establecerán unos precios máximos de arrendamiento y lo que haremos para que al promotor privado le sea rentable la operación y pueda invertir —porque no nos va a regalar su dinero—, será incorporar financiación además del suelo para que los precios puedan ser asequibles”, explica. Aunque matiza que los márgenes de rentabilidad deben estar controlados.

“Sareb fundamentalmente lo que gestiona es deuda y en ese sentido todavía tiene que completar su actividad. Tal y como estaba previsto entiendo que en 2027 se procederá a la liquidación”, explica la directora general. Esta entidad es conocida como el "banco malo" porque absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de la crisis de vivienda. Entre estos había miles de casas y suelos, de los cuales una parte significativa (valorada en 5.900 millones) irá pasando a formar parte de Sepes a través de una donación. Sin embargo, de momento, esta entidad bancaria no desaparecerá.

“Hemos acordado que, por ejemplo, las estructuras de edificios sin terminar que no están en condiciones de habitabilidad, sería bueno que Sareb todavía los pudiera ir transformando en viviendas”, concluye.

Porque además, que se sepa, la empresa constructora, que por otra parte ha adquirido al gobierno correspondiente unas 5.000 hectáreas circundantes, es americana. Dicen las malas lenguas que es propiedad de unos fondos de inversión radicados en las islas del Mar de Estados Unidos (lo que antes se llamaba Mar Caribe o Golfo de México). Se rumorea que dichos dineros son en realidad una miaja de los que tiene por ahí escondidos el hombre más rico del mundo, de cuyo nombre no me acuerdo. Por cierto, las inmobiliarias clásicas han entrado en pánico; se les ha excluido del negocio.

La citada empresa —se omite su filiación para que el Tribunal de la Haya no la persiga— publicitaba el primer chalet en el Aneto con el eslogan “nunca había soñado vivir tan cerca del cielo”. A lo que después añadió: “La casa-cielo al alcance de todos”. Y, en letras más pequeñas: Lo dice la IA casi ecológica, que por eso ha propuesto que las casas se pinten de blanco y se construyan a una altura donde la contaminación del aire es nula. Así los “chaletes” han crecido sin tino. Tal idea de refugiarse en las montañas, por eso del aumento de la temperatura media global, no escapa a quienes niegan el cambio climático. En su descargo dicen que así lo disminuyen, pues van a construir un AVE hasta la base del glaciar pirenaico, así no habrá atascos en sus accesos.

Volviendo a la realidad; lo anterior debió ser un sueño. Me ha despertado del letargo mental una manifestación de ecologistas y gentes amantes de dejar tranquila la montaña. ¿Por qué piensan que siempre tienen razón en su defensa de la naturaleza? No era muy numerosa, pero chillona. Expresaban, también con cencerros de vaca, su oposición a la construcción de 2.200 viviendas a pie de pistas esquiables, en un antiguo pueblecito situado a unos 13 km andando del Aneto. En un valle que al paso que vamos se convertirá en la capital de los Pirineos. Aunque solamente sea en la temporada del crecimiento económico incentivado por el esquí masivo.

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Carmelo Marcén Albero es socio de infoLibre.

El vecino de la Casa Orsola cuyo intento de desahucio desató las movilizaciones organizadas por el Sindicat de Llogateres que han terminado con la adquisición de la finca por el Ayuntamiento de Barcelona y Habitat3, Josep Torrent, ha destacado que "por fin" vuelve a tener "esperanza", según informa EFE.

"Han sido tres años de lucha, de incertidumbre, de dolor y sufrimiento", ha explicado a los medios tras el anuncio del consistorio de que comprará la Casa Orsola junto a Habitat3 por 9,2 millones y de que ningún vecino será desahuciado de la finca que se ha convertido en símbolo de la lucha de los inquilinos contra la especulación.

Pese a la visible emoción que mostraban sus lágrimas en la rueda de prensa, Torrent ha reprochado a las autoridades locales que no se hayan puesto en contacto con los vecinos por ahora. "Sería un detalle que nos tomaran como interlocutor", ha señalado el docente, que ha recordado que en pocos días se ha enfrentado a tres fechas de desahucio.

El vecino también ha mostrado la "preocupación" de los vecinos por las cifras dadas sobre el número de inquilinos en las distintas casuísticas que viven en las fincas de Casa Orsola y que ha dicho no le "cuadran". Por otro lado, Torrent ha agradecido al Sindicat de Llogateres el acompañamiento y la organización de movilizaciones. "Sin ellos esto no hubiera ocurrido", ha dejado claro el vecino, quien también ha hecho extensivo el agradecimiento al movimiento por la vivienda y los vecinos de la ciudad.

Torrent, que paga algo más de 700 euros por un piso de 90 metros cuadrados y temía no poder permitirse un alquiler de nuevo contrato si era desahuciado, ha lamentado la "deshumanización" que sufren los vecinos de la ciudad. "Soy consciente de que existen muchas casas Orsola", ha recalcado.

Pocos minutos antes de sus declaraciones, el propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que todos los inquilinos actuales de Casa Orsola podrán seguir en sus hogares y que ninguno será desahuciado después de que el ayuntamiento de la ciudad y la entidad del tercer sector Hàbitat3 hayan llegado a un acuerdo para su compra.

Las dos fincas de la Casa Orsola (el número 137 de la calle Calàbria y el 122 de la calle Consell de Cent) fueron adquiridas en octubre de 2021 por el fondo Lioness Inversiones, que al mes siguiente notificó a los inquilinos que debían abandonar los pisos una vez finalizaran sus contratos.

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del tercer sector Hàbitat3 han llegado a un acuerdo para comprar, a través de una fórmula social colaborativa, la Casa Orsola de la capital catalana, convertida en símbolo de la lucha de los inquilinos contra la especulación en el ámbito de la vivienda.

La compraventa de viviendas se disparó en octubre un 51,3% con respecto a un año antes, su mayor incremento desde agosto de 2021, y contabilizó 69.418 operaciones, la cifra más alta que se registra en un solo mes en casi 17 años y medio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por EFE.

Con esta nueva fuerte subida, tras el crecimiento del 41,5% registrado en septiembre, las compraventas se anotan un aumento del 7,5% en los diez primeros meses del año, que desde el segundo semestre se ha visto animado por las sucesivas bajadas de los tipos de interés y el consecuente abaratamiento de la financiación.

Tras la subida de octubre, nuevamente de dos dígitos, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos al alza. Con respecto al mes anterior, septiembre, las transacciones de viviendas crecieron en octubre un 12,2%.

En octubre, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más aumentaron, un 83,4% interanual, su mayor incremento desde mayo de 2021. En este sentido, se contabilizaron 16.224 unidades, más del 23% del total de operaciones, y la cifra más elevada desde febrero de 2013. Con ello, la obra nueva suma ya cinco meses consecutivos al alza.

No obstante, las transacciones de vivienda de segunda mano siguen siendo las más predominantes del mercado al representar más del 76 % del total con 53.194 unidades, el máximo desde que en 2007 comenzó la serie histórica del INE. Esta cifra de operaciones representó además una subida del 43,6% con respecto al mismo mes de 2023. No crecían a una tasa tan elevada desde septiembre de 2021.

Por régimen de vivienda, la libre sumó en octubre 64.145 transacciones, más del 92% del total, y se anotó una subida del 50,6% en tasa interanual. En el caso de la protegida, las compraventas crecieron en mayor porcentaje, un 60,2%, hasta las 5.273 operaciones.

Con respecto al mes anterior, septiembre, la compraventa de viviendas subió un 12,2% en octubre. La vivienda nueva fue la que registró el mayor avance intermensual, del 29,5%, mientras que en el caso de la vivienda de segunda mano el incremento fue de un dígito con un 7,8% más.

Por régimen, tanto la vivienda protegida como libre presentaron aumentos en las operaciones frente a septiembre, del 12% y del 12,2%, respectivamente.

En los diez primeros meses de 2024 las compraventas crecieron un 7,5% acumulado. La vivienda nueva fue la que más aumentó, un 18,9%, mientras que la usada lo hizo un 4,8%. Por régimen, la vivienda libre subió un 7,8% desde enero y la protegida el 3,1%.

A lo largo de 2024 la compraventa de viviendas ha estado marcada por las subidas y las bajadas en un entorno que inicialmente se vio impactado por el encarecimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para moderar la inflación y, posteriormente, desde junio, por el principio del fin del ciclo de austeridad monetaria y las bajadas de tipos.

Así, en enero la compraventa cayó un 2,1%; en febrero subió un 5,8% tras doce meses a la baja; en marzo descendió un 19,3%; en abril se disparó el 24%; en mayo volvió a bajar un 21,5%; en junio moderó este descenso al 6,1%; en julio volvió a crecer un 19,4%; en agosto suavizó el aumento a un discreto 0,9%, en septiembre se disparó un 41,5% y en octubre elevó este porcentaje al 51,3%.

Las compraventas subieron en octubre en todas las comunidades autónomas, siendo los mayores aumentos los de La Rioja (88,2%); Cantabria (81,3%) y Asturias (69,8%). Por encima de la media también figuraron País Vasco (69,7%); Castilla-La Mancha (68,9%); Galicia (67%); Castilla y León (64,1%); Aragón (63 %) y Andalucía (53,8 %).

Entre los grandes mercados, las compraventas crecieron un 49,4% en Cataluña, un 47,8 en la Comunidad Valenciana y un 42 % en la Comunidad de Madrid. En octubre se inscribieron en los registros de la propiedad 231.209 fincas, un 37,7 % más que en el mismo mes del año anterior.

Los seis ancianos a quienes José Borque y su hijo salvaron el 29 de octubre de una muerte segura en una residencia en Paiporta acabaron recalando en otra de la localidad también valenciana de Picanya. El centro, aún no operativo aunque había anunciado su apertura para diciembre, está situado en las inmediaciones del barranco, que parte el pueblo en dos, y de un puente peatonal y otro para tráfico rodado que sucumbieron, como todos salvo uno en todo el municipio, por la fuerza de la riada. A pesar de su peligrosa ubicación, el agua sólo entró en el sótano y las cocinas, lo que permitió a la residencia Solimar alojar a los ancianos, a familias picañeras que se habían quedado sin casa, al personal y equipamientos del centro de salud que funcionaba, antes de la tragedia, a pocas manzanas de distancia e incluso, en un primer momento, a guardias civiles y mossos d’escuadra desplazados a la zona cero.

De no haber mediado las inundaciones, la inauguración del Solimar Picanya habría sido el final feliz de un proyecto que había arrancado dos décadas atrás, pero que se vino abajo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria al llevarse por delante a la promotora original.

Ese brusco pinchazo también llevó a Juan Antonio Clavería a cruzar el charco. Pasada la resaca, el empresario volvió a su tierra de la mano de una empresa panameña, Urbania Developer, que ha acabado convirtiéndose en un promotor destacado de vivienda en la zona ahora arrasada por el agua y el lodo.

El grupo francés Vivalto Vie (propietario desde 2020 de Solimar) y el emprendedor valenciano han vivido, pues, una experiencia similar: ciclo inversor al abrigo del bum hasta el estallido de la burbuja, lenta recuperación y nuevo bum, esta vez en un contexto de crisis habitacional por el encarecimiento exponencial de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Valencia. Hasta la gota fría de proporciones históricas que azotó parte del área metropolitana de la capital, todo parecía ir como la seda (inmobiliariamente hablando), con decenas de promociones, primeras, segundas y hasta terceras fases, carteles de todo vendido o reservado (salvo algún piso suelto, local o garaje) y la mayoría sobre plano.

Como publicó el diario económico Cinco Días, la población de la comarca de L’Horta Sud, la más afectada el pasado 29 de octubre, ha aumentado un 336% desde 1950 (la gran riada por la que se acometió el nuevo cauce del río Turia tuvo lugar siete años después) y un 661% la de Paiporta, bautizada como epicentro de la tragedia. Y como publicó Datadista, tres de cada 10 viviendas afectadas se construyeron en zonas inundables durante la burbuja. Lo que pasa es que, superada la resaca tras el crac, el negocio inmobiliario volvió a repuntar y un rastreo por las plataformas de compraventa, las páginas de las promotoras y otras fuentes arrojan un resultado demoledor: más de 3.000 viviendas entregadas recientemente o incluso en proceso de comercialización (mayoritariamente sobre plano), se ubican o ubicarán en zonas alcanzadas por el aluvión de la dana, según se desprende del cotejo de cada calle con obra nueva con el mapa cartográfico sobre la catástrofe elaborado por el Departamento de Geografía de la Universitat de València.

1.- Hasta hace muy poco, la web de Cubells Almenar informaba de que estaban haciendo lo posible por restablecer el servicio de sus oficinas, sitas en un bajo comercial anegado de Paiporta. En la pestaña de Promociones, una decena, todas desarrolladas en esta localidad inundada al 100% y, de ellas, siete atravesadas en diagonal por una banda con la leyenda vendido. Si se considera el histórico de proyectos, que suma a los anteriores los entregados en los últimos años, el volumen total de viviendas asciende a 727, de las que nueve de cada 10 se han erigido o están en proceso de hacerlo en calles dañadas por los desbordamientos. Ello se debe al casi monocultivo de esta promotora en Paiporta a la que, por cierto, califican en la última entrada de su blog (de febrero de 2023) como “un lugar para vivir ideal para ciudadanos sin estudios universitarios”.

2.- Promodern, inmobiliaria regional nacida en 1996 y con orígenes muy enfocados a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO), ruega en su página web a “todos los interesados en la fase 3 del Residencial Nou Balaguera (Albal)” que “contacten nuevamente” con ellos “debido a que algunos archivos han sido destruidos por la dana”. Sus oficinas están, de nuevo, en un bajo, esta vez en Catarroja, localidad arrasada por el lodo y el agua que alcanzaron también la ubicación de la promoción albalense y las de las otras dos que la empresa tiene hoy vivas, en la propia Catarroja y en Aldaia. Si a éstas se le suman todos los proyectos entregados con anterioridad, estamos hablando de unas 440 casas en calles anegadas.

3.- En la misma situación de afectación por la gota fría se encuentran tres de cada cuatro viviendas, de un total cercano a las 450, promovidas desde 2018 en L’Horta Sud por Urbania Developer. La empresa, que también construye en Panamá, Nicaragua y Paraguay, tiene en la comarca valenciana un radio de acción más amplio que las anteriores (además de en Paiporta, Picanya y Albal, en Xirivella, Torrent, Benetússer, Sedaví, Algemesí, Mislata, Manises y Alcàsser), así como presencia en otras zonas y sin excluir a la capital.

4.- En la residencia de ancianos que Solimar tiene en Massanassa, el agua llegó a una altura de 1,80 metros en la planta baja. En este municipio, así como en Sedaví, Catarroja y Beniparrell, una promotora más modesta, MS Espais, lleva desde 2006 haciendo vivienda nueva. Todas sus promociones salvo una, desde la primera hasta las tres actualmente en venta en la comarca, están en calles golpeadas por la gota fría.

"Paiporta Homes tiene una ubicación privilegiada, con vistas al cauce del río, cerca del Ayuntamiento y al lado de la principal zona comercial”. El entrecomillado es de la empresa que construyó, para Neinor Homes, esta promoción de 2023 que consta de 59 viviendas (todas vendidas) entre las que se encuentran varios bajos como el de Alicia, enfermera de 30 años. Huelga explicar lo que le ocurrió a su hogar el 29 de octubre.

Históricamente, en la zona afectada por la dana abundan las casas viejas a pie de calle, pero lo que llama la atención es que hayan seguido ofertándose en promociones puestas en marcha en los últimos años, aunque esos bajos formen parte de edificios en altura; y sorprende más, si cabe, que tras la tragedia una promotora (Inmovidal, hasta ahora muy centrada en el municipio alicantino de Dénia) haya comenzado a comercializar, mediante la apelación “¡Atención, jóvenes soñadores!”, L’Alcudia Habitat, ubicada en una dirección de esta localidad (los números 12,14,16 y 18 de la calle Josep Lluís Bausset) que fue pasto de la dana según la cartografía de la Universidad de Valencia; o que otra inmobiliaria (Demidoff Inversiones) no haya retirado del portal Idealista, siquiera temporalmente, el anuncio de una parcela donde, tras derribar el inmueble que la ocupa actualmente, se podrán construir [sic] “7 bajos vivienda, 8 pisos en 1 planta, 8 aticos y 1 piso sobre atico con terraza” en una zona de Alfafar marcada en azul (inundada) en ese mapa.

Paiporta Homes, que en realidad fue asumido por Neinor al absorber en 2021 la empresa Quabit, es el caso paradigmático de construcción en primera línea de rambla y, por tanto, en zona inundable (y con bajos), pero no es el único. Ocurre lo mismo con varios inmuebles residenciales promovidos en Picanya por Careco Construcciones, compañía gestionada por la tercera generación de una familia, los Casanova, a quien se debió que el estadio Mestalla, del Valencia CF, se llamara Luis Casanova entre 1969 y 1994. A la segunda generación de esta saga se debe también la construcción, durante la dictadura, de las 600 viviendas que conforman el barrio Virgen del Carmen de Alaquás, también conocido como barrio Socusa por ser el nombre de la inmobiliaria familiar que se encargó de erigirlas. Que este barrio se inundara (de nuevo), como el de nombre Orba de Alfafar, aunque popularmente conocido como Parque Alcosa en honor a la promotora de Alfredo Corral que lo edificó allá por la década de los 50 del siglo pasado, puede resultar comprensible y hasta perdonable, ya que en aquellos años había pocos mapas de riesgo o poco precisos y el cambio climático se estaba fraguando, sí, pero ni existía como concepto.

Cosa distinta es que Careco haya seguido promoviendo en Picanya en primera o, a lo sumo, segunda línea de barranco, y que dos de sus tres proyectos hayan sido, además, de adosados unifamiliares, que por regla general suelen situar el salón y la cocina en la planta baja y los dormitorios y terraza en la primera. Tampoco en este caso los Casanova han sido los únicos en apostar por esta fórmula: Cubells Almenar también en Pincaya, Urbania Developer en Xirivella, MS Espais en Massanassa y Chilet & Chilet en Albal son algunos ejemplos, y a todos ellos llegó la crecida.

Visto lo visto, surge la siguiente pregunta: ¿pero es que se puede construir en zonas declaradas como inundables? Contestarla tras la penúltima dana (hubo otra dos semanas después, aunque con menor potencia destructiva), nos lleva a la melancolía. En pocas palabras, la respuesta es que sí, se puede; pero si se quiere una argumentación jurídica más elaborada, basta con leer este texto de Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, donde califica de “muy laxas” las medidas limitativas tras analizar la Ley del Suelo de 2015 y la regulación general y específica del dominio público hidráulico. Dicho de otra forma, esta vez en boca de Joan Olmos, profesor titular de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia: “No ha habido ningún tipo de control (...) Hasta un niño de ocho años sabe que al lado de un río no puedes poner una casa porque el río en su curso normal es el que es, pero cuando llega una venida... Esto es tan elemental que a veces da un poco de vergüenza tener que recordarlo”.

Otros expertos llevan tiempo reclamando que se coordinen el Gobierno central, encargado de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRIs) de las demarcaciones hidrográficas, las comunidades autónomas (competentes en ordenación del territorio, calificación del suelo y tratamiento de los riesgos naturales) y los ayuntamientos (con competencia en urbanismo). Sobre estos últimos cabe decir dos cosas: la primera, que en 2017 alcaldes de L’Horta del Sud se pusieron “en pie de guerra contra una normativa estatal que declaraba inundables sus términos” y limitaba “los usos del suelo”. La segunda, que la mayoría de los planes urbanísticos municipales vigentes son del siglo pasado y no recogen, por tanto, las limitaciones urbanísticas que, para el caso de la Comunidad Valenciana, se remontan a 2003, como publicó el regional Las Provincias.

La avenida alcanzó al ecobarrio de Molí D’Animeta, en Quart de Poblet, donde se están construyendo 2.330 viviendas, la mitad protegidas, de la mano de promotoras como la valenciana Ática (asociada a Inmoglaciar, del grupo Cerberus, en otra promoción afectada en Xirivella), las madrileñas Aedas Homes y Metrovacesa, la aragonesa Lobe, la alavesa Gesarqus y la italiana De Agostini (junto a Harrison Street, estadounidense). Sin embargo, que llegara el agua no implica necesariamente que el proyecto, uno de los mayores de la comarca, haya que descartarlo o replantearlo, ya que lo que ha cartografiado la Universidad de Valencia es hasta dónde llegó “una riada que sólo debía ocurrir cada 1.000 años”. Sólo la indispensable mejora y actualización de los mapas de riesgo, teniendo en cuenta este desgraciado episodio y los impactos crecientes del cambio climático, determinarán si hay que sumar esos 2.330 pisos a los más de 3.000 citados más arriba porque se estarían levantando en zona inundable y no simplemente inundada el 29 de octubre.

Lo que sí puede que se produzca es una dana inmobiliaria, de la intensidad que sea. Habrá gente, siempre que pueda, que abandonará la comarca; la habrá que se replanteará la búsqueda de un hogar en la zona y la que, si aún está a tiempo, anulará su reserva aunque la vivienda escogida esté en altura; también cabe imaginar que las autoridades competentes prohibirán definitivamente la obra nueva en áreas peligrosas, o que obligarán a las promotoras a empezar los edificios por la primera planta, como aconsejan los expertos. Sin embargo, todas estas contingencias tendrán como contrapeso la crisis habitacional.

Lo que parece descartado es que el Ayuntamiento de Picanya construya vivienda de alquiler asequible para jóvenes en el suelo que adquirió con ese fin al Sareb, porque casi se asoma al barranco.   

La compraventa de viviendas retomó en julio las subidas al incrementarse un 19,4 %, lo que supone dejar atrás dos meses consecutivos en negativo —en un contexto marcado ahora por la senda bajista de los tipos de interés—, y sumó 57.302 operaciones, la cifra más alta desde septiembre de 2022, según informa EFE.

Con este aumento, que contrasta con los descensos registrados en mayo (21,5 %) y junio (6,1 %), la compraventa de viviendas modera al 1,3 % la caída acumulada en lo que va de año, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A lo largo de 2024, la compraventa de viviendas ha estado marcada por las subidas y las bajadas en un entorno que inicialmente se vio impactado por el encarecimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para moderar la inflación, por el efecto Semana Santa y posteriormente, desde junio, por el principio del fin del ciclo de austeridad monetaria y las bajadas de tipos.

Así, en enero la compraventa cayó un 2,1 %; en febrero subió un 5,8 % tras doce meses a la baja; en marzo descendió un 19,3 %; en abril se disparó el 24 %; en mayo volvió a bajar un 21,5 %; en junio moderó este descenso al 6,1 % y en julio volvió a crecer un 19,4 %.

En julio, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más aumentaron, un 38,6 % interanual, hasta las 11.302 unidades, concentrando el 19,7 % del total. De hecho, no subía a ese ritmo desde agosto de 2021. 

Por su parte, las de segunda mano fueron las más numerosas del mercado con más del 80 % de las operaciones y se incrementaron un 15,5 % hasta las 46.000 unidades, la cifra más alta desde septiembre de 2022.

Por régimen de vivienda, la libre sumó 52.761 transacciones en julio, lo que representa más del 92 % del total, y se anotó una subida del 18,6 % con respecto a 2023. 

En el caso de la vivienda protegida, las compraventas crecieron un 29,4 % interanual hasta las 4.541 operaciones, lo que supone menos del 8 % del total.

Con el aumento de dos dígitos de julio, la compraventa de viviendas modera su caída acumulada en lo que va de año del 1,3 %. En los siete primeros meses, las compraventas de vivienda nueva fueron las únicas que se incrementaron, un 7,7 %.

Por el contrario, las transacciones de vivienda usada cedieron un 3,4 % desde enero. Por régimen de vivienda, la libre acumuló una caída del 0,8 % en el año, y la protegida del 7,8 %.

Con respecto al mes anterior, junio, la compraventa de viviendas se incrementó en julio un 14,4 %. Tanto la segunda mano como la vivienda nueva presentaron aumentos de dos dígitos: del 15,3 % y del 10,7 %, respectivamente.

Las transacciones de vivienda libre se incrementaron un 13,6 % en tasa intermensual y las de protegida lo hicieron de una forma más intensa, un 24,7 %.

En julio, las compraventas subieron en todas las comunidades, salvo en Baleares, donde se dejaron un 2,5 %. Las comunidades autónomas que presentaron los mayores aumentos fueron Navarra (42,3 %), Cantabria (32,1 %), La Rioja (31,6 %) o Extremadura (30,4 %).

Por encima de la media también figuraron Asturias y Galicia (28,7 % en ambos casos); Castilla y León (26,3 %); Murcia (23,7 %); Castilla-La Mancha (21 %); Cataluña (20,9 %) y Madrid (20,6 %).

En julio se inscribieron en los registros de la propiedad 191.192 fincas, un 12,2 % más que en el mismo mes del año anterior.

Las permutas de fincas fueron las únicas operaciones que descendieron, un 25 %. Por el contrario, las compraventas subieron un 17,6 %; las donaciones, un 14,3 %, y las herencias, el 6,5 %. Otras operaciones (daciones en pago, ejecuciones, adjudicaciones judiciales, concentraciones parcelarias o divisiones horizontales) aumentaron un 4,5 %.

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.

El fondo británico Cinven ha firmado un acuerdo con los accionistas de Idealista para comprar el 70% de la plataforma inmobiliaria por valor de 2.900 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía en una nota de prensa. El portal inmobiliario ha destacado que su fundador y presidente, Jesús Encinar, continuará junto a su equipo liderando Idealista, como ya hizo en 2015 tras la venta de la plataforma a los fondos gestionados por Apax, y en 2020 tras la venta a EQT, según ha informado Europa Press.

EQT, hasta ahora accionista de referencia de Idealista desde que adquiriera la mayoría de la empresa en 2020, valorada entonces en 1.325 millones de euros, reinvierte para continuar como co-inversor en un menor porcentaje, del 18%. Por su parte, los fondos gestionados por Apax y Oakley, que hasta la fecha tenían el 17% y el 11% de Idealista, venden su porcentaje en esta operación y salen del accionariado de la compañía.

Para Encinar, la entrada de Cinven y la reinversión de EQT es una "excelente" noticia para Idealista y su equipo. "Tras 4 años desde la entrada de EQT y Oakley y la reinversión de los fondos gestionados por Apax, estoy muy contento de haberles ayudado a vender su participación con un resultado excelente para sus inversores", ha destacado Encinar.

Por su parte, el socio y consejero delegado de Cinven Iberia, Jorge Quemada, se ha mostrado "enormemente" satisfecho con la firma de esta adquisición, que representa una de las mayores operaciones del fondo en los últimos años.

Además, el socio y responsable del equipo asesor de Private Capital de EQT en España e Italia, Carlos Santana, ha destacado que creen "firmemente" en el potencial futuro de Idealista y que están entusiasmados de seguir invirtiendo".

La operación firmada este viernes en Madrid queda pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que podría autorizar la compra en las próximas semanas. Idealista ha contado con Morgan Stanley como asesor financiero, Dentons como asesor legal y JBMF como asesor fiscal.

Los edificios de oficinas están en el punto de mira al ser el nuevo punto débil del sector financiero e inmobiliario. Empezó a ser una preocupación en Estados Unidos, donde las valoraciones se están desplomando por el auge del teletrabajo y el menor uso de este tipo de oficinas, así como por la crisis de las empresas tecnológicas, que dejan a sus espaldas cada vez más edificios vacíos. El cierre de muchas empresas pequeñas y emergentes ya provocó la quiebra en tiempo récord del Silicon Valley Bank, banco muy expuesto al sector tecnológico, que llegó a Europa en forma de crisis de confianza del sector financiero, que hizo temblar los cimientos de Credit Suisse.

También la crisis de las oficinas ha llegado a Europa. Según el bróker Savills Plc., citado por Bloomberg, el precio de los edificios de oficinas se ha desplomado un 30% en ciudades como París, Berlín o Amsterdam. Paralelamente, las subidas de tipos de interés encarecen el crédito y las empresas propietarias de los edificios tienen bonos valorados en 165.000 millones de dólares con vencimiento en 2026. El aumento de costes y pérdida de valoración ya ha supuesto 148.000 millones de valor perdido para las propietarias, según estimaciones de Bloomberg.

Los reguladores en EEUU están desde hace meses muy alerta. Desde que se extendió el teletrabajo tras los confinamientos, los niveles de presencialidad laboral no han recuperado los niveles previos a la pandemia, y eso está dejando cientos de miles de edificios de oficinas infrautilizados a lo largo del país, lo que ha hecho desplomar su rentabilidad. El problema de esto es la alta exposición que tienen muchos bancos regionales al sector, que a su vez están sufriendo por las subidas de tipos de interés, y que se tienen que deshacer de parte de sus carteras para obtener dinero líquido y pagar los vencimientos de deuda. 

Según la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas en Estados Unidos –edificios que se encuentran vacíos– ha pasado del 12,3% al 17,8% en tres años, en una curva ascendente que no frena, pese al fin de los confinamientos entre 2021 y 2022. Los edificios han seguido vaciándose. La mencionada consultora espera que se alcance el 19% antes de que termine este año, lo que supone que uno de cada cinco edificios de oficinas se encuentra vacío. 

Según cita el diario económico The Wall Street Journal, ante la escasa demanda existente, el valor de los edificios de oficinas podría desplomarse más de un 30%, que se agravaría en algunas zonas hasta llegar a un 80%, lo que supondría pérdidas de unos 24.000 millones de euros, al cambio en dólares. Según informa el diario, las pérdidas son lo suficientemente importantes para provocar que muchos propietarios entren en crisis y dejen de pagar sus deudas. 

“En Estados Unidos hay un problema muy grande con las oficinas, aunque no es del todo extrapolable a España”, explica a infoLibre Mikel Echavarren, presidente y CEO en España de la consultora Colliers. “En primer lugar, porque las urbes allí no son ciudades-dormitorio, como en España. La gente vive en el extrarradio y va a la ciudad a trabajar, que pueden ser más de 100 kilómetros diarios. Eso va unido a que en España hay un gran porcentaje de empresas tecnológicas que permite el teletrabajo y que se da como un complemento al sueldo”, explica Echavarren.

El presidente en España de Colliers ve riesgo en Estados Unidos: “Los bancos pequeños y medianos han puesto mucha financiación en la construcción de oficinas”. Coincide el economista Gonzalo Bernardos: “Si te encuentras un banco muy especializado en la construcción de oficinas, que han firmado la mayoría de créditos a tipos variables, con las subidas de tipos de interés, y si encima el banco no es muy grande… pues adiós”, resume. “En España no creo que sea tan dramático”, añade. 

El presidente de Blackstone, Jonathan Gray, ha mencionado en EEUU la “debilidad sin precedentes” de los edificios de oficinas más antiguos, aunque para esta gestora de activos no es un problema: solo ocupa un 2% de su cartera de activos. Esta está considerada en España un fondo buitre, al adquirir a través de sus socimis Testa y Fidere vivienda pública de alquiler y empeorar las condiciones de vida de los inquilinos. En España ya se ha empezado a desprender de parte de su cartera inmobiliaria. Blackstone puso a la venta en febrero tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona valorados en 350 millones de euros.

 “En España es un fenómeno que se circunscribe a Madrid y Barcelona. En estas dos ciudades es cierto que hay una diferencia notable entre los edificios de oficinas en los distritos financieros y el extrarradio”, explica Mikel Echavarren. “Por ejemplo, las oficinas en el eje Castellana han aguantado muy bien. Los propietarios han podido trasladar la inflación a las empresas inquilinas. Pero, en Madrid, las radicadas fuera de la M-30 cuentan con muchísima desocupación. Y el mercado en general está muy muy muy parado”, incide Echavarren.  

Según un informe de la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas es de un 11,6% en Madrid, cifra que se dispara al 16% en el extrarradio. El director de Colliers en España ha afirmado a infoLibre que las transacciones del sector han bajado en el primer trimestre un 76% respecto a la media de los últimos cinco años. 

“En Barcelona se han combinado tres factores: el aumento de oficinas construidas, ¡más de 200.000 metros cuadrados desde la pandemia! Por otro lado, el teletrabajo ha reducido el número de metros cuadrados que necesitan las empresas. Por último, la crisis de las start-up. El distrito 22@ está compuesto en un 80% por empresas tecnológicas. Estamos viendo un incremento del espacio libre brutal y bajadas de rentas de hasta el 30%. Que no te extrañe que el dato sea superior si la tendencia continúa”, añade Bernardos.

Es lo que Bernardos califica de “guerra total” por el alquiler. Propietarios de edificios de oficinas que, cuando se va una empresa inquilina, hacen ofertas agresivas a los negocios de alrededor. “Estamos viendo rebajas que pasan de 18 euros el metro cuadrado a 13 o 14. Si como empresa tienes un contrato a largo plazo, te interesa muchísimo”, añade el economista. 

Estos factores son los que están provocando una caída de los precios. Y con eso, el fracaso del plan de negocio de empresas propietarias: “Cuando la rentabilidad de esos beneficios cae más que el interés que pagan por el crédito, las cuentas no salen”. La preocupación en Estados Unidos y en algunos países de Europa no es cómo afecta a la rentabilidad de estas empresas, sino cómo puede impactar en el resto de la economía. 

“No es preocupante para España”, sostiene Gonzalo Bernardos. “Creo que veremos casos puntuales. Por ejemplo, creo que Colonial sí va a tener problemas”, en referencia a una de las dos inmobiliarias que cotizan en el Ibex 35, altamente expuestas a estos edificios.

“En Alemania sí estamos viendo fondos que están obligados a vender a toda costa, pero creo que en España las grandes inmobiliarias pueden aguantar todavía carros y carretas”, añade Bernardos. La otra gran inmobiliaria del Ibex, Merlin Properties, espera una devaluación de su cartera de oficinas en España de unos 500 millones, como informó El País.

Paralelamente a los problemas que presentan las oficinas, hay uno último: están en riesgo de obsolescencia, un fenómeno que ocurre en España, en Europa y a nivel global. Un estudio de la inmobiliaria Cushman & Wakefield considera que el parque de las oficinas se ha convertido en un lastre en parte del balance de las grandes inmobiliarias. 

El estudio analizó más de 218 millones de metros cuadrados de oficinas en 14 mercados de 11 países y el resultado es que solo el 24% de los edificios de oficinas tienen menos de 10 años de antigüedad y sí están adaptados a los nuevos negocios y a las formas de ver el trabajo después de la pandemia: con espacios de coworking, áreas al área libre, accesible para las personas con movilidad limitada y adaptados energéticamente.

El resto, es decir, el 74%, está en riesgo de no adaptarse a las necesidades de las empresas, lo que puede provocar que para muchos grandes tenedores tengan que hacer una gran inversión. En España, el 53% de los edificios de oficina se construyeron antes del año 2000. En Madrid, casi el 60% de los edificios de oficinas tienen más de 20 años. Está por ver cómo afectan todos estos factores a los bancos y las inmobiliarias y las consecuencias de esto al resto de la economía.

Asocimi, el lobby de los fondos de inversión inmobiliarios, y Hogar Sí, la ONG cuyo objetivo es que ninguna persona viva en la calle, han presentado este jueves un proyecto pionero para combatir el sinhogarismo en España. La patronal de las somicis, que gestiona más de 40 mil millones de euros en activos en bolsa, y la entidad solidaria, con más de 20 años de historia trabajando con personas en situación de calle, han firmado un acuerdo para la puesta en marcha de Primero H Socimi Social, una entidad que pretende convertirse en un referente para mejorar la vida de las 33.000 personas sin hogar que viven en España, según el último informe al respecto elaborado por Cáritas en colaboración con diversos agentes sociales y gubernamentales.

La iniciativa busca, según sus promotores, aglutinar a empresas, agentes sociales y gubernamentales y personas individuales para dar visibilidad a un problema que requiere de más presencia en la agenda pública y social. “Dime cómo tratas a los más vulnerables y te diré de qué clase de sociedad eres”, sentencia Marian Juste, presidenta de Hogar Sí.

Con más de 20 años de experiencia en el tercer sector, Juste afirma que el sinhogarismo es un problema estructural, no una consecuencia de malas decisiones por parte de diferentes individuos y que la respuesta al problema es ineficiente porque está basada en el asistencialismo. Lo representa con una metáfora: “Una fórmula de escalera”, en la que las personas van subiendo poco a poco, accediendo a un comedor social, un albergue… pero eventualmente caen de nuevo al primer peldaño. Un bucle en el que las personas se ven atrapadas de forma permanente.

Hogar Sí gestiona el programa Housing First, que cuenta con 300 viviendas destinadas a alquiler social y en la que colaboran diversos ayuntamientos. Pone el ejemplo de Juan, una persona que vivió durante 10 años en la calle y fue integrada en el programa: accedió a una vivienda, obtuvo su DNI y tarjeta sanitaria, y ahora cuenta con un empleo a tiempo parcial con el que paga parte de su alquiler. Este modelo es el objetivo: lograr, eventualmente, la inclusión social y la independencia económica para las personas en situación de calle.

Crear un parque de Viviendas

Javier Basotegui, presidente de Asocimi, explica que el modelo de funcionamiento del proyecto está basado en la inversión de impacto: atraer capital para comprar viviendas y alquilarlas a través de entidades sociales a un precio asequible, y a su vez ofrecer a los inversores un retorno financiero, aunque admite que la rentabilidad será mucho más baja. Según indica, la media está en torno al 4% y en este caso sería de un 1.5 o 2%. Además, reitera que el proyecto está abierto a todas las personas físicas y empresas que quieran adherirse, ya sea a través de inversiones, viviendas particulares o un proyecto de crowfunding que será lanzado en los próximos meses.

En el caso de los particulares, ha aclarado que la aportación del inmueble a la sociedad se realiza “a través de una tasación independiente llevada a cabo por el Registro de la Propiedad”. Posteriormente, un asesor jurídico establecerá cuántas acciones de la empresa le corresponden al particular por la aportación de dicha vivienda.

Un comité ético, conformado por ambas organizaciones, será el encargado de monitorizar el proceso. En sus palabras, “un vigilante que se encargue de que se cumpla el objeto social”.

También cuentan con una asesoría legal pro bono (sin retribución económica) que realizará el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo, y han confirmado la colaboración de diversas entidades legales, inmobiliarias y consultorías que estarán presentes en el la iniciativa: DA Lawyers, Price Waterhouse España y la consultora Gesvalt, entre otras.

Las dos entidades que han fundado el proyecto tienen una serie de responsabilidades independientes: ASOCIMI será la encargada de gestionar las inversiones y la adquisición de los inmuebles, desde el punto de vista económico y jurídico, y ofrecerá esas viviendas a los diferentes agentes sociales, con Hogar Sí a la cabeza, para crear los alquileres sociales. El objetivo es adquirir, al menos, 170 viviendas en los primeros tres años de funcionamiento, pero se muestran optimistas de cara a mejorar estas previsiones.

Precios y garantías de pago

El presidente de Asocimi ha ofrecido datos sobre el precio de esos alquileres sociales. Su intención es bajar el alquiler sobre el valor de mercado, que en la actualidad se encuentra en torno a 500 euros al mes. A través de financiación pública y privada y aportaciones que reciben las ONG y asociaciones que estarán presentes en el conglomerado, asegura que el contrato final puede ascender a unos 200 euros al mes.

Además, ha informado de que recientemente han mantenido una reunión con David Lucas, Secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda, para explorar la implicación de las Administraciones Públicas y la posibilidad de que aporten activos inmobiliarios. “Se interesó muchísimo en el proyecto y nos preguntó cómo incorporarse”. Además, destaca que el Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios también se han mostrado favorables a participar en la iniciativa.

También ha recalcado que hay un 100% de garantía de pago de los alquileres. La gestión va a estar en manos de las asociaciones, que se encargarán de que ninguna inversión se vea perjudicada por impagos.

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador de 90.000 euros al portal inmobiliario Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por publicar como requisito en un anuncio de alquiler que la persona arrendataria debía ser española, informa Europa Press.

En un comunicado este sábado, el consistorio ha explicado que lo considera un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen, y que es la primera vez que abre un expediente por este motivo.

El anuncio se publicó en junio, y un ciudadano lo comunicó a la Oficina per la No Discriminació del Ayuntamiento, que ha valorado que al exigir la nacionalidad española para arrendar un piso "excluía expresamente a otro colectivo, personas no españolas". "La privación a todo un colectivo, en este caso a las personas no españolas, en el acceso a un bien básico como la vivienda no queda amparado por el derecho de libertad de contratación", ha señalado el consistorio, que también ha destacado que el derecho a no ser discriminado por razón de origen queda recogido en la Constitución.

El Ayuntamiento está instruyendo un total de 134 expedientes sancionadores relacionados con la vivienda, por causas como desocupación permanente, acoso inmobiliario o alquilar un inmueble sin autorización, y además está haciendo las diligencias previas en otros 155 casos.

Los expertos consultados por el Colegio Oficial y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid (Coapi-AIM) creen que la reforma del alquiler recientemente aprobada por el Gobierno hará que los precios de los arrendamientos se eleven un 15%. Informa Europa Press.

En una jornada celebrada este jueves en Madrid, los expertos han concluido que el traslado de varios gastos a los propietarios de los pisos, el aumento de los plazos mínimos de alquiler o los límites impuestos a las mensualidades máximas de fianza exigidas provocarán que exista una menor oferta y se incrementen los precios.

En concreto, han manifestado que en la reforma "no hay equilibrio" entre las personas físicas y las jurídicas ni entre arrendadores e inquilinos, ya que se trasladan a los primeros "una serie de cargas" que desencadenarán una subida de los precios, al mismo tiempo que "desincentivarán" la salida al mercado de inmuebles destinados al alquiler. Entre las otras causas para que se registre un alza de los precios, señalan el límite de garantías adicionales a la fianza, el aumento de los plazos de prórroga, el pago de los gastos de gestión o el aumento del plazo de suspensión de desahucios para los arrendadores.

Esto provocará además, según estos expertos, en el arrendador "se vea obligado" a trasladar al precio de las mensualidades todas estas nuevas medidas, aumentando así el precio del alquiler, en un momento en el que dicen que el mercado español de alquiler ha tenido un "buen recorrido".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a seis directivos de la extinta Caixanova, entre ellos al expresidente Julio Fernández Gayoso, por las irregularidades en unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que ocasionaron un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros, informa Europa Press.

En un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, con fecha de este lunes y con el que la magistrada concluye la instrucción, considera que Fernández Gayoso, el director general; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán, José Luis Pego; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido cometieron con estas inversiones el presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

Precisamente, la Audiencia Nacional condenó en 2015 a dos años de prisión a Gayoso, Pego y Gorriarán por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

En su auto, la magistrada –que previsiblemente en septiembre se incorporará a su plaza recién asignada en la Sala de lo Penal del Tribunal de Supremo– examina las operaciones sospechosas y concluye que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova, hoy Abanca, resultó perjudicada patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros a favor del grupo COPASA.

En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni "distinguir el valor entre las fincas".

Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.

Además de analizar todas las operativas, la juez recuerda que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, vinculada a COPASA.

El FROB advirtió de las irregularidades

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 abrió este procedimiento tras admitir a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.

Por otro lado, la resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de 12 personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados.

La compraventa de viviendas subió un 14,6% en 2017 con respecto al año anterior, hasta un total de 464.423 operaciones, su mayor cifra desde el ejercicio 2008, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tanto el mercado de segunda mano como el de vivienda nueva han sido los impulsores de este crecimiento anual, el cuarto consecutivo después de que la compraventa de viviendas subiera un 2% en 2014, un 11,5% en 2015 y un 14% en 2016, según informa Europa Press.

En el periodo de crisis, los peores años para las transacciones de vivienda fueron 2009 y 2008, en los que estas operaciones se desplomaron un 25,1% y un 28,8%, respectivamente. En 2012 y 2011, aún se registraban descensos de dos dígitos (-11,5% y -18,1%), mientras que en 2013 la caída se moderó hasta el 1,9% por el fin de los beneficios fiscales para la adquisición de vivienda.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2017 se ha debido al crecimiento experimentado en las operaciones sobre pisos de segunda mano, que se dispararon un 15,4%, hasta 381.163 transacciones, su cifra más alta desde 2007, y también a las operaciones sobre viviendas nuevas, que se incrementaron un 10,8% el año pasado, hasta sumar 83.260, su volumen más alto desde 2014.

El 90,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 9,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 15,1% en 2017, hasta 418.915, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas repuntaron un 9,5%, hasta 45.508 transacciones, encadenando tres años consecutivos de alzas.

Andalucía, a la cabeza

En 2017, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (1.753), Baleares (1.717) y Madrid (1.375).

Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó el año pasado, con 89.337 compraventas, seguida de Cataluña (76.369), Madrid (70.203) y Comunidad Valenciana (68.512).

Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas fueron La Rioja (3.027), Navarra (5.098 operaciones) y Cantabria (5.537).

En valores relativos, la compraventa de viviendas subió en todas las comunidades en 2017. Las regiones donde más se incrementaron estas operaciones fueron Castilla-La Mancha (+24,7%), Madrid (+18,9%), Comunidad Valenciana (+18,1%) y Asturias (+17,5%), mientras que los menores aumentos se dieron en País Vasco (+5,4%) y Galicia (+8,7%).

Sube un 5,9% el total de fincas transmitidas

Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas en 2017 alcanzaron 1.787.776, cifra que es la más elevada desde 2010 y que representa un aumento del 5,9% sobre 2016. Es el tercer ejercicio consecutivo en el que se incrementan las fincas transmitidas tras los crecimientos del 4,9% y del 2,9% registrados en 2015 y 2016, respectivamente.

Por compraventa se transmitieron el año pasado un 12,7% más de fincas que en 2016, mientras las transmisiones por donación descendieron un 4,6%, las operaciones por permuta bajaron un 2,8%, y las transmitidas por herencia avanzaron un 3,5%.

Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 5,6% en 2017, hasta un total de 132.859 operaciones, volviendo así a tasas positivas después del retroceso del 0,6% experimentado en 2016. Por su parte, las compraventas de fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) aumentaron un 13,9%, hasta 800.245 operaciones.

En el último mes de 2017, la compraventa de viviendas creció un 9,2% en relación a diciembre de 2016, hasta sumar 32.211 operaciones, moderando en casi nueve puntos el avance interanual del 18,1% registrado en noviembre. Con el repunte de diciembre, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de alzas interanuales.

En tasa intermensual (diciembre de 2017 sobre noviembre del mismo año), la compraventa de viviendas retrocedió un 20,6%, su mayor retroceso en este mes de los últimos cinco años.