Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein reaccionaron este viernes celebrando la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave.

"Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: "Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'".

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.

"Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida", declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido daños porque el FBI "no hizo su trabajo".

Farmer añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la Administración Trump asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclasificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, va a instar a la Abogacía del Estado para que reclame judicialmente el archivo de Francisco Franco que obra en poder de la fundación que lleva el nombre del dictador.

Así lo ha anunciado en una entrevista en TVE recogida por EFE, en una jornada en la que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco y el fin de la dictadura, que marcó el inicio de una transición que derivó en la democracia.

Sobre el archivo, el ministro ha subrayado que pertenece a los españoles y a los investigadores para que todo el mundo pueda documentar la "represión" que se produjo durante ese periodo y todo lo que allí hay porque "evidentemente pertenece al dominio público".

Ha asegurado que tienen un informe "claro" que dice que los archivos son de "dominio público" porque son referidos a su actividad como jefe del Estado y, por lo tanto, pertenecen a la administración.

Este informe se hizo el pasado 4 de julio para determinar en concreto el carácter público o privado de archivo y concluye que el fondo documental procede del despacho y dependencias privadas del dictador.

Sostiene que todos los documentos fueron consecuencia de las funciones públicas que desempeñó Francisco Franco y que, por lo tanto, son de carácter público.

De ahí que considere que deben ser "restituidos al Estado" y conservarse en un archivo público en virtud de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El archivo consta de 27.620 documentos que están digitalizados: se conservan unos 950 documentos de los años 30 (un 3,4% del total), 8.500 documentos de la década de los 40 (un 30,8%), 9.500 de los 50 (34,4%), 5.700 documentos de los años 60 (20,6%) y 1.040 documentos de los 70 (3,8%). Junto a ellos hay otros 2.000 sin fechar.

Estaba llamada a ser la gran causa contra Podemos. La Gürtel de la formación morada. El procedimiento que destapase sus "cloacas" –como tituló algún diario–. Al fin y al cabo, tenía todos los elementos para conformar, como se hizo, un relato mediático y político de corrupción alrededor del partido que había llegado a las instituciones para regenerarlas. Se hablaba de sobrecostes en la reforma de la sede, de facturas falsas, de financiación irregular y hasta de una caja B. Pero no había nada, absolutamente nada. Y así lo ha confirmado la Audiencia de Madrid, que este martes ha puesto punto y final de manera definitiva a cuatro años de acoso a través del caso Neurona.

Las llamadas Diligencias Previas 1181/2020 arrancaron tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente por hechos que podían ser constitutivos, entre otros, de blanqueo de capitales, administración desleal o financiación ilegal. El denunciante, que había sido despedido de la formación, tampoco ponía sobre la mesa un relato excesivamente sólido. Buena parte de su primera comparecencia ante el juez José Manuel Escalonilla se sostuvo sobre rumores –"es lo que me dicen que está pasando" o "se estaba rumoreando esto"–. Pero eso no impidió al titular del Juzgado de Instrucción nº42 de la capital impulsar el caso.

Neurona se convirtió en el gran frente de ataque contra Podemos durante toda la pasada legislatura. La gota china perfecta para erosionar poco a poco a una formación convertida en objeto de caza mayor de la derecha y la ultraderecha. El partido, y buena parte de su dirección, fue imputado en el verano de 2020, cuando apenas llevaba seis meses formando parte del Ejecutivo de coalición. Y desde entonces, ha tenido que hacer frente a un torrente continuo de sospechas y rumores que coparon la agenda política y mediática. Solo en 2020, por poner un ejemplo, los informativos de la televisión pública emitieron 68 noticias sobre la financiación de Podemos y esta macrocausa.

Prácticamente desde el primer momento, Neurona se convirtió en una macrocausa. Se abrieron una decena de líneas de investigación. Y se indagó sobre los contratos del partido con una consultora portuguesa de cara a las generales del 28A, las obras en la sede del partido, el uso que se hizo de la llamada Caja de Solidaridad o las donaciones a varias entidades. También se llegaron a investigar supuestos sobresueldos. Y hasta se escrutó durante más de un año si un par de trabajadoras de la formación habían sido utilizadas como cuidadoras de los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero –el llamado caso niñera–.

Con todo esto se rellenaron portadas de periódicos: "La consultora de Podemos sacó fondos electorales de España con facturas falsas", "La Policía cree que Podemos justificó pagos a Neurona con documentos falsificados" o "La trama de Neurona salpica a Echenique". Y también horas de tertulias, en las que se llegaron incluso a establecer comparaciones con casos como el de las tarjetas black. "Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios", decía a Montero una periodista en relación al caso niñera, investigación que se abrió a horas de las elecciones madrileñas de 2021.

Pero todas esas líneas de investigación se fueron cerrando una a una. Y ahora, cuatro años después del inicio, con una formación morada en horas bajas, la justicia ha concluido que Neurona era, realmente, un no-caso. La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado definitivamente la parte relativa al contrato de 363.000 euros suscrito por el partido con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de Podemos. Se trata de una línea de investigación a la que hace justo un año el instructor dio carpetazo al no apreciar indicios de delito, un archivo que recurrió la ultraderecha de Vox y que han terminado confirmando los magistrados del órgano provincial.

Escalonilla consideró inicialmente que existían "indicios racionales" que llevaban a pensar que se trataba de un "contrato simulado" y que la consultora nunca había realizado los servicios para los que había sido contratada. Pero tras escuchar los testimonios de trabajadores del partido y de Neurona, así como de analizar el millar de documentos que la formación puso a su disposición, acabó considerando como "indiciariamente acreditado" que la firma había hecho esos trabajos. Pero entonces puso el foco en el precio pagado por los mismos. Al fin y al cabo, mantenía el juez, hay delito electoral cuando se emplean fondos de este tipo para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real.

Con la intención de aclarar este extremo, consideró oportuna la realización de una pericial. Y tras una larga búsqueda, al final se la encargó al consultor político Aleix Sanmartín. El informe final que se elaboró concluyó que lo que pagó Podemos por esos trabajos fue acorde al precio de mercado. "En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector", se recogía en aquel documento, que dio la estocada definitiva a la macrocausa.

La Audiencia de Madrid, en sus autos, reprocha a la extrema derecha que siga manteniendo en su recurso la comisión de un delito de financiación irregular, algo que la "instrucción de la causa rechazó". "El desarrollo de la misma se centró en la averiguación de la indiciaria comisión de un delito electoral y de falsedad documental", aclaran los magistrados. Y sin una financiación ilegal, completan, no procede "la continuación en calidad de investigado del representante del citado partido político". Un archivo definitivo en el que también despejan cualquier sombra de duda en torno al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el exsecretario de Comunicación Juanma del Olmo.

En el caso del primero, dejan claro que no existen pruebas de que el contrato fuera simulado ni de que cobrase dinero sin realizar trabajo alguno –en su momento se llegó a hablar de "comisiones"–. "No es contrario a las máximas de la experiencia que Juan Carlos Monedero realizara actuaciones de asesoría o de impartición de formación, por lo que procede el sobreseimiento provisional de la causa respecto del citado investigado, al no resultar indiciariamente acreditado la existencia del contrato simulado", apunta la Audiencia de Madrid.

Un extremo en el que insisten con Del Olmo y otros trabajadores del partido. "[No han resultado de las diligencias de investigación prácticadas] la existencia de contrataciones simuladas entre Podemos y la mercantil Neurrona, sino que los trabajos objeto de encargo se llevaron a cabo y se hicieron por un precio más bajo que el del mercado en aquellas fechas", apuntan los magistrados en un tercer auto.

En él, también rechazan las alegaciones de Vox que tachan de imparcial al perito que realizó el informe clave por haber asesorado en su día al PSOE. "Este perito llevó a cabo trabajos de colaboración con partidos de ideologías diferentes", resalta la Audiencia de Madrid. Y reprocha al partido que sea ahora cuando haga esta impugnación: "La recusación ahora formulada es extemporánea, la misma se tenía que haber realizado tras la aceptación de la pericial".

Ahora, tras cuatro años soportando una intensa cacería, en la formación morada celebran el carpetazo definitivo. Desde el partido recuerdan que "todas las causas judiciales" que se han puesto en marcha contra ellos siempre han acabado archivadas y nunca se ha encontrado "irregularidad alguna" en sus "cuentas". Sin embargo, creen que el daño causado por la "guerra sucia judicial, política y mediática" es "irreparable". "Podemos ha sido víctima de la guerra judicial desde su nacimiento. Hoy se archiva definitivamente Neurona, el falso caso que nos ha tenido secuestrados por la judicatura corrupta durante años. ¿Quién repara el daño?", ha escrito en redes la secretaria general, Ione Belarra.

Un ley es lo que dice, pero también lo que no. Y hay algo que no dice la Ley de Memoria Democrática que a su vez dice mucho sobre la ley. Una institución se queda fuera, aunque estuvo dentro del franquismo, régimen responsable de las víctimas que se pretende reparar. Hablamos de la Iglesia católica española.

La Iglesia no aparece ni en la ley de memoria de 2007 ni en la de 2022, pese a tratarse de una institución básica del régimen nacionalcatólico. No fue sin más aliada de la dictadura, o cómplice, sino parte de la misma. Lo dice la historia, que no sólo sitúa a la Iglesia del lado de los sublevados, sino que muestra su carácter consustancial al régimen. Ya antes del golpe del 18 de julio, la jerarquía católica fue un elemento determinante del bloque de fuerzas que socavó la República. Sus más destacadas voces se alzaron. "Enemigos de la Iglesia y del orden social", señalaba a los republicanos en 1931 el arzobispo de Toledo, Pedro Segura. "España será católica o no será", dijo el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, en otra frase imprescriptible.

La Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo en "la Cruzada". "Durante la guerra y a su término, la jerarquía denunció la persecución a que habían sido sometidos sus sacerdotes y religiosos [...], mientras silenciaba la represión", sintetiza el historiador Francisco Moreno. La consumación del alineamiento se produjo en 1937 con la Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero: "No hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional". El apoyo alcanzó de pleno al Vaticano. Acabada la guerra, con Franco vencedor, Pío XII telegrafió un mensaje al general ferrolano: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España". El papa nombró "protocanónigo" al "Caudillo".

El romance con el régimen fue total. Hay sobrada acreditación historiográfica de la consanguineidad de los poderes civil y religioso, con ejemplos como Por la religión y la patria (Crítica, 2014), de Francisco Espinosa y José María García Márquez. El Vaticano aportó a Franco legitimidad desde sus inicios. El régimen respondió con una legislación educativa (1945) e hipotecaria (1946) a su medida. La norma hipotecaria, por cierto, es la base de las inmatriculaciones, cuyo fruto sigue disfrutando la Iglesia. El hermanamiento culminó con el Concordato (1953). Con este acuerdo, el jefe del Estado "compraba un privilegio para él muy valioso", el "título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia", escribe en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974) Alberto de la Hera. El artículo VI obligaba a los curas a elevar preces diarias por Franco.

La Iglesia fue parte del aparato represor, valiéndose del fabuloso archivo que constituía el confesionario. La justicia militar de posguerra se sirvió de curas junto a falangistas, guardias civiles y alcaldes. Julián Casanova, en La Iglesia de Franco (Crítica, 2001), narra cómo la Iglesia se apresuró a apoyar a los sublevados, ofreciendo su bendición a la política de exterminio. Como escribe Casanova, la jerarquía participó desde 1943 en la "farsa" de las Cortes franquistas y se hizo presente en las más altas instituciones del Estado. Franco, añade el historiador, "murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia". A lo largo de su mandato, Franco apartó –¿traicionó?– a aliados como monárquicos y falangistas, pero jamás a la Iglesia, incrustando a la Asociación Católica de Propagandistas y al Opus Dei en sus consejos de ministros.

La pregunta es: ¿cómo ignorar a la Iglesia en una "ley de memoria democrática"?

El historiador José Luis Gutiérrez Molina cree que la Iglesia es merecedora de una mención específica en la norma. "Tuvo un papel con muchas facetas: en el golpe, en el control social, en la represión... Un informe del párroco podía servir para que una persona terminara asesinada", señala. A su juicio, lo mínimo hubiera sido la inclusión de una referencia, aunque fuera "nominativa". Es más, Gutiérrez Molina recalca que, mientras sí hay una alusión a las "empresas" por su aprovechamiento del trabajo esclavo, no la hay de la Iglesia, cuando –afirma– se benefició de mano de obra forzada para la reconstrucción de templos, aspecto también apuntado por el historiador de la Economía Carlos Arenas en Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial (El Paseo, 2022). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en su decálogo de reclamaciones sobre la futura norma, reclama "que se incluya la exigencia de responsabilidades a la Iglesia católica".

"La Iglesia fue un pilar de la dictadura y tuvo un papel eminentísimo en la justificación del golpe y en la legitimación del régimen. Incluso cuando el Concilio Vaticano II abre una brecha entre la Santa Sede y el régimen, la Iglesia católica española sigue siendo franquista", explica el historiador Ángel Viñas. A su juicio, no obstante, hay una dificultad para su inclusión en la norma. "En realidad la Iglesia no es una institución del Estado español, sino de un Estado extranjero, el Vaticano", señala Viñas, que sí cree que abriría una "brecha importante" forzar la salida de los monjes del Valle de los Caídos. "Eso, si la ley llega a ponerse en marcha, claro. El PP ya ha dicho que la derogaría", expone.

Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, afirma que el movimiento memorialista ha encontrado de la Iglesia una actitud "nada compasiva", que no se ha corregido a raíz de la ley de 2007, ni tampoco de la norma andaluza de 2017. La situación, afirma, es agravada por las declaraciones escépticas o críticas sobre la "memoria histórica", que condicionan la posición de los fieles, añade. La visión de Maqueda entronca con la que desde el ámbito académico aportan Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, que en el ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos (Taurus, 2018) señalan que mientras la jerarquía "ha logrado que se reconozca a sus víctimas", "se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas", con excepciones en Navarra.

Maqueda ve grave que la ley no incluya exigencias de responsabilidad y colaboración de la Iglesia: "Lo que no se nombra no existe. En este caso, la responsabilidad de la Iglesia no existe". A su juicio, la falta de referencias ha facilitado el "obstruccionismo" de la institución, tanto en la retirada de símbolos como en casos emblemáticos, como el del golpista Gonzalo Queipo de Llano, que sigue en la Basílica de la Macarena de Sevilla. La ley estatal de 2007 no obliga a sacar los restos del jefe de la represión en el sur de España, enterrado con honores en un lugar visible. Queda saber si la ley de 2022 lo hará: la norma establece que los elementos "contrarios a la memoria democrática" serán retirados no sólo de lugares públicos, sino también privados "con proyección o uso público". Algo similar dice la ley andaluza de 2017 y ahí siguen los restos.

Clamoroso ha sido el incumplimiento de un artículo, el 16, dedicado al Valle de los Caídos. Su punto 2 dice: "En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo". La ley ha sido burlada. Y no se trata de las misas en memoria de Franco –la última, este 18 de julio, bajo la presidencia del obispo auxiliar de Madrid–. Al margen de actos religiosos, ha habido homenajes a Franco y actos de exaltación de su régimen. En 2019, el prior de la abadía, Santiago Cantera, realizó incluso un "acto de desagravio" por la exhumación de Franco.

La ley recién aprobada regresa sobre el Valle de los Caídos, esta vez con el artículo 54. ¿Qué establece? Además del cambio de nombre a "Valle de Cuelgamuros" y su futura "resignificación" –que no prevé la retirada de la cruz–, vuelve a prohibir la exaltación franquista. El punto más novedoso es la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. ¿Qué pasará con los monjes benedictinos? Los detalles quedarán establecidos en un futuro real decreto. En una entrevista a El País, el director general de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que "tiene poco sentido" que los monjes sigan allí. La ARMH denuncia que, además de "poco sentido", tiene nula cobertura legal y reclama al Gobierno la expulsión de los monjes. El Estado –gobierno tras gobierno– permite desde 1983 que los monjes sigan en el Valle a pesar de incumplir obligaciones legales.

Está por ver qué impacto tiene la ley de 2022, que todavía debe pasar por el Senado, en la apertura de archivos de la Iglesia para la investigación. Este debate ha recibido un impulso con la publicación de los archivos de Pío XII sobre los judíos y el nazismo. La ARMH ha pedido al papa que abra "los archivos sobre el franquismo". Aunque el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales con el Vaticano de 1979 recoge la "voluntad" de la Iglesia de poner al servicio de la sociedad su "patrimonio documental", han sido frecuentes las quejas de historiadores, entre ellos los que investigan los crímenes del siglo XX, como Francisco Espinosa: "A pesar de que funcionan con subvenciones, estos archivos son privados y el acceso está controlado y decidido por ellos". "Los archivos de la Iglesia tienen un enorme potencial para conocer la represión, para localizar víctimas e incluso bebés robados. Se habla mucho de verdad, justicia y reparación. Sin archivos no hay verdad y así falla todo lo demás", señala Paqui Maqueda, colaboradora de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla.

La ley de 2022 establece la incorporación al Centro Documental de la Memoria Histórica de "archivos y documentación" en poder de "entidades privadas" y garantiza el "acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados". infoLibre preguntó al Ministerio de Presidencia si afecta a la Iglesia católica, sin una respuesta afirmativa explícita. En cuanto a la Conferencia Episcopal, no respondió si estos preceptos tenían algún efecto sobre la Iglesia. Más en general, no respondió sobre su valoración de las leyes, sobre la ausencia de referencias a la Iglesia o sobre su grado de colaboración.

Uno de los obstáculos principales de la Iglesia a la hora de hacer autocrítica sobre su papel es –como han apuntado teólogos críticos como Juan José Tamayo– que su actual estatus está anclado en privilegios con origen franquista. La posición en los terrenos fiscal, simbólico y educativo de la Iglesia sería impensable sin el Concordato, reformado –jamás derogado– entre 1976 y 1979, cuando adoptaron la forma de cinco acuerdos. El primero es el marco jurídico, de 1976, es decir, preconstitucional y todavía vigente. Los otros cuatro son temáticos: 1) jurídico, 2) Fuerzas Armadas, 3) educación y cultura y 4) economía. La casilla de la Iglesia –unos 300 millones anuales de dinero público para la Iglesia–, los profesores de Religión y capellanes pagados por el Estado, las exenciones fiscales... todo ello tiene origen en unos acuerdos cuya primera pieza es de 1976, mientras las tres siguientes están fechadas el 3 de enero de 1979, hace ahora 40 años, tan sólo 29 días después de la aprobación de la Constitución. Aunque cronológicamente caen dentro de la democracia, lo cierto es que los contactos para el cambio del Concordato venían de finales de los 60 y obedecían a una lógica propia de relaciones Estado a Estado, como se concluye de la lectura del artículo de Alberto de la Hera.

Pues bien, la recién aprobada en el Congreso ley de memoria hace una –polémica– referencia a la Ley de Amnistía, pero no a dichos acuerdos. ¿Era posible hacerlo? Gutiérrez Molina cree que los "privilegios de la Iglesia" siguen siendo "una asignatura pendiente" de una democracia instalada en aquel dicho: "Con la Iglesia hemos topao".

Maqueda, del movimiento memorialista andaluz, cree que "lo más importante" que podría aportar la Iglesia es "difícil de reflejar en una ley". ¿A qué se refiere? "A pedir perdón. Eso falta y sigue faltando, aunque a estas alturas no sé si llegará. Deberían, por su papel represivo y colaboracionista. La Iglesia fue corresponsable de la oscura noche del franquismo, más dura aún para las mujeres precisamente por el papel en la sociedad que les daba la Iglesia", señala Maqueda. A su juicio, un Estado que tiene tantos espacios de colaboración con la institución católica debería presionar para obtenerlo, pero no muestra demasiada confianza en que ocurra. "El poder de la Iglesia y su relación con el Estado es algo con lo que nadie se atreve", afirma.

El juez Juan José Escalonilla, a cargo del caso Neurona, ha acordado nuevamente el archivo de la investigación contra la ex gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal.

Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia –de la que partió el caso Neurona– como posibles sobresueldosNeurona, según informa Europa Press.

Según consta en un auto de 18 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha tenido en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera; también ha analizado la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación.

"Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa", ha precisado.

El juez ha explicado además en su resolución que la ex gerente de Podemos "no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo, en concreto el de Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, toda vez que el complemento salarial por responsabilidad había sido ya creado durante el proceso de categorización de los empleados de dicho partido político".

Segundo archivo

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había acordado en marzo archivar provisionalmente está línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación morada, pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.

En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.

La tumba de Gonzalo Queipo de Llano, principal responsable militar de la represión franquista en el sur de España, honrado como "hermano mayor honorario" en la basílica de la Macarena, es sólo la punta del iceberg. Es cierto que el caso es llamativo, porque el general sublevado que llamaba desde Radio Sevilla a matar rojos y a violar a sus mujeres sigue ahí, en el templo sagrado, en un emplazamiento de fácil acceso, mientras los restos de Franco salieron ya del Valle de los Caídos. Pero lo de Queipo es sólo un ejemplo entre muchos. Entre 54, concretamente, si atendemos al listado elaborado por la Asamblea Memorialista de La Gavidia y entregado en enero por la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), para que tome medidas. La lista, a la que ha tenido acceso infoLibre, identifica los "símbolos franquistas" que aún quedan en la capital de Andalucía, propiedad de instituciones públicas o de la Iglesia católica a través de la Archidiócesis de Sevilla, y que según la organización son "contrarios" a las leyes estatal y andaluza de memoria.

Ayuntamiento

La asamblea distingue entre 29 "objetos" –lápidas, placas, retablos, águilas...–, cinco colegios con nombres vinculados al franquismo y 20 calles, plazas o avenidas. La administración con mayor número elementos denunciados por la coordinadora es el Ayuntamiento de Sevilla, actualmente gobernado por el PSOE. ¿Ejemplos? Una placa con un con símbolo falangista en Plaza Ruperto Chapí, farolas con simbología franquista en la Barriada Juan XXIII, una lápida con el escudo del sindicato vertical en la calle Darro... Casi todos los casos son similares, hasta sumar un total de 15. A esto hay que sumarle 20 calles, avenidas o plazas que, según la asamblea, suponen una vulneración de la legislación sobre memoria demorática: Alcalde Marqués del Contadero –regidor durante el franquismo–, Joaquín Romero Murube –escritor falangista–, Aviador Ruiz de Alda, Ingeniero de la Cierva –que colaboró con el golpe, según el listado–, Cardenal Ilundain –señalado por la asamblea como "cómplice" del alzamiento militar contra la República– , Escritor José María Pemán, Teniente Rodríguez Carmona... En el listado hay avenidas de gran popularidad, como Manuel Siurot, de quien la coordinadora señala que "apoyó el golpe fascista de 1936".

Iglesia

La Archidiócesis de Sevilla es titular de siete de estos elementos, según la asamblea. Además de la tumba de Queipo, hay una lápida en la fachada de la basílica de la Macarena donde se menciona que Franco asistió a un acto religioso en 1964. Siguiendo en la Macarena, la coordinadora también considera contraria a la memoria histórica la tumba del auditor Francisco Bohórquez Vecina, señalado como colaborador de Queipo. En el interior de la basílica de Jesús del Gran Poder hay una lápida por los "asesinados por los enemigos de Dios y de España", según recoge el listado.

El Convento de la Encarnación conserva un retablo cerámico que dice: "Sevilla agradecida a su Madre Reina y Abogada. Sábado 18 de julio de 1936". Es la fecha del golpe de Estado contra la II República. En uno de los patios del Colegio de los Salesianos de la Trinidad hay una inscripción que dice: "Mártires de la nueva reconquista española". En el techo de la parroquia de San Juan Bosco queda un escudo franquista, siempre según la asamblea, que actualizó el listado en enero.

Junta y Universidad

Seis elementos son titularidad de la Junta de Andalucía: los azulejos con escudo franquista en las Las Atarazanas y cinco centros educativos: Calvo Sotelo –líder derechista español durante la II República, asesinado antes del golpe de Estado y honrado después por el régimen franquista como "protomártir de la Cruzada"–, Vara del Rey –militar–, Carlos Haya –aviador, que ponía nombre a un hospital en Málaga que ya se quitó–, Capitán General Julio Coloma Gallegos –militar– y Lora Tamayo –ministro franquista–.

La Universidad de Sevilla, en el conocido como "patio del reloj", tiene una lápida escrita en latín que alude a Franco como "Duce", según la asamblea. Titularidad de Correos es el águila franquista en arqueta de hierro fundido situada en el edificio del Cuerpo de Telégrafos, según el listado elaborado por el movimiento memorialista. Hay además símbolos del Ministerio de Hacienda, la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Defensa, que tiene un panel de azulejos con el águila franquista en el frontispicio del cuartel Daoiz y Velarde.

Un posible catálogo

El documento, elaborado por la Asamblea Memorialista de la Gavidia, ha sido y entregado "en mano" por la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas al grupo parlamentario Adelante Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz y al alcalde de Sevilla en reuniones mantenida en los últimos meses, explica a este periódico Juan Morillo, uno de los coordinadores del trabajo junto a Raúl Sánchez, recientemente fallecido. Morillo explica que la voluntad del movimiento es que el Ayuntamiento de Sevilla elabore un catálogo oficial de elementos contrarios a la memoria democrática en la ciudad, para lo que el listado es aportado como un elemento de apoyo.

La mayor piedra que puede interponerse en el camino de un historiador a la hora de investigar es el acceso a los archivos oficiales. Isabelo Herreros puede dar cuenta de ello. Inició una investigación para conocer la historia de dos mujeres: Matilde Revaque e Isabel Huelgas. Fueron funcionarias de prisiones durante la Guerra Civil, apenas cinco años después de que Victoria Kent creara el cuerpo en 1931. Al finalizar la contienda, denuncias de ex presas falangistas provocaron que se les abriera expediente y se les expulsara del cuerpo. En 1939 fusilaron a Isabel; en 1940 a Matilde, en la tapia del cementerio de la Almudena, en Madrid. Reconstruir el relato de estas dos mujeres se ha convertido casi en misión imposible. Y es que hay multitud de incógnitas que Herreros no ha podido descifrar.

El historiador consiguió ver los informes de los tribunales que condenaron a Matilde y a Isabel, pero el problema llegó cuando quiso acceder a los expedientes que elaboraron las autoridades franquistas para expulsarles de su trabajo. Solicitó los documentos a Interior, que le envió varios archivos. Pero los nombres de las denunciantes y de las personas que declararon contra ellas habían sido burdamente tachados. Eso fue en 2014 y ahora, cinco años después, Herreros continúa con la investigación paralizada. Y terminarla, dice, es "una carrera de obstáculos terrorífica". 

Herreros tiene folios y más folios con todos los nombres ocultos. Y esto es así porque, según denuncia en conversación con infoLibre, él no ha podido acceder a los documentos originales. Lo que ha obtenido son copias de los archivos en las cuales, explica, han sido borrados los nombres de las "damas de España" denunciantes de las dos funcionarias. Entre esas "damas de España" —apodo que recibieron en la dictadura las mujeres encarceladas por pertenencia a la Falange, un partido ilegal durante el último año de la República— se encontraban personajes como María o Pilar Millán Astray, hermanas del fundador de La Legión, o de Caridad Valero Juve, alto cargo de la Sección Femenina del partido fascista durante muchos años, tal y como explica el propio Herreros en una biografía que pudo escribir sobre Matilde, condenada a pena de muerte por el delito de "adhesión a la rebelión". 

Imagen de una página del expediente instruido contra Matilde Revaque, facilitado por Interior con nombres tachados.

Imagen de cargos de los que se acusó a Matilde Revaque como funcionaria de prisiones, facilitado por Interior con nombres tachados.

El historiador pidió explicaciones. Sin acceder a esos expedientes de expulsión del cuerpo no podía culminar su investigación. Pero Interior fue claro. No había una única razón por la cual los nombres estaban tachados. Eran varias: o bien porque no habían pasado 25 años de la muerte de la persona en cuestión o bien porque se desconocía cuándo había fallecido y, ante la duda, la institución prefirió proteger su intimidad. Pero Herreros lamenta que difícilmente va a poder averiguar cuándo murieron esas personas sin ni siquiera saber su nombre. Y así es casi imposible que culmine el trabajo que empezó. 

Imagen de la carta en la que el Ministerio del Interior responde a las explicaciones del borrado de nombres.

Explicaciones de Interior para el tachado de los nombres.

"Es similar a lo que ha ocurrido con Miguel Hernández. Se trata de una interpretación muy sui géneris del derecho al honor", critica Herreros. Se refiere, concretamente, a la polémica destapada por El País semanas atrás. La Universidad de Alicante retiró el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, alférez del Ejército franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte a Miguel Hernández, de uno de los artículos de Internet escritos por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de dicha universidad y experto en memoria histórica. Lo hizo después de recibir una petición expresa del hijo del militar que, según explicó, hizo su solicitud porque él mismo "ha constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida". "Lo presentan como verdugo y fue una víctima más", aseguró.

La dificultad de escribir la historia

La historia de Herreros no es única. Y a los historiadores no les sorprende. El acceso a los archivos oficiales a partir de los cuales se puede escribir la historia reciente no es una tarea fácil. Depende de a qué documentación se quiere acceder, pero en demasiadas ocasiones la propia obtención de la documentación frena las investigaciones. O bien porque los archivos están incompletos o bien porque, directamente, no se puede acceder a ellos. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Matilde Eiroa, doctora en Historia Contemporánea y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo que abandonar su investigación sobre la Brigada Político Social —la policía política de Franco que se encargaba de reprimir cualquier oposición al dictador— porque no pudo obtener toda la documentación que necesitaba. 

Eiroa lo cuenta en el libro El acceso a los archivos en España, coordinado por Antonio González Quintana, Sergio Gálvez y Luis Castro. Salió publicado, precisamente, este mes de julio, y no sólo con el testimonio de esta historiadora, sino con el de muchos investigadores más. Y eso, según el manifiesto del Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense Memoria Histórica del siglo XX contenido en el libro, es preocupante. "Se dan demasiados casos y situaciones impropias, casi indignas, de una sociedad democrática, y que tienen como resultado la erosión de derechos básicos de investigadores y ciudadanos".

Y eso va contra la Constitución Española y contra la normativa internacional sobre Derechos Humanos. En primer lugar porque vulnera el artículo 105.b de la Carta Magna, que indica: "La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas"; y en segundo porque salta por encima de la legislación internacional sobre Derechos Humanos que los gobiernos españoles asumen desde que en 1979 se firmara el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Archivos vetados o en manos privadas

Acceder a los archivos puede ser tan difícil que se convierta en tarea imposible. Y cada historiador o investigador se ha encontrado con trabas diferentes. Según el Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense, puede ocurrir que haya fondos vetados o sin catalogar, "a veces sin justificación aparente", denuncia la organización, que pone como ejemplos los archivos de las instituciones militares o los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Por no hablar de la documentación vendida ilegalmente o destruida —deliberadamente o no— desde el verano de 1936 hasta bien avanzada la Transición postfranquista, como por ejemplo la de algunos gobiernos civiles o de las dependencias del extinto Movimiento Nacional", añade el organismo. 

Y cuando no ocurre eso puede darse la situación de que la documentación esté en manos de quien no debería. "Hablamos de individuos que han ocupado altos cargos en el Estado y se apropian de la documentación administrativa al abandonarlos", explica el Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense. "Es el caso del anterior Jefe del Estado, cuyos papeles se hayan en poder de la Fundación que lleva su nombre" o, por ejemplo, de las familias de Carrero Blanco —que fue presidente del Gobierno en 1973—, Arias Navarro —presidente del Gobierno hasta 1976—, Leopoldo Calvo Sotelo —presidente del Gobierno de 1981 a 1982— y Serrano Suñer —ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura—, que "disponen de fondos documentales generados por aquellos en el ejercicio de su cargo".  

Pero todo esto, dice el organismo de la Universidad, es posible gracias a una "normativa legal farragosa y obstaculizadora". Y es que con tanta legislación al respecto, "en caso de duda suele primarse el derecho a la seguridad del Estado y a la intimidad y el honor de las personas sobre el derecho a la investigación y al conocimiento y difusión" de la historia. 

infoLibre se puso en contacto con el Ministerio de Cultura, institución de la que depende la Subdirección General de los Archivos Estatales —que coordina todas aquellas actuaciones encaminadas a la custodia, conservación y difusión del patrimonio documental— para conocer su opinión sobre los hechos y, en concreto, para averiguar si este caso es una excepción o, por el contrario, algo habitual a la hora de acceder a los documentos oficiales. También para conocer si, a juicio del organismo, es necesario un cambio en la normativa para que esto, en caso de ser constante, no ocurra. No hubo respuesta. 

El libre acceso a toda la documentación relativa a la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido siempre una de las principales exigencias que colectivos memorialistas e historiadores han puesto sobre la mesa de los sucesivos gobiernos en democracia. Sin embargo, han tenido que pasar cuatro décadas para que se comiencen a abrir todos estos candados. A finales de septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rubricó una resolución en la que se autoriza “con carácter general” la consulta pública de gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Un paso con el que se dará acceso, sin necesidad de obtener una autorización adicional, a medio millar de cajas con unos 3.000 documentos –que pueden ir desde simples mapas o telegramas hasta abultados expedientes– relativos al periodo comprendido entre el final de la contienda y el conocido como tardofranquismo –es decir, entre 1939 y 1968–.

Técnicamente, no puede hablarse de “desclasificación”, porque la Ley de Secretos Oficiales no cubre los documentos anteriores al 26 de abril de 1968, fecha en que entró en vigor esta normativa. No obstante, tal y como aclara Defensa en la resolución, “se necesita autorización previa para la consulta de cualquier documentación” cuyo acceso estuviera limitado por razones de defensa o seguridad nacional. Una vez analizada la información, la cartera dirigida por Robles ha dado el visto bueno a la apertura de parte de los documentos. “En la actualidad, el libre acceso a una parte importante de la documentación anterior al año 1968 que se custodia en los archivos históricos militares no constituye ningún riesgo real para los intereses públicos”, señala el escrito, en el que se informa que el Ejército de Tierra “ya ha informado oficialmente que no afectan ni a la seguridad ni a la defensa del Estado”.

"Los documentos con marcas de calificación como 'Secreto' o 'Reservado' anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales no pueden considerarse 'clasificados' conforme a ella porque ni esta ni ninguna otra ley es aplicable retroactivamente", explican a infoLibre dos expertos en archivos militares de la asociación Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP). Por tanto, continúan, lo que se ha hecho Defensa no ha sido desclasificar, sino que simplemente ha reconocido que el acceso a estos documentos "no supone riesgo alguno para la seguridad y la defensa nacional". "Aunque limitándolo sólo al Archivo General Militar de Ávila, quizá por temor a posibles 'avalanchas' de solicitudes de acceso por parte de usuarios e investigadores", aseveran. 

La orden dada por el ministerio se produce después de años de una fuerte presión para arrojar luz sobre los archivos militares. Y así lo reconoce Defensa en la propia resolución, en la que señala que “parece llegado el momento de atender” esa “demanda social creciente” a favor de que todos esos documentos “se hagan accesibles a la investigación e incluso a su mera consulta por los ciudadanos”: “El cada vez mayor número de investigadores, estudiosos y personas en general que en el curso de los últimos años se dirigen al Ministerio de Defensa para obtener información demuestra que buena parte de esos documentos se han convertido en objeto de gran interés”. Aunque la apertura afecta a una parte muy concreta del fondo documental, la cartera que dirige Margarita Robles no cierra la puerta a poner en acceso público en un futuro más documentos.

Varios intentos de apertura frustrados

Con este paso, el Ejecutivo socialista vuelve a retomar un asunto que lleva puesto sobre la mesa más de dos décadas. Ya en 1995, con Felipe González a punto de abandonar la Moncloa, se empezó a estudiar la cuestión de la desclasificación de documentos a partir de los fondos de la Sección de Información del Estado Mayor del Ejército. Finalmente, el proceso de apertura recibió luz verde cuatro años después, en 1999, de la Junta de Archivos Militares. Sin embargo, tal y como explica en “El acceso a la información contenida en los archivos militares: el Archivo Intermedio Militar Sur” la archivera Rocío de los Reyes Ramírez, “la necesidad de elaborar una relación individualizada de cada uno de los documentos, ante el volumen de documentación, más de 100 cajas, obligó a desistir del proyecto”.

Más de una década tuvo que pasar para que se produjese el segundo intento serio de abrir el candado. Durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, encargó que se elaborara un catálogo de documentos clasificados como secretos, reservados o confidenciales previos a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 susceptibles de ser abiertos para su investigación. En octubre de 2011, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se elevó al Ejecutivo una propuesta para cancelar en bloque la clasificación de toda esta documentación –unos 10.000 documentos–. Los comicios, en los que el Partido Popular de Mariano Rajoy se impuso con una holgada mayoría absoluta, pusieron fin a ese segundo intento de abrir el candado de los archivos militares.

El expediente socialista lo heredó su sucesor en el cargo, el conservador Pedro Morenés, que desde su llegada a Defensa dejó bien claro que no se ejecutaría dicha desclasificación al considerar que “no es una prioridad”, que requiere un “extraordinario trabajo” y que únicamente contribuiría a generar “ruido mediático”. “Estamos en otras cosas mucho más importantes”, aseveró Morenés durante un desayuno informativo. Una línea en la que también se situó su sucesora, María Dolores de Cospedal, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Unidos Podemos. “Cuando tengamos disponibilidad, lo realizaremos”, dijo entonces la exministra, quien señaló que “las prioridades son otras” y que los presupuestos de Defensa “son los que son y no son demasiados”.

Sin archivos "no hay historia"

El trabajo de análisis y filtrado realizado durante el mandato de Chacón al frente de Defensa ha permitido ahora dar el paso con rapidez. Y eso lo agradecen los historiadores e investigadores que llevan años peleándose para poder acceder a toda esa información. “Los documentos de archivos policiales o militares previos a 1968 no han estado abiertos completamente a los investigadores”, explica en conversación telefónica con infoLibre el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. No obstante, aclara a renglón seguido que todos esos archivos “no son secretos, como piensa la gente”, sino que lo que se ha hecho ha sido poner “obstáculos y trabas a la investigación”. “No se puede depender de la arbitrariedad del regente de turno”, asevera.

El historiador, que exige también la recuperación y la apertura al público de la documentación en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, considera fundamental abrir el acceso a los archivos porque sin ellos “no hay historia”. En la misma línea se posiciona en conversación con este diario Enrique Moradiellos, último Premio Nacional de Historia por su obra Historia mínima de la Guerra Civil. “El acceso a las fuentes probatorias documentales impresas que testimonien el proceso de toma de decisiones de una época es básico”, sostiene el también catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, que añade que “la única verdad que hay en historia es la verdad documentada” y que califica de “estupenda” la decisión de Defensa de romper el candado de todos esos documentos.

Moradiellos destaca la relevancia que tienen los archivos militares porque el Ejército “era columna vertebral” de la dictadura franquista. “Los capitanes generales mandaban mucho. Yo, si tuviera que elegir, preferiría que se abrieran antes los archivos militares que otros. Ahí tiene que haber material interesante”, apostilla el historiador. En concreto, según el anexo facilitado por Defensa, se podrá tener acceso a documentos relacionados con la organización y despliegue de unidades o partes de operaciones de la Guerra Civil, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, sabotajes, sospechosos o deserciones. También se podrá acceder a documentación relativa a la línea de fortificación del Pirineo, Cataluña, Aragón y Navarra, así como boletines de información interior y exterior.

“La apertura de estos archivos nos permitiría saber qué opinaban o qué pensaban los militares. Y no solo desde el punto de vista técnico, sino también sobre las decisiones de contenido político”, afirma Moradiellos. Y pone un ejemplo: “Podríamos conocer qué pensaba el Estado Mayor sobre el debate que se abrió en la década de los sesenta y que enfrentó a [Fernando María] Castiella –ministro de Exteriores franquista– y Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia– sobre la renegociación del acuerdo de bases con EEUU. El primero parece ser que no quería que se diera tanta manga ancha a los estadounidenses para operar en las bases sin avisar al Gobierno, mientras que el segundo decía que los pactos eran tan importantes que había que firmarlos como fuera. La apertura de documentos nos permitirían saber cómo determinaron su postura los militares”.

"A partir de ahora se podrá acceder a prácticamente todos los documentos de los fondos que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila", explica la AEFP, que lleva años denunciando que los Archivos del Sistema Archivístico de la Defensa "están claramente infradotados, tanto en cuestiones materiales como de cobertura de plazas de técnico de archivos". "Lo que hasta ahora estaba restringido afectaba fundamentalmente a boletines de información interior y exterior del Estado Mayor Central del Ejército, correspondencia de Agregados Militares en Embajadas de España en el extranjero, documentación sobre guerrilleros antifranquistas y maquis, sobre la Organización Defensiva de los Pirineos...", sentencian.

El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha reclamado al Gobierno que la modificación, por decreto ley, de la Ley de Memoria Histórica —para permitir la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos— incluya al Pazo de Meirás.Pazo de Meirás

En un comunicado, el regidor del municipio, Benito Portela, insta también de nuevo al Ejecutivo a presentar la demanda civil que posibilite la incorporación del inmueble al patrimonio público.

Al respecto, explica que ya le manifestó por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 19 d junio, "que en el actual marco abierto por el Gobierno del Estado en cuanto a la aplicación y, en su caso modificación de la Ley de Memoria Histórica, es también el momento oportuno para poner fin a anacronismo histórico de que la familia del dictador siga detentando la propiedad del Pazo de Meirás".

Al respecto, el alcalde de Sada comparte que "hay que retirar a Franco del Valle de los Caídos". "Pero también retirar a sus herederos del Pazo", insiste. A su juicio, debe hacerse "por higiene democrática y respeto a la memoria histórica".

Devolución gratuita

Por otra parte, recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de Sada explicita, en lo que se refiere al Plan Especial de Protección de Patrimonio del Pazo de Meirás, que el mismo "analizará y responderá a la posibilidad de que el Bien de Interés Cultural pase a ser de dominio y uso públicos en base a la devolución gratuita de los terrenos al sector público".

"Que, en su caso, pueda derivarse de las normas y disposiciones legales que puedan adoptar los poderes legislativos en relación con la recuperación de la memoria histórica, así como de los acuerdos y acciones administrativas o civiles que procedan a tal fin y de la subsiguiente extinción de los títulos de propiedad actualmente existentes", añade sobre el contenido del texto.

Además, el alcalde de Sada insiste en que, al margen de la reclamación para que la modificación de la Ley de Memoria Histórica incluya al Pazo de Meirás, el Gobierno central "debe presentar, de una vez, la demanda civil que proceda con el objetivo final de la incorporación del Pazo al patrimonio público".

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hecho público este jueves su archivo personal de manuscritos, documentos y fotografías de toda su trayectoria, a través de un gestor documental web creado por el patronato de la Fundación que lleva su nombre, en colaboración con la Fundación Telefónica, dentro del proyecto que han bautizado 'Memoria Cívica', informa Europa Press.

"Este proyecto honra el legado de una época y de una generación", ha resumido la hija del expresidente y secretaria del patronato, María González, principal impulsora de esta iniciativa, y quien se ha encargado de presentar el archivo, junto a la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, el exministro y vicepresidente de la Fundación, José María Maravall, y el presidente de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón.

Quien no ha tomado la palabra ha sido el propio Felipe González, a excepción de unas breves declaraciones que ha realizado a preguntas de los medios de comunicación que esperaban su llegada.

"Hoy solo quiero decir que lo que estamos haciendo es contracultural. Es la moda de borrar los tuits, y yo estoy contraculturalmente publicando lo que era semejante a los tuits", ha afirmado el expresidente, antes de que diera comienzo el acto.

Una vez en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica, González se ha sentado en la primera fila del público, donde le esperaban ya algunos de sus exministros como Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana, y exdirigentes socialistas como José Bono, Elena Valenciano o Trinidad Jiménez.

Ya durante la presentación, la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, ha explicado que desde este jueves van a estar a disposición de todo el que quiera, a través de la web de la Fundación, casi 3.000 documentos, de los cuales casi dos centenares son textos y cuadernos manuscritos. Ha añadido que representan sólo una parte de la totalidad del archivo, que irán completando a medida que sea posible.

"Esto es algo único e inédito en España, que nos equipara con otros países de nuestro entorno, que es abrir al público y poner a disposición los papeles de un expresidente, de Felipe González. Además, es una iniciativa pionera, porque lo vamos a hacer para todo el mundo igual", ha destacado Martínez-Sampere en declaraciones a los periodistas antes de comenzar la presentación.

En esta línea, ha afirmado que en la Fundación entienden este proyecto como "un ejercicio de memoria política sin precedentes" en España y "un ejercicio de transparencia no declarativa sino efectiva para todos los ciudadanos".

"Concebimos el archivo no como el archivo de una persona, sino de una época. Felipe fue una época de este país que fue posible gracias a muchos otros protagonistas. Estamos en conversaciones para que podamos tener también otros archivos", ha añadido.

Martínez-Sampere también ha señalado la complejidad técnica y jurídica del proyecto, al no existir referentes ni una regulación concreta en España sobre archivos presidenciales. De hecho, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado, según explica la Fundación.

Por su parte, María González ha explicado que este proyecto nació cuando un "alemán" le hizo ver en 2011 que "el legado de toda una generación y una época no estaba siendo tratado como se merece". Ha relatado cómo este proyecto le ha servido, y quiere ahora que sirva a otros, para descubrir mejor una época en la que "tanta gente trabajó muy duro para conseguir muchas cosas" que hoy, otras generaciones como la suya –nació en el 78–, dan "por sentado".

Del mismo modo, el exministro y vicepresidente de la Fundación, José María Maravall, ha asegurado que la historia de Felipe González que se plasma en el archivo "es la historia de España y de los españoles".

"El compromiso de la Fundación de que sea un archivo abierto honra a Felipe González. Es un paso que hace que la democracia en España sea hoy y vaya a ser en el futuro más patrimonio de los españoles", ha ahondado.

A su vez, el presidente de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón, ha destacado el "enorme potencial que poseen las tecnologías digitales para la transformación social y el progreso de la sociedad", en la medida en que todo este archivo estará disponible a través de un gestor web.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23 de Madrid ha condicionado la suspensión cautelar del acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se cambian algunas calles o plazas con nombres franquistas a un depósito de 60.000 euros como garantía por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que había solicitado dicha suspensión.

La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió dicho acuerdo el pasado 7 de julio de 2017 justificando que el mismo era "ilegal", por no tener amparo en la ley de Memoria Histórica "de marcado contenido ideologizante que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia".

También entendían que se "enaltecía" a los participantes en las represiones del Frente Popular y que suponía, de llevarse a cabo el cambio de nombre de las 52 calles, vías y plazas del callejero propuesto por el equipo de gobierno de Manuel Carmena, "un fortísimo impacto económico para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros".

En este punto, señalaban que de estos millones, seis "son coste directo a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid que pretenden destinarse no a fines públicos y de interés general sino privativos del sector ideológico que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, malversando fondos públicos".

La FNFF indicaba en dicho recurso que el cambio de la rotulación de las calles de Madrid acordado por el Ayuntamiento de Madrid no tiene amparo en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica "siendo evidente que después de 78 años de la Guerra Civil, 42 años de la muerte de Franco y 37 años del cambio de calles propiciado por el alcalde Tierno Galván, no existen razones de urgencia".

Asimismo, entienden que tampoco hay razones "de interés general que obliguen a la inmediata ejecución del acuerdo impugnado, pues nada impide, porque no afecta a los intereses generales, -sí sólo a intereses partidistas-, esperar a un pronunciamiento del Juzgado al dictar sentencia, evitando así un despilfarro que afecta a las arcas públicas, malversando fondos públicos y dañando la economía directa de los ciudadanos de Madrid", señalan en un comunicado.

El auto, fechado a 24 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno pero la condiciona "a la prestación de garantía suficiente en derecho para cubrir la cantidad de 60.000 euros en la que se fija la caución para operar la suspensión".

Por otro lado, se imponen las costas a la Administración demandada (Ayuntamiento de Madrid), que se fijan en 150 euros "por todos los conceptos condicionándolos igualmente a la prestación de la garantía".

Para la Fundación, es una condición "totalmente desproporcionada" pues se trata de una exigencia a una "entidad sin ánimo de lucro".

Las primeras anotaciones de Poeta en Nueva York. Las cartas y telegramas enviados por Federico García Lorca a su familia —"Queridos padres, sigo muy bien como siempre y trabajando mucho…"—, y las respuestas de estos a Madrid, a Nueva York, a Uruguay. El contrato firmado por el poeta y Victoria Ocampo para la publicación de Romancero gitano en la argentina Editorial Sur. Una tarjeta de visita de Pablo Neruda. Estos son algunas de las joyas de guardan los archivos de la Fundación Federico García Lorca, a buen recaudo en la madrileña Residencia de Estudiantes desde 1986. Podrían llegar por fin a Granada en 2017, después de más de una década de negociaciones y desencuentros. Y, paradójicamente, el tira y afloja sobre su situación parece haber orillado por completo la relevancia de su contenido.

El investigador que acude hoy a la Residencia de estudiantes puede consultar en ella manuscritos y documentos mecanografiados de toda la producción del poeta hasta su muerte, más de mil cartas enviadas por o a García Lorca, 280 primeras ediciones de su obra, decenas de revistas de época y más de 400 libros de su biblioteca. Recortes de prensa que atestiguan la recepción de su obra. Alrededor de 900 fotografías realizadas en vida del poeta. Partituras y dibujos, contratos y entradas a espectáculos. Todo eso podría llegar al Centro García Lorca en Granada, construido expresamente para la conservación, estudio y divulgación de este archivo, en los próximos seis meses. Así lo aseguraba Laura García-Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la Fundación, tras el anuncio de que esta y las administraciones desbloqueaban las negociaciones sobre los fondos que parecían estancadas hasta el pasado viernes. 

La posibilidad de construir un Centro García Lorca empezó a discutirse formalmente en 2002 entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Fundación. La difícil comunicación entre las partes y la crisis económica dilató su inauguración hasta 2015. Pero habría que superar el penúltimo escollo: el descubrimiento de supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos para la construcción del edificio que dejaban 3,8 millones de euros sin justificar, 12 millones de euros de deuda y una querella de Laura García-Lorca contra Juan Tomás Martín, exsecretario de la Fundación, que acabó reconociendo un año después haberse quedado con el dinero. Las relaciones entre los distintos organismos implicados —y dirigidos por partidos políticos enfrentados— se agriaron todavía más. Lorca —y sus estudiosos— seguían esperando. Ahora, el Ministerio y la Junta hablan de "ambiente buena disposición y diálogo". 

"Desde el punto de vista filológico, es esencial la conservación de los documentos reales", explica Andrés Soria Olmedo, catedrático de la Universidad de Granada, lorquista y habitual de la Residencia de estudiantes a lo largo de sus investigaciones sobre la vida y la obra del poeta. "Ayer mismo", dice, "estuve mirando un papel fechado en 1925 y que yo creo que es de 1921". ¿Una nimiedad? Depende: en 1921, Lorca era un recién llegado a Madrid, con sus ingenuidades y sus descubrimientos por hacer; cuatro años más tarde, estaba totalmente hecho a la vida de la capital. "Dios se esconde en el detalle", dice. En el detalle se han escondido también las claves de las últimas investigaciones sobre el poeta. ¿Cuál era su afiliación política más allá de las mentiras vertidas sobre él por el régimen franquista? ¿Cómo de influyente fue su homosexualidad en su obra? ¿A qué autores leyó, cuándo y cómo? A todo eso ha respondido el archivo. 

Los fondos de la Fundación son, además, inusualmente amplios, sobre todo teniendo en cuenta el trágico final del poeta. Tras la caída definitiva de Madrid, la familia García Lorca parte al exilio en Nueva York a bordo del Marqués de Comillas. La gran biblioteca, una rareza para cualquier ciudad de provincias de la época —y provista, además, de un buen número de primeras ediciones— va a parar a un guardamuebles junto con otros enseres. Parte de los documentos quedan también en Huerta de San Vicente y Huerta del Tamarit, las residencias familiares. Laura García Lorca cuenta con emoción la hazaña de su tía materna, Rita María Troyano, que se quedó en España al finalizar la guerra: "Ella tuvo el valor de pasar por las casas de los amigos viendo qué era lo más valioso y tratando de recuperarlo para la memoria familiar. Al hacerlo, claro, corría un riesgo muy grande".  

Cuando la familia comienza a regresar a España, a partir de 1951, descubre que parte de la biblioteca se ha echado a perder por la humedad y que las casas han sido objeto de varios robos. Pero reconocieron en seguida la necesidad de conservar esos papeles que podían conllevar más de un disgusto. "Todos eran muy conscientes, empezando por mis abuelos, de la importancia de la obra de este hijo y de la trascendencia de su trabajo", asegura Laura García-Lorca. "El hecho de que a Lorca lo mataran y de que su familia tuviera que partir al exilio", explica Soria, "crea una zona de fragilidad, pero también de atención. Al darse esta circunstancia, se trató de localizar e inmovilizar esos papeles de inmediato". Los documentos de un autor ajusticiado por el régimen se cargan de valor, incluso —o más aún— bajo ese propio régimen. La conservación del archivo fue un ejercicio de memoria y dignidad de la familia, particularmente de Isabel García Lorca, hermana del poeta y primera presidenta de la Fundación, creada en 1982. Desde ese momento, el cuidado y documentación del fondo se convierte en el centro de la vida tanto de ella como de Manuel Fernández-Montesinos, sobrino del escritor e hijo del alcalde socialista José Fernández-Montesinos, también asesinado por los fascistas. 

En 1992, y después de una década de clasificación y estudio, se inicia uno de los grandes proyectos del archivo: la publicación de un catálogo completo de los fondos que hoy ocupa ocho volúmenes. Realizados por el lorquista belga Christian de Paepe, la publicación recoge y estudia cada documento: sus dimensiones, su soporte —en el caso de los manuscritos, cuartillas sueltas, numeradas o no, escritas a lápiz o tinta negra—, su fecha estimada, su estado de conservación... Desde su digitalización en 2008, cualquier investigador puede consultar en la red en cuántos documentos se hace mención a, por ejemplo, Bodas de sangre, o cuántos están relacionados con ella en fecha o en contenido.

"Sacarlo a la luz ha sido una labor lenta y callada que ha requerido muchas horas de minuciosa dedicación", escribía Isabel García Lorca en la introducción del primer volumen. El último, referido al contenido de la biblioteca, se editó en 2009, siete años después de su muerte. En abril de 2016, la Comunidad de Madrid comenzó los trámites para declararlos fondosBien de Interés Cultural por su "valor excepcional". Aunque ya estaban censados como parte del patrimonio documental desde 2000, alcanzaban así el mismo nivel de protección que las casas del poeta. "Fue rara la manera de hacerlo", dice Laura García Lorca, "porque se insinuó, o se dijo directamente, que se hacía para impedir que vendiéramos parte del fondo, cuando llevamos toda la vida protegiéndolo. Pero aun así nos alegramos de que se declarara como lo que es". 

En Granada, si las partes cumplen lo prometido, estarán las tarjetas de los homenajes al escritor, las cartas intercambiadas con Margarita Xirgu o Álvarez Cienfuegos. Ahí está la correspondencia que acredita el contacto del poeta con el hispanista Ezio Levi d'Ancona para la difusión de su obra en Italia. O las tarjetas y notas que atestiguan su encuentro con el mexicano Xavier Villaurrutia. O la única carta de su último amante, Rafael Rodríguez Rapún. Muchos documentos que ya han hablado de manos de lorquistas como el británico Andrew Anderson o el estadounidense Christopher Maurer. Y otros tantos aún mudos, que esperan a quien les haga hablar. Cuando el archivo se desplace a Granada podrán hacerlo, además, por dos vías: en los originales, o en las copias exactas que quedarán en la Residencia de estudiantes. "El curso de la historia va variando el punto de interés sobre un autor. Pasó con la homosexualidad de Lorca, durante mucho tiempo ignorada y hoy un nuevo punto de vista sobre su obra. El archivo nunca es arqueología, porque mantiene vivos a sus autores", explica Soria. 

El legado de Federico García Lorca está un paso más cerca de instalarse definitivamente en Granada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Federico García Lorca establecieron este jueves "una hoja de ruta" que permita "desbloquear" el traslado del legado del poeta al Centro García Lorca de Granada, como recoge la agencia Europa Press. Las negociaciones para mover el archivo de Madrid a Granada se vieron congeladas tras las supuestas irregularidades descubiertas en la gestión de los fondos públicos con los que se construyó el edificio que lo albergaría. Laura García Lorca, sobrina nieta del escritor y presidenta de la Fundación, dijo estar "convencida" de que el legado llegaría a Granada durante el año 2017.

Según han informado el Ministerio y la Junta en una nota conjunta, durante la reunión celebrada en Madrid en "un ambiente de buena disposición y diálogo", se ha acordado que a mediados de junio se reúna Consejo Rector del Consorcio del Centro García Lorca para asegurar la viabilidad del funcionamiento del futuro centro. Además, la reunión de junio tendrá como objetivo "el examen de la última auditoría realizada a la Fundación y materializar aspectos administrativos pendientes". Tanto el Ministerio como la Junta dicen confiar "en que la llegada del legado de Lorca sea una realidad en un corto espacio de tiempo".

El traslado del archivo desde la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se encuentra actualmente, hasta el centro construido expresamente para él se demora ya dos años. El proceso se detuvo tras la denuncia presentada en 2015 por Laura García Lorca contra Juan Tomás Martín, secretario de la Fundación, por un desfase en las cuentas de 12 millones de euros. Las instituciones retiraron entonces a la presidenta sus competencias de gestión, y la familia se negó a trasladar los fondos en esas condiciones. La auditoría de la Fundación reveló en octubre de 2016 un desfase entre ayudas recibidas y gastos de 3,8 millones de euros. 

Este pasado miércoles, la presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, Laura García Lorca, adelantaba que estaba cercano el "acuerdo" con las instituciones para que el legado lorquiano pueda ser trasladado a Granada, si bien consideraba "un poco precipitado" que pudiera estar cerrado para el 5 de junio, fecha del nacimiento del escritor de Fuente Vaqueros. Laura García Lorca señaló además que ese "acuerdo" permitiría "retomar" el proyecto del centro cultural, ideado para albergar el legado de Federico, "como se ideó desde el principio".

Este jueves se cumplen 24 años del hallazgo en Paraguay de los llamados Archivos del Terror, documentos que contienen las diversas comunicaciones entre fuerzas de seguridad de Paraguay junto con los de otros países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La Operación Cóndor, planificación del terrorismo de Estado en estos países desde Estados Unidos, también se contempla en estos valiosos informes, informa Europa Press.

Estos archivos proceden de la década de 1970 a 1980, cuando Iberomérica sufría diversas dictaduras militares. El objetivo de la coordinación de los diferentes regímenes era sencillo: controlar a sus sociedades y erradicar de forma violenta cualquier tipo de manifestación de disconformidad para con el régimen, bajo el amparo y la coordinación de Estados Unidos.

El objetivo de la participación estadounidense en favor de estas dictaduras era la eliminación de cualquier posible corriente comunista que pudiese existir en el continente. Aún a pesar de encontrarse en plena Guerra Fría, el escándalo internacional al conocer que una democracia consolidada como la estadounidense colaboraba con diversas dictaduras militares fue notable.

Más propio de una novela de Orwell que de finales del siglo XX, en estos documentos se detallan torturas, intercambios y traslados de presos políticos, diversas técnicas de espionaje y un control extremo de la sociedad civil.

Paraguay

La documentación en la que se pone de manifiesto de forma explícita las forma de actuar de las dictaduras militares iberoamericanas fue redactada durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y hallados en ese mismo país.

En 1992, un antiguo prisionero del régimen paraguayo de Stroessner solicitó acogerse al principio de habeas data, –un derecho recogido en la constitución del país por el que la ciudadanía puede a acceder a la documentación pública– para consultar los diferentes archivos oficiales durante la dictadura.

Los altos cargos policiales, que no fueron cambiados con el advenimiento de la democracia, ordenaron ocultar el archivo de Investigaciones de la Policía de la Capital con el fin de destruirlo. Gracias a un soplo, el doctor Martín Almada, auxiliado por el juez José Agustín Fernández, consiguió sacar a la luz pública estos archivos a través del allanamiento del local de la Dirección de Producción de la Policía de la Capital.

La documentación que posteriormente sería denominada Archivos del Terror, se encontraba apilada en una habitación cerrada por varios candados, donde había toneladas de papeles, así como enterrada en el patio interior. Fueron hallados el 22 de diciembre de 1992.

La documentación incautada de forma judicial en Paraguay contiene todo tipo de prácticas habituales durante las dictaduras iberoamericanas de la década de 1970, desde el control de la sociedad civil hasta las torturas más cruentas, con un denominador común: la represión de la cualquier posible oposición al régimen.

Fueron halladas fichas de detenidos con fotografías en las que se evidenciaban las diversas mentiras de los documentos oficiales, en los que se justificaban las diversas heridas derivadas de torturas practicadas a los prisioneros en que estos se habían resistido de forma violenta al arresto.

Existen también volúmenes sobre declaraciones de los detenidos coaccionados por torturas. Estas personas privadas de libertad por los diferentes regímenes podían pasarse años en prisión sin pasar en ningún momento a disposición judicial.

En estos documentos se observa también la cooperación internacional entre las diferentes dictaduras militares que coincidieron en el tiempo en Iberoamérica, auspiciados por Estados Unidos bajo el marco de la Operación Cóndor. Se llevaban a cabo traslados, intercambios y programas de captura conjunta entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, así como diferentes operaciones de espionaje.

Las diversas técnicas de tortura que se aplicaban también se encuentran detalladas, en algunos casos de forma explícita. Se utilizaban varios sistemas, como infringir un dolor cada vez más intenso al torturado apara conseguir minarle moralmente o torturas delante de otros presos. Para ello se utilizaban instrumentos inquisitoriales como látigos, grilletes, varillas, sofocar a la víctima en agua con excrementos y el aislamiento en espacios tremendamente estrechos en los que los prisioneros no eran capaces de ponerse de píe.

Los Archivos del Terror constituyen en la actualidad una prueba fehaciente de la cara más dura de las dictaduras. Su aportación histórica y jurídica fue muy relevante y suponen un tratado de la impunidad con la que es capaz de actuar un Gobierno sobre su propia población.

La transición, el 23F o la entrada de España en la OTAN podrían ser, de aquí a unos meses, objeto de investigación histórica a través de documentos que, hoy por hoy, están clasificados por el Estado. Y es que este martes se debatirá en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV, que pretende que sólo se pueda restringir el acceso a documentación sensible por un máximo de 35 años en lugar de establecer un veto indefinido, como ocurre en la actualidad.

Este martes únicamente se debatirá la proposición de ley y se votará sobre su toma en consideración –el primer paso del trámite parlamentario–, por lo que la aprobación de la reforma no es inminente. No obstante, es probable que el Congreso dé luz verde a que comience la tramitación de un texto que el PNV ya propuso la pasada legislatura y que fue aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, así como de los partidos nacionalistas. De hecho, el PP se quedó sólo en su negativa, que entonces justificó afirmando que, pese a que no se oponía a reformar la Ley de Secretos Oficiales, consideraba que la iniciativa era un "parche" a la norma.

La proposición de ley del PNV supone, no obstante, modificaciones importantes en puntos clave de una ley que procede, originalmente, del franquismo, ya que fue aprobada en 1968 y enmendada diez años después. Fundamentalmente, la iniciativa busca que no puedan existir –como ocurre en la actualidad– documentos clasificados indefinidamente, y para ello establece dos categorías: los documentos que se marquen como reservados estarían vetados al público durante diez años, y aquellos señalados como secretos quedarían clasificados durante 25 años, un periodo ampliable durante otros diez años más mediante una disposición motivada por parte del Consejo de Ministros.

Precisamente, en virtud de esta proposición de ley, serían el Consejo de Ministros y sus miembros los únicos capaces de declarar clasificada una documentación, por lo que se retiraría esta prerrogativa a los jefes de las misiones diplomáticas de España en el extranjero y al jefe del Estado Mayor, que actualmente también pueden restringir el acceso público a documentos. Y, además, una nueva disposición transitoria establecería que las materias clasificadas que hayan cumplido ya el tiempo máximo de restricción quedarían liberadas.

Eso significa que todos los papeles secretos anteriores a 1991 o, en todo caso, a 1981, quedarían desclasificados automáticamente si se aprobase esta modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Entre esa documentación se encontraría la relativa al golpe de Estado del 23F, así como todos los documentos de una etapa tan convulsa como la transición. No obstante, ahora mismo es imposible conocer qué papeles están bajo secreto, porque no existe una lista en la que se explicite qué documentos clasificados obran en poder del Estado.

La descolonización, la OTAN o Palomares

Así lo denuncian los historiadores consultados por infoLibre, que explican que "no hay un archivo de documentos clasificados, como sí existe, por ejemplo, en el Reino Unido, donde incluso se puede intentar pedir permiso a las autoridades acceder a ellos bajo determinadas condiciones". Así lo afirma Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, que señala que "por lo general, en Europa, la norma es que los archivos comprometidos estén clasificados durante unos 25 o 30 años".

Con él coincide Carlos Sanz, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, que señala que es muy complicado saber con exactitud el volumen de información clasificada porque "no se publican listas al respecto, como sí se hace en países como EEUU". Y es que, según señala el historiador, la mayor parte de los países democráticos tienen establecidos plazos tras los cuáles los documentos se desclasifican automáticamente, y además en ellos "funcionan comisiones de desclasificación" que se encargan de gestionar el importante volumen de información clasificada para decidir qué puede pasar al dominio público y qué no.

Por su parte, Xusto Beramendi, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago explica que, a la hora de hacer investigaciones históricas, "cuanto más tiempo permanecen los documentos clasificados, mayor es el impedimento". "Podría decirse que, en historia, 25 años es casi el presente, pero si hablamos de documentos que llevan siendo secretos 50 años o incluso más, es una traba muy clara", sostiene el catedrático, que afirma que el hecho de que los archivos estén clasificados durante tanto tiempo abre la puerta, además, a que mucha información "haya sido destruida". Así podría ocurrir, señala Beramendi, con documentación relativa al golpe de Estado del 23F, ya que ni siquiera "existe constancia de lo que hay": lo que se conocen son afirmaciones no probadas, como la del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que sostiene que existen 125 horas de grabaciones telefónicas de aquella noche.

Pero no sólo los documentos relativos al golpe de Estado pasarían a ser de dominio público si prosperase la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La nueva norma también afectaría a buena parte de la documentación relativa a la política exterior española, entre la que se cuentan papeles sobre episodios poco investigados, como la descolonización del Sáhara en 1975 o la de Guinea Ecuatorial, en 1968, así como el incidente de Palomares de 1966, según recuerda Sanz. "La política exterior del franquismo, en general, tiene montones de documentos clasificados", afirma el historiador, que señala otros dos acontecimientos históricos sobre los que ahora cae el velo del secreto oficial que podrían ser desclasificados: la negociación para la entrada de España en la OTAN y la participación de nuestro país en la Guerra del Golfo.

Ciudadanos aún no sabe qué votará

PSOE y Unidos Podemos apoyarán, como ya hicieron en abril, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. "La propuesta es un inicio que da pie a un debate que lleva muchos años de retraso respecto a otros países", sostiene el diputado de Unidos Podemos Juanma del Olmo, que asegura que la iniciativa "es un primer paso para transitar legislativamente del franquismo a la democracia, que todavía hace falta en asuntos de especial importancia". Los socialistas, por su parte, argumentaron en abril que la norma actual, "entre otras deficiencias y limitaciones, ni ha evitado los conflictos jurisdiccionales que todavía permanecen en nuestra memoria ni ha impedido la obstrucción gubernamental al acceso a miles de documentos clasificados referidos a la Guerra Civil".

Ciudadanos votó hace meses a favor de la iniciativa con el argumento de que la ley está "objetivamente obsoleta" y es "preconstitucional". "Pero debemos hacer una actualización de manera sosegada para lograr una regulación adecuada en una cuestión tan sensible", sostuvo entonces el partido naranja, que este lunes confirmó en declaraciones a este medio que aún no tiene decidido el sentido de su voto.

El abogado Eduardo Ranz y el periodista José María Calleja registrarán este martes ante más de 30 instituciones de carácter militar una petición para que se garantice el acceso a los archivos militares relacionados con la Memoria Histórica y se elimine las "innecesarias trabas" que, según denuncian, están sufriendo investigadores,  familiares de las víctimas del franquismo y el resto de ciudadanos que quieren consultar los expedientes.

La iniciativa se inscribirá a las 11 horas ante la sede de la Primera Región Militar, ubicada en la madrileña Calle Mayor, en un día que coincide con la creación del 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional, con el objeto de lograr el "pleno" acceso a estos archivos "por su interés público" al amparo de las leyes de Transparencia, Memoria Histórica y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Dentro de la treintenta de instituciones que recibirán peticiones se encuentran los archivos de la Armada, el Ejército del Aire, tribunales militares, regiones o zonas militares; así como ante las embajadas de Argentina, México, Cuba o Rusia. Además, instan a digitalizar los archivos de Falange Española de las JONS y de la Fundación Nacional Francisco Franco.

"Reestablecimiento de la verdad"

En su escrito, exigen adoptar medidas de forma "inmediata" para garantizar el derecho de acceso a los fondos documentales y la catalogación de aquellos que puedan "contribuir al restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista", al ser, aun hoy, "inaccesibles" a la ciudadanía.

La demanda se ampara, según ellos, en la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Transparencia, y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que contemplan el derecho de acceder a los fondos depositados en archivos públicos, obtener las copias que se soliciten y examinar también aquellos que tengan carácter privado pero estén sostenidos con fondos públicos.

Aprovechan también para recordar que la Administración está obligada a facilitar el acceso a la información a los ciudadanos a través del Portal de la Transparencia y que el Reglamento de Archivos Militares de 1998 establece que los mismos serán "de acceso libre y gratuito cuando se trate de expedientes correspondientes a procedimientos terminados en la fecha en que tal consulta sea solicitada".

De este modo, Ranz y Calleja requieren el "pleno" acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de aquellos referidos a la Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con la Ley sobre secretos oficiales de 1968.

Emplazan así a facilitar la consulta de los archivos pertenecientes a Defensa, comandancias de la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977; mientras que invitan a suscribir convenios de colaboración con Universidades, al entender que "el acceso es básico para esclarecer el concepto de verdad" y ayudar a investigadores que participan en exhumaciones y familias que desean conocer datos de parientes represaliados.

"Camino de la verdad"

El abogado promotor de esta petición, Eduardo Ranz, ya ha llevado con anterioridad otras iniciativas en defensa de la Memoria Histórica como la denuncia contra 38 alcaldes por no retirar simbología franquista y demandas a 15 Obispados y Arzobispados por tener enterrados en recintos de su jurisdicción los cadáveres de Francisco Franco, Primo de Rivera o Queipo de Llano, entre otros. Su última acción en esta materia estuvo dirigida contra el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena por no elaborar un catálogo de vestigios franquistas y no cambiar el nombre a 186 calles.

"La intención es dar un acceso libre y público a los archivos militares para que las familias puedan consultar fácilmente expedientes de sus familiares camino de la verdad", declaró Ranz sobre la petición sobre la publicidad de archivos militares que registra este martes. "Se trata de un simple ejercicio de reparación", según el letrado. "Queremos que se puedan conocer expedientes de comandancia, sentencias...", todo aquello que pueda falicitar la búsqueda de familiares desaparecidos durante la dictadura.

Sobre si esta solicitud a instituciones relacionadas con el Ejército se verá cumplida o no, se muestra optimista, especialmente porque considera tener la legislación de su parte. "Pedimos que se cumplan tres normas de gran peso, por ello esperamos que, sin tener claro el cuándo, con esta petición se logre" la publicación de los archivos militares vinculados a la Memoria Histórica.

“Mi padre era una persona pudorosa. Que nadie piense que se va a encontrar una sorpresa”, asegura al otro lado del teléfono Elisa Delibes de Castro, la cuarta de los siete hijos que tuvo Miguel Delibes con Ángeles de Castro, “él decía que lo que no quiso decir en vida no quería que se dijese de muerto”. Sin embargo, a pesar del pretendido recato del escritor vallisoletano (1920-2010), su legado dice mucho más de su personalidad, de su proceso creativo, de lo que hubiera querido en un primer momento. Así lo atestigua la joya que es el archivo personal del novelista, que acaba de terminar de pulir y digitalizar, tras dos años de trabajo, la fundación que lleva su nombre. En total, la institución atesora 14.000 textos y 112.000 imágenes en las que Delibes se revela como un autor concienzudo y metódico, que corregía los manuscritos una y otra vez, hasta dar con la palabra precisa. Una persona, además, que no pecaba de autocomplaciente: “No le daba importancia a lo que hacía, tenemos muchos manuscritos, pero hay otros que no sabemos lo que ha hecho con ellos”, cuenta Elisa.

Así, han organizado y clasificado la correspondencia personal del autor de El camino, sus manuscritos, diapositivas, fotografías y un largo etcétera. “Este año se cumple el 50 aniversario de la publicación de Cinco horas con Mario y tenemos que celebrarlo. Hemos encontrado algún manuscrito y han aparecido unas seis cuartillas con un resumen de lo que mi padre quería contar en cada capítulo”, adelanta Elisa. Entre las disertaciones de Menchu mientras vela durante una noche entera el cadáver de su marido, con saltos temporales y reproches sobre su relación, Delibes tenía claro qué era lo que quería introducir en cada uno de los episodios. Aunque Elisa también es precavida a la hora de alabar el legado de su padre, entre los archivos del escritor han encontrado algunos artículos magníficos, como uno en el que valora, precisamente, Cinco horas con Mario, pero varias décadas después de su publicación. “Al principio el bueno era Mario, pero leído 30 años después… ¡Pobre Menchu! ¡Qué pocas satisfacciones recibió!”, parafrasea Elisa.

Javier Ortega, que en breve será nombrado director de la fundación, fue la persona que se puso al frente del trabajo junto a un equipo de dos personas. “Hubo una primera fase de organización, identificación y descripción,” explica a infoLibre, “y una segunda fase de digitalización del archivo que fue encargada a una empresa externa”. La intención es que el material esté disponible muy pronto para que pueda consultarlo cualquier persona interesada en la figura del vallisoletano. “En este momento, en la mesa hay siete publicaciones que nos han sugerido, pero ahora mismo la fundación no puede afrontar económicamente la edición en solitario”, amplía Elisa.

Desde la muerte del autor de Los santos inocentes se ha editado la correspondencia que mantuvieron Delibes y Gonzalo Sobejano, íntimo amigo, crítico literario y catedrático de Literatura Española. Bajo el título Miguel Delibes-Gonzalo Sobejano. Correspondencia 1960-2009, se reunieron 200 cartas en las que compartieron sus anhelos literarios, pero también personales. En una de ellas, cuando en 1974 fallece la mujer del escritor, Ángeles, éste escribe: “Llevo una vida pasiva y a base de estabilizadores. Quiero decir de química de las boticas que te hacen ver menos negro lo que decididamente es negro. Es un engaño piadoso que te permite dejarte de vivir. Ni humana ni literariamente puedo anticipar lo que será de mí. La muerte de Ángeles es una idea parasitaria –y amarga- que de momento no me deja concentrarme en nada. Dios dirá”.

Más recientemente, en marzo de 2015, salieron a la luz el trabajo de Delibes como dibujante en el diario El Norte de Castilla, periódico en el que empezó a trabajar en 1941, y fue su director entre 1958 y 1963, cuando dimitió por desavenencias con Manuel Fraga, ministro de Información por aquel entonces. En el libro, editado por el rotativo vallisoletano y la fundación, reúne las 390 caricaturas que Delibes firmó con el seudónimo de Max (M, por Miguel; A, por Ángeles, su mujer; y X, por las incógnitas que le deparaba el futuro). “Era una faceta que merecía salir a la luz”, zanja Elisa sobre el trabajo de su padre como dibujante.

“Por mí, dejaría que se viese todo, porque mi padre tenía pocos secretos, pero hay otras cosas que no corresponden sólo a él”, explica Elisa sobre alguna correspondencia que ha decidido no hacer pública por si pudiera molestar a los herederos de las personas con las que Delibes mantenía relación epistolar. Lo que sí han decidido incluir han sido los 17 libros de pésame que firmaron los vecinos de Valladolid cuando el escritor falleció. Algunos, cuenta Elisa, dejaron escritos preciosos mensajes como “Adiós, milano bonito” o “La señora de rojo te esperará en el cielo”, haciendo referencia al libro que Delibes escribió como homenaje a su mujer. Y es que Miguel Delibes era muy apreciado entre sus vecinos: más de 18.000 personas acudieron a la capilla ardiente que instalaron en el Ayuntamiento de su ciudad natal. Recuerda Elisa que cuando fue nombrado académico de la RAE en 1973 la gente no paraba de darle la enhorabuena por la calle: “Me encantan mis paisanos”, le decía Delibes a su hija, “es como si hubiera ganado el Real Valladolid de fútbol”.

El Gobierno estudia facilitar el acceso de los historiadores a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y no descarta modificar el acuerdo que en 2010 blindó el grueso de los documentos producidos o recibidos en el departamento al otorgar la calificación de secreto o reservado a un gran número de materias relacionadas con la política exterior.

En concreto, el Ejecutivo ha admitido estar "estudiando fórmulas para permitir un acceso más fácil y libre a la documentación, sin excluir la posible modificación del acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010".

Así lo reconoce en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la diputada de ICV Laia Ortiz, que preguntó al Gobierno por qué Exteriores denegaba el acceso de los investigadores a documentos históricos.

En su contestación, el Ejecutivo explica que el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación estuvo cerrado al público durante 2013 debido a la mudanza de sus documentos, que se han repartido entre el Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en aplicación de un acuerdo alcanzado entre Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2012.

La transferencia de documentación al Archivo Histórico Nacional concluyó el 12 de diciembre de 2012, y la transferencia al Archivo General de la Administración, el 21 de agosto de 2013, precisa el Gobierno a la diputada de ICV.

Desde abril de 2013 se pueden consultar los fondos históricos de Exteriores transferidos al Archivo Histórico Nacional y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Nada se sabe en cambio sobre cuándo estarán accesibles los que se guardan en el Archivo General de la Administración.

Los investigadores empezaron a tener problemas para acceder al archivo de Exteriores, situado desde principios del siglo XX en el Palacio de Santa Cruz, como consecuencia de un acuerdo secreto decidido en octubre de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este acuerdo, cuya existencia saltó a la prensa en 2012, otorga la calificación de secreto o reservado a un gran número de materias, desde la posición de España en negociaciones, a las gestiones para la liberación secuestrados, cuestiones de asilo y refugio, protección de Derechos Humanos, hasta cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España y países amigos o los preparativos de viajes de los reyes, el presidente del Gobierno y ministros.

En febrero pasado, el PP tumbó en el Congreso una iniciativa promovida por IU destinada a abrir los archivos históricos de los Ministerios de Exteriores y Defensa a los investigadores.

En aquella ocasión, la diputada 'popular' Gema Conde explicó que la dispersión de los documentos del Archivo de Exteriores se hizo "en aras" de ofrecer a los investigadores "una mayor comodidad" a la hora de consultar los documentos, si bien demandó tiempo para que los documentos se pudieran consultar pues tras una "mudanza de esas características, se requiere un tiempo de adaptación".

Conde ya confirmó entonces que el Ejecutivo seguía "estudiando" la actualización del acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 y que tenía intención de, cuando la coyuntura presupuestaria lo permitiese, analizar qué documentos deberían seguir siendo reservados y cuáles no.

La diputada apuntó que incluso se podía hacer "un ajuste" de la Ley de Secretos Oficiales, si bien precisó que esto no estaba "en la agenda inmediata del Gobierno".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace oídos sordos a la limitación de la justicia universalla limitación de la justicia universal. El magistrado se ha negado a archivar la causa relativa a las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base militar estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005, así como la investigación contra varios militares marroquíes por crimenes en el Sáhara entre 1975 y 1976.

En 2009, el magistrado preguntó a Estados Unidos si investigó las supuestas torturas que tuvieron lugar en la polémica base militar. En un auto conocido la mañana de este martes, Ruz ha vuelto a interrogar al Gobierno estadounidense para esclarecer los hechos. Lejos de dar carpetazo a la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional continúa con las pesquisas de la investigación. 

En el correspondiente auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incoa sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra. Además, el magistrado interrogará al Tribunal Supremo sobre si considera que Estados Unidos ha investigado los hechos de forma eficaz.

En enero de 2010 el juez Baltasar Garzón admitió a trámite esta querella, presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

Continúa la investigación sobre el genocidio del Sáhara 

Pablo Ruz continuará investigando dos causas por crímenes en el Sahara pendientes en su juzgado. Por un lado, rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y por otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociacion Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.

Respecto a la primera causa, el magistrado considera que el procedimiento debe continuar ya que, tal y como informo el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron "en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional". El juez alega que los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles y en territorio español, ya que "entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976" el Sáhara Occidental era provincia española. 

Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional se considera competente para continuar con la investigación iniciada a raíz de una querella por genocidio contra varios dirigentes del Frente Polisario, al considerar igualmente que estos hechos tuvieron lugar en territorio español.