El sector duro del Partido Popular gana peso en la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha anunciado todas las incorporaciones al arranque del congreso del partido, que finalizará el próximo domingo. Una de las principales novedades es la vuelta de Alberto Nadal, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en 2018 durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, al que el antecesor de Feijóo, Pablo Casado, también incorporó a su dirección tras su llegada.

Nadal se hará cargo de la vicesecretaria de Economía y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Juan Bravo, pero no se incorporará hasta el mes de septiembre, "cuando termine sus obligaciones laborales en Estados Unidos", explican fuentes del partido.

Bravo, por su parte, será vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras. En el PP tratan de hacer ver que no es una degradación porque será él, quien aglutine "las competencias que llevan en el Gobierno de España la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como los ministros [Oscar] Puente, [Isabel[ Rodríguez y [Óscar]López", apuntan. Sin embargo, el hecho de haber perdido la cartera de economía indica que Feijóo no estaba todo lo satisfecho con él de lo que cabría esperar.

Feijóo, además, mantendrá a Borja Sémper en la portavocía nacional pese a los rumores sobre su posible salida —que se hubiera interpretado como una victoria total de las tesis más radicalizadas en el PP—y a Elías Bendodo, actual vicesecretario de Política Autonómica y Municipal desde que fue apartado de su cargo como coordinador general del partido. 

También seguirán en sus respectivos cargos la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez y la portavoz en el Senado, Alicia García. Ambas, pero especialmente esta última, estaban en las quinielas para salir de la dirección nacional, como sí han hecho Ana Alós y Paloma Marín, vicesecretarias de Igualdad y de Desarrollo Sostenible respectivamente.

Más allá de estos nombres, quien sale ganando es Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso, que se hará cargo de la secretaría general pero también de las competencias en el área de organización, que hasta ahora estaba en manos de Carmen Fúnez, que pasará a ser vicesecretaria de Sanidad y Política Social, cargos que desempeñaba Ester Muñoz, que ocupará el puesto de Tellado en la portavocía de la Cámara Baja.

Tellado ejercerá a partir del sábado el "mando único en la gestión de los asuntos internos del partido, la relación con las autonomías y el diseño y planificación de los procesos electorales", según fuentes de Génova. Cuando, en 2016, el expresidente de la Xunta lo eligió para la secretaría general del PPdeG, Feijóo ilustró la designación con un paralelismo futbolístico. "Ya sé que me dirán que no es Cristiano Ronaldo o Messi", pero "sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial", expresó para evidenciar su confianza.

El líder del PP también le ha reservado un asiento en Génova a la eurodiputada Alma Ezcurra, de perfil duro, como vicesecretaria de Coordinación Sectorial. Ezcurra se encargará de "canalizar las propuestas de las diferentes entidades de la sociedad civil para enriquecer el proyecto político del Partido Popular, así como de fortalecer la cohesión estratégica global del partido en colaboración con el resto de Vicesecretarías", según explican fuentes de Génova.

La madrileña ha trabajado directamente a las órdenes de Mariano Rajoy en Moncloa, pero también con José María Aznar en la Fundación FAES. En la etapa más reciente fue asesora en el Congreso durante la época de Pablo Casado y después pasó por la Asamblea de Madrid, donde destacó por un duro discurso que realizó sobre la amnistía. Su cruzada contra el independentismo es tal que lamentó "tener que verlos en la calle vivitos y coleando", en un mitin de las europeas. Actualmente es eurodiputada y presidenta de la Fundación Reformismo 21, además de una de las ponentes del documento ideológico del congreso.

Además, otro diputado madrileño, Jaime de los Santos, se incorporará a la cúpula de Feijóo como el nuevo vicesecretario de Educación e Igualdad. Durante la etapa de Rajoy en Moncloa ejerció como asistente de su mujer, Elvira Fernández, un cargo por el que se embolsaba 60.000 euros brutos al año. Después, fue el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Cristina Cifuentes.

Pablo Casado llegó a la presidencia del Partido Popular a finales del pasado julio tras ganar a Soraya Sáenz de Santamaría en la última fase del congreso extraordinario que Mariano Rajoy puso en marcha tras perder la moción de censura. En el primer aniversario de esa moción de censura, un buen puñado de dirigentes clave de esta etapa de Rajoy ya no forman parte de la primera línea de la política. Han dado el salto al sector privado.

En la campaña que le condujo hacia la victoria en el congreso, Casado insistió mucho en la idea de que si él ganaba, nadie perdía. Pero no es ningún secreto que la mayoría de quienes se han ido en los últimos meses del partido han dado el paso porque no han encontrado acomodo en el nuevo PP. "Lo de que si ganaba nadie perdía era más un lema que un propósito", subraya un exdirigente conservador.

El exministro de Justicia Rafael Catalá, que apoyó a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario, ha sido el último hasta la fecha en anunciar que deja la política. 

El anuncio lo hizo esta última semana en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP de Cuenca. Catalá se presentó a las generales como número uno por esta circunscripción. "Necesitamos personas nuevas, proyectos renovados, ilusionantes. Tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión para liderar ni con la energía que hará falta en este proyecto", dijo.

En los comicios generales, en Cuenca los conservadores se hicieron con un escaño y el 26,79% de los votos. En 2016 fueron dos las actas obtenidas y el 45,75% de los apoyos.

A partir de ahora, Catalá se volcará en su actividad privada. Desde noviembre de 2018, el exministro tenía autorización para tres actividades diferentes: miembro de la Fundación Atlético de Madrid, consultor en la firma Herbert Smith Freehills y el ejercicio de la abogacía en su calidad de colegiado en Madrid.

Un goteo constante de bajas...

La primera gran baja en la etapa de Casado fue la de Soraya Sáenz de Santamaría, que perdió de forma clara el congreso extraordinario de julio. La exvicepresidenta dejó pasar el verano para reflexionar sobre su futuro y el 10 de septiembre anunció que se apartaba.

En un comunicado, la mujer con más peso en los Gobiernos de Mariano Rajoy anunció su decisión de "abandonar la actividad política y emprender otra etapa".

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el despacho de abogados Cuatrecasas.

"Es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como mi familia y para mí", justificó. En marzo se anunció su fichaje por el despacho de abogados Cuatrecasas y su entrada en el consejo de administración de la firma. Abogada del Estado, Sáenz de Santamaría lidera en este despacho la práctica de Corporate Governance y Compliance.

"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", destacó la protagonista en su vuelta al sector privado.

El adiós de Cospedal... empujada por los audios de Villarejo

El pasado 5 de noviembre, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal renunciaba a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. De momento, mantenía su escaño en el Congreso, su cargo de presidenta de la Comisión de Exteriores y un puesto en la Diputación Permanente de la Cámara, el órgano parlamentario que desempeña las funciones del pleno fuera del periodo ordinario de sesiones.

La renuncia llegaba tras días de filtraciones de conversaciones entre ella, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Conversaciones en las que encarga al agente dossieres sobre el dirigente del PP Javier Arenas o Alejandro Rubalcaba, hermano del exministro del Interior fallecido hace unas semanas.

Cospedal, en el hemiciclo del Congreso. EFE

La presión, unida a que la dirección del PP marcó claras distancias con ella, provocó que dos días después Cospedal renunciase también a su escaño. En un comunicado, difundido desde su perfil de la red social Twitter, Cospedal enmarcaba la decisión en el contexto de "liberar al PP de cualquier ataque". Y en el de que su partido se sienta "libre" a la hora de "denunciar" la situación que vivía un Gobierno como el del socialista Pedro Sánchez, "con dos ministros cesados y otros cuatro seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta".

Pocos meses después, en enero se supo que había reingresado en la Abogacía del Estado y su nuevo destino estaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Otro de los miembros del Gobierno de Rajoy que ha sido baja en el PP de Casado ha sido la exministra de Empleo Fátima Báñez. Sobre su marcha hay dos versiones tan antagónicas como contradictorias. En Génova aseguran que no quiso escuchar ofertas; en su entorno mantienen que se sintió apartada. Y más allá de las opiniones la realidad es tozuda: el número uno del PP al Congreso por la provincia de Huelva, la circunscripción de Báñez, ha sido Juan José Cortés, padre la la niña Mari Luz, asesinada en 2008, y uno de los símbolos de la defensa de la Prisión Permanente Revisable.

"He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", escribió en Twitter el pasado 15 de marzo.

Sólo dos días antes, el hombre que había sido portavoz del Gobierno en la última etapa de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba que se apartaba de la política.

Como Báñez, el también exministro de Educación se había decantado por Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de sucesión que tuvo lugar el verano pasado.

José Luis Ayllón fue otro de los puntales de los gobiernos de Mariano Rajoy y otro de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario. Primero fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; después, director de gabinete de Rajoy. El pasado 20 de mayo, menos de un mes después de las generales y a pocos días de las autonómicas y municipales, Ayllón decía adiós a la política. Su nuevo destino es la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), donde se ha incorporado como responsable del Área de Contexto Político.

Del mismo grupo que Ayllón es Álvaro Nadal, exministro de Energía y exresponsable de la Oficina Económica de la Moncloa. Nadal también está ya fuera de la primera línea de la política y su destino está en Londres, para ocupar su plaza de Técnico Comercial y Economista del Estado.

La presentación de su libro, Lo que no son cuentas son cuentos (Deusto), congregó en Madrid el pasado 20 de mayo a gran parte del marianismo, con el propio Rajoy a la cabeza.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Nadal cargaba contra los argumentos de integración de Casado. "No es verdad lo que dice Casado de que se ha integrado el que ha querido. Ha prescindido del equipo económico de Rajoy", señalaba. Él es uno de los ejemplos, pero también Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Rajoy, que se quedó fuera de las listas.

¿Hacia un equipo más "plural"?

A Casado se le critica por no haber hecho nada para evitar muchas de estas fugas en los últimos meses. Y por haber hecho un equipo muy a su medida prescindiendo de perfiles que tenían mucho que aportar. Los ganadores han sido personas ideológicamente mucho más conservadoras que quienes trabajaron codo a codo con Rajoy. Personas que se han caracterizado precisamente por ser muy críticas con el expresidente Rajoy y muy identificadas con el aznarismo.

Este diario ha informado de que sectores del PP esperan que, tras este intenso ciclo electoral, Casado introduzca cambios en el dirección del partido que trasladen la idea de que quiere que el partido se abra al centro. Esta cuestión fue uno de los argumentos que sobrevoló en la tensa reunión que el presidente del PP mantuvo el pasado lunes en Génova con los barones territoriales del partido. 

En el partido existe preocupación por los nombramientos que están por venir. Casado tiene pendiente elegir al portavoz en el Congreso. Los barones creen que apostar por Cayetana Álvarez de Toledo sería un error porque daría un mensaje contrario al giro al centro que creen necesario para que el partido vuelva a ganar elecciones generales. De momento, el jefe de los conservadores no ha descartado a la que fue número uno por Barcelona en las generales. Y es más: hay quienes creen que, tras los resultados de las municipales y autónomicas, ha ganado autoridad para seguir adelante con su apuesta. Es paradójico. Pero donde los barones del PP ven un giro al centro [en la campaña del 26M], Casado no ha visto cambio alguno.

El recibo medio de electricidad se ha disparado este mes de mayo casi un 8% con respecto a abril, registrando así su mayor subida en lo que va de 2018, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido en mayo a 69,85 euros, frente a los 64,82 euros del mes anterior. Para hacer un cálculo homogéneo se ha tenido en cuenta el último día del mes de marzo y el mes completo de abril, ya que mayo cuenta con 31 días.

De este importe total de la factura, 14,88 euros corresponden al término fijo, 40,04 euros al consumo, 2,81 euros al impuesto de electricidad y 12,12 euros al IVA.

Con respecto a mayo del año pasado, un ejercicio que estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía, el recibo de la luz de este mes registra un incremento de más del 5%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (KWh), propia de una familia con dos hijos.

Repunte en el precio de la electricidad

Este encarecimiento en el recibo de la luz de mayo se debe, principalmente, al repunte registrado en el mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool.

En concreto, el precio medio del mercado diario de mayo se situó en torno a los 55 euros por mega vatio hora (MWh), casi un 18% más que el precio medio del mismo mes de 2017 y casi un 29% superior al del pasado mes de abril.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Este miércoles, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ya señaló que el aumento del precio de la luz en mayo se debió a la escasa producción hidráulica que, pese a las abundantes lluvias de las últimas semanas, los pantanos "no desembalsaron tanto"; así como a que hubo tres reactores parados, un menor viento y un ascenso del precio de los derechos de CO2, que en los últimos meses ha pasado de 3 euros a 5 euros, lo que ha encarecido el precio del carbón y del gas.

Un ahorro de más de 12 euros en lo que va de año

No obstante, la factura acumula en los cinco primeros meses un abaratamiento del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2017, en el que enero fue un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, registrando en algunos momentos puntas que superaron la cota de los 100 euros por MWh.

Así, entre enero y mayo de este ejercicio el recibo de la luz suma un importe de 333,39 euros para el consumidor, frente a los 345,82 euros que tuvo que destinar en los cinco primeros meses de 2017. Esto representa un ahorro de más de 12 euros.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017.

La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

En Comú Podem ha pedido explicaciones al ministro de Energía, Álvaro Nadal, por la incorporación de su antiguo jefe de gabinete al Consejo de Administración de Enagás, lo que la formación catalana enmarca en la dinámica de las puertas giratorias que llevan de la política y la Administración a las grandes empresas, informa Europa Press.

El portavoz adjunto de la formación catalana, Josep Vendrell, se refiere al caso de Ignacio Grangel, un abogado del Estado que fue jefe de gabinete de Nadal cuando éste ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, que después fue fichado por Red Eléctrica (REE) y que acaba de incorporarse a la cúpula de Enagás como consejero independiente.

En un escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, el representante de Unidos Podemos recuerda que Grangel va a cubrir la vacante de Luis Valero Artola, que fue secretario general de Industria con el también exministro del ramo, José Manuel Soria, y que en el Consejo de Administración de Enagás coincidirá con históricos del PP como el eurodiputado Marcelino Oreja, las exministras Isabel Tocino y Ana Palacio y el expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha.

Y enmarca estos casos a la "impronta de antiguos diputados o altos cargos políticos que se ha dejado sentir en los Consejos de Administración de las empresas con mayores beneficios de España", fundamentalmente energéticas, como los expresidentes Felipe González en Gas Natural y José María Aznar en Endesa; los exministros Elena Salgado en la filial chilena de Endesa y Ángel Acebes en Iberdrola.

"Hemos tenido en numerosas ocasiones un 'puente aéreo' entre el Ejecutivo y el legislador, y el legislado –explica Vendrell–. A este tipo de conflictos de intereses entre la gestión de la administración pública, orientadora de la planificación de los programas sectoriales, y la participación de referentes políticos con sus evidentes ligámenes en estructuras de intereses de carácter corporativo, se les ha dado en llamar coloquialmente como 'puertas giratorias'".

En ese contexto, el diputado pregunta al Gobierno si cree "deseable" que los máximos representantes de los partidos políticos pasen a ejercer como profesionales en empresas con actividad en sectores estratégicos y, en caso afirmativo y parafraseando al exvicepresidente socialista Pedro Solbes, pide saber si realmente "sería una desgracia que las puertas giratorias no existieran".

Sobre el caso concreto de Enagás, empresa de transporte de gas participada por la SEPI en un 5%, Vendrell quiere conocer si el ministro Nadal se ha reunido últimamente con los exdirigentes del PP que forman parte del Consejo y si llegó a hablar con los ejecutivos de la compañía sobre el fichaje de quien fue su director gabinete. "¿Tenía el Ministro constancia de dicha propuesta?", interroga.

Y dado que, pese a este tipo de fichajes, España es uno de los países de la Unión Europea donde más han subido los precios del gas, el parlamentario de En Comú pregunta si realmente fue un acierto la creación en 1994 de un monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural "sin concurso y a puerta cerrada". "¿Considera que el mercado gasista en España funciona correctamente?", concluye.

Mark Zuckerberg es, sin duda, la cara visible de FacebookFacebook. Pero, el fundador y consejero delegado de la empresa californiana, y ahora en el centro de la polémica, aún no ha salido a dar la explicaciones tras la información de que Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Trump y el 'sí' en el referéndum del Brexit. Ni lo ha hecho públicamente ni a través de su perfil en la plataforma, herramienta que usa habitualmente como púlpito para informar sobre las últimas novedades de su compañía. Así lo hizo al inicio del 2018 para contar que su próposito de año nuevo era "arreglar" Facebook o cuando anunció que los usuarios comenzarían a ver en su muro más publicaciones de amigos que de páginas de medios de comunicación, empresas o marcas. 

Hasta el momento, sólo el vicepresidente de la compañía, Paul Grewal, a través de un comunicado en la zona de medios de la compañía, y el ya exjefe de seguridad, Alex Stamos, a través de su cuenta de Twitter, han salido a dar explicaciones del escándalo. Incluso, y según informa The Daily Beast, Zuckerberg fue uno de los grandes ausentes en la sesión de control de daños que se llevó a cabo en la sede de Facebook este martes para informar a los empleados. Tampoco estuvo presente otra figura clave ahora mismo en la compañía: Sheryl Sandberg, la actual número dos. "Mark, Sheryl y sus equipos trabajan a todas hora para conocer todos los hechos y tomar las medidas adecuadas para avanzar, porque entienden la gravedad de este problema. Toda la compañía está indignada porque fuimos engañados. Nos comprometemos a aplicar enérgicamente nuestras políticas para proteger la información de las personas y tomaremos las medidas necesarias para garantizar que esto ocurra", explicó un portavoz a este medio de comunicación estadounidense. 

Y esta ausencia de Zuckerberg es aún más la relevante cuando los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unidos y la Unión Europea ya han pedido su comparecencia. Llama la atención el caso estadounidense. En noviembre de 2017, Facebook, Twitter y Google ya acudieron al Senado para responder sobre las injerencias rusas desde sus respectivas plataformas en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. En aquella ocasión, la empresa con sede en Menlo Park envío al comité de Inteligencia a su vicepresidente y consejero general, Colin Stretch. 

Ahora, Facebook parece que tendrá que dar explicaciones en solitario. Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos ya han pedido que Mark Zuckerberg testifique ante el Congreso a raíz del escándalo. La primera en reclamar la presencia del fundador de Facebook, tal y como recoge Techcrunch, fue la senadora Amy Klobuchar durante el fin de semana. Ahora ya cuenta con el apoyo de Mark Warner, el demócrata más destacado en el comité de Inteligencia del Senado: "Es momento de que Zuckerberg y otros consejeros delegados testifiquen ante el Congreso. El pueblo estadounidense merece respuestas sobre la manipulación de las elecciones de 2016 en las redes sociales". La principal demócrata en el comité de Justicia del Senado, Dianne Feinstein, también ha resaltado que "50 millones de personas perdieron su privacidad" y considera que " debe venir (al Congreso) el jefe de Facebook, y no a su abogado ni a su 'número dos', para (...) decir si están realmente preparados para liderar la industria hacia algunos controles que eviten que esto pase".

Pendientes de la respuesta de Zuckerberg están en el Comité de Comercio del Senado estadounidense. Su presidente John Thune y los senadores Roger Wicker y Jerry Moran enviaron una misiva al líder de Facebook para convocarlo de nuevo a testificar. "Mark Zuckerberg debe ser citado si no aparece voluntariamente, comparecer bajo juramento, en público, junto con otros directores ejecutivos en el mismo espacio", aseguró el senador Richard Blumenthal a los periodistas el lunes. 

Reino Unido y la UE piden su comparecencia

Por su parte, el Parlamento de Reino Unido ha ido ya un paso más allá y ya ha enviado un requerimiento a Mark Zuckerberg para reclamar su comparecencia ante el Comité de Cultura, Deportes, Digitalización y Medios de la institución. Y pone fecha: solicitan al líder de la red social que confirme su presencia antes del día 26 de marzo. "Después del material publicado en los últimos días, el Comité desea solicitar su presencia para prestar testimonio oral", ha indicado, según recoge Europa Press, el presidente del comité parlamentario, Damian Collins, en la carta remitida al consejero delegado de Facebook. Asimismo, en la misiva recuerda que ya han sido varias las ocasiones en las que las autoridades británicas han preguntado a la plataforma cómo gestiona los datos de sus usuarios: "Las respuestas obtenidas han subestimado constantemente los riesgos y han engañado al Comité". "Es la hora de que escuchemos a un alto ejecutivo de Facebook con autoridad suficiente para relatar los detalles de este catastrófico fallo", añade Collins.

El Parlamento Europeo también ha invitado a Zuckerberg a una comparecencia en la institución comunitaria. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha pedido a través de su cuenta de Twitter la presencia del consejero delegado de la compañía californiana para que aclare si los datos obtenidos por Cambridge Analytica se han utilizado para "manipular la democracia". Horas antes de este mensaje, Tajani criticaba que el uso fraudulento de datos de usuarios es una "violación inaceptable" de los derechos de privacidad de los ciudadanos del bloque comunitario.

El domingo la comisaria de Justicia y Consumidores, Vera Jourova, ya había salido al paso de una polémica que tildó de "horrorosa". Asimismo, y aprovechando la visita que va a realizar durante esta semana a Estados Unidos, anunció este domingo que pediría "aclaraciones" a Facebook para "entender mejor el problema".

"Filtraciones como las de Facebook pueden ocurrir en España"

En España, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reconocido que casos como el de la filtración de datos personales por parte de Facebook se pueden dar en España porque "no existe una normativa europea ni internacional que acote el uso de estos datos de una manera aceptada por todo el mundo", según recoge Europa Press. El ministro también ha explicado que España cuenta con una Ley de Protección de Datos, igual que la tiene Europa, pero, a su juicio, "el tema no es tanto que haya una normativa, como establecer los sistemas de control adecuados para que estos casos no sucedan". "Debemos reflexionar sobre ella (la ley), porque continuamente evoluciona el mundo tecnológico y siempre debemos ir ampliando los horizontes y ver cómo la normativa se adapta a los cambios, pero es verdad que deberíamos tener una capacidad mayor de control y un concepto mas adecuado sobre la manera en la que se puedan o no usar los datos", ha apuntado.

El ministro Nadal también ha recocido que el debate sobre la protección de datos está "muy abierto" tanto en el ámbito de la Unión Europea como a nivel mundial. Según ha explicado, España se encuentra en el lado de países como Alemania o Francia, que piden "prudencia ante posibles efecto ambiguos" del uso de estos datos. En el otro lado se encuentran, según el ministro, otros países que defienden una utilización de la información "lo más abierta posible". "Siempre hemos pedido cautela frente a determinadas posturas que defienden que todo esté abierto y sin control. Estamos viendo que cuando esto no se hace podemos tener problemas", ha insistido.

Alexander Nix, suspendido de Cambridge Analytica

Con el debate abierto y mientras Zuckerberg sigue desaparecido, este martes Alexander Nix, el consejero delegado de Cambridge Analytica, fue suspendido con efecto inmediato de su cargo tras abrirse una investigación por el escándalo. "En opinión de la junta, los recientes comentarios de Nix filtrados por Channel4 y otras alegaciones, no representan los valores de la empresa y su suspensión refleja la seriedad con que vemos esta violación", han indicado en un comunicado recogido por Europa Press. 

Alexander Nix de Cambridge Analytica

Su sustituto al frente de Cambridge Analytica será Alezander Tayler. Ocupará el cargo de forma interina mientras se lleva a cabo una investigación independiente, que será dirigida por Julian Malins QC. Interán arrojar luz en un escándalo que tiene su raíz en una de sus aplicaciones 'thisisyourdigitallife', obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. Su empresa, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Sin embargo, como se ha descubierto ahora, también recopilaba información de los amigos de Facebook de los sujetos del estudio, con lo que se lograron millones de datos. En concreto, lograron información de un total de 50 millones de usuarios que ayudaron a configurar perfiles psicológicos que después serían fundamentales para poder enviar mensajes electorales diseñados específicamente para ciertas audiencias.

En 2015, Cambridge Analytica entró en la campaña de Ted Cruz como candidato republicano en las primarias republicanas para las presidenciales. Se le pagó a la plataforma 750.000 dólares. Meses más tarde, y a cambio de seis millones de dólares, se pasaron a las filas de Donald Trump, ya por aquel entonces candidato a presidente. En el mismo año de las elecciones estadounidenses, Cambridge Analytica también participó en la campaña a favor del referéndum del BrexitBrexit.

Cambridge Analytica se aprovechó de uno de los grandes agujeros de Facebook: los accesos que permite la red social a las llamadas aplicaciones de terceros. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación, pero prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad. Sin embargo, la permisividad de los chicos de Menlo Park para atraer a los desarrolladores ha sido uno de los focos de críticas de los expertos ya que acusaban a la plataforma de poner en peligro la privacidad de sus usuarios. Algo que ahora, ha quedado en evidencia.

Fuentes financieras indicaron a Europa Press que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que "siguen trabando" en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya decidido tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de diciembre paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonó a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Una "enorme litigiosidad"

En comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinó este miércoles una "enorme litigiosidad" entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre.

"Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia", dijo. Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras la comparecencia, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, "ahora mismo ese coste no se está pagando".

Situación de impago

Por ello, consideró que al tratarse de "una situación de impago" es previsible que "la gente acuda a los tribunales". "Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intente unos a otros hacerse responsables", añadió al respecto.

Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia "para pagar" no es del Gobierno, sino de la CNMC, que es quien hace la liquidación del sistema, "y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor".

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

España logró en 2017 batir por quinto año consecutivo su récord histórico en llegadas de turistas internacionalesturistas, con un registro de 81,4 millones de visitantes —6,2 millones de turistas más que en 2016—, lo que supone crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior, según los datos definitivos de la encuesta Frontur publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante 2017, los turistas extranjeros que visitaron España gastaron en nuestro país 86.823 millones de euros, con un aumento del 12,2%. La cifra supera en más de un 3% la adelantada por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que cifró entorno a los 84.000 millones de euros el gasto realizado por los 81,8 millones de turistas internacionales que pasaron por nuestro país en 2017.

En diciembre, cuatro millones de turistas internacionales visitaron España, un 0,2% más que en el mismo mes del año 2016, según los datos de Frontur.

La mayoría de turistas son de Reino Unido

Durante 2017, los principales mercados emisores de los turistas llegados a España fueron Reino Unido, Alemania y Francia.

Reino Unido, con 19 millones de turistas, un 6,2% más, se mantuvo como principal emisor de visitantes, seguido de Alemania, con 11,7 millones de turistas, un 6,1% más. Por contra, el número de turistas franceses se redujo un 0,1%, hasta los 11,2 millones.

Cataluña fue la principal comunidad de destino durante 2017, con 19 millones de turistas, un 5% más que en 2016. Por detrás, se situaron Canarias, con 14,2 millones, un 7,2% más, y Baleares, con 13,8 millones y un aumento del 6,1%.

La congelación de la parte regulada de la tarifa que fija el Gobierno –los denominados peajes de acceso correspondientes a redes de transporte y de distribución y otros pagos regulatorios– no impedirá que los precios de los suministros energéticos sigan subiendo en 2018. La previsión del Gobierno es que la factura del gas se incremente alrededor de un 6% de media, mientras que tampoco se descartan nuevas subidas en la de la luz, que ya aumentó un 10,8% en 2017, según datos de FACUA-Consumidores en Acción.

En el ámbito de la electricidad, los expertos consultados por infoLibre destacan que esta variación de precios se produciría en un contexto de desconfianza en el sistema por parte de los consumidores que es consecuencia, en parte, del hecho de que cinco grandes empresas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo– se encargan de producir y venderse a ellas mismas la energía. Esas mismas cinco compañías controlan, además, el 95% del mercado doméstico. En el sector del gas también despierta suspicacias la opacidad en los costes de las materias primas pues, por ejemplo, los contratos privados de suministro de las empresas del sector gasista en terceros países son secretos.

"Los mercados energéticos en España son poco transparentes y están controlados por muy pocas empresas. Esa falta de competencia contribuye a elevar los precios. El mercado de la telefonía nos enseñó que la entrada de competencia en un servicio esencial contribuye a abaratarlo", explica Javier García Breva, exdirector del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE). A juicio de este experto otro elemento que juega en contra del sector energético español y de los consumidores es que las principales empresas están en manos de fondos de inversión extranjeros.

El ingeniero Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y experto en regulación, también cree que hay un problema en las "reglas de juego" del mercado. "Durante 2017 hemos podido constatar que una congelación de los peajes no implica necesariamente una congelación del recibo. Hay que tener en cuenta que una gran parte de la factura, en torno al 35%, procede del coste de generación de la electricidad", explica.

El llamado pool o mercado mayorista –en el que se fija ese coste de generación– está referenciado al precio de las energías más caras (carbón y gas). Es decir, es un mercado con un solo precio para toda la electricidad con independencia de cuál sea la tecnología y la fuente energética desde la que se genera. "El problema es que a centrales sobradamente amortizadas, como las nucleares, que además no reportan sus costes desde principios de los años noventa, se les aplica el mismo precio que a otras", señala Morales de Labra.

Problema regulatorio de fondo 

El Gobierno achacó las últimas subidas a la sequía, que mermó la producción hidroeléctrica, una de las energías más asequibles, y obligó a quemar carbón y gas. Según los expertos, que se mantenga o no el nivel de precios en 2018 no va depender únicamente del agua, pues creen que hay un problema regulatorio de fondo. "En 2017 la producción hidroeléctrica fue del 7% del total, mientras que en 2016 había sido del 14%. Es normal que ese 7% que se tuvo que sustituir saliera más caro pero no tiene sentido que el otro 93% también y pagamos por ello un 40% más a pesar de que sus costes no tuvieron ninguna variación relevante", ilustra Morales de Labra. 

Esta circunstancia es consecuencia de la actividad del citado pool, que funciona a través de un modelo de casación marginalista en el que la última energía que entra acaba marcando el precio para todas. Este sistema existe en el resto de países europeos, si bien la particularidad de España es que el precio que fija la central más cara se traslada directamente a las facturas de los consumidores domésticos que han optado por el precio regulado con la tarifa que fija el Gobierno a través del llamado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). En otros países como Francia, por ejemplo, sólo afecta a una parte de ese apartado de la factura. El previsible aumento para 2018 se asienta en la hipótesis de que la meteorología seguirá siendo adversa y el precio del petróleo continuará subiendo. 

Para García Breva otra de las circunstancias que provocará que la luz siga subiendo en 2018 es el déficit de potencia de renovable instalada como consecuencia de la moratoria aprobada en 2012 y la inseguridad jurídica generada por esta decisión. "En 2017 se ha visto que el sistema eléctrico español adolece de defectos serios a los que se sigue sin poner remedio. Es un disparate premiar a las energías más caras y poner barreras a las que pueden bajar el precio", asevera.

Este experto cuestiona, por ejemplo, que Reino Unido o Francia tengan más energía fotovoltaica que España cuando su irradiación solar es un 30 o un 40% inferior. "Tampoco tiene sentido que una compañía como Iberdrola, que ha demonizado a la solar fotovoltaica y la termosolar en España, sea la empresa que más eólica está produciendo en Escocia o Reino Unido", ilustra. 

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la subida "desproporcionada" del precio de la luzdel último año y teme nuevos incrementos en 2018. "La pasividad del Gobierno ante la escalada tarifaria denota su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética, cientos de miles de cortes de suministro por falta de capacidad de pago y multitud de familias que se privan del uso de la calefacción en invierno", señala un portavoz. 

Según Morales de Labra mientras no haya una verdadera reforma integral del sector España seguirá manteniéndose entre los países de Europa con precios eléctricos más altos. De hecho, los últimos datos publicados por Eurostat [consultar aquí], correspondientes al primer semestre de 2017, constatan que los consumidores domésticos españoles son los quintos que más pagan por el recibo de la luz solo por detrás de daneses, alemanes, belgas e irlandeses. 

Encarecimiento del gas

Por otro lado, el Ministerio de Energía también prevé que las dos tarifas de gas experimenten subidas en 2018. El precio de la TUR 1, que es la habitual para clientes que usan el gas para agua caliente y cocinar (con un consumo inferior a 5.000 kWh al año), subirá un 4,9%. Y la TUR 2, a la que se acogen los que usan el gas para el agua caliente y la calefacción (o que consumen entre 5.000 y 50.000 kWH anuales), se incrementará un 6,6%.

Según el departamento que dirige Álvaro Nadal estas subidas están ligadas al encarecimiento de la propia materia prima en los mercados internacionales, cuyo precio se ha incrementó en un 18,8% durante el último trimestre de 2017. En este hecho tiene especial relevancia la dependencia energética de España cuyo sistema gasista se abastece principalmente de Argelia y, en menor medida, de Nigeria, Noruega, Catar y Perú, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).  

García Breva explica que esta dependencia contribuye a aumentar los precios. "Una economía que depende de los precios que le ponen terceros países está pendiente de un hilo. La primera medida que debería tomar un Gobierno serio es establecer un objetivo de reducción de la dependencia energética sustituyendo combustibles fósiles por renovables de forma progresiva", señala. 

A nivel mayorista, los grandes productores de gas que tienen vinculado su producto a un posible sustitutivo, el petróleo, que ha subido un 25% en el último año. "La cuestión es que en España se agudizan los problemas porque tenemos un mercado pequeño, muy concentrado y con pocos operadores que sigue arrojando diferenciales de precio superiores a los de la media europea", explicaMorales de Labra. 

La esperada subida en la tarifa del gas también ha motivado la queja de la asociación de consumidores Facua, que denuncia que "lejos de aliviar la situación económica de las familias españolas, el Gobierno toma medidas insuficientes y no baja la tarifa de gas natural para alcanzar al menos los niveles del comienzo de su legislatura".

La ONG ambientalista Greenpeace ha desplegado este viernes en el antiguo Palacio de la Música de la Gran Vía madrileña una pancarta en la que parodian al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, como los protagonistas de Lo que el viento se llevóLo que el viento se llevó para criticar su "impuesto al sol" y la inacción ante el cambio climático.

En la pancarta, con la imagen de la fotografía del cartel del filme, Nadal, en el papel de Rhett Butler, asegura que "jamás" volverá a cerrar una central térmica. "Francamente, querido, el cambio climático me importa un bledo", contesta Rajoy como Escarlara O'Hara.

Así, se afirma que "tras su drama El impuesto al sol, presentan Lo que Rajoy nos dejó, un filme con mucho cambio climático y pocas renovables". Además de la pancarta, miembros de Greenpeace han subido a la terraza del edificio para desplegar carteles contra el "impuesto al sol".

Hasta la Gran Vía han acudido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para proceder a retirar la pancarta, ha informado un portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha revelado que algunas compañías eléctricas han solicitado no sólo el cierre de centrales nucleares o de carbón, sino también de ciclos combinados de gas.

"Tenemos numerosas peticiones de cierre de centrales, no solo de carbón, también de gas", ha desvelado Nadal en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, donde ha señalado que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas centrales, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios "lógicos".

Nadal ha explicado que mediante este real decreto se pretende adoptar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional. Así, considera que la norma tiene como finalidad establecer las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales de generación eléctrica son "coherentes" con los instrumentos de planificación energética y "compatibles" con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía.

"Pongamos que una compañía dice que quiere cerrar una central argumentando que no es rentable. El real decreto nos permite analizar si esa central es necesaria para mantener el suministro, si el cierre es adecuado por motivos medioambientales o de precio o bien si otro agente quiere encargarse de ella. Unos pueden tener sus estrategias empresariales, pero el Gobierno tiene que controlar que esto se hace bien", ha señalado.

A este respecto, ha abogado por tratar de mantener en el mix energético las tecnologías que son baratas, como la nuclear, que no genera CO2, o el carbón, y ha señalado que el cierre de las centrales nucleares encarecería el precio de la tarifa eléctrica un 25%, mientras que la clausura de las centrales térmicas de carbón supondría un sobreprecio del 15% en las horas punta, es decir, en los días más fríos del invierno o en los más calurosos del verano.

Nadal ha señalado que tras la última reforma del sector, con condiciones meteorológicas que propicien la generación hidrológica y el viento, la electricidad es más barata, habida cuenta de que los peajes que fija el Gobierno, que suponen en torno al 60% del recibo, están congelados, lo que ayuda también a moderar el precio.

Respecto al sector de hidrocarburos, ha explicado que el precio del barril de petróleo se ha asentado en los 60 dólares debido al acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí, lo que se traduce en un incremento en los precios de los carburantes, si bien en España el impacto llega "escalonado", además de que el Gobierno "vigila mucho" los márgenes de comercialización que tienen las petroleras.

En gas, ha explicado, ocurre algo similar, al estar indexado al precio del crudo, y en los derivados como el butano, pese a la subida del 2,1% de la última revisión, el precio de la bombona se sitúa en 14,45 euros, muy por debajo de los 25 euros que cuesta en Francia o los 33 de Alemania.

La actual fórmula de precios de la bombona hace que no se hayan repercutido las subidas de la materia prima con toda su intensidad.

Las tres grandes eléctricas españolas han ganado 4.295 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2016. Si se cumplen sus previsiones, al terminar el ejercicio sus beneficios habrán sumado 5.708 millones. Más de la mitad de esos resultados positivos corresponden a Iberdrola, que ha cerrado sus cuentas hasta septiembre con 2.416,6 millones de euros de ganancias, un 18,3% más que hace un año.

De alcanzarse la cifra programada por las empresas, 2017 será el año que más dinero habrán ganado las tres grandes desde 2014, cuando la venta a la italiana Enel de su negocio en Latinoamérica disparó el beneficio de Endesa hasta los 3.337 millones de euros.

Esas ganancias se registran en sus libros también en el año en que el recibo de la luz ha escalado a máximos en dos ocasiones: en enero y en octubre. A comienzos de año, la factura eléctrica se disparó de media hasta los 87,81 euros, un 9,4% más que en diciembre de 2016. Y el pasado octubre subió un 7%, hasta los 71,49 euros. Para el cálculo se utiliza la medida estándar del Ministerio de Industria y Energía: un consumo medio de 3.900 kilovatios hora y una potencia de 4,4 kilovatios.

Así, hasta octubre, un consumidor medio acumulaba un recibo de la luz de 684,04 euros, 77,55 euros más que en el mismo periodo de 2016, un 12,7% más. El propio ministro de Industria, Álvaro Nadal, pronosticó el pasado enero que la factura se iba a encarecer 100 euros durante el ejercicio y, por cómo se están comportando los precios, va a acertar de pleno. En ese caso, el recibo se elevaría hasta los 852 euros, la cifra más alta desde 2012, cuando llegó a situarse en 873 euros, según los datos del ministerio.

La subida se debe a la suma de múltiples factores. La sequía, que ha vaciado los embalses, ha dejado la producción hidroeléctrica a niveles mínimos, comparables a los años 90: sólo 878 gigavatios hora, la mitad que en octubre de 2016. La falta de viento también ha reducido el peso de la energía eólica en la generación de electricidad. A los fenómenos meteorológicos se ha añadido el recorte de la producción nuclear, debido a la parada de la central de Cofrentes (Valencia). Las tres citadas pasan por ser las fuentes más baratas de entre lasque componen el mix de generación. Por tanto, tener que recurrir a otras más caras ha inflado el recibo: las centrales térmicas de carbón, los ciclos combinados –que consumen gas– y la cogeneración –que utiliza fuel–. La producción de ciclos combinados de gas creció en el último mes un 20,4% y el carbón, un 38,2%. Entre ambas sumaron el 41% del mix, un 6% más que en octubre de 2016.

Como el crudo también ha escalado hasta los 63,74 dólares el barril, y los precios internacionales del gas y el carbón no dejan de subir, ha estallado una suerte de tormenta perfecta justo cuando se espera un aumento de la demanda por la previsible –aunque retrasada este año– bajada de las temperaturas.

La primera medida, 10 meses después

Además, es muy posible que el alza de precios se prolongue en 2018. Al menos eso es lo que creen los analistas del asesor energético para empresas ASE, que destacan las “fuertes subidas” registradas en el mercado de futuros español. Según explican, uno de los motivos radica en que se esperan nuevas paradas técnicas de las centrales nucleares francesas en los próximos meses. El cierre temporal de 21 de ellas a finales de 2016 ya disparó el precio de la electricidad en España en pleno invierno. El 75% de la energía eléctrica en Francia procede de sus centrales nucleares. Con la parada de un número tan elevado de instalaciones, tuvo que aumentar sus importaciones eléctricas españolas. Y al crecer la demanda en España, subieron los precios.

A principios de año el ministro Álvaro Nadal anunció una serie de medidas para evitar que se dispare el precio de la luz. Se trata, sobre todo, de influir en el precio del gas. De momento, sólo ha aprobado la primera de ellas, y lo ha hecho este mismo viernes en consejo de ministros. A partir de ahora, Gas Natural y Endesa, como operadores dominantes, deberán ejercer como “creadores de mercado obligatorios” en el mercado organizado Migbas (Mercado Ibérico del Gas). Es decir, tendrán que presentar de manera continuada ofertas de compra y venta, para aumentar la liquidez en el mercado y suavizar los picos de precios en situaciones de escasez.

Además, el ministerio quiere aumentar en un 75% la oferta de gas que deben tener almacenados los operadores en invierno. También pretende evitar subidas en el precio de la luz recurriendo a la interrumpibilidad: unas subastas entre las grandes industrias consumidoras de electricidad para reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema. Según explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, hace sólo unos días, el Gobierno aún está negociando la reforma con Bruselas y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el ministerio se ha cuidado mucho en precisar que el conjunto de medidas “sólo servirán para mejorar el funcionamiento del mercado, pero no para abaratar artificialmente los precios”.

Beneficios millonarios y cargas fiscales

Desde 2012 hasta octubre de este año, las tres grandes eléctricas han sumado beneficios por un importe total de 34.140 millones de euros, de los que 15.318 millones corresponden a Iberdrola.

El pasado septiembre, en un acto sobre el sector eléctrico organizado por el diario Expansión, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, negó que España tenga el recibo de la luz “más caro” de Europa. Aunque también admitió la necesidad de “trabajar” para que sea más barato.

No obstante, Villaseca atribuyó buena parte de la culpa del precio final que paga el consumidor al hecho de que más del 50% de los costes correspondan a “decisiones de política industrial o ambiental y a cargas fiscales”. “No debemos olvidar que, si esas cargas desaparecieran, volveríamos a tener la energía con uno de los precios más competitivos de Europa”, aseguró.

La organización ecologista Greenpeace alertó este viernes de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay "ambición" política para frenar el cambio climático, en la presentación de su informe Villanos del clima, en el que desvelan quién está detrás del calentamiento global en España. Para denunciar la contaminación que se genera, subrayaron que "ninguna" central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Lo hicieron sus responsables coincidiendo con la presencia de su barco Esperanza en A Coruña, donde permanecerá atracado unos días para iniciar un recorrido por el Cantábrico bajo el lema Misión salvar el clima.

En rueda de prensa, Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, respectivamente, junto al capitán del barco, Fernando Romo, reclamaron políticas que "favorezcan el desarrollo sostenible" y lamentaron las que en esta materia se están promoviendo en España.

Para poner "cara" a los responsables, la organización ecologista ha elaborado el informe Villanos del clima en el que señalan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ilustra la portada, como uno de los "villanos".

En la presentación de este informe, Tatiana Nuño lamentó que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente "con ninguna organización ecologista", y reivindicó que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen "herramientas" para luchar contra el cambio climático.

Al respecto, criticó que en "el país del sol" el 85% de la energía que se produce en España "proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear". "Con otros cinco países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero", expuso.

"Club de villanos" del cambio climático

Para Greenpeace, la lista de "villanos" la encabeza Rajoy por "apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre" de las plantas térmicas de carbón.

Le sigue el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, "el ministro que odiaba a las renovables", según la ONG, que le incluiría en la lista por haber afirmado que "España no dejará de quemar carbón" y por "pretender continuar con las ayudas al sector". Y continúa con su antecesor, José Manuel Soria, "el malo universal", por "crear el impuesto al sol" y "apoyar prospecciones petrolíferas".

Al "club de villanos de Greenpeace" también se suma el responsable de Industria, Turismo y Comercio del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, "el ministro de los recortes a las renovables", por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica.

Del mismo modo, Rodrigo Rato, "el amigo de las eléctricas", según la organización, que destacó que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por "su amor por el petróleo"; el presidente de Endesa, Borja Prado, "el señor de la energía sucia"; el presidente de Gas Natural, Rafael Villaseca, "el amigo de las emisiones"; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, "el experto en greenwashing"greenwashing, porque su "actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles".

Para terminar la suma de nombres, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, "el guardián de los petroleros", y el propietario del grupo Alonso-Unión Minera del Norte, Coto Minero Cantábrico desde 1985, Vitorino Alonso, "el temor de la mina".

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital vincula la denegación de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central de Santa María de Garoña (Burgos) y la "continuidad" del resto del parque nuclear española a las decisiones que se adopten en el marco del Plan Integral de Energía y Clima que está en proceso de elaboración.

Así lo explica la orden ministerial que deniega la renovación de la explotación de la central nuclear burgalesa, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, según informó Europa Press. En esta orden, firmada por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se establece formalmente el cese definitivo de la explotación que ya anunció este martes el ministro Álvaro Nadal.

En todo caso, la orden ministerial da la opción de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes en el marco del Proceso Administrativo de las Administraciones Públicas o bien un recurso contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La decisión se justifica en el marco de la planificación energética futura; en que desde que Garoña dejó de producir electricidad no se ha producido ninguna "repercusión significativa" en el suministro eléctrico; en que su vuelta a la operación tardaría más de un año así como en la "incertidumbre sobre la disponibilidad de la central a medio plazo".

Garoña ya no es necesaria

Por ello, el Gobierno valora que el reactor de Burgos no resulta necesario para la provisión de energía eléctrica en las condiciones de seguridad de suministro, medioambientales y de precio que el Gobierno, en el ejercicio de su actividad de planificación y definición del mix energético, "considera apropiadas".

Además, recuerda que el Gobierno "pretende" elaborar una planificación energética para el horizonte 2030 y 2050 en la que se incluirá un modelo analítico de proyecciones e impactos que deberá reflejar necesariamente el peso de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, es decir, que se definirá el mix energético.

Para ello, aprobará un Plan Integral de Energía y Clima en el que establecerá los objetivos que el país tendrá que adoptar para cumplir los compromisos internacionales de España en este ámbito. En este contexto, expone que la Comisión de expertos sobre transición energética creada tendrá que analizar posibles escenarios de transición energética que "garanticen la competitividad de la economía, la creación de empleo, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad de suministro".

Según considera el Gobierno, esto "hace patente la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares que actualmente cuentan con autorización de explotación se adopten teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación, que se encuentra pendiente de elaboración".

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunció este martes que el Gobierno había decidido cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Acababa así la etapa de cese temporal de explotación que comenzó en el año 2012, cuando el Ejecutivo aseguró que no se trataba de una decisión unilateral, sino que se iba a estudiar la posible recuperación futura de la actividad.

Según el ministro, uno de los motivos que explican la decisión es "el contexto político" en el que todos los grupos, a excepción del PP, pidieron el cierre de la central. La "falta de certidumbre" y de un "debate sosegado" provocaron este desenlace, según afirmó, ya que "no ha habido interés en hacer un debate con argumentos" sino que "se ha utilizado a Garoña políticamente". 

La central nuclear más antigua de España –comenzó su actividad en mayo de 1971– no ha estado exenta de polémicas a lo largo de su historia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitió hace seis meses un informe favorable a la continuidad de la planta, aunque el ministerio aclaró en ese momento que se tomaría un plazo para estudiar la propuesta y escuchar a "todas" las partes. Nuclenor, empresa participada por Iberdrola y Endesa y titular de Garoña, ya solicitó en el año 2014 la renovación de la licencia de explotación de la central hasta marzo de 2031, es decir, hasta que la planta cumpliera 60 años de actividad. De haber sido así, la planta burgalesa hubiera sido la primera en superar los 40 años de vida. 

Los grupos ecologistas se mostraron muy críticos con la posible continuidad de la planta, por lo que presentaron alegaciones para que el cese de la explotación fuera definitivo. Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, manifestó este mes de julio que Garoña es una central "obsoleta y peligrosa", por lo quese  mostraba contrario a su reapertura, aunque ésta tuviera lugar después de acometer las reformas necesarias. Según manifestó, el Gobierno estaba "cayendo en el ridículo de defender una central nuclear que ya no quieren ni sus propietarios, solo para justificar el alargamiento de la vida de otras centrales hasta los 60 años”. 

Otros partidos políticos como PSOE y Unidos Podemos también se mostraron contrarios a la decisión de dar luz verde al operador para volver a engancharse a la red. En un debate el pasado mes de mayo subrayaron que este tipo de energía no es "imprescindible" en un futuro, a la vez que lamentaron el estancamiento de la transición hacia las energías renovables. 

Greenpeace, a su vez, también manifestó su posición crítica con respecto a la posible apertura de Garoña. El pasado 21 de julio publicó en una nota que la reapertura de la central implicaba "impactos ambientales nunca considerados" y acumulaba "problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria –Nuclenor– no tenía previsto solucionar".

Enresa, la empresa encargada de desmantelar Garoña

La pregunta que surge en este momento es cuáles son los siguientes pasos a seguir para cerrar definitivamente una central nuclear como la de Garoña. En primer lugar, el CSN tendrá que emitir un informe previo a la autorización de desmantelamiento por parte del Ministerio de Energía. La solicitud de la autorización, por otro lado, tiene que ser presentada por la Empresa Estatal de Residuos (Enresa), que será la encargada de realizar esos trabajos. 

Una vez se haya emitido la autorización por parte del departamento que preside Nadal, la titularidad de la planta pasará a formar parte de Enresa que, una vez finalizado el desmantelamiento, ordenará su clausura y cederá de nuevo la propiedad a Nuclenor. "En teoría, cuando se produce este traspaso, la central está limpia", aclara Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.  

La ventaja con la que cuenta Garoña es que parte del proceso ya comenzó después de que cesara su actividad hace ahora cinco años. "El combustible, que es lo primero de lo que hay que deshacerse, ya está fuera" –explica a infoLibre Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción y físico nuclear– pero "Enresa no se hará cargo de la propiedad hasta dentro de dos años". El proceso completo, no obstante, podría llegar a durar hasta 20 años, aunque "durante ese periodo se mantendrían los puestos de trabajo", añade Castejón.

El desmantelamiento de Garoña podría costar más de 300 millones de euros

Según un informe elaborado por Enresa en el año 2011 y divulgado por El Confidencial, los costes de desmantelar la central burgalesa varían en función del mecanismo que se adopte. La primera vía es la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), que consiste en un espacio específico para la gestión del combustible resultante de la planta. Esta opción costaría, según las estimaciones de Enresa, alrededor de 320 millones de euros. La segunda vía consiste, por su parte, en la instalación de un almacén temporal individualizado (ATI), en la propia central nuclear. Este escenario supondría unos costes de 345 millones de euros. 

Estos costes, hasta antes del año 2005, eran asumidos por todos los ciudadanos, puesto que Enresa se financiaba mediante el pago de los españoles a las eléctricas. A partir de ese año, la Empresa Estatal de Residuos comenzó a financiarse a través, únicamente, de las empresas nucleares. El problema de esta situación es que el plan de gestión de residuos está desactualizado desde el año 2010, según Montón, quedando de esta manera desajustado el presupuesto para la gestión de los 40 años de vida de las centrales nucleares. "En España, y a pesar de que la vida útil de las centrales ya ha alcanzado el 84%, la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% del dinero total que se va a requerir", según explica Greenpeace en su informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social.

"El principio del fin de la energía nuclear en España"

Tras conocerse la noticia, la organización ecologista Greenpeace emitió un comunicado en el que celebraba el inicio del desmantelamiento de Garoña, lo que "abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España". "Estamos contentos con la decisión porque representa el principio del fin de la energía nuclear en España",declaró Montón a infoLibre, quien además criticó duramente las palabras pronunciadas por Álvaro Nadal. "El ministro criticaba que no ha habido un debate sosegado, lo cual es mentira, porque desde la organización hemos solicitado en varias ocasiones organizar debates relativos a la ampliación del parque nuclear", aclaró Montón. "Además, la certidumbre política" que solicitaba esta mañana el ministro "no se va a conseguir con el proceso de cierre de ninguna de las centrales nucleares españolas", zanjó.

Ecologistas en Acción, por su parte, calificó la decisión adoptada este martes como una victoria del "sentido común". "Celebramos esta decisión, ha demostrado que el sentido común impera", afirmó Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de la organización. "Ha sido un proceso muy largo, oscuro y de negociaciones encubiertas, si no secretas, entre el ministerio y las centrales", explicó. Además, Castejón se posicionó con Montón en las críticas vertidas a Nadal, a quien acusó de cinismo al quejarse por la falta de diálogo. "Son unas palabras cínicas. Nosotros sí hemos buscado el debate", esgrimió.

López de Uralde, por su parte, declaraba que tras anunciarse el cierre definitivo había sentido "satisfacción de que se termine" este proceso, en el que habían trabajado "muchísimo". "El Gobierno ha tardado mucho en tomar la decisión. El plazo de los 40 años de vida de Garoña se cumplió en 2009, todo el proceso posterior ha sido innecesario".

Mientras tanto, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN denunciaba este martes que el órgano "ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de la corrupción política". En un comunicado, la asociación indicó además que el expediente favorable a la reapertura de la central se gestionó "de manera inadecuada", a la vez que se quejaba de la falta de transparencia interna.

Central nuclear de Zorita (Guadalajara) el precedente de Garoña

La central nuclear de José Cabrera, ubicada en el municipio de Almonacid de Zorita (Guadalajara), es el precedente de la central burgalesa. La planta, perteneciente a Unión Fenosa, echaba el cierre en el año 2006, tras 35 años de actividad. En aquel momento, la central manchega también era la más antigua de España. Cuatro años más tarde, en 2010, se tomaba la decisión de proceder a su total desmantelamiento. 

Como explica Enresa en su página web, hasta el año 2019 no está previsto que se finalicen los trabajos de desmantelamiento completo de la central nuclear de Zorita. El reactor de la planta fue desmontado hace tan solo dos años, en mayo de 2015, quedando únicamente pendientes los trabajos de descontaminación del edificio y del suelo, según informó el periódico Abc. 

Sin embargo, según denunció la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), el proceso de desmantelamiento de la planta "está siendo una experiencia dramática", pues el Gobierno abandonó "totalmente" los pueblos y zonas del entorno de la central de Zorita. Como informó Europa Press, el gerente de AMAC, Mariano Vila D'Abadal, teme que ocurra lo mismo con Garoña y que los 14 pueblos que la rodean sean abandonados a su suerte sin que las administraciones muevan "un dedo" para "compensar el cierre de una actividad económica". 

Con la orden de desmantelamiento de Garoña, quedan ahora cinco centrales nucleares activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación a los 40 años de vida, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. 

El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) anunciado este martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha sido celebrado por la mayoría de grupos políticos y ecologistas.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha calificado la noticia de "magnífica", y ha señalado que su partido lleva "muchos años" exigiendo su cierre.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado junio, ha destacado el cierre "a pesar de los esfuerzos del Gobierno del PP por mantenerlo".

Javier Maroto, vicesecretario Nacional de Política Social y Sectorial del PP, también ha celebrado en su cuenta de Twitter el cierre de Garoña, por lo que ha "luchado muchos años".

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha señalado en su cuenta de Twitter que "ya era hora", y que ahora "hay que conseguir el cierre de las demás" centrales nucleares. 

Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha declarado que su partido se "alegra"  de que Nadal "haya hecho suyas las las tesis sobre Garoña que desde Cs les venimos diciendo desde hace meses", y ha añadido que la central es "inviable desde el punto de vista técnico y desde el de seguridad".

Endesa, socio al 50% con Iberdrola de Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña, ha anunciado que respeta y asume la decisión del Gobierno, pero que esta "afecta única y exclusivamente" a esta planta, por lo que "en ningún caso supone precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de centrales nucleares españolas", en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, Nuclenor ha señalado a Europa Press que analizará la decisión del cierre cuando reciba "formalmente la documentación" para valorarla "adecuadamente y tomar las decisiones que corresponda". La sociedad ha añadido que "continúa sus actividades habituales" de acuerdo con el programa que tiene establecido, ya que mantiene "el compromiso con la seguridad de las personas, las instalaciones y el entorno".

La ONG Greenpeace también ha celebrado el cierre de la central nuclear en un comunicado. Según Raquel Montón, responsable de Energía Nuclear de la asociación, el cierre "abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España".

Montón añade que "Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias".

"Un error histórico" según la Junta de Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha declarado que el gobierno autonómico se ha sentido en "absoluta soledad" y tiene la sensación de que se ha formado un "Fuenteovejuna de todos contra la central" de Garoña, que ha llevado a que no se autorice la renovación de la autorización de la explotación de la planta, lo que es "un error histórico" que tendrá consecuencias "indeseables". 

Santiago-Juárez, del Partido Popular, ha aseverado que desde el Gobierno de la Junta no comparten "esa decisión política adoptada por el Gobierno de España", y se ha preguntado si alguien ha pensado en el millar de trabajadores que se verán afectados por el cierre definitivo de la central.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha informado este martes en rueda de prensa de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) quedará cerrada definitivamente.

Nadal ha señalado como uno de los motivos al "contexto político", en el que todos los grupos políticos salvo el PP han pedido el cierre de la central. "Cualquier central necesita certidumbre para funcionar", ha añadido el ministro, alegando que "no ha habido un debate sosegado".

El ministro de Energía ha criticado al resto de grupos políticos y a los grupos ecologistas porque, según él, "no ha habido interés en hacer un debate con argumentos" y "se ha utilizado a Garoña políticamente". 

El Gobierno toma la decisión de cerrar definitivamente la central "viendo el contexto político de clara oposición", y porque "las circunstancias actuales no dan certidumbre para garantizar que funcione con normalidad". Además, la inversión necesaria para ponerla de nuevo en marcha retrasaría su puesta en funcionamiento "dos años", y los propios accionistas se han mostrado reticentes a su reapertura.

No obstante, Nadal ha apostillado que "es una decisión en un caso singular" y que "no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear". "El Gobierno se posiciona por el mantenimiento del parque nuclear", ha concluido.

La decisión llega seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), emitiera un informe favorable a la continuidad de Garoña. Nadal señaló entonces que el Ministerio se tomaría seis meses para tomar la decisión y escuchar a "todas" las partes.

Nuclenor, empresa titular de Garoña y participada por Iberdrola y Endesa, solicitó en 2014 la renovación de la licencia de explotación de la central —actualmente en cese de operación— hasta marzo de 2031, es decir hasta que el reactor cumpliera 60 años de actividad. Esta sería la primera central nuclear en nuestro país que pasara de los 40 años de actividad, edad a la que se acerca parte del parque nuclear.

"Para justificar el alargamiento de vida de otras centrales"

Grupos ecologistas se mostraron muy críticos con la posible continuidad de la central. Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, declaraba que Garoña es una central "obsoleta, peligrosa", y su reapertura sería "muy cara". López criticaba que el Gobierno "está cayendo en el ridículo", y que "defiende la central sólo para justificar el alargamiento de la vida de otras centrales hasta los 60 años".

Greenpeace presentaba alegaciones el pasado 21 de julio contra la reapertura de la central, porque "implica impactos ambientales nunca considerados" y acumula "problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria no tiene previsto solucionar", según detallaba la asociación en una nota.

El próximo 26 de julio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará 3000 megawatios de potencia en nuevas instalaciones de energías renovables que deberán estar conectadas a la red antes de 2020. La subasta se produce, en parte, para recoger la gran cantidad de potencia ofertada que no se adjudicó en la subasta del 17 de mayo.

Pero la convocatoria ha extendido el malestar en el sector de las renovables. Aunque las asociaciones de empresas energéticas celebran que se produzca una nueva subasta, la mayoría critica el modelo y la precipitación de la convocatoria. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, asegura que su sector no está para nada de acuerdo con el modelo: “Creemos que debería haberse hecho otro sistema. Tenemos un modelo caótico e inhomologable”, sostiene. Y critica que las empresas“van a un concurso en el que no se sabe cuánto se va a cobrar”.

José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), lamenta “esta situación de improvisación y de querer correr”. Y Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), coincide: “Ha sido precipitada y oportunista, viendo el resultado de la anterior”. La complejidad y variabilidad del sistema retributivo trae de cabeza al sector, explica. “La regulación no ayuda. El diseño es tan complicado que hay dudas y llegan los problemas de legalidad”. “Los parámetros retributivos”, añade, “cambian cada tres años”.

En cambio, Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), de la que forman parte las grandes eléctricas españolas cuyo núcleo de negocio nada tiene que ver con las renovables, se muestra satisfecho con la subasta- Montes alaba “la ventaja de que es un sistema muy transparente” y rechaza las críticas al modelo de la subasta: “Aunque es complejo, se basa en parámetros estándar”. Y trata de restar importancia a la inseguridad de la retribución a las empresas subrayando que “una de las misiones del inversor es asumir riesgos”.

Discriminación por tecnologías

La última subasta, en la que la energía eólica se adjudicó la práctica totalidad de los 3.000 megawatios a concurso, causó malestar entre las empresas de otras tecnologías, sobre todo de la fotovoltaica. El sistema, en caso de empate en el precio ofrecido, prioriza la oferta que tenga más horas de funcionamiento en su instalación tipo de referencia (2.367 en el caso de la fotovoltaica y 2.800 en el de la eólica). La adjudicación del 26 de julio, además, deja fuera al resto de tecnologías.

José Donoso, director general de Unef, apostilla que el sistema es “discriminatorio, porque, con el mismo precio, dejó fuera a la fotovoltaica” en la pasada subasta. Y Virgilio, de la AEE, indica que el sector de la eólica tiene una “penalización por tiempo, porque tardamos más en construir la planta”, aunque reconoce que en caso de empate en precio “la eólica tiene ventaja”.

José María González Moya, de la Appa, propone una solución: “Nos gustaría que hubiera subastas diferenciadas entre tecnologías, porque los recursos renovables son heterogéneos”, añade.

El contrapunto lo ofrece, de nuevo, Eduardo Montes, presidente de Unesa: “la tendencia en Europa es ser neutro con respecto a las tecnologías. Es una subasta muy competitiva”.

Falta de planificación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en mayo que se realizaría una nueva subasta, aunque el Ministerio de Energía no hizo pública la fecha hasta el 28 de junio, con menos de un mes de antelación.

Juan Virgilio, director general de la AEE, critica duramente que esta subasta del 26 de julio “no estaba prevista”. “Las empresas participaron en la del 17 de mayo creyendo que era la última”, y añade que “si lo hubieran sabido con tiempo se habrían preparado mejor”.

El director general de Unef, José Donoso, no comparte esta opinión, y señala que muchas empresas tienen los proyectos y documentos preparados por la pasada subasta. “La fecha no nos parece crítica”, afirma.

Objetivos 2020

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, declaró el pasado 28 de junio que, con esta nueva adjudicación de potencia, España llegará al 19,5% de consumo de energías renovables, prácticamente el 20% que quiere alcanzar la Unión Europea para 2020, partiendo de los datos de 2015 que reflejaron una tendencia decreciente alarmante.

Montes, de UNESA, está de acuerdo con estas previsiones, y cree que España podrá cumplir con el objetivo del 20%. En alusión a la escasa inversión en renovables de los últimos años, declara que “ha habido una crisis económica que ha afectado a todo”, y que con estas dos subastas “se intenta recuperar” el crecimiento. “¿Hubiera sido mejor planificar el crecimiento desde 2007? Sí, pero no posible”, concluye.

Virgilio cree que el sector eléctrico “ha hecho los deberes” para cumplir los objetivos, pero advierte de que “el resto de los sectores también tiene que hacerlos”. Además, opina que “no tiene lógica el pico de implantación en 2019”, que es cuando está previsto que se concluya la instalación de la potencia subastada.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que el derecho a la libertad de expresión no tiene las mismas implicaciones en la era de Internet actual libertad de expresiónque cuando se redactó la Constitución Española de 1978, en los comienzos de la televisión en color, y ha subrayado la necesidad de adaptarlo a la era digital.

Así lo ha indicado durante la presentación del grupo de trabajo compuesto por siete expertos que reflexionarán sobre cómo adaptar los derechos fundamentales de los ciudadanos a la era digital, generando una especie de Constitución Digital, y que este martes 28 de marzo ha celebrado su primera reunión.

"Fíjense qué diferente es la libertad de expresión del 78, cuando la televisión empezaba en color y las radios ya llevaban su trayectoria, comparado con el mundo de Internet actual. Evidentemente, la doctrina constitucional consolidada de aquella época, que era muy avanzada y técnicamente muy perfeccionada, la tenemos que trasladar al mundo digital y a lo que ocurre en la red", subrayó el ministro, que ha comparado la revolución digital con la del carbón hace 200 años o la del motor de explosión hace 100.

El Gobierno espera que en esta legislatura se perfilen al menos unos grandes principios de esta Constitución Digital Constitución Digital que ayuden a la elaboración de normas y a la resolución de conflictos en el ámbito jurídico.

Uno de estos principios, según ha señalado Nadal, sería el de igualdad del consumidor en el ámbito analógico y en Internet. "Un consumidor en el ámbito analógico no puede estar peor que uno en el digital y viceversa. Luego dirán los expertos si tiene sentido y en qué circunstancias se puede aplicar, pero este principio básico podría formar parte de un cuerpo normativo que luego se aplique a sentencias, a la elaboración de normas o al desarrollo del trabajo gubernamental", ha explicado.

Privacidad, intimidad y derecho al olvido

Además, los expertos analizarán otros derechos como: el de privacidad y protección de datos, el derecho al honor, a la intimidad, a la participación, el derecho al olvido, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, la protección de los menores o la seguridad en Internet.

Según ha explicado Nadal, se trata de repasar todos los artículos de la Constitución que recogen los derechos y deberes de los españoles y debatir sobre su aplicación en el mundo digital y cuando existan dudas, analizar "qué principios hay que poner sobre la mesa" y, en la práctica jurídica, "cómo se deben solucionar los conflictos".

Tras realizar un primer diagnóstico, el grupo deberá promover un debate nacional con posiciones académicas, sociales y políticas así como contribuir al debate europeo colocando a España en una posición de "cierto liderazgo" en Europa en lo que se refiere a este debate. Para el ministro, acciones como este grupo de trabajo y no tanto las de "ir apagando fuegos" son las que se recuerdan en el futuro de un Gobierno, aunque ha reconocido que las otras también son necesarias.

El recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la asociación Facua-Consumidores en Acción que recoge Europa Press.

En concreto, con las tarifas del 1 al 28 del mes pasado, el usuario medio con la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mismo mes en 2016, indicó la asociación.

En enero, la factura batió "todos los récords", según Facua, al situarse en 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros del mismo mes del año pasado, aunque un 15,4% superior a la de este mes de febrero.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) este mes de febrero fue de 15,55 céntimos (12,23 céntimos más impuestos), después de que el mes anterior alcanzase los 18,75 céntimos (14,74 céntimos más impuestos). En febrero de 2016 el kWh se situó en 11,69 céntimos (9,19 céntimos más impuestos).

En un comunicado, Facua, que denuncia "la actitud complaciente" con el sector que viene adoptando el ministro de Energía. Álvaro Nadal, reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una "tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos".

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, "impropio de un servicio esencial", y pide que se baje al tipo mínimo permitido por la normativa europea, "legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor".