Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque ha indicado que deben enmarcarse en su justo contexto, informa EFE.

El rey ha hecho estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición La mujer en el México indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que han sido colgadas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca ha considerado que no obstante hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

Y así, "sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día", ha recalcado el monarca.

"Es decir, los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha indicado el rey.

Esta muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.

En conversación con el embajador, el monarca ha resaltado la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo, "de las culturas que son lo que hoy es México. Porque "es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles".

Y ha indicado que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo "para apreciarse a sí misma", ya que "al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy".

Mientras, el embajador de México ha destacado la grandeza de los pueblos originarios y la historia compartida de ambos pueblos.

Acompañado también por el director de la AECID, Antón Leis; por el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andrés Ciudad, y la directora del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo, Felipe VI ha conocido el protagonismo de las mujeres de la época con objetos que van desde la pareja de guerreros de Tehuacán, la sacerdotisa de Palenque o un portaincensario maya, entre otras piezas.

Esta muestra forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias.

Unos vínculos de los que habló el pasado de enero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando consideró un "símbolo" la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que "están con los pueblos originarios". No obstante, la gobernante mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios por parte de España, una época histórica que fue "muy violenta".

Antes, el ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, había afirmado que a lo largo de la historia compartida entre ambas naciones "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

México había solicitado al rey de España que pidiera perdón por esos hechos a través de una carta por parte del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida, por lo que Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que el Gobierno español decidió no enviar ningún representante en señal de protesta.

Si el rey Juan Carlos quisiera regresar a España desde Abu Dabi, donde vive desde 2020, la Casa del Rey no pone ninguna objeción, pero Zarzuela sí advierte de que "para salvaguardar la imagen de la Corona como institución" debería recuperar la residencia fiscal en España, según informa EFE.

Fuentes de Zarzuela han puntualizado esta salvedad respecto a la situación fiscal del rey emérito, al que en marzo de 2020 su hijo Felipe VI dejó sin la asignación que percibía como miembro de la familia real.

La Casa del Rey entiende que, en caso de que don Juan Carlos opte por fijar de nuevo su residencia en España y "para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas", antes tendría que establecer también su residencia fiscal para poder tributar en España.

Ello permitirá además "salvaguardar" la imagen institucional de la Corona, añaden las mismas fuentes, que así salen al paso del debate público que se ha generado sobre la posibilidad del retorno del rey emérito tras la desclasificación de los papeles secretos del 23-F.

El acceso a estos documentos ha puesto sobre la mesa la hipótesis de su retorno, sin que el Gobierno ni Zarzuela hayan puesto objeciones públicamente, dejando la decisión exclusivamente en sus manos.

Fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este jueves, a través de un mensaje en las redes sociales que había anticipado a Zarzuela, expresó su deseo de que regresara a España tras destacar que la desclasificación de los archivos sobre la asonada "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Sin embargo, los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierda le recordaron que no había salido de España rumbo a los Emiratos Árabes Unidos porque hubiera dudas de su papel en el 23F, sino por sus problemas fiscales, que incluso provocaron la apertura de diligencias, aunque luego fueron archivadas.

Juan Carlos I se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, después de que Felipe VI le retirara los alrededor de 200.000 euros anuales que percibía con arreglo a los presupuestos de la Casa del Rey y además de anunciara que renunciaba a la herencia que pudiera corresponderle.

Desde entonces, el rey emérito ha vuelto de visita a España en numerosas ocasiones, sobre todo para participar en regatas en competiciones en Sanxenxo (Pontevedra), donde se aloja en casa de su amigo Pedro Campos.

Nunca ha vuelto a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, y en una ocasión en que tuvo que dormir en Madrid tras asistir al funeral por su sobrino Juan Gómez-Acebo, en septiembre de 2024, se alojó en un lujoso hotel del centro de la capital. 

Felipe VI ha vuelto, como es tradición cada Nochebuena, a meterse en las casas de los españoles con su mensaje de Navidad. Este año, de nuevo, con un cambio de escenario. El monarca ha cambiado la Zarzuela por el Palacio Real, como ya hiciera en 2024, para celebrar el 50º aniversario del inicio de la Transición y el 40º de la firma del acuerdo de entrada a las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea). Pero hay cosas que no cambian, y como cada 24 de diciembre, a Felipe VI se le ha olvidado incluir varios temas importantes en su discurso. Desde la guerra de Gaza hasta la violencia de género, repasamos lo que, un año más, la Corona se ha dejado fuera del repaso de un año particularmente exigente para la monarquía.

El mensaje de este 2025 era especialmente esperado, ya que en él Felipe VI estrenaba la nueva estrategia de comunicación que la Casa Real ha desplegado después de que Camilo Villarino cogiera los mandos de Zarzuela en febrero del año pasado. La renovación que trajo consigo se ha hecho patente este año con el cambio en la Dirección de Comunicación, con la contratación de la periodista Rosa Lerchundi.

Sin embargo, este giro no ha supuesto que el rey incorpore a su discurso un tema que recurrentemente se ha dejado fuera: la violencia de género. Este 2025 han sido asesinadas 47 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas, un número que se ha mantenido más o menos constante en los últimos años y que el rey ha invisibilizado recurrentemente. Ni siquiera el monarca ha tenido palabras para el feminismo u otros movimientos sociales como la lucha del colectivo LGTBIQ+, otros asuntos que parecen vetados en su discurso de Navidad.

Algo que quizás sí haya llamado más la atención, sobre todo después de otras intervenciones suyas a lo largo del año, ha sido su silencio sobre los principales conflictos bélicos que se están desarrollando en el mundo. Si bien Felipe VI ha hecho referencia al deterioro del derecho internacional y del orden mundial basado en reglas y los derechos humanos, no ha concretado, a diferencia de otros discursos, las guerras existentes. Por ejemplo, en 2022, cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, el rey le dedicó varias frases al país gobernado por Volodimir Zelenski (“Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas”). Una referencia que ha desaparecido completamente este año, cuando las negociaciones de paz están estancadas y la Unión Europea parece no tener capacidad de influir en el resultado de las mismas.

Pero si hay algo más llamativo es la ausencia total a una mención del genocidio en Gaza. En el mensaje de 2024 Felipe VI tampoco incluyó, a diferencia de lo que había hecho con Ucrania, una mención explícita a la matanza realizada por Israel. Sin embargo, este año el rey cambió el tono con respecto a Palestina con su discurso en la Asamblea General de la ONU en septiembre, donde calificó lo realizado por Israel como “masacre”. “Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”, señaló entonces el rey.

Una posición que le valió el desprecio de Vox y de Santiago Abascal, que se distanció de la Casa Real no acudiendo a la tradicional recepción del 12 de octubre en el Palacio Real ni tampoco a los actos de conmemoración en el Congreso de los Diputados de la restauración de la monarquía. 

Esa línea no la ha continuado en su discurso de Navidad pese a que este ha sido un año donde España se ha puesto a la vanguardia en el apoyo a Palestina. Así, el rey no ha tenido palabras para las movilizaciones sociales impulsadas contra el genocidio en Gaza, que trascendieron al mundo con unas manifestaciones durante La Vuelta a España que consiguieron no solo detener la carrera en varias etapas e impedir el final en Madrid de forma pacífica, sino que consiguieron su objetivo de que Israel no siguiera patrocinando a uno de los equipos del pelotón.

En un año marcado en la actualidad de la monarquía española por la publicación de Reconciliación,  las memorias de Juan Carlos I, Felipe VI ha preferido no tratar el asunto y tampoco ha incluido en su discurso ninguna referencia relativa a su padre. Pese a recrearse en la Transición y sus valores, no ha mencionado en ningún momento al rey emérito en el discurso. Una estrategia que continúa la línea establecida por la Casa Real durante todo 2025, donde Juan Carlos I ha sido completamente relegado de los actos conmemorativos, participando solamente en un almuerzo familiar en el Palacio de El Pardo.

Otro tema de actualidad en el que el rey no se ha detenido es el estado de la Justicia. En un año en el que las decisiones de los tribunales han estado en el centro del debate público, sobre todo tras la polémica condena del Tribunal Supremo al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el rey tampoco ha incluido en su discurso nada con respecto a esta cuestión. Y eso que Felipe VI vivió en sus carnes la polarización con respecto a la Justicia cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantó al rey en la apertura del Año Judicial para no coincidir con García Ortiz. 

En un año tan señalado como este, en el cual se celebran 50 años de la muerte de Francisco Franco y que ha estado marcado por los homenajes a las víctimas de la dictadura, Felipe VI también ha evitado hablar de memoria histórica en su discurso. Es uno de los grandes deberes pendientes del rey, que incluso vio cómo Juan Carlos I en sus memorias realizaba loas a Franco e igualmente se olvidaba de todo el dolor causado por el régimen. Ni siquiera en un mensaje tan marcado por la Transición y sus valores, el rey ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo que pasó anteriormente y reconocer el papel de los movimientos sociales en la llegada de la democracia.

Por último, hay dos asuntos que tampoco han estado en el mensaje navideño. Uno, la migración, que sigue siendo uno de los caballos de batalla de la extrema derecha y está de rotunda actualidad después de las medidas que han tomado países como Italia y del retroceso que ha habido en la Unión Europea con respecto a su gestión. Por no hablar del reciente desalojo de varios centenares de migrantes en Badalona sin ofrecerles alternativa habitacional. Y dos, la dana, que protagonizó buena parte del discurso del año pasado y que este 2025 ha desaparecido completamente pese a que en noviembre se celebró el funeral por las víctimas, presidido por el rey y protagonizado por los abucheos a Carlos Mazón. 

Más allá de eso, hay temas que el rey ha citado de soslayo pero apenas se ha detenido en ellos, pese a ser algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Quizás el más relevante sea la vivienda, a la que solo se refiere como “un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes”. También pasa de puntillas sobre la emergencia climática, que igualmente solo ha mencionado de pasada: “Los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico”. Con respecto al auge ultra en todo el mundo, Felipe VI se ha quedado tan solo en advertir del peligro de los "populismos" y su vinculación con el descontento: "Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro".

Entre las muchas frases míticas que nos ha legado Pedro Calderón de la Barca me parece que se puede extraer una que, en los momentos actuales, adquiere una especial relevancia pública. La pronuncia Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea, cuando le piden que olvide el agravio que ha sufrido: «Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios». Vinieron otros tiempos y los reyes ya no reciben su legitimidad de dios sino de la soberanía popular, que los convierte en ciudadanos con algunos privilegios del pasado como la inviolabilidad, pero no les exime del juicio crítico sobre comportamientos que son reprobables por no ser conformes a la ley. 

Desoyendo los consejos de su padre e incluso el ejemplo de su promotor y legitimador, Francisco Franco, que solo respondía ante Dios y ante la Historia, acaba de perpetrar un atentado contra la tradición, la historia y los historiadores. Escribir un diario puede ser un desahogo personal, pero elevarlo a la categoría de crónica de un reinado, escrita por el protagonista, lleva inevitablemente a la tergiversación subjetiva de lo que se narra y a un ajuste de cuentas con los que estima que han sido sus enemigos o le han perjudicado. Todavía está a tiempo de, en una más que previsible segunda edición, eliminar el subtítulo Reconciliación; déjelo simplemente en Memorias.

En sus entrevistas promocionales, afirma usted que no tiene cuentas pendientes con los tribunales y que ha sido exonerado de todos los hechos delictivos que le imputó la Fiscalía General del Estado. Quiero recordarle que hasta hace unos días esta manifestación no era enteramente cierta, pero ya puede decirlo sin faltar a la verdad. Lo que viene a continuación es la historia de un defraudador a la Hacienda Pública que se ha librado de las penas previstas en el Código Penal por haberse beneficiado de prescripciones, inviolabilidades y por el reintegro de cantidades defraudadas cuando ya los delitos se habían cometido.

En las Diligencias de investigación 40/2020 de la Fiscalía General del Estado que se cierran el 2 de febrero de 2022, se puede encontrar un cuadro completo de todas las actividades económicas irregulares que la Fiscalía imputa al rey Juan Carlos, como delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Todos aquellos que son anteriores al 18 de junio de 2014, fecha de la abdicación de su abdicación, los considera cubiertos por el manto de la inviolabilidad.

Según el documento citado, que la opinión pública y los medios de comunicación han tratado con guante de seda, el rey honorífico ha cometido, entre otros, diez delitos contra la Hacienda Pública al haber omitido el pago del IRPF en los periodos de tiempo en los que debía haber tributado. De los cinco primeros (años 2008 a 2012), según la Fiscalía, cuatro habrían prescrito y el último está exento de responsabilidad penal por aplicación de una interpretación de la inviolabilidad que abarca desde un asesinato hasta la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los otros cinco (años 2014 a 2018), se cometen cuando ya se había producido la abdicación, con la consiguiente pérdida de su condición de irresponsable para pasar a ser un aforado más ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La infracción era tan evidente que un grupo de personas, ante la flagrante inactividad de la Agencia Tributaria, decidimos interponer una querella por estimar que la regularización, es decir el pago de las cuotas defraudadas, se había producido cuando, según el Código Penal, ya no era posible realizarla.

Según el artículo 305. 4 del Código Penal el defraudador quedará exento de pena cuando se haya procedido por el obligado tributario, al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Estimábamos que este requisito no concurría sin perjuicio de que el pago podía llevar a la eliminación de la pena de prisión manteniendo sólo la de multa.

Reproduzco la cronología de los acontecimientos para dejar al criterio del amable lector o lectora, si se habían cumplido las previsiones legales para aplicar la exención de la responsabilidad penal. Las Diligencias de Fiscalía se inician el 5 de junio de 2020, en virtud de la abundante documentación bancaria con posible trascendencia tributaria, que hace necesario recabar el auxilio judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con pleno acceso a toda la información de trascendencia tributaria obrante en sus bases de datos.  

El representante legal de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón fue notificado de la existencia de esta investigación por medio de dos notificaciones: la primera, mediante escrito de 24 de junio de 2020 y la segunda, por escrito de 6 de noviembre de 2020. Según enfatiza el escrito de la Fiscalía respecto de las notificaciones mencionadas: D. Juan Carlos de Borbón y Borbón ha tenido puntual conocimiento de la incoación de las presentes Diligencias de Investigación en las que ha podido personarse, tomar pleno conocimiento de su desarrollo e, incluso, intervenir en su tramitación. Se añade que dicha representación letrada acusó recibo de la indicada notificación.

Presentamos una querella, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sustancialmente se basaba en estos antecedentes documentales y solicitábamos, entre otras pruebas, la incorporación del texto original de las dos comunicaciones mencionadas que demostraban que había tenido conocimiento formal de las investigaciones tributarias. A partir de este momento se producen una serie de incidencias procesales que, en síntesis, responden al conocido humorísticamente como método Ollendorf: "Usted plantee lo que quiera que yo le contestaré lo que me parezca”.

Como era de esperar, la querella fue desestimada. Nada dice sobre la prueba solicitada, pero sí afirma rotundamente que el defraudador no tenía ni idea de que le estaban investigando por posibles delitos tributarios. Interpusimos un recurso de súplica y se nos responde, en un escrito de poco más de cuatro líneas, que el recurso era inviable (sic). Quedaba la última bala del incidente de nulidad de actuaciones por habernos denegado diligencias de prueba. El 19 de noviembre pasado se desestima la incidente de nulidad de actuaciones por una Sala distinta de la que había rechazado el recurso de súplica y se omite, una vez más, cualquier referencia a las notificaciones. Majestad, tranquilo, es usted un contribuyente ejemplar, ha regularizado, con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y el Tribunal Supremo, sus deudas con Hacienda.

No voy a leer la versión que usted nos narra sobre los acontecimientos que han rodeado su vida, pero me preocupa e irrita su irrupción en nuestra tensionada vida política con declaraciones, al margen del texto, que demuestran una soberbia y una desconexión con la realidad que solo puede ser achacada a trastornos de la personalidad. Su respeto por la figura de Francisco Franco ya lo proclamó en el Discurso de la Corona de 22 de noviembre de 1975.

Le recuerdo que Hacienda somos todos y que está obligado, en el caso de que decida residir definitivamente en nuestro país, a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos haciendo una declaración veraz de los bienes y rentas que tiene en el extranjero. ¡Al César lo que es del César!

_________________

José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

En estos días en que algunos celebran con solemnidad el medio siglo de Monarquía parlamentaria, conviene recordar algo que parece incomodar a más de uno: el socialismo español nació republicano, creció republicano y solo dejó de proclamarse abiertamente republicano cuando la historia, más concretamente la Transición, le obligó a posponer sus convicciones para que en este país pudiera llegar la democracia con cierta estabilidad. Pero las raíces no se podan tan fácilmente.

Porque el PSOE no nació para aplaudir coronas. Nació en oposición a un régimen monárquico que perpetuaba privilegios, desigualdades y un control oligárquico del país. Para los socialistas históricos, la república no era un capricho ideológico: era la única forma de que la ciudadanía fuera realmente soberana. Y esa convicción atravesó generaciones enteras de militancia, desde Pablo Iglesias hasta la Segunda República y más allá.

Lo que ocurrió en 1978 no borra esa historia. El PSOE aceptó la Monarquía como parte del pacto constitucional, sí. Pero no lo hizo por devoción, sino por necesidad. Y aun así, hubo voces que se negaron a disfrazar la concesión de entusiasmo. Entre ellas destacó con una lucidez que hoy sigue desarmando a muchos Luis Gómez Llorente, cuyo voto particular republicano debería figurar en cualquier manual de Memoria Democrática. Su afirmación, que ninguna generación tiene derecho a atar la voluntad de las siguientes, desmonta de raíz cualquier intento de elevar la Monarquía a verdad permanente o incuestionable.

Y, sin embargo, el PSOE de hoy parece haber asumido una especie de pudor selectivo: proclama valores republicanos mientras gobierna instituciones monárquicas; invoca la soberanía popular mientras se resiste a plantear un debate profundo sobre la forma de Estado; apela a la democracia avanzada mientras evita una pregunta básica: ¿Por qué un país moderno no puede elegir a su jefe del Estado?

Lo chocante no es esa contradicción. Lo chocante es que algunos pretendan negarla, como si el socialismo español hubiera sido siempre monárquico o como si la Monarquía fuera un elemento natural e indiscutible de la democracia contemporánea.

La verdad es mucho más simple y más incómoda: el PSOE lleva un siglo defendiendo una idea que aún no se ha atrevido a exigir plenamente. Y quizá haya llegado el momento de decirlo sin rodeos: no es la tradición socialista la que debe justificar su vocación republicana; es la Monarquía la que debe justificar su supervivencia en una democracia que proclama la igualdad.

Recordar la vocación republicana del socialismo español no es un gesto nostálgico. Es un acto político. Es rescatar un hilo de continuidad democrática que nunca se rompió, aunque fuera silenciado. Y es afirmar con claridad que la soberanía pertenece al pueblo, no a una familia.

Que nadie se engañe: el PSOE podrá moderar su discurso, podrá priorizar la gobernabilidad o podrá asumir compromisos institucionales. Pero su ADN republicano sigue ahí, intacto. Y cada vez que el país se pregunte de verdad qué forma de Estado quiere, ese ADN volverá a hablar. Con más fuerza que nunca.

__________________________________________

Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Hace un mes Praza.gal reveló que la Xunta concedió a la princesa Leonor la Medalla de Galicia, la más alta distinción de la comunidad, sin tramitar el preceptivo expediente administrativo que ponderase sus méritos. Unos hechos que están siendo investigados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Un mes después, el Gobierno gallego está tramitando una reforma de la normativa para poder otorgar las medallas sin tramitar ningún expediente previo de valoración cuando la propuesta parta de la presidencia de la Xunta.

El decreto que regula las Medallas de Galicia establece que estas son un reconocimiento discrecional del Gobierno gallego, pero fija un procedimiento para su concesión. Así, establece que la propuesta de concesión “la hará el presidente de la Xunta de Galicia, bien por iniciativa propia o de autoridades, instituciones o entidades públicas y privadas gallegas con personalidad jurídica”.

“La presentación de propuestas razonadas de candidatos a la Medalla de Galicia se formalizará desde el día 15 de enero al 15 de marzo de cada año”, añade el decreto, que establece que “los expedientes de concesión de la Medalla de Galicia se iniciarán por orden del conselleiro de Presidencia” y “en la misma orden se designará un instructor del expediente con categoría de director general”, que a su vez “nombrará secretario de las actuaciones a un funcionario”. En ese expediente el instructor “adoptará todas aquellas providencias que estime necesarias para lograr la más completa y contrastada investigación de los méritos”. Y “concluida la instrucción del expediente, este se elevará al Consello da Xunta”.

Nada de esto se hizo, al menos, en el caso de la medalla otorgada a la princesa Leonor. Tras su entrega, Praza.gal formuló una petición formal de transparencia para tener acceso al expediente administrativo de la concesión. La respuesta oficial que dio la Xunta fue que en este caso la propuesta del galardón partió del conselleiro de Presidencia, como canciller de la medalla, “sin que se presentasen propuestas razonadas por otras autoridades, instituciones o entidades públicas o privadas gallegas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto, por lo que no resulta necesario el inicio del expediente de investigación de los méritos”.

Es decir, la Xunta no ponderó los méritos de la Princesa de Asturias en comparación con otras posibles personas galardonadas y, si los valoró de algún modo, no dejó constancia administrativa de esa actuación.

Un mes después de dar esta respuesta oficial, ahora la Xunta reforma el decreto que regula las medallas a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2026, que modifica decenas de normas previas con menor debate y sin informes sectoriales. En la nueva redacción se señala que se iniciará un expediente de concesión “en el caso de presentación de propuestas” por parte de otras entidades, pero que “no será necesaria la tramitación de expediente alguno en los supuestos de concesión de la medalla a instancia del presidente o presidenta de la Xunta de Galicia”.

El Gobierno gallego justifica el cambio de la normativa para incidir en que los méritos de las personas galardonadas deben ser “apreciados por la propia presidencia con la más amplia discrecionalidad, lo que hace que no tenga sentido considerar que deba instruirse un expediente específico de concesión en estos casos”.

Sin embargo, esta modificación normativa ya no tiene efecto sobre la medalla otorgada a la princesa Leonor. En ese caso, y de modo independiente a la petición de transparencia formulada por Praza.gal, el Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades Esculca presentó un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de concesión por considerar que “carece de fundamento”. En el marco de ese proceso judicial el TSXG reclamó a la Xunta el expediente administrativo completo del proceso, expediente que no existe según la respuesta oficial dada a Praza.gal.

Todo comenzó con el relevo en la Jefatura de la Casa. En enero de 2024, Felipe de Borbón prescindió de Jaime Alfonsín, tras casi tres décadas, y puso en su lugar al diplomático Camilo Villarino para cambiar el paso de la institución y abrir una nueva etapa con mayor protagonismo mediático. ¿El objetivo? Realzar las figuras de Felipe VI, Letizia Ortiz y de la heredera, Leonor de Borbón.

La idea es dar un nuevo impulso a la monarquía, acercarla a los ciudadanos y recuperar un crédito popular que, en lo institucional, sigue dañado por la trayectoria de Juan Carlos de Borbón. El emérito ha hecho que la monarquía española haya estado cercada durante años por escándalos que han acabado por derribar el mito del buen rey, acuñado durante la Transición y protegido celosamente durante décadas por una prensa cómplice.

Completada la primera década de su reinado, marcada por una actitud defensiva para no contagiarse de la herencia personal y fiscal de su padre y condicionada por el discurso con el que se significó del lado de la represión en Cataluña, los últimos 21 meses confirman una estrategia de proyección pública que, intencionada o accidentalmente, y en un contexto de enorme crispación, está poniendo en bandeja a la derecha y a la extrema derecha la apropiación de la institución y alejándola, al mismo tiempo, de la izquierda.

PP y, especialmente, Vox ya habían intentado antes atraer al monarca a su discurso, pero esta es la primera vez que Felipe de Borbón parece caminar en línea con ellos.

De momento, la apertura a los ciudadanos solo se ha manifestado en forma de populismo en la calle, a costa incluso del Gobierno. Uno de los momentos de mayor tensión entre Zarzuela y Moncloa se produjo en la Comunidad Valenciana, durante un desplazamiento pocos días después de la dana que costó la vida a más de 200 personas. La visita, en medio de la destrucción y de las dificultades para despejar las calles, la forzó la Casa Real, pese a que Moncloa quería posponerla.

Sánchez acabó teniendo que retirarse, aconsejado por su equipo de seguridad, después de sufrir una agresión aparentemente coordinada por miembros de la extrema derecha. Pero Felipe de Borbón decidió continuar, desoyendo a su propio equipo de protección, lo que acabó dañando la imagen del presidente. Felipe VI se dio finalmente un baño de masas, para regocijo del PP y, sobre todo, de Vox. En ningún momento condenó la agresión.

La tensión se extendió después a la misa celebrada en la catedral de València, que no tenía categoría de funeral de Estado, sino que era un acto convocado por el arzobispo. Los reyes decidieron asistir, obligando al Gobierno a participar en un acto religioso.

En privado, miembros del Ejecutivo reconocen la labor del rey, pero admiten que su agenda, al menos en esta etapa, está más volcada hacia lo que el PP y Vox esperan de él. Durante estos meses, la derecha y —especialmente— la ultraderecha buscan en Felipe VI la gran referencia institucional frente a Sánchez y lo utilizan abiertamente como arma arrojadiza en medio de un debate político cada vez más enfangado.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a acusar a Sánchez de ir “contra el rey”. “Se ve continuamente en distintos gestos, de distintas maneras, intentando que la figura de la Casa Real, de su majestad el rey, poco a poco vaya quedando en un plano en el que se hace como algo irrelevante”, explicó.

Hace unos días, Alberto Núñez Feijóo, en una declaración sin precedentes, reveló una conversación privada —que la Casa Real no tuvo más remedio que matizar— para decir que Felipe VI apoyaba su insólita decisión de plantar el acto de apertura del año judicial, presidido precisamente por el monarca, para no coincidir con el fiscal general.

Feijóo busca, cuando puede, el refrendo del rey a sus actos. Lo hizo de forma muy llamativa en 2023, cuando, después de las elecciones, buscó en la decisión del rey de proponerle como candidato a la investidura un reconocimiento de la victoria electoral que llevaba reclamando desde el día de la votación y que él vincula, contra toda evidencia jurídica, con un supuesto derecho a ser presidente.

Vox es mucho más claro. Lleva años describiendo a un rey amenazado por Sánchez —en línea con Ayuso— sin que la Casa Real haya hecho nunca ningún gesto para desmentirlo. Su líder, Santiago Abascal, repite, cuando tiene ocasión, que el objetivo del presidente es “acabar con la Corona”. Y lo hace con llamamientos más o menos abiertos a que el jefe del Estado se rebele: todas las instituciones, llegó a decir después de que el rey firmase la ley de amnistía, deben hacer “un esfuerzo grande en defensa de sí mismas y de los intereses de España. Si no lo hacen, acabarán deslegitimadas por completo”.

Ese es el marco de la extrema derecha al que el PP se asoma ocasionalmente: que el rey, como institución, debe dar una “respuesta” a decisiones del Gobierno y del Congreso que, como la amnistía, “rompen” España. Debe “cumplir su función” y defender “la unidad nacional, la integridad territorial y la igualdad de los españoles ante la ley”, declaró en su momento la portavoz de Vox, Pepa Millán.

Hace dos años se llegaron a ver pancartas con el lema “Felipe VI, cómplice del golpe de Estado” en una manifestación en Barcelona a la que acudieron Feijóo y Abascal. En YouTube hay hasta vídeos confeccionados con inteligencia artificial que alimentan el deseo de que el rey dé un paso al frente y encabece un golpe para acabar con Sánchez.

Sea o no una estrategia deliberada, lo cierto es que, desde hace meses, el monarca no solo no se separa del marco de la derecha, sino que se sitúa cada vez más en él.

Los ejemplos se acumulan. No hay otro modo de interpretar la decisión del jefe del Estado de mantenerse al margen de todos los actos que conmemoran la muerte del dictador Francisco Franco, al que él debe, en última instancia, su cargo vitalicio y del que nunca se ha distanciado públicamente. La memoria lleva medio siglo siendo una de sus grandes asignaturas pendientes. “Nunca se ha hecho una apuesta decidida por desvincular la institución de la dictadura”, se lamentan desde hace años los colectivos memorialistas.

Lo único que ha hecho, dentro de la programación oficial del aniversario, fue acudir a Mauthausen, el campo de concentración en el que los nazis asesinaron a miles de republicanos españoles. Pero sin discursos: solo una ofrenda floral y de vuelta a Madrid. Un recuerdo a la memoria de los españoles muertos a manos del nazismo; ningún gesto que reconozca a los que perdieron la vida por culpa de la rebelión fascista de 1936 o de la dictadura franquista que la siguió durante casi 40 años.

Cuando no tiene más remedio que aludir al pasado, el discurso del rey siempre es de equidistancia. En línea con la derecha, que no ve en la Guerra Civil un enfrentamiento entre demócratas y fascistas, sino una pelea entre hermanos. “Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores ni reabra heridas cerradas”, llegó a decir al comienzo de su reinado.

Pero la realidad no siempre es neutral y eso acaba escorando su figura. Siempre hacia el mismo sitio. Ocurrió también en su último discurso de Navidad, en el que, hablando de la dana y sus consecuencias —producto en gran medida de la pésima gestión que hizo Carlos Mazón de la emergencia—, Felipe de Borbón equiparó la responsabilidad del Gobierno de Sánchez, que no tenía competencias sobre lo ocurrido, con la del Govern valenciano del PP.

Actos populistas —los hemos vuelto a ver con ocasión de los incendios, esta vez ya sin coincidir con Sánchez—, actitudes que refuerzan a la derecha y se distancian deliberadamente de la izquierda, pero nada de la prometida “regeneración pública” y la “modernización” que reclama la izquierda, tras años de continuo desgaste de la imagen de la institución a cuenta de los escándalos del rey emérito.

No ha habido avances en transparencia, sobre todo presupuestaria, y mucho menos la prometida ley que regule la Corona y que, para muchos, debería abordar la cuestión de su inviolabilidad. Y eso que el presidente del Gobierno manifestó públicamente en repetidas ocasiones que estaría a favor de reformar ese precepto ante “la exigencia de ejemplaridad de la sociedad” y la necesidad de no dejar “espacio para la impunidad”.

Muchos ven además complacencia por parte del monarca con la extrema derecha en decisiones como la de recibir en audiencia en la Zarzuela a una representación de OKDiario, encabezada por su director, Eduardo Inda, precisamente el día en que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, denunciaba ante el CGPJ una “campaña difamatoria” contra ella instigada precisamente por este medio.

Y, mientras se suceden los gestos del agrado de la derecha, abundan los desaires a la izquierda. La Jefatura del Estado se vuelca en actos sociales, muchos de ellos relacionados con el deporte —y su contexto identitario—, desde los Juegos Olímpicos a las regatas en Baleares o el fútbol. Pero calla —incluso en redes sociales— en eventos tradicionalmente asociados con la izquierda, desde la celebración del Orgullo LGTBI al Día de la Mujer Trabajadora, pasando por la entrega anual de los Premios Goya, a los que nunca ha asistido Felipe de Borbón como monarca.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la inadmisión y archivo de la querella presentada hace unos meses por un grupo de magistrados y fiscales jubilados contra el rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018.

Según ha informado en un comunicado que recoge EFE, la Fiscalía considera que en la querella "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintos" a los que ya consideró el ministerio público en 2022 para archivar "tras una exhaustiva investigación" las diligencias que abrió dos años antes en relación al rey Juan Carlos.

Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.

El ministerio público recuerda que en el decreto de archivo de las diligencias abiertas el 18 de junio de 2020 hizo constar que la investigación desarrollada "no permite ejercitar acción penal alguna contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón en atención a las diferentes razones que se exponen a lo largo del Decreto —básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal—".

No obstante, subraya que la actuación de la Fiscalía permitió recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, "cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.

Y en cuanto a las segundas diligencias de investigación que abrió el 5 de noviembre de 2020, la Fiscalía recuerda que, como señaló en su día, “entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos". "En ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", añade.

En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación de Juan Carlos I y del fin de su inviolabilidad, las disposiciones del JRM 2004 Trust fueron, según la Fiscalía, "en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aún cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.

Tres meses después de recibirla, la Sala de lo Penal del Supremo activa su maquinaria. La querella que un grupo de juristas y periodistas presentó el pasado mes de noviembre contra Juan Carlos I ya ha sido trasladada al Ministerio Fiscal, que tendrá que pronunciarse ahora sobre la competencia del tribunal y sobre el contenido del escrito, en el que se acusa al rey de haber cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública entre 2014 y 2018. Ahora, según piden los querellantes, el siguiente paso tendrá que ser necesariamente el de informar al emérito. Porque hasta ahora, señalan, tan sólo ha podido tener constancia de esta querella a través de la prensa. A partir de ahí la Fiscalía tendrá que elegir entre dos caminos: o volver al de 2022 o emprender uno totalmente contrario.

Todo se remonta al pasado 25 de noviembre. Fue entonces cuando una docena de personalidades a las que luego se sumaron otras tantas presentaron una querella [puedes consultar su texto íntegro aquí] por las actividades que presuntamente habría cometido Juan Carlos I mediante dos fundaciones: Zagatka (con sede en Liechtenstein) y Lucum (afincada en Suiza). El objetivo, apuntaban, habría sido ocultar sus ingresos y evitar pagar impuestos en España, una operación con la que además se habría financiado gastos personales como viajes de lujo o incluso armas. En un total de cinco ejercicios fiscales, el rey habría defraudado más de tres millones y medio de euros, lo que estaría penado con penas de cárcel de entre dos y seis años por cada uno de los delitos y lo que le obligaría, además, al pago de seis veces el importe desfalcado.

Entre los firmantes iniciales se encontraban el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el periodista Josep Ramoneda, el jurista y activista por los Derechos Humanos Joaquín Urías, la periodista y viuda del escritor José Saramago, Pilar del Río, el escritor Santiago Alba Rico y el exfiscal y exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que explica a infoLibre que ya se ha solicitado el envío a Abu Dhabi del escrito presentado en noviembre.

Lo que entienden los querellantes es que el primer paso ya está dado y que el proceso, por tanto, ha echado a andar. Cuando se presenta una querella, explica el jurista en conversación telefónica, el tribunal puede rechazarla de plano, tras entender que lo expuesto no es constitutivo de delito o que no se ha presentado ante los organismos competentes. Sin embargo, el traslado del escrito al Ministerio Público descarta la primera opción, y la condición de aforado del emérito descarta la segunda. Por tanto, recuerda, ahora debe ser la Fiscalía la que formule un dictamen sobre su estimación o desestimación. Pero primero tiene que poder acceder a la querella el propio Juan Carlos I.

Será su defensa la que solicite entonces, explica Martín Pallín, el archivo de la causa. Y los querellantes no descartan que así ocurra. Sería además seguir el mismo camino que ya marcó en 2022 el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, que decretó el archivo de tres investigaciones que se mantenían abiertas desde hacía dos años, de las cuales dos hacían referencia a las actividades del ex jefe del Estado con Zagatka y Lucum. El argumento que se utilizó entonces fue que lo supuestamente defraudado se había regularizado, que el caso había prescrito y que en cualquier caso las posibles comisiones recibidas se produjeron cuando aún era rey y, por tanto, inviolable.

Sin embargo, los querellantes ya contraargumentaron en el escrito firmado en noviembre. En primer lugar, los querellantes esgrimieron que las regularizaciones llevadas a cabo en 2020 y 2021 no pueden ser consideradas válidas porque se produjeron después de que el propio Juan Carlos I tuviera conocimiento formal de estar siendo investigado. Y en ese caso, recuerda Martín Pallín, no se cumple el carácter de "espontaneidad" que la ley recoge como requisito inispensable para que este tipo de operaciones sean válidas.

Si en su día sí sirvieron estas regularizaciones fue porque se entendió que las notificaciones enviadas al rey donde se especificaba que estaba siendo investigado no incluían detalles específicos ni se advertía claramente que las irregularidades fiscales que se habían detectado podían ser constitutivas de delito, lo que pudo hacer creer al rey que todavía estaba a tiempo de arreglar sus cuentas con Hacienda. Sin embargo, y en su querella, los firmantes aseguraron que la Fiscalía "nunca" puede tener los "detalles pormenorizados" que sí conoce la Agencia Tributaria.

Por otro lado, y en cuanto a la prescripción de los delitos fiscales, los querellantes explican que en este caso no debe tenerse en cuenta el plazo de cinco años desde que supuestamente se cometió el fraude. Según estiman los querellantes, los delitos de los que se acusa al emérito deberían considerarse como agravados por haber superado la cuantía de 600.000 euros y por haber usado fundaciones, asociaciones y paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Por eso el plazo de prescripción se ampliaría de esos cinco años a los diez. ¿Y eso no dejaría fuera a lo sucedido en 2014? Tampoco, porque lo que se tendría que tener en cuenta no es el fraude de ese año, sino el periodo en el que se debería haber declarado correctamente lo correspondiente a entonces. Es decir, 2015. Sería ahora cuando prescribiría, durante 2025.

De cualquier manera, que ya lo hiciera en 2022 no implica que ahora también tenga que hacerlo. Como explica Martín Pallín, el Ministerio Público puede tomar ese camino, pero también podría emprender el contrario y omitir las peticiones que previsiblemente realizará la defensa del emérito para, directamente, llamarle a declarar. O para iniciar alguna diligencia de investigación.

Los querellantes solicitaron ya en noviembre que ocurriese lo primero, para lo cual el emérito podría intervenir por videoconferencia desde Abu Dhabi. Fue el 3 de agosto de 2020 el día en el que Juan Carlos I anunció que había decidido abandonar España por "la repercusión pública" que generaron "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Hacía entonces unos pocos meses desde que España había trasladado a Suiza la comisión rogatoria para conocer los detalles sobre el envío de 65 millones de dólares a la cuenta de la fundación Lucum.

La actriz y presentadora de televisión Bárbara Rey ha afirmado en una entrevista televisiva que recibió dinero de Juan Carlos I para que no hiciera públicas unas fotos privadas que tenía junto el monarca. En la entrevista, emitida durante un programa especial de Telecinco titulado Bárbara Rey, mi verdad, que ha finalizado en la madrugada de este martes, la exvedete ha manifestado que el rey emérito le prometió 100 millones de pesetas (unos 600.000 euros), pero que sólo recibió 25 (unos 150.000 euros), según recoge EFE.

Ha expresado que no consideraba que esta actuación fuera un "chantaje", sino que simplemente le dijo al rey que tenía esas fotografías, que iba a hacer pública su relación y que necesitaba ayuda.

"Él se ve con la soga al cuello de lo que yo pueda contar o pueda decir, y es cuando (Manuel) Prado y Colón de Carvajal (diplomático y administrador privado del rey) me da un dinero, me pone 25 millones de pesetas en un banco de Suiza y me dice (...) que el resto me lo darían. Nunca me lo dieron y empiezan a intentar matarme", ha relatado la actriz.

También ha explicado que lo que le movió a actuar de esta manera fue saber que el rey Juan Carlos I había intervenido para que no trabajara en una serie de televisión.

Ha negado que recibiera "ese dinero que cuentan", en relación a otras cantidades que se han publicado sobre presuntos pagos que recibió provenientes de los fondos reservados del Estado para evitar que hablara y que pudiera difundir fotos, audios y vídeos privados en los que supuestamente aparece junto al monarca.

"Jamás me he quedado con el dinero de los españoles, que él (el rey Juan Carlos I) explique si el dinero era de los presupuestos del Estado y de los contribuyentes", ha abundado al respecto.

Durante la entrevista, entre otras cuestiones, Bárbara Rey ha relatado sus primeros encuentros con el monarca, ha afirmado que pudo quedarse embarazada de él porque solo ella tomó precauciones y que las fotos juntos se las tomó su hermano y no su hijo, Ángel Cristo Jr., como éste ha afirmado.

Muchos, cuando se anunció el compromiso del rey con la entonces periodista Letizia Ortiz, auguraron un terremoto y el principio del fin de la monarquía. Una mujer separada, periodista, sin linaje real iba a convertirse en princesa de Asturias y después en reina. Era algo inasumible para la institución, una locura que el entonces príncipe la hubiera elegido a ella, un despropósito…

Visto ahora con distancia, me pasma que aquellos periodistas con años de profesión se atrevieran a hacer semejante pronóstico con todo lo que había escondido bajo la alfombra del entonces todavía rey, de Juan Carlos I.

Hay más audios. Hay más vídeos. Y no sé si algún día llegaremos a conocerlos todos. Quienes los han visto y oído aseguran que es material destructivo para la corona y para el rey. Que no tenía filtro, hablaba de todo, de política, de su familia, de sus amantes…Y lo hacía con quien quisiera escucharle, con sus amantes, en reuniones… Se pagó a muchas mujeres para comprar su silencio. De todo eso, sabemos apenas nada.

Ayer se filtraron los primeros audios. No sé qué pasará si algún día se ve algún vídeo de todo aquello. Lo de menos será ya si es material más o menos sexual. Lo que preocupa es lo que no nos han contado. Lo que sabía el rey del general Armada, por qué se jacta de que siga en silencio, años después del 23F, años después de haber estado en la cárcel. “Jamás”. No ha hablado nunca. En cambio otros…

La imagen del rey emérito se va desdibujando conforme pasan los días, conforme llegan más noticias, a cuentagotas, de lo que fue realmente su reinado. Vamos conociendo detalles que dibujan un personaje absolutamente despreocupado de todo lo que no fuera su propio bienestar.

Del dinero que se llevó, que ocultó y que sigue ocultando no sabemos nada. Y poco sabremos, seguramente. Pero viendo las cifras que se manejaban en sobornos, chantajes, dinero desviado a sus amantes, les recuerdo la millonada que se ha quedado Corinna, puede ser de risa.

Mientras un país entero trabajaba, intentando sacar a su familia adelante, con su sueldo, sin vacaciones muchas veces (yo no recuerdo que mi padre se cogiera vacaciones en verano nunca), el rey vivía a todo tren, manteniendo una doble, triple o cuádruple vida. Aparentando lo que no había, siendo lo que no era.

No quiero pecar de ingenua. Me da igual las amantes que tuviera, cómo de real o no fuera su matrimonio. Sólo quiero que nos explique, que nos aclare, a qué dedicaba su esfuerzo, si a ser el rey de todos o a ser el rey de sí mismo. Cuánto dinero se destinó a tapar todo esto, quiénes se lo llevaron, durante cuánto tiempo. Ni siquiera pido que se devuelva, que sería lo suyo. Todos sabemos que eso sí que sería realmente revolucionario.

Mientras, la reina, aquella mujer que lo iba a poner todo patas arriba, sigue dando la mejor imagen de la corona que hemos visto en años. Ella y el rey. Ambos están haciendo un esfuerzo, titánico, por alejarse de lo que estamos viendo estos días.

El pasado 12 de junio, las bandejas de entrada de los correos electrónicos de las familias de los niños y niñas que estudian 5º de Primaria en el colegio público Vázquez de Mella, en Madrid, alertaron de lo mismo: tiene un mensaje nuevo. "Estimadas familias: El próximo martes 18 de junio alrededor de las 12.00 horas se celebrará en la Plaza de la Villa el décimo aniversario de la coronación del rey", arrancaba. "El Ayuntamiento ha invitado a los alumnos y alumnas de 5º de E. P. de nuestro colegio a participar en este acto. Tres niños y niñas, elegidos por el tutor, leerían unas palabras", continuaba. Y pedía "confirmación inmediata". Si alguien no quería participar, que lo comunicara. No al revés. Pero las familias se negaron. "Mi primera reacción fue de sorpresa, luego de indignación y enfado", recuerda Vanessa García, madre de una alumna del curso.

No fue la única. Otros padres como Luis Alonso, que además es presidente de la Asociación de Familias de Alumnos, y José Manuel Gordaliza, reaccionaron igual al abrir el mensaje. "Nos sentó muy mal que nos dijeran que querían usar a nuestros niños de atrezzo", señala el primero. "Fue indignante. Tanto por las formas como por las prisas", critica el segundo.

Por eso tan sólo pasaron unas horas entre ese primer mensaje y el segundo, en el que el centro informaba que de que había declinado la invitación. Y remarcaba, a la vez, que "en ningún momento" se había "dado por confirmada la participación en este acto". "Teniendo en cuenta las características de la actividad, primero se ha pedido permiso a las familias [...]. En el caso de que se hubiera estado de acuerdo con la participación se hubiera enviado la autorización pertinente", aclaró. No era casual esa matización. A muchas familias como la de José Manuel les enfadó que en esta ocasión el colegio no hubiera seguido el protocolo habitual que se suele aplicar cuando hay salidas de la escuela. "Siempre hay que autorizarlo por escrito y con suficiente antelación. Nunca antes nos habían pedido una 'confirmación inmediata", remarca.

Pero ya no era sólo eso. Lo que sobre todo había contribuido al enfado de las familias fue la "invitación" en sí misma. Porque el acto, para ellas, tenía un claro componente "político" y "partidista".

Y así fue. Durante el homenaje, el alcalde de Madrid dictó un bando en el que, en nombre de Madrid, agradeció la "ejemplaridad" del rey y "la firme voluntad de servicio a los españoles con la que ha desempeñado las funciones que le encomienda la Constitución como jefe de Estado". Pero es que, además, Almeida anunció que hasta este viernes el Palacio de Cibeles se iluminará de rojo, el estandarte del rey, un color que también estará presente en las fuentes de Cibeles y la glorieta de Bilbao. Y que los edificios municipales lucirán banderas de España. Y que habrá flores con la palabra 'Felicidades' en la Puerta de Alcalá. Y que los autobuses de la línea 001 portarán un vinilado con el escudo de armas de Felipe VI. Y un largo etcétera.

"Por mucho que fuese un acto institucional, no era algo neutral. No nos parecía bien que nuestros hijos participasen en algo así", insiste Luis. "En mi caso, el homenaje choca frontalmente con mi posición ideológica, pero aunque no hubiera sido así me parece que está fuera de lugar el uso de menores para cualquier acto político", coincide Vanessa. "Me parece muy grave, y que se haya intentado hacer con alumnado de un centro público me parece peor todavía", añade.

Por eso quienes finalmente participaron fueron los alumnos y alumnas de un centro concertado y religioso: el Sagrado Corazón. Y tres de ellos leyeron, igual que informó el Vázquez de Mella. Fueron, en concreto, tres artículos de la Constitución: 56.1, 61.1 y 62, relativos a las funciones del jefe del Estado. infoLibre preguntó al Ayuntamiento de Madrid por qué quiso contar con alumnos y alumnas en el acto, además de qué criterios se siguieron para decidir de qué colegios, pero la institución de Almeida no participó.

En cualquier caso, el "enfado" de las familias que ha estallado con este caso llevaba años gestándose. Esta sólo ha sido, coinciden todas las familias, la última gota que ha colmado un vaso de indignación que ha ido en aumento desde que matricularon a sus hijos e hijas en el centro. Y tiene un origen muy claro: la falta de climatización. "Todo esto nos ha pillado en un momento en el que estamos tratando de que el Ayuntamiento —como dueño del edificio y responsable de su mantenimiento— o la Comunidad —que aprueba cada año sus planes contra el calor y es responsable de las mejoras— hagan algo para mejorar las condiciones de habitabilidad del colegio. Este año no ha hecho tanto calor y, aun así, los niños lo están pasando muy mal. En algunas aulas ni siquiera se puede dar clase", lamenta Alonso.

Llevan ocho años luchando por esa causa. Tan sólo imploran la instalaciones de ventiladores y de un toldo en el patio que consiga dar algo de sombra. "Pero nunca nos hacen ni caso. No son capaces de cumplir unos mínimos con los menores que están a su cargo pero luego sí quieren usarlos de decorado", critica el presidente de la AFA. "Ha habido niños que hasta se han mareado por las altas temperaturas. Las familias hemos comprado algún toldo y ni siquiera nos dejan instalarlo. Es una vergüenza que las administraciones públicas tengan tanta dejadez para unas cosas y no para otras", añade José Manuel.

En cualquier caso, este no es el único centro en esa situación. Ya han sido varias las escuelas madrileñas que se han manifestado contra las altas temperaturas. Sin embargo, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desconocen cuántas, pues según aseguraron a El País, la Consejería de Educación no cuenta con ningún listado que indique dónde hay y dónde no hay aire acondicionado.

Felipe VI ha reafirmado su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades así como la coherencia que ha guiado y seguirá guiando todos sus actos, pese al "coste personal" de los mismos, en el décimo aniversario de su proclamación. En su primer discurso como rey ante las Cortes aquel 19 de junio de 2014, ha recordado, compartió con todos los españoles su "compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional".

"A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades", ha recalcado, asegurando que le sirven de "guía" en el ejercicio de sus funciones y que reflejan "el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber". "Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha señalado Felipe de Borbón, que ha precisado que en este tiempo ha procurado que este propósito se consolidara en sus actuaciones como jefe de Estado.

"Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos", ha proseguido el monarca, que ha defendido que "esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos".

Implica también, ha admitido el rey, "esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

Con estas palabras, Felipe VI ha querido referirse a las medidas que se vio obligado a adoptar en estos diez años para preservar la imagen de la Corona y que le obligaron primero a romper con su hermana la Infanta Cristina, a quien retiró el título de duquesa de Palma, y luego a distanciarse de su padre, Juan Carlos I, a cuya herencia renunció y a quien retiró su asignación en marzo de 2020, meses antes de que trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

"Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado", ha defendido el rey.

El monarca se ha referido igualmente al lema que ha elegido para el emblema de este décimo aniversario, "Servicio, compromiso y deber", que según ha incidido han sido los "pilares" en su desempeño.

Servicio, ha indicado, "porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona", la cual, ha puntualizado "está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad". Un servicio, ha acotado, que "se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles".

Por lo que se refiere al compromiso, este es "entendido como obligación asumida", con la Constitución, "con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales". Dicho compromiso, ha incidido, "tiene continuidad en la Princesa de Asturias" como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de edad.

Y por último, deber, ha explicado, "porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar".

Así pues, ha resumido, los tres "son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España".

Por otra parte, el rey ha querido tener unas palabras de elogio hacia la reina Letizia, a quien ha agradecido su "gran apoyo" en estos años. "Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables", ha resaltado.

Felipe VI también ha querido mencionar a sus hijas y su "creciente apoyo". La princesa Leonor y la infanta Sofía, ha dicho el rey, "han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje", al igual que los jóvenes de su generación, "las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo".

Previamente, el rey Felipe VI ha condecorado en el acto con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, por representar las "mejores virtudes cívicas" y "reforzar la cohesión y la convivencia democrática". Con estas condecoraciones, la Corona quiere reconocer y agradecer las virtudes cívicas que ejercen los civiles –nueve mujeres y diez hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 89 años-, dar visibilidad a conductas que permiten articular, sustanciar y construir una sociedad mejor.

Asimismo, busca resaltar a personas y comportamientos destacados, personificándolas como ejemplo de otras muchas que se repiten en toda la sociedad. Las profesiones representadas tienen que ver con distintos sectores: la educación, la cultura, la sanidad, el voluntariado, la ingeniería, la sostenibilidad, la agricultura, la ganadería o el turismo.

En unas palabras dirigidas a los condecorados, Felipe VI ha trasladado que se siente "honrado" por celebrar este día con ellos y ha agradecido su ejemplo. "El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor", ha indicado.

El rey ha condecorado al presidente de la Asociación Cultural Al Idrissi, Abdelkader Chaib Haddu, de 77 años y de Ceuta; al jefe del servicio de centros en la Consejería de Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Alejandro Gallego Cuevas, de 63 años; a la restauradora del Área de Arqueología del Mueso de Huesca, María José Arbués, de 58 años y Aragón; al director da Real Banda de Gaitas de Ourense, Xosé Luis Foxo Rivas, de 74 años y Galicia; y a la fundadora y socia de la Impresia IngeniaCity, Tamara Fernández, de 41 años y Asturias.

Además, han recibido la Orden del Mérito Civil la presidente ejecutiva del Grupo AgroMallorca, Isabel Vicens, de 57 años y por las Islas Baleares; el veterinario ambulante especializado en equinos Esteban Aróstegui, de 46 años y de País Vasco; el fundador de Entre Encinas y Estrellas, José Luis Quiñones, de 57 años y por Extremadura; la arquitecta técnica e ingeniera de Caminos Elisabet Suárez, de 40 años y por Andalucía; y la diplomada superior en Dietética y Nutrición Gemma Salvador, de 61 años y de Cataluña.

Felipe VI también ha impuesto condecoraciones al responsable de la empresa de pastillas de café Aldusa, Fernando Reinares, de 89 años y la Rioja; la voluntaria de Cáritas y de las Religiosas de María Inmaculada Felisa Padilla, de 77 años y Melilla; la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, de 54 años y de Madrid; el sacerdote Vicente Berenguer, de 87 años y por la Comunidad Valenciana; la profesora Arantxa Meca, de 53 años y Navarra; y el psicopedagogo en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación FP del Gobierno de Canarias, Calixto Herrera, de 64 años.

Por último, han recibido la Orden del Mérito Civil el catedrático de Ecología e Hidrología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez, de 66 años; la doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, Esther Cubo, de 57 años y Castilla y León; y el consejero delegado de la empresa CNC Bárcenas de Valdepeñas (Ciudad Real), Francisco Bárcenas, de 35 años y de Castilla-La Mancha.

El acto se ha celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real y ha estado conducido por el actor, director y bombero de origen ecuatoguineano Emilio Buale, encargado de presentar a los condecorados y exponer sus trayectorias.

Tras este acto, y ya durante el almuerzo con civiles condecorados y autoridades, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sorprendido a su padre con un brindis. "Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir", han comenzado, ante un visiblemente emocionado Felipe VI. Tras agradecer su asistencia a los invitados al almuerzo, han reivindicado todo lo aprendido durante estos diez años, "lo que significa el compromiso" que los cuatro tienen "con todos los españoles".

La princesa Leonor le ha tomado el relevo para pedir a los asistentes unirse en un brindis. "Por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos", ha continuado. "Mamá, papá, gracias", ha concluido la Infanta.

Previamente, Felipe VI había sido el encargado de realizar el brindis previo al almuerzo. La distribución de los asistentes en esta ocasión ha sido "original o distinta", en palabras de su majestad, porque, habida cuenta de la naturaleza de la celebración, se ha colocado a la Princesa y la Infanta en los extremos de la mesa, mientras que las autoridades y los condecorados están intercalados para que puedan conocerse mejor.

Durante su breve intervención, Felipe VI ha querido agradecer a las instituciones y entidades de la sociedad civil que se han sumado a la celebración de sus diez años de reinado en los últimos días. "Queríamos agradecer personalmente su cariño y apoyo", ha dicho. Por último, ha pedido un brindis por los 19 condecorados, sus familias y "por todos los españoles que se ven reflejados" en sus actos. "Nos inspiran a todos, son un modelo de servicio a seguir", ha finalizado.

Al acto de condecoración y almuerzo posterior han asistido, además de la familia real, el presidente, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer Begoña Goméz; los presidentes del Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; y otros poderes del Estado en ejercicio, como los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

También, han acudido el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y los poderes de otros órganos institucionales, como los presidentes del Consejo de Estado, Carmen Calvo; Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; o el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y autoridades constitucionales que han ejercido en los últimos diez años, como el expresidente Mariano Rajoy.

En total, asisten algo más de un centenar de invitados que degustarán un terciopelo de remolacha con briznas de tomate y bogavante, bonito en escabeche al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas y milhojas de chocolate con turrón de Jijona, todo ello regado con vinos blanco, tinto y cava.

En las oficinas el asunto del poder es algo que suele estar muy claro. En los rascacielos existe la planta noble, en esa planta, un despacho más grande que el del resto. Una estancia con muebles en maderas oscuras, las mejores vistas a la ciudad y suelo enmoquetado, que en ocasiones da para la práctica del golpe corto de golf. El conjunto se completa con una placa sobre la mesa, indicando nombre y cargo.

Allí se sabe quién manda. Nadie, atendiendo al escenario, puede tener dudas. Toda esta representación del poder es el trasunto empresarial de la corona. Un objeto precioso que se coloca en la cabeza a los monarcas para indicar al resto su posición. El poder requiere de símbolos para facilitar su función: que nadie ponga en duda quién lo encarna.

Los despachos son grandes y lujosos y las coronas están confeccionadas en oro y piedras preciosas porque necesitan transformar la idea de poder en algo material y nada mejor para conseguirlo que lo suntuoso. Se podrían fabricar coronas de madera pero el resultado no sería el mismo entre sus súbditos: algo que puede tener todo el mundo no es digno para representar la particularidad.

Les cuento todo esto, en primer lugar, por el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Ese rey, nadie parece querer recordarlo, que llegó al trono bajo la indiferencia de las calles de Madrid, que apenas arroparon al Rolls Royce en su trayecto del Palacio de Oriente al Congreso de los Diputados. Algo ha cambiado el proceso tras dos siglos de revoluciones: al menos el monarca ahora hereda en la sede de la soberanía popular.

Hoy, no tengo dudas, la coronación sería un éxito de público. Felipe VI tuvo su 23F en octubre de 2017. Si aquel choque de trenes con los independentistas catalanes valió para algo fue para asentar a un nuevo rey que, hasta entonces, tan sólo cargaba con el despropósito paterno. Miren, otra cosa más que tienen que agradecer las derechas a Puigdemont.

A Juan Carlos, que durante años había gozado de la aquiescencia de los medios, le abdicaron con dos portadas. De repente, de campechano pasó a impresentable, y eso, en medio de una crisis sin precedentes, con el paro rozando los seis millones, los recortes haciendo estragos y la corrupción extendida como una mancha de aceite, duque de Palma incluido, no le hizo gracia a nadie.

Juan Carlos se volvió un personaje tan disruptivo que empezó a poner en riesgo el papel de la monarquía, que no es otro que el de representar el poder. Cometió el error de pensar que él mismo era el poder y que por tanto sus actos siempre quedarían impunes, un error común a muchos mandatarios, un error que es fácil cometer cuando legalmente eres inviolable.

Pero no. El poder es otra cosa. Juan Carlos podía pertenecer a la realeza, pero el poder real pertenecía a otros. Un rey ejerce el poder por delegación. Constitucionalmente porque la soberanía nacional que emana del pueblo se sustantiva en el Estado, figura de la que ostenta su jefatura. En términos más concretos porque a quien manda en el mundo del dinero no le está de más que exista un parapeto regio.

Si las cosas fallan, y todo empezó a fallar de manera ostensible la pasada década, siempre se puede cambiar a un rey por otro. Simbolizar una nueva etapa para que todo siga como siempre cuando las aguas se calmen. Sobre todo si el rey saliente, o sea, Juan Carlos, había dejado de ser un parapeto y se había convertido en una figura demasiado incómoda e incontrolable. Lo de Botswana no sucedió tan sólo una vez.

Juan Carlos se volvió como una corona de madera, un símbolo inservible para las funciones que tenía encomendadas. Felipe VI es perfectamente consciente de que la monarquía, en España, existe no sólo porque lo ponga en la Constitución, sino porque es útil a una serie de intereses de clase. La cuestión es que en esta década, aun realizando un papel funcional y discreto, ha recibido toques de atención de los sectores más exacerbados de las derechas.

Los más notables han venido de Vox, que de una forma desacomplejada ha intentado trasladarle la responsabilidad de la aprobación de alguna ley, sugiriendo que podía negarse a firmarla, hecho del todo improbable bajo cualquier lectura constitucional. En Vox saben que piden un imposible, pero marcan el terreno, miden hasta dónde pueden llegar. La reacción nunca descansa en sus ensayos más turbios.

De ahí que el público más zorrocotroco entre los ultras haya cargado contra Felipe VI sin contemplaciones en más de una ocasión. En el acoso a Ferraz, por ejemplo, no eran inusuales los cánticos que tachaban al actual monarca de traidor y masón. Con la reina Letizia, machismo mediante, la cosa ya se disparaba a límites demenciales. Al parecer, no me pregunten por qué, están convencidos de que esta señora forma parte de algún culto satánico.

No es de extrañar que Letizia, a la que se intuye entre sus cualidades el olfato y la inteligencia, haya tenido gestos de simpatía con Pedro Sánchez en público. Sabe que si su hija tiene posibilidades de reinar en algún momento necesita contar con el apoyo del PSOE. Las otras dos opciones son que lo haga bajo una democracia sometida a una involución reaccionaria o que deje de reinar. A Alfonso XIII lo de coaligarse con Primo de Rivera bien no le fue.

A la monarquía se le supone el amor hacia España y, supongo, también el cariño hacia sus hijos. Y no debe de ser agradable pensar en un futuro con algo parecido a Abascal y algo parecido a Ayuso convirtiendo la capital en algo parecido a Ankara, Varsovia o Budapest. A la señora que se sienta en Sol también se le ocurrió darle un toque de atención a Felipe VI, tras una de esas romerías que se montan en Colón. Fue el 13 de junio de 2021. A mí no se me olvida.

Como tampoco aquel aforismo atribuido a Mao: “El poder habla por la boca del fusil”. El poder político surge del cañón de un arma, dijo al comienzo de la Guerra Civil china, en agosto de 1927. Acertó de lleno. Cuando todo se pone en cuestión, los propietarios pasan de los símbolos al plomo. De eso no nos libraremos nunca. No está de más recordarlo por feo que resulte. 

Los diez años de reinado de Felipe de Borbón que se cumplen este miércoles tienen un recorrido que empieza con el descubrimiento de la verdadera identidad su padre, Juan Carlos I, y acaba en la jura de la Constitución de su hija y heredera, la princesa Leonor. Una década en la que el monarca ha tenido que lidiar no sólo con las irregularidades fiscales de su padre, sino con sus propias dificultades para regenerar la institución haciéndola más transparente, con una gestión muy discutida de su papel como Jefe de Estado durante los días que siguieron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su incapacidad para marcar distancia con una ultraderecha y una derecha que han hecho de la monarquía una seña de identidad partidista.

Felipe VI se coronó en 2014 con un discurso en el que algunos quisieron ver una voluntad real de cambio. En él prometió “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo” que iba a “observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Pero el tiempo ha acabado mostrando las limitaciones de sus palabras. La anunciada transparencia no ha sido tal. Ni Felipe VI ni su familia tienen ninguna obligación de hacer público su patrimonio o declaración de bienes. La norma de funcionamiento de la Casa Real aprobada en abril de 2022 por el Consejo de Ministros no incluye regulación alguna al respecto y deja a la voluntad del rey decidir cómo y cada cuánto tiempo informará acerca de un patrimonio que, en aquellas fechas, ascendía a 2,5 millones de euros.

La “demanda de regeneración pública” y la “modernización” de la Corona, tras años de continuo desgaste de la imagen de la institución a cuenta de los continuos escándalos del rey emérito, se quedó a medio camino. Por no saber, seguimos sin conocer cuánto nos cuesta la institución: hasta cinco ministerios —Interior, Exteriores, Defensa, Presidencia y Hacienda— asumen gastos de apoyo a la Casa del Rey al margen de la partida destinada expresamente a Zarzuela, pero el Gobierno se niega a revelar su cuantía.

La experta en comunicación política Verónica Fumanal admite que han “dado pasos”, como el recorte de “asignaciones presupuestarias a los miembros que ahora ya no son de la Casa Real, que Urdangarín fuese procesado y condenado” o que la infanta Elena “se haya podido divorciar sin ningún tipo de cortapisa”. Pero echa en falta más: “Faltan muchas cuestiones relacionadas con la comunicación y con la transparencia. La Casa Real todavía no tiene una interlocución fluida con los medios de comunicación y la mayoría de las preguntas todavía no tienen respuesta”.

Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, está de acuerdo. “Todavía se puede profundizar en temas que tienen que ver con la transparencia” y “la política de comunicación de la Casa Real sigue siendo muy conservadora. No es tan cercana como otras casas reales, de, por ejemplo, Países Bajos, que tienen una relación yo creo mucho más directa con los medios. En eso se tendría que haber avanzado”.

Aunque en estos años se “han visto gestos de la Casa Real”, señala, “es cierto que sigue siendo muy difícil aplicar la Ley de Transparencia a la Jefatura del Estado” y “no tenemos la capacidad de fiscalizarla con el nivel de detalle que sí existe en otras monarquías parlamentarias” como sucede en Bélgica o el Reino Unido.

Simón llama la atención sobre una de las asignaturas pendientes, sobre la que se generó una gran expectativa pero que nunca se concretó: “Yo soy muy partidario de que el propio rey busque los mimbres para que se regulase la situación de la jefatura del Estado con una ley orgánica de la Corona que tasase exactamente sus atribuciones”.

Una ley que, para muchos, debería abordar la cuestión de la inviolabilidad del Jefe del Estado, pero en estos años tampoco ha habido rastro de una reforma de ese privilegio de inmunidad ante los tribunales gracias al cual el padre del rey ha salido indemne de los diferentes delitos por los que ha sido investigado, alguno de los cuales —el fraude al erario público— reconoció él mismo. Y eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente en repetidas ocasiones que estaría a favor de reformar ese precepto ante “la exigencia de ejemplaridad de la sociedad” y la necesidad de no dejar “espacio para la impunidad”.

Oriol Bartomeus, director del Institut de Ciències Polítiques i Socials cree, en cambio, que Felipe VI sí ha cumplido suficientemente sus promesas de transparencia. “En principio diría que sí. El problema no ha sido tanto su desempeño “como el contexto en el que se ha visto obligado a actuar. Un contexto marcado por la polarización y por la utilización de su figura como elemento de confrontación política (por parte de la derecha y de la extrema derecha)”. En cualquier caso, subraya, su situación no es fruto de su voluntad, que se ha visto arrastrada por la coyuntura. Tal vez lo peor haya sido el intento de utilizarlo políticamente contra el gobierno. Y lo mejor es que no se ha dejado”, sostiene.

Lo cierto es que el PP, y también el PSOE, con el concurso de Vox, mantienen el blindaje de la monarquía. Los tres partidos han bloqueado a lo largo de los últimos años todos los intentos de otras formaciones de poner fin a la inviolabilidad del rey e incluso para investigar las actividades económicas de su padre.

En su discurso de proclamación, Felipe de Borbón prometió “moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, “contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales” y “favorecer el ordenado funcionamiento del Estado”. Todo para contribuir a “una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas, en la que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones” y “en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional”. Una España que hoy, diez años después de aquellas palabras, no puede estar más alejada de la realidad.

En la memoria de todos sigue estando el 3 de octubre de 2017, el día en el que, en pleno desafío independentista en Cataluña, decidió protagonizar un discurso en televisión en el que pidió a los “legítimos poderes del Estado” que asegurasen “el orden constitucional”, al tiempo que, en términos muy duros, denunciaba el “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña” y acusaba a los independentistas de haberse situado “al margen del derecho y de la democracia” y de actuar con una “deslealtad inadmisible”.

Seis minutos durante los cuales no hizo ni una sola concesión a la búsqueda de una solución política negociada y trazó una línea divisoria con los partidos nacionalistas y los situados a la izquierda del PSOE que todavía permanece visible y que deterioró, puede que definitivamente, sus relaciones con los representantes políticos de una parte significativa del país.

El desgaste de la institución también es hereditario. La jura de la Constitución de la princesa Leonor, el pasado octubre, pagó el peaje de aquel discurso: se ausentaron los grupos nacionalistas e independentistas y la presencia de la izquierda alternativa —Sumar y Podemos— se redujo al mínimo.

Para Oriol Bartomeus, este es quizá su debe más destacado. “Personalmente, considero que podría haber hecho mejor ese discurso. Ese día no fue el rey de todos, fue el rey de parte, se dejó llevar (o lo llevaron) por la dinámica enloquecida de hooliganismo del momento. Una oportunidad perdida”.

De lo que no hay duda es de que Felipe VI, y su hija Leonor, ya convertida en heredera después de jurar la Constitución el pasado octubre, tienen menos aliados en la política española que en 2014. PP y Vox son los únicos que se declaran públicamente como monárquicos y proclaman su fe absoluta en una jefatura de Estado hereditaria, hasta el punto de haber utilizado la institución como arma arrojadiza contra el PSOE en la refriega política aprovechando los desmarques que el presidente Sánchez ha hecho de las actividades del rey emérito. Una identificación de la Corona con la derecha y la extrema derecha que el rey no ha sabido, o no ha podido, impedir.

Los desperfectos, con todo, siguen siendo difíciles de medir. El CIS continúa sin preguntar a los españoles por la institución —dejó de hacerlo cuando constató la creciente desafección de los ciudadanos con la monarquía— y los estudios de opinión a lo largo de los últimos años son muy escasos. Los barómetros de La Sexta muestran un aumento de los partidarios de la monarquía, del 42% de 2020 a un 53% a comienzo de este año, y un retroceso de los republicanos (del 42% al 36%) y lo relacionan con el creciente protagonismo de la Princesa de Asturias. Una encuesta de elDiario.es publicada en noviembre, sin embargo, matiza mucho ese resultado al revelar que el 51% de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, frente al 43,2% que considera que es una cuestión que no debería someterse a votación. Y pronosticaba un empate en caso de consulta: el 44,7% apoyaría la república, frente al 43,5% de la población que se decantaría por la monarquía.

La ausencia de encuestas del CIS es un elemento más de “una excepcionalidad impropia de una institución que quiere actualizarse a los cánones del siglo XXI”, asegura Verónica Fumanal. ”En el Reino Unido son múltiples las encuestas que preguntan por cada uno de los miembros de la Casa Real, sin ningún tipo de miedo, porque allí la institución o la tradición democrática parecen estar más consolidadas”.

Bartomeus no está seguro de que Felipe VI haya podido “remontar el desprestigio de la institución generado por los últimos años del reinado de Juan Carlos I, más teniendo en cuenta que no han parado de aparecer informaciones relativas al personaje y a la propia actuación del rey emérito”.

Fumanal, consciente de la liquidez de los tiempos que nos ha tocado vivir, prefiere hablar de un reinado “de transición” y no tiene dudas de lo mejor que ha dado la monarquía en esta década es “la princesa Leonor. El hecho de que en el futuro una mujer esté al frente de la institución, al frente de los ejércitos, será un paso muy importante para esa imagen de igualdad”. Y también la manera en que Letizia Ortiz “está llevando su papel y cómo está modernizando la Casa Real a través de su figura”, con decisiones como la de “poner mujeres en su gabinete por primera vez en la historia”.

Felipe VI, asegura, “siempre estará marcado por el legado de su padre. Quizás, si la monarquía todavía existe, cuando a Leonor le toque su turno, a lo mejor ella puede dar un paso definitivo hacia el prestigio de una institución muy marcada” por las actividades privadas de Juan Carlos I. “De algún modo, la relación paterno-filial todavía es una losa para Felipe VI” que le impide hacer “borrón y cuenta nueva”.

Pablo Simón distingue dos fases en esta primera década de reinado de Felipe VI. “Una primera más reactiva, intentando levantar cortafuegos entre lo que es su figura y la de su padre, lo cual obviamente es muy complicado porque al final es una magistratura que es unipersonal y hereditaria”. Un periodo que “supuso un menoscabo al prestigio de la institución, sobre todo, y muy particularmente, entre la gente joven y más a la izquierda”.

Pero después, subraya, “ha habido un cambio de tono que tiene que ver con un cierto reparto de papeles. Y no hablo solo del rey, sino también de la figura de Letizia Ortiz, la reina, y de la princesa Leonor, que han intentado sintonizar con clientelas electorales diferentes”. Letizia Ortiz claramente mirando más “hacia los componentes más sociales”, Felipe VI manteniendo “un perfil institucional más duro, probablemente más orientado hacia el electorado de la derecha”. Y la princesa “tratando de atraer la atención de los medios para buscar su propio hueco”. “Tengo la impresión de que hay ahí un equilibrio interesante que están intentando explotar” y que ha dado lugar a “una situación mejor para ellos de la que tenían cuando los escándalos de corrupción del rey emérito estaban todo el día en las portadas”.

Un dos sobre diez. Esta es la nota que tiene la monarquía entre los catalanes. Y, de esta manera, es la institución en la que menos confían en esta autonomía, donde los ciudadanos sitúan en los puestos más altos a los ayuntamientos, la Unión Europea y el Parlament. Ni el llamado efecto Leonor ni la situación de normalización política en Cataluña han ayudado para que la Casa Real levante cabeza en una comunidad donde sigue muy presente el recuerdo del discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017.

Esta valoración consta en el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, uno de los pocos organismos públicos que pregunta a los ciudadanos su percepción sobre la realeza (el CIS lleva sin hacer cuestiones sobre esta institución desde abril de 2015). La encuesta deja claro que la mayoría de la sociedad catalana apuesta por el modelo republicano (72%) frente al monárquico (16%), en tanto que un 10% no sabe o no contesta y un 2% preferiría otro tipo de organización.

Los más republicanos son los votantes de la CUP (100%), de Esquerra (98%), de Junts (93%) y de los comunes (91%). Pero también es abrumadora la mayoría a favor de esa opción por parte de los que apoyan al PSC (70%). Empatan los republicanos y los monárquicos entre el electorado de Ciudadanos en Cataluña, y en Vox están también muy divididos aunque ganan los que defienden a la Casa Real (45% frente a un 41%). El electorado más proclive a la realeza es el del PP (con un 61% a favor y un 29% en contra).

Y es el votante del PP, además, el único que aprueba a la monarquía en Cataluña, con un 5,2 de nota media. Ni siquiera Cs (3,1) y Vox (3), que defienden a la institución en sus actos, le dan buena nota. La ultraderecha incluso le pone peor nota que el electorado del PSC, que le entrega un 3,2. Los que apoyan a la CUP sólo puntúan a la institución con un 0,2, en tanto que coinciden en un 0,8 los que respaldan a Esquerra, Junts y los comunes.

Ana Sofía Cardenal, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, subraya que “la baja puntuación se explica por el discurso del rey del 3 de octubre de 2017, que tuvo un impacto muy negativo que aún dura en la valoración de los catalanes de la monarquía y del nuevo rey”. “Este efecto negativo fue bastante transversal, no sólo se localizó en los independentistas”, indica.

Ese discurso fue uno de los momentos más críticos del reinado de Felipe VI. Lo llevaba preparando días, según relata José Antonio Zarzalejos en su libro Un rey en la adversidad. El texto fue consultado con La Moncloa, que dio el visto bueno pero Mariano Rajoy expuso siempre sus reticencias con otros líderes políticos como Pedro Sánchez, que era el jefe de la oposición. El socialista le pidió que incluyera una referencia expresa al diálogo, algo que el monarca incluyó a medias con una llamada a la entrega a la conciliación y el entendimiento. El discurso tuvo una buena acogida en muchas partes de la sociedad fuera de Cataluña, pero no en la autonomía. 

La Casa Real poco a poco ha ido intentando volver a estar presente en Cataluña volcándose en aspectos culturales y citas económicas, además de tratar un acercamiento de la princesa Leonor, que suele pronunciar parte de sus discursos en catalán y que es el hilo conductor de los premios Princesa de Girona. A pesar de que ya no hay concentraciones cuando los miembros de la realeza van a Cataluña, su valoración no consigue salir de los números bajos (apenas han ganado tres décimas respecto al 1,7 que tenían en otoño de 2017).

En el barómetro del CEO se recoge también que los hombres son más proclives en estos momentos a una república (casi cuatro puntos por encima de las mujeres), pero eso no significa que ellas estén más a favor de la monarquía, sino que, en estos momentos, están más indecisas. Por tramos de edad, los más republicanos son los de la generación que va de entre los 25 a los 34 años, seguidos de las franjas que van desde esa edad hasta los 65 años. Precisamente, entre los mayores de 65 años y los más jóvenes (de 18 a 24 años) es donde hay más apoyo a la casa real en Cataluña, con un 17,8% y un 19,8% respectivamente.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, señala: “El discurso del 3 de octubre rompió muchas esperanzas”. Según narra, a sectores fuera de Cataluña les gustaron mucho esas palabras, pero también muchas personas que no eran independentistas en Cataluña “arquearon la ceja”. A su juicio, mucha gente esperaba alguna llamada al diálogo e incluso de condena de los incidentes policiales en una situación “tan dramática”.

Fue un “error”, prosigue, que ese discurso de “firmeza y de defensa de la unidad de España” no estuviera acompañado de un “espíritu de integración”: “El tono era únicamente recriminatorio”. Para él, hubiera sido necesario que el rey se mostrara también como un “instrumento de diálogo para la sociedad”. “No puso en valor el papel que puede tener un monarca parlamentario”, indica, para comparar la sensación que tuvo mucha gente ese día con la que se vivió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. “Había gente que quería ver al monarca como un elemento de recomposición del diálogo pero lo que se encontró fue una bronca monumental al independentismo y ningún mensaje conciliador”, resume.

Pero señala otra vertiente que tiene como consecuencia que los votantes de Vox en Cataluña no aprueben la monarquía: “También hay gente que esperaba que siguiera con ese tono y tuviera una actitud más proactiva y abierta contra la amnistía y las cesiones a los independentistas”. Pone como ejemplo las manifestaciones en la calle de Ferraz, donde hubo insultos contra Felipe VI y pancartas que decían “La Constitución rompe la nación”. “Se sorprenden de que el rey no eche el freno, pero es que eso es no entender la monarquía”, añade el catedrático.

Y vuelve a la situación de la sociedad catalana tras el discurso del 3 de octubre: “A partir de ahí ya le puedes dar una princesa que habla muy bien catalán, pero se ha pasado la época de los versos de Maragall por parte de Juan Carlos I, que entonces podían tocar una emoción. Veníamos de la dictadura, pero ahora hay cosas que se dan por supuestas. La cuestión no es tanto la relación del rey con Cataluña, sino la propia funcionalidad de la monarquía. Estamos en un momento de polarización y de crisis institucional. En estas condiciones hay incluso una discusión entre constitucionalistas sobre cuál debe ser el papel del monarca: estar puramente callado o tener un buen gesto que contribuya al funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, deslizar de algún modo que está preocupado por la polarización o por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

“En el momento en el que se le viera como un factor de mejora, se podría abrir la puerta, por la vía de utilidad, para que parte de la sociedad catalana lo mire con interés o incluso con esperanza”, apostilla Arbós.

Óscar Álvarez, presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), se adentra en la escasa valoración en Cataluña de la institución. Y habla de un conjunto de factores, empezando por los históricos: “Ya en el siglo XVIII Cataluña luchó contra los Borbones y en 1934 se proclamó Estado dentro de la República, es decir, el recelo viene de lejos y se ha pasado de generación a generación”.

“En segundo lugar, en una sociedad con una cultura independentista tan fuerte, que el representante del Estado español (que se supone que debe guardar neutralidad política), avalara públicamente y con dureza la aplicación del artículo 155 en Cataluña es notorio que no goza de la simpatía mayoritaria”, añade, para enlazar el “factor político”: “El 72% se muestra favorable a la república como forma de gobierno. Incluso los votantes de partidos de derechas valoran con escaso entusiasmo la monarquía”, desgrana.

¿Y puede crecer en valoración o está todo perdido? Álvarez responde: “Las monarquías no lo tienen fácil en la sociedad actual. Deben luchar contra la creencia de que son una institución anacrónica y demostrar que son útiles. En Cataluña, además, tiene que levantar otro muro importante, deben convencer que no son el enemigo de nadie”, contesta Álvarez, para indicar: “Hay mucho margen de mejora en cuanto a valoración social y, sin duda, su estrategia de comunicación deberá esforzarse en demostrar que la institución es clave para ayudar a que Cataluña se encuentre más cómoda en España”.

A lo que añade: “La estrategia de comunicación debe ser de lluvia fina, debe ser de presencia constante y amable. No obstante, no se nota el efecto Leonor porque la percepción negativa es mayor contra la institución que contra sus representantes. Puede ser que la princesa de Asturias, o incluso Felipe VI, mejoren su imagen en Cataluña, pero no deben centrarse única y exclusivamente en mejorar su Imagen personal. Para cambiar la percepción social, su estrategia debería añadir a la institución. Como decía antes, la sociedad debe comprender para qué sirve la monarquía en el 2024”.

La agenda oficial de Felipe VI ha llevado este jueves al monarca a la localidad gallega de A Toxa, situada a tan solo unos 15 kilómetros de Sanxenxo, donde el rey emérito, su padre, se encuentra desde el lunes procedente de Abu Dhabi para participar en las regatas, pero ambos no se han reunido, según informa Europa Press.

Juan Carlos había generado ciertas expectativas de que pudiera tener lugar un encuentro entre padre e hijo, dada su proximidad a tan solo unos minutos en coche, al señalar este mediodía que "seguramente" se vería con el rey tras ser preguntado por los periodistas que han estado siguiendo todos sus movimientos.

Aunque el reencuentro finalmente no se ha producido, Felipe y el emérito sí que tendrán ocasión de verse en un mes, ya que está prevista una reunión familiar en el Palacio de El Pardo el 31 de octubre para festejar la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor.

Según informó la semana pasada Zarzuela, Juan Carlos no ha sido invitado a los actos institucionales que tendrán lugar en el Congreso, donde la princesa de Asturias jurará la Carta Magna ante las Cortes, y en el Palacio Real, donde recibirá el Collar de la Orden de Carlos III y tendrá lugar un almuerzo con la presencia de las principales autoridades del Estado.

Tras ello, tendrá lugar en El Pardo una celebración familiar y privada a la que han sido invitadas tanto la familia del rey, lo que incluye a Juan Carlos, Sofía y las infantas Elena y Cristina y previsiblemente sus hijos, y la de la reina Letizia.

Aunque no ha podido verse con su hijo, el rey emérito sí que ha recibido este jueves una visita muy especial, la de su hermana, la infanta Margarita, junto con los hijos de esta, Alfonso y María Zurita, esta última acompañada a su vez de su hijo Carlos.

Juan Carlos ha salido a navegar por la ría de Pontevedra junto a sus familiares. Posteriormente, a su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo, donde ha almorzado con su hermana y sus sobrinos, el emérito ha reconocido estar "muy contento" por su visita. El que fuera monarca durante casi cuatro décadas permanecerá aún algunos días más en Sanxenxo, ya que tiene previsto participar este fin de semana en la octava regata rey Juan Carlos I que reunirá a más de 160 barcos.

Por su parte, Felipe se ha desplazado a tierras gallegas para participar como en ocasiones anteriores en la inauguración del V Foro en A Toxa, tras lo cual ha regresado a Madrid, conforme a lo previsto en su agenda oficial, según han confirmado fuentes de Zarzuela.

En su intervención, ha repasado algunos de los retos que se debatirán este fin de semana en el foro, como la globalización, la Inteligencia Artificial, la nueva geopolítica mundial y el papel de España en el mundo.

Todo esto, ha defendido, debe afrontarse desde el optimismo, y no desde el pesimismo "en el que muchos insisten". "Un mundo en el que los problemas parecen insolubles y los riesgos sobredimensionados y vencidos hacia el lado del fracaso. Pero no es lo que nos muestra la Historia", ha recordado.

A este respecto, Felipe VI ha abogado por recuperar el optimismo y la confianza, aprendiendo del pasado, para enfrentar el futuro. "Recuperar y potenciar el optimismo y la confianza en nuestras fuerzas y en nosotros mismos es un primer paso necesario para avanzar hacia sociedades más libres, más integradas y más prósperas", ha afirmado.

Felipe VI y el rey emérito se han visto en tres ocasiones desde que este último se trasladó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en agosto de 2020, donde ha establecido su residencia. No obstante, aunque Juan Carlos se encuentra realizando la que es su cuarta visita a España, solo en la primera, la efectuada en mayo de 2022, hubo un encuentro propiamente dicho en el Palacio de la Zarzuela.

En aquella ocasión, más de año y medio después de su marcha al país del Golfo, el emérito visitó la que fuera su residencia durante décadas por espacio de once horas. Entonces, padre e hijo mantuvieron "un amplio tiempo de conversación" que no se quiso cuantificar en el que abordaron "cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito se trasladó al país del Golfo, en plena polémica aún por las investigaciones judiciales en torno a la persona del antiguo monarca.

Ambos han tenido ocasión de verse otras dos veces más en este tiempo. Así, ambos asistieron hace un año en Londres al funeral de Isabel II, donde el protocolo británico sentó a los eméritos junto a Felipe VI y la reina Letizia en la Abadía de Westminster.

La última vez que coincidieron fue en enero, cuando ambos asistieron en Atenas al funeral de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía. Entonces, la televisión pública griega difundió unas imágenes en las que el rey daba un afectuoso saludo a su padre y ambos intercambiaban unas palabras.

El rey emérito tiene previsto viajar este miércoles a España en la que será su tercera visita desde que se trasladó en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos (EAU), solo tres días después de la celebración de las elecciones generales del 23J.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del entorno, Juan Carlos I viajará a Galicia en las próximas horas donde se celebra una regata, aunque no ha desvelado ningún detalle de su agenda ni el tiempo que tiene previsto permanecer en el país.

Su última visita a España fue el pasado mes de abril en un viaje que generó "malestar" en el Palacio de la Zarzuela, que ya tras la primera visita había pedido al padre del rey Felipe VI más discreción en sus futuros desplazamientos.

Ya la primera visita que hizo a España Don Juan Carlos a finales de mayo del año pasado había generado enfado en la Casa del rey, debido a la expectación con la que se siguieron todos sus movimientos durante su estancia en Sanxenxo y al interés suscitado, muy lejos de la privacidad con la que había manifestado que quería que transcurrieran este tipo de desplazamientos.

Así se lo hizo ver Felipe VI en el encuentro que ambos mantuvieron en Zarzuela el 23 de mayo. Tras el mismo, la Casa del Rey le recordó a Juan Carlos en un comunicado que en su carta para notificarle que Abú Dhabi sería su residencia permanente también le había dicho que cuando visitara España quería hacerlo con "la mayor privacidad posible".

Entonces, el mensaje caló aparentemente en el emérito, ya que no regresó en junio para una nueva regata como se había adelantado, y en los meses siguientes mantuvo un inusual silencio, sin recurrir a su entorno más cercano para trasladar mensajes sobre sus intenciones o sobre su vida en el exilio emiratí.

Entonces tuvo que pasar casi un año para que Juan Carlos I volviera a pisar suelo español, si bien en ese tiempo tuvo ocasión de verse dos veces con el rey, en septiembre en el funeral de Isabel II en Londres y en enero en el de Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía.

En esta ocasión el rey emérito no ha esperado tanto tiempo para volver a viajar a España y lo hará esta semana, solo tres meses después de su último viaje. Al margen de ello, no hay muchos más detalles sobre su visita.

Como en anteriores ocasiones, la previsión es que se desplace a Sanxenxo y participar en sus regatas, de las que es aficionado y de las que ha tomado parte en sus anteriores visitas al país.

Juan Carlos I tendría una hija secreta llamada Alejandra, según informa El Confidencial, que ha publicado un adelanto del libro King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I , escrito por José María Olmo y David Fernández, que saldrá a la venta el 8 de mayo. Según se desvela en el libro, el rey Juan Carlos tuvo una cuarta hija fruto de una relación extramatrimonial con una conocida aristócrata —muy popular en las páginas de la prensa rosa y musa de un famoso diseñador de alta costura— a finales de la década de los 70 y principios de los 80, después de que naciesen la infanta Elena (1963), la infanta Cristina (1965) y el rey Felipe VI (1968), informa Europa Press.

Presuntamente, Alejandra, casada y con un hijo, creció ignorando quién era realmente su padre y cuando por fin lo averiguó optó por seguir su vida, como si nunca hubiera conocido la identidad de su progenitor, evitando reclamar ningún tipo de derecho sucesorio. Según El Confidencial se trataría del mayor secreto de Casa Real y todos los miembros de la familia conocerían la existencia de esta joven.

 Una paternidad secreta que el emérito habría compartido con sus íntimos, mostrándose orgulloso de Alejandra y ayudándola económicamente —ya que cuando fue informada de que su padre era Juan Carlos I se produjo un discreto acercamiento con él— aunque nunca ha tenido el mismo trato con ella que con los hijos que tiene con la reina Sofía.

Una hija secreta cuya identidad completa no desvelan en el libro, aunque los datos son suficientemente reveladores: Alejandra nació en una familia de aristócratas bien conectada con el poder y nunca sufrió estrecheces económicas. Al nacer, su supuesto padre tenía más de 70 años pero nadie expresó ninguna sospecha porque la relación extramatrimonial de su madre con el emérito fue especialmente omitida. Fue en la adolescencia cuando la joven se habría enterado de que su verdadero progenitor era Juan Carlos I, y a partir de ahí se produjo un acercamiento entre ambos.

Alejandra, que nunca ha hablado de su secreto, siempre ha destacado por su discreción; alta y delgada, ha trabajado como modelo y ha sido imagen de numerosas marca de ropa y joyas. Detalles que pueden llegar a especulaciones sobre la identidad de la hija del rey mérito.

El Mundo se ha puesto en contacto con el emérito y su respuesta ha sido: "No tengo ninguna hija que se llame Alejandra".

Este nuevo escándalo en la familia real se ha conocido a tan solo una semana de que Juan Carlos I visitara España para participar en una competición de regatas en Sanxenxo.

Unidas Podemos ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso, en la que tiene mayoría absoluta con el PSOE, para exigir la retirada de bustos y cuadros ahora presentes en la cámara con la imagen del rey Juan Carlos I, al que define como un "delincuente confeso" cuya representación de su imagen es una "humillación inaceptable" a la sede de la soberanía nacional, según informa Europa Press.

Así lo ha detallado el portavoz del grupo confederal en rueda de prensa en el Congreso, en la que ha arremetido contra el rey emérito acusándole de haber "robado dinero público" a la hacienda y de haber cometido "innumerables delitos", con la "inmunidad" que le confiere la inviolabilidad de la corona recogida en la Constitución.

Esta petición, que ya intentaron sin éxito los partidos independentistas en junio de 2020, se ha registrado coincidiendo con la segunda visita a España del padre de Felipe VI desde que en verano de 2020 fijó su residencia en los Emiratos Unidos.

El escrito de Unidas Podemos, recogido por Europa Press, reclama la retirada de al menos ocho obras con la imagen de Juan Carlos I, repartidas entre fotografías, pinturas y bustos ubicadas en diversas dependencias del Congreso.

De esta forma, el grupo confederal enfatiza que el emérito no ha sido condenado por falta de pruebas sino por la prescripción de determinados delitos fiscales, junto con la "impunidad" que le confiere el artículo 56.3 de la Carta Magna.

En todo caso, denuncia sus negocios opacos durante décadas, cuya ocultación a la Agencia Tributaria es "pública y notoria" al menos en una parte "mínima". Incluso define al emérito como un "personaje caído en desgracia, culpable de graves delitos económicos y fugado en una dictadura teocrática árabe".

"Pensamos que humilla la dignidad del Congreso de los Diputados que tengamos en esta casa sus imágenes como si fuera un prócer. Yo no quiero ni imaginar qué piensa una delegación internacional que venga a España desde un país democrático y vea que tenemos un cuadro de un delincuente colgado en la pared en el Congreso de los Diputados", ha lanzado Echenique.

Por su parte, el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha pedido también que se retire la distinción del rey emérito y otros honores a Juan Carlos I si se confirma que traslada su sede fiscal a Emiratos, con intención de no pagar impuestos en España y que califica de un nuevo intento de "fraude fiscal".

Tras incidir en que el antiguo monarca tuvo que regularizar su situación con Hacienda en dos ocasiones, el diputado ha censurado que sería una actitud "inadmisible y vergonzosa" que el emérito, que "no pude comportarse como Ferrovial" haciendo negocios y no pagar impuestos en su país.

Finalmente, ha exigido que el antiguo jefe del Estado comparezca para dar explicaciones de sus presuntas irregularidades en el Congreso, dado que sigue estando acusado de la comisión de graves delitos en el extranjero.