Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz escuchará a las partes personadas en la causa de las llamadas comisiones finalistas de la contabilidad opaca del PP sobre si reclamar las agendas de los ministerios de Fomento y de sus respectivos titulares durante los gobiernos de José María Aznar, tal y como le había solicitado la Abogacía del Estado, en un último intento por alargar esta investigación que comenzó en 2013 con la publicación de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, que ya se archivó una vez y fue reabierta en 2017.

La diligencia de la Abogacía se basa en la declaración que prestó el pasado mes de julio el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien aseguró que todos los ministros de las carteras de Fomento y Medio Ambiente con el PP tenían trato con donantes de la caja b. "Al final, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", expuso, mencionando expresamente a Francisco Álvarez-Cascos.

Unos días después de la comparecencia de Bárcenas, Pedraz optó por no prorrogar las pesquisas dedicadas a determinar si los empresarios que habrían nutrido con sus donaciones la contabilidad irregular del PP tenían el objetivo de conseguir a cambio adjudicaciones concretas de contratos públicos, las llamadas comisiones finalistas. Esto trajo como consecuencia que la fase de instrucción concluyera el 29 de julio, cuando estaba previsto que caducara conforme a los nuevos plazos procesales, y aún estaba pendiente que el magistrado decidiera si archivar la investigación o dictar auto de procesamiento.

Visitas, agendas y movimientos de dinero

Justo el día 29 de julio entró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el escrito de la Abogacía del Estado solicitando las nuevas diligencias. En concreto, tres. En primer lugar, que se requirieran los registros de entrada y salida o de visitas del Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y las empresas públicas implicadas, así como de la Constructora Hispánica, "durante el periodo de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es, de 1996 a 2004".

De igual modo, pedía que se indagara en la "agenda oficial" de los ministros de Fomento en esa misma época, que se corresponden con Rafael Arias-Salgado (1996-2000) y Francisco Álvarez-Cascos (2000-2004), así como las de los secretarios de Estado de Infraestructuras, directores generales de Carreteras y responsables de dichas empresas públicas en aquellos años, además de la del entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo.

Por último, reclamar a la Agencia Tributaria "los expedientes tramitados de inspección y sancionadores con posterioridad a 2003 en relación al riesgo fiscal por movimiento de billetes de 500 euros, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por la persona jurídica de Constructora Hispánica como por la persona física de Alfonso García Pozuelo".

Sin embargo, el instructor rechazó cuatro días después las diligencias propuestas por la Abogacía del Estado. Lo hizo sin consultar al resto de partes personadas en el procedimiento y mediante una providencia en la que se limitaba a afirmar que no había lugar "dado que ha concluido el plazo de investigación judicial". Pasado el periodo inhábil de agosto, la acusación popular que ejerce el PSPV ha recurrido la decisión de Pedraz, reprochándole que no entrara a valorar la "pertinencia, utilidad y necesidad de las mismas por una cuestión estrictamente formal" como es la conclusión del plazo de instrucción. 

El último día

Según el escrito, consultado por este periódico, la acusación remarca que "cuando la Abogacía del Estado solicitó la práctica de dichas diligencias, la instrucción no había concluido", pues era "el último día", por lo que la petición se realizó "dentro del plazo". "Si la Abogacía del Estado solicitó la práctica de las diligencias antes de que expirara el plazo de instrucción, como así sucedió, el magistrado instructor debe pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia de la mismas, acordando su práctica si fueren procedentes", explica. En su opinión, "la resolución que procede es la admisión de las diligencias, pues a la vista del contenido de los informes, las mismas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en los términos que expone la parte proponente".

Pues bien, en una providencia posterior, de fecha 10 de septiembre, Pedraz acepta dar traslado del escrito de la acusación popular a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes personadas en la causa, que se pronunciarán sobre la pertinencia o no de las diligencias planteadas por la Abogacía del Estado si, como subraya el PSPV, fueron solicitadas el último día de la instrucción. Tal y como afirma en el recurso, "el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la práctica, una vez finalizado el plazo de instrucción, de aquellas diligencias que ya hubieren sido acordadas durante la vigencia del mismo y esta previsión legal debe ser aplicada a aquellas diligencias que, aun cuando no hubieren sido acordadas antes de la expiración del plazo, si hubieren sido solicitadas antes de dicha fecha pues, en caso contrario, un retraso en la decisión sobre la admisión de la pruebas determinaría que éstas, pese a que fueren necesarias, no pudieran ser acordadas, que es precisamente lo que sucede en el presente caso".

La de las comisiones finalistas es una de las piezas separadas que se abrieron en la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad en b del PP que ya ha sido probada por el Tribunal Supremo. La otra rama de la investigación. la del supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova, ha sido juzgada este mismo año y está pendiente de sentencia, la cual se prevé para este otoño. 

Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.

No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.

Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.

¿Y dónde están los papeles?

No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".

Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".

"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.

Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía

Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses. 

El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados. 

Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.

Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.

Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interioroperación Kitchen. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.

Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.

Las otras Kitchenotras Kitchen

Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.

El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).

Una hora y media es lo que ha durado la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta ha puesto en duda que llegara a existir, se ha dedicado a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, ha defendido a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo ha admitido lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La intención de Cospedal era ejercer de muro de contención entre la operación Kitchen y el PP. Entre un operativo ilegal financiado por fondos reservados y el partido, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ella misma. "No tiene nada que ver con el PP", ha dicho, según han informado a infoLibre distintas fuentes presentes en el interrogatorio. En todo caso, la exdirigente conservadora ha enmarcado la trama que se investiga en "labores policiales" y en ese ámbito cree que es donde hay que preguntar. Es más, ha llegado a afirmar que el PP no tenía ningún interés en lo que pudiera haberse llevado Bárcenas del partido tras ser despedido y cree que grabaciones que el extesorero dice haber tenido sobre Rajoy son "mentira".

Y cada vez que podía, sin ser interrumpida por el juez en ningún momento a pesar de que no tenía que ver con el procedimiento, Cospedal volvía a cuestionar la instrucción del caso Gürtel, la existencia de la caja b del PP a pesar de que ya hay dos sentencias judiciales que la dan por probada –incluido el Tribunal Supremo– caso Gürtely se apresuraba a repetir la estrategia que ya mantuvo el partido hace pocos meses en el juicio por la reforma de la sede de Génova: que en todo caso los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad opaca y los sobresueldos en negro son del tesorero, nunca del PP. No en vano, el abogado de Cospedal, Jesús Santos, es el mismo que defendió a la formación conservadora en esa vista oral, en la que está acusada como responsable civil subsidiario.

Cospedal se ha mostrado contundente, se notaba que se había preparado bien esta declaración, dicen distintas fuentes consultadas, y no ha titubeado en ningún momento. Pero de Kitchen, más bien poco, o nada. Según las fuentes consultadas, en las preguntas más concretas que le han dirigido el juez o los fiscales anticorrupción –no ha querido contestar a acusaciones y defensas de otros imputados– sobre la operación, la ex secretaria general las despachaba asegurando que nunca supo nada e incluso ha llegado a mencionar que esta trama es otra "mentira" de Bárcenas. El PP, ha remarcado, es un partido de gente "honrada".

Es la versión de Cospedal, pero esta semana siguen los interrogatorios en la línea de investigación que acaba de abrir el juez Manuel García Castellón: la posible implicación del PP en la trama de espionaje. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro desde septiembre del año pasado, cuando ya apuntó cuáles podían ser las dos patas de la operación Kitchen, el Ministerio del Interior y el partido conservador, pero entonces el magistrado decidió esperar y centrarse sólo en la primera. Ahora ha decidido apuntar al partido y la ronda de declaraciones continuará este miércoles con el marido de la ex secretaria general, el empresario Ignacio López del Hierro, y el exjefe de gabinete José Luis Ortiz, ambos supuestamente informados por Villarejo de los avances del operativo, según reflejan los cuadernos del comisario jubilado.

Rubalcaba, la excusa

Aunque los investigadores sitúan los inicios de la operación Kitchen en julio de 2013, el instructor se ha interesado por la relación Cospedal-Villarejo y qué alcance tenía, pues en el sumario consta la grabación de la conversación que ambos mantuvieron en 2009 en el despacho de la exdirigente del PP en la sede central del partido. Ella ha explicado que les presentó su marido y que vio motivos para reunirse con el expolicía por dos motivos fundamentalemente: porque López del Hierro le conocía hacía muchos años y le había contado que tenía mucha información y conocía a mucha gente, incluidos muchos periodistas y ella estaba preocupada por las filtracionesque estaban saliendo en prensa sobre el caso Gürtel; y porque temía que el partido estuviera siendo espiado después de oír al entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba decir en el Congreso a un diputado del PP que escuchaba y veía todo.

Sobre esto último, ha confirmado que se reunieron varias veces en su despacho de la sede central del PP –adonde entraba directamente desde el garaje–, en una ocasión en una cafetería y ha concedido que alguna charla pudo ser por teléfono. La primera vez, les acompañó López del Hierro; las siguientes estuvieron solos. Ha afirmado que nunca encomendó ningún trabajo a Villarejo y que nunca le pagó nada. En todo caso, algún "gasto" por una razón de "cortesía". No ha especificado más y los fiscales, que eran los que le estaban interrogando en ese momento, no han repreguntado para aclarar a qué se refería, tal y como remarcan las fuentes consultadas por este periódico.

¿Y de qué hablaba con Villarejo? Cospedal ha reiterado en diferentes ocasiones que solían comentar la actualidad, en esos momentos sacudida por el escándalo de Gürtel, de lo que se publicaba en prensa, de los "ataques" que, según ha dicho, sufrían ella y su marido en los medios. La ex secretaria general dice que el comisario jubilado no le dio nunca ninguna información privilegiada, ninguna noticia que ella no hubiese leído antes en la prensa. En su opinión, el expolicía presumía de saber muchas cosas, pero en general todo ya había sido publicado previamente. Todos los encuentros eran a iniciativa de Villarejo, de quien cree que tenía interés en conocerla por el cargo que ella ostentaba en el PP.

Del devenir del caso Gürtel, Cospedal ha explicado que tenía conocimiento por los abogados del PP, no por Villarejo, ya que el partido estaba personado en la causa. Y esto es lo que transmitía a su "superior", esto es, el expresidente Mariano Rajoy. Pero cuando le han preguntado por las anotaciones de los cuadernos del comisario que siembran la duda sobre supuestas maniobras para torpedear el caso –"Aviso de problemas con el último informe de Morocho"– ha dicho que no sabe nada. Según ella, se acaba de enterar de quién es Manuel Morocho, el inspector de la Policía al mando de Gürtely, al mismo tiempo, ha insistido varias veces en dejar claras sus sospechas sobre su investigacíón, censurando que a partir de 2013 se centrara más en el PP y la caja b que en identificar el origen de la fortuna de Bárcenas en Suiza.

No se le ha preguntado a Cospedal cómo conoció al que era su comisario de confianza, Andrés Gómez Gordo, también imputado en la operación Kitchen por ser uno de los policías que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ni por qué creó un puesto para él como jefe de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Sobre él, la ex secretaria general del PP ha dicho que despachaban muy poco y que Gómez Gordo se relacionaba más con su jefe de gabinete a pesar de los puestos de responsabilidad que había ejercido para ella, según las fuentes presentes en el interrogatorio. Del chófer tampoco ha dado ningún dato, afirma que no le conoce de nada.

Villarejo amenaza a Rajoy

Con todas sus respuestas, Cospedal ha hecho una clara defensa de su actuación como número dos del PP y ha tratado de acabar con las sospechas sobre que el espionaje a Bárcenas y las maniobras para hacer fracasar la investigación de Gürtel empezaron en el partido. Pero justo esta semana, el comisario jubilado Villarejo ha presentado un escrito en el juzgado avanzando la que será su declaración del próximo viernes: según recalca, le dieron dos teléfonos de contacto con Mariano Rajoy para que pudiera tener una "interlocución directa" con él y así evitar posible discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía. El expolicía subraya que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la operación Cataluña, cuando surgió "más de una discrepancia" entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Es la misma idea que ya adelantó Villarejo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Ahora dice que "una vez en libertad, ha podido localizar uno de los dos números de teléfono", que "es el 650XXX710 (se ha procedido a ocular esos tres dígitos), sin haber podido encontrar el segundo, que cree podría recordar si tuviera un total acceso y sin restricciones a sus diarios personales incautados".

Otros interlocutores que identifica son el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, además del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino –los tres imputados– y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Como "interlocutores paralelos" cita a la Presidencia, a María Dolores de Cospedal y "colateralmente" a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría "por otros contactos".

"En Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones", subraya Villarejo. Según su versión, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo "por un asunto muy urgente" y que el propio Rajoy tenía interés personal.

José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es el más reciente imputado en el caso Villarejo, pero un personaje más crucial de lo que a priori pudiera parecer en esta macrocausa sobre las supuestas actividades ilícitas del comisario jubilado. De ilegalidades no ha hablado Olivera en su primera declaración ante el juez, pero sí ha aportado una nueva versión de la que otros antiguos compañeros del Cuerpo ahora reniegan. Según ha afirmado, en la Policía era sobradamente conocido que Villarejo tenía negocios privados de espionaje al tiempo que seguía ejerciendo como comisario y que esos negocios se utilizaban también en operaciones oficiales para conseguir información que, por otros medios, los investigadores eran incapaces de obtener.

Esta es una de las líneas de defensa que viene manteniendo Villarejo desde que fue detenido en noviembre de 2017: que sus actividades en lo privado con sus empresas de detectives eran perfectamente conocidas por sus superiores y que tenía autorización y encargos incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para labores de tipo operativo.

Según han informado a infoLibre fuentes presentes en el interrogatorio de este lunes en la Audiencia Nacional, Olivera no recuerda bien el año que conoció a Villarejo, pero sí que fueron presentados por el que entonces era el comisario general de policía judicial Jesús Espigares, quien le comunicó que era un "compañero en excedencia", pero que colaboraba con la Policía y que se utilizaban sus empresas de detectives para determinadas misiones. Una de las primeras operaciones de las que fue testigo fue la detención en Grecia del conocido narcotraficante Laureano Oubiña y, según Olivera, la "información tan buena" que permitió esto provino de Villarejo, algo que le dejó "impresionado". Esto tuvo lugar en octubre de 2000.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Olivera ha explicado al juez Manuel García Castellón que fue unos años después cuando se enteró de que Villarejo no estaba en excedencia y que era un compañero más en activo. Se enteró, ha dicho, por "casualidad" al ver su nómina, que ha definido como bastante baja para un puesto de comisario. Fue nuevamente Espigares quien le confirmó que Villarejo era propietario de unas empresas que la Policía podía utilizar para cobertura en operativos, dejándole claro también que no era "el único". 

El patrimonio de Juan Antonio Roca

Como ejemplos de esta cobertura, Olivera ha recordado casos tan importantes como la operación Malayaoperación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Su colaboración habría servido para localizar el patrimonio de Juan Antonio Roca, una información que, según ha indicado, la Policía no podía conseguir porque era detectada en los servidores del registro de la localidad malagueña. También habría ayudado a lograr documentación patrimonial de Roca en Madrid y, según el exjefe de la UDEF, todos estos datos Villarejo los ponía a disposición de investigadores, jueces y fiscales. De igual modo habría hecho en los inicios del caso Gürtelcaso Gürtel.

Olivera ha subrayado que la actividad privada que desarrollaba Villarejo al tiempo que mantenía su puesto de comisario lo sabían los mandos policiales y también otros compañeros. Incluso, los directores adjuntos operativos (DAO) que han ido cambiando con los gobiernos desde entonces, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. Y por eso el exjefe de la UDEF ha añadido que le sorprende que otros imputados en la macrocausa, expolicías que conocían a Villarejo, nieguen ahora que estaban al corriente de su doble actividad pública y privada. Entre esos policías que, según él, lo sabían ha citado a Julio Corrochano, exjefe de seguridad en BBVA.

Aparte de los puestos de responsabilidad que ostentó en la Policía, a Olivera le une una relación de confianza desde hace más de veinte años con el comisario jubilado, o eso se deduce de las grabaciones que éste realizó en sus múltiples encuentros, conversaciones, comidas que ambos mantuvieron y que obran en el sumario de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional. De hecho, el magistrado García Castellón ya ordenó investigar sus cuentas y patrimonio ante la posible colaboración que habría prestado a Villarejo en sus negocios privados, pues la Fiscalía Anticorrupción veía indicios de un “concierto económico permanente” entre ambos, “a modo de iguala o comisión”. El primero llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con el exjefe de la UDEF, al que definía como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial.

Olivera, quien en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos, ha preferido no comentar ante el juez las grabaciones que le comprometen, alegando que no ha tenido aún acceso a todo el sumario de la causa –lo que apunta a una nueva citación judicial en un futuro–, pero ha apuntado que lo que decía Villarejo hay que ponerlo en cuarentena porque le gustaba "alardear". El exjefe de la UDEF ha preferido también contestar únicamente al instructor y a su defensa, obviando así al Ministerio Público y a los representantes de otros investigados y de las acusaciones populares.

Olivera ha sido imputado en la operación Kitchen, la pieza número siete que investiga el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y poder robarle documentación que se podría haber llevado del partido cuando fue despedido, información sobre la contabilidad opaca que manejó y sobresueldos en b a dirigentes conservadores, e incluso dos posibles audios que incriminarían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex secretario general Javier Arenas. Según los cuadernos intervenidos a Villarejo, el exjefe de la UDEF habría tenido conocimiento del operativo y el juez le sitúa como uno de los comisarios a los que se les encomendó el espionaje. De ahí que su citación como investigado haya sido inevitable.

Sin embargo, Olivera ha negado saber nada de la ilegalidad de la operación Kitchenoperación Kitchen, aunque sí ha dejado caer que Villarejo le había comentado algo respecto a un operativo para buscar patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero, por lo que esto no le extrañó, ya que él, que había sido jefe de la UDEF, sabía por dónde iban los derroteros del caso Gürtel, en el que el extesorero del PP también estaba investigado por delitos fiscales y blanqueo de capitales. El juez, no obstante, no ha quedado muy convencido: "Los audios contradicen casi todo lo que ha dicho usted", le ha advertido, según las fuentes consultadas.

La versión de Morocho, una "fantasía"

La instrucción de Kitchen, que lleva abierta desde el otoño de 2018, ha desbordado los años en los que esta trama estuvo en marcha, entre 2013 y 2015 según los investigadores, y ha sacado a la palestra otros supuestos intentos para boicotear la otra gran causa que esos años cercaba al PP: el caso Gürtel. Aquí también está señalado Olivera, a quien el inspector al mando de esta investigación que arrancó en 2008, Manuel Morocho, ha situado como uno de los superiores que intentó apartarle y retrasar las pesquisas. Para el comisario ya retirado, la versión de Morocho de que le ofreció un puesto en Lisboa para alejarle del caso es una "fantasía", ya que entonces, en junio de 2013, ya no estaba en la UDEF, sino en el CITCO, y no tenía capacidad para asignar un puesto así aunque luego sí dependiera "funcionalmente" de él, según las fuentes presentes en el interrogatorio. También ha acusado a Morocho de ser un "narcisista".

Ha negado haber presionado al inspector para que cambiara informes que afectaban a dirigentes del PP; en todo caso, ha remarcado, se trataba de "corregir" o "revisar" ciertas cosas porque, según su relato, Morocho daba por sentadas conclusiones que podían comprometer el trabajo policial. "La palabra presionar, no", ha insistido, para también afirmar que esos informes "nunca" los pusiera en conocimiento o copia de personas equivocadas. Eso sí, ha comentado que es algo habitual que los informes de cualquier investigación pasen por varias manos antes de llegar al juez instructor: del inspector, al jefe de sección, después al jefe de brigada y por último al jefe de unidad.

Es más, por lo que ha dicho se considera una víctima más de la llegada al poder del PP a finales de 2011, pues según ha contado fue apartado de la UDEF meses después porque esta unidad policial era "la bestia negra" del partido conservador por las investigaciones que habían llevado a cabo, como Gürtel. Se creó un "clima", ha dicho, en el que ya no se podía "trabajar igual".

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional José Luis Olivera ha desmentido este lunes en la Audiencia Nacional las "presiones" de las que habló el inspector Manuel Morocho, quien aseguró ante este mismo tribunal que durante sus años de investigación de la trama Gürtel y la contabilidad b del PP sus superiores maniobraron para apartarleGürtel del caso y retrasar las diligencias, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas. Ha llegado a acusar a Morocho de ser un "narcisista".

Olivera comparece como investigado ante el juez Manuel García Castellón en relación con la operación Kitchen, el operativo parapolicial que se puso en marcha en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas después de que salieran a la luz sus anotaciones sobre la caja b y los sobresueldos a dirigentes del partido. Los imputados tienen derecho a mentir en sus declaraciones. Morocho compareció como testigo y, como tal, estaba obligado a decir la verdad.

Entre las muchas "presiones" de las que habló Morocho, una de ellas fue que Olivera le citó en junio de 2013 en una cafetería para ofrecerle un puesto mejor en Lisboa y que cuando estaban reunidos dijo recibir una llamada del mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "Ministro, estoy ahora con él", dijo Morocho que escuchó decir a Olivera cuando recibió esa llamada. El exjefe de la UDEF ha negado este lunes ante el magistrado este extremo y ha asegurado que quien llamó fue su mujer. Según su versión, él no tenía ni el teléfono del ministro y que su cargo de ese momento, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), no le otorgaba ninguna capacidad para hacer ofrecimientos como el que dice Morocho.

El inspector estuvo declarando hace dos semanas durante varias horas en las que aseguró que las maniobras para torpedear Gürtel y caja b incluyeron instrucciones de sus superiores para que modificara los informes que debían entregarse al juez que instruía ambas causas en la Audiencia Nacional. Olivera lo ha negado y ha explicado que es algo habitual que los informes de cualquier investigación pasen por varias manos antes de ir al instructor: del inspector, al jefe de sección, después al jefe de brigada y por último al jefe de unidad. Olivera fue el jefe de unidad, la UDEF que investigaba Gürtel, hasta 2013.

Según las fuentes consultadas, Olivera ha decidido contestar únicamente a las preguntas del juez y a las de su defensa, obviando así a la Fiscalía Anticorrupción y a los representantes de otros investigados y de las acusaciones populares. Su declaración ha sido bastante general y ha manifestado que de la operación Kitchen no tuvo ningón conocimiento. También ha negado conocer a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien declara este martes en la Audiencia Nacional, y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos también están imputados por el espionaje a Bárcenas.

García Castellón ha llamado la atención a Olivera de que las anotaciones de la agenda del comisario jubilado José Manuel Villarejo contradicen lo que está contando, ya que le implican directamente en esas posibles maniobras contra Morocho. El exjefe de la UDEF se ha ratificado en lo dicho, pero ha reconocido que no ha tenido tiempo de leer y analizar todo el sumario de la causa, así que no ha descartado volver a comparecer para seguir explicándose.

De su relación con Villarejo, evidenciada en la multitud de apuntes de los cuadernos del comisario jubilado y en numerosas grabaciones en las que aparece, Olivera ha contado que le conoció hace más de veinte años y que les presentó el entonces comisario general de policía judicial Jesús Espigares. Éste, según Olivera, le comentó que Villarejo colaboraba con ellos y que utilizaban sus empresas de detectives para determinadas misiones. El exjefe de la UDEF ha querido dejar claro que todos los mandos policiales y todos los directores adjuntos operativos (DAO) han conocido siempre la doble actividad de Villarejo, como comisario y en el ámbito privado.

Según su relato, la primera vez que colaboró con Villarejo fue porque, ha dicho, facilitó la detención del conocido narcotraficante Laureano Oubiña, entonces de los más buscados. Después, ha añadido, la estructura empresarial del comisario jubilado se llegó a utilizar en otras operaciones importantes como el caso Malayacaso Malaya, de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Su colaboración habría servido para localizar el patrimonio de Juan Antonio Roca.

El sumario secreto de la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, revela que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que el extesorero del PP pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del partido en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos le encargó incluso que destruyera esos audios.

La relación entre la operación Kitchen y los reclusos con los que contactó Bárcenas se pone de manifiesto en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario, sobre el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de levantar el secreto. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, hace la conexión entre la declaración judicial del extesorero sobre unos sucesos ocurridos a principios de 2014 y las anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los cuadernos en los que iba apuntando conversaciones, encuentros e informaciones que consideraba relevantes.

Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que justo después de su entrada en prisión provisional en el verano de 2013 empezaron los contactos de una persona muy cercana a él con "personas vinculadas al PP" con el objetivo de empezar una "aproximación" para un pacto de no agresión de cara a las causas judiciales que empezaban a acumulársele al partido. Aparte de la recientemente abierta sobre la caja b a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas en el diario El País, en el caso Gürtel ya se habían abierto un buen número de piezas. Según el extesorero, lo que transmitieron a su amigo desde la formación es que "estaban dispuestos" a darle "500.000 euros de forma extraoficial a cambio de mejorar" sus condiciones en la cárcel, donde, afirma, recibía un "tratamiento denigrante".

"No debe quedar nada. Es mi compromiso"

En este contexto, Bárcenas explicó al juez que en esos meses contactó con un preso, Isidro Sánchez Suárez, con quien, según el informe de Asuntos Internos, tuvo "frecuentes contactos en el departamento de comunicaciones internas". En un posterior cacheo a este recluso se le incautó una nota manuscrita supuestamente por el extesorero del PP en la que se lee la siguiente anotación: "Alex hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Su "compromiso" era con el partido, un "gesto de buena voluntad", tal y como explicó Bárcenas en la Audiencia Nacional, según el audio de la declaración al que ha tenido acceso este periódico.

Nota intervenida al preso con el que contactó Luis Bárcenas para que destruyera la supuesta grabación que comprometía a Rajoy. Sumario 'Operación Kitchen'

"Como gesto de buena voluntad, le doy esta nota al interno, le digo dónde lo tengo en la nube (el audio) y ahí pasa una cosa rocambolesca: este señor sale de permiso, pero lo detienen y tiene que volver al centro penitenciario. No recuerdo su nombre, pero por las fechas el centro puede saber su nombre", explicó el extesorero. Los agentes de Asuntos Internos se pusieron manos a la obra y, efectivamente, la dirección de Soto del Real les envía información sobre el recluso, documentos que obran en el sumario. Bárcenas, según contó él mismo, consiguió a cambio "una ventaja penitenciaria: dos vis a vis más" de los que disfrutó unos "dos meses", tras lo cual, "en un momento determinado", el amigo que hacía de enlace con el PP le comunica que "no se puede seguir con lo de los vis a vis extraordinarios" y que "las personas que en el PP estaban gestionando esto se desmarcan del acuerdo de no vamos a hacernos daño".

Lo que dice Bárcenas que desconoce es si el preso en cuestión destruyó la supuesta grabación de Rajoy y Arenas. Lo que sí hizo el reo fue cobrar lo que, según el extesorero, le dio él mismo a través del que entonces era su chófer, Sergio Ríos, imputado en esta causa por ser el confidente del operativo Kitchen. "Esa persona cobró 2.500 euros y cuando volvió al centro ya no lo volví a ver en absoluto. Me enteré de que lo habían detenido en el permiso. Cuando yo salí (de la cárcel) en febrero de 2015, en la nube no había nada absolutamente", explicó al juez García Castellón.

La conexión con las agendas: conversaciones con Enrique García Castaño y Francisco Martínez

Después de transcribir esta parte de la declaración de Bárcenas y adjuntar los documentos de la cárcel de Soto del Real, los investigadores de Asuntos Internos reflejan en su informe unos apuntes extraídos de los cuadernos de Villarejo, incautados en otoño de 2020 en su domicilio, en los que se hace mención a la detención del preso. Las anotaciones están fechadas en marzo de 2014, lo que coincide con el momento señalado por el extesorero. El 10 de marzo, un apunte: "BIG. Avisó de salida del objetivo amigo de LB". "BIG" es el comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los mandos policiales imputados en Kitchen, como Villarejo, y uno de los tres comisarios que captaron al chófer de Bárcenas como confidente.

Otro apunte del 11 de marzo: "BIG. Al final al amigo de LB lo detuvieron en la comisaría de Chamberí". Esta anotación coincide con el oficio del centro penitenciario incluido en el sumario que informa de la detención del preso un día después de salir de permiso. Según esta comunicación, el preso durmió en un hotel de la calle Gaztambide de Madrid y a la mañana siguiente fue detenido, ya que constaba una orden de detención de un juzgado por otros delitos pendientes. El mismo día 11 consta otro apunte de Villarejo: "CHISCO. Localizado Alex y aviso de su detención. En líneas generales muy contento". "CHISCO" es el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado por la operación Kitchen.

Pero es que previamente a la detención del recluso, Villarejo también reflejó las maniobras que los mandos implicados en el operativo estaban realizando para tenerle fichado. Según lo que apuntó el comisario en enero de 2014, "CHISCO" estaba "muy interesado en los movimientos de LB". A principios de marzo, anotó tras hablar con "BIG" que iban a "organizar control del amigo de LB".

–Me deja usted un panorama desolador.

–Si sigo hablando, lo puedo dejar aún peor. 

El primero que habla es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El segundo, el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, quien ha declarado este martes como testigo en relación con todos los años de "presiones" e intentos de sabotajes de su investigación sobre Gürtel y la caja b del PPGürtel que sufrió por parte de la cúpula policial del primer gobierno de Mariano Rajoy. Más de tres horas de declaración que aún no ha concluido, pues continuará el próximo viernes, según han informado a infoLibre fuentes presentes en la comparecencia.

Esas presiones de las que habla han ido saliendo poco a poco a la luz, a raíz de la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para hacerse con documentación que el extesorero del PP Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. En esta pieza separada del caso Villarejo, Bárcenas es el perjudicado de los actos de espionaje, pero Morocho, que como testigo estaba obligado a decir la verdad, se revela como una nueva víctima de una estrategia que parecía encaminada a acabar, o al menos entorpecer, las pesquisas del equipo del inspector tras la apertura, primero, del caso Gürtel y la publicación, después, de la financiación irregular del partido conservador. 

En este panorama de "presiones", como las ha llamado el inspector, éste ha situado a los que entre 2012 y 2016 fueron sus superiores en la UDEF, como el comisario José Luis Olivera, pero también al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el máximo mando policial. Ha hablado de sobrecargas de trabajo con otros asuntos que le hacían ralentizar la investigación de Gürtel, intentos para que no señalara en sus informes a cargos políticos del PP –incluido el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal– y atractivas ofertas de cambios de destinoGürtel mucho mejor remunerados para apartarle definitivamente de las pesquisas. 

Los apuntes de Villarejo encajan

Morocho ya había dado detalles en una anterior declaración judicial, en febrero de 2019, pocos meses después de que se abriera la investigación de Kitchen, pero esta nueva citación se ha producido a raíz del hallazgo de varios apuntes de los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dejó constancia en sus agendas recientemente incautadas. Para el inspector, esas anotaciones "encajan" ahora perfectamente en varios de los episodios que ha narrado en la Audiencia Nacional y que vivió hace años.

"ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)" es un ejemplo de esos apuntes. "ORTI" es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal, según los investigadores. La anotación es de abril de 2013, justo cuando el inspector estrechaba el cerco sobre los dirigentes del PP que aparecían citados en los papeles de Bárcenas. Fue, según Morocho, en las mismas fechas en que sus jefes le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habrían cobrado de la caja b, incluido Mariano Rajoy, lo que le llevó a incluirlos en los anexos y no en el documento principal que entregó al juez instructor del caso, que entonces era Pablo Ruz. Uno de los oficios de la UDEF también incluía a López del Hierro, pues para él era claramente el "López H" y el "López Hierro" de los apuntes del extesorero, pero sus superiores le volvieron a presionar: "Eso hay que cambiarlo ya".

La consigna que desde los mandos policiales intentaron que transmitiera al juez instructor era que si había algo detrás de los papeles de Bárcenas, "era cosa" del extesorero, "no del PP". Precisamente esta es la estrategia que han desplegado los antiguos dirigentes del partido en el último juicio en la Audiencia Nacional, donde han declarado como testigos, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Es la defensa que ha mantenido el abogado de la formación, que está acusada como responsable civil subsidiaria.

Un mes después, otro apunte de Villarejo: "Morocho-Lisboa", lo que vuelve a cuadrar para Morocho: en junio de ese año, Olivera, ya como responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le ofreció un destacado puesto en la capital portuguesa de enlace para la lucha contra el narcotráfico, un área que nada tenía que ver con las responsabilidades que había desempeñado el inspector, por lo que no daba el perfil, tal y como han precisado las fuentes consultadas. 

Según Olivera, el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, quería nombrar a alguien allí, pero Morocho lo rechazó. "Son 6.000 euros al mes y un puesto relajado", le insistió el director del CITCO. Morocho vuelve a declinar. "¿Dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?", dice el inspector que le volvió a insistir. Y en esa cita, Olivera recibió una llamada telefónica, a la que contestó: "Hola, ministro. Estoy con él". El ministro era Jorge Fernández Díaz, ahora imputado en Kitchen. Esto llevó a Morocho a pensar que Fernández Díaz estaba al tanto. No obstante, cuando el juez le ha preguntado si aquello no podría ser un "teatrillo" de Olivera para impresionarle, el investigador ha concedido que eso no lo sabía. Pero no fue el único puesto que se le ofreció, pues según ha contado le tantearon hasta para la representación española en Naciones Unidas. Incluso, le llegaron ofertas de empresas privadas.

"Problemas" con sus informes

Morocho ha contado un sinfín de episodios que, aislados, podrían no tener importancia, pero que se sucedieron en el tiempo y que comenzaron ya en 2011 y siguieron hasta 2016. Y vinieron de todo tipo de personas en la escala policial. Olivera le llegó a decir en 2013 que sus informes sobre la contabilidad en b del PP estaban generando "problemas" y hasta le pidió que se los reenviara aunque él ya no era su jefe en la UDEF. También supo por casualidad que esos mismos informes estaban llegando al DAO Eugenio Pino, a pesar de que él sólo debía dar cuentas ante el juez Ruz, y que el comisario de confianza de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, los estaba revisando. A Gómez Gordo, ha dicho, se lo intentaron asignar a su equipo de la investigación de la caja b, pero el inspector se opuso, siempre según las fuentes presentes en la declaración.

La presión llegó a tal punto que el inspector tuvo que llevar con especial sigilo la preparación del registro en la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Según asegura, se le llegó a plantear desde los mandos que debía cuestionar en sus informes la información del diario El País con los papeles de Bárcenas y que evitara relacionar un posible cohecho por la supuesta relación entre los empresarios donantes y la adjudicación de obra pública, a lo que se tuvo que volver a negar, defendiendo su investigación y garantizando que había indicios que apuntaban a esa contabilidad en negro que había manejado el extesorero durante casi veinte años. La caja b ya ha sido ratificada por dos sentencias judiciales, en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, y aún sigue abierta una causa sobre el posible cohecho.

Su trabajo para la Audiencia Nacional se vio seriamente ralentizado en 2015, cuando incomprensiblemente le trasladaron a la DAO, a las órdenes directas de Pino. Allí estuvo algo más de año y medio, tiempo en el que "no sabían ni dónde" colocarlo y le pedían, entre otras cosas, que revisara informes apócrifos como el falso sobre las finanzas de Podemos (Informe PISA). Clarificador de lo que le estaba ocurriendo es lo que le comentó un día otro comisario, Enrique García Castaño, con quien se cruzó un día que había ido a tomar café con su jefe. "Tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto", asegura Morocho que le llegó a decir este policía ya jubilado al que apodaban El Gordo y que también está imputado en Kitchen.

Fue en ese tiempo en la DAO cuando dedujo que había en marcha una investigación paralela sobre Luis Bárcenas. Siendo el inspector jefe de Gürtel y caja b, Morocho sabía que el juez instructor no había encargado ningún seguimiento o informe en esos términosGürtel, lo que le llevó a concluir, para su sorpresa, que se trataba de un operativo al margen del juzgado. Su desconfianza, ha dicho, se acrecentó, pues eso podía arruinar toda su investigación y llevar a la nulidad del procedimiento. No fue así, y años después la macrocausa Gürtel encara su recta final de juicios en la Audiencia Nacional, todos los que se han celebrado han acabado en condenas para sus principales acusados y se ha acreditado la existencia de la caja b del PP.

La investigación de la operación Kitchen tiene los días contados. Más de dos años y medio después del inicio de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, que indaga en la operación sin control judicial de espionaje y robo de información al extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser despedido del partido en 2013, las pesquisas están cerca de su conclusión, lo que tendrá lugar en los meses próximos, según han informado a infoLibre fuentes del caso. En esta última fase de las diligencias, aún está pendiente de concretar si la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal será citada a declarar en la Audiencia Nacional por el posible interés que pudiera haber tenido para que se desarrollara el operativo ilegal.

Los investigadores se están centrando ahora en el análisis de nuevas agendas incautadas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fueron halladas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado otoño, en el marco de otra de las piezas de la macrocausa que indaga en sus actividades ilícitas. El estudio de estos documentos llevará a la elaboración de un informe que puede ser útil para muchas de la cerca de una treintena de piezas que siguen abiertas en el caso Tándem, incluida la número 7 que investiga la operación Kitchen.

No obstante, según las fuentes consultadas, no existen elementos para pensar que de estas agendas puedan salir nuevas líneas de investigación, sino que podrían servir para reforzar la argumentación tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción sobre los indicios ya recabados durante la instrucción a la hora de definir los hechos que irán en un futuro auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–.

Así las cosas, la pieza que indaga en el espionaje a Bárcenas, que estuvo dirigido a robar documentos incriminatorios para el PP que se habría llevado el extesorero, cuenta ya con una docena de investigados, entre ellos mandos policiales –unos jubilados, otros todavía en activo–, el que fuera chófer del extesorero –fichado por los policías como confidente– y dos cargos políticos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Las pesquisas que ha ido ordenando el magistrado Manuel García Castellón han ido de abajo a arriba, es decir, desde los agentes que se movieron sobre el terreno con los seguimientos o los que gestionaron los fondos reservados con los que se financió el operativo hasta los políticos que, según las pesquisas, habrían tenido conocimiento de los hechos.

En el paso que se consumó en 2020 de pasar del nivel policial al político, el instructor imputó a Martínez, primero, y a Fernández Díaz, después, y dejó fuera a Cospedal a pesar de que Anticorrupción se lo había solicitado al considerar que tenía un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas por dos razones: directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma, e indirecta, como secretaria general del PP. El juez descartó imputar a Cospedal el pasado septiembre, aunque no lo descartó por completo, sino que en ese momento prefería tomar declaración a los exresponsables de Interior antes de tomar más decisiones.

No cerrar en falso la investigación

Las comparecencias de Fernández Díaz y Martínez se celebraron, incluido un careo entre ambos que no arrojó demasiada luz a las pesquisas. Y entretanto, se iniciaron nuevas diligencias que aún siguen bajo secreto sumarial a raíz de la intervención policial en el domicilio del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, donde se le incautaron móviles y documentación, incluida una agenda en la que aparecen anotados detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche. De esa parte secreta, poco –o más bien nada– se sabe, pero El Confidencial publicó el pasado mes de enero que el futuro procesal se estaba complicando para Cospedal en el marco de esas diligencias. Ahora, fuentes del caso consultadas por infoLibre no descartan una próxima citación de la ex secretaria general antes del fin de la instrucción para no cerrar en falso la investigación.

Una línea que puede unir la operación Kitchen con Cospedal es el comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía, imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, fue uno de los hombres clave en la captación de Sergio Ríos como confidente del operativo, en el que aceptó participar a razón de 2.000 euros al mes que procedían de los fondos reservados. Es decir, dinero público sobre el que no hubo ningún tipo de control. Aunque ahora sigue en activo en la Policía Nacional, se apartó del cuerpo en varias ocasiones en la que estuvo trabajando en cometidos vinculados al PP: por un lado, como asesor de seguridad de la propia Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha y, por otro, en el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y por el que ahora está procesado, también en la Audiencia Nacional.

Gómez Gordo, apodado Cospedín por Villarejo, nunca ha negado su implicación en la operación de espionaje a Bárcenas, incluso ante el juez dijo que actuó "de buena fe e ilusionado" porque en esos días, en 2013, el extesorero del PP "era el delincuente número uno". También reconoció que pagó con dinero en efectivo a Ríos, pero afirmó que el conductor nunca le entregó "absolutamente nada" de material sobre documentos o audios que se habría llevado Bárcenas del partido, según las grabaciones de sus declaraciones judiciales que obran en el sumario de la causa.

La relación Villarejo-López del Hierro

La otra línea es la relación que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantenía con Villarejo, relación de la que éste dejó constancia en conversaciones grabadas que después fueron incautadas por los investigadores de Asuntos Internos. En al menos una de esas conversaciones, publicada por el digital moncloa.com, estuvo presente la ex secretaria general del PP, que recibió al comisario jubilado en su propio despacho de la sede de Génova en julio de 2009, unos meses después de que estallara el caso Gürtel. En esa conversación no se hablaba de Kitchen, pues para entonces Bárcenas aún trabajaba en el PP como tesorero, aunque ya estaba siendo investigado por la macrocausa de corrupción. Tras la publicación de los audios, Cospedal dimitió de sus cargos políticos en el partido y en el Congreso.

Para Anticorrupción, esa reunión resulta clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" del operativo KitchenKitchen. La vinculación, se lee en el informe en el que el Ministerio Público pidió la imputación de Cospedal, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009 a la entonces secretaria general del Partido Popular y al marido de ésta en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid". Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel".

El sumario del caso Tándem revela numerosas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro que fueron grabadas por el comisario, encuentros de los que éste también dejó constancia en sus agendas, donde apuntaba de forma pormenorizada las citas, profesionales o personales, y un pequeño resumen del contenido. El comisario apuntaba los encuentros o llamadas con el empresario con las iniciales "ILH".

Casi dos meses después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas enviara su explosivo escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que rompía con el partido al que perteneció casi treinta años y en el que avanzaba una nueva estrategia de colaboración con la justicia, ésta le acaba de dar un sonado revés. Ni el juez del caso Púnica ni el Ministerio Público dan credibilidad a las afirmaciones que vertió en esta macrocausa de corrupción señalando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por haber aceptado supuestamente un sobre con 60.000 euros de un empresario ya señalado anteriormente como presunto donante de la formación conservadora.

En cosa de dos días, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Anticorrupción han tomado declaración como imputado a ese empresario, Luis Gálvez, propietario de la compañía Ploder, y han archivado las actuaciones contra él. El instructor atiende en un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, la petición del fiscal Alejandro Cabaleiro, quien considera que al constructor "no sólo le asiste el derecho a la presunción de inocencia que, de por sí, justificaría el sobreseimiento, pues más allá de la declaración de Luis Bárcenas no existe prueba o indicio alguno que haga pensar que tal entrega existió".

El escrito enviado por el abogado de Bárcenas a la Fiscalía anticipaba una ronda de nuevas declaraciones del extesorero ante los jueces de la Audiencia Nacional que mantienen abiertas investigaciones que salpican al PP. Por un lado, el mencionado caso Púnica, en el que se indaga sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid que dirigió Aguirre, y, por otro, la causa sobre los llamados papeles de Bárcenas sobre las donaciones de empresariospapeles de Bárcenas con las que supuestamente se nutrió la caja B del partido que gestionó el propio extesorero. El instructor de esta última, el juez Santiago Pedraz, aún no ha podido celebrar la comparecencia –que se podría producir en abril–, aunque sí pidió a la defensa que le enviara las pruebas de sus acusaciones, sin que de momento haya llegado nada al juzgado.

Donde sí declaró Bárcenas fue en Púnica y lo hizo en calidad de testigo el pasado 24 de febrero. Según la versión que ofreció entonces, en 2007 ó 2008, el extesorero del PP nacional Álvaro Lapuerta entregó en su presencia a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid un sobre con 60.000 euros de parte de un constructor para la financiación de la campaña electoral autonómica de ese año. Ese empresario era Luis Gálvez, propietario de la compañía Ploder, que un par de años antes había resultado adjudicataria, como parte de una UTE, de la gestión del Hospital Infanta Leonor de Madrid, uno de los muchos hospitales que se levantaron durante los gobiernos de Aguirre.

Ploder aparece en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas y el sumario delcaso Púnica como una de las empresas que habrían financiado irregularmente al PP de Madrid a través de la llamada cláusula del 1%, el porcentaje destinado a publicidad que se debía plasmar en los contratos públicos, un precio que estaba inflado para poder después desviar parte del dinero a las arcas del partido. Es el sistema por el que el magistrado imputó a Esperanza Aguirre en esta causa en septiembre de 2019.

Sin embargo, Bárcenas no aportó pruebas que acreditaran documentalmente sus afirmaciones. La versión, por tanto, tenía que ser contrastada con la otra parte. Aguirre se pronunció enseguida anunciando la presentación de una querella contra el extesorero. El juez García Castellón citó a la Audiencia Nacional a Luis Gálvez sin que mediara petición del Ministerio Público. Este pasado jueves, el empresario negó la mayor, dijo que nunca había estado en la sede central de Génova y explicó que a su constructora le adjudicaban pocos contratos con la Comunidad de Madrid en esa época y que sobre todo realizaba trabajos para el Ministerio de Medio Ambiente y para Fomento. A preguntas de la Fiscalía, confirmó que todos los contratos que se firmaban con la Comunidad de Madrid (aunque ha ampliado también al resto de España), iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que el 1% iba destinado a publicidad institucional del proyecto. Así, ha indicado que, dado que estaba en los pliegos, su empresa como adjudicataria pagaba la factura pero no elegían ni la campaña de publicidad, ni la empresa que la realizaba, si siquiera verificaban que realmente se realizara.

Tras constatar que las versiones de Bárcenas y Gálvez son completamente opuestas, el juez concluye que de las actuaciones practicadas hasta la fecha "no se desprende la existencia de indicios racionales de la participación" del empresario en los hechos, por lo que, ante esa falta de indicios, otorga "verosimilitud" a la declaración de éste último y señala que no puede mantenerse abierta la investigación de este asunto.

No habría delito o estaría prescrito

Sobre el hecho concreto de la supuesta entrega de los 60.000 euros, García Castellón señala que este hecho habría tenido lugar en el año 2008, "pero lo cierto es que las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid tuvieron lugar el 27 de mayo de 2007, en la VIII legislatura, y el 22 de mayo de 2011, en la XIX Legislatura". Así las cosas, el periodo temporal más próximo a la fecha en que Bárcenas sitúa el suceso relatado sería el año 2007, y si el dinero se hubiera querido emplear en las elecciones, el hecho tendría que haber acontecido antes del 27 de mayo de dicho año, cuando los delitos de financiación de partidos políticos aún no habían sido introducidos en el Código Penal. En cuanto a un posible delito de tráfico de influencias, el magistrado razona en su auto que esta conducta en el momento de cometerse el supuesto delito por Gálvez se castigaba con pena de prisión de seis meses a un año y multa y estaría sujeto a una prescripción de tres años, por lo que no cabría tampoco imputación en este caso.

Analiza igualmente García Castellón en su auto la posible comisión de un delito de cohecho, y en este punto subraya que no consta en absoluto que Bárcenas hubiera señalado que la entrega fuera para la comisión de un acto constitutivo de delito o para la realización de un acto injusto no constitutivo de delito, ni que se hubiera traducido la donación en la realización de actuación alguna por el receptor. Se trataría, por tanto, de una donación que se habría efectuado en consideración a la función de la supuesta receptora –en este caso Aguirre– con pena de multa de tres a seis meses, e igualmente sujeto a un plazo de prescripción de tres años que al igual que en el ejemplo anterior también habrían ya transcurrido holgadamente.

Lo que hace el juez es atender la petición de sobreseimiento de Anticorrupción, que considera que Gálvez ha ofrecido "datos periféricos de corroboración que hacen totalmente verosímil su declaración". Según explica, el empresario señaló que la cláusula del 1% para publicidad constaba en el pliego de adjudicación para la construcción del Hospital Infanta Leonor y que era la propia administración pública, la Consejería de Sanidad, la que escogía a la empresa de publicidad, de forma que la adjudicataria no seleccionaba ni a la empresa ni los actos. Tal hecho, añade el fiscal, se ve corroborado por otras diligencias sumariales y, a juicio del Ministerio Público, "ampara el que su declaración resulte más verosímil que la del que le atribuyo el pago irregular", es decir, Bárcenas.

Por las testificales que han prestado este miércoles José María Aznar y Mariano Rajoy, pareciera que estuviéramos en 2013 y no en 2021. A pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, primero, y de la posterior resolución del Tribunal Supremo, que dan por acreditada la caja b del PP durante al menos veinte años, los expresidentes del partido conservador y del Gobierno siguen negando la existencia de esa contabilidad opaca que el extesorero Luis Bárcenas gestionó y anotó en los ya conocidos papeles que fueron publicados hace más de ocho años. La consigna ahora ya la dejó clara la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, también en su declaración como testigo, cuando dijo que esos documentos serán de Bárcenas, no del PP.

Lo han dicho de todas las maneras posibles, sobre todo Rajoy, al que más se ha preguntado sobre este asunto. "Es absolutamente falso", "es falso de toda falsedad", "es mentira lo de la contabilidad b del PP", "esos documentos son mentira", ha reiterado de forma tajante el expresidente ante los infructuosos intentos de las acusaciones populares, que le han preguntado de todas las maneras posibles sobre si en el PP había una caja b, si conoció una contabilidad opaca, si era el M.Rajoy que aparece en los apuntes contables de Bárcenas. Su argumento: que "más del 95% de las personas que aparecen en esos papeles" mantienen que "eso no es cierto", aunque otros sí hayan reconocido haber recibido pagos en efectivo como préstamos o compensaciones económicas. El porqué de la inclusión de su nombre en los papeles dice que no lo sabe, y a preguntas al respecto del abogado de Bárcenas, se ha limitado a decir que no está "en su mente". 

Para Rajoy, todo es un "delirio" del extesorero del PP y le parece "una vergüenza todo lo que estamos viviendo", y ha afeado a las acusaciones den "por hecho la existencia de una caja b", pues en sus "40 años en el partido" asegura que no ha "escuchado a nadie hablar de la famosa caja b". Si, según su versión, "no hay ninguna caja b en el PP", sino que "habrá unos papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar", el expresidente ha negado también haber destruido parte de esa documentación, tal y como ha contado el propio extesorero en el juicio. "El señor Bárcenas ni siquiera está de acuerdo consigo mismo, un día dice una cosa y otro dice otra cosa. No he triturado lo que nunca tuve en mis manos", ha zanjado.

Con otras palabras, Aznar ha hecho lo propio: "Serán otras instancias las que deberán determinar lo que concierne a esos papeles. Ni conocía ni conozco esos papeles y no tengo indicios sobre su justificación", ha afirmado el expresidente, para quien dos sentencias judiciales no parecen ser indicios de la existencia de la caja b en el PP. Es más, después ha dejado un recado para el que fue su sucesor: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Sé lo que hice yo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si cobró sobresueldos en negro. Su sucesor en la presidencia del partido, Mariano Rajoy, también ha negado taxativamente haber percibido ninguna cantidad en negro, pero él sí ha dado la cara por sus compañeros: "Bárcenas guardaba dinero ahí (en una caja fuerte) y en otros sitios, pero los dirigentes del PP y yo, no”.

El empeño de las acusaciones

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han preguntado a los expresidentes, ni siquiera por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede del PP, que es lo que se está juzgando estos días en la Audiencia Nacional. El extenso interrogatorio a ambos testigos ha sido responsabilidad de las acusaciones populares, que han intentado por activa y por pasiva poner en apuros, no tanto por las obras de Génova como por la caja b, a los que dirigieron el partido conservador durante 28 años. No lo han conseguido, ambos han mantenido las versiones que llevan defendiendo desde 2013, cuando se abrió la investigación, y sobre las que no han cambiado ni una coma.

Aunque el contenido de sus declaraciones haya sido casi idéntico, las formas de uno y de otro ni se parecen y han retrotraído a los asistentes al juicio a los perfiles que ambos mantuvieron cuando estuvieron en primera línea de la política. Ni los escenarios elegidos por ambos para atender la testifical por videoconferencia se parecían: Aznar, desde el despacho de su casa –según ha explicado él mismo– con una enorme estantería repleta de libros como telón de fondo; Rajoy, en una sala más austera en la que sólo se veían unas cuantas fotografías colgadas en la pared a modo de  decoración y una planta.

Durante toda su declaración, Aznar ha mantenido una actitud altiva, casi desafiante, ante las preguntas de las acusaciones, sobre las que ha querido dejar claro a quién representaban en todo momento, en un intento por cuestionar sus propósitos. "Ha sido abogado del Partido Socialista", ha espetado al letrado José Mariano Benítez de Lugo. "Entiendo que es el abogado del señor Puigdemont", ha recalcado cuando le tocaba preguntar a Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Tanto se repetía este esquema que el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha tenido que llamarle la atención.

Precisamente ha sido Boye el que ha hecho constar al tribunal que Aznar llevaba puesta una mascarilla a pesar de que no ha acudido a la Audiencia Nacional a comparecer. El expresidente no ha sido el único que en este juicio ha recurrido al parapeto de la mascarilla, ya lo hicieron en anteriores sesiones exdirigentes conservadores como Cospedal o Javier Arenas, y a todos el abogado ha preguntado por qué lo hacían si estaban solos en la habitación, como ellos aseguraban. Pero ha sido al comentarlo sobre Aznar cuando el presidente del tribunal ha zanjado el debate al concluir que el testigo podía vestir como quisiera estando en su domicilio. Todo ello a pesar de la explicación que ha tratado de defender el expresidente, y es que "las autoridades sanitarias" recomiendan el uso de la mascarilla.

Otro letrado, Juan Moreno, en representación de IU, ha elevado protesta por este hecho, una actitud que, en su opinión, denota que Aznar se estaba "jactando ante el tribunal", y por llamar la atención sobre a quién representan las acusaciones populares, algo "impropio de un testigo y más de un expresidente del Gobierno de todos los españoles". El expresidente ya no ha vuelto a cuestionar a ningún abogado de la acusación, pero se ha dejado puesta la mascarilla, a pesar de que en algunos momentos se le empañaban las gafas. Rajoy, en cambio, ha comparecido a cara descubierta, cosa que le han agradecido los letrados.

Por lo demás, las declaraciones tanto de Rajoy como de Aznar han seguido el guión previsto. Previsto por ellos mismos. El magistrado se ha visto obligado a intervenir en algunas ocasiones, en unos casos por reflexiones que los exlíderes del PP hacían por las preguntas que les dirigían las acusaciones –"esto no es un Parlamento, es un juicio"–, bien cuando éstas rebatían las respuestas de los testigos –"esa pregunta excede mucho de esta causa"–. Alguna más en el caso de Rajoy, que ha excedido con diferencia la hora que ha estado declarando Aznar. En el caso del sucesor de éste, las acusaciones han incidido aún más, al haber sido el presidente del partido que estaba al mando cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, que mandó mensajes de apoyo al extesorero y cuyo nombre está perfectamente identificado en la "contabilidad extracontable".

"No era inspector de cajas fuertes"

Había momentos en que a los expresidentes les podía su experiencia dialéctica como políticos y Aznar hasta se ha permitido hacer algún comentario jocoso ante las preguntas que le dirigían las acusaciones. Por ejemplo, un abogado ha querido saber si en su despacho en el PP o en cualquier otro había una caja fuerte. "No lo sé, yo no era inspector de cajas fuertes, no me dedicaba a inspeccionar si había cajas fuertes. Yo no me he dedicado a buscar cajas fuertes ni a visitar despachos ajenos", ha replicado. "Con absoluta franqueza, la única caja fuerte que he visto y nunca he usado fue en Moncloa. Supongo que allí seguirá con el mismo uso que le di yo, ninguno", ha apuntado Rajoy.

Otra coincidencia de las declaraciones de ambos ha sido echar balones fuera sobre la responsabilidad que tenían como presidentes del PP sobre las cuentas. Han dado el mismo argumento: como líderes del partido, no tenían ningún conocimiento o dedicación en lo que respecta a la tesorería y la gerencia. "Yo me ocupaba de la política", "yo me dedicaba a la política" o "yo no tenía competencia para autorizar gastos" han sido los razonamientos que han mantenido ante el tribunal. Una tesis que recuerda a la que mantienen otros exdirigentes del partido imputados, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en el caso Púnica.

Todo ello a pesar de que otro testigo en el juicio, el exdiputado Juan Ignacio del Burgo, señaló directamente a Aznar como conocedor de varios pagos en 1991 a Calixto Ayesa como "compensación" por un crédito que pidió para la campaña de UDC. El expresidente ha solventado la contradicción exponiendo que Del Burgo "es inteligente y capaz y puede tener memoria de una reunión" que él afirma no recordar, pero que "en cualquier caso no tenía competencia para autorizar" compensación a nadie.

Los exdirigentes del PP que han declarado en el juicio por la caja b del PP no se han salido del guión que vienen manteniendo desde que a principios de 2013 se publicaron los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Frente a los intentos de las acusaciones populares, que fueron las que propusieron sus comparecencias en calidad de testigos en esta vista oral, uno por uno han negado que existiera la contabilidad paralela en el partido, o que ellos hubiesen tenido conocimiento de su existencia, o han sostenido que en todo caso sería una financiación oculta que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas por su cuenta y riesgo. Una contabilidad que, sin embargo, sí ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel.

Su aparición en los papeles de Bárcenas como dirigentes del PP que cobraron sobresueldos en negro la achacan a inventos del extesorero y algunos consideran que a pesar de aparecer con nombres y apellidos, Bárcenas se estaría refiriendo a otra persona. Es el caso de Javier Arenas, ex secretario general del partido conservador, quien ha llegado a afirmar que no es "el único Javier que aparece en esos papeles y quizá no el único Javier Arenas de la organización", en referencia a los apuntes sobre cobros en b de un tal "Javier Arenas", "Javier Are" o "J. Arenas".

Francisco Álvarez-Cascos, quien también ejerció como secretario general en el partido durante más de diez años y fue ministro de Fomento en el segundo gobierno de José María Aznar, ha negado igualmente en cobro de sobresueldos, a pesar de que en la contabilidad opaca consta que recibió más de 400.000 euros. En un momento dado, incluso, se ha mostrado ofendido y "perplejo" de que una acusación popular le preguntara si las donaciones de empresarios tenían algún tipo de contraprestación en contratos de obra pública y ha llegado a afirmar que fue el PP y no otro partido el que cuando llegó al gobierno "acabó con prácticas" que pudieran desembocar en contratos amañados.

Álvarez-Casos iba preparado. Ha entrado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional con una carpeta en la mano que ha tratado de utilizar cuando un abogado le preguntaba por los estatutos del partido y donde también llevaba una fotocopia de una portada del diario El País de 1991 en la que se leía "Borrell insta a los magnates de la construcción que no paguen comisiones a los partidos", en referencia a Josep Borrell cuando ejercía como ministro de Obras Públicas. Visiblemente molesto por el camino que tomaba el interrogatorio, Álvarez-Cascos ha sacado el político que lleva dentro para dar un pequeño mitin y defender que fue el gobierno del que formó parte el que aprobó "un nuevo reglamento para desarrollar la ley de contratos de las administraciones públicas" con el que "facilitar la transparencia y la eficiencia en la contratación".

Por eso, ha apuntado, es "inverosímil" que durante su etapa al frente de Fomento se pudieran amañar contratos. "Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación, por tanto es inverosímil. Es imposible que desde el año 2000 alguien haya intentado siquiera métodos espurios para lograr un contrato. Estoy orgulloso del gobierno que puso fin a estas prácticas, y ahora resulta que estamos bajo sospecha por los que no quieren investigar lo que ocurría antes de que llegara este gobierno", ha insistido ante los intentos de la acusación popular por interrumpir su disertación.

"Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo", ha llegado a decir, a pesar de que Bárcenas le situó como la persona que ordenó el sistema de sobresueldos en el PP a principios de los noventa, cuando ascendió a la Secretaría General del PP. Según el extesorero, todas las personas que ocuparon este cargo conocieron la contabilidad b, pero Álvarez-Cascos lo ha negado de plano, igual que cualquier contacto con empresarios para que aportaran fondos al partido: "Ni siquiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería", ha espetado visiblemente irritado.

La Policía investiga una veintena de contratos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no está muy de acuerdo con el exministro y por eso pidió recientemente a la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada que indaga en las donaciones de empresarios al PP, poder indagar en los más deuna veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros y se incluyen varios contratos de Fomento, los más cuantiosos. El juez Santiago Pedraz dio luz verde y ya ha empezado a recibir documentación.

Con diferencia, la testifical más larga de este miércoles ha sido la de María Dolores de Cospedal. Casi durante dos horas, la ex secretaria general del PP ha negado conocer la contabilidad opaca y haber cobrado sobresueldos. Su declaración ha comenzado asegurando al tribunal que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados del juicio, una afirmación que choca con el enfrentamiento, judicial y mediático, que mantiene casi desde que llegó a número dos del partido con el extesorero Luis Bárcenas. Luego lo ha aclarado: no tiene "animadversión", aunque sí "desprecio".

Un nombre, el de Bárcenas, que se había propuesto no pronunciar en ningún momento. Hacia el final de la testifical, no ha podido evitar decirlo en unas tres ocasiones, pero el resto del tiempo sólo se ha referido a él como "el extesorero" o "esa persona". "Desde febrero o marzo de 2009 ya no volví a tener relación con esa persona"; "esa demanda terminó con una condena contra esta persona"; o "la caja b es de esa persona, no del PP". Esta última afirmación la ha querido dejar clara en no pocas ocasiones: la caja b era de Bárcenas, no del PP. Posiblemente en respuesta a la propia declaración que prestó el extesorero hace sólo un par de semanas: "Son los papeles del PP".

Cospedal también ha cambiado la forma en que expresó, allá por 2013, la indemnización "en diferido" de Luis Bárcenas con la que justificó que el partido llevara pagándole desde 2009 a pesar de haber sido destituido a mediados de ese año. Ahora, ha optado por una expresión mucho menos dada a polémicas: "Se le pagaba en concepto de indemnización por haber renunciado al cargo y se le pagaba de esa manera".

Hasta seis exdirigentes del PP han comparecido este martes como testigos en la Audiencia Nacional y los intentos de las acusaciones populares han sido en vano. Unos por videoconferencia y otros en la sala de vistas han negado conocer la caja b, una práctica que, según la investigación, se remonta a principios de los años noventa y, según Bárcenas, mucho más atrás, hasta principios de los ochenta. Más que testigos propuestos por las acusaciones, los exdirigentes del partido parecían testigos de las defensas, incluido el propio PP, que está acusado en este juicio como responsable civil subsidiario por el pregunto pago con dinero negro de la sede central de la calle Génova.

El fiscal apenas ha preguntado

La dinámica ha sido parecida en todas las comparecencias: las acusaciones preguntaban sobre caja b y sobresueldos en negro, la Fiscalía Anticorrupción apenas ha dirigido alguna pregunta a los testigos, pero siempre centrada en las obras de la sede y no en la contabilidad opaca, lo mismo que la Abogacía del Estado. Algo parecido ha ocurrido con las defensas de los acusados; por ejemplo, el abogado de Bárcenas no ha formulado una sola pregunta.

Es previsible que la mecánica sea muy similar este miércoles con el plato fuerte de la fase de testificales: los expresidentes del PP y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Ambos declararán por videoconferencia, como han hecho otros testigos como Arenas o la también ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que se han ahorrado así el paseíllo al tribunal paseílloy tener que sentarse en la mesa de los comparecientes. A pesar de esto, han declarado con mascarilla, lo que ha llevado a algún abogado a preguntarles si estaban solos en la habitación que habían escogido, a lo que han declarado que sí. Por la decoración de la pared que aparecía tras Pío García-Escudero, otro de los dirigentes que aparecen en los papeles de Bárcenas, daba la impresión de que había decidido comparecer desde el Senado, cámara de la que es vicepresidente.

Las videoconferencias le restan ceremonia a un juicio. La entrada por la puerta del fondo de la sala de vistas, la manera de expresarse y el lenguaje corporal dicen mucho de los comparecientes, pero ha habido exdirigentes del PP que han preferido optar por el recurso que les da la pandemia de coronavirus para pedir al tribunal que les permita declarar a distancia y los magistrados se lo han concedido. Esto ha provocado interrupciones, como en el caso del exdiputado Juan Ignacio del Burgo, cuya testifical se ha tenido que posponer a la espera de mejor conexión, y situaciones singulares como que Javier Arenas no mirara a cámara. Sólo Álvarez-Cascos, el también exministro Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez han optado por la antigua normalidad y han hecho acto de presencia en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Del Burgo y Nasarre podían parecer en un principio favorables a las tesis de las acusaciones, pero aunque los dos han reconocido que recibieron dinero en efectivo, han apuntado que su impresión es que todo era legal porque firmaron recibís. Ninguno ha cambiado la versión que ya dieron durante la instrucción del procedimiento, pero sí hay un matiz que va a afectar a uno de los testigos más esperados, pues ha declarado que Aznar le autorizó en 1991 el pago de una "compensación económica" en efectivo a Calixto Ayesa, excargo de UCD que asumió la dirección de una consejería en el Gobierno navarro. 

Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en la comunidad foral. El dinero que le dio el PP pudo proceder de donaciones anónimas, según Del Burgo, porque era una de las fuentes de financiación de los partidos políticos, pero rechaza que exista una "conexión con nada que se tratara de un dinero negro". Aznar, que siempre ha negado la existencia de una contabilidad opaca y al que Bárcenas nunca ha señalado a diferencia de Rajoy, deberá dar su versión sobre este asunto.

Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.

Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la KitchenKitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.

En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.

Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.

"Organizan una operación para sustraerme los documentosque servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.

Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".

La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.

Dos políticos imputados

Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.

Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.

Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".

Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.

Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".

El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.

Los fondos reservados

Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El GordoEl Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior. 

Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi;Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El Paísde las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.

La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado esta semana un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que Mariano Rajoy conocía la existencia de una financiación irregular en el partido, de la que sitúa su origen en 1982, casi diez años antes de lo que había declarado en un principio. "De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.

En el escrito, de ocho páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas también habla de los sobresueldos que él mismo y el también extesorero Álvaro Lapuerta –ya fallecido– pagaban a dirigentes del partido y que él llama "complementos salariales". Según su versión, adelantada por el diario El País, recibieron estos complementos Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.

Bárcenas explica que hace años firmó "la paz" con su partido al entender que se estaban haciendo gestiones para tratar de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Eso le llevó a retirar la denuncia en la causa por la destrucción de los ordenadores que utilizaba en la sede de la calle Génova. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente los casi trece años de condena para la esposa del extesorero, quien ingresó hace unos meses en la cárcel de Alcalá-Meco. Todo ello se une, indica, a la operación Kitchen, el operativo parapolicial que se ha destapado en el marco del caso Villarejo y que tuvo lugar en 2013 financiado con fondos reservados para robarle documentación que se podía haber quedado tras ser despedido del PP.

“Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, en concreto en la operación Kitchenoperación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales ―no acordadas judicialmente― e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces Gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales”, explica Bárcenas, que ofrece a Anticorrupción su "colaboración" en otras causas abiertas que afectan al PP, como es la trama Púnica y la pieza principal de la caja B.

Una vez se han ido conociendo las pruebas de la operación Kitchen así como la entrada en prisión de su mujer fueron los detonantes que llevaron a Bárcenas a cambiar de abogado y modificar la estrategia de defensa que había venido manteniendo. El escrito que ha presentado en Anticorrupción llega a pocos días de que dé comienzo el juicio por la reforma de la sede central del PP en Madrid con dinero negro, fondos supuestamente extraídos de esa contabilidad B que el extesorero admitió que existía hace casi ocho años.

"Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos y que en lo que afecta a los hechos que se enjuicia en esta pieza, parten del periodo de 2004 a junio de 2008, siendo ya presidente D. Mariano Rajoy; Secretario General el señor Aceves; y tesorero D. Álvaro Lapuerta", explica, para después apuntar que en 2007 "existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela por cuantía de unoas 500.000 euros y en el ejercicio 2008 de algo más de 1.000.000 euros", de los cuales "se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos a la remodelación de la sede del PP en Madrid".

Donativos de empresarios

Los donativos de los que se nutría esa caja B, dice el extesorero, procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas". Las entregas, añade, "se realizaban en metálico directamente a Álvaro Lapuerta", aunque admite que estuvo "presente en algunas de ellas". Según Bárcenas, el motivo por el que Lapuerta se encargaba de recibirlas "era porque se trataba de una persona de la máxima confianza del partido y la persona designada de poner en conocimiento, si fuera el caso, al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública". Este dinero en metálico no se recogía en la contabilidad que el PP presentaba al Tribunal de Cuentas "con la finalidad de poder destinarla a otros fines".

No obstante, aclara que la "inmensa mayoría" de estos donativos "no tenían una naturaleza finalista", esto es, como "contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado", aunque sí existieron "algunos casos concretos en los que sí concurrió aquella motivación". La existencia estos donativos, que según Bárcenas se ingresaban en el banco en efectivo en muchas ocasiones "en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de 60.000 euros", aunque también se guardaban en una caja fuerte en la sede del partido, continúa en investigación en una pieza separada a la de la reforma de la sede en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Las entregas, continúa el escrito, se hacían en la sede de Génova, "en concreto en el despacho de Lapuerta", aunque "en ocasiones en los restaurantes donde se quedaba con el donante". El perfil del autor de estos donativos: principalmente empresarios que contaban con importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos.

Bárcenas asegura que Lapuerta era la persona que controlaba en todo momento la contabilidad B, pues era el que decidía qué cantidades se ingresaban en la caja fuerte, el que llevaba una relación de las entradas y salidas y hacía la previsión de los gastos "a los que hubiera que atender para el Partido Popular". En este sentido, el extesorero enumera todos aquellos pagos que se efectuaban con el dinero de los donantes.

Afirma que Lapuerta daba todas las órdenes

Un tipo de gasto es lo que él denomina "pago de retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones" para personas vinculadas al PP, y aquí es cuando cita a Rajoy, Cospedal, Acebes, Arenas, Álvarez Cascos, Rato, Trillo, Del Burgo y García-Escudero. A ellos el sobresueldo se lo daba "personalmente" Lapuerta, aunque "en ocasiones" también el propio Bárcenas. Según su versión, era el primero el que daba "instrucciones" al segundo para "sacar el metálico de la caja fuerte situada" en su despacho, "con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente".

En este punto, el extesorero revela que "existe una grabación en poder de una persona en la que Álvaro Lapuerta en una conversacion grabada por esa persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy". Bárcenas asegura que dirá el nombre de la persona que dispone de esa grabación "oportunamente por razones de oportunidad procesal".

En cuanto a las obras de la sede de Génova y su financiación, el extesorero explica en su escrito que la ejecución de la reforma se negoció con la empresa Unifica en unas reuniones en las que participaron Lapuerta, el arquitecto Gonzalo Urquijo y él. Los tres acordaron "pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de en torno a un 10%". Para ello, en la documentación que se preparó "se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, a fin de pagar con el metálico procedente de la caja B parte de la ejecución de estas obras".

Acciones de Libertad Digital

En la última parte de su escrito, el extesorero del PP se refiere a la compra de acciones de Libertad Digital con los fondos de la caja B. En total, 140.000 euros que sacó Bárcenas de la caja fuerte de su despacho y entregó a Lapuerta en 2004. Según explica, el motivo de la compra fue que este medio de comunicación "resultaba afin a las ideas del PP y especialmente a las tesis de autoría de ETA de los atentados del 11M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de esas acciones.

Bárcenas indica que tres años después, en el primer semestre de 2007, tuvo conocimiento de que Lapuerta "había procedido a vender las acciones", aunque asegura que desconoce el precio pero sí que los fondos no fueron devueltos a la caja B.

Aquí puedes leer íntegro el escrito de Luis Bárcenas:

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, juez clave en la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, queda fuera definitivamente del tribunal que juzgará el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la contabilidad opaca que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas. El Pleno de la Sala de lo Penal, que se reunió este viernes, ha rechazado el escrito que había presentado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) en el que se solicitaba la reincorporación del juez después de la sentencia del Tribunal Supremo que validó las pruebas de la caja B.

Según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, los magistrados de la Sala consideran que el argumento de Adade amparándose en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre nulidad de actuaciones no es válido en este momento del procedimiento, ya que debe ser durante el propio acto de la vista oral o una vez finalizado éste cuando deben plantearse este tipo de razonamientos, ni tampoco son ellos los que deben posicionarse al respecto, sino que la acusación popular debe dirigirse al actual tribunal, cuya composición no se puede alterar por esta vía.

De Prada fue apartado del tribunal que juzgará a partir del próximo 8 de febrero el caso de la caja B, en el que el que el PP está acusado como presunto responsable civil subsidiario, en octubre de 2019. Fue la misma Sala de lo Penal la que aceptó las recusaciones presentadas tanto por el partido conservador como por el extesorero ya se ha pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad en negro en la sentencia de la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, la misma sentencia que se publicó a finales de mayo de 2018 y llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. A este magistrado se le atribuyen los planteamientos con los que se daba por acreditado la existencia de esa caja B.

Pero todo esto fue antes de que el Supremo se pronunciara. Un año después de que De Prada fuera apartado, en octubre de 2020, el alto tribunal confirmó la sentencia que había declarado al PP beneficiario económico –partícipe a título lucrativo– de la trama Gürtel y ratificó también que, tal como sostuvo la Audiencia Nacional, existía la caja B del partido "o contabilidad 'extracontable", sobre la que Bárcenas ostentaba "plena capacidad de control y disponibilidad".  En una de sus 1.844 páginas, el Supremo lo expuso literalmente así: "El Tribunal  [la Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP".

La sentencia del Supremo llevó a Adade a pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anulara la recusación de De Prada al entender que no cabe "mantener en vigor las censuras a la sentencia (...) pues ya ha sido aceptada" por el alto tribunal. Afirmaba además que el pronunciamiento del juez en la sentencia de Gürtel no obedecía tanto a una toma de postura, sino que resultaba necesario para un adecuado conocimiento de la causa, por lo que el tribunal de instancia "no se extralimitó".

Desde la acusación popular citaban el artículo 24.2 de la Constitución para subrayar que la garantía del juez predeterminado por la ley tiene como objetivo sustraer la designación de juez o magistrado a toda discrecionalidad y se apoyaban en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener que el hecho de que un juez se haya pronunciado sobre delitos similares, pero diversos, no puede por sí mismo socavar su imparcialidad en un caso posterior. Así, apelaban al "supuesto excepcional" que prevé el artículo 241 de la LOPJ para solicitar que se declarara la nulidad de actuaciones del auto de octubre de 2019 que apartó a De Prada del tribunal de la caja B.

A sólo quince días de que dé comienzo el esperado juicio sobre el presunto pago con dinero negro de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, la Sala de lo Penal ha abordado el escrito de Adade y ha optado por rechazarlo por no ser el momento procesal oportuno para plantear una nulidad. La Sala expondrá sus conclusiones en una resolución que hará pública la próxima semana.

En la vista oral, el tribunal –que estará compuesto por los magistrados José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García– examinará las pruebas sobre la contabilidad opaca o en B que gestionaron durante años los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y si esa caja se nutría con fondos de empresarios amigosamigos. Serán cuarenta sesiones en las que el partido conservador se sentará, figuradamente, en el banquillo una vez más como presunto responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que otros acusados podrían haber cometido –apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública–. Ahí está la importancia de este procedimiento, no tanto por lo que se juzga como por las implicaciones que tendrá para el partido que ahora preside Pablo Casado.

Aznar y Rajoy, testigos

Están acusados también Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, los socios de Unifica –la empresa que presuntamente cobró en negro la reforma– Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, para quien el fiscal pide el sobreseimiento. Pero la expectación estará más en las testificales, pues están citados a declarar los dos expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares y no por la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional, donde no fue citado ni en la fase de instrucción, para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Sí compareció en la comisión de investigación del Congreso, en la que aseguró que "no existe ninguna caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional: lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era jefe del Ejecutivo, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja B en el partido que presidió entre 2004 y 2018 porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.

Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila, y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido, todos ya fuera de la primera línea de la política.

Los nombres de los empresarios Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres no son desconocidos para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En concreto, para Manuel Morocho, el investigador del caso Gürtel, que les ha situado como supuestos donantes del PP. En el último informe que ha entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que indaga en la supuesta contabilidad opaca del partido conservador, el inspector solicita que se requiera a otro juzgado del mismo tribunal, el encargado del caso Tándem, los dosieres que el comisario jubilado José Manuel Villarejo guardaba en su domicilio sobre los presidentes de las empresas Constructora Hispánica, S.A. y Licuas, S.A.

En el informe, al que ha tenido acceso infoLibre, la UDEF quiere examinar los "archivos documentales conteniendo dosieres sobre las empresas Constructora Hispánica, S.A. y Licuas, S.A. con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres Sánchez, respectivamente, constan como aportantes de dinero en metálico a la cuenta analítica de ingresos por donativos y su aplicación en concepto de gastos". Estos documentos le fueron incautados a Villarejo en el registro de su domicilio cuando fue detenido en noviembre de 2017.

Ambos empresarios aparecieron vinculados con las donaciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas iba anotando en la contabilidad opaca del partido. A raíz del levantamiento del secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem, la relativa a la operación Kitchen, la UDEF ha tenido conocimiento de información que sería relevante para su investigación sobre la caja B, pieza desgajada del caso Gürtel que es la única de la macrocausa de corrupción que continúa abierta. En concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 5 que hasta hace sólo un par de días dirigía José de la Mata –acaba de dejar el puesto al haber sido designado representante de España en Eurojust– sigue indagando en la posible financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

De hecho, García-Pozuelo ya confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de obras públicas y fue condenado a dos años de cárcel sustituibles por una multa por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena que no le obligaba a entrar en la cárcel. Fue en 2015, cuando admitió haber abonado 4,1 millones de euros entre 2002 y 2004 al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.

Además de los dosieres sobre Constructora Hispánica y Licuas, la Policía Nacional pide al Juzgado Central 5 –que asumirá el magistrado Santiago Pedraz hasta que se designe a un nuevo titular– que solicite todas las pruebas recabadas en torno a la operación Kitchen operación Kitchen, ya que este operativo parapolicial ajeno al control judicial se habría puesto en marcha en 2013 para sustraer a Bárcenas información sensible que se habría llevado del partido y que podría comprometer a sus dirigentes, documentación que podría estar relacionada con la caja B.

Dinero oculto de Bárcenas

Entre esa información sustraída, los investigadores de la caja B quieren también acceder a datos que podrían contener la ubicación de patrimonio oculto del extesorero del PP, por lo que reclaman los interrogatorios practicados en 2019 al que fuera chófer de Bárcenas y confidente policial, Sergio Ríos, y de los comisarios imputados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Este último le dijo al juez Manuel García Castellón que el objetivo de Kitchen era identificar a posibles testaferros de Bárcenas y que informó al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que había descubierto que el extesorero disponía de fondos en Cracovia (Polonia) y las Antillas Holandesas. 

Los investigadores de la UDEF ven acreditado que la Kitchen, en la que participaron altos mandos policiales como el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, aparte de Villarejo y García Castaño, se llevó a cabo "extramuros del procedimiento judicial eludiendo el control judicial que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez de instrucción", y que tuvo éxito. Según el informe, de 40 páginas, existe una "relación directa" entre el espionaje a Bárcenas y la investigación de la caja B , "tanto desde el punto de vista temporal por cuanto su planteamiento, ejecución y finalización son coincidentes, como en cuanto al sujeto, puesto que la persona de Luis Bárcenas y su entorno constituyen el elemento subjetivo en torno al cual se construye la investigación".

La UDEF destaca que entre ambas investigaciones hay un "elemento objetivo de esclarecimiento de unos hechos subyacentes" que son los llamados papeles de Bárcenas, documentación que habría sido la finalidad última de la operación Kitchen. Operativo que no se puso en conocimiento del juez del Central 5, que era el que investigaba esa supuesta caja B del PP, y de la propia unidad policial que se encargaba de las indagaciones desde el principio, todo ello para "impedir su incorporación al procedimiento judicial".

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

Considerada la de mayor alcance político del caso Gürtel hasta la demoledora sentencia de la considerada pieza principal, la que en 2018 desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, la vista oral de los llamados papeles de Bárcenas lleva ya casi cinco años en espera de que la Audiencia Nacional señale fecha para su comienzo. Oficialmente, nadie explica el porqué de tal demora. 

Sea cual sea la causa última del retraso en la celebración de la vista oral, lo cierto es que hoy, a cuatro meses de que se cumpla un quinquenio de incertidumbre sobre cuándo y qué ocurrirá, otra investigación judicial en el candelero amenaza con devolver al primer plano las anotaciones de la contabilidad paralela que el extesorero del PP fue plasmando a mano durante dos décadas. Y esa investigación es la del caso Villarejo, uno de cuyos puntales se localiza en el dispositivo policial y parapolicial desplegado en 2013 y pagado con fondos reservados para evitar que Bárcenas conservara más papeles incriminatorios para el partido. Es decir, papeles adicionales a los manuscritos contables que en enero de aquel año ya habían salido a la luz y sobre cuyo contenido ordenó diligencias casi de inmediato el juez de Gürtel. A espaldas de aquel juez –entonces, Pablo Ruz– se hizo la operación de espionaje a Bárcenas, bautizada en el caso Villarejo como Kitchen y que avanza ahora bajo secreto de sumario.

Fue el 28 de mayo de 2015 cuando el magistrado que había tomado el relevo de Ruz y finalizado la instrucción de la pieza de papeles, José de la Mata, dictó lo que en el argot jurídico se conoce como “auto de apertura de juicio”. A partir de ese auto ningún recurso puede impedir que los acusados –cuatro aquí, con Luis Bárcenas en cabeza y el PP como responsable civil subsidiario– se sienten en el banquillo.

A lo largo del lustro transcurrido desde entonces, la Audiencia ha juzgado no solo la pieza troncal sino otras tres ramas del frondoso y complejo árbol de GürtelGürtel: las que afectaban a la financiación ilegal del PP valenciano, donde se produjo la confesión del antiguo número dos del PP regional, Ricardo Costa, y la de nueve adjudicatarios de contratos de la Generalitat; la de los contratos a la trama con el Ayuntamiento de Jerez, donde quedó exonerada antes de la vista oral la entonces alcaldesa porque el Supremo adujo que no tenía por qué saber lo que firmaba; y la referida a las adjudicaciones de Aena. La Audiencia también ha fijado ya para marzo el inicio de una cuarta vista, la de la visita del papa a Valencia.

En esos cuatro casos, los respectivos autos de apertura de juicio habían sido posteriores en no menos de seis meses al de la contabilidad b del PP. Sus “rollos de sala”, el número de expediente que se asigna a cada causa en cuanto llega a la sala competente, reflejan, por tanto, una fecha más tardía. 

"Nada" impide el juicio

Parte de lo investigado sobre los papeles de Bárcenas volvió a la fase de instrucción en marzo de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de la pieza troncal, la llamada Época 1: básicamente, lo que dijo el jefe de la red es que hubo empresarios que pagaron comisiones a cambio de contratos públicos.

Pero esa parte reabierta, cuya nueva fase de investigación reabierta expira en principio antes del verano, quedó desgajada de la pieza que ya entonces se encontraba pendiente de juicio. En la que irá a juicio en cuanto la Audiencia marque fecha, el tribunal debe emitir dictamen sobre cuatro cuestiones: la existencia y funcionamiento de una caja B: si el PP pagó con dinero negro 1,5 millones de la reforma de su sede central; la falta de declaración del impuesto de sociedades del PP en 2008 y la compra de acciones de Libertad Digital. El primero, sin duda, es el que mayores complicaciones presenta por lo ya expuesto sobre la sentencia de mayo de 2018.

Que las revelaciones de Correa partieron en dos la pieza de los papeles de Bárcenas lo ilustra un escrito del juez José de la Mata. El 15 de octubre de 2018, el juez que había resumido la investigación sobre los hipotéticos pagos de empresarios dirigió a la Sala Penal de la Audiencia una providencia casi didáctica. En ese texto, De la Mata no solo explicaba qué cosas de la pieza original habían vuelto exactamente a sus manos y cuáles eran las que se encontraban ya en espera de vista oral sino que añadía una afirmación tajante: el contenido de las diligencias reabiertas “no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento”.

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

Cuatro recusaciones y un auto que da oxígeno al PP

Hasta ahora y desde febrero de 2016, cuatro jueces han sido apartados del tribunal que debe dirigir la vista oral cuando se celebre, tres conservadores y uno progresista. El segundo factor por orden cronológico, más volátil en cuanto a su peso jurídico pero plúmbeo en lo político, consiste en que el PP aguarda en vilo que triunfe su recurso y el Tribunal Supremo revoque la citada sentencia de 2018: es decir, la dictada tras un macrojuicio que dibujó el mapa global de Gürtel, trazó las líneas maestras de cómo funcionaba la trama en conexión con responsables del PP en distintas administraciones, declaró al partido beneficiario económico de los desmanes y dio por probada la existencia de una caja B. Porque el tribunal dictaminó que el partido recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

Pero el profundo calado de la sentencia de 2018 –sostienen los juristas consultados– en absoluto impide juzgar las ramas que cuelgan del tronco de Gürtel. Es decir, otras piezas como las tres ya juzgadas a lo largo de estos cinco años y la que se juzgará a partir de marzo. O también, esta de los papeles de Bárcenas, exclusivamente centrada a efectos del juicio en la contabilidad paralela y en el efecto que esta pudo tener en el pago de la reforma de la sede central del PP, la de la calle Génova.

Por qué entonces sigue sin conocerse cuándo se celebrará la vista del juicio sobre la contabilidad opaca es una pregunta para la que infoLibre carece de respuesta incuestionable: la Audiencia no ha accedido a dar explicaciones. Y es aquí donde, ante el silencio oficial, emergen las preguntas. Y la más evidente parece esta: ¿influyen realmente las sucesivas recusaciones? 

Una fuente jurídica que conoce muy de cerca el caso ofrece un no taxativo: "La fecha del juicio de los papeles se podía haber fijado antes incluso de que terminara la vista de Época 1 y cuando ya se habían resuelto las dos primeras recusaciones y nadie se había planteado aún siquiera las restantes. Se podía calcular que la sentencia iba a estar para mayo de 2018 y, de hecho, el ponente, Ángel Hurtado, estuvo meses exento de reparto de asuntos para que pudiera dedicarse a la sentencia". Al quedarse en minoría, Hurtado acabó renunciando a redactar por completo la resolución y emitió un voto particular contrario al pronunciamiento sobre la contabilidad B del PP.

Firmante del recurso de mayor envergadura política, el partido de Pablo Casado se siente ahora respaldado en su recurso por el auto con que la Audiencia Nacional apartó el pasado mes de octubre al último de los cuatro recusados, miembro del tribunal que dictó la primera sentencia y demonizado por los conservadores a partir de ese momento, José Ricardo de Prada, de talante progresista. Es a Prada a quien el PP considera responsable de que la sentencia hable de la caja b. La formación conservadora terminó por recusarlo para juzgar los papeles de Bárcenas. Pero, como recuerda una fuente, la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, "tardó varios meses en reunir el pleno de la sala para decidir sobre la recusación de De Prada". Y eso demoró, objetiva y nuevamente, la posibilidad de fijar una fecha para el juicio. Las acusaciones siempre han dudado de Espejel, que fue junto con Enrique López, hoy consejero de Justicia del Madrid y responsable de esa área en el PP, la primera jueza recusada y apartada en Gürtel.

La "íntima cohesión" entre ramas del mismo árbol

Aunque el auto que sacó del tablero de los papeles de Bárcenas a De Prada no corrige ni anula la sentencia de 2018 porque solo el Supremo puede dar ese paso, su texto llega a decir, con otras palabras, que la Audiencia se extralimitó. Los hechos relativos a la caja B, dice la resolución de octubre,"no eran objeto estricto de enjuiciamiento"y ese pronunciamiento no era "absolutamente necesario". 

La afirmación de que no era "absolutamente necesario" hablar de la caja B topa con uno de los argumentos que ciertas fuentes destacan de la sentencia y que, en la vorágine desatada en la primavera de 2018, pasó más inadvertido: que sin constatar que tal caja o contabilidad nutrida con fondos ajenos al circuito legal existía, Bárcenas, por ejemplo, no habría sido condenado también por apropiación indebida: indebida porque parte de su dinero oculto –es lo que sostiene la sentencia– procedía en realidad del partido.

Y topa también esa afirmación del auto –opinan juristas que asimismo piden que no se les identifique– con una de las tesis centrales por las que Anticorrupción defendió que ni la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, ni Enrique López, hoy consejero de Justicia en el Gobierno de Madrid y responsable de esa área en la ejecutiva nacional del PP, podían participar no ya en el juicio principal de Gürtel ni en el de los papeles, de los que ya habían sido apartados, sino en ninguno conectado a la causa: porque entre todas las piezas había una "íntima cohesión". Lo que desde el inicio han defendido la acusación pública y la privada es que el caso Gürtel se troceó en piezas por razones de orden práctico y procedimental. Pero que todas las piezas son, en efecto, ramas de un tronco común. 

El argumento de la "íntima cohesión" fue esencial para que la Fiscalía se opusiera a que ninguno de los dos primeros jueces recusados y apartados de la pieza central Gürtel rozaran la de los papeles de Bárcenas ni ninguna de las restantes. Los dos magistrados apartados fueron los ya citados Concepción Espejel y Enrique López. En octubre de 2015 quedaron excluidos del tribunal del macrojuicio de Época 1. Y en febrero de 2016, también del futuro juicio de los papeles de Bárcenas. Ambos habían sido propuestos en épocas anteriores a su desembarco en la Audiencia como vocales para el Poder Judicial (CGPJ) gracias al voto parlamentario del PP. Entre quienes votaron a Espejel figuraba, por ejemplo, Luis Bárcenas, senador hasta que el estallido y avance de Gürtel le llevó a dimitir en abril de 2010.

El tercer recusado y apartado por su afinidad al PP fue el juez Juan Pablo González, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ya en 2019, la Audiencia excluyó a José Ricardo de Prada. Según la Audiencia, haber participado en el primer juicio podía contaminar a De Prada y obstruir su capacidad para valorar los hechos en la pieza sobre la caja b sin tener una idea preconcebida. 

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, le ha espetado este miércoles a los diputados del PP que traición a España es "blanquear dinero" el mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, con "191 muertos y 1.857 heridos encima de la mesa". "¡Eso es el PP!", ha censurado en su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos que recoge Europa Press.

Lastra se refería así al apunte existente en la libreta de la contabilidad paralela del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que recoge una anotación el día de los ataques terroristas de un ingreso de 200.000 euros realizado por Juan Cotino, entonces delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, un movimiento que Cotino ha negado.

La acusación de Lastra ha tenido lugar durante su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos, que ha dedicado a denunciar la actitud, a su juicio "irresponsable", tanto de las derechas de PP y Ciudadanos como de los independentistas por disponerse a no permitir la tramitación de los Presupuestos por mero interés "partidista".

Al líder del PP, Pablo Casado, Lastra lo ha llegado a "responsabilizar" de la fractura social que se está provocando en este país como consecuencia de la "estrategia de crispación" desarrollada por este partido en colaboración con Ciudadanos desde el mismo momento en que el PSOE ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy.