El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda contra el gigante tecnológico Google por monopolio en el sector publicitario, por lo que ha reclamado al Tribunal del Distrito Este de Virginia que obligue a la empresa a escindir parte de su negocio de publicidad.

La demanda está liderada por el Departamento de Justicia, aunque a la acción judicial se han sumado los Estados de Virgina, California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Tennesse.

"La competencia en el espacio de tecnología publicitaria está rota, por razones que no han sido accidentales ni inevitables. Un mastodonte de la industria, Google, ha corrompido la competencia legítima de la industria de tecnología publicitaria participando en una campaña sistemática para tomar el control de una amplia gama de herramientas de alta tecnología usadas por editores, anunciantes y corredores para facilitar la publicidad digital", han acusado los demandantes.

Los fiscales de estos Estados han acusado a Google de quedarse con "al menos" el 30% de las campañas que pautan los anunciantes en los sitios webs de los editores a través de su tecnología publicitaria.

En este sentido, Estados Unidos ha pedido a la Justicia que, "cómo mínimo" obligue a Google a vender Google Ad Manager, incluyendo su servidor publicitario, la gama de herramientas Double Click y la plataforma de compraventa de anuncios AdX.

Se trata de la segunda demanda que el Departamento de Justicia presenta contra Google. En 2020, el organismo ya empezó un proceso judicial contra la tecnológica alegando que había incurrido en prácticas monopolísticas para dominar el sector de las búsquedas en Internet, así como la publicidad en dichas búsquedas.

El Tribunal General de la Unión Europea ha respaldado este miércoles parte de la decisión de la Comisión Europea de imponer a Google una multa récord por abuso de posición dominante con Android, si bien ha rebajado ligeramente el importe definitivo de la sanción de los 4.340 millones de euros iniciales a 4.125 millones, según informa Europa Press.

El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a Google con una multa de 4.340 millones de euros, la mayor impuesta por una autoridad de competencia comunitaria, por abuso de posición dominante, después de la que la compañía impusiera restricciones contractuales a fabricantes de móviles y tabletas que utiliza Android como sistema operativo con el objetivo de garantizar su posición dominante en el mercado de búsquedas por internet.

Bruselas consideró que los acuerdos de distribución obligaban a los fabricantes de dispositivos a preinstalar aplicaciones de búsqueda y navegación de Google para obtener licencias de explotación de su tienda de aplicaciones Play Store y que la multinacional había pagado a fabricantes y operadores de redes móviles para que Google Search fuera la única aplicación preinstalada en los dispositivos.

Ante esto la multinacional estadounidense interpuso un recurso que el Tribunal General ha desestimado considerando que los acuerdos mencionados constituyen un abuso.

En la sentencia, ante la que cabe recurso, el Tribunal observa que la Comisión Europea "concluyó fundadamente que la naturaleza abierta" de la licencia de explotación de Android no contrarrestaba "la posición dominante" de Google.

En este sentido, el dictamen concuerda con el análisis de la Comisión Europea, que consideró "abusivas" las condiciones de preinstalación impuestas a los fabricantes de dispositivos móviles, ya que el grupo de aplicaciones Google Search y Play Store, pertenecientes al grupo del navegador Chrome, "habían restringido la competencia durante el período de infracción".

Respecto a la preinstalación única incluida en los acuerdos de reparto de los ingresos por cartera, el dictamen avala la valoración de la Comisión Europea de considerar que los acuerdos eran de "exclusividad" y que los pagos estaban "supeditados a que no se preinstalaran servicios de búsqueda general de la competencia" si bien aprecia "errores de razonamiento" por parte del Ejecutivo comunitario.

El Tribunal también ha coincidido con Bruselas en considerar abusivo que Google prohíba a fabricantes la venta de dispositivos móviles inteligentes con sistemas operativos basados en el código fuente de Android "no compatible", si bien ha estimado que la práctica en cuestión no había llevado a que se reforzara la posición dominante de Google en el mercado de servicios de búsqueda".

Los gobiernos de España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido han llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre sus respectivos impuestos digitales que evitará la entrada en vigor de los aranceles sobre importaciones de productos de dichos países europeos que había aprobado Washington en junio. "El acuerdo alcanzado demuestra la voluntad de España por llegar a consensos internacionales en temas tan importantes como mejorar la fiscalidad internacional para hacerla más justa, pero también es un ejemplo del liderazgo del Gobierno para defender los intereses de nuestro país en el ámbito tributario y comercia", ha defendido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El acuerdo contempla que España y el resto de países mantengan sus respectos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Este pilar entrará en vigor el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite, según informa Europa Press.

Washington a cambio retirará todas las medidas arancelarias impuestas a dichos países. En junio, el país norteamericano aprobó un arancel del 25% a una serie de productos españoles como represalia por el impuesto sobre servicios digitales de España resultaba discriminatoria y perjudicaba los intereses comerciales del país.

La represalia comercial no entró en vigor entonces porque se aprobó con una suspensión de aplicación de 180 días. El objetivo de esta suspensión era, precisamente, dar tiempo a la OCDE para llegar a una solución multilateral que incluyese a todos los países. La medida tenía previsto entrar en vigor en diciembre, pero se ha evitado su aplicación en virtud de este acuerdo.

Además, el trato al que ha llegado Washington con las naciones europeas también contempla un periodo de transición que abarca desde el 1 de enero de 2022 y hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo de la OCDE o el 31 de diciembre de 2023, lo que suceda antes. Durante ese periodo de transición, EEUU se ha comprometido a no iniciar ninguna medida comercial adicional.

A partir de 2024, se evaluará si los impuestos abonados por las multinacionales afectadas estadounidenses por los impuestos digitales nacionales es superior al que hubieran tenido que pagar al amparo del pilar uno. En caso de que fuera así, España y el resto de países europeos tendrán que abonar a dichas empresas un crédito fiscal por la diferencia entre ambas cantidades. "Se trata de un acuerdo muy positivo que proporciona seguridad jurídica y certidumbre a nuestro tejido productivo al garantizar que no habrá barreras comerciales a la entrada de productos españoles en el mercado estadounidense", ha apostillado la ministra Montero.

Marco fiscal de la OCDE

El acuerdo fiscal acordado por la OCDE en las últimas semanas ataja los problemas derivados de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de grandes empresas a jurisdicciones con una baja fiscalidad. Se centrará en dos pilares de actuación.

El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados. El marco fiscal asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10% (hasta un 25% máximo) se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos a impuestos.

El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global e incluye que el tipo mínimo de los Impuestos sobre Sociedades sea del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.

Según los cálculos de la OCDE, el pilar uno del paquete reubicará 125.000 millones de dólares (107.364 millones de euros) de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo. El objetivo es que estas empresas "paguen la parte justa de impuestos donde sea que operen y generen beneficios". De su lado, el pilar dos, con su impuesto mínimo del 15%, generará anualmente 150.000 millones de dólares (128.837 millones de euros) en ingresos fiscales al año en todo el mundo.

El acuerdo alcanzado este fin de semana por las siete potencias económicas del mundo, el llamado G7 –Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón– es “histórico”, tal y como han proclamado todos sus protagonistas, porque es la primera vez que se ha pactado un impuesto mínimo global para los beneficios corporativos. También porque desatasca casi una década de negociaciones en el seno de la OCDE para adaptar la fiscalidad al siglo XXI digital. Un paso que sólo ha sido posible tras el empujón que le ha propinado Joe Biden apoyando el tipo del 15% que deberán pagar a las arcas públicas mundiales las mayores compañías. Sin olvidar que también la pandemia, o más bien el descomunal aumento del gasto público al que se han visto obligados todos los Estados para preservar la salud de la población y mantener con vida la economía, ha hecho de la necesidad virtud.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea precisan ingentes recursos para financiar sus respectivos planes de recuperación. Biden ha presentado un presupuesto de seis billones de dólares, pero ya antes había puesto encima de la mesa un plan de dos billones para infraestructuras que llegó después de otro paquete de estímulos poscovid de dos billones más, mientras que Bruselas ha comprometido 750.000 millones de euros en su propio Plan de Recuperación.

Cifras mareantes que sólo se pueden sufragar subiendo los impuestos. A los estadounidenses más ricos –dos puntos y medio en el IRPF de quienes ganen más de 400.000 dólares al año y 19,6 puntos en los rendimientos de capital para quienes ingresen más de un millón de dólares vendiendo acciones o bonos, por ejemplo– y a las grandes empresas, aumentándoles el tipo de sociedades del 21% al 28% por lo que ganen dentro del país. La Unión Europea lleva ya tiempo poniendo en el punto de mira a las compañías digitales, a las que Francia y España ya gravan con la tasa Google.

De forma que a ambos lados del Atlántico se ha despertado una necesidad, incluso una urgencia, común. Que aún falta por detallar. Esta misma semana se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno del G7, tras la foto de este fin de semana de sus ministros de Economía en Londres. Pero hasta que se vean los ministros y gobernadores de bancos centrales del G20 en Venecia el 9 de julio, el acuerdo no quedará completado.

De momento, sólo se ha hecho público el tipo mínimo del 15% y que se aplicará a las “mayores y más rentables multinacionales” cuyo margen de beneficio supere el 10%. Los países donde esas compañías generen sus ventas tendrán derecho a gravar el 20% de las ganancias que obtengan. Hasta ahora, se dedicaban a desplazar sus beneficios de los territorios donde se generan hasta aquellas jurisdicciones con el nivel de tributación más bajo. Aún se desconoce qué empresas serán ésas, si el 15% será un tope máximo o un mínimo aumentable o qué va a ocurrir con las tasas Google ya en vigor en Francia y España, aunque el comunicado del G7 avanza que se “coordinará adecuadamente” la aplicación de esta nueva fiscalidad internacional y la “supresión de todos los impuestos sobre servicios digitales y otras medidas similares pertinentes, en todas las empresas”. En otras palabras, puede tener los días contados.

Así que, pese a la importancia del avance, surgen las primeras sospechas y las primeras críticas. De hecho, los mensajes de decepción son la nota dominante entre las organizaciones defensoras de la justicia fiscal: el acuerdo apunta a reformas clave –impuesto de sociedades mínimo global y pago en los países en los que se opera–, pero es cicatero con los países ajenos a las grandes potencias, ambiguo y de dudosa aplicación.

Ganan los países ricos, no aporta nada a los pobres

“No es ambicioso, las medidas sugeridas no son justas y existe un alto riesgo de que conduzcan a un sistema fiscal más complejo e ineficaz”, resume Tove María Ryding, coordinadora de Impuestos de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad).

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, rebaja el acuerdo a una “declaración de apoyo político”, pendiente del Marco Inclusivo de la OCDE, que busca el sí de 139 países, y del G20. Ruiz afirma que, si la OCDE mantiene la línea llevada hasta ahora, el mínimo global del 15% no será obligatorio. Lo previsto, señala, es que los países que sí lo cumplan, previsiblemente todos los del G20, obliguen a las compañías que tienen la matriz en su territorio, de forma que, si pagan menos de un 15% en alguna jurisdicción a la que trasladan sus beneficios, será el país donde se halla la matriz la que cobre la diferencia hasta el 15%. Es decir, ganarán los países con más multinacionales, dice.

La responsable de Oxfam no resta impacto a la medida, pero limita sus beneficiarios. “Si Estados Unidos firma el acuerdo, y pongamos que una multinacional estadounidense opera en Irlanda con un tipo efectivo del 5%, la administración tributaria de Estados Unidos le va a gravar la diferencia [hasta el 15%]”, explica. Con ello se debilita o desaparece el incentivo de la compañía a acudir a Irlanda, por lo que también Irlanda –incluso si no aplica el 15% de mínimo, ahora su tipo es del 12,5%, el menor de la UE– acabaría por verse previsiblemente afectada. “Se supone que Irlanda acabará cambiando su diseño tributario”, apunta Ruiz, aunque eso no quiere decir que sea “obligatorio”.

Ahora bien, mientras para Estados Unidos el acuerdo es bueno, ¿cómo será para terceros países? “Supongamos que Argentina pierde impuestos porque una compañía los traslada a Irlanda. Argentina no va a recuperar esa diferencia, sino que la recupera Estados Unidos”, precisa Ruiz, por ser el país donde tiene la matriz. A su juicio, el acuerdo es una “muy mala noticia para los paraísos fiscales del 0%, una muy buena noticia para Estados Unidos” paraísos fiscalesy una noticia que “no aporta nada” a los países pobres. Además, consagra las “prácticas monopolísticas” en las grandes empresas. “No hay voluntad de que cada país pueda retener los impuestos. Sólo protege los intereses de los países ricos”, advierte.

La segunda pata del acuerdo implica que las multinacionales paguen allí donde generan sus beneficios. Susana Ruiz pone como ejemplo una empresa de intermediación entre conductores y usuarios, que podría ser –Ruiz prefiere no dar ejemplos concretos– Uber. “Los países en los que opera la empresa podrán gravar el 20% de los beneficios. Es decir, a lo que se calcule que le toque a España de ese 20%, habrá que aplicarle el 25% que se aplica aquí al impuesto de sociedades. Se va cortando el queso en lonchitas tan pequeñas que la última es casi invisible”, critica. La medida hubiera tenido un impacto importante con un porcentaje mayor, pero el 20% es escaso, subraya.

A la responsable de Oxfam le preocupa también el filtro del 10% en el margen de beneficio. Un porcentaje que puede dejar fuera a compañías como Amazon, que no superó el 6,3% en 2020. Así lo consideran también expertos consultados por The Guardian. “Basándonos en el comunicado, Amazon no está dentro”, explica al diario británico Paul Monaghan, director ejecutivo de la Fair Tax Foundation. Hay un segundo filtro, sobre el que Ruiz llama la atención: los 750 millones de facturación exigidos como requisito para acogerse a las medidas. Esta cifra ha sido manejada por la OCDE durante las negociaciones [ver aquí, en el punto 35], pero no aparece en el documento del G7. ¿Se mantendrá? Susana Ruiz es escéptica sobre el listado final de empresas afectadas, si lo hay. En cualquier caso, la responsable de Oxfam advierte del limitado impacto para España, debido a los “listones bajos” colocados por el G7. España sí se beneficiará, recalca, de la actividad exterior de sus multinacionales. Ahora bien, a cambio es previsible que tenga que ceder la tasa Google, en vigor desde enero. Ruiz duda que a España le compense.

“Una cortina de humo”

Tax Justice Network ha recibido el acuerdo del G7 como un jarro de agua fría. Alex Cobham, director general de Tax Justice Network. hace este análisis: “El G7 ha decidido trasladar por fin el sistema fiscal internacional al siglo XXI, pero sólo lo suficiente para beneficiarse descaradamente sólo a ellos mismos”. “Pocas veces se presenta la oportunidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de un solo golpe, pero cuando la historia ha llamado hoy a la puerta, los líderes de los países más ricos del mundo le han dado la espalda”, añade Cobham, para quien el 15% queda lejos del objetivo deseable, el 25%. El director de Tax Justice Network afirma que debe ser la ONU el organismo que lidere el cambio.

“Un tipo impositivo mínimo del 15% en todo el mundo sólo significará que, en lugar de correr hacia abajo, los tipos impositivos de las empresas del mundo correrán hacia el mínimo. [...] Además, todavía tenemos que ver si este tipo mínimo será realmente efectivo. Eso depende de cómo se diseñen las normas”, señala por su parte Tove María Ryding. Coincide con Ruiz y Cobham en que el acuerdo es negativo para los países pobres. “Sólo refleja los intereses de los países más grandes y ricos del mundo. El acuerdo del G7 sugiere un enfoque que daría lugar a ingresos fiscales para los países que albergan las sedes de las empresas multinacionales, así como grandes cantidades de consumidores. Esto sería profundamente problemático para los países más pobres del mundo, que no tienen muchas sedes de empresas o consumidores, pero en cambio, por ejemplo, tienen muchos empleados”, acusa la coordinadora de Eurodad, quien también pide una negociación liderada por la ONU. Lo que puede ocurrir con el nuevo esquema es que la recaudación se traslade de los paraísos fiscales… a los países ricos. “Seguiremos teniendo un gran problema: que las normas fiscales mundiales no garantizan que los países más pobres, los más necesitados de ingresos, puedan gravar efectivamente a las empresas multinacionales”, concluye.

A Ricardo García Zaldívar, miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de Attac, la “reforma del sistema fiscal global” le recuerda a la “refundación del capitalismo” que algún líder europeo prometió tras la caída de Lehman Brothers. A su juicio, la nueva era fiscal no deja de ser “una cortina de humo”. García Zaldívar, curtido ya en muchos trienios de debate fiscal, afirma que lo más importante es la pedagogía. Antes de prohibir, sostiene, “hay que criminalizar socialmente”. Y este acuerdo, aunque va en la buena dirección, es “ambiguo” y no aporta gran cosa en esa línea, opina. García Zaldívar cree que ha habido pasos más significativos que el dado por el G7, pero han pasado más desapercibidos. Dos ejemplos: a escala europea, las nuevas obligaciones de transparencia impuestas por la UE a las multinacionales –los informes país por país recién aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo–; en España, el impuesto de transacciones financieras, o tasa Tobin, pese a que, a su juicio “se queda corto”.

“Improbable que aumente la recaudación en la UE a corto plazo”

Pero no hace falta salir de la Unión Europea para encontrar reparos. Apenas tres días antes del anuncio en Londres, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presentaba en sociedad el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por Gabriel Zucman, economista experto en paraísos fiscales y profesor de la Universidad de Berkeley, en California. Su primer informe calcula cuántos impuestos recaudarían los Estados miembros si existiera un tipo mínimo mundial del 15%, del 21%, del 25% y del 30%. Y construye una simulación de cantidades en tres supuestos: si existiera un acuerdo global como el que parece que se está fraguando, si sólo la UE aplicara el tipo mínimo de sociedades o si no hubiera más que un país –o grupo de países– que se atreviera.

Las conclusiones de Zucman y los coautores, Mona Barake, Theresa Neef y Paul-Emmanuel Chouc, apuntan a un tipo del 25% como una “tasa relativamente modesta”, que permitiría a la UE aumentar en un 50% su recaudación, unos 167.800 millones de euros, o un 1,2% del PIB comunitario, en caso de que se aplicara un acuerdo global. Con un 21%, la UE ingresaría 98.000 millones más. Pero si aplicara el 15%, el tipo que ha anunciado el G7, el aumento de la recaudación sería de sólo 48.300 millones. Una tasa tan baja, resalta el informe, “es improbable que aumente de forma significativa la recaudación en la Unión Europea a corto plazo”. Aunque también puede “allanar el camino hacia un tipo más alto en el futuro”, concede.

Si el acuerdo para imponer un tipo mínimo del 25% lo aplicaran únicamente los Estados miembros de la UE, la mejora de la recaudación sería superior, 214.500 millones de euros: 167.800 millones procederían de la tributación de las multinacionales de matriz europea y los 46.700 millones restantes del 20% del déficit fiscal –la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que debería pagar hasta el 25% del tipo mínimo– de las multinacionales de fuera de la UE. De esa cantidad, 12.300 millones procederían de compañías estadounidenses.

Por tanto, dice el informe de Zucman y sus colegas, la Unión Europea consigue un potencial recaudatorio mucho mayor subiendo los impuestos de sus propias multinacionales antes que de las estadounidenses, por ejemplo. A su juicio, es “esencial” que la UE “controle” sus propias multinacionales.

Según sus cálculos, España aumentaría su recaudación en 700 millones de euros con un tipo del 15%. Si se aplicara un 21%, el alza sería de 5.400 millones. Y, de llegar al 25% propuesto por los autores del informe, los ingresos fiscales llegarían a 12.400 millones de euros. España sería el quinto país de la UE más beneficiado en caso de imponer ese tipo mayor. Aumentaría un 43,7% su recaudación respecto de la actual. Esa cifra equivale al 11% del gasto público español en sanidad.

Para hacerse una idea del volumen de ingresos que supone gravar a las multinacionales con esos tipos mejorados, puede bastar la cifra que el Gobierno tiene previsto recaudar con la tasa Google: sólo 968 millones de euros. En todo caso, si finalmente esa tasa se suprimiera para cambiarla por sólo el 15% de tipo mínimo –700 millones, recuérdese–, España perdería 268 millones de ingresos fiscales.

Los países más beneficiados de una tasa del 25% serían Alemania –29.100 millones– y Francia –26.100 millones–. Aunque porcentualmente, los que más aumentarían su recaudación serían Luxemburgo –un 282,3%– e Irlanda –167,9%–, debido a los bajos tipos impositivos que aplican a las multinacionales.

Los déficit fiscales de ACS, Iberdrola, Teléfonica y Santander

El informe también calcula el déficit fiscal de algunas de las mayores multinacionales europeas. Y entre ellas hay algunas españolas. La que mayor déficit fiscal tiene es ACS, que debería pagar un 354% más de lo que tributa actualmente, 60,4 millones de euros. Con un tipo del 25% –ése es el tipo nominal del impuesto de sociedades en España, pero el efectivo es mucho menor–, debería pagar a Hacienda 217,8 millones de euros. Telefónica tendría que ingresar en Hacienda 409,7 millones más, un alza del 70,3%. Iberdrola tiene un déficit de 488,3 millones de euros, pero en términos relativos debería aumentar sus pagos al fisco un 59,7%. El de Repsol asciende a 133,2 millones, un 13,8%.

La multinacional europea con mayor déficit fiscal es la holandesa Shell, 2.894 millones de euros, seguida de la aseguradora alemana Allianz, con 894 millones.

Por lo que se refiere a los bancos, igualmente incluidos en el estudio, el Sabadell es el que mayor déficit fiscal tiene, un 45,2%. Sin embargo, en cifras absolutas, el Santander encabeza la lista, porque debería pagar 687,93 millones de euros más a Hacienda de lo que tributa ahora para alcanzar el tipo del 25%. El BBVA tendría que subir su tributación en 205,72 millones, un 11,2%. Por el contrario, la recién desaparecida Bankia no tiene déficit fiscal alguno. Los 502,1 millones de euros pagados en 2019 equivalen a un gravamen del 25%.

Los gigantes digitales, a gusto con el acuerdo multilateral

También despierta recelos el hecho de que las multinacionales señaladas por este giro en la fiscalidad hayan aplaudido el anuncio de Londres. Facebook no ha dudado en dar la “bienvenida” a lo que ha calificado de “importante avance” en el G7. “Facebook quiere que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconoce que ello podría implicar que pague más impuestos en diferentes lugares”, ha adelantado Nick Clegg, vicepresidente para asuntos globales de la red social y ex viceprimer ministro británico.

Por su parte, Google ha expresado su “fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales”. Amazon también ha respaldado en términos similares “el proceso dirigido por la OCDE”, porque cree que “una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional”. “El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por alcanzar este objetivo. Esperamos que las discusiones sigan avanzando con el G20 y la alianza del Marco Inclusivo”. Quizá, si desaparecen las tasas Google aplicadas por algunos países y el tipo se queda en un 15%, los gigantes digitales se encontrarán cómodos en el nuevo sistema tributario mundial. En un primer momento, Joe Biden anunció un tipo mínimo del 21%, que luego ha rebajado. Francia, por el contrario, según ha manifestado su ministro de Economía, Bruno Le Maire, quiere seguir presionando para aumentar ese 15%. “Es un compromiso. Luchamos para que se añadiera en el comunicado final ‘al menos un 15%’ y en las próximas semanas vamos a seguir peleando, en particular con Alemania, para que la tasa sea lo más elevada posible”.

Los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, entran en vigor este sábado, 16 de enero, con la previsión del Gobierno de que aporten a las arcas públicas unos 1.800 millones de euros.

En concreto, con la tasa Tobin, de carácter "transitorio" hasta que acuerde un gravamen internacional el G-20, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

Se retrasa su liquidación: abril la tasa Tobin y julio la Google Tobin Google

A pesar de su entrada en vigor este sábado, el Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar las fechas para la presentación de las liquidaciones de los nuevos impuestos, según indicaron a Europa Press en fuentes de este departamento.

El retraso de las fechas se debe, según las mismas fuentes, a la necesidad de ampliar el plazo de implantación de estas nuevas figuras tributarias y para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales, algo que no afecta ni a su entrada en vigor ni a los ingresos esperados, que Hacienda cifra en unos 1.800 millones por ambos tributos.

Asimismo, es necesario contar antes con la publicación de los reglamentos de ambos impuestos, que el Ministerio de Hacienda espera aprobar próximamente.

En concreto, la liquidación del impuesto a las transacciones financieras o tasa Tobin, que será mensual, estaba previsto que comenzara el próximo 22 de febrero sobre las actividades del mes de enero y así sucesivamente hasta finalizar el ejercicio, en torno al día 20 de cada mes.

Sin embargo, Hacienda ha retrasado las primeras liquidaciones y ahora el nuevo plazo se ha fijado entre el 10 y el 20 de abril para las actividades del mes de enero, febrero y marzo, es decir, se agrupa la liquidación de los primeros tres meses.

A partir de ahí, la liquidación será mensual y se deberá presentar entre los días 10 y 20 de cada mes respecto al mes inmediatamente anterior.

Algo similar ha sucedido con el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, cuya primera presentación se iba a realizar el 30 de abril respecto a las actividades del primer trimestre, dado que en este caso la liquidación es trimestral.

Ahora, con el nuevo calendario previsto por Hacienda, la primera presentación del impuesto se realizará en julio respecto al negocio generado en el primer semestre, de tal manera que se agrupan los dos primeros trimestres. Después, la liquidación se realizará de manera trimestral.

56 cotizadas tributarán por la tasa Tobintasa Tobin

La Agencia Tributaria publicó una lista de sociedades españolas cuyas acciones presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros a fecha del pasado 16 de diciembre, ya que hasta la entrada en vigor de la ley de la tasa Tobin se estableció que se tomaría como referencia las compañías cuya capitalización presentase un mes antes un valor de mercado superior a esa cifra.

A esa fecha, un total de 56 sociedades españolas tenían acciones con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, estando a la cabeza Inditex (82.778 millones), Iberdrola (71.501 millones) y Banco Santander (46.455 millones), junto a BBVA (27.044 millones), Amadeus (26.579 millones), Cellnex (24.578 millones) y Endesa (23.832 millones).

Les siguen Aena, Siemens Gamesa, Naturgy, Telefónica, FerrovialNaturgy, la filial española de EDP Renovaveis, Grifols, CaixaBank, Repsol, Red Eléctrica, IAG, ACS, Acciona, Enagás, Mapfre, Bankia, Colonial, Bankinter, Fluidra, Merlin Properties, FCC, Grupo Catalana Occidente, Ebro Foods, Viscofan, Zardoya Otis, Vidrala, Solaria Energía y Medio Ambiente, CIE Automotive o Acerinox.

También gravará la tasa Tobin a la compra de accionesTobin de Corporación Financiera Alba, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Logista, Gestamp Automoción, Banco Sabadell, Almirall, Euskaltel, NH Hotel Group, PharmaMar, Prosegur, Mediaset, Amrest Holdings, Prosegur Cash, CAF, Meliá Hotels International, Sacyr, Applus Services, Indra, Unicaja y Faes Farma.

A la espera del G-20 para el impuesto digital 

Respecto a la tasa Google, el Gobierno asegura que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido pese al rechazo de la oposición por no esperar a la solución internacional y en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia, que suspendió la aplicación del tributo en aras a la negociación de una figura internacional, pero que ya ha anunciado que va a reimplantar ante la falta de acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa GoogleGoogle en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha concluido que los impuestos a los servicios digitales aprobados en España, Austria y Reino Unido son discriminatorios para las empresas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional por lo que, a pesar de no adoptar ninguna acción específica en este momento, continuará evaluando todas las opciones disponibles.

"Cada uno de estos impuestos a los servicios digitales discrimina a las empresas estadounidenses, es incompatible con los principios vigentes de tributación internacional, y restringe el comercio estadounidense", señala, informa Europa Press.

En el caso concreto de la tasa Google española, afirma que, por su estructura y funcionamiento, discrimina a las empresas digitales estadounidenses, tanto por la selección de servicios cubiertos como por los umbrales de ingresos, señalando que el impuesto "no es razonable porque es incompatible con los principios internacionales sobre fiscalidad", además de que grava o restringe el comercio estadounidense.

En este sentido, la investigación señala que el umbral de ingresos establecido para el impuesto español de 750 millones de euros sirve para discriminar por nacionalidad a las empresas estadounidenses, ya que con este límite se verían afectadas un total de 60 empresas, de las que 34 serían de EEUU y solo dos españolas, mientras que aplicando un umbral de unos 50 millones de euros, se afectaría a 249 empresas, incluyendo 20 españolas y 80 estadounidenses.

Asimismo, concluye que la selección de servicios cubiertos por la tasa, como la publicidad y la intermediación online o la transmisión de datos apunta a que la tasa se dirige contra compañías estadounidenses líderes en estos segmentos de mercado a las que aplica "un tratamiento fiscal especial y desfavorable".

A pesar de no adoptar ninguna acción específica en relación con los hallazgos en este momento, la agencia del Gobierno de EEUU advierte de que "continuará evaluando todas las opciones disponibles", lo que abre la puerta a represalias como la imposición de aranceles sobre productos españoles.

EEUU lanzó el pasado mes de junio una investigación sobre las tasas digitales adoptadas por Austria, España y el Reino Unido junto con las de otras siete jurisdicciones. En este sentido, el pasado 6 de enero la Oficina del Representante Comercial anunció sus conclusiones sobre los impuestos digitales de India, Italia y Turquía, mientras que continúa evaluando los de Brasil, República Checa, la Unión Europea e Indonesia, que aún no están en vigor.

La tasa Google española entrará en vigor este sábado y gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, criticó recientemente la introducción unilateral por algunos países de impuestos digitales, advirtiendo de que esta vía podría desencadenar represalias por parte de otros, haciendo retroceder la situación "no solo a una guerra fiscal, sino a una guerra comercial que sería mala para todos".

El Gobierno español asegura que la norma que entrará en vigor este fin de semana tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

La entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado con el nuevo año pone en marcha la subida de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones, así como otras alzas del IRPF y el IVA. Por el contrario, 2021 traerá la bajada de algunos peajes de autopista, de los precios de la vivienda y las hipotecas con un euríbor en mínimos históricos, así como de los alquileres, y quizá del recibo de luz.

SALARIOS Y PENSIONES

Los salarios de los 3,3 millones de empleados públicos subirán este año un 0,9%, por debajo del alza fijada en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó en 2018 a tres años vista –hasta un 2,3%–. Los sindicatos de funcionarios se quejan de que han perdido más de un 13% de poder adquisitivo desde que se les congelaran y recortaran sus sueldos a partir de 2010.

También mejorarán un 0,9% las pensiones contributivas, que cobran 8,86 millones de personas. Entre dos y 11 euros. Ese 0,9% es el aumento que las previsiones del Gobierno conceden a la inflación este año, después de que 2020 terminara con un IPC negativo del 0,5%. La pensión mínima quedará fijada en 689,7 euros –en 14 pagas–, mientras que la máxima se eleva a 2.707,49. La mínima de viudedad sube entre 4,7 y 7,2 euros. Las pensiones no contributivas, que perciben 445.878 personas, subirán un 1,8%, el doble. Y el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que se utiliza para calcular las becas y los subsidios, aumenta un 5%, hasta los 564,9 euros mensuales, después de cuatro años congelado. En 2017 subió un 1% tras haber permanecido inalterado los siete años anteriores.

Lo que no subirá de momento este año es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que permanecerá en 950 euros mensuales en 14 pagas a la espera de que patronal, sindicatos y Gobierno alcancen el acuerdo que no fue posible el pasado mes de diciembre. En 2020 creció un 5,5% y el Gobierno mantiene su compromiso de que su cuantía alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura. La retribución de unos dos millones de trabajadores depende de esta decisión.

El resto de los salarios queda también a la espera de que se reúnan patronal y sindicatos para renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva que expiró el año pasado. La pandemia redujo al mínimo la renovación de convenios colectivos en las empresas y los sectores: en 2020 sólo se firmaron y registraron 547 convenios, casi cuatro veces menos que en 2019. Y la subida media establecida en ellos fue del 1,89%, por debajo del 2,25% acordado un año antes. La prolongación de la crisis causada por el virus ensombrece las posibilidades de mejora de las retribuciones.

subida de PRECIOS

El 1 de abril entrará en vigor el nuevo recibo de la luz diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye la discriminación horaria en todos los peajes, simplificando los periodos horarios. Si se aprueba la iniciativa del Gobierno para eliminar del recibo los costes de las primas a las renovables, la cogeneración y los residuos –que empezarán a pagar las empresas suministradoras–, la factura eléctrica puede reducirse en un 13% en cinco años.

Por el contrario, el gas natural subirá un 5,97% de media si se cobra mediante la Tarifa de Último Recurso (TUR). La bombona de butano costará 12,68 euros, un 4,9% más.

La gasolina y el gasóleo han vuelto a subir: 1,069 euros de media cuesta el litro de gasóleo y 1,184 euros el de gasolina. El precio del barril de Brent terminó el año por encima de los 50 euros, una quinta parte menos que al acabar 2019, pero más del doble de lo que se cotizaba el pasado mes de abril.

Los peajes, en cambio, bajarán un 0,11% en las autopistas dependientes del Estado. Además, se levantará el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y los de dos tramos de la AP-7, entre Tarragona y Barcelona y desde la capital catalana hasta La Jonquera. Pero subirá un 0,92% el de la AP-9, que cruza Galicia de norte a sur. También lo hará el peaje entre Alicante y Cartagena, y el de la AP-6 (Madrid).

El Documento de Regulación Aeroportuaria establece una rebaja del 11% en las tasas de AENA, que no podrán subirse hasta 2025. AENA, además, mantendrá hasta marzo bonificaciones para las aerolíneas que aumenten en un 20% sus operaciones respecto a 2020. Y Enaire reducirá la tasa de navegación aérea de ruta peninsular en un 11%, así como un 8,5% en Canarias.

Por su parte, ADIF ha rebajado un 23% el canon que cobra a Renfe, con el objetivo de potenciar el tráfico ferroviario, perjudicado como el aéreo por la pandemia. Si a ello se añade la llegada de un competidor, Ouigo, lanzado por SNFC –la Renfe francesa– y que anuncia billetes baratos de alta velocidad, es posible que Renfe tenga que bajar los suyos. Los billetes de metro y autobuses urbanos han congelado ya sus precios.

Desde el 12 de este mes Movistar sube entre dos y tres euros el precio de sus paquetes Fusión, a cambio de elevar la velocidad de su oferta de fibra.

Lo mismo ocurre con los sellos y el envío de paquetes a través de Correos: un 7,7% sube el precio de los primeros, hasta 0,7 euros en envíos nacionales, y un 4,7% de media el de los segundos.

El hundimiento del Euríbor a mínimos históricos, en el -0,497%, se traducirá en un abaratamiento de 147,5 euros respecto al año pasado de las hipotecas que se revisen, contando con un importe de 120.000 euros a 20 años y un diferencial del +1%. Como la pandemia, además, ha paralizado la compraventa de vivienda, las previsiones de los expertos apuntan a que los precios de los inmuebles pueden caer más de un 10% en las grandes ciudades. Mientras, la burbuja del alquiler seguirá pinchada, debido al aumento de la oferta –por el trasvase de pisos turísticos al mercado residencial– y a la continua bajada de precios, que alcanza al 8% en Madrid y al 12% en Barcelona, según el portal Fotocasa.

IMPUESTOS

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen igualmente subidas de impuestos en un ejercicio en el que se va a disparar el déficit por el fuerte desembolso público al que obliga la pandemia. Así, aumentará dos puntos el IRPF para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros –hasta el 47%– y tres puntos –hasta el 26%– para las rentas de capital por encima de los 200.000 euros. El alza afectará sólo al 0,17% de los contribuyentes, unas 36.194 personas, y permitirá recaudar 491,4 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.

La deducción máxima de la que hasta ahora disfrutaban los planes de pensiones individuales se recorta de 8.000 a 2.000 euros, pero se eleva de 8.000 a 10.000 euros la reducción conjunta para empresa y trabajador en los planes de pensiones colectivos.

También subirá el Impuesto del Patrimonio, un 1%, para quienes posean más de 10 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades se limita al 95% la exención de la que hasta ahora disfrutaban las empresas en los dividendos y plusvalías de sus filiales, excepto aquéllas que facturan menos de 40 millones de euros y que podrán seguir exentas al 100% durante los tres próximos años. La medida afectará al 0,12% de las empresas, unas 1.739, y permitirá recaudar 473 millones de euros.

Las socimis –sociedades anónimas cotizadas de inversiones inmobiliarias–, que hasta ahora estaban exentas del impuesto de sociedades si repartían el 80% de los dividendos entre sus accionistas, pagarán desde este año un 15% en el Impuesto sobre Sociedades por beneficios no distribuidos. Y los accionistas de las sicavs –sociedad de inversión de capital variable– deberán acreditar una participación mínima de 2.500 euros para beneficiarse de su régimen fiscal especial –tributan sólo un 1% en el impuesto de Sociedades–.

El impuesto sobre las primas de seguros crece del 6% al 8%, que puede suponer una subida de entre 25 y 30 euros al año en las pólizas.

El IVA subirá también en 2021, al menos para las bebidas azucaradas, pero sólo en los supermercados, no en los bares y restaurantes. Pasarán del 10% actual al 21%.

Por el contrario, no se elevarán los impuestos sobre el diésel, aunque sí lo hará el Impuesto de Matriculación, al finalizar la moratoria del sistema que establece la cifra de emisiones y consumo de los vehículos.

Además, en 2021 se crean cuatro nuevos impuestos. La tasa Google entra en vigor el próximo día 18 y gravará con un 3% a las grandes tecnológicas –con ingresos mundiales superiores a los 750 millones de euros y a los tres millones en España– por los servicios de publicidad en internet y por la venta de datos elaborados a partir de la información que posean de sus usuarios.

La tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas cotizadas españolas con más de 1.000 millones de euros de capitalización. Finalmente, habrá dos nuevos impuestos medioambientales.

El nuevo impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso será de 0,45 euros por cada kilo, con el objetivo de que en 2026 se vendan un 50% menos que en 2022. Y el que penalizará el vertido de residuos equivaldrá a 40 euros por tonelada si son municipales, 20 euros si no son peligrosos, cinco euros si lo son y tres euros si son inertes. El que gravará la incineración será de 15 euros por tonelada para los municipales y tres para los peligrosos.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, comenzará el próximo 22 de febrero de 2021 y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, según el calendario del contribuyuente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria y recogido por Europa Press.

De esta forma, el día 22 de febrero se liquidará el impuesto correspondiente a enero y así sucesivamente todos lo meses del año hasta finalizar el ejercicio, dado que su liquidación será mensual.

A su vez, la liquidación del nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, comenzará el próximo 30 de abril sobre el periodo correspondiente al primer trimestre del año, ya que el pago de este tributo será trimestral. El segundo trimestre se liquidará el 2 de agosto y el tercer trimestre, el 2 de noviembre, con lo que para el cuarto trimestre habrá que esperar ya a los primeros meses de 2022.

Ambos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, aportarán a las arcas públicas, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, unos 1.800 millones de euros.

En concreto, con la tasa Tobin el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

Por su parte, la Tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.

Respecto a la tasaGoogle, el Gobierno asegura que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado.

Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia, que suspendió la aplicación del tributo en aras a la negociación de una figura internacional, pero que ya ha anunciado que va a reimplantar ante la falta de acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa Googletasa Googleen el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.

Si los embates judiciales de Donald Trump no lo impiden, Joe Biden será el 46º presidente de Estados Unidos. La llegada a la Casa Blanca del candidato demócrata, ex vicepresidente del país con Barack Obama, traerá cambios obligatorios: sería inimaginable que cualquier sucesor de Trump repitiera las formas y el fondo del magnate neoyorquino. Un mandato basado en la excentricidad, sobre todo en las relaciones internacionales y su pata económica, las políticas comerciales y arancelarias. 

¿Qué relación le aguarda a España, 13º país del mundo en el ránking por PIB nominal, frente a la primera potencia mundial? El episodio que más atención recibió en los últimos años sobre la relación bilateral fue una anécdota espuria acaecida en verano del año pasado: un vídeo mostraba supuestamente a Trump ordenando sentarse a Pedro Sánchez en la cumbre del G-20. Un chascarrillo que esconde la prudencia de Sánchez con su estrafalario homólogo: el Gobierno español no se ha sumado a la nueva Ruta de la Seda impulsada por China (el gran enemigo de Trump) ni amplió relaciones con Rusia (a diferencia de Italia), ha estado al margen al margen de las batallas geopolíticas en Libia o en el Mediterráneo Oriental próximo a Turquía y, por determinados momentos, ha actuado como un halcón en Latinoamérica; prueba de lo anterior fue el precipitado reconocimiento de Juan Guaidó como presidente venezolano. 

Según fuentes comunitarias de alto nivel consultadas por infoLibre, es muy improbable, casi imposible, que vuelva a negociarse el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP, en inglés), cerrado fallidamente en 2019. Pero los consultados sí ven "muchos avances puntuales" a nivel comercial.  

Para el periodista Esteban Hernández, autor del libro Así empieza todo: La guerra oculta del siglo XXI (Ariel, 2020), la llegada de Biden provocará "dos movimientos con distintos grados": "En primera instancia, EEUU reforzará los lazos con Alemania, y con la Unión, y veremos una Europa que tenderá a abandonar los intentos de autonomía estratégica que vimos con Trump, en gran medida porque la hostilidad de Trump obligaba a ello". Así que hay una elevada probabilidad de que "los vínculos atlantistas se refuercen" frente a la megapotencia China. 

"En segunda instancia", prosigue Hernández, "las finanzas serán un mecanismo de expansión de la influencia estadounidense, ya que encontrarán muchas oportunidades para hacer un buen negocio, incluidas las adquisiciones de empresas europeas". El consultado, que ve en España "una presa fácil" [por los efectos económicos de la pandemia], el vínculo financiero abarcará también "el ámbito ecológico y la descarbonización". "La participación público-privada será importante en esta tarea", razona.

De momento es muy pronto para saber las intenciones de Biden, pero su carrera política lanzada hace 47 años como senador por Delaware, sus promesas electorales y su adscripción demócrata permiten aventurar cambios cuasi seguros en las relaciones bilaterales. 

Aranceles a productos agrícolas. Hace algo más de un año entraron en vigor una serie de aranceles estadounidenses sobre productos agrícolas europeos por valor de más de 6.000 millones de euros que, en el caso español, incidieron sobre la producción de aceite y de aceitunas. La exportación de ambos cayó rápidamente y, para sortearla, los agricultores españoles compraron fuera el aceite para poder vender luego a EEUU. De la misma manera que este capítulo fue ya un obstáculo insalvable durante la negociación del TTIP con la Administración Obama, es muy probable que sea uno de los acuerdos puntuales a los que lleguen ambos bloques ahora.

Conflicto con Airbus. Es el problema que más preocupa en Bruselas y en torno al cual hay más urgencia en resolver. EEUU y la UE litigaron y los dos bloques perdieron: en octubre de 2019, la Organización Mundial del Comercio autorizó a Washington a imponer aranceles a Europa por valor de 6.874 millones de euros por las subvenciones ilegales (más de 200 millones de ayudas ilegales procedieron de España) y un año después -el pasado mes de octubre- la OMC dio el visto bueno a la UE para hacer lo propio con Boeing por valor de 3.405 millones de euros en impuestos arancelarios. Los primeros afectados de la guerra comercial han sido los empleados de Airbus, que en España implican el despido de 1.600 trabajadores en los próximos años de las factorías de Getafe y Barajas (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Sevilla o Cádiz (aunque la razón oficial de los ERE resida en el covid-19).  

Acero. Otro de los pactos que la Comisión Europea espera alcanzar con el equipo de Joe Biden más pronto que tarde. En mayo de 2018, Trump cumplió su amenaza: aranceles del 25% al acero y un 10% al aluminio procedentes de la UE. La respuesta comunitaria se produjo en enero de 2019, cuando el Ejecutivo todavía presidido por Jean-Claude Juncker notificó a la OMC la aplicación de aranceles del 25% a las importaciones de 26 categorías de productos de acero de terceros, una acción claramente dirigida contra Trump.

Automóviles. Aquí Trump no pasó de la amenaza a los hechos. Pero sus bravatas lanzadas desde 2018 de imponer arancelesaduaneros del 2’5% al 25% sobre los coches europeos han tensado las relaciones con Alemania, el gran fabricante de la UE. En EEUU se importan 17 millones de vehículos europeos, algo por detrás de China. Trump sí gravó a los fabricantes de automóviles chinos y provocó que multinacionales como Tesla deslocalizaran algunas factorías para escapar a los aranceles impuestos por su propio país. El sector de la automoción genera en España 320.000 puestos de trabajo.

Impuestos digitales. La aplicación de la tasa Google (Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales) en España, pero también en Francia, Italia o Alemania, llevó a Trump a mediados de este 2020 a amenazar por carta a los países que la aplicaran (España espera recaudar algo menos de 1.000 millones de euros). En la UE también aquí atisban armonía, "pero siempre bajo el paraguas de la OCDE". Biden, por su parte, prometió aumentar el Impuesto de Sociedades o Corporate Tax del 21% al 28% para las multinacionales de Silicon Valley, que actualmente protagonizan una fenomenal pelea con las cámaras legislativas estadounidenses por su predominio global. 

"La política de Joe Biden con las grandes tecnológicas es heredera del estado del debate político resultante de los últimos cuatro años de mandato de Donald Trump", valora Ekaitz Cancela, autor de Despertar del sueño tecnológico (Akal, 2019) y El TTIP y sus efectos colaterales (Planeta, 2016). "Esto quiere decir que la relación será ligeramente más tensa que con Barack Obama pero menos tensa que con Trump. Eso sí, se trasladará a la opinión pública que se incrementa la supervisión y la regulación de Silicon Valley". Sin embargo, añade Cancela, "Biden sabe que esta industria es crucial para afrontar una problématica mayor para los estadounidenses, la guerra contra China en el ámbito de la competencia. Por eso Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google y gran recaudador de fondos para la campaña de Biden, suena para liderar un grupo de trabajo en la industria tecnológica que supervise las relaciones exteriores norteamericanos".

El Representante de Comercio de Estados Unidos ha anunciado aranceles por 1.150 millones de euros para productos franceses en represalia por la conocida como tasa Google que afecta a multinacionales estadounidenses como Facebook, Apple, Google y Amazon, según recoge Europa Press. Washington considera que se trata de un impuesto injusto dirigido expresamente contra estas empresas estadounidenses por lo que gravará productos como bolsos, cosméticos y jabones en respuesta, una medida que se aplicará tras seis meses de moratoria.

"La medida adoptada hoy envía un potente mensaje frente a impuestos discriminatorios dirigidos contra las empresas estadounidenses, lo cual no lleva a la modernización del sistema impositivo global", ha apuntado el presidente de la Asociación de la Industria de Ordenadores y de Comunicaciones, Matt Schruers, según recoge el portal de noticias estadounidense Politico. "Los cambios en las normas fiscales deben ser negociadas de buena fe a través de un enfoque de consenso en la OCDE, que afronte los cambios de la economía digitalizada global", ha añadido en referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Senado estadounidense, Chuck Grassley, también ha respaldado la medida. "Las tarifas de represalia no son ideales, pero la negativa del Gobierno francés a abandonar su imposición unilateral de impuestos injustos y punitivos contra empresas estadounidenses deja sin opciones a nuestro gobierno", ha argumentado.

Estados Unidos se retiró en junio de las negociaciones en el marco de la OCDE sobre este impuesto y advirtió de una respuesta con medidas "proporcionalmente pertinentes".

También se prepara en España

El Gobierno español también tiene en marcha la creación de un nuevo impuesto a determinados servicios digitales que está siendo tramitada en el Parlamento. La tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

La previsión inicial cuando el Consejo de Ministros español aprobó este proyecto de ley el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, y su consecuente crisis económica, era recaudar 968 millones de euros.

El Gobierno prevé adoptar un sistema para el pago del nuevo impuesto digital "similar" al de Francia, que ha optado por aplazar su liquidación hasta finales de año tras mantener conversaciones con Estados Unidos, una vez que Washington amenazó con represalias por considerar que atacaba a sus multinacionales.

Así lo ha asegurado la vicepresidencia de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, en declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, antes de participar en la reunión del Eurogrupo en Bruselas. No obstante, ha matizado que no se trata de una suspensión del gravamen, sino de un aplazamiento de la liquidación hasta finales del ejercicio.

"En el caso francés, se han suspendido los pagos a cuenta. Es decir, que la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Desde ese punto de vista, nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", ha expresado.

"No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación a final de año", ha añadido la vicepresidenta económica del Ejecutivo español. De esta forma, se establecerá la liquidación a finales del ejercicio, en lugar de la liquidación trimestral que estaba prevista en la aprobación del impuesto el año pasado, cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.

Calviño ha explicado que la "intención" es aprobar este martes los proyectos de ley correspondientes al nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales y el gravamen sobre transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, y posteriormente deberán superar el trámite parlamentario antes de su entrada en vigor.

Sobre el primero, la vicepresidenta tercera ha defendido que no se le llame tasa Google, porque su objetivo no es ir "contra una empresa específica", sino establecer un impuesto para garantizar que el valor añadido generado por las grandes multinacionales digitales se grava "donde se genera".

Preguntada por posibles represalias de Washington tras la aprobación del impuesto digital, Calviño ha apuntado que "no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa" porque el proyecto está "alineado" con acciones desarrolladas en el ámbito comunitario.

"Estamos trabajando constructivamente en el ámbito internacional y europeo sin renunciar a seguir avanzando en el ámbito nacional dada la importancia de tener cuanto antes un sistema que sea justo y en el que los impuestos que existen en el ámbito analógico se apliquen también en el digital", ha destacado.

En este contexto, la vicepresidenta económica ha asegurado que la intención del Gobierno es que ambos gravámenes "entren en vigor lo antes posible", por lo que ha confiado en que cuenten con un amplio apoyo parlamentario.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral, según confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras).

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, cuya liquidación será trimestral.

El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros.

Además, las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto.

Transacciones financieras

Junto con este impuesto, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.

Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendió este miércoles anunciando la aprobación en los “próximos consejos de ministros” de la tasa Google, sobre servicios digitales, la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, y la Ley contra el Fraude Fiscal, todas ellas medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las tres iniciativas fueron aprobadas por el anterior Gobierno entre octubre de 2018 y enero de 2019, pero su tramitación parlamentaria decayó tras disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de marzo.

No obstante, Hacienda va a aprovechar el trabajo realizado para volver a presentar las tres medidas de forma inmediata. Como indicó Montero, han completado ya la fase de audiencia pública y el resto del procedimiento. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2018, incluye una memoria de impacto normativo donde el Gobierno prevé que las principales iniciativas se traducirán en un aumento de la recaudación anual de al menos 828 millones de euros. Con la tasa Google, el cálculo de ingresos de Hacienda se elevaba a 1.200 millones y para la tasa Tobin llegaba a los 850 millones. En total, las tres iniciativas deberían suponer un alza de la recaudación tributaria de 2.878 millones de euros.

Sin embargo, las cifras varían según quien elabore el cálculo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en su día las expectativas de la tasa Google a entre 546 y 968 millones de euros, mientras que dejaba las de la tasa Tobin entre 420 y 850 millones.

Aunque Hacienda elude de momento concretar plazos, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, descarta que los nuevos impuestos y las medidas de lucha contra el fraude puedan entrar en vigor este ejercicio. “Dados los plazos de tramitación es imposible que se empiecen a recaudar este mismo año, no se podrá hasta 2021”, asegura. Además, recuerda que el acuerdo político en la OCDE, el club de los 35 países más desarrollados, sobre la tasa que debe gravar los servicios digitales no está previsto que se adopte hasta finales de este año. Y que Francia ha suspendido la recaudación de su tasa Google –ya había empezado a cobrar el primer plazo– tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no le imponga aranceles. Por lo que se refiere a la ley contra el fraude fiscal, no se notarán sus efectos en la recaudación hasta el medio plazo, apunta. “Imagino”, continúa, “que el Gobierno está pensando más en la legislatura que en este ejercicio en concreto”.

El Ejecutivo ha suavizado sus previsiones de rebaja del déficit público para este año y los próximos, acompasándolo a la ralentización económica –con un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que su anterior estimación– y a un mayor gasto público. De ahí que necesite apuntalar los ingresosnecesite apuntalar los ingresos. Para 2019 la previsión de recaudación tributaria del Gobierno ascendía a 221.692 millones de euros, por lo que puede ser el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos superen los de 2007, el último año de euforia económica. No obstante, Gestha calcula que la recaudación real será 8.734 millones inferior. Aun así, crecerá un 2% por encima de la conseguida en 2018.

A las dos nuevas tasas y a la ley contra el fraude fiscal Carlos Cruzado añade las modificaciones en el impuesto sobre sociedades y en las exenciones a los dividendos de filiales como dos potentes instrumentos para aumentar la recaudación. Ambas iniciativas se encuentran también en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Por una parte, se trata de establecer una tributación mínima efectiva del 15% para las grandes compañías, que sube hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Y por otra, el Gobierno quiere reducir un 5% las exenciones de que gozan ahora las empresas por su participación en filiales.

Morosos, software ilegal, grandes patrimonios

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal tal y como fue aprobado, destaca la ampliación de la lista de morosos a Hacienda: hasta ahora entraban en ella quienes deben un millón de euros; el límite se rebaja hasta los 600.000 euros. Según los cálculos de la Agencia Tributaria, puede suponer un aumento de la recaudación de 110 millones de euros al año.

La prohibición de fabricar, distribuir y utilizar el llamado software de doble uso –se emplea para llevar dobles contabilidades y ocultar facturas– permitiría aflorar hasta 2.000 millones de bases imponibles no declaradas si tan sólo el 1% de los pagos en efectivo realizados por consumidores finales fuera ocultado a Hacienda gracias al uso de este tipo de programas informáticos. En términos de recaudación fiscal, se traduciría en 313,4 millones de euros más en el IVA y en 104,5 millones más en el impuesto sobre sociedades. Un total de 417,9 millones de euros.

Además, la ley prevé la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de contribuyentes con patrimonios revelantes, con una “capacidad operativa equivalente a 200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. Según los cálculos de Hacienda, su trabajo conseguiría unos ingresos adicionales de 110 millones de euros.

También quiere el ministerio mejorar el control sobre los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas para que “cumplan voluntariamente” sus obligaciones fiscales. Mejorando un 1% los resultados de la Agencia Tributaria en este segmento, la recaudación crecería en 120 millones de euros adicionales. La suma de estas tres últimas medidas asciende a 647,9 millones de euros, que la memoria de impacto normativo rebaja a 500 millones porque los efectos de unas pueden solaparse con otras.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se refiere a la prohibición de los pagos en efectivo. El límite pasa de 2.500 a 1.000 euros si los pagos se realizan entre profesionales o empresarios, pero se mantiene en 2.500 euros para los particulares. Entre personas físicas con domicilio fiscal fuera de España el tope se rebaja de 15.000 a 10.000 euros. Gracias a esta ampliación, el fisco debería recaudar 218 millones de euros más al año.

Lo que le falta a la ley

A Gestha le parece adecuada, pero insuficiente, la rebaja del límite para los pagos en efectivo. “También debería haberse ampliado hasta los 1.000 euros para las operaciones entre particulares”, precisa Carlos Cruzado. Igualmente echa en falta que no se encarguen al Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estudios sobre economía sumergida y fraude fiscal “por impuestos, por sectores y por comunidades autónomas”. Las cifras y estimaciones conocidas han sido elaboradas por instituciones privadas, pero no existe ningún análisis “oficial”, precisa.

El presidente del Gestha también cree necesaria una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las agencias autonómicas. “No existe una base de datos común, por ejemplo, lo que dificulta el trabajo contra el fraude”, destaca. Finalmente, reitera una reivindicación clásica de los técnicos de Hacienda: la falta de medios humanos y materiales: “Hace falta optimizar recursos y dar más responsabilidades a los técnicos para mejorar los resultados”.

En 2018, el último año del que la Agencia Tributaria ha proporcionado datos, la recaudación por su lucha contra el fraude fiscal ascendió a 15.089 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior. Contra la economía sumergida, además, realizó 3.000 actuaciones, que se tradujeron en una regularización de cuotas por importe de 719 millones de euros. Por último, sólo con el envío de avisos de datos fiscales a arrendadores de inmuebles, la Agencia Tributaria afloró 1.346 millones de euros en bases imponibles.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Congreso que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, comúnmente conocidos como 'tasa Tobin' y 'tasa Google' "están listos" y se aprobarán "en los próximos Consejos" de Ministros.

Preguntada en los pasillos del Congreso por la tramitación de estos proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, la titular de Hacienda ha afirmado que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y "han pasado todo el procedimiento", al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal.

Montero, que ha acudido a la Cámara Baja para asistir a la primera sesión de control al Gobierno de la legislatura, ha declinado eso sí, determinar una fecha fija: "No lo sé, porque la planificación es dinámica", ha replicado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estos dos impuestos ante las Cortes antes de quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras.

La Comisión Europea ha respondido este martes a la llamada de solidaridad de París y ha asegurado que la Unión Europea responderá "unida" si Estados Unidos cumple su amenaza de imponer aranceles del 100% a una serie de productos franceses productos francesescomo represalia a la tasa con la que Francia prevé gravar la actividad en su territorio de gigantes digitales como Google y Amazon.

"Como en todas las cuestiones comerciales, en este caso la Unión Europea actuará y reaccionará como una sola y permanecerá unida", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas, a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz comunitario responsable de Comercio Daniel Rosario.

Aunque el portavoz no ha dado detalles sobre el tipo de respuesta que podría emprender el bloque si Washington da el paso e impone nuevos aranceles, sí ha apuntado que Bruselas se "coordina estrechamente" con las autoridades francesas para decidir sobre los pasos a seguir.

En cualquier caso, ha subrayado el portavoz, el Ejecutivo comunitario cree que la Organización Mundial del Comercio es "el lugar adecuado" para abordar las disputas comerciales que puedan enfrentar a la UE con Estados Unidos.

El objetivo de Bruselas, que conduce en nombre de los Veintiocho las relaciones comerciales de la UE, es entablar "cuanto antes" el diálogo con Washington para buscar una "solución amistosa" a este asunto, ha apuntado Rosario.

En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, aprovechará que este miércoles asistirá en Bruselas a una reunión de ministros de la eurozona para verse también con el comisario de Comercio, el irlandés Phil Hogan, y abordar esta cuestión.

"Contamos con la solidaridad europea", ha dicho a la prensa este martes Le Maire, al anunciar su cita con Hogan y defender que la tasa gala que ha irritado a la Casa Blanca "no es discriminatoria" con ningún país, ya que está dirigida a "todos los gigantes digitales, sean estadounidenses, franceses, europeos o chinos". El ministro francés ha lamentado la "política de sanciones" por la que ha optado Estados Unidos porque, ha añadido, "no es justo" entre países aliados.

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha remarcado que el Gobierno apoya que se establezca un impuesto a determinados servicios digitales a nivel global o europeo, pero ha señalado que el Ejecutivo no descarta implantarla de forma unilateral en España si no se alcanza un acuerdo en esos ámbitos, como informa Europa Press.

En declaraciones a los medios tras la inauguración de DigitalES Summit 2019, Calviño ha incidido en que dado que el fenómeno de las grandes plataformas digitales es algo mundial, lo "ideal" es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo. Sin embargo, ha remarcado que si no es así, habrá que actuar "a nivel nacional".

"El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o el ámbito mundial", ha incidido.

En este sentido, la ministra de Economía y Empresa ha remarcado que el Gobierno de España tiene una participación "muy activa" en los temas relacionados con la modernización de la fiscalidad para adaptarla a la realidad del siglo XXI en todas las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20.

Calviño ha remarcado que uno de los principales retos que plantea la revolución digital y sobre todo la creación de las nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente dónde se produce el valor añadido, que hasta ahora estaba donde se producían los bienes y hoy en día también deriva de los datos que generan los ciudadanos.

El documento aprobado la semana pasada por el Comité Ejecutivo del PSOE, y trasladado a Unidas Podemos en las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, remite la cuestión de la creación de este impuesto a la Unión Europea (UE), comprometiéndose a "promover la creación de la denominada tasa Google en el ámbito europeo".

El pasado mes de marzo, los países de la UE renunciaron a la creación de un impuesto europeo que grave la actividad de las multinacionales digitales, a pesar de que la mayoría de socios comunitarios --entre ellos Francia, España, Alemania e Italia-- eran favorables a la tasa, que contaba, sin embargo, con la oposición frontal de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia.

De hecho, Francia anunció la pasada semana que impondrá finalmente un impuesto a los gigantes digitales, conocido como tasa GAFA en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon, por el que gravará con un 3% de la cifra de negocio generada en territorio francés por grandes compañías de servicios digitales.

Francia impondrá finalmente un impuesto a los gigantes digitales, conocido como tasa GAFA en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazontasa GAFA, por el que gravará con un 3% de la cifra de negocio generada en territorio francés por grandes compañías de servicios digitales, a pesar de las presiones recibidas desde EEUU, que ayer decidió abrir una investigación al respecto al considerar que "apunta injustamente hacia las empresas estadounidenses".

El Senado francés ha votado este jueves a favor del pionero proyecto de ley para la creación de un impuesto sobre los servicios digitales, convirtiendo así al país galo en el primero en establecer este gravamen, después de los desacuerdos para llegar a fijar un impuesto semejante a nivel europeo a la espera de alcanzar un acuerdo al respecto en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De hecho, a imagen del proyecto bloqueado finalmente a nivel europeo, el impuesto aprobado en Francia gravará en un 3% los ingresos de las empresas de servicios digitales que facturen al menos 25 millones de euros en el país y más de 750 millones de euros a nivel mundial.

Según los cálculos del Gobierno galo, este impuesto permitirá recaudar unos 400 millones de euros en 2019 y hasta 650 millones el próximo año. Alrededor de una treintena de empresas del sector se verán afectadas por el nuevo impuesto, de las que la mayoría son compañías estadounidenses.

El pasado mes de marzo, los países de la UE renunciaron a la creación de un impuesto europeo que grave la actividad de las multinacionales digitales, a pesar de que la mayoría de socios comunitarios --entre ellos Francia, España, Alemania e Italia-- eran favorables a la tasa, que contaba, sin embargo, con la oposición frontal de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia.

En el caso de España, la propuesta de negociación remitida por el PSOE a Podemos para llegar a un acuerdo que permita la formación de un nuevo Gobierno no incluye la creación de un impuesto a los servicios digitales, mas conocido como tasa Google, abogando por que se establezca un gravamen a nivel europeo, a pesar de que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez llegó incluso a llevar a la Cámara Baja un anteproyecto de ley para la creación de un impuesto a determinados servicios digitales.

EEUU abre una investigación a Francia

Con su decisión de aprobar la tasa a los gigantes digitales, Francia ha desoído las críticas al impuesto vertidas desde EEUU, que este miércoles anunció la apertura de investigación por parte del Representantes de Comercio de EEUU al considerar que "apunta injustamente hacia las empresas estadounidenses".

"EEUU está muy preocupado por que el impuesto a los servicios digitales apunte de manera injusta a las empresas estadounidenses", declaró el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. "El presidente ha ordenado que investiguemos los efectos de esta legislación y determinemos si es discriminatoria y grava o restringe el comercio de los EEUU", añadió.

En este sentido, las autoridades estadounidenses señalaron que EEUU seguirá trabajando con otros países en el marco de la OCDE para lograr un acuerdo multilateral para abordar los retos planteados al sistema fiscal internacional por una economía cada vez más digitalizada.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha lamentado la apertura de este procedimiento por EEUU, señalando que "entre aliados se deben resolver las diferencias de una manera distinta a la amenaza". "Francia es un Estado soberano. Decide soberanamente sobre sus disposiciones fiscales", ha subrayado.

Los impuestos, tema electoral donde los haya, están sin embargo muy lejos de acaparar la atención de los debates en la campaña del 28 de abril. Aun así, los programas de los principales partidos no han dejado de incluir sus propuestas fiscales para la próxima legislatura. Y es en ellas donde se muestran con toda su brusquedad las diferencias entre unas formaciones políticas y otras.

Mientras PP, Ciudadanos y Vox se centran en suprimir y rebajar impuestos para dejar el dinero “en el bolsillo de los ciudadanos”, PSOE y Unidas Podemos los sitúan como herramienta indispensable para combatir la desigualdad y distribuir la riquezacombatir la desigualdad y distribuir la riqueza. El Partido Popular critica la “voracidad recaudatoria de los gobiernos de izquierda”, Ciudadanos se compromete a garantizar que los impuestos “no sean confiscatorios” y Vox no duda en asegurar que “provocan costes sociales superiores a la recaudación que generan”. PSOE y Podemos coinciden a la hora de hablar de “justicia fiscal”, repitiendo muchas de las medidas que ambos partidos pactaron para los Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados en el Congreso.

Sólo Vox cuantifica el presunto impacto que algunas de sus propuestas fiscales tendrá en la recaudación. Podemos ha dado cifras concretas de cuánto espera aumentar los ingresos con las nuevas figuras tributarias que plantea crear sólo en las entrevistas concedidas por sus dirigentes. Pero ni PP ni Ciudadanos ni PSOE precisan en sus programas el coste recaudatorio de sus rebajas fiscales. También es sólo Vox, en una propuesta de 52 páginas apta únicamente para expertos por su lenguaje y profusión de fórmulas, el que menciona la curva de Laffer, base teórica de las políticas fiscales de Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump: subir los tipos impositivos recorta la recaudación. Una tesis que múltiples economistas de todo el mundo consideran falsa. Ni PP ni Ciudadanos se atreven con semejante tecnicismo –Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado, no deja de repetir que sus rebajas fiscales no están inspiradas en la polémica gráfica–, sino que prefieren subrayar como prioritario el cumplimiento del objetivo de déficit público impuesto por la UE y la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.

En definitiva, PP y Ciudadanos acumulan todo tipo de detalladas promesas de rebajas fiscales o supresión de impuestos, pero no aclaran cómo afectarán exactamente a la evolución de la recaudación y, por tanto, a los costes del Estado del Bienestar. La inmensa mayoría de la recaudación de impuestos se dedica al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

Pese a los discursos de la derecha sobre el excesivo pago de impuestos, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

En 2018, la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros –por encima de los 200.676 millones de 2007–. De esa cifra, 24.179 millones corresponden al impuesto sobre sociedades, 82.420 millones al IRPF, 70.126 millones al IVA y 20.615 millones a los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol). Tanto los ingresos por el IRPF como por el IVA sobrepasan ya los niveles precrisis. Pero el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007. Ese año las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado las ganancias que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

  PP: Rebaja de 5 puntos en el IRPF y de 3 puntos en Sociedades

La prioridad de su política económica y presupuestaria es cumplir el Pacto de Estabilidad y que todas las administraciones públicas se ajusten a la regla de gasto, “frente a la manirrota política de despilfarro”. El PP quiere respetar el objetivo de déficit de la UE rebajando el IRPF “a todos los contribuyentes”, sin dar más detalles que anunciar un recorte del tipo máximo “por debajo del 40%. Ahora el tipo que grava a quienes ingresan más de 60.000 euros al año se encuentra en el 45%. Además, los populares proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y familias con al menos un hijo, sin detallar en qué cuantía. Igualmente quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación.

En el impuesto de sociedades, el PP plantea también rebajas: un tipo máximo del 20%, en lugar del 25% actual. También ofrece a los parados de larga duración –quienes lleven más de un año sin trabajo– no pagar el impuesto sobre sociedades durante los dos primeros años si abren un negocio.

La lista de figuras tributarias que quiere suprimir es larga: patrimonio, sucesiones y donaciones –entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges– y actos jurídicos documentados –objeto de polémica por el cambio de criterio del Supremo sobre quién debía pagarlo: el banco o el cliente–. Además, propone eliminar las tasas sobre la actividad turística, reducir hasta el mínimo legal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ayuntamientos donde gobierne el PP y no crear nuevos impuestos en las comunidades autónomas. Igualmente quiere reformar el impuesto de circulación para que se aplique “en función de las emisiones y el consumo energético”.

Otra reducción adicional afectará, aun sin concretar la cuantía, a las cotizaciones sociales que las empresas deben pagar si contratan jóvenes y parados de larga duración. También quieren los populares bonificar los impuestos locales en los ayuntamientos que tengan superávit y carezcan de deuda, y aprobar incentivos fiscales para empresas “altamente innovadoras”. Todas ellas medidas que reducirán la recaudación fiscal.

  PSOE: TASA GOOGLE, IMPUESTO FINANCIERO Y ALZAs a LOS RICOS

Los socialistas se comprometen a sacar adelante las medidas tributarias que incluyeron en sus Presupuestos nonatos para este año. Así, se reafirman en la creación de la tasa Google, que gravará a las empresas que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros y en España más de tres millones, por determinados servicios digitales: el 3% de los servicios de publicidad online y la venta de datos. La tasa, que también iba a ser aprobada por la UE para todo el territorio comunitario en términos idénticos a los planteados por el Gobierno español, quedó finalmente bloqueada en Bruselas el pasado marzo por el rechazo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Francia y Reino Unido ya cobran un impuesto a las tecnológicas.

También quiere recuperar el PSOE el impuesto a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”. No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

El programa incluye una reducción de “la carga fiscal soportada por las pymes”, que en el citado Presupuesto se refiere a un recorte del 25% actual al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. La creación en la Agencia Tributaria de una unidad para grandes patrimonios, el aumento de su personal y la prohibición de las amnistías son otras propuestas del PSOE, que se queda en una vaga mención a “avanzar a escala internacional” cuando menciona los paraísos fiscales.

  UNIDAS PODEMOS: IMPUESTOs A BANCA Y GRANDES FORTUNAS

El primer punto del programa fiscal de Unidas Podemos es la derogación del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2011 el principio de estabilidad presupuestaria y obliga al Estado a cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE. Después, propone recuperar las medidas fiscales pactadas con el PSOE para los Presupuestos de 2019 pero reclamando un paso más: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –20% para los bancos y empresas petroleras–, rebaja en sociedades para las pymes del 25% al 23%, impuesto a las transacciones financieras –pero gravando también los derivados y las operaciones especulativas– y la tasa Google para las grandes compañías que facturen más de 500 millones de euros.

Además, el partido morado reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, y no menos. Y quiere reducir al 18% el tipo que se aplica al tramo más bajo del IRPF.

Igualmente, el partido de Pablo Iglesias pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas: del 2% para quienes posean un patrimonio superior al millón de euros, del 2,5% para quienes superen los 10 millones, del 3% para más de 50 millones y del 3,5% si exceden los 100 millones de euros. “La mayor parte del impuesto recaerá”, asegura Unidas Podemos, “sobre los 1.000 patrimonios más altos del país”. El objetivo es recaudar el equivalente a un 1% del PIB, 11.000 millones de euros, con este nuevo tributo, que sustituirá al “inoperativo” impuesto actual sobre el patrimonio.

La formación morada no renuncia tampoco a crear el impuesto a la banca que el PSOE dejó en el cajón al preparar los Presupuestos de 2019. Debería ser 10 puntos superior al tipo que ahora se aplica a las entidades financieras, del 30%, y se emplearía para recuperar los 60.000 millones de euros que ha costado el rescate a la banca.

Con todo este catálogo de medidas, Unidas Podemos cree que aumentará la recaudación hasta los 40.000 o 45.000 millones de euros.

A diferencia del PSOE, el partido morado concreta qué iniciativas deberían tomarse para luchar contra la elusión tributaria a través de los paraísos fiscales. Pide una reforma de las exenciones a la doble tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero, de forma que sólo se permita no pagar a las empresas que ya lo hayan hecho al menos con un tipo efectivo del 15% en otro país. También reclaman la eliminación de los “privilegios fiscales” de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) –no pagan por las rentas procedentes de sus participaciones en entidades extranjeras–, las sicav –tributan al 1% en el impuesto de sociedades–, las socimis –no pagan por sociedades– y el régimen de impatriados –por ejemplo, los futbolistas de élite, que tributarn por el 24% en el IRPF–.

Además, Unidas Podemos pretende prohibir el uso de sociedades pantalla para pagar menos impuestos por una vivienda, la práctica que le costó el cargo a Máxim Huerta y puso en entredicho a Pedro Duque, Pepu Hernández o Begoña Villacís, entre otros.

También a diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Iglesias plantea que se mantenga el impuesto de sucesiones, pero “armonizado” a partir de un mínimo “para evitar la competencia fiscal entre territorios”. Y eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia, excepto para los inmuebles dedicados al culto y los utilizados por Cáritas para su obra social.

  CIUDADANOS: DEDUCCIONES A LAS FAMILIAS EN EL IRPF

Para el partido de Albert Rivera, el objetivo de déficit es también una prioridad política, por lo que promete revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto “siguiendo las mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. También anuncia una auditoría integral para “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines “prioritarios para el interés general”.

Ciudadanos plantea una reducción del IRPF para las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo de 1.200 euros al año, que se elevará a 2.400 euros para las que tengan más hijos. Además quiere que el tipo máximo no pase del 44%, un punto por debajo del actual. Y bonificar al 100% el impuesto de sucesiones entre parientes directos, así como reducirlo entre otros parientes.

Pero en el impuesto sobre sociedades su intención es la de “aproximar la recaudación a la media de la zona euro”, cerrando “agujeros y eliminando trampas que facilitan la ingeniería fiscal”, aunque sin precisar cuáles. También se muestra a favor de que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

Finalmente, quiere aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadorasstartups , eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones.

  VOX: IRPF del 22% HASTA 60.000 EUROS

El programa fiscal más inusual es el de la formación ultraderechista: 52 páginas de fórmulas y conceptos sólo manejables por expertos en la materia que proponen dar un vuelco al sistema tributario español. Vox plantea sustituir los actuales tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresen hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. El partido de Santiago Abascal asegura que esta modificación reducirá “los costes de eficiencia, cumplimiento y administración del impuesto”, al tiempo que rebajará la recaudación en una cifra que calcula entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. A estas cantidades, Vox resta las ganancias recaudatorias que, a su juicio, provendrán de sus otras propuestas para el IRPF: 1.617 millones por extender la base imponible –considerada en su conjunto como la suma de las rentas del ahorro, las inmobiliarias y otras–, 381 millones por la eliminación de deducciones –se mantienen las que benefician a las aportaciones a planes de pensiones privadas–, 324,4 millones por suprimir la reducción por declaración conjunta y 1.247 millones más por “el efecto multiplicativo del aumento de la renta disponible para el consumo”, que se recuperará en forma de impuestos indirectos.

Vox también propone eliminar el actual mínimo exento del IRPF –por debajo de 14.000 euros al año no se tributa– por un sistema de mínimos personales y familiares que denomina Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC). Según sus cálculos, quedaría establecido en 7.000 euros al año para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22% y aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector o la actividad. Es decir, Vox defiende que las pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas y que se eliminen los tipos reducidos de que disfrutan ahora las empresas de nueva creación, las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los tipos superiores que gravan a bancos y petroleras. En cambio, defiende que las sicav mantengan el tipo del 1% y los fondos de pensiones la exención. Generalizar el tipo nominal del 22% se traducirá, dice el partido ultraderechista, en un descenso de la recaudación de 2.645 millones de euros, que sólo se compensará en parte con un aumento de los ingresos de 1.350 millones por la supresión de las deducciones por inversiones y de la reserva de capitalización.

En el catálogo de las supresiones, Vox pretende eliminar el impuesto de sucesiones y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal, y no quiere ni oír hablar de la tasa Google o sobre las transacciones financieras, figuras tributarias amagadas por el Gobierno socialista. También ofrece revisar el IBI. Finalmente, propone sustituir cotizaciones sociales por aumentos del IVA e impuestos especiales, lo que denomina “devaluación fiscal”. A su juicio, la operación permitirá “abaratar las exportaciones”, aumentar la competitividad de la economía española y reducir el desempleo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebate las acusaciones de quienes consideran inflado el presupuesto de ingresos del Gobierno inflado el presupuesto de ingresos del Gobiernopara este año comparando sus previsiones de recaudación tributaria –que con un alza del 9,5% alcanzará una cifra de récord– con las incluidas en las cuentas de su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro. “Él subía la previsión de impuestos un 7% bajando los impuestos”, expuso, “mientras nosotros hacemos una previsión del 7% más creando nuevas figuras tributarias y modificando los impuestos”. Incluso cifró en 5.000 millones de euros de media la desviación entre ingresos fiscales presupuestados y liquidados durante los gobiernos del PP.

Con los datos de la Agencia Tributaria en la mano, el Estado recaudó 34.725 millones de euros menos de los presupuestados entre 2012 y 2018. El año en que más se desviaron los ingresos de los cálculos hechos por Cristóbal Montoro fue 2013, cuando el fisco recaudó 9.013 millones por debajo de los previstos. En 2016 fueron 7.271 millones menos y en 2017, 7.012 millones. En 2018 la cuenta sólo puede hacerse de momento con el avance de la liquidación: la merma de ingresos será de 2.405 millones de euros.

El impuesto donde más amplia ha resultado la brecha entre deseo y realidad fiscal es el IRPF, 11.536 millones de euros entre 2012 y 2018. El año pasado ha sido el primero desde 2008 en que Hacienda ha recaudado más de lo que había presupuestado, 364 millones, un 0,4%. En 2013 y 2016 se produjo la mayor desviación: 4.263 millones de euros y 3.016 millones de euros, respectivamente.

Por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, en los últimos siete añosel fisco ingresó 8.263 millones de euros menos de los programados. Los peores ejercicios de recaudación resultan ser 2014 –3.614 millones por debajo del cálculo inicial– y 2016 –3.190 millones menos–. En 2018 los ingresos seguirán por debajo de las previsiones, aunque por sólo 79 millones de euros. Por el contrario, tanto en 2012 como en 2013, las empresas pagaron por encima de las cantidades presupuestadas por Hacienda, un total de 2.804 millones.

Durante el periodo considerado, la recaudación del IVA quedó rebajada en 3.666 millones de euros respecto de la prevista en las Cuentas del Estado. Pero sólo en dos ejercicios hubo merma de ingresos, en 2013 –2.725 millones– y en 2017 –3.816 millones–.

En los impuestos especiales –tabaco, alcohol, combustibles– el error de cálculo se elevó a 5.983 millones de euros en siete años, con las mayores desviaciones en 2013 –2.023 millones– y 2014 –1.349 millones de euros–.

El resto de los tributos, desde los medioambientales hasta el impuesto sobre gases fluorados, sobre el juego o sobre las primas de seguros y las tasas, suman un desfase entre presupuesto y recaudación efectiva de 5.277 millones. 

Los Gobiernos de Rajoy no fueron los únicos que se confundieron en sus previsiones. Si se retrotrae el análisis a todo el siglo XXI, los dos ejercicios con mayor desviación respecto a las previsiones presupuestarias fueron 2008 y 2009, cuando se disparó hasta los 30.082 millones y 45.561 millones de euros, respectivamente, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica que impactó en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

La mayor brecha, en el impuesto sobre sociedades

Desde 2012 y pese a la crisis, todos los Presupuestos aumentaron su previsión de ingresos tributarios año a año. De forma que entre los 168.726 millones que Hacienda pensaba recaudar en 2012 y los 210.015 presupuestados en 2018, la subida representa un 24,5%, 41.289 millones de euros. Sin embargo, la recaudación real creció un 23%, un punto y medio por debajo de los cálculos del Gobierno. Entre todos los tributos, donde más erraron las previsiones de Hacienda fue en el impuesto de sociedades: mientras Montoro hizo crecer el presupuesto de ingresos un 24% en siete años, la recaudación sólo medró un 12,8%. La brecha se sitúa en 11,2 puntos.

En el IVA la diferencia entre el cálculo oficial y los ingresos reales casi iguala a la del impuesto sobre sociedades: 11,1 puntos. Pese a asignarle un crecimiento del 50,1% de 2012 a 2018, la recaudación mejoró únicamente un 39%. Finalmente, el desfase en los impuestos especiales fue de 4,1 puntos, al crecer las previsiones un 17,3% pero los ingresos apenas un 13,2%.

Sólo en la recaudación del IRPF la brecha fue positiva, 4,5 puntos. Montoro aumentó los ingresos teóricos del impuesto sobre la renta un 12,2% entre su primer presupuesto de 2012 y el último de 2018,  mientras que los ingresos reales mejoraron un 16,7% entre ambos años.

Para el ejercicio en curso, el Gobierno socialista ha previsto un alza de la recaudación total del 9,5%, que la ministra de Hacienda considera coherente con la alza de los ingresos registrada en 2018. Según explicó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobaron los Presupuestos, en el primer semestre se recaudó un 4% más y en el segundo los ingresos crecieron un 11%.

Para alcanzar el récord histórico de 227.356 millones en ingresos, el Gobierno confía en aumentar la recaudación de todos los impuestos, además de haber creado dos nuevos tributos –la tasa sobre las transacciones financieras y la tasa Google, sobre servicios digitales–. Sobre todo, ha disparado el cálculo en el impuesto sobre sociedades, un 14,1%, hasta los 27.569 millones de euros. Para el IVA, la previsión crece un 11,7% –78.307 millones– y para los impuestos especiales, un 11,8% –23.057 millones de euros–. Los ingresos del fisco por el IRPF deberían mejorar un 4,9%, hasta los 86.454 millones, si se cumplieran los cálculos del Ejecutivo. Las críticas a estas cifras se centran en la desaceleración de la economía mundial y en la rebaja de una décima que el propio Ejecutivo ha aplicado al crecimiento del PIB previsto para este año.

Medidas para mejorar la recaudación

En los cálculos del Gobierno, la nueva meta de recaudación en el impuesto sobre sociedades se sustenta en las medidas que ha adoptado para elevar la tributación de las empresas: aplicar un tipo mínimo del 15% para las compañías que facturen más de 20 millones de euros –el 18% para los bancos y las petroleras– y reducir del 100% al 95% las exenciones sobre dividendos y plusvalías de filiales extranjeras.

También su antecesor en el cargo se esforzó por aumentar los ingresos del Estado, en unos años donde la prioridad política estaba copada por la lucha contra el déficit. Cristóbal Montoro limitó la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores a un 25% para las empresas que facturen más de 60 millones de euros, y a un 50% para las que facturen entre 20 y 60 millones. También redujo las deducciones por doble imposición a un 50% de la cuota íntegra para las compañías con una cifra de negocio neta superior a 20 millones. Y permitió a las empresas incorporar, por un importe mínimo y de forma lineal durante cinco años, el deterioro del valor de sus participaciones de capital, al tratarse de “pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible” en años anteriores. Es decir, redujo a cinco años la posibilidad de diferir la reversión de ese deterioro de valor. Además, dejaron de ser deducibles las pérdidas sufridas en la venta de una filial. Finalmente, endureció los aplazamientos y los pagos fraccionados.

Montoro sorprendió a muchos cuando se quejó en el Congreso de que las empresas más grandes sean “las que menos tributan” y situó entre el 7% y el 8%, frente al 18% de las pymes, su carga fiscal. “Es algo que no se entiende ni se puede aceptar”, concluyó. “A los grandes grupos”, apuntó, “les conviene tributar más porque si no, la cohesión social y la circunstancia tributaria no se sostienen”.

Pero, al mismo tiempo, el ministro presumía de haber aplicado una bajada de impuestos “como nunca en la historia de España”, por la que las arcas públicas dejaron de ingresar 12.309 millones de euros en 2015 y 2016: 9.300 millones por el IRPF y 3.009 millones por el impuesto de sociedades. “Son cifras poderosas”, resaltó. Cuando llegó al Gobierno, en 2012, el tipo general del impuesto sobre sociedades estaba fijado en el 30% y lo rebajó hasta el 25% en 2016.

La presión fiscal en España, medida como el porcentaje del PIB que representa la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales, se situó en 2017 en el 34,5%, 5,7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y casi siete por debajo del promedio de la zona euro. De hecho, España es el octavo país de la eurozona y el décimo de la UE con menor presión fiscal. Según las cifras publicadas por Eurostat, la oficina estadística europea, a la cabeza se encuentra Francia, con un 48,4%, 14,1 puntos por encima de España, y Bélgica, con el 47,3%. Sólo Chipre, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Bulgaria recaudan menos por impuestos en relación con su PIB que España.

Además, el diferencial con la media comunitaria se ha agrandado con la crisis. En 2007, la contribución de impuestos y cotizaciones sociales al PIB nacional era del 37,1%, 2,6 puntos mayor que 10 años después. Y la brecha con Europa se situaba entonces sólo dos puntos por debajo de la media de la UE y 2,9 puntos por debajo del promedio de la zona euro. Es decir, en 2017 la distancia casi se ha triplicado con la UE y se ha más que duplicado con la eurozona: mientras la presión fiscal europea se ha elevado de media un punto porcentual desde 2007, en España ha caído 2,6 puntos. Es más, pese a que en 2017 ha crecido –aunque sólo cuatro décimas– respecto a 2016, apenas ha aumentado en cinco décimas de punto respecto a la que había en 2002, hace 15 años.

El pasado viernes, la OCDE reclamó al Gobierno reformas “por el lado de los ingresos” que permitan aumentar el gasto público, situado en España en el 41% del PIB, “muy por debajo de la media de la zona euro, que es el 47,2%”, destacaba la organización internacional en un estudio sobre la economía nacional. Sus autores aseguran que la recaudación fiscal española respecto al PIB es “relativamente baja”, por lo que aún ven margen para reformar el sistema tributario a fin de “promover el crecimiento y el empleo, y reducir la desigualdad”.

En cualquier caso, la presión fiscal aumentará en 2019. El Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas en octubre la eleva hasta el 35,54%, desde el 34,93% en que el Ejecutivo la calcula para el ejercicio en curso. Los nuevos impuestos sobre servicios digitales –la denominada tasa Google– y sobre las transacciones financieras, así como la subida del IRPF a las rentas más altas, la limitación de exenciones en el impuesto sobre sociedades y el impuesto al diésel serán los responsables de un aumento de los ingresos cifrado en 5.678 millones de euros. También prevé el Ejecutivo subir los ingresos por cotizaciones sociales gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, los impuestos sobre la producción y las importaciones –IVA, impuestos especiales y medioambientales, aranceles– pasarán del 11,7% del PIB en 2018 al 11,9% del PIB en 2019, mientras que los que gravan la renta (IRPF) y los ingresos de las empresas crecerán del 10,5% al 10,7% del PIB.

Por debajo en todos los impuestos

Si se atiende al detalle del volumen de recaudación que supone cada tipo de impuesto, España está por debajo de la media europea en todos ellos. La mayor parte de los 402.060 millones de euros que las arcas públicas ingresaron en 2017 procedían de las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social, un 12,3%. La media europea alcanza el 13,3% y es mucho más alta en la eurozona, el 15,2%. Francia y Alemania son los países que lideran la recaudación por cotizaciones sociales, con un 18,8% y un 16,7% del PIB, respectivamente.

Gracias al IVA, los impuestos especiales –tabaco, alcohol– y medioambientales y los aranceles a las importaciones, el Estado recaudó otro 11,8%. La UE llegó al 13,6% –el 13,2% en la zona euro–. Suecia, con un 22,7%, es el país con mayor presión fiscal en estos impuestos sobre la producción y las importaciones. Le siguen Croacia –19,6%–, Hungría –18,2%– y Grecia –17,3%–. La de Francia es del 16,4%.

Por el IRPF y el impuesto del patrimonio, España ingresó una cantidad que equivale al 7,5% del PIB, mientras que la media comunitaria se eleva al 9,4% –al 9,2% en la zona euro–. Los países que más gravan a sus ciudadanos por sus ingresos y patrimonio –en relación con el PIB– son Dinamarca, con un 25,4%, y Suecia, con un 15,8%. Francia –8,7%– y Alemania –9,4%– también superan la presión fiscal española en este capítulo.

El impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios de las empresas, es el que menos contribuye a la recaudación total, con un 2,3% del PIB, cuatro décimas por debajo del promedio de la UE y la eurozona. Los ingresos de Hungría, Chipre y Lituania son los más elevados con un 6,6%, 5,7% y 5,2%, en relación con el PIB, respectivamente.

De este modo, España es el cuarto país de la eurozona que menos recauda por el IVA en comparación con su PIB. Sólo Irlanda, Luxemburgo e Italia ingresan menos. Si se le añaden el resto de los tributos que integran el epígrafe de los “impuestos sobre la producción y las importaciones”, España sigue siendo el cuarto país que menos ingresa en relación con su PIB. Sólo Irlanda, Alemania y Eslovaquia se sitúan por debajo en la clasificación de Eurostat. En el IRPF y el impuesto de patrimonio, la presión fiscal española es la undécima por la cola. Y en el impuesto sobre sociedades, España es el séptimo país donde la presión fiscal a las empresas es menor, por delante únicamente de Italia, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia.