El PP ha denunciado este miércoles el "enchufismo" y la "supuesta compra de votos" con dinero público por parte del PSOE en el municipio sevillano Huévar de Aljarafe y le ha emplazado a ofrecer explicaciones hoy mismo por estos hechos. Los conservadores han difundido en las redes el hashtag "#PSOEcompravotos".

El periódico Abc recoge en su edición de este miércoles unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe que, según el diario, probarían cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo en el ayuntamiento u otros organismos públicos controlados por los socialistas. Los documentos encontrados por la nueva regidora del PP, María Eugenia Moreno, al tomar posesión del cargo, probarían cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo, en especial a los miembros más jóvenes. El grupo de gobierno saliente habría tratado destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso, cuenta el diario.

María Eugenia Moreno ha contado este miércoles a la COPE que cuando llegó a su despacho de alcaldesa se encontró detrás de una silla una máquina trituradora ya colapsada y en un despacho cajas dispuestas para salir llenas de documentos. Los papeles encontrados revelarían el "modus operandi" del PSOE andaluz para comprar votos con dinero público "a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales, ya que la voluntad de los censados se manejaba con contratos municipales repartidos por domicilios en los que viven familias de más de cuatro personas", señala Abc. Los papeles estarían escritos de puño y letra por el ex primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, Francisco Martín González Bejarano.

Entre los folios hallados, el más llamativo es el que da nombre a un supuesto plan de compra de votos en las últimas elecciones municipales. Se titula Plan 1.000, que se correspondería con una estrategia para lograr los mil votos que son necesarios en ese pueblo para lograr la mayoría absoluta. Los papeles enumeran a los miembros de cada familia calle a calle con nombres y apellidos y hacen una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio especificando la situación laboral en la que se encuentran sus miembros. "El control de los vecinos era milimétrico", señala el diario.

En los documentos se detallan también los organismos que podrían repartir contratos. Se habla del Plan de Emergencia Municipal, de la Escuela Taller, de Proempleo, del Plan Proteja. El PSOE ha gobernado en Huévar durante 36 años. 

Ante estas informaciones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea ha afirmado que la "compra de votos y el enchufismo están en el ADN del PSOE de Sánchez". "¿Prometerá el pleno empleo comprando votos? ¿Encontrará un hueco entre promesa y promesa electoral para dar explicaciones? ", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, acompañado de la etiqueta "#PSOEcompravotos".

De la misma manera, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que su formación tomará las medidas que sean "necesarias" y ha añadido que la actual alcaldesa 'popular' está "investigando esas actuaciones". Según ha dicho, los españoles "no pueden ser comprados" porque ya "saben a dónde llevan las políticas socialistas".

"Es muy grave que nuevamente estamos hablando de lo que es el ADN del PSOE y, en este caso de la compra de votos. Creo que los españoles y, sobre todo los andaluces, merecen una explicación hoy por esos hechos y la mayor de las contundencias", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3.

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones y diputado gallego, Diego Gago, ha subrayado que esa información demuestra cómo "compraba votos" el PSOE andaluz y ha agregado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, trata de comprarlos hoy "con el dinero de todos a través de los viernes sociales, engaños y promesas económicamente ruinosas para España mientras niega el inicio de la crisis".

El PSOE de Sevilla ha difundido este miércoles un comunicado en el que rechaza las acusaciones de "compra de votos" en el municipio de Huévar del Aljarafe y critica que el PP recupere el discurso del "voto cautivo" en Andalucía en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. En la nota, el PSOE de Sevilla señala en primer lugar que es "un partido serio, honesto, democrático y riguroso con 140 años de historia que jamás ha comprado un voto" y subraya que sus "militantes, simpatizantes y votantes lo hacen en total y completa libertad, y así ha sucedido en todas y cada unas de las elecciones celebradas en la etapa democrática".

Tras indicar que "la derecha de este país siempre ha centrado su estrategia en vincular las victorias socialistas a una supuesta compra de voluntades en nuestra tierra para tapar sus fracasos electorales", el PSOE indica estas acusaciones "son de una gravedad tal que deben de estar en los tribunales para que se realice la pertinente investigación y no en filtraciones interesadas y tendenciosas que coinciden con época preelectoral".

"No nos extraña, dado que todo responde al ritual del PP cuando hay elecciones, como la petición de comparecencias en comisiones parlamentarias de personas que no tienen nada que ver con el asunto que se pretende investigar", añaden los socialistas en alusión a la solicitud de comparecencia de la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, en la comisión de investigación parlamentaria sobre la extinta Faffe.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido reestructurar su equipo de Gobierno y sustituir al vicerrector de Postgrado, José María Álvarez Monzoncillo, por la catedrática de Biodiversidad y Conservación, Isabel Martínez Moreno, tras el lío generado con el expediente de los estudios cursados por el candidato a presidir el PP Pablo Casado.

A su vez, también cesa a la vicerrectora de Calidad, María Luz Martín Peña, y crea una nuevo Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno, al frente del cual estará Manuel Gértrudix Barrio, profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Así lo ha indicado el propio Ramos en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria de la URJC, al que ha tenido acceso Europa Press, para explicar los cambios que ha emprendido en el organigrama de la dirección de la institución y que pasarán a ser efectivos a partir de este mismo miércoles.

Como adelantó ayer el diario El País, el rector de la URJC ha decidido reemplazar a Monzoncillo y modificar la "estructura y orientación" del Vicerrectorado de Postgrado.

"Isabel y Manuel son excelentes profesionales que gozan del respeto y reconocimiento de todos sus compañeros, por lo que es una satisfacción poder contar con ellos en el equipo directivo de la URJC".

También agradece a los vicerrectores salientes "el servicio, los esfuerzos y el tiempo que han dedicado a la gestión de la universidad durante todos estos años".

Documentación de Casado

La salida del ya exvicerrector de Postgrado de la URJC se produce días después de que el propio Ramos informara a su Consejo de Gobierno de que se había localizado información "adicional" en los archivos "propios" del Instituto de Derecho Público que habían permitido "completar" el expediente de los estudios que cursó en el centro el candidato a dirigir el PP nacional Pablo Casado.

"Si bien, y así se ha hecho saber, no toda la información constaba en el servicio de posgrado, se ha encontrado información adicional en los propios archivos del Instituto de Derecho Público, lo que ha permitido completar el expediente", relataba el rector el pasado viernes.

Precisamente ese mismo día el diario Okdiario adelantaba un escrito de la URJC en el que figura la relación de asignaturas convalidadas al dirigente popular y una comunicación, fechada en 2009, en el que se dispone a la devolución de 600 euros de la matrícula cursada por este concepto.

La semana pasada también se conocía, previamente a esto, un informe remitido por la URJC a la magistrada de Instrucción número 51 de Madrid, en el que aseguraba el centro que no había constancia documental del Tribunal ni del acta de convalidaciones del máster en Derecho Autonómico del aspirante a dirigir el PP.

No obstante, este informe estaría basado en los datos recabados en el servicio de posgrado de la universidad sin conocerse aún que había documentación sobre el expediente académico de Casado en los archivos del Instituto de Derecho Público. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esa nueva documentación hallada en el Instituto de Derecho Público se remitió al Ministerio Público.

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación para esclarecer la denuncia que interpuso Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al que acusa de prevaricación y cohecho en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público para detallar que fue ayer cuando la Fiscalía de Móstoles acordó la apertura de las diligencias tras recibir la denuncia de la formación morada.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, se alude también a posibles delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, al entender que utilizó "información y posición privilegiada" dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.

Además, la formación morada sospecha que Ramos interpuso a una tercera persona de su "confianza" en esta sociedad como una "protección adicional" para evitar ser identificado en la misma con intención de beneficiarse de la actividad de la empresa mediante este convenio, al que aportó un trato "diferenciado" y "privilegiado".

La denuncia solicita al Ministerio Público que se tome declaración con la apertura de diligencias la propio Javier Ramos y al exrector de la institución Fernando Suárez, que ocupaba el cargo cuando se impulsó el convenio. También se cita a una arquitecta que elaboró en el proyecto de hangar situado en Fuenlabrada y al gerente de la empresa concesionaria.

Estos presuntos delitos, en caso de demostrarse, implican una pena de prisión de seis años y otros 12 de inhabilitación para ejercer cargo público.

Podemos: "Vamos a llegar hasta el final"

El promotor de la denuncia, el diputado de Podemos en la Asamblea Eduardo Fernández Rubiño, ha valorado de forma positiva que la Fiscalía haya decidido investigar este convenio, que puede ser otro posible "foco de corrupción" en esta universidad.

Rubiño ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que es "alarmante" la apertura de otro frente judicial en relación a actuaciones en la URJC y ha enfatizado que su partido ya dijo que "iba a llegar hasta el final" en este asunto porque su compromiso es que la universidad pública esté "libre de corrupción".

El parlamentario cree "esencial que la Justicia llegue hasta el final y que se arroje toda la luz necesaria en lo que está sucediendo". "Lo dijimos hace unas semanas. Desde Podemos vamos a poner todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para de verdad levantar las alfombras en la URJC y que los miles de estudiantes y profesores que de forma honrada trabajan en dicha universidad y que se están viendo afectados por la actuación de unos pocos no paguen el pato y por fin podamos recuperar la confianza en esta universidad", ha manifestado.

Así, ha recordado que su Grupo ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite estos institutos, ha acudido a la Fiscalía y ha pedido y logrado la reprobación del consejero de Educación por el caso máster. "Vamos a seguir haciendo todo lo posible para defender la universidad pública y recuperar la confianza en esta institución importantísima de nuestro Estado del Bienestar", ha agregado Rubiño.

Por último, ha instado a Ciudadanos (Cs) a que rectifique y renuncie a aprobar la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior que ha presentado el Gobierno del PP "y que solo va a servir para consolidar este modelo nefasto, que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en la Universidad Rey Juan Carlos en los últimos años y que, por tanto, la próxima Ley de Universidades nazca del consenso y que no Cs junto al PP hagan una reforma que solo va a seguir perjudicando a las universidades públicas".

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado que es "penoso" y "lamentable" el caso del falso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Un hecho, que hace que "tengamos que reforzar, siempre que podamos, todos los controles internos sobre todas las materias universitarias, aunque hay que tener en cuenta que es una de las administraciones mejor controladas, y que tiene entre los españoles una de las mejores imágenes entre las corporaciones".

Fernández ha realizado estas manifestaciones preguntado por el asunto del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, antes de un encuentro de trabajo que ha mantenido en la Universidad de La Rioja (UR). Sobre este asunto ha dicho estar "muy molesto con una parte de la opinión pública publicada, y también con el comportamiento de algunos representantes de algunas fuerzas políticas".

"En España hay aproximadamente 8.300 programas de grado y de máster, y por tanto, es absolutamente imposible que no haya en algún momento algún tipo de irregularidad", si bien ha puntualizado que "hasta donde yo sé, en estos momentos no hay ningún rector, vicerrector, gerente o decano que esté imputado por algún hecho de irregularidad en la universidad española".

Ha negado que el asunto de Cifuentes pueda pasar factura a las universidades, al tiempo que ha insistido en que "me molesta que un caso entre miles haya sido utilizado, por algunas personas, para manchar la imagen de una de las instituciones más importante que tiene un país". En este punto, ha preguntado que "si alguien ha visto al primer ministro inglés o el presidente de Francia hablar mal de sus universidades, ya que son la marca de un país".

Ante ello, "y cuando esa marca funciona muy razonablemente, lo lógico y natural es que se hable bien de ellas, lo que no quiere decir que no se señalen las deficiencias que pueden tener, algo que solemos hacer en primer lugar los propios universitarios". Por tanto, ha concluido Fernández "estamos pidiendo insistentemente una nueva Ley de Universidades", y cuando lo hacemos los propios universitarios "decimos que queremos una reforma sensata, pactada y a largo plazo de la universidad española".

A la hora de dirigirse a los medios de comunicación, o más en sentido amplio a la opinión pública, el PSOE andaluz suele saber lo que se hace. Planifica y ejecuta sin dejar a la improvisación más que lo estrictamente necesario –que en política suele ser bastante, por otra parte–. Se mueve además en coordinación con la Junta de Andalucía, otra eficaz maquinaria de difusión de mensajes en las ocho provincias. Tanto el PSOE como la Junta tenían claro el guión de la pasada semana. Andalucía se iba a convertir –de hecho, se convirtió– en la primera comunidad autónoma en aprobar sus propuestos de 2018, lo cual le permitía presumir de estabilidad y deberes hechos gracias a la solidez del pacto PSOE-C's. Al mismo tiempo, tanto el partido como la institución pública alzarían la bandera blanquiverde con motivo del 40º aniversario de las grandes manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre de 1977. Orgullo del pasado y estabilidad para el futuro. Pero el guión se torció. Porque saltó el que podríamos llamar caso Durán.

El caso Durán no es un caso de corrupción. Nadie tienen que decir en él la Fiscalía ni los juzgados. Hay poco margen para una demanda. Pero haber, hay caso. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán (PSOE), ha tenido que dar públicamente explicaciones en una tensa comparecencia ante los medios. También se ha comprometido a ofrecérselas a los grupos parlamentarios en la Mesa de la Cámara este mismo martes. Pero, ¿qué es el caso Durán? Aquí están los hechos. El Parlamento de Andalucía contrató a la empresa El Cañonazo Transmedia, con sede social en Madrid, para la realización de una campaña de difusión de vídeos en redes sociales con motivo del 40º aniversario del 4-D. Las ideas centrales eran "Orgullo andaluz" y "La voz de un pueblo". El quid reside en que en dicha empresa trabaja el sobrino del presidente Durán, Alberto Fernández, de 23 años, que aparece como militante de Juventudes Socialistas. Se ocupa, según la web de la empresa, de las tareas de "community manager" y "estrategia". La contratación se realizó a dedo. Por su cuantía –14.000 euros, según el presidente del Parlamento, que no ha mostrado el contrato– no era necesario un concurso público.

Todos los grupos de la oposición, una vez conocidos los detalles de la contratación tras desvelarlos ABC Córdoba, han criticado durante al presidente del Parlamento. La propia calidad de la campaña, dirigida fundamentalmente a los jóvenes, ha sido puesta en tela de juicio, aunque desde el Parlamento insisten en que ha sido "un éxito". También el hecho de que la realizase una empresa madrileña, tratándose precisamente de la difusión de un aniversario tan marcadamente andalucista. Pero éstos son asuntos secundarios. Lo principal era: ¿Se benefició la empresa de tener al sobrino de Durán como trabajador? ¿Benefició Durán a la empresa en la que trabaja su sobrino?

Dentro de la legalidad

Sobre la legalidad, poco hay que decir. La contratación está amparada por el método simplificado que la Ley de Contratos del Sector Público establece para las cuantías menores a 18.000 euros, como es el caso. Las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía también avalan el procedimiento seguido para este contrato, al ser su cuantía menor de 30.000 euros. La propia Secretaría General del Parlamento, en vista de la polvareda levantada, emitió un comunicado que señalaba: "La tramitación del referido expediente, en fase de ejecución, cumple las prescripciones vigentes establecidas en las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía aprobadas por la Mesa de la Cámara, así como las contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".

Los responsables jurídicos del Parlamento –que estaban ahí antes de llegar Durán, y seguirán ahí cuando Durán se vaya– avalan la contratación. Haber contratado a esta empresa a dedo, sin publicidad ni concurso público, no se sale del margen legal ni normativo. Pero eso no es todo lo que se dirime. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, ha llegado a pedir la dimisión de Durán. Rodríguez dijo: "Es una metáfora perfecta de los 40 años del 4 de diciembre de 1977: progreso para los que tienen el carné del PSOE en la cartera". Para Rodríguez se trata de un caso "evidente" de "nepotismo", palabra que viene de la voz latina "nepos", que significa "sobrino".

"Un mal ejemplo"

El resto de grupos, sin llegar a tanto, sí exigen explicaciones al presidente del Parlamento o incluso a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz, dijo que era "un mal ejemplo", y que "no es ético, ni estético, que el presidente del Parlamento andaluz contrate a su sobrino [en realidad a la empresa en la que trabaje su sobrino] a dedo, sin transparencia y sin información". Juan Marín (C's), socio de investidura del PSOE, se limitó a adelantar que pedirá explicaciones si hay alguna irregularidad. Antonio Maíllo (IU) anunció que pedirá explicaciones sobre una campaña y una contratación que consideró "cutres". "Se van a Madrid cuando en Andalucía hay empresas que pueden afrontar con entusiasmo y con conocimiento de causa y emocional" la materia, añadió.

La posición del PSOE ha consistido básicamente en subrayar que se trata de una contratación legal y en avalar las explicaciones de Durán. Otras veces ha habido mayor entusiasmo en la defensa de un referente institucional en apuros. Durán ha tenido que defenderse casi en solitario. El jueves se plantó ante los medios y lanzó un mensaje que podría resumirse así: 1) Es todo legal; 2) Yo sí sabía que mi sobrino trabajaba en esta empresa, pero jamás pensé que contratar a esta compañía pudiera parecerle mal a alguien; 3) Mi sobrino es un simple trabajador de la empresa, no su propietario, ni miembro de su directiva o consejo de administración, ni tampoco cobra por contrato; y 4) La campaña está funcionando bien en las redes sociales.

Una propuesta de la empresa, según el Parlamento

A preguntas de este periódico, la Presidencia del Parlamento aclara que la propuesta de realizar la campaña partió de la empresa El Cañonazo Transmedia, no al revés. Es decir, no se la ofreció –según esta versión– Durán o su equipo a la empresa. infoLibre ha solicitado al equipo de Durán el contrato con El Cañonazo Transmedia, sin éxito. La respuesta es que el presidente lo mostrará en la Mesa del Parlamento del martes. A ello se ha comprometido Durán con el resto de grupos. Éstos habían llegado a solicitar una reunión extraordinaria de dicho órgano, que finalmente no se celebrará.

Durán defendió la realización de la campaña sobre el 4-D, que consta de varios vídeos y que ha tenido un coste de unos 14.000 euros, porque está teniendo una importante acogida y repercusión en las redes sociales, "sobre todo, entre los jóvenes", con unas 210.000 visitas hasta el jueves. El presidente del Parlamento explicó que el mes pasado planteó en la Mesa de la Cámara llevar a cabo una campaña concreta sobre el 4-D en redes sociales destinada a la población más joven, dentro de un proyecto sobre el 35º aniversario del Parlamento, y que contó con el visto bueno para ello. Cuando se decidió que el contrato fuera con la empresa en la que trabaja su sobrino, no informó a la Mesa de tal extremo, como reprochan los grupos de la oposición. Durán recalcó que el expediente para la contratación se hizo con "todos los parabienes y requisitos que establecen las normas de contratación del Parlamento". "Nadie pensó desde el gabinete de comunicación del Parlamento que esto fuese relevante porque [mi sobrino] no era una persona que fuera relevante en algún aspecto ni para la contratación ni para el diseño", añadió. Finalmente, dijo la palabra clave: si la contratación es "un error", lo asume. Un "error". Ahí es donde pretende dejarlo Durán.

Entrevistas para 'La peste'

¿Por qué asume la posibilidad de "un error", si todo es legal? Porque lo legal no es necesariamente ético, ni estético, como le recuerda la oposición, que se pregunta cómo se pusieron en contacto la empresa y el Parlamento. ¿Hubo igualdad de oportunidades? La Presidencia de la Cámara explica que fue la empresa la que hizo la propuesta. Durán asegura además que El Cañonazo Transmedia había dejado un dossier ofreciendo sus servicios tras grabar en la sede del Parlamento, el conocido como Hospital de las Cinco Llagas, unas entrevistas promocionales de la serie La Peste, del director andaluz Alberto Rodríguez.

Tras hacerse pública la información sobre la contratación, el propio Alejandro Fernández cargó en Twitter contra Rafael Ruiz, periodista de ABC Córdoba: "Eres una vergüenza para las nuevas generaciones que llegamos al medio. Saltarse el código deontológico periodístico es muy grave y debería ser motivo de despido". Un rato después Fernández cerró su cuenta. infoLibre intentó recabar el punto de vista de Fernández, pero no hubo respuesta. 

María Alejandra Suárez Martialay, hija del anterior rector de la Rey Juan Carlos ha conseguido una plaza de “apoyo administrativo” en la URJC online, del grupo C1 y con un nivel 16. Fernando Suárez Bilbao, catedrático de Historia del Derecho, ha sido investigado por 15 plagios a una veintena de autores, algunos de los cuales le han demandado en los tribunales. Pero Suárez Bilbao dejó el cargo el pasado enero sin que la universidad pública y la Comunidad de Madrid le hayan exigido responsabilidades.

Marta Gil Prieto, adjudicataria de una plaza de apoyo administrativo en el Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (Cinntec), es sobrina del vicerrector de Derecho Internacional y exdecano del campus de Alcorcón Ángel Gil de Miguel. Marta Gil ya consiguió en abril de 2016 un contrato temporal de 10 meses en el proyecto Cátedra de innovación y gestión sanitaria en el que figuraba como investigador responsable su tío. Ángel Gil también fue uno de los vocales de la comisión de valoración que la eligió para el puesto. En el proyecto de investigación figuraba igualmente Ruth Gil Prieto, quien además es profesora del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, como su tío. También es funcionaria del área administrativa de la universidad la cuñada de Ángel Gil, María Angustias Prieto Grajales, que ejercía de secretaria del Vicerrectorado de Cooperación dirigido por su cuñado.

El exvicerrector asegura que la elección de su sobrina para el proyecto de investigación no es en absoluto irregular. “Como investigador principal del proyecto, era quien tenía la capacidad de decidir a quién contrataba”, explica a infoLibre. Se trataba de un proyecto en colaboración con la farmacéutica Jannsen –perteneciente a la multinacional Johnson & Johnson– firmado al amparo del artículo 83 de la Ley de Universidades, que regula la colaboración de estas instituciones académicas con las empresas. “Entendí que la persona más idónea era mi sobrina”, resume Ángel Gil, quien alaba la “alta cualificación” de su familiar para el puesto. “Incluso por encima de la plaza de administrativo a la que se ha presentado ahora: es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas”, detalla.

Respecto a su cuñada, María Angustias Prieto Grajales, apunta que entró en la URJC en 1998 “también con cargo a diferentes proyectos” y luego concursó a un plaza fija.

María Ángeles Vera Santos, segunda en puntuación para una plaza de administrativa en la sección de contratación de la gerencia y primera, por tanto, en la bolsa de trabajo que se ha creado tras el concurso, es la hermana del exvicerrector José Manuel Vera Santos, que se presenta ahora de candidato a decano en el campus de Vicálvaro. También fue concejal del PP en Móstoles. Otra hermana, Socorro Vera Santos, tiene un puesto en la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad desde 2001. Vera Santos ejerció como vicerrector desde 2002 hasta 2013 y ahora encabeza una campaña para el decanato del campus de Vicálvaro con el eslogan Mejora la URJC.

“Ninguna ilegalidad”

“La universidad no ha cometido ninguna ilegalidad”, responde un portavoz de la URJC a este periódico cuando se le pregunta por estas relaciones de parentesco. Según destaca, en ningún organismo evaluador ha habido nunca familiares de los candidatos a funcionarios. “La URJC cumple escrupulosamente la legislación vigente”, concluye.

De las 23 plazas de interino ofertadas, al menos 11 han quedado en manos de becarios, estudiantes y trabajadores de la propia universidad. Algo habitual en las universidades españolas, según las fuentes académicas consultadas, pero también una muestra de la endogamia de la que se acusa a estas instituciones: se diseñan las plazas para que encajen en los perfiles de los candidatos locales. Según las condiciones de la convocatoria, que sólo se publicó en la web y en los tablones de anuncios de la institución, en la experiencia profesional –haber trabajado en la propia universidad otorga hasta 35 puntos en el concurso de méritos– se incluyen los contratos y becas de prácticas realizados por los aspirantes. Precisamente la hija del antiguo rector también era becaria en la URJC on line donde acaba de conseguir su plaza.

Además, uno de los puestos ha quedado en manos de Ángela Reviejo Rodríguez, antigua estudiante de Empresariales de la Rey Juan Carlos, que concurrió en las elecciones municipales de 2015 como suplente en la lista del PP de Alcorcón que encabeza su alcalde, David Pérez García.

Denunciado en el juzgado

Los 23 puestos de funcionario interino fueron convocados por el sistema de concurso libre. La universidad lo hizo amparada en una “extraordinaria y urgente necesidad” y por la “imposibilidad de afrontar el desempeño de los puestos de trabajo con funcionarios de carrera”. La sección sindical de Somos Sindicalistas en la universidad denunció la convocatoria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid porque no fue publicada ni el Boletín Oficial de Estado (BOE) ni en el de la Comunidad de Madrid (BOCAM), vulnerando el principio de publicidad. También porque la universidad no justificó las razones de la “necesidad y urgencia” del concurso. Y porque los 23 puestos ofrecidos no figuran en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la institución, según asegura la denuncia. Tras conocerse la lista de adjudicatarios, el sindicato ha vuelto a pedir a la universidad que paralice el concurso hasta que se resuelva la demanda judicial. La URJC se ha negado.

Todas las plazas pertenecen al cuerpo administrativo, a los grupos C1 y C2, con niveles 14 a 18, para los que se exige como máximo un título de bachiller o técnico. El concurso libre constaba de dos pruebas: un concurso de méritos (70 puntos) y una entrevista (30 puntos). La universidad ha publicado en su página web la lista provisional de adjudicatarios de las plazas, a la espera de los recursos que presenten los candidatos. Según fuentes de la universidad, éstos son numerosos.

Somos Sindicalistas también ha pedido explicaciones a los responsables de la Rey Juan Carlos sobre la bolsa de trabajo que se ha creado con los mejores puntuados en el concurso de méritos. Según denuncian, la opacidad al respecto ha sido total hasta el pasado viernes 24 de noviembre, cuando se publicó la lista definitiva de adjudicatarios y el rectorado aprobó las normas para constituirla. De acuerdo con los listados publicados en la web de la URJC, la bolsa la componen 145 personas. La relación definitiva de aprobados se ha elaborado una vez resueltas las alegaciones presentadas por los aspirantes a la lista provisional. Ninguna de ellas ha conseguido alterar la configuración de ese listado provisional en ninguna de las plazas ofertadas, tanto para los 23 adjudicatarios como para los 122 candidatos con las mejores puntuaciones que completan la bolsa de trabajo.

La política de personal de la Universidad Rey Juan Carlos fue objeto de polémica después de que tanto eldiario.es como El Confidencial desvelaran la adjudicación de numerosas plazas a dedo entre profesores visitantes y personal administrativo.

El concejal de Cementerios y Mercados del Ayuntamiento de La LagunaLa Laguna (Tenerife), Zebenzuí González, ha publicado por error varios mensajes machistas procedentes de una conversación privada en un grupo de Whatsapp del PSOE.

Según ha adelantado 'Canarias Ahora' y recoge Europa Press, los mensajes fueron volcados en un chat que reúne a militantes del partido en la zona nordeste de la isla a comienzos del pasado mes de agosto, grupo que fue cerrado por la dirección del partido en el municipio al conocerse los hechos.

En los mensajes, González se jacta de que "enchufa" a mujeres en el Ayuntamiento como personal de confianza con las que después tiene relaciones sexuales. "Yo a follar jejeje con empleadas que pongo yo y enchufo yo en el Ayuntamiento y después hacer campaña por frikis", recoge el texto.

Cuando González se dio cuenta de su error de despidió de la conversación con un "perdón, me equivoqué de grupo".

"Broma de mal gusto"

González ha afirmado que los mensajes machistas publicados son una "broma de mal gusto", que en todo caso, pertenecen a una conversación privada.

En un comunicado, precisa que las frases "están absolutamente sacadas de contexto y no se ajustan al sentido literal que transmiten", señalando también que no deben interpretarse como ciertas.

"Quienes me conocen saben que ese tipo de comportamientos o acciones chocan frontalmente con mi forma de ser", señala.

Según González, la conversación se produce con un amigo con el que tiene "bastante confianza" y en clave de humor, con "expresiones soeces" que solo deben enmarcarse en un contexto privado y no relacionado con su función pública.

Por ello, pide disculpas a todos los ciudadanos que se sientan ofendidos porque el tono y el fondo no han sido correctos y "nunca" debió expresarse de esa manera, aunque incide en que "el sentido jocoso y vulgar de la conversación, alejado completamente de la realidad que en apariencia se transmite", procede de una conversación privada.

La Agencia Tributaria ha concedido una plaza de libre designación a Esperanza Mansilla Martín, hermana de la secretaria personal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Julia Mansilla Martín. Se trata de un puesto del grupo C1 y con un nivel 22, en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en Madrid. Al ser de libre designación, no ha mediado concurso público de ningún tipo, según los datos obtenidos por infoLibre y confirmados por la Agencia Tributaria.

Esperanza Mansilla, que es ingeniera de Caminos, se convirtió en funcionaria el pasado mes de enero, cuando accedió a una plaza de agente de la Hacienda Pública en la provincia de Girona, un puesto del grupo C1 y con un nivel 16, tras aprobar la correspondiente oposición. Seis meses más tarde, en junio, se le adjudicó la plaza de libre designación con el máximo nivel del grupo, el 22, en la citada Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en Madrid.

El nombramiento de la hermana de la secretaria de Montoro se produjo al mismo tiempo que la Agencia Tributaria abría dos procesos para cubrir otros tres puestos en la misma unidad y con el mismo perfil profesional. Según ha explicado el organismo a infoLibre, en junio se ofertaron dos plazas de libre designación en las delegaciones de Cataluña y Castilla-La Mancha cuya adjudicación no ha sido resuelta. Pero en estos casos se buscan dos jefes de unidad, de los grupos A2 o A3 y con un nivel 26.

También se publicitó, a través de la intranet de la Agencia Tributaria, otra plaza, esta vez de gestor especial, del grupo C1 y con un nivel 22, igualmente de libre designación. A pesar de que el plazo para presentar solicitudes todavía está abierto, el organismo revela que hay “varios candidatos” e incluso que “uno de ellos podría ser adjudicatario, al ser agente de Hacienda Pública, con formación de ingeniero de Caminos y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales”.

La agencia que dirige Santiago Menéndez lleva dos años reestructurando el área de Prevención de Riesgos Laborales, para lo que busca “personas con una titulación específica y formación académica y profesional” adecuada en este campo. Pero no encuentra candidatos. Según relata un portavoz del organismo, primero pidió a los sindicatos personal especializado en riesgos laborales y, ante la falta de respuesta, decidió ofertar los tres puestos antes citados y nombrar a la hermana de la secretaria del ministro para un cuarto.

La Agencia Tributaria justifica el método empleado para cubrir esta plaza en la falta de candidatos y en la mayor “rapidez y agilidad” de la libre designación frente a los procesos habituales de la Administración: oposiciones o concurso de méritos. Las fuentes internas consultadas por infoLibre han mostrado su extrañeza por el procedimiento seguido –tres plazas publicitadas y una cuarta concedida directamente–, también por la rapidez con que Mansilla Martín ha escalado al máximo nivel de su grupo. “Al menos teóricamente, la libre designación debe quedar limitada a cuestiones muy tasadas y específicas, de forma que no se caiga en la discrecionalidad”, advierten. En condiciones normales, para que un funcionario ascienda de nivel dentro de su grupo tiene que acudir al correspondiente concurso de méritos y para cambiar de subgrupo –del C2 al C1, por ejemplo–, participar en los procesos de promoción interna.

Cataluña dio su nombre a Recursos Humanos

La Agencia Tributaria explica que se le dio el puesto después de que el departamento de Recursos Humanos fuera “informado por la Delegación Especial de Cataluña de la formación académica y profesional de Esperanza Mansilla Martín”, quien además de ser ingeniera cuenta con “formación en materia de prevención de riesgos laborales y ha trabajado en empresas de ingeniería en esta materia varios años”.

Los requisitos que exige la agencia para la plaza de gestor especial del nivel 22 publicitada en la intranet incluyen una “titulación o capacitación para desempeñar funciones en materia de prevención de riesgos laborales”, así como cinco años de experiencia profesional en estas tareas “o en el desempeño de puestos técnicos” y en el “diseño, desarrollo y evaluación de estrategias de minimización de riesgos laborales”. Además, la agencia valora “la experiencia en diseño e impartición de actividades formativas” o la posesión del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica).

El currículo que Esperanza Mansilla ha colgado en la web Linkedin sólo recoge su experiencia profesional hasta 2013. Hasta entonces carece de formación o experiencia en prevención de riesgos laborales. Trabajó como técnica de estudios en Dragados desde 1997 hasta 2006, donde además fue jefa de servicios afectados en dos obras y jefa de calidad en otra. Después creó su propia empresa, Ingeniería Mansilla, para cuatro años después entrar en Morrison Infraestructuras, una constructora española con delegaciones en Colombia, Perú y Estados Unidos.

El sindicato UGT asegura que un buen número de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas se encuentran paralizadas por falta de personal. La plantilla, denuncia, está envejecida, con una media de edad de 60 años y a los cuatro ejercicios sin oposiciones les están siguiendo convocatorias con tan pocas plazas que la institución “se está quedando sin cuadros”. Según los cálculos del sindicato, haría falta sacar a concurso 50 plazas al año durante el próximo quinquenio para cubrir las necesidades de personal.

UGT ha presentado este jueves en el registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que denuncian la falta de independencia e imparcialidad de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y piden que se cree una comisión de estudio para reformar este órgano constitucional. El sindicato cree que debe revisarse y actualizarse la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, aprobada en 1988, para que sus consejeros sean elegidos por un periodo delimitado –ahora son nueve años– y no sean renovables. También para garantizar que reúnen los requisitos de “reconocida competencia técnica”. UGT pone en duda que los actuales posean esa elevada cualificación. Además, reclaman que se reduzca “de forma drástica” el nombramiento de técnicos por los procedimientos de libre designación y en comisión de servicios. Según explica el sindicato, el 99% de los funcionarios de nivel A1 –titulados– han sido nombrados mediante libre designación; es decir, a dedo.

En el documento, UGT pasa revista a las siete sentencias del Tribunal Supremo que condenan a los consejeros del Tribunal de Cuentas por su política de personal. En concreto, el Alto Tribunal reprocha a los 12 consejeros que conculcaran los principios de igualdad, mérito y capacidad para adjudicar plazas a sujetos predeterminados. En dos de ellas, el Supremo condena al pleno del Tribunal de Cuentas por “desviación de poder”, al haber “torcido” la convocatoria de un puesto de trabajo para impedir que se presentaran a él los funcionarios del propio organismo. En total, el TS condenó a los consejeros a pagar 60.000 euros en costas por las siete sentencias. La cantidad no la han abonado los consejeros, sino que se ha sufragado a cargo del presupuesto del Tribunal de Cuentas, lo que a su vez acaba de ser denunciado ante la Justicia por un letrado de la institución como constitutiva de un caso de “responsabilidad contable”.

Para UGT, la consecuencia de la falta de personal y la parcialidad de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas está siendo su “limitada capacidad de respuesta ante la corrupción”. “Apenas ha detectado ni perseguido caso de corrupción alguno en todos estos años”, resalta en su escrito al Congreso. El sindicato se pregunta si los consejeros son los responsables de esta “inoperancia” o si lo es una “legislación inadecuada”. En cualquier caso, pide que se renueve ya el Pleno del Tribunal de Cuentas, sin esperar a que sus miembros cumplan los nueve años de mandato legal. No sólo por las siete condenas del Tribunal Supremo recibidas por los consejeros, sino también porque fueron elegidos en 2012 a propuesta únicamente del PP, PSOE e IU. Y ahora la composición de las Cortes incluye a nuevos partidos no representados en el órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas. Finalmente, UGT reclama un Código Ético para los altos cargos de la institución que, a su juicio, debería tener un nivel de exigencia superior al de la Administración General del Estado.

Obras, alquileres, gritos de dimisión

El Tribunal de Cuentas lleva unos años convulsos por culpa de la política de personal y de la gestión económica. A las denuncias sobre enchufismo en las contrataciones se les han unido las relativas a las obras acometidas en su sede en los últimos tiempos. En su escrito al Congreso UGT califica de “dispersa, ineficiente y sin criterios claros” la política de adquisiciones del Tribunal.

Mientras la empresa pública Tragsa acomete unas importantes obras de reforma en el palacio del siglo XIX que acoge a la institución, la plantilla ha sido trasladada a un edificio en el barrio más caro de Madrid, por el que se paga un alquiler de 1,8 millones de euros. Las obras han comenzado con un año de retraso sobre el plazo previsto. Pero sólo seis meses después de que se realizaran otras en el sótano del palacio por otros tres millones de euros más. Como publicó infoLibre, el deterioro del ambiente laboral se reflejó en la imagen de buena parte de la plantilla pidiendo a gritos la dimisión del presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, a las puertas del nuevo edificio en febrero de 2016.

Podemos también pregunta por la política de personal

El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea del Congreso también ha pedido este jueves al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que explique en una comisión parlamentaria la política de personal de la institución y las sentencias del Tribunal Supremo, informa Europa Press.

Así, su portavoz en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia y ha anunciado que, en caso de que estas no resulten “convincentes”, cree que “habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente y del Consejo, que es el responsable de estas decisiones”.

González sostiene que “el actual Tribunal de Cuentas no cumple” con su función de “prevención y lucha contra la corrupción”. “Creemos que es por la excesiva politización y la relación de esa politización con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.

El letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Clemente de Antonio ha denunciado al presidente de ese órgano, Ramón Álvarez de Miranda, y los miembros de la Comisión de Gobierno, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz, por responsabilidad contable, según informa Confilegal. Los tres implicados habrían hecho incurrir  a la institución en el desembolso de 38.000 euros, en concepto de costas, que han causado un perjuicio a los fondos públicos del Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública en general.

Desde 2015, el Tribunal de Cuentas ha sido condenado por cuatro sentencias, pero se trata de la primera vez que recibe una denuncia por la vía contable. El Tribunal Supremo ha impuesto ya seis condenas por diversas ilegalidades, incluyendo la comisión de actos arbitrarios y la supuesta desviación de poder llevada a cabo en el nombramiento de Enrique Medina Guijarro como subdirector técnico nivel 30, en la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal.

Fernando Clemente de Antonio culpa directamente a los titulares de la Comisión de Gobierno y de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de ser los responsables directos de los actos que dieron lugar a los recursos de alzada, y de impedir la correcta ejecución de los fallos de las sentencias. Pese a que correspondería a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas nombrar al instructor encargado de investigar los hechos, en este caso lo lógico sería turnar la denuncia a los consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, ya que de lo contario los tres implicados al formar parte de dicho órgano, podrían acabar interviniendo en el proceso de toma de decisión.

Javier de Miguel Sánchez, exalcalde del PP de El Escorial (Madrid) y procesado en el caso de las tarjetas black de Cajamadrid, ha vuelto este martes a Tragsa, la empresa pública de la que fue despedido por motivos disciplinarios en noviembre de 2014.

De Miguel demandó a Tragsa en los tribunales y ganó el juicio. El despido fue declarado nulo. Según las fuentes consultadas por infoLibre, fue readmitido y ha permanecido de baja hasta este martes, en que ha regresado a la empresa pública. No obstante, no ha recuperado su anterior puesto, gerente de la zona de Madrid y ahora se encuentra en la sección de Internacional, donde tiene el rango de jefe de grupo de actuaciones y proyectos. En cualquier caso, Tragsa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El exalcalde de El Escorial fue destituido como gerente de zona el 16 de octubre de 2014, tras descubrirse que había gastado 172.700 euros con su tarjeta B mientras se sentaba en la Comisión de Control de Caja Madrid. A día de hoy, el juez Fernando Andreu lo mantiene procesado, acusado de apropiación indebida.

Aunque fue destituido de su cargo, De Miguel no fue despedido, sino que se le asignó un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de Tragsa, donde se ubica la presidencia. La medida, en medio del escándalo de las tarjetas y de la cascada de dimisiones que le siguió, provocó el malestar de la plantilla, inmersa entonces en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en principio iba a suponer el despido de 1.336 trabajadores, el mayor acometido en una empresa pública. Tras ser impugnado por los trabajadores, el Tribunal Supremo ratificó su legalidad en octubre de 2015 y Tragsa ejecutó los despidos definitivos en enero. Finalmente fueron 555555 los empleados de Tragsa que se quedaron sin trabajo.

El caso es que un mes después de ser ubicado en la planta noble de la sede madrileña del grupo, la dirección decidió enviar a De Miguel a Tragsa Brasil, con un cargo intermedio, lo que le iba a suponer el cobro de un plus por desplazamiento internacional de hasta 40.000 euros anuales. Como gerente de zona su sueldo era de 73.000 euros al año, sin contar la retribución por objetivos.

Pero, sólo siete días más tarde, la empresa le comunicó el despido acogiéndose al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores:el despido disciplinario se deriva de un “incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por lo que le priva de indemnización. Y aquél se produce por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, por indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros empleados, por “transgresión de la buena fe contractual” o abuso de confianza en el desempeño del trabajo, disminución en el rendimiento de trabajo, embriaguez habitual o toxicomanía o, finalmente, acoso sexual o por razón de raza, religión o discapacidad. Los jueces, sin embargo, consideraron que ese despido no había sido legal.

Enchufados del PP en pleno ERE

Javier de Miguel fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. En la comisión de control de Caja Madrid permaneció hasta el 23 de marzo de 2010. En Tragsa entró a trabajar como apoderado en septiembre de 2012, hasta que el 1 de noviembre de 2013 fue nombrado gerente de zona de la Comunidad de Madrid.

Esa designación se produjo en plena negociación del ERE y no fue la única entre personas relacionadas con el PP. En esa misma época entraron en plantilla Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Poco después, en abril de 2014, la empresa pública fichó a la exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Luz Reverón González, como delegada en Canarias.

En octubre, se anunció el nombramiento de otro exalcalde del PP, el de Santiago de Compostela, Ángel Currás, imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, como delegado de Tragsa en Galicia. La publicación de la noticia abortó finalmente la maniobra y el cargo sigue sin ser ocupado, casi dos años después.

La empresa pública Tragsa disparó en 2015 sus gastos de personal temporal un 37,6% y un 71,6% los de subcontrataciones, el mismo año en que batallaba en los tribunales para despedir a 1.336 trabajadoresdespedir a 1.336 trabajadores. El grupo tuvo que aumentar un 35,7% el número de sus empleados temporales para hacer frente a una cifra de negocio que también creció un 43%, alcanzando los 885,27 millones de euros. Tragsa facturó casi un 16% por encima de lo presupuestado y un 21% más que en 2012, el último año que cerró con beneficios –14,66 millones–. Aun así, terminó 2015 con unos números rojos de 21,7 millones de eurosrojos, lo que quiere decir, no obstante, que los redujo un 29% respecto a 2014, según las cuentas de la propia empresa a las que ha tenido acceso infoLibre.

A finales de 2015 el Tribunal Supremo dio la razón a Tragsa, declaró ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la Audiencia Nacional había anulado previamente y, el 31 de diciembre, comenzó a notificar despidos. A lo largo del mes de enero se deshizo de 555 trabajadores, muchos menos de los inicialmente planteados. Y, al mismo tiempo, inundó Infojobs de ofertas de empleo temporales. Un total de 175 hasta finales de abril sólo en la filial, Tragsatec, según cálculos sindicales.

En los tres primeros meses del año en curso, el grupo ha seguido aumentando su gasto en personal eventual, un 8,5%, más de lo que ha reducido, gracias a los despidos de enero, el gasto en personal fijo, un 7,6%. De hecho, en la filial, el gasto en temporales ha crecido un 26,6%, mientras que en trabajadores fijos ha caído un 7,3%. Traducido en número de empleados, hasta abril Tragsatec ha aumentado su personal eventual un 30,7%. Tras el ERE, la plantilla del grupo público la componen 10.345 personas, de las que 6.692 corresponden a la matriz.

Otro tanto ha ocurrido con las subcontrataciones, en las que el grupo público se ha gastado casi un 5% más que hace un año. En Tragsatec siguen disparadas un 34%. Por ley, Tragsa no puede subcontratar con empresas externas más del 50% de cada proyecto que ejecute.

Aumenta la cartera de pedidos

Y es que la filial aumentó su volumen de negocio en el primer trimestre un 21% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, resultado de una cartera de pedidos que también engordó un 30%. Los únicos clientes de Tragsa son las administraciones públicas –ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos–. Por tanto, la política de recortes del gasto público de los últimos años hirió de muerte las cuentas del grupo. Y el rebote de la inversión en año electoral le ha devuelto una cierta alegría. La filial, incluso, ha vuelto a beneficios, 2,9 millones de euros, lo que supone mejorar sus resultados casi un 149% por encima de los tres primeros meses de 2015.

Pero hay otro dato de las cuentas del grupo público que llama la atención: el aumento de los llamados gastos de estructura, que incluyen lo que le cuesta la cúpula directiva. En 2015, éstos ascendieron a 82,73 millones de euros, un 50,2% más que el año anterior e incluso un 15,3% por encima de lo que se gastaba en 2010, mucho antes de que la crisis forzara a la empresa a hacer recortes de plantilla. Desde que Tragsa presentó el ERE, en octubre de 2013, una de las denuncias recurrentes de los sindicatos se refiere a la “inflada” cúpula directiva del grupo.

Cementerio de enchufados políticos

CCOO reveló entonces que hasta 200 altos ejecutivos de la empresa pública cobran más que el presidente del Gobierno. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.996 euros al año. El presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, ingresa 183.205 euros anuales; es el presidente con el sexto mayor sueldo de todas las compañías estatales.

Sólo en la sede que el grupo tiene en la calle del Conde de Peñalver en Madrid, donde trabajan 504 empleados, el coste medio del personal era en 2013 de 109.000 euros, mientras que el coste medio de la plantilla en toda la empresa no superaba los 35.000 euros.

Los sindicatos se quejaban de que Tragsa se había convertido a lo largo de los años de un auténtico “cementerio de elefantes” de enchufados políticos procedentes de todos los partidos. Así, al mismo tiempo que la empresa negociaba con los representantes de los trabajadores el mayor ERE de una empresa pública –1.639 despidos fue la cifra inicial–, contrató a un exalcalde del PP de El Escorial (Madrid) –luego imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid–, al yerno de un diputado andaluz del mismo partido y al primo del secretario general del Ministerio de Agricultura. También tiene contrato en la empresa una hija del socio de bufete en Jerez de la Frontera (Cádiz) de Miguel Arias Cañete.

El mismo día que se ejecutaban los primeros despidos del ERE en Canarias, la empresa pública empleaba como gerente en el archipiélago a un alto cargo del PP en La Gomera. Meses más tarde, en octubre de 2014, Tragsa estuvo a punto de contratar como su gerente en Galicia a un exalcalde del PP de Santiago, imputado en dos causas por corrupción. La noticia abortó la operación.

Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. El resto del capital se lo reparten las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

Tragsa ha despedido entre Fin de Año y este lunes a un total de 560 trabajadores, 260 más de los 300 cuyos contratos fueron extinguidos en 2014 en su primer intento por ejecutar el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una empresa pública. Una vez obtenido el aval del Tribunal Supremo –el ERE fue denunciado por los sindicatos y la Audiencia Nacional lo declaró nulo–, Tragsa no esperó a terminar el año para reanudar los despidos, que serán un máximo de 1.336 y deberán haber concluido a finales de este mes de enero.

Muchos de los trabajadores se enteraron de que habían sido despedidos la pasada Nochevieja al comprobar que su nómina incluía una cantidad inusualmente elevada. El departamento de Recursos Humanos les comunicó que se trataba de la liquidación. Ha sido este lunes, al incorporarse a sus puestos de trabajo, cuando los afectados han recibido las cartas de despido. De los 560 primeros despedidos, 260 corresponden a la filial, Tragsatec, y el resto a la matriz.

Según el sindicato CSI-F, en la matriz los elegidos por la dirección son en su mayoría “trabajadores de entre 40 y 50 años con una media de 20 en la empresa”. Según CCOO, entre los afectados se cuentan muchos mandos intermedios –coordinadores de grupo y jefes de obra–, así como mayores de 50 años, algunos incluso a sólo unos meses de la jubilación.

En Valladolid, el comité de Tragsa y algunos de los despedidos llevan encerrados en la sede de la empresa desde Nochevieja. Su comité intercentros se reunirá el próximo día 7 para adoptar medidas. La plantilla de Tragsatec se les ha adelantado y el día 12 está llamada a la huelga por el sindicato CCOO.

Según CSI-F, el grupo público no tiene un problema con el número de trabajadores, “sino con su coste”. El sindicato denuncia que la empresa pretende, aprovechándose de la reforma laboral, sustituir “trabajadores fijos por otros eventuales y precarios”. De hecho, la dirección de Tragsa anunció a los sindicatos, cuando les comunicó los despidos, que un informe de la Abogacía del Estado la autoriza a contratar trabajadores temporales al tiempo que despide, e incluso a contratar de forma eventual a los mismos empleados a quienes está despidiendo ahora.

Contratos temporales, 'enchufes' políticos

Se trata de una práctica habitual en la empresa. Sólo este año, Tragsa ha aumentado el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se ha traducido en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal. Por el contrario, ha recortado en 137 empleados su plantilla fija. Tragsa cuenta con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 son temporales.

El ERE tampoco le impidió contratar a tres personas vinculadas al PP: Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche, como gerente en Sevilla; el exalcalde de El Escorial (Madrid) e imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, Javier de Miguel Sánchez, a quien nombró gerente en la Comunidad de Madrid, y a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera. Además, en la asesoría jurídica fue empleada Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

La publicación de que Tragsa iba a colocar como gerente de Galicia al exalcalde de Santiago e imputado por corrupción Ángel Currás terminó desbarantado el movimiento. En ese puesto estuvo antes el exalcalde de Viveiro por el PP César Aja. Durante la negociación del ERE, que terminó sin acuerdos, los sindicatos denunciaron que Tragsa se había convertido en un “cementerio de elefantes” para antiguos cargos políticos y personas vinculadas con los partidos, y que más de 200 de sus directivos cobraban más que el presidente del Gobierno.

3,5 millones de beneficio y un aumento del 41% en los ingresos

El grupo público, especializado en en trabajos medioambientales, de desarrollo rural, ingeniería y gestión de recursos naturales, espera cerrar el ejercicio con unos beneficios totales de 3,5 millones de euros, dos millones en la matriz y 1,5 millones en la filial, Tragsatec. Es decir, en una situación muy distinta de la que tenía a finales de 2013, cuando presentó el ERE que ahora ejecuta. Tragsa entró en pérdidas por primera vez en su historia ese año –27 millones de euros–. En 2014 duplicó esos números rojos –45 millones–. Pero este año volverá ya a cifras positivas, tras aumentar su volumen de negocio un 41,2% respecto a 2014. La cartera de pedidos de Tragsa –494,1 millones de euros– ha mejorado un 21,6% en el último año y la de Tragsatec –207,2 millones–, un 28,4%.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.

Sólo dos semanas antes de que el Tribunal Supremo (TS) decida si el despido colectivo en Tragsa es nulo como dictaminó hace año y medio la Audiencia Nacional, la empresa pública intenta un último movimiento para sortear una posible sentencia desfavorable. Ha pedido a los sindicatos que firmen antes del próximo día 14, cuando se reúne la Sala de lo Social del TS, una versión actualizada del plan de viabilidad que les planteó a finales de junio. De no hacerlo, lo que Tragsa aplicará si gana en el Alto Tribunal serán los 1.336 despidos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en octubre de 2013, hace dos años. Pese a que desde entonces los números de la empresa han experimentado una considerable mejoría: ha aumentado su cartera de pedidos en 56 millones de euros y reducido casi a la mitad su previsión de pérdidas para los próximos cuatro años.

Todos los sindicatos con representación en el grupo público, UGT, CCOO, CSI-F y CGT, han respondido con una negativa. Aunque el informe de la fiscal del TS defiende la validez del ERE, pide que se devuelva a la Audiencia Nacional para que vuelva a estudiarlo. Y esa eventualidad prolongaría aún más la incertidumbre en torno a una medida, el mayor recorte de plantilla aplicado en una empresa públicael mayor recorte de plantilla aplicado en una empresa pública, que Tragsa quiso haber tomado hace ahora dos años. Aunque el Supremo falle el mismo día de la vista, la redacción de la sentencia puede demorarse aún casi dos meses más. Es decir, en el supuesto de que el tribunal dé la razón a la empresa y ésta cumpla su amenaza de retirar el plan de viabilidad –bajas voluntarias, prejubilaciones y recortes salariales–, la ejecución de los 1.336 despidos puede coincidir con la campaña de las próximas elecciones generales.

“Nos han colocado una pistola en la sien”, protesta CCOO. El responsable de su sección sindical en Tragsa, Moisés Fernández, critica que el grupo haya puesto “fecha de caducidad” a un plan que ha permanecido en el limbo durante los últimos cuatro meses. “Han tardado un año en elaborarlo y ése ha sido un año perdido de negociación”, apunta por su parte el portavoz de CSI-F, Rafael Fernández, quien reprocha a la dirección de Tragsa su falta de “agilidad”. Los representantes de los trabajadores coinciden en que prefieren esperar a la decisión de los jueces. No van a negociar ninguna medida que incluya despidos, recortes salariales o rebajas en las condiciones del convenio colectivo, explican al unísono. “Además, ya no da tiempo a negociar nada”, advierte el portavoz de CSI-F. El de UGT, José María Piñero, descarta discutir un plan que “carga exclusivamente sobre los trabajadores la mala gestión de la empresa”, no incluye el recorte de la “descabellada cúpula” del grupo y ni siquiera aborda las “pérdidas sistemáticas” de los proyectos internacionales de Tragsa, que cifra en ocho millones de euros.

El 30 de septiembre y 1 de octubre pasados, la empresa presentó a los representantes de los trabajadores de Tragsa y su filial, Tragsatec, el mismo plan de viabilidad de junio, pero con nuevas cifras. En en un año, el grupo ha mejorado su cartera de pedidos en un 7,6%, hasta los 780 millones de euros. En la filial ha crecido mucho más, un 28%. La facturación de la matriz ha aumentado en 2,6 millones. Tanto en Tragsa como en Tragsatec la dirección prevé un alza de un 2% anual en la cifra de negocio hasta 2019. Así que, a la vista de los nuevos datos, ha reducido de 62,1 millones a 37,9 –casi un 40%– la cuantía de los recortes que considera necesario aplicar en Tragsa para volver a los beneficios en 2019, y de 40 millones a 27,3 –casi un 32%– los de Tragsatec.

Los sindicatos critican a los responsables del grupo por querer aplicar medidas –despidos y recortes salariales– pensadas hace dos años para una previsión de pérdidas que casi duplica los cálculos actuales. Tanto UGT como CCOO coinciden en tachar de “parcheo” la última oferta de la empresa, con la que la dirección –“en tiempo de descuento en esta empresa”, aseguran– pretende “salir lo más airosa posible” de la situación en que se encuentra.

El factor político y el “cementerio” de altos cargos

El portavoz de CSI-F alude igualmente al “elevado factor político” que interviene en las decisiones de las empresas públicas. UGT calcula que 123 directivos, el 3,66% de la plantilla, cobran un total de 1,65 millones de euros al año, el 9,14% de la masa salarial, sin contar los bonus y los complementos de responsabilidad. Es decir, denuncia el sindicato, hay un directivo por cada 32,6 trabajadores, una ratio que considera desproporcionada. Durante la negociación del ERE en 2013, CCOO reveló que 200 ejecutivos de Tragsa ingresan nóminas superiores a la del presidente del Gobierno –79.000 euros al año–. Los sindicatos denuncian que el grupo público se ha convertido en un auténtico “cementerio donde cada Gobierno aparca sus excedentes”. Según publicó infoLibre, mientras negociaba el despido de 1.336 empleados, Tragsa contrató a cuatro ex altos cargos o personas afines al PP y al entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Uno de ellos, el exalcalde de El Escorial Javier de Miguel, fue despedido tras resultar imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. También dispuso el nombramiento como delegado de la empresa en Galicia del exalcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, imputado en la Operación Pokémon. El escándalo que suscitó la noticia abortó finalmente la designación.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio (del Ministerio de Hacienda), con un 9,9%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “ente instrumental” de las administraciones públicas: acomete todo tipo de actuaciones agroindustriales y medioambientales, también proyectos de ingeniería y administrativos a través de Tragsatec, que éstas le encargan. No puede rechazar ninguna de esas “encomiendas de gestión”, que cobra a las administraciones de acuerdo con unas tarifas prefijadas.

Almiñana fue consejera delegada del Consorci Sanitari Integral en Catsalut, gerente del Área de Barcelona Sud del Servei Català de la Salut y en la actualidad senadora del PSC, inscrita en el grupo de l'Entesa pel Progrés.

En este caso, se convoca por el procedimiento de libre designación. Entre los requisitos requeridos a los aspirantes se pide que sean personal estatutario con plaza en propiedad en lo servicios de salud o de funcionario de carrera del grupo A, regulado por Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, y de las Leyes de la Función Pública de las CCAA, así como de personal laboral fijo de la Generalitat.

No obstante, la convocatoria precisa que también podrá participar simultáneamente personal "ajeno a la administración" que cumpla con los anteriores requisitos con el fin de poder "contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes que concurran en condiciones de igualdad" a este proceso de provisión de plazas, que se efectuará conforme al régimen laboral de Alta Dirección.

La Conselleria dio a conocer el pasado 10 de septiembre en un comunicado nuevos nombramientos de gerentes de diez departamentos de salud y la designación de los nuevos responsables, entre ellos, el de Mónica Almiñana Riqué, médica especializada en gestión sanitaria y en desarrollo de políticas públicas en materia de sanidad y política social.

Según explicaba el comunicado, Almiñana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Dirección de Instituciones Sanitarias por la UAB y en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universitat Pompeu Fabra y Postgrado en Dirección de Servicios Integrados de Salud por ESADE.

Sobre este caso, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha señalado en un comunicado que se está siguiendo "el procedimiento ordinario para cubrir las plazas de gerentes que marca la legislación" sin que se haya modificado la normativa "ni se ha diseñado un concurso a medida".

Asimismo, ha anunciado que en los próximos días se publicarán también en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana resoluciones similares a ésta para la provisión de las plazas de gerentes por el procedimiento de libre designación del resto de departamentos de salud, cuyo nombre también hizo público el 10 de septiembre.

Según la resolución de convocatoria publicada, los interesados en participar tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su solicitud a partir de la publicación en el DOCV –con fecha de este pasado martes 15 de septiembre–, haciendo constar sus datos personales, curriculum profesional incluyendo preferentemente los méritos académicos "y/o experiencia profesional en el desempleo de cargos directivos en instituciones sanitarias o puesto de trabajo con funciones similares al que se concursa".

Además, debe incluir una memoria explicativa de las líneas fundamentales y objetivos a conseguir en la plaza solicitada. Una Comisión de Valoración constituida al efecto valorará los documentos y posteriormente, "podrá procederse, en su caso, a la entrevista personal". En la valoración de méritos se tendrá en cuenta el trabajo desarrollado, desempeño de puestos de trabajo que guarden "similitud" con el contenido técnico y especialización del puesto; la realización y valoración de la memoria y la entrevista de carácter potestativo.

En esta última, pública, se valorarán los conocimientos para el puesto, así como la "aptitud, eficacia y experiencia profesional del aspirante" y las circunstancias que se precisen, además de la "capacidad de iniciativa, productividad y nivel de responsabilidad".

En el comunicado, la Conselleria explica que los contratos laborales de alta dirección "son habituales para cubrir cargos directivos de los departamentos de salud" y la norma que lo ampara "está vigente desde 2003 y permite que personal ajeno a la administración ocupe estos puestos, como sucedió en los departamentos de Ontinyent-Xàtiva, General de Alicante y Marina Baixa-Vilajoiosa" con el Gobierno del PP.

En esta línea, señala que el procedimiento utilizado está determinado por el Decreto 7/2003, de 28 de enero del Consell, "por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana".

Esta norma contempla que se debe publicar una convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para seleccionar las plazas de carácter directivo que se proveen por el sistema de libre designación y señala que, además de personal funcionario y estatutario con plaza en propiedad o personal laboral fijo de la Generalitat, "podrá concurrir también simultáneamente personal ajeno a la administración que cumpla con los requisitos (nacionalidad, titulación y no estar inhabilitado) con el fin de que la administración pueda contar con un mayor y heterogéneo número de aspirantes".

Como ejemplo de precedentes de este tipo de contratos de alta dirección para cubrir las gerencias de departamentos de salud cita los casos de la provisión de la plaza de gerente del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent por el procedimiento de libre designación en 2012; del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General en noviembre de 2014 y para la provisión de la gerencia del Departamento de Salud de la Marina Baixa en enero de 2015.

Sabido es que el hugonote Enrique de Borbón renunció a su credo protestante con el fin de, convertido al catolicismo, subir al trono de Francia. Ser coronado bien valía una misa en Notre Dame. Cuestión de prioridades. Cinco siglos después, Wert hace suyo ese pragmatismo borbónico desembarazándose de algo tan valioso y noble como la gestión del Ministerio de Educación y Cultura a cambio de prebendas más sustanciosas: la bicoca de una embajada con su boato y corte de consejeros (probablemente una de las canonjías más preciadas por su placidez y la descansada vida de quien huye del mundanal ruido), un sueldo acorde (bastante más de diez mil euros mensuales) y otras banalidades de diplomático, unas copas en Pierre Charron, cenas tête à tête con su nueva esposa en Le Meuricetête à tête (o, para no estar solos, con la embajadora española ante la Unesco, Teresa Lizaranzu, recién nombrada por el mismo conducto y deméritos en espera presuntamente del destino de su marido, actual jefe de la oficina económica de la Moncloa). Le importaba poco dejar a Rajoy con un palmo de narices a pocos meses de las elecciones generales. O quizás, precisamente por la proximidad de los comicios, convenía afrontar el carajal del próximo inicio de curso con un amansado opusdeísta tras desprenderse de Wert, si no el peor ministro de todos los tiempos, sin duda el mejor antólogo de la petulancia, soberbia y necedad. Y de las alevosías. A cambio el saliente tendría su momio.

Cuenta la maledicencia que el citado, tan enamoradizo incluso de sí mismo, al poco de ser nombrado ministro quiso muy cerca a su amiga Montserrat Gomendio Kindelan, bióloga millonaria, perita en estrategias reproductivas, sin un solo libro conocido bajo su nombre. Nadie mejor que ella, pues, para asumir la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, sin duda por su saber en efectos deletéreos de la consanguinidad y otras especificidades científicas del reino animal. Luego hubo quien acusó de nepotismo retroactivo al chulesco ministro, tan pronto como, transcurrido un tiempo prudencial, se confirmó su noviazgo con Gomendio. Más allá de curiosidades que escapan obviamente al interés de estas líneas, recordaré que fueron arreciando las críticas a la pareja por su incapacidad de discernir entre lo público y lo privado. Alguien pensará que en la complicidad de la alcoba prematrimonial (pecado ya venial incluso para los correosos del Opus) forjaron decretos, recortaron las becas, crecieron sus despropósitos y las reválidas, buscaron tenazmente el enfrentamiento con la comunidad escolar y, sobre todo, reinventaron el desdén y la patraña… De aquellos amores vinieron estos lodos: una reforma educativa (LOMCE) con rechazo unánime de la oposición y fecha de caducidad, las galopantes tasas universitarias, el decreto 3+2 con su ignominiosa selección estudiantil y abandono universitario por falta de recursos (que denuncié en este mismo diario), el sometimiento a las exigencias eclesiásticas, la paranoia de españolizar Cataluña a golpe de BOE y veneno patriótico, el desprecio por la cultura, el ninguneo a todo y a su contrario. Etcétera.

Tras dejar hecha unos zorros la educación del país, aún encontraron el tiempo suficiente para urdir un futuro en común, una salida indecente. Cuesta creer tanta estrategia y premeditación. Veamos. Gomendio deja la secretaría de Estado para ocupar en París el puesto de directora general adjunta de Educación en la OCDE, cuya secretaría general ostenta el mexicano Ángel Gurría, premio Nueva Economía 2014 y a quien no por azar en febrero de este año se nombró doctor Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid. El acto de investidura fue presidido sin toga ni birrete por Montserrat Gomendio, que no sólo destacó adulonamente la vocación de servicio público del investido, de quien pocas semanas después sería su subordinada, sino que además, a modo mitinero, de autobombo y de examen como si de presentar su candidatura al puesto se tratara, no escatimó dilatados elogios a la OCDE, adobados con varias impertinencias, lamentables en tan solemne acto. Saque el lector sus propias conclusiones. En la capital francesa se alojó con el aún ministro en el Colegio de España, residencia pública dependiente de la que fue su Secretaría de Estado. Y ambos siguieron maquinando el rentable provecho personal mientras el ministerio dormitaba sin una de sus cabezas y la otra buscando acomodo en desbandada.

Sólo faltaba la guinda. Pese a su probada carencia de idoneidad e inexperiencia para el cargo (contrariamente a lo que presuponga su compañera Ana Pastor), Wert metió las manos hasta los codos en el empeño, como Alonso Quijano en la aventura. Puso su ansiada cancillería en la lista de boda, celebró sus nupcias en una hacienda sin papeles de Colmenar Viejo y, según las habladurías, allí escuchó un "sé fuerte" en la espera, tan de Rajoy. Derrotados los dimes y diretes, incluso los de sus propios compañeros, descansó por fin sus posaderas y altanería en el despacho multilateral de la Avenue Marceau y, a costa del erario y por caprichosa reagrupación familiar, rehizo su nidal madrileño en un pisito oficial de medio kilómetro cuadrado, Avenue Foch, en el reputado distrito XVI parisino. El nombramiento se produjo con estivalidad alevosa el último viernes del curso político, de tapadillo y a deshora, como el presidente de gobierno y los suyos acostumbran a silenciar sinecuras y abucheos. Paris vaut bien une messe; entre el trasiego de sus amores, Wert logró cantarla navegando el Sena a contracorriente.

-----------------------------------------------------Javier Pérez Bazo es catedrático de la Universidad Toulouse-Jean Jaurès, director del Centre d'Études Universitaires de Madrid., exconsejero de Educación de la Embajada de España en París y exdirector del Instituto Cervantes de Budapest.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destituido al director de la empresa pública Red.es, César Miralles, a quien él mismo nombró para el cargo en agosto de 2013.

La empresa no ha querido precisar las razones de la destitución, pero las fuentes consultadas por infoLibre la atribuyen a su escaso entendimiento con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo.

Miralles, de 36 años, trabajó a las órdenes de Soria en el Gobierno canario, primero como director general del Gabinete de Estudios Socioeconómicos en 2008 y después como director general del Tesoro y Política Financiera. Por tanto, se le considera un hombre de confianza del ministro. Su nombramiento fue seguido, además, del de otros cuatro directivos procedentes de Canarias, lo que dio pie a acusaciones de “enchufismo” por parte de los sindicatos. Ese mismo mes de agosto de 2013, Soria nombró, además de a César Miralles, a un sobrino de su mujer, Octavio Falcón Hernández, director financiero de Red.es, y a un becario de la Consejería de Industria del Gobierno canario, Carmelo Muñoz Ruiz, al frente del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI).

El pariente de José Manuel Soria sustituyó en el cargo al propio César Miralles Cabrera, que fue ascendido a la dirección general.

Después, el propio Miralles nombró como director de Economía Digital de Red.es a un amigo suyo, Rubén Pérez Cudero, antes responsable del Servicio de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Las Palmas.

A Miralles le sustituye en el cargo Daniel Noguera Tejedor, hasta ahora director del gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Fue nombrado para ese cargo hace sólo cinco meses, el pasado diciembre. Desde la llegada del PP al Gobierno había trabajado como asesor de Calvo-Sotelo. Su trabajo anterior se ha desarrollado en el sector privado, en Orange, y sobre todo en Ericsson, donde permaneció desde 1999 hasta 2010.

Red.es, empresa pública dedicada a las tecnologías de la información, tuvo una cifra de negocio en 2013 de 27,68 millones de euros, casi la mitad de los 40,37 que facturó el año anterior. Así, pasó de ganar 4,16 millones de euros en 2012 a perder 11,15 millones en 2013, último año cuyas cuentas figuran en su página web. Su plantilla la componen 208 trabajadores.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Ourense llega 14 días después del juicio de cinco días en el que fue señalado por secretario y jefe de Personal de la Diputación como único responsable de los 8 decretos de contratación y de la selección nominal de los contratados.

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dijo en su primer testimonio que él hacía una primera criba entre currículos y nombres para los puestos de trabajo y achacó a técnicos y jefes de servicios la selección final. Además, en su alegato final de diez minutos, aseguró que es inocente, que tiene la conciencia tranquila y que el secretario, Francisco Cacharro, y el jefe de Personal, José Luis Suárez, le pidieron que asumiese la culpa de no publicar los 104 puestos de trabajo por los que fue juzgado.

Además, José Luis Baltar reiteró en cada ocasión que tuvo ante la jueza y ante los medios de comunicación, que a él "nadie" le advirtió de la obligación de dar publicidad a las 104 plazas que se cubrieron con otros tantos contratos temporales, por procedimiento urgente, y ha incidido que "fue el procedimiento" que le dijo "el jefe de Personal, José Luis Suárez, que había que utilizar", para cubrir los puestos durante los tres primeros meses de 2010, en torno al congreso en el que su hijo fue elegido presidente del PP en la provincia de Ourense.

El letrado que defiende a Baltar ya indicó a Europa Press que recurrirá la sentencia del juzgado de lo penal número 1 ante la Audiencia Provincial.

En el juicio, fiscal y acusaciones populares de PSOE y el sindicato Manos Limpias, mantuvieron sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, y el PSOE concretó su petición de responsabilidad civil en 696.666 euros por ser el coste de los 104 contratos para las arcas públicas, según certificó la interventora de la Diputación.

Los parlamentarios no pueden preguntar al Gobierno cuánto ganan los directivos de las empresas públicas ni sobre los contratos de una de ellas, Tragsa, con dos de las firmas del caso Gürtel. Tampoco sobre las vinculaciones con el PP de cuatro cargos contratados por ésta mientras negociaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con 1.336 despidos. Al menos es lo que considera la Mesa del Senado, que con los votos del PP, rechazó tres de las ocho preguntas que el socialista José Miguel Camacho presentó el pasado mes de enero sobre Tragsa. Otras dos de esas preguntas aún siguen pendientes de la respuesta del Ejecutivo, cuatro meses después. Y las tres restantes, pese a haber sido contestadas, no han aportado la información requerida por el senador.

En vista del “ninguneo continuado” del Gobierno al Parlamento y del “paradójico” comportamiento de la Mesa, José Miguel Camacho ha reformulado como “solicitud de información” las tres preguntas rechazadas, a la espera de que con ese formato sean atendidas. Además, el 29 de abril pidió “amparo” a la propia Mesa. Finalmente, el pasado martes, ésta cambió de criterio y aceptó instar al Ejecutivo a dar una respuesta, esta vez satisfactoria, a las peticiones del senador.

En su solicitud de amparo, José Miguel Camacho reparte críticas e indignación a partes iguales entre la Mesa del Senado y el Gobierno. Compuesta de siete senadores, la Mesa es el órgano que organiza el trabajo de la Cámara. Con la mayoría del PP, éste decide qué escritos se admiten o cómo se tramitan las iniciativas. Pero su función, destaca el senador socialista en su escrito, debe ser “defender el interés parlamentario”, no el del Gobierno, que es lo que Camacho cree que ha ocurrido en ésta y en otras ocasiones. Tantas que el grupo socialista está elaborando un informe sobre las preguntas que la Mesa rechaza e incluso sobre el tiempo que el Ejecutivo se toma para contestar. Cuando contesta.

Porque no es la primera vez que el Gobierno oculta al Congreso o al Senado información sobre las empresas públicas. IU y CiU, por ejemplo, llevan meses intentando averiguar los sueldos de la cúpula directiva de AENA, sin demasiado éxito. Entre ambos suman casi un centenar de preguntas. El Ejecutivo responde, pero no proporciona ni una cifra concreta: da un rodeo de tres páginas llenas de porcentajes, un auténtico acertijo, para eludir la respuesta.

“No se exige más que tres cifras”

Es lo mismo que le ha ocurrido a José Miguel Camacho, pero con mucha menos literatura. “Las preguntas que formula este senador son tres, claras, concisas y de fácil respuesta”, subraya en su escrito a la Mesa, “no se exige más que cifras, en este caso, tres”, como las que publica el BOE sobre la retribución anual del presidente del Gobierno o la página web del Senado sobre los sueldos de sus miembros, añade. “Una cifra es lo que se ha de responder a una pregunta relativa al salario de un servidor público”.

Sin embargo, en su lugar el Gobierno practica “un juego de imprecisiones”, reprocha el senador. La única respuesta concreta sobre el sueldo del presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, es que no cobra como consejero como consejero de la sociedad pública La Almoraima, una finca de 14.000 hectáreas que el Ejecutivo quiere poner a la venta. Sobre su sueldo fijo y sus retribuciones variables, el Gobierno se limita a invitar al senador a consultar la ley que reguló los salarios de los directivos públicos –curiosamente la reforma laboral– y el real decreto 451/2012 real decreto 451/2012que la desarrolla en este aspecto. Sólo que, además, la disposición final octava que cita es errónea –se refiere a la formación profesional para el empleo– y menciona una orden del ministro de Hacienda de 30 de marzo de 2012 que no ha sido publicada en el BOE porque se trata de una “orden comunicada”: un procedimiento administrativo de carácter interno.

“O el Gobierno ha mentido, no sólo al Parlamento sino también a los ciudadanos, o sencillamente se niega a someterse al control efectivo parlamentario”, concluye el senador. Camacho también muestra su estupor ante el hecho de que el Ejecutivo hurte a las Cámaras “una información que ya se encuentra en Internet”, porque fue facilitada al comité de empresa de Tragsa durante la negociación del ERE, como publicó en su día infoLibre.

Ni la 'Gürtel' ni la Confederación Hidrográfica del Duero

Además de las retribuciones de Giménez de Córdoba, José Miguel Camacho preguntó al Gobierno por los criterios que Tragsa siguió para contratar, en pleno ERE, al exalcalde de El Escorial por el PP Javier de Miguel; a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; a Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y a Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura.

También quería conocer el senador qué contratos había firmado la empresa pública entre 1999 y 2005 con dos empresas de la red Gürtel: Special Events y Orange Market. Y, finalmente, cómo Tragsa había elegido a dos consultoras, Reinforce Consulting y KPMG para asesorarla en el ERE.

En su solicitud de amparo, el senador también critica a la Mesa por el argumento que ésta emplea para rechazar sus preguntas. Porque extendió a las preguntas escritas la prohibición de incluir “consultas jurídicas” que sólo existe para las preguntas orales de los senadores. “Al Gobierno sí se le permite responder con imprecisas fórmulas de remisión jurídica, cuyo objetivo es no facilitar el dato que se le demanda”, protesta José Miguel Camacho.

O sus contestaciones se acercan a la tomadura de pelo: a otro senador socialista y como repuesta a una pregunta sobre la actividad de la Confederación Hidrográfica del Duero, el Gobierno le invitaba a visitar la sede del organismo de cuenca en Valladolid y solicitar la información a un funcionario a quien identificaba con nombre y apellidos.

El grupo Tragsa, que está ejecutando el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una empresa pública, ha contratado como delegada en Canarias a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera y exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife. El nombramiento fue comunicado ayer lunes a la plantilla a través de la intranet de la empresa. Y se produce apenas unos días después de que fueran despedidos una treintena de trabajadores de Tragsa en Canarias. Hasta diciembre, el número total de despidos en todo el grupo, incluida la filial, Tragsatec, será de 1.336.

No es la primera designación de directivos vinculados al PP que Tragsa lleva a cabo desde que presentó el ERE, el pasado octubre. Apenas un mes después, el grupo público contrató como gerente en Sevilla a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche. También fichó entonces al exalcalde de El Escorial (Madrid) por el PP Javier de Miguel Sánchez, a quien nombró gerente en la Comunidad de Madrid.

Fuera del organigrama pero dentro de la asesoría jurídica figuran, además, otras dos personas relacionadas con el Partido Popular. En noviembre de 2012, fue empleada en ese departamento de Tragsa Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete. Y el pasado junio entró en la asesoría Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

A sólo 10 días de ser absuelta

El nombramiento también se ha producido sólo 10 días después de que Luz Reverón haya sido absuelta de prevaricación y de un delito contra la ordenación del territorio por el denominado caso Mamotreto. El fiscal pedía dos años de cárcel para ella. Se trata de un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Reverón fue concejal de Urbanismo por Coalición Canaria de 2007 a 2011. Otros tres concejales de ese mismo partido han sido condenados por autorizar, a sabiendas de su ilegalidad, la construcción de un edificio de aparcamientos –conocido en la isla como “el mamotreto”– en la playa de las Teresitas. El proyecto, de 21,4 millones de euros, fue encomendado al arquitecto francés Dominique Perrault, el autor de la Caja Mágica de Madrid. Según la sentencia, la obra invade zonas especialmente protegidas. Ahora será derribada.

En 2012, Luz Reverón abandonó Coalición Canaria, fichó por el PP y fue nombrada directora de la Administración General del Estado en La Gomera. Tiene 42 años y es funcionaria del Cabildo Insular de Tenerife, de acuerdo con la nota biográfica que Tragsa hizo pública ayer al anunciar su nombramiento. “Tiene una amplia formación especializada en procedimientos y contratación administrativa, gestión de empresas públicas y mixtas, y ejecución presupuestaria”, destaca el texto.

Una de las denuncias recurrentes del comité de empresa durante la negociación del ERE fue el excesivo tamaño de la cúpula directiva del grupo, así como sus sueldos. La empresa justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no en causas económicas – no ha tenido pérdidas hasta septiembre de 2013–. Para los sindicatos, el único problema organizativo del grupo lo constituyen los 652 cargos medios y altos que cobran por objetivos. En 2003 eran la mitad, 381 personas.

Además, desde que presentó el ERE, Tragsa no ha dejado de contratar: un total de 421 personas, asegura el comité. También ha firmado contratos para nuevos proyectos por importe de unos 65 millones de euros.

Cementerio político de altos cargos

Mientras la empresa argumenta que la plantilla está sobredimensionada y que tiene “mucho personal con poca carga de trabajo”, el comité insiste en que el grupo se ha convertido en un “cementerio político” en los últimos 10 años. “Han cambiado a los responsables técnicos por personas que venían del partido que gobernaba en el momento, personal político que ha sido colocado en Tragsa y que, a su vez, han requerido la contratación de personas de su confianza que también provienen de partidos políticos”, explican a infoLibre. “Esto supone una carga insoportable” para la empresa pública, protestan.

También lamentan que el grueso del recorte de plantilla lo va a sufrir “la parte productiva” de ambas empresas: los peones en Tragsa, que se dedica a tareas agrícolas, forestales y de saneamiento ganadero, y los administrativos en Tragsatec, especializada en tareas de ingeniería.

De acuerdo con las cifras inicialmente presentadas por Tragsa durante la negociación del ERE, en Canarias estaba previsto despedir a 99 trabajadores, de un total de 350. En el archipiélago, la plantilla del grupo público presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales, como en el resto del territorio, pero también de conservación y protección del medio natural. Es decir, cuidan de los cuatro parques nacionales canarios.

Pero no sólo el grueso del ajuste se va a cebar en los niveles inferiores de la empresa. Esta se niega a tocar los sueldos de los superiores, lamentan los sindicatos. Unos 200 altos ejecutivos de Tragsa cobran más que el presidente del Gobierno. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.185,04 euros al año. Esos 200 directivos, ubicados en la sede central del grupo en Madrid, se reparten retribuciones de 44,5 millones de euros, mientras que los otros 300 trabajadores de esas oficinas cobran cuatro veces menos, 10,5 millones. La diferencia es de 220.000 euros para los primeros de media, y 35.000 para los segundos.

En noviembre, los sindicatos intentaron que la empresa accediera a aplicar recortes en las retribuciones de los directivos para reducir el número de despidos. Pero esta rechazó la propuesta, aduciendo que no era competencia de la mesa de negociación del ERE cambiar los sueldos e incentivos de los altos cargos.

A la espera de lo que dicte la Audiencia Nacional

Todos los sindicatos del comité de empresa han impugnado en la Audiencia Nacional tanto el ERE de la matriz, Tragsa, como de la filial, Tragsatec. El juicio por la primera demanda se celebró el pasado día 13, y está pendiente de sentencia. El de Tragsatec, fijado para el día 24, fue aplazado hasta el 27 de mayo, a la espera de lo que decida el tribunal sobre el ERE en la matriz. La CGT, además, ha interpuesto una querella contra la dirección del grupo público por un supuesto delito societario: asegura que hay casi un centenar de encomiendas de gestión –los encargos que hacen las administraciones a Tragsa, su única fuente de trabajo– sin trabajadores preasignados, mientras se está despidiendo a decenas de empleados.

Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51%, seguido del Ministerio de Agricultura (a través del FEGA), con un 38,9%, y el Ministerio de Hacienda, con un 9,9%.

Tragsa ha tenido beneficios hasta el tercer trimestre de 2013, y prevé volver a cifras positivas de 4,5 millones este año tras perder 10 millones al cierre del último ejercicio. Cuenta con una plantilla de 9.000 trabajadores.