Las personas mayores de 65 años son la única franja de población de España que cuenta con una renta mediana superior a la media de la Unión Europea (UE), en concreto un 6,4% más alta, frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea, según recoge EFE. Los mayores de 65 años son además los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2009, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que toma la mediana (valor central entre la mitad superior y la mitad inferior) para evitar la distorsión de la media por el efecto de los extremos.

En términos intergeneracionales, informa EFE, los datos colocan a España en una de las primeras posiciones de la UE por renta relativa de los mayores respecto a la población de 25 a 54 años, una situación que tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, ya que el 90% de su renta procede de estas prestaciones.

En términos económicos, los mayores están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, están menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.

El estudio señala que una parte sustancial del colectivo supera con claridad los niveles de renta habituales del país, puesto que más de un 30% de los mayores de 65 años tiene rentas al menos un 30% por encima de la renta mediana de España.

La ventaja se amplía conforme aumenta su nivel de formación, una variable que determina las desigualdades dentro del grupo de los mayores de 65 años, según explica el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia, Lorenzo Serrano. En general, dice Serrano, los mayores más formados participan más en el mercado laboral, son más productivos, encuentran más fácilmente un puesto de trabajo, su empleo es de más calidad, está más ajustado a su formación y conlleva un mejor salario.

El trabajo y los ingresos influyen asimismo en un mejor estado de salud, una mayor participación cultural y política, un mayor aprovechamiento de la tecnología y una mayor interacción con amigos y familiares, según destaca el investigador del Ivie y profesor de la Universitat de Valencia, Ángel Soler. Las diferencias en el colectivo derivadas del nivel de formación implican que la renta mediana pasa de los 16.807 euros de los que solo tienen estudios básicos a 23.134 euros (37,6 % más) para los que tienen estudios medios y hasta los 30.864 euros (83,6 % más) de los que cuentan con formación superior.

La riqueza neta de los hogares también varía en función de los niveles educativos, ya que la riqueza mediana es de 226.000 euros para la cohorte de personas entre 65 y 74 años, pero cae a los 140.000 euros para quienes cuentan con estudios básicos y se eleva a 243.000 para aquellos con estudios medios y a 503.000 para los que tienen estudios superiores. Entre otros indicadores asociados a la formación está la salud, aspecto en el que el estudio destaca que los mayores más formados muestran un 9% menos de sobrepeso y obesidad y practican más deporte que el grupo con educación básica e inferior.

La proporción de personas que perciben las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas no llega actualmente ni al 6% de la población bajo el umbral de la pobreza y su cuantía no alcanza ni el 16% de la renta media por hogar en España. Esta son las principales conclusiones del Informe de la Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2011/2022) dado a conocer este martes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe, recogido por EFE, señala que en los tres últimos años —desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)—, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios de las rentas mínimas (RMI) y que 13 comunidades han reducido su gasto en este apartado.

En cuanto al número de beneficiarios, en cinco comunidades ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%); y en Aragón la cuantía media no llega al 1% de la renta media de la comunidad. Por el contrario, en País Vasco y Navarra la rentas de inserción llegan al 51,2 % y al 38,2 %, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza.

Respecto al gasto, Aragón (-96,2%) y Madrid (-91,1%) lideran la reducción y les siguen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%), mientras en el otro extremo Canarias ha aumentado su presupuesto un 103%, Baleares un 74,7%, la Comunidad Valenciana un 18,6 % y País Vasco un 4% (con datos de 2023).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar, pero en Baleares alcanza el 36,4 %; en Cataluña (18,3%), Canarias (17,9 %), Asturias (16,5%) y la Comunidad Valenciana (15,2%) se sitúa alrededor de la media; Murcia (9%) y Madrid (9,1%) están claramente por debajo y el caso más extremo, como dice el informe, es el de Aragón, que se queda en el 0,7%.

La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.

Los directores y gerentes de servicios sociales argumentan que pobreza y exclusión social son conceptos diferentes y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas.

El bono de justicia energética que el Gobierno creó el pasado mes de octubre para cubrir el 40% de la factura eléctrica de los ciudadanos con menos ingresos apenas se ha concedido a 2.300 hogares, un raquítico 0,15% de los 1,5 millones de la previsión oficial. Mientras, 1,24 millones de ciudadanos percibieron el año pasado el llamado bono social eléctrico, incluidos unos cuantos –cargos políticos del PP, PSOE y Más Madrid– que no eran en absoluto pobres. Tampoco llegan a quienes están destinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV): lo cobran 611.029 hogares, aún lejos de los 850.000 para los que está diseñada, tres años después de crearse. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 400.000 familias que tienen derecho a recibir el IMV no lo han solicitado, el 57% de sus posibles beneficiarios. Y algo parecido ocurrió con los 20 céntimos de descuento en los carburantes que el Gobierno aplicó hasta el pasado diciembre. El Banco de España advirtió de que la medida beneficiaba a las rentas más altas e incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera aseguró que “lo justo y lo razonable” sería “centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo”, mediante “un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal en ayudarlas”. A estas críticas, el Ministerio de Hacienda respondió esgrimiendo la complejidad de hacer una discriminación por rentas a la hora de pagar en las gasolineras.

Y es que, pese a los cientos de datos que las administraciones poseen ya de los ciudadanos, éstas no son capaces de detectar a los realmente más vulnerables para proporcionarles las ayudas o servicios que necesitan. Ni de evitar que personas sin problemas para llegar a fin de mes se beneficien de prestaciones que no necesitan. Hasta ahora, su principal interés ha sido luchar contra el fraude. “Cuando las ayudas públicas son condicionadas, tienen unos controles que obligan al ciudadano a desnudarse ante la Administración, y cuando se les conceden, se les somete a controles rutinarios, que sólo terminan cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos”, resume Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor e investigador en Mondragón Unibertsitatea.

Todas las ayudas condicionadas tienen una tasa de no aceptación o brecha de cobertura –non take-up en inglés–, que de media en la Unión Europea se halla entre el 20% y el 60%, según el tipo de prestación; en la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco es del 30% y casi la dobla el Ingreso Mínimo Vital. Para reducirla, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha recurrido a la colaboración de Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones que atienden a los más precarios para que les informen y ayuden a tramitar el IMV. También ha empezado a utilizar un autobús para dar a conocer la ayuda y puso en marcha una campaña de envío masivo de SMS entre posibles perceptores.

Pero no parece suficiente. Ni muy sofisticado. Porque ya existen otras herramientas, incluidas las tecnológicas, para poner bajo el radar de las administraciones a quienes, por razones económicas, culturales o sociales, se quedan fuera de los registros. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universitat Pompeu Fabra, cree que se podría utilizar el padrón municipal para localizar a los ciudadanos que no hacen la declaración del IRPF porque sus ingresos no alcanzan los 22.000 euros y, por tanto, son invisibles para la Agencia Tributaria. Julen Bollain apunta que se podría convertir en obligatoria la declaración de la renta, por poco que se ingresase, aunque reconoce el carácter “controvertido” de la medida.

Helder Ferreira, coordinador de un proyecto piloto sobre el IMV que está elaborando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), precisa que la casuística de la tasa de no aceptación de las ayudas públicas es muy amplia. Así, entre quienes quedan fuera del sistema se incluyen “los que nunca se han acercado a él, porque no conocen las medidas, no las comprenden o no saben cómo tramitarlas”, pero también quienes las solicitan y no las consiguen y quienes un año no tuvieron derecho a ella por no cumplir los requisitos pero, tras un cambio legislativo, sí lo tienen pero no lo ejercen.

Carles Ramió plantea algo tan simple como que las administraciones crucen los múltiples datos que ya tienen. “La Agencia Tributaria cede los suyos a quienes se lo soliciten”, apunta. Pero Helder Ferreira replica que se trata de un “esfuerzo enorme” –menciona los datos de vivienda y patrimonio, por ejemplo– y prefiere que se den “respuestas diferentes para cada tipo de non take-up”.

Lluís Torrens Mèlich, economista y secretario de Asuntos Sociales y Familiares de la Generalitat, está de acuerdo en que hace falta un esfuerzo muy grande para detectar qué familias necesitan servicios sociales. Y lo ha hecho. Al frente del departamento de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, llevó a cabo un “barrido de todas las ayudas” existentes para realizar un enorme cruce de datos que permitió tomar una “foto de 360 grados” de las necesidades sociales en la sexta área metropolitana de la Unión Europea. Datos sobre las prestaciones de la Seguridad Social, las del SEPE, la renta mínima autonómica, las ayudas a la vivienda, las ayudas de emergencia… fueron combinados con los obtenidos en una consulta masiva a la Agencia Tributaria y utilizados sobre la base de las 200.000 personas que recibían servicios sociales municipales y tenían un expediente activo. También hicieron una Encuesta Sociodemográfica de 4.500 hogares y 10.400 individuos, añadieron indicadores de pobreza y privación material a la Encuesta de Salud de Barcelona y elaboraron un censo de los pisos vacíos de la ciudad.

El resultado es un big data social, “centenares de miles de registros de personas y hogares vulnerables”, que deben servir para diseñar políticas sociales, explica Lluís Torrens. “Así supimos el grado de pobreza en los 40 grandes barrios de Barcelona y pudimos compararlo con los datos de quienes pedían ayudas”, añade. Y descubrieron, por ejemplo, que la probabilidad de que una familia pobre con niños pidiera la ayuda del Fondo de Infancia 0-16 –600 euros para cubrir las necesidades de menores hasta 16 años– era del 100% si residía en un barrio pobre, pero sólo del 5% si vivía en uno rico.

Porque también se reveló que un centenar de familias residentes en una sección censal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el más rico de Barcelona, tenían menos renta que parte de los de Ciutat Vella y Nou Barris, los más pobres. En 2016, 41.000 hogares no podían llegar a fin de mes en Barcelona, excluyendo el coste de la vivienda. Si se incluye, la cifra se eleva a 100.000, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 37.000 hogares cumplían los criterios de ingresos para recibir la Renta Garantía de Ciudadanía. Pero esa cifra aumentaba hasta 51.000 si la cuenta se hacía con los registros de servicios sociales del ayuntamiento.

La diferencia, unas 14.000 personas, se debe, apunta Lluís Torrens, a que “las encuestas oficiales no captan bien la población con recursos insuficientes y subestiman el número total porque son personas reticentes a ser entrevistadas, con mayor movilidad o que viven situaciones complicadas”. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, 103.000 personas se encontraban ese año por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en la Ciudad Condal es de 933 euros al mes para un adulto, el 60% de los ingresos medios.

“Hay que ir a buscar a los usuarios de los servicios sociales”, reclama Torrens Mèlich. Como hizo Portugal, que, con los datos tributarios en la mano, ofreció el bono eléctrico a los ciudadanos por debajo de un determinado nivel de ingresos. Y luego desarrollar acciones específicas para llegar a esas familias invisibles para el sistema. Hay “pobres en ingresos, pero no en recursos”, clases medias empobrecidas que no acuden a los servicios sociales por el “estigma” o mayores que sufren pobreza energética pero, por el estigma o por desconocimiento, no se acogen a las medidas para evitar que les corten el suministro, detalla el economista.

De las necesidades sociales en una ciudad, en principio rica, como Barcelona da buena cuenta también el simulador de ayudas de que dispone el ayuntamiento en su página web: tiene 10.000 visitas al mes. Permite introducir los datos de ingresos y otros de forma anónima, sólo indicando el distrito postal, pero a su vez sirve a los servicios municipales como una “macroencuesta”. Y sobre sus resultados se está trabajando ya con inteligencia artificial, asegura Lluís Torrens. “Antes los servicios sociales se limitaban a hacer una entrevista al ciudadano que acudía a ellos, ahora con la información que se obtiene se pueden utilizar sistemas de machine-learning, con palabras clave, y elaborar un análisis de la demanda –por qué se acude a los servicios sociales–, hacer un diagnóstico del problema y dar una respuesta, qué recursos se pueden asignar”.

El machine-learning, o aprendizaje automático, permite a los ordenadores realizar tareas sin ser programados, porque “aprenden” identificando patrones en datos masivos y pueden hacer predicciones. Es a lo que se dedica el ahora famoso ChatGPT. También la Generalitat ha empezado a usar la inteligencia artificial para el mismo fin, apunta Lluís Torrens. Pero nadie más ha hecho un cruce masivo de datos con el volumen del ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, añade su antiguo responsable de Innovación, quien no obstante cree perfectamente extrapolable el modelo a administraciones de mayor tamaño.

No deja de ser paradójico que la inteligencia artificial se dé la mano en el campo de los servicios sociales precisamente con el sector de la población donde la brecha digital es quizá más ancha. La falta de competencias digitales o de una buena conexión a internet son dos de las razones por las que pedir el IMV, que tiene una tramitación especialmente compleja, se convierte en un imposible para muchas personas. Sin embargo, Torrens Mèlich precisa que el 99% de quienes necesitan ayudas públicas tienen un smartphone y el 90%, acceso a internet a través de un móvil. Aunque sólo el 30% o 40% cuenta con internet fija en el domicilio. Incluso los sintecho tienen un móvil, asegura. “El verdadero problema son los inmigrantes irregulares”, concede el economista, “cuyo número ha aumentado en las grandes ciudades y no tienen acceso a la renta garantizada, ni al IMV ni a la vivienda: son un non take-up forzado por la propia ley”.

Cuestión bien distinta es lo que ocurre cuando el ciudadano se dirige a una Administración que se ha “digitalizado demasiado deprisa”, se queja Carles Ramió, y en la que con frecuencia es imposible recibir atención telefónica. España es el país número 17 del mundo por su administración digital, pero la atención que ésta presta ahora al ciudadano “está peor que nunca”, protesta. Sin ir más lejos, resulta muy complicado renovar presencialmente el carné de familia numerosa, pero imposible hacerlo digitalmente, critica el catedrático.

Para evitar tanta complejidad y tanto esfuerzo, Torrens y Bollain coinciden en una solución alternativa: la renta básica universal. “Si el sistema no es universal, se complica tanto que acaba siendo injusto”, advierte el secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat. Es el mismo concepto que a nadie extraña cuando se aplica a la sanidad o la educación –“No estamos inventando nada”–. Y que el presidente –republicano– Richard Nixon ya propuso en 1969 y aprobó la Cámara de Representantes pero fue rechazado en el Senado, recuerda Julen Bollain, quien además enumera: el PSOE y Unidas Podemos llevaron la iniciativa en sus respectivos programas electorales, al igual que Los Verdes en Alemania, y hay cerca de 200 programas pilotos en todo el mundo.

“No se trata sólo de tener derechos, sino de poder ejercerlos, y que la Administración ponga los medios para ello”, concluye Lluís Torrens.

Las rentas sociales autonómicas, destinadas a quienes carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, nacieron a finales de los años 80 y primeros 90 y hasta la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 eran las únicas prestaciones generales contra la pobreza y la exclusión social. En 2021 se beneficiaban de ellas 645.317 personas, que recibieron un total de 1.722,4 millones de euros, según los datos del Informe de rentas mínimas de inserción que acaba de publicar el Ministerio de Derechos Sociales.

Se trata de ayudas que van desde los 300 euros mensuales de Ceuta a los 706,22 del País Vasco. La media nacional se sitúa en 490,81 euros. En su cuantía básica. Según el número de miembros de la familia que dependan del titular de la ayuda, se puede llegar a una cantidad máxima de 420 euros en Ceuta y hasta 1.273,44 euros en Navarra. La media nacional alcanza los 846,87 euros. De los 645.317 beneficiarios, 305.340 son los titulares de las rentas mínimas; el resto, miembros dependientes de la familia o unidad de convivencia.

Estas cuantías se han ido mejorando con los años, pero su evolución no ha sido muy espectacular. Al menos no tanto como el aumento del número de quienes las reciben. El informe proporciona datos desde 2003, año en que comenzó la recogida sistemática de información sobre estas rentas autonómicas. Los titulares se han triplicado, pasando de sólo 95.533 en 2003 a 305.340 en 2021. El número de miembros dependientes ha crecido un 121%.

Pese a que el gasto total que suponen se ha multiplicado por seis desde los 296,27 millones que sumaban hace 18 años, la cuantía básica ha mejorado mucho menos, un 58,7% desde 2003, cuando la media nacional de las ayudas pagadas era de sólo 309,27 euros al mes. La subida puede parecer cuantiosa, pero si se la compara con lo que ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en esos mismos años, un 113,87%, resulta que las rentas sociales han crecido sólo la mitad de lo que ha ganado el suelo retributivo.

Cierto que el SMI ha disfrutado de un empujón inédito desde 2019, con subidas del 22,3% ese año, el 29,09% en 2020 y el 7,22% en 2021, por lo que ha pasado de sólo 451,2 euros en 2003 hasta 965 euros el año pasado –en 2022 ha alcanzado a 1.000 euros–. Pero también estuvo congelado en 2012 y 2014. En cambio, las rentas mínimas autonómicas, calculadas en promedio, incluso bajaron tres años, en 2012, 2013 y 2016 respecto al ejercicio anterior. Las mayores subidas se produjeron en 2007 y 2008, en pleno auge económico, con un 6,98% y un 6,1%. Como algunas de las comunidades autónomas ligan las cuantías de sus rentas mínimas al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sustituyó a partir de 2004 al SMI a la hora de conceder becas, ayudas y subsidios, y este estuvo congelado nada menos que ocho años, las prestaciones sociales básicas también se resintieron.

Así, la renta mínima equivale en promedio al 50,86% del SMI y al 86,8% del Iprem –564,9 euros en 2021–. Pero las diferencias autonómicas son considerables. Las menos generosas son las de Ceuta, apenas el 31,09% del SMI, Melilla –33,9%– y Madrid, que con 400 euros no supera el 41,4% del salario mínimo. Las más altas corresponden al País Vasco –el 73,2% del SMI–, Navarra –65,9%–y Comunidad Valenciana –65,3%–. La distancia con la renta media per cápita es, obviamente, muy superior: apenas alcanza el 26% de los 1.900 euros en que estaba cuantificada en 2020.

En cualquier caso, la historia de las rentas mínimas experimentó un empuje imprevisto en 2020, el año de la pandemia, cuando los perceptores aumentaron un 24,26%, hasta 369.289, y el gasto total un 16,84% respecto al año anterior. Entonces las partidas destinadas a las ayudas se elevaron hasta los 1.970,18 millones de euros. En 2021 tanto el número de perceptores como el dinero que se les concedió experimentó una caída brusca: el 17,32% los primeros y casi un 18% el segundo, las mayores bajadas desde 2003. Las comunidades que más redujeron el gasto en rentas mínimas tras el covid fueron Madrid –un 55,5%–, Castilla-La Mancha –53,37%– y Aragón –52,5%–. Sólo Asturias, Baleares y Cataluña lo aumentaron.

También se dispararon en 2020 las ayudas económicas de emergencia social, prestaciones de pago único para afrontar situaciones no previsibles de necesidad o cubrir situaciones de urgencia social. El año del coronavirus el gasto total ascendió a 218,35 millones de euros, por lo que subió un 198% respecto a 2019. Sirvieron para atender a 819.477 personas, un 109,6% más que el año precedente. En 2021, el gasto se redujo un 8,84%, pero el número de perceptores siguió creciendo, un 29%, hasta alcanzar 1,06 millones de personas.

De las 17 comunidades, más Ceuta y Melilla, es Cataluña la que más dinero se gasta en su renta mínima, 429,33 millones de euros, seguida del País Vasco, con 426,61 millones, y la Comunidad Valenciana, con 250,18 millones. Las que menos dinero destinan, por el contrario, son además de Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha y La Rioja. Por perceptores, también son el País Vasco, con 68.701 titulares, Cataluña, con 55.441, y la Comunidad Valenciana, con 43.010, las más generosas.

El informe permite dibujar un perfil de los perceptores de las rentas mínimas autonómicas. El 73% son españoles y el 22,8% –67.452 personas, el 79% mujeres– forman una familia monoparental. Pero en Melilla, Asturias y Canarias superan el 30%. El 1,6% son víctimas de violencia de género; el 5,6%, discapacitados. Un 1,65%, 4.885, son personas sin hogar. Pero el grupo más numeroso es de quienes han agotado el desempleo, 76.840, el 25,16%. La mayoría, de nuevo, son mujeres: 47.390. Aunque es significativo el número de quienes cobran esta renta pese a tener trabajo: 24.385 personas.

Tampoco tener estudios superiores permite siempre eludir el riesgo de pobreza: 15.731 de los titulares de estas ayudas básicas son licenciados universitarios o tienen una FP superior. Y 35.916 más cuentan con el título de bachillerato o FP de grado medio. El grupo más numeroso, en cualquier caso, es el de quienes sólo poseen estudios primarios, 89.704 personas. También son más, un 30,7%, los que superan los 55 años. Los beneficiarios menores de edad suman 163.903, el 20,3%. Antes de pedir la renta mínima, los solicitantes tenían de media unos ingresos de entre 155 y 371,2 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la familia.

Las rentas mínimas sólo representan el 6,97% de los 24.717,26 millones de euros que el Estado emplea en su sistema de garantía de ingresos mínimos; es decir, en la protección por desempleo, vejez, incapacidad o a las familias. En total, 6,84 millones de personas reciben ayudas por estos motivos. La partida más voluminosa corresponde a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, que se llevaron 6.806,1 millones de euros en 2021, el 27,5% de los recursos del sistema. Los subsidios por desempleo suman 5.911,1 millones, el 23,92%. El Ingreso Mínimo Vital, que sustituye o complementa las rentas sociales autonómicas, se lleva el 14,27% del dinero del sistema. Sus 3.526,4 millones duplican el gasto de las rentas mínimas. Las pensiones no contributivas, que también se incluyen en el sistema, suponen un gasto de 2.600 millones.

Cataluña ensayará el “mayor plan piloto de Renta Básica Universal (RBU) de Europa”, como ha defendido públicamente Sergi Raventós, director de la Oficina para implementar la RBU. Se trata de una ingreso que tiene que recibir todo el mundo, sin importar su riqueza —con la salvedad del 10% más pudiente—, edad, género, origen o lugar de residencia, siempre y cuando sea en territorio catalán.

La administración les dará a los adultos 800 euros al mes durante dos años, para que hagan lo que quieran con ellos, y 300 a los menores de edad para que hagan lo propio, aunque bajo la tutela de sus progenitores. A cambio, los perceptores de este plan piloto de renta básica universal se comprometerán a realizar entrevistas de seguimiento y encuestas para conocer cómo incide esta medida en su comportamiento. Se espera que el proyecto conlleve un sentimiento de mayor de libertad y un aumento del bienestar físico y mental por parte de los ciudadanos. Igualmente, la administración pronostica una reducción de la pobreza.

El experimento empezará el primer trimestre de 2023, cuentan desde la Generalitat a infoLibre, y los conejillos de indias serán 5.000 personas. La mitad de los escogidos provendrán de dos municipios de entre 1.200 y 1.400 habitantes, indican fuentes de la Oficina del Plan Piloto para implementar la RBU. Por tanto, y con datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), los potenciales perceptores de la RBU pueden ser residentes de estas 20 localidades: Torà, Bellcaire d'Urgell, Riudecols, Cabra del Camp, Sant Martí de Tous, la Fuliola, Llers, Corçà, Perafort, Vila-rodona, el Pla del Penedès, Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Vall de Bianya, Almoster, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Térmens, Anglesola, Miralcamp, Vallbona d'Anoia y Puigverd de Lleida. El resto de beneficiarios, otros 2.500, serán ciudadanos diseminados por el territorio y que estarán escogidos al azar.

“Es un cambio de paradigma sobre la concepción del estado del bienestar de después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la mayoría de derechos están ligados al hecho de tener o haber tenido un trabajo asalariado para poder percibir una prestación por desempleo o jubilación”, asegura Daniel Raventós, doctor en Economía y profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona.

Quedará excluida de este experimento el 10% de la población con más renta, que sería la que quedaría fuera de recibir esta prestación en caso de extender esta medida al conjunto de Cataluña. El objetivo es simular los efectos redistributivos y fiscales de aplicar la RBU. Una vez terminado el plan piloto, ya se verá, porque nadie da certezas sobre si la iniciativa se aplicará para el conjunto del territorio catalán, así como de dónde vendrán los recursos para financiarla, que deberán ser muy cuantiosos. Ni el director de la Oficina del Plan Piloto para implementar la RBU en Catalunya ni ningún miembro del equipo técnico han respondido a las preguntas formuladas hace más de una semana por este diario.

“La renta básica universal supone dejar atrás un sistema de protección social condicionado, en el cual las personas están todo el rato bajo sospecha y tienen que demostrar cómo de pobres son para poder acceder a un derecho. Hay que ir hacia un escenario mucho más empoderador”. Así resume Sira Vilardell, miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la RBU, el espíritu de esta prestación.

Este proyecto es fruto del acuerdo que alcanzaron ERC y la CUP tras las elecciones catalanas de 2021 y que sirvió para investir Pere Aragonès como president de la Generalitat —si bien es cierto que ese pacto ya es papel mojado tras las desavenencias entre ambas formaciones independentistas en el Parlament—.

Los críticos ven lagunas importantes en esta medida: “El gasto anual sería de 60.000 millones de euros, cuando los presupuestos de la Generalitat no llegan a los 40.000 millones”, cifra Diosdado Toledano, uno de los ciudadanos que impulsó la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Cataluña, otra prestación que se atorga a personas y familias con bajos ingresos. “Hay un problema de inviabilidad económico muy serio”, añade.

Vilardell considera que, si llega a existir la RBU, otras partidas, como la RGC, dejarían de utilizarse, para evitar la duplicación de prestaciones, con lo que el gasto social de la renta básica universal no se puede contar como un añadido más a los presupuestos, sino que habría que hacer un reajuste estructural de todas las partidas económicas para saber cuál sería el gasto final.

“Hay que ver cómo repercutiría el dinero destinado a la RBU, porque podría tener un efecto multiplicador y la Generalitat podría terminar obteniendo más ingresos y reduciendo el gasto”, opina Oriol Amat, rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Aunque se muestra favorable a la medida, evita hacer afirmaciones categóricas y prefiere esperar a ver los resultados de este plan.

Sobre la mesa está qué pasará con el mercado de trabajo. Mientras los críticos aventuran un aumento del número de desempleados, los defensores opinan lo contrario. “Creemos que incluso podría haber una reducción del paro. La renta básica universal permitiría que la gente accediera al mercado laboral en otras condiciones, sin tener en cuenta únicamente la necesidad de cubrir los gastos básicos”, opina Vilardell, que además de ser asesora de este proyecto es directora general de la fundación SURT, que lucha por los derechos de las mujeres.

La fiscalidad es otro aspecto a tener en cuenta. Y es crucial. Tanto que con la situación actual Cataluña no “es soberana para poder disponer de una RBU”, reconoce Daniel Raventós, que explica que la tesis más generalizada para poder financiar esta partida es a partir de una modificación del IRPF, que gestiona en su mayoría el Estado. “Quizás podrían Navarra y el País Vasco”, apunta, puesto que cuentan con un régimen fiscal propio.

La RBU supondría un éxodo de ciudadanos hacia Cataluña, según el parecer de Toledano: “Si se pone en marcha, habrá un efecto llamada, porque habrá gente del resto del Estado y de fuera de España que vendrá aquí”, piensa. Daniel Raventós se opone a esta idea y pone como ejemplo el caso de Euskadi: “Cuando propuso una renta mínima [en 1989], que aún no la tenía ninguna comunidad autónoma, los partidos de derechas y la patronal vasca dijeron que vendrían inmigrantes de países pobres y personas de otras comunidades para recibir este subsidio y no pasó nada”, rememora.

“No hace falta ser economista para entender que cambiar de comunidad autónoma supone un tiempo y tiene unos gastos que en algunos casos son superiores a los que puedas recibir con el subsidio”, añade. “Y con la inmigración de los países pobres, los estudiosos dicen que lo hacen independientemente de las condiciones de los países que los acogen, porque son expulsados de sus lugares de origen porque tiene sus condiciones materiales de existencia completamente destrozadas”, remata.

El rector de la UPF se imagina que, de prosperar, la RBU debería seguir el esquema de las rentas mínimas instauradas en todas las comunidades autónomas y no ser una iniciativa de la que dispusiera solamente Cataluña.

La RGC entró en vigor en septiembre de 2017 y, en esencia, consiste en dar una ayuda económica a aquellos que ingresen menos de 664 euros al mes para poder costear las necesidades básicas. Si se trata de una familia, esa cifra se puede elevar hasta unos ingresos máximos de 1.208 euros al mes, que varían en función de la cantidad de miembros que conformen el hogar. Esta medida fue muy peleada por las organizaciones sociales que, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lograron situar el debate en el seno del Parlament. Tras algunas enmiendas que rebajaron la ambición del proyecto, se aprobó el texto.

Un lustro después, la medida se ha topado de bruces con la realidad, según la tesis que mantiene Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), una organización que aglutina, a su vez, 114 entidades. ECAS denuncia que la cuantía de la ayuda es insuficiente y que los trámites burocráticos expulsan a muchos potenciales usuarios.

El 69% de solicitudes presentadas para recibir la RGC en lo que va de 2022 son desestimadas, según los últimos datos de la Generalitat. La causa principal es superar los ingresos establecidos en la ley, seguidos de la incapacidad de acreditar dos años de antigüedad residiendo en Catalunya. Los perceptores totales de la RGC son 172.501.

El 25,9% de catalanes —uno de cada cuatro— vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Eso supone un total de dos millones de personas. De ellas, 700.000 sufren una privación material y social severa, porque tienen dificultades para pagar el alquiler, irse de vacaciones una semana al año o poder pagar el coste de una lavadora, entre otras. Cruzando los datos se concluye, por tanto, que la RGC no llega ni a un cuarto de las personas que padecen, y mucho, para poder seguir adelante.

“La RGC o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado no han ayudado a reducir los índices de pobreza, no funcionan y por eso queremos abrir nuevos escenarios para atacar esta situación”, afirma Vilardell. A su vez, En Comú Podem (ECP) ha elaborado una proposición de ley que se debate en el Parlament de Catalunya para modificar la norma que regula la RGC, con el objetivo de hacerla más accesible y augmentar la dotación de la prestación.

Quien primero habló de una renta básica fue el británico Thomas Spence (1750—1814), que en 1796 publicó un opúsculo llamado The Meridian Sun of Liberty —El sol meridiano de la libertad, en castellano—, donde defendía esta medida a nivel local. Quien fue más allá y propuso este plan a escala nacional fue el belga Joseph Charlier (1816—1896), a través de su libro Solution du problème social —Solución del problema social—, publicado en 1848.

Más tarde surgieron otras iniciativas hasta que en la década de los 80 del siglo pasado cogió fuerza la concepción actual de la renta básica universal en países como Dinamarca y Países Bajos.

En 2001 se constituyó la Xarxa Renda Bàsica (XRB) en Cataluña, un año después ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) elaboraron en el Parlament una propuesta de resolución para presentar al Congreso de los Diputados y poder crear la RBU y en 2011 estalló el movimiento del 15M, que situó ésta como una de las principales demandas de los movilizados.

La pandemia de la covid-19 hizo estallar este debate a nivel mundial. Tanto que incluso el diario liberal se mostró favorable a explorar esta idea. Lo hizo a través de una editorial de abril de 2020, donde aseguró que “políticas hasta ahora consideradas como excéntricas, como la Renta Básica, […] tienen que ser tenidas en cuenta”.

“Desde hace tres años está habiendo un debate público increíblemente superior al que podía haber hace 20”, asegura Daniel Raventós. Ello es producto de “la crisis económica y especialmente de la pandemia, cuando se publicaron manifiestos de colectivos feministas, LGTBI y de trabajadores de la cultura que pidieron a gritos una renta básica común para solucionar los problemas más inmediatos”.

No existe país en el mundo que aplique la renta básica universal, afirman los expertos. Sin embargo, no escatiman los ensayos. En Finlandia se hizo una prueba entre 2017 y 2019 con 2.000 parados, a los que se les dieron 560 euros al mes sin ninguna tutela. La realidad es que el paro no se redujo significativamente, mientras que crecieron la salud física y mental de los beneficiarios, que redujeron también sus niveles de estrés y depresión.

En el estado de Madhya Pradesh (India) se hizo otro test con 6.000 personas, con la intención de eliminar la pobreza extrema y la malnutrición. Con una partida de 200 rupias al mes —2,35 euros—, en 18 meses se vio una alza del emprendimiento, de la escolarización, del trabajo femenino y una reducción del trabajo forzado en el campo y la malnutrición.

Alaska es quien más se asemeja a un sistema con la renta básica universal en todo el planeta. Desde 1982 los residentes de este estado de Estados Unidos reciben un dividendo, en función de las ganancias que obtiene la Alaska Permanent Fund Corporation —Corporación del Fondo Permanente de Alaska, en castellano—, la empresa petrolífera de la región. Esa paga es igual para todos los habitantes, independientemente de su edad, poder adquisitivo, estudios y situación laboral. Con vivir un mínimo de seis meses allí es suficiente.

Recientemente, el estado de California ha aprobado el lanzamiento del primer plan piloto de renta básica universal en un estado entero de los Estados Unidos. Lo hará con 2.000 mujeres embarazadas o independizándose de sus hogares de acogida y recibirán entre 600 y 1.200 dólares mensuales durante un periodo de 12 a 18 meses.

Sin duda, cada vez son más las iniciativas que surgen en favor de una renta básica universal. “El sistema económico está dejando atrás una parte de la población y es por eso que necesita evolucionar. Es oportuno experimentar en alternativas [en referencia a la RBU] que encuentren soluciones a estas situaciones de desigualdad crecientes”, opina Amat. 

El 1% con más renta acapara en España 2,7 puntos más de renta que el 50% más pobre. El porcentaje de renta de ese top 1, el más beneficiado por los cambios en el reparto de los ingresos a raíz de la Gran Recesión, ha crecido desde 2007 de un 13,4% a un 16,9%, mientras la mitad más pobre bajaba del 17,2% al 14,2%. El 10% con mayor renta también ha mejorado, del 39,5% al 42,3%.

Estos datos, que muestran un país de desigualdad creciente, son resultado de un detallado análisis incluido en el informe Desigualdad de la renta y redistribución en España: nueva evidencia a partir de la metodología del World Inequality Lab, con la autoría de Clara Martínez-Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School y senior fellow de Desigualdad y Fiscalidad de centro de pensamiento Esade EcPol, junto con los investigadores especializados Alice Sodano y Miguel Artola. El artículo señala cómo la pérdida de recaudación por el Impuesto de Sociedades, que baja del 12,9% al 7,6% en veinte años mientras sube el IRPF, incide en una pérdida de progresividad y de capacidad del Estado para corregir la desigualdad, que aún se ha agravado más con la pandemia.

El artículo, que parte del trabajo que ya desarrolla Martínez-Toledano, utiliza la metodología desarrollada por un grupo de economistas liderados por Thomas Pikettty, que permite medir con mayor precisión y amplitud la desigualdad. El informe, que será publicado este miércoles por el think tank Esade Ecpol, utiliza los datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España para presentar una serie de panorámicas sobre la desigualdad de la renta en España en las últimas dos décadas.

Los autores utilizan como punto de partida la participación de las rentas del capital en la renta nacional. ¿Qué evolución se observa? En los últimos veinte años ha subido el porcentaje de la renta nacional correspondiente a los alquileres (del 3,6% al 9,6%) y a los dividendos (del 6% al 6,5%), mientras ha caído el de los salarios (del 48% al 44,3%).

Estos cambios están ligados a una mayor concentración de los ingresos en la parte alta de la pirámide. No ha sido un fenómeno lineal. Las desigualdades de renta se redujeron "ligeramente" durante los años del boom inmobiliario. Entre 1999 y 2007 el 50% más pobre pasó de concentrar un 15% a un 17% de la renta nacional. En paralelo, hubo una una caída en la concentración de ingresos para el 10% y el 1% más rico: del 41% y 14% de la riqueza en 1999 al 40% y 13% en 2007.

Pero aquello fue sólo un espejismo. La desigualdad ha aumentado desde el estallido de la crisis de 2008, "debido fundamentalmente al aumento del desempleo, al recorte en salarios y al crecimiento de las rentas financieras entre los grupos de renta más altos", concluyen los autores. Entre 2014 y 2019 España entró en un periodo de recuperación, lo cual mejoró en términos relativos los ingresos del 50% más pobre, pero sin llegar a recuperar los niveles previos a la Gran Recesión.

De modo que la evolución entre 2007, antes de la Gran Recesión, y 2019, último año con datos fiscales disponibles para el análisis, ha sido esta:

– 50% más pobre: su participación en la renta nacional baja del 17,2% al 14,2%.

– 40% intermedio: sube (levemente) del 43,3% al 43,5%.

– 10% más rico: sube del 39,5% al 42,3%.

– 1% más rico (incluido en el 10% más rico): sube del 13,4% al 16,9%.

Es decir, el top 1 ha sido el grupo más beneficiado. El 50% más pobre, el más perjudicado. Se ve con claridad en estas dos gráficas. En azul, el 1% con mayor renta. En rojo, el 50% con menor renta. En amarillo, el 40% intermedio. En verde, el 10% con mayor renta.

Esta tendencia se agrava con el estallido de la pandemia, que ha frenado la leve recuperación iniciada en 2014. "La evidencia más reciente apunta a un aumento de la desigualdad de ingresos, debido a una mayor incidencia del desempleo y de la pérdida de ingresos salariales entre los grupos de renta más pobres", indican los autores sobre las consecuencias de la crisis sanitaria. Aunque 2020 y 2021 no están incluidos en la gráfica, debido a que sólo hay datos fiscales disponibles hasta 2019, la evidencia disponible por encuestas "apunta a que el 50% más pobre ha perdido en relación a los más ricos", explica Martínez-Toledano a infoLibre.

Otro foco de atención del estudio es la fiscalidad. El IRPF (verde) ha ganado peso desde la crisis de 2008, mientras el de Sociedades (amarillo) lo ha perdido, siendo ahora menor que antes del boom inmobiliario. Los impuestos a la propiedad han subido su peso desde 1980 debido sobre todo al crecimiento de la inversión en el sector inmobiliario.

Los autores señalan que los niveles de desigualdad de la renta antes (líneas discontinuas) y después de impuestos (líneas continuas) son muy similares. La gráfica bajo este párrafo es elocuente. El 50% más pobre tiene el 14,2% de la renta antes de impuestos y un 16,6% después. La corrección por todo el sistema fiscal es de 2,4 puntos.

A juicio de Martínez-Toledano, estos datos demuestran que "el sistema de impuestos tiende a no cambiar lo suficiente la desigualdad de la renta". "Se habla mucho de los impuestos como manera de reducir la desigualdad, y es verdad que la reducen, pero no solucionan el problema. Hay que pensar en políticas que reduzcan la desigualdad antes. Lo que la literatura pasa de forma cada vez más contundente es que, sin restar importancia a los impuestos, la solución al problema de la desigualdad viene sobre todo por políticas predistributivas", afirma.

¿Qué políticas públicas seguir?

El 0,01% más rico pagaba impuestos por un 29% de su renta en 1999, porcentaje que aumentó hasta el 40% en 2007, para volver a caer hasta el 27% en 2019. Esto se explica en parte por el aumento y posterior pérdida de recaudación por el Impuesto sobre Sociedades. Los autores, en el apartado de propuestas, apuntan a una reforma del Impuesto de Sociedades para que su capacidad recaudatoria vuelva a ser "al menos similar a la que era antes del boom inmobiliario". Además de la reforma de Sociedades, los autores afirman que "sería conveniente revisar" IBI y Patrimonio y "minimizar la competencia fiscal a la baja entre autonomías", ya que esta "beneficia en gran medida a las rentas y patrimonios más altos".

Sus propuestas no se quedan en la fiscalidad. En el terreno educativo, defienden la formación profesional como mecanismo para reducir "el alto nivel de fracaso escolar y abandono temprano". Los autores advierten, no obstante, de que los posibles logros educativos serían "limitados" si no se corrigen a su vez las "deficiencias del mercado laboral y del modelo productivo", dado que "el desempleo estructural, la precariedad y la temporalidad [...] son una fuente determinante de desigualdad de rentas". En cuanto al modelo productivo, el informe propone fomentar la inversión en energías renovables.

Los autores detectan también "un sesgo del ahorro hacia formas de riqueza no productiva como la vivienda", algo que que estanca la productividad e incrementa la desigualdad. "La población con ingresos bajos y medios canaliza sus escasos ahorros hacia la vivienda habitual, mientras que los hogares con mayores ingresos y ahorros adquieren –y/o heredan– además de la vivienda habitual, propiedades y activos financieros de inversión que tienden a tener una rentabilidad mayor", explican. ¿Qué hacer? Los autores proponen alquiler social y políticas que se centren en ayudar a diversificar el ahorro de las clases medias y bajas, entre otras medidas.

El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, plantea en el seno del Ejecutivo un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la crisis derivada de la guerra de Ucrania, entre las que destaca congelar los alquileres durante este año, el despliegue del cheque energético de 300 euros para ayudar a las familias a pagar la factura de la luz o la ampliación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según informa Europa Press.

Según han explicado fuentes de este departamento, Derechos Sociales ha preparado este documento, que enviará al resto de ministerios a lo largo de este miércoles, que recoge gran parte de las propuestas del nuevo escudo social y verde ya esbozadas en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos del pasado viernes.

Para la ministra Belarra, disertan las mismas fuentes, es "imprescindible" que el Gobierno ponga en marcha "cuanto antes" estas medidas, dirigidas a proteger a la población ante la alza generalizada de los precios provocada por la crisis internacional. Además, la titular de Derechos Sociales mantendrá hoy un encuentro con organizaciones del Tercer Sector para abordar las consecuencias derivadas del conflicto en Ucrania.

Ayer, tal y como explicaron fuentes del espacio confederal, los ministros y secretarios de Estado de Unidas Podemos se reunieron y pusieron de manifiesto proponer un documento de propuesta, en el seno de la coalición, para incluir medidas en el Plan Nacional de respuesta a la crisis, cuya previsión es que se apruebe el próximo 29 de marzo.

Desde Derechos Sociales han enfatizado en ahondar en la elaboración de los "beneficios caídos del cielo" que perciben las compañías eléctricas, sobre todo ante el "récord histórico" del coste de la luz durante los últimos días.

Además, reivindican como prioridad que los servicios públicos, "ahora más que nunca", deben funcionar bien para dar "garantías y certezas en un clima de extrema volatilidad", junto a políticas sociales que garanticen "unos ingresos mínimos y un techo para todos".

De esta forma, el Ministerio de Belarra espera que estas propuestas se incluyan en el mencionado plan nacional y, en materia energética, reclama derogar la disposición adicional octava del Real Decreto de medidas urgentes de energía del año pasado, al entender que este apartado ha permitido a las eléctricas "esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas".

También solicita la entrada en vigor en abril del proyecto de ley que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, también de cara a reducir la sobrerretribución que percibe las eléctricas, ampliar el bono social para elevar el volumen de beneficiarios y la aplicación del cheque energético de 300 euros, que podría repercutir en 19 millones de familias.

En materia de vivienda, Derechos Sociales aboga por la congelación de la actualización de las rentas del alquiler durante 2022 y prorrogar el decreto antidesahucios, incluyendo en el mismo la prórroga del alquiler mientras dure esta situación (precisamente una medida que ha salido de la última prórroga del escudo social ante la crisis del covid-19).

Como ya ha propuesto la formación morada, el departamento de Belarra también insta a incrementar la cuantía de prestación del Ingreso Mínimo Vital (en un 18% en el caso de una sola persona) y los umbrales de renta para su acceso, así como rebajar la edad mínima para percibirlo de 23 a 20 años.

Cuando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio de 2020, aseguró que 830.000 hogares eran potenciales beneficiarios de la ayuda, lo que se traducía en 2,2 millones de personas acogidas al paraguas de la prestación, pensada para proteger a quienes padecen pobreza severa. Sin embargo, con las últimas cifras facilitadas por el ministerio, un año y medio después de su puesta en marcha, sólo la han solicitado 1,52 millones de personas. No porque haya menos pobres de los que pensaban los técnicos de Escrivá sino porque el 67,8% de los posibles solicitantes ni se han acercado a una oficina pública para pedirlo y otros 6,2% lo han hecho, pero se han marchado antes de firmar o lo intentaron con un ordenador y no pudieron concluir el trámite. Son datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, realizada a 7.000 hogares considerados población diana del IMV. Una muestra de los 5,3 millones de personas que viven en pobreza severa en España tras el covid-19.

“El IMV ha tocado techo”, resume José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, “se fue acelerando en 2021 pero en los últimos mese se ralentizó y ni de lejos se ha llegado a esos 2,2 millones de beneficiarios totales”. En efecto, según las cifras que publica el ministerio –sin periodicidad fija, sólo cada dos o tres meses– entre marzo y mayo de 2021 las solicitudes totales experimentaron un empujón que superó las 200.000, pero desde entonces el ritmo se ha frenado considerablemente. De mayo a octubre sólo se presentaron 10.473 nuevas peticiones, cuando lo normal era que cada dos meses hubiera más de 100.000. Los últimos datos que ha proporcionado Seguridad Social corresponden a diciembre, pero el ministerio no ha dado una cifra precisa. “Son más de millón y medio”, asegura a infoLibre, sin concretar más. La Fundación Civio aporta el dato de 1.525.247 solicitudes a “finales de 2021”, que le fue facilitado tras reclamarlo a través del Portal de Transparencia. De forma que, usando esa cifra, hubo un aumento de 71.595 nuevas solicitudes entre octubre y diciembre de 2021, un tercio de la que se presentaron entre marzo y mayo.

La misma evolución se observa al considerar los expedientes considerados válidos: entre marzo y mayo superaron los 170.000 nuevos, pero entre octubre y diciembre ya fueron sólo 52.096 los validados.

El fenómeno no es una peculiaridad nacional ni siquiera un defecto intrínseco del IMV. Más bien se trata de una constante en este tipo de ayudas “no automáticas” y “condicionadas”, explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. De hecho, según un estudio de Eurofound, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en cada uno de los estados de la UE hay al menos una ayuda que no reciben una tercera parte de sus potenciales beneficiarios. En Francia, en 2014, hasta el 64% de los posibles receptores del ingreso de solidaridad no lo habían solicitado y en Alemania entre el 33,8% y el 43% de quienes tienen derecho al Grundsicherung (prestación mínima), mientras que en los Países Bajos el 47% de los posibles perceptores de la ayuda especial de subsistencia tampoco la habían pedido.

Es lo que se conoce como non-take up, la no reclamación del derecho. Las personas para quienes está pensada la ayuda se excluyen por diferentes motivos. Es habitual que quien sufre pobreza extrema carezca de un ordenador o siquiera de acceso a internet, también de conocimientos y habilidades informáticas mínimas. O no tiene vivienda. O sufre enfermedades y adiciones. Todo ello dificulta su acceso a la Administración.

Pero también hay “desconfianza”, apunta Graciela Malgesini. “En poblaciones pequeñas, hay quien no quiere que se sepa que han pedido la ayuda”, explica, “o en algunas comunidades dudan si dejar la renta mínima autonómica por el IMV cuando tardan meses en contestar y no saben si te la van a dar, o saben que se la han denegado a otros y no se atreven a hacer el cambio”. Además, asegura que el régimen sancionador del IMV “asusta” y disuade a muchos.

Los inmigrantes irregulares, los menores de 23 años sin hijos, las personas que viven en instituciones o en viviendas compartidas, o cualquier que tenga problemas para empadronarse son algunos de los perfiles que han quedado excluidos del IMV. Para hacerse una idea de lo que representan estos grupos, basta con recordar que en España puede haber unas 30.000 personas sin techo, según EAPN, y que la tasa de pobreza severa entre los extranjeros –27,2% los comunitarios y 26,4% los extracomunitarios– cuadriplica la de los españoles –6,7%–. Unos y otros tienen dificultades adicionales para solicitar el IMV por sus carencias documentales.

Consciente de ello, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido su colaboración a ONG y organizaciones del llamado tercer sector, para que sean ellas las que se acerquen a los potenciales beneficiarios y lleguen hasta donde ahora no ha sido capaz de alcanzar la administración. Ha creado un registro de mediadores donde deben inscribirse estas entidades para poder asesorar y acreditar –emitiendo certificados– la situación de vulnerabilidad de los posibles perceptores del IMV. Por ejemplo, podrán ayudar a quienes carezcan de domicilio.

Pero hasta el momento, sólo se ha registrado la Cruz Roja. Cáritas ya ha presentado la documentación necesaria para inscribirse, lo que hará una vez que cada una de las 70 organizaciones diocesanas haya aprobado el movimiento, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de la institución. Que la norma sólo permita el registro a organizaciones sin ánimo de lucro que dispongan de puntos de atención directos en todas las comunidades autónomas y lleven al menos tres años trabajando con personas en riesgo de exclusión social limita en gran medida el número de las entidades que pueden colaborar en la tarea. Así que, bajo el paraguas de la plataforma EAPN, van a registrarse entidades con menor implantación territorial, desde la ONCE y el Secretariado Gitano hasta Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión (Personas con Discapacidad Intelectual). Con la ayuda de estas organizaciones, el ministerio calcula que deberían incorporarse entre 20.000 y 40.000 nuevos beneficiarios.

“Cáritas ya tiene a una persona en cada diócesis encargada del IMV y en algunas, un equipo específico para tramitarlo”, destaca Ana Abril, quien no escatima críticas al diseño de la prestación. Que las entidades del tercer sector social asesoren y certifiquen “aportará algo”, apunta, pero será un “impacto menor”.

El ministerio también ha lanzado una campaña de detección de posibles beneficiarios del IMV, enviando SMS a personas que, según los registros de Hacienda, podrían solicitarlo. “Pero, de momento, su tasa de respuesta está siendo baja”, advierte José Antonio Noguera. Se trata de una encuesta en la que Seguridad Social les pregunta “por qué no han pedido el IMV”. Noguera asegura que es la primera campaña de detección del non-take up que conoce.

La respuesta a la pregunta de Escrivá la han dado ya las organizaciones que conocen la exclusión social. Según la encuesta de la Fundación Foessa, incluida en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, el 56,8% de los hogares en pobreza severa, es decir, con ingresos por debajo del 40% de la mediana –6.417,35 euros–, no ha recibido información sobre el IMV. Otro 10,7% ha recibido información, pero no la suficiente para solicitarlo, y un 7,9% dice que tiene información, pero no necesita la ayuda. Un 6,2% ha intentado solicitarla, pero ha encontrado “barreras” para hacer el trámite: o ha acudido a la oficina correspondiente pero no ha conseguido cita o ha tratado de iniciarlo por ordenador y no lo ha podido finalizarlo. En resumen, sólo el 25% de los potenciales beneficiarios del IMV lo han solicitado.

Si a ese bajo alcance se le suma el alto porcentaje de denegaciones, la cobertura del IMV pierde más fuelle aún. Con las cifras de octubre de 2021, el 71,4% de las solicitudes tramitadas fueron rechazadas, un total de 888.458, mientras que otras 18.638 se encontraban pendientes de subsanación de errores. Casi la mitad de las denegaciones se deben a que los solicitantes superan el nivel de ingresos, “una de las barreras más excluyentes”, según el informe de Foessa.

Ana Abril dirige sus críticas a los “problemas de diseño” del IMV, que se mantienen pese a las mejoras aprobadas por el ministerio en el año y medio largo de vida de la prestación. “La cuantía es tan baja [484 euros al mes para un adulto solo y con un máximo de 1.064,84 euros por cada familiar adicional] que no cubre a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza severa”, advierte para empezar. Y luego se producen los “errores de salto”: a veces por 10 o 20 euros una persona se queda fuera de los requisitos de renta, aunque no por ello deja de ser pobre severo. O por incumplir por seis meses el requisito de edad.

Un grupo que puede ser perfecta diana del IMV es la población gitana, cuyo porcentaje de pobreza severa es mayor que el promedio nacional. Pues bien, según las cifras del Secretariado Gitano, en 2020 ayudaron a tramitar 8.042 solicitudes del IMV, de las que fueron positivas sólo un 10%, por debajo del 14% que era el porcentaje de aprobación media nacional ese año.

Además, las trabas burocráticas se convierten en muchos casos en una “carrera de obstáculos en la que los solicitantes se quedan por el camino”, por lo difícil que resulta acreditar ciertos requisitos. Graciela Malgesini lo califica de “violencia administrativa”. Ana Abril también habla de una “administración ausente”, que está prescindiendo de servicios presenciales mientras quienes deben recurrir al IMV “no tienen ni un ordenador ni conexión a internet ni competencias digitales”.

Ausente, violenta y poco transparente. “No explican las razones de la denegación, o por qué se concede una cuantía y no otra, más que de forma genérica, lo que no permite recurrir”, protesta la responsable de EAPN. Además, los receptores del IMV deben someterse al año siguiente de que se les reconozca la prestación a una “regularización de las cuantías abonadas” hasta ese momento, que se comparan con el promedio mensual de sus ingresos y rentas. “Los sometidos a la regularización en diciembre aún no saben si deben devolver alguna cantidad que cobraron de forma indebida”, lamenta Ana Abril.

Por eso Graciela Malgesini reclama la “desburocratización” del procedimiento de solicitud del IMV, y la apertura de una ventanilla única que permita la atención personalizada de los potenciales beneficiarios. Incluso cree que debería irse más allá y apostar por la “automatización del acceso a los derechos sociales” en general. Ana Abril pide que las orientaciones de la Seguridad Social sean públicas, para que quienes ayudan a los solicitantes del IMV desde las organizaciones del tercer sector estén al tanto de los cambios normativos y se reduzca la incertidumbre que acompaña a la (larga) tramitación de la ayuda.

“La Comunidad de Madrid ha utilizado la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ahorrarse, ahorrarse, ahorrarse”, acusó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado mes de agosto en medio de un agrio intercambio de mensajes en Twitter con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, a propósito de unas ayudas de comedor para escolares. Entonces cifró en 75 millones de euros la cantidad que el Gobierno de Madrid se había ahorrado en el pago de su Renta Mínima de Inserción tras la creación del IMV. “Puede que llegue a 150 millones al final del año”, abundó.

Escrivá verbalizó así uno de los temores de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales: que las comunidades autónomas no pongan en marcha medidas para complementar el IMV en sus territorios y éste termine por sustituir a las rentas mínimas locales sin aumentar la cobertura de personas que sufren pobreza extrema.

Para José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, es “lógico y esperable” que se produzca “un cierto proceso de sustitución” de las rentas mínimas autonómicas por el IMV, puesto que las primeras han pasado a ser subsidiarias del segundo. El problema estriba en que, en muchos casos, los recursos así liberados no se están destinando a complementar el IMV para igualar su cuantía o para proteger a quienes no alcanzan sus requisitos o ya les ha sido denegado.

De hecho, las comunidades autónomas se han ahorrado un total de 137,11 millones de euros en las partidas que destinan a sus rentas mínimas, si se cuenta la diferencia entre lo que gastaron en 2019, cuando aún no existía el IMV, y este año, según figura en sus presupuestos para el ejercicio en curso. En 2019, emplearon un total de 1.628,26 millones de euros en pagar estas ayudas contra la pobreza severa, de acuerdo con las cifras de ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Derechos Sociales en su informe anual sobre rentas mínimas de inserción. Este año, en cambio, han presupuestado sólo 1.549,14 millones de euros para este fin. En 2020, con el azote de la pandemia y con el IMV en vigor sólo desde junio, las comunidades autónomas tuvieron que elevar el gasto hasta los 1.970,18 millones, un 16,8%.

Sin embargo, en 2021 ya presupuestaron 170,78 millones menos de lo gastado el año anterior –1.799,4 millones–. Aún no es posible saber cuánto dinero fue el efectivamente empleado, pues la mayoría de las comunidades autónomas no han publicado al detalle la ejecución de sus presupuestos. Para este año, como queda dicho más arriba, el recorte ha sido todavía mayor, 250,25 millones menos que en 2021.

De todas las comunidades, Madrid destaca por la cuantía de la reducción. En 2022 ha presupuestado sólo 40 millones de euros para su renta mínima, cuando en 2021 consignó 166,9 millones. Un recorte del 76% que equivale a un ahorro de 126,9 millones de euros. En 2019, antes de que existiera el IMV, gastó 155,29 millones en pagar estas ayudas, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. En 2020, el año de la pandemia, incluso rebajó esa cifra: empleó 133,78 millones, un 13,8% menos.

En la polémica del pasado agosto, José Luis Escrivá también reprochó a Madrid que “desde primer momento” hubiera mostrado “muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias al IMV”. Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social responde a infoLibre que el departamento no va a hacer ningún cambio en el diseño de la renta mínima de inserción y que la cuantiosa reducción de la partida presupuestaria correspondiente se debe a que ha disminuido “mucho” el número de hogares beneficiados desde la puesta en marcha del IMV. Ahora son unos 10.000, explicó. En 2020 llegaban a 24.415 titulares del derecho, que se traducían en un total de 78.605 personas beneficiadas. Comparadas con las 91.076 de 2019, la caída es la mayor de todas las comunidades autónomas. Sólo había más perceptores de rentas mínimas en Andalucía –110.397–, Cataluña –150.215– y País Vasco –123.050–.

En todo caso, avanza la consejería, el dinero ahorrado en este capítulo se dedicará “a otras partidas de políticas sociales”. Según apunta su portavoz, la reducción de la partida viene “obligada por el sistema que ha ideado el ministro [José Luis Escrivá], al dejar la renta mínima como subsidiaria del IMV”. “Nosotros mantenemos el pago de la renta mínima mientras el Gobierno tramita la IMV, lo que puede demorarse hasta seis o nueve meses”, replica, tras destacar que el modelo de Escrivá no fue consultado con las comunidades autónomas y no ha conseguido el objetivo que se había propuesto de proteger a 2,3 millones de personas en situación de pobreza.

La Seguridad Social destinará este ejercicio un total de 4.436 millones de euros a pagar el IMV, cuya cuantía ha subido un 3%, hasta alcanzar un importe mínimo de 484,02 euros para un adulto y hasta un máximo 1.064,84 euros para un hogar formado por dos adultos y tres o más menores. Además, este año las familias que perciban el IMV cobrarán un complemento de 100 euros por cada menor de tres años que tengan al cargo. La partida ha aumentado un 48,4% desde los 2.988,36 millones de 2021.

José Antonio Noguera reconoce que, en efecto, no se ha llegado “ni de lejos” a proteger a las 2,3 millones de personas a las que se comprometió Escrivá. Los datos publicados por el ministerio a fecha de 3 de diciembre de 2021 sitúan el número de titulares del IMV en 362.017 y el de beneficiarios totales en 824.441, menos de una tercera parte de la cifra prevista. Los cambios introducidos en el sistema el año pasado aceleraron la tramitación de las ayudas, pero ahora “se ha tocado techo”, advierte el sociólogo. El motivo de que se haya quedado tan lejos de las expectativas no lo tiene claro Noguera quien, no obstante, precisa que es normal la existencia de un alto número de potenciales beneficiarios que no soliciten este tipo de prestaciones. Por un sinfín de razones, desde la falta de información hasta los obstáculos administrativos o el miedo a destapar situaciones de economía sumergida.

La Unión Europea ha criticado de forma recurrente a España por tener uno de los sistemas de protección social más ineficientes a la hora de reducir la pobreza extrema. Una de las razones era que las rentas mínimas autonómicas no tenían cobertura suficiente. Según las últimas cifras del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, referidas a 2020, sólo 795.861 personas cobraban ese año una de estas ayudas. Lo que equivale al 9% de la población bajo el umbral de la pobreza, tal y como destaca la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El IMV cubre a 824.441. Pero se desconoce cuántas personas son perceptoras de ambas ayudas simultáneamente. Noguera dice que el sistema “se está consolidando” y habrá que esperar para conocer ese dato, porque ahora ni siquiera son fiables los registros de beneficiarios que elaboran las comunidades autónomas y que no son comparables, advierte.

Además, las diferencias territoriales en las rentas mínimas son enormes. No sólo en cuantía, sino también en la protección que consiguen. Por lo que respecta a la primera, Navarra, País Vasco y Cataluña superan los 600 euros mensuales como cuantía mínima –la vasca roza los 700–, mientras que en Andalucía supera ligeramente los 419 euros. Sobre la segunda, la cobertura de la renta de inserción de la Comunidad de Madrid es sólo del 34% de la población en pobreza severa, mientras que en Navarra alcanza el 274%, en el País Vasco es del 175%, en Asturias del 145% y en Baleares del 129%.

Tras la llegada del IMV, no sólo Madrid ha recortado el dinero que dedica a su renta mínima. También lo ha hecho Aragón, que destinará este año únicamente ocho millones de euros a la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV (Pacimv), de nueva creación. En 2021, la partida ascendía a 38,65 millones y en 2019 gastó 46,76 millones en el Ingreso Aragonés de Inserción, que ahora desaparece. La diferencia con Madrid es que Aragón sí ha modificado su sistema de protección contra la pobreza severa, creando no sólo la Pacivm para quienes no perciban el ingreso mínimo vital, sino también un complemento al IMV –entre 52,06 y 114,5 euros al mes– para quienes lo cobren pero no lleguen al mínimo autonómico. Según el Gobierno aragonés, de los 8.760 perceptores del IMV en la comunidad autónoma, 2.267 ya han solicitado ese complemento. En 2021, los pagos por IMV en Aragón ascendieron a 40,5 millones de euros, prácticamente el presupuesto del antiguo Ingreso Aragonés de Inserción.

También recortaron en 2020 el número de beneficiarios de las rentas mínimas, aunque en menor número, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Este año, diez de las 17 comunidades autónomas reducen sus presupuestos en esta partida respecto a 2021.

En Andalucía la rebaja presupuestaria entre 2021 y 2022 también es cuantiosa, un 31,74%: pasa de 115 millones a 78,5 millones. Pero también prepara medidas complementarias para adaptarse al IMV. De acuerdo con las cifras publicadas por la Fundación Iseak, sólo el 30% de los hogares potencialmente beneficiarios del IMV en Andalucía lo están cobrando: 99.415 de un total de 326.313. La ayuda estatal resulta insuficiente para sacar de la pobreza a los hogares más grandes, los compuestos por varios adultos, resalta la fundación, que colabora con la Junta de Andalucía en el diseño de un futuro Ingreso para la Infancia y la Inclusión.

Por el contrario, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Canarias han aumentado de forma sustancial sus partidas respecto a 2019. El presupuesto catalán para este año de la Renda Garantida de Ciutadanía (RGC) –entre 664 y 1.208 euros al mes– es de 300,65 millones de euros, un 12,38% más que antes de la entrada en vigor del IMV. La Generalitat reclama para sí la gestión de la ayuda estatal, que ya se ha concedido a País Vasco y Navarra, las dos comunidades con mayor cuantía y mayor cobertura de sus rentas mínimas. Asegura que, con el ahorro que se conseguiría al unificar las dos prestaciones, se podría ampliar la protección a más personas.

La Comunidad Valenciana ha apartado 235 millones para su Renta Valenciana de Inclusión (RVI), un 55,2% más que en 2019. Como ocurre en Cataluña, la RVI y el IMV son compatibles. En la Comunidad Valenciana, además, se pueden solicitar en una ventanilla única, gestionada por la administración autonómica.

Por lo que se refiere a Canarias, ha duplicado su partida respecto a 2019, presupuestando 66,5 millones de euros, cuando antes de la IMV se gastaba 36,53 millones. Mientras, el Gobierno prepara una Ley de Renta de Ciudadanía, que sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción.

El País Vasco es la comunidad que más dinero dedica a su Renta de Garantía de Ingresos: 432,5 millones, un 2,37% por encima de lo que se gastó antes de la creación del IMV, pero menos de lo que presupuestó en 2021, 459,5 millones. La cifra consignada para este año multiplica por 11 la que ha presupuestado la Comunidad de Madrid. El número de hogares perceptores en el País Vasco casi triplica el de los madrileños.

¿Se imagina usted recibir mensualmente una prestación económica sin tener que hacer nada a cambio? Nada de nada. De forma incondicional. Sin tener que seguir ningún cursillo de formación, sin importar con quien conviva o los números de su cuenta bancaria. Por descabellada que le pueda parecer, esta es la idea de la Renta Básica (RB) y cada día cosecha más adhesiones.

¡Incluso el Financial Times la baraja como una propuesta a considerar seriamente! —para los más escépticos, ya adelantamos que es totalmente financiable. Otra cosa es que políticamente se quiera, pero eso ya es harina de otro costal—. Y no, la RB no es tan descabellada como puede parecer. Piénselo. Actualmente disponemos (afortunadamente) del derecho a la asistencia sanitaria y a la educación pública. Son derechos universales e incondicionales, de los cuales disfrutamos todas y todos sin tener que acreditar ninguna situación especial, sin tener que cumplir ningún requisito y de los cuales sería difícil excluir a alguien por su situación laboral, su cuenta bancaria o los impuestos que haya pagado. Asumimos que la sanidad, como la educación, son derechos básicos e irrenunciables de una sociedad desarrollada como la nuestra. Luego, ¿por qué no debería ser igual con el derecho a la existencia, por definición, el primer derecho de todos?

Piénselo al revés, ¿hasta qué punto el derecho a la educación no cae en saco roto y no se convierte en papel mojado si no disponemos de las condiciones materiales y económicas necesarias para formarnos adecuadamente (una vivienda en condiciones, una alimentación suficiente y de calidad, desplazarnos a un precio asequible, una buena conexión a internet o del material informático necesario, o acceder a recursos culturales, como libros o exposiciones, por ejemplo)? La RB es una asignación económica, usualmente mensual, que el Estado pagaría universalmente (a toda la ciudadanía o residentes acreditados del país), de forma individual (a las personas y no a sus hogares o familias) e incondicional (sin atender a condición particular alguna ni exigir ningún requisito como contrapartida). Esto quiere decir que usted, igual que nosotros y el resto de habitantes de este país, independientemente de estar trabajando o en paro o de ser rico o pobre, recibiríamos una prestación económica durante toda nuestra vida.

Obviamente, aunque todo el mundo la recibiese, sería el 20% de la población con mayores ingresos quienes a final de año financiarían la mayor parte de esta política, según varios modelos de financiación. Lo importante es que, más allá de su modo de financiación, todas y todos tendríamos nuestra existencia material garantizada mediante unos ingresos monetarios suficientes, regulares e incondicionales.

Ahora podría usted tener la tentación de pensar que “tener la existencia material garantizada” es sinónimo de holgazanería, el mejor resorte del zanganismo y, en definitiva, el sueño húmedo de todo nini. ¿Está usted seguro? Pongamos que esta RB fuera de 700 euros, un valor cercano al umbral de pobreza para el 2018. ¿Podría usted permitirse el lujo de adoptar una postura horizontal y mimetizarse con su sofá de forma permanentemente? ¿Sin hacer nada? ¿Para siempre? La evidencia empírica acumulada hasta la fecha demuestra que, en realidad, la gente que recibe un pago incondicional no acostumbra a convertirse al alcoholismo de forma repentina ni a derrochar su dinero en una mala racha en el casino, sino que prioriza el pago del alquiler o de su hipoteca, tratar de cancela sus deudas familiares, reforzar o completar su formación, consumir más alimentos de calidad, seguir tratamientos médicos, impulsar proyectos empresariales, sociales o culturales, etc. Pues eso. El mito de la “tendencia natural al ninismo” es esto, un mito basado en una muy peyorativamente sesgada visión antropológica sobre la naturaleza humana alimentada por estereotipos clasistas y preconcepciones aporofóbicas que la evidencia científica seria y contrastada no corrobora.

El potencial de la RB no se encuentra en convertirnos automáticamente en parásitos sociales, sino en garantizar nuestra existencia material más básica para, a partir de allí, brindarnos la posibilidad de construir unas vidas más seguras, más plenas y, en definitiva, más nuestras. Es justamente la incondicionalidad de esta propuesta la que nos permite no tener que ir pidiendo limosna ni permiso a los demás para vivir y ponernos así en pie de igualdad para con los demás. Nos permite, en otras palabras, poder sostener la mirada y carearnos con quien, por disponer de más recursos y poder de influencia, pretenda imponernos su criterio y sus intereses de modo arbitrario. La RB se vuelve así una propuesta con un nada desdeñable potencial liberador. Sea en el hogar frente a un marido opresor, en el trabajo ante un empleador déspota o frente a unas instituciones públicas rehenes de los intereses financieros y energéticos, la RB nos permitiría poder ir aflojando estas relaciones de dominación que tan habitualmente abundan en nuestras vidas.

Sin embargo, existe todavía poca evidencia empírica que nos permita prever con mayor solidez cuales podrían ser los efectos reales de una RB. En este sentido, países como Namibia, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Kenia, India, Irán, Corea del Sur, Macao en China, varias ciudades de los EEUU, o la Ciudad de Barcelona han puesto en marcha varios programes experimentales o proyectos piloto de RB en los últimos años. Ahora, como respuesta a les deficiencias estructurales de nuestro estado de bienestar y con la necesidad de hallar soluciones a las crecientes tasas de pobreza y desigualdad, el gobierno de Cataluña decidió implementar su propio Plan Piloto para el periodo 2022-2025. El caso catalán es significativo por cuanto supondrá el mayor experimento de RB realizado hasta la fecha (con permiso del de Kenia, aunque aquél es muy distinto). En él participarán 5.000 personas que se beneficiarán de entre 700 y 900 euros mensuales (unos 300 euros para los menores de edad), con lo que se pretende acercarse al umbral de la pobreza.

Los experimentos realizados hasta la fecha han demostrado que, por lo general, la individualidad y la incondicionalidad asociadas a la RB comportan resultados positivos (reducción de la pobreza y del estrés, mejora de la alimentación, la escolarización y los tratamientos médicos, el aumento de bienestar subjetivo, la felicidad y la confianza, el refuerzo de los lazos comunitarios, etc.). Más allá de emular esta individualidad e incondicionalidad de la RB, la metodología empleada en el caso catalán será particularmente innovadora puesto que tratará de testear su universalidad durante 24 meses. Esto es, tratará de replicar un escenario en el cual toda la población recibiera esta renta. Es para ello que se seleccionaran aleatoriamente 5 o 6 poblaciones, de las cuales, 2 o 3 se convertirán en las poblaciones de tratamiento (las que recibirán la renta), y 2 o 3 más que servirán de grupo de control (que no percibirán la renta) contra el cual comparar los resultados obtenidos. De este modo, y de forma análoga a cómo funciona un experimento clínico, se podrá determinar qué cambios actitudinales, de comportamiento o institucionales se deben a la renta y en qué medida. 

Somos conscientes de que los experimentos sociales tienen limitaciones y que sus resultados deben analizarse con suma cautela. Este proyecto piloto no será una excepción. Sin embargo, testear una política antes de implementarla aporta información que, aunque limitada, siempre será útil para evaluar los potenciales impactos para refinar al máximo tanto su diseño como su estrategia de implementación. Además, los proyectos pilotos o experimentos como este siempre espolean el debate sobre los sistemas de bienestar y sobre las políticas sociales que tenemos y, sobre todo, las que queremos tener. Necesitamos un cambio de paradigma que substituya las viejas soluciones que se han demostrado fallidas. Responder a los desafíos del siglo XXI requiere dejar paso a políticas que, como la Renta Básica, puedan demostrarse más eficaces, más eficientes y, sobre todo, más justas.

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Bru Laín es profesor de sociología en la Universitat de Barcelona y asesor de la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Cataluña y Sergi Raventós es director de la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Cataluña

Si caen con una fuerza X el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y el empleo, sube la pobreza con una fuerza mayor que X. Así lo dicen los datos. Entonces, si se recuperan el PIB y el empleo, ¿la pobreza cae en igual medida? La respuesta también está en los datos: no. Destruir es más fácil que crear, diga lo que diga el dogma del crecimiento económico.

Así lo pone de relieve el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que concluye que "las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza se muestran insuficientes". "Los incrementos del PIB, del empleo y del nivel educativo no generan, cada uno de ellos por sí solo, una reducción de la pobreza y vulnerabilidad y deben ir acompañados de políticas redistributivas", señala el informe [ver aquí un resumen y aquí completo], que desvela que entre 2013 y 2019, mientras el desempleo bajaba 12 puntos, la tasa de pobreza subió. Incluso en los años en se concentró el máximo incremento de la pobreza (2013-2016), el PIB per cápita crecía.

El empleo no es suficiente

El estudio, dirigido por Juan Carlos Llano y que fue presentado la semana pasada, enfatiza la crítica a la estrategia de salida de la Gran Recesión, basada en los recortes en el gasto público y pilotada en España por el PP, convencido del poder de arrastre del crecimiento cuantitativo del empleo. El informe cuestiona una idea de la recuperación basada "en la creación de empleo, de cualquier empleo, sin importar las condiciones, y en el incremento del PIB". Tras la anterior crisis, "el éxito proclamado en la lucha contra el desempleo fue [...] relativo pues sólo consiguió una mejora muy limitada en las condiciones de vida de las personas", señala el informe de la Red, que se apoya en un análisis de la evolución de distintas variables entre 2008 y 2020.

Evolución de las tasas de riesgo de exclusión social (Arope), pobreza, privación material severa (PMS), baja intensidad de empleo por hogar (BITH) y paro.

La fotografía da pie a dos conclusiones, tomadas del informe:

1. "La destrucción de empleo genera pérdida de bienestar social, pero la recuperación del empleo no es suficiente para reconstruir todo el daño". Es una conclusión en línea con el estudio Vulneración de derechos: trabajo decente, de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) de Cáritas, que ya alertaba de que “el empleo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social”.

2. "Es más fácil caer en la pobreza y vulnerabilidad que salir luego de ella".

El informe compara la evolución de las cifras de paro y de pobreza, cuyas últimas tasas analizadas son del 15,5% y el 21%. En el periodo 2013-2019 se produjo una reducción de 12 puntos del desempleo, cerca de la mitad, mientras la tasa de pobreza subía del 20,4% al 20,7%. La tasa de pobreza severa –que no aparece en el gráfico– se mantuvo casi igual, con una caída de sólo 2 décimas. El resto de las tasas disminuyeron, pero con poca intensidad relativa. Y todo ello mientras el desempleo caía con fuerza.

Evolución de la tasa de pobreza.

"Una fuerte reducción en la tasa de desempleo no produjo mejoras comparables en las principales tasas de pobreza y exclusión", ni menos aún devolvió los indicadores al estado previo a la Gran Recesión, señala el informe. Entre 2015 y 2020, hizo falta bajar el paro en 6,6 puntos para reducir la tasa de riesgo de pobreza en un punto. En la privación material severa se comprueba una evolución parecida. Entre 2014 y 2019 bajó 2,4 puntos porcentuales mientras la tasa de paro bajaba 12 puntos porcentuales. Dicho de otro modo: la privación material severa se redujo un punto por cada 5 puntos de disminución del paro. Sin embargo, su incremento había sido más acelerado durante el periodo de crisis, cuando sólo se necesitaron 3,8 puntos de incremento en el desempleo por cada punto de crecimiento de la privación material severa.

Sube el PIB... y la pobreza

El informe resalta que esta "incapacidad de recuperar las condiciones de vida anteriores a la crisis" se manifiesta "en un contexto de mejora macroeconómica, incluso con cifras del PIB nominalmente por encima de las registradas en 2008". Al detalle. Como hemos visto antes, entre 2013 y 2019 la tasa de pobreza pasó del 20,4% al 20,7%. Es decir, subió. ¿Qué hacía mientras el PIB per cápita? Crecer de forma "ininterrumpida y acelerada", pasando de 21.899 a 26.426 euros (+20,67%). Es, como dice el sociólogo Daniel Sorando, un resultado "contraintuitivo". Pero igualmente cierto. "PIB y empleo, entonces, son condiciones necesarias, pero no suficientes en la lucha contra la pobreza y la exclusión", señala el estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que aglutina a más de 8.000 entidades sociales sólo en España.

La tasa de riesgo de pobreza se mantiene todavía 1,2 puntos por encima de la registrada antes de la Gran Recesión, lo que se traduce en 880.000 personas que pasaron a ser pobres durante la crisis económica y no recobraron su condición previa con la recuperación posterior. "Los años de bonanza económica no trajeron como consecuencia una reducción de las tasas de pobreza, pues se mantuvieron en torno al 20% entre 2004 y 2008, a pesar de un incremento del PIB per cápita de casi 5.000 euros (25%) en el periodo correspondiente [2003-2007]", señala el informe. Sin embargo, la llegada de la crisis sí había impulsado antes una "elevación sustancial" de las tasas de pobreza, resaltan los investigadores Juan Carlos Llano, Aitana Alguacil, Encina Díaz, Natalia Jiménez, Juan Carlos Llano y Débora Quiroga.

Evolución del PIB per cápita.

Incluso en los años en se concentró el máximo incremento de la pobreza (2013-2016), el PIB per cápita creció en 2.080 euros (+9,5%). Sólo a partir de entonces, la pobreza comenzó un periodo de mejora –con una interrupción– que supuso una reducción total de 1,3 puntos, hasta llegar al 21% en 2020. "Sólo después de tres años de intenso crecimiento del PIB comenzaron a trasladarse los resultados macroeconómicos a la tasa de pobreza", recoge el informe. Y además, tímidamente. Hizo falta un crecimiento del PIB del 11,2% (2.447 euros entre 2016 y 2019) para conseguir una reducción de la tasa de pobreza del 7%.

El informe escudriña en la brecha de pobreza, es decir, un indicador que mide el dinero que necesita ingresar un pobre para dejar de serlo. Así se calcula: en 2020 el umbral de pobreza se fija 9.626 euros; si una persona ingresa sólo 6.798 le faltan 2.828 para dejar de ser pobre, con lo que su brecha de pobreza es el 29,4%. Ese mismo porcentaje puede obtenerse en términos agregados, es decir, no con individuos sino con poblaciones, una forma de Eurostat de medir la desigualdad.

Evolución de la brecha de pobreza.

En la salida de la crisis, el cierre de la brecha de pobreza fue "mucho más lento que su deterioro previo", recoge el informe, que basa la afirmación en el hecho de que en los cinco últimos años de crisis, la brecha se incrementó desde el 26,8% hasta el 33,8%, 7 puntos porcentuales, mientras en los primeros cinco años de recuperación la brecha sólo se redujo 4,4 puntos.

"Es mucho más sencillo entrar en la pobreza que salir de ella", señala el estudio, que añade un dato: aunque con poca intensidad, la brecha de pobreza subió en 2018 y 2019 a pesar subir el PIB per cápita de 24.969 a 26.426 euros (+5,8%).

Medidas "redistributivas"

El sociólogo Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza, señala que el hecho de que el crecimiento del PIB y el empleo no conduce directamente a una rebaja de la pobreza y la desigualdad, mucho menos de carácter simétrico, sólo resulta "contraintuitivo" por el "machacón" discurso a favor del llamado "efecto derrame" o "efecto goteo". Según esta visión de la economía, las políticas centradas en incrementar el PIB, a menudo a través de ventajas fiscales para los inversores, acaban beneficiando a los de abajo. Se trata, afirma, de una idea seriamente cuestionada en el ámbito académico.

"A partir de un determinado nivel de PIB, el aumento del mismo no supone un aumento del bienestar colectivo medido en sus principales indicadores", señala Sorando, que sí recalca que es necesario pasar un determinado umbral de PIB para que dicha afirmación sea cierta. "Es decir –ejemplifica el autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades–, no es lo mismo ser Angola que España". Pero España, en cualquier caso, ya habría superado ese umbral a partir del cual "lo que realmente aumenta el bienestar social es la igualdad", en palabras de Sorando.

"Es paradigmático el caso de Estados Unidos, con un PIB muy alto y una desigualdad muy alta, con índices peores que los países europeos", expone el investigador, que cita el ensayo Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, de Richard Wilkinson y Kate Pickett, fundamental en el cuestionamiento de la "correlación entre crecimiento y bienestar colectivo".

"Es necesario crear empleo, por supuesto, pero no es la solución al problema, sobre todo si es precario", resume Aitana Alguacil, profesora en la Universidad Carlos III y una de las autoras del informe de la Red contra la Pobreza. Sorando coincide. Y cita un sector concreto como ejemplo: el turismo: "Siempre oímos que hay que facilitar la inversión para fomentar el turismo, pero al analizar este sector económico en concreto, observamos que la distribución de los beneficios que acaba generando la actividad es muy desigual. Por un lado, están las multinacionales hoteleras, fondos y plataformas como Airbnb, que se llevan gran parte del pastel. Por otro, está el resto de la población, que apenas se beneficia, porque los contratos son parciales y los salarios bajos. Es decir, el PIB crece, pero no llega a todo el mundo. Esto es producto del precariado y el fenómeno de los trabajadores pobres".

"La relación entre crecimiento y bajada de la riqueza tiende a ser magnificada por grupos de interés, pero la realidad dice otra cosa. Sólo hay que recordar los años anteriores a la crisis [de 2008], cuando hubo un gran crecimiento con la pobreza en torno al 19%. La tasa de pobreza es muy inelástica con respecto al crecimiento, pero elástica respecto al decrecimiento", explica Juan Carlos Llano, director del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que añade que en España se habla mucho más de "creación de empleo" que de "condiciones del empleo", lo cual dificulta encarar el problema de la precariedad. Al igual que Sorando, pone el ejemplo en el turismo. Y concluye: "La mejor política contra la pobreza es multiplicar el número de inspectores de Trabajo".

El IMV y sus lagunas

A la hora de afrontar el problema de la pobreza, la Red Europea pone el énfasis en la necesidad de una "fiscalidad justa" [ver aquí informe en detalle] y en "políticas redistributivas", en especial el Ingreso Mínimo Vital (IMV) [ver aquí informe en detalle]. "El Escudo Social [...] está contribuyendo a que las consecuencias de la pandemia para los hogares en pobreza severa se hayan visto disminuidas [...]. Sin embargo, hay que mantenerse alerta", señala la Red en su informe El mapa de la pobreza severa en España, que añade: "Hay estrategia; otra cosa es que marche bien. El consenso sobre la necesidad de aplicar políticas de protección social es amplio y las medidas económicas, laborales y sociales implementadas (ERTE, IMV, medidas para autónomos y otras) limitan las consecuencias de la pandemia [...]. Sin embargo, en general, el sistema actual de rentas mínimas es complejo, con escasa cobertura e insuficiente cuantía [...] Además, se verifican grandes disparidades territoriales". 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está siendo "extraordinariamente generoso" con las exoneraciones que ha propuesto en la negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, pues se están planteando exenciones para los trabajadores que se queden en ERTE de hasta el 60%, frente al 35% de mayo y junio de 2020.

Escrivá, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha indicado que se ha puesto el énfasis en la reactivación de los trabajadores en ERTE con un esquema de exoneraciones a la Seguridad Social "más favorable" que el que se puso en marcha el verano pasado y que sí apoyó en su momento la CEOE. "Nos quedan unos 400.000 trabajadores en ERTE y en la vida los incentivos son fundamentales", ha defendido. Es más, el ministro ha hecho notar que en la actual negociación de la prórroga de los ERTE, la patronal no ha puesto el foco sobre la eliminación de la cláusula de mantenimiento del empleo, como sí hizo en la negociación de las prórrogas anteriores.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha respondido al ministro en una entrevista a RNE asegurando que parece que Escrivá está "en un laboratorio" respecto a las propuestas que hace para la nueva prórroga de los ERTE y "muy poco en la realidad". Asimismo, ha apuntado que el problema está en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciens ya que el Ministerio de Trabajo y Economía Social entiende la preocupación que tienen empresarios y sindicatos y tiene "más sensibilidad".

De hecho, el presidente de los empresarios ha afirmado que lo que ellos están planteando tiene "mucho menos coste" que la propuesta del ministro. Además, ha retado a Escrivá a que le dé los datos de sus medidas, "porque ahí es donde está el coste elevadísimo que hemos tenido con los ERTE" y porque "hace un año que no los reciben". "Ha quedado ampliamente demostrada que nuestra vocación total es la de llegar a acuerdos y hemos alcanzado acuerdos complicados, como el del teletrabajo o los riders. Estamos totalmente volcados y el ministro simplemente lo que tiene que cambiar es dar un poco menos a los que se van a activar, ya que no tiene sentido", según Garamendi.

Con respecto a la cláusula de despido, Escrivá ha explicado que en esta ocasión "no ha estado sobre la mesa", aunque ha matizado que en las cuatro negociaciones anteriores fue un tema de fricción. La patronal puso el énfasis en eso, no en lo que lo está poniendo ahora: intentar prorrogar el sistema actual de exoneraciones y mantenerlo tal cual ha estado vigente en otoño y en invierno", ha explicado por su parte Escrivá. No obstante, el ministro ha insistido en que las condiciones actuales no son las mismas que en los meses pasados y se parecen más a las del verano pasado, razón por la que se ha planteado un esquema similar e incluso "más favorable" al de entonces.

El presidente de la patronal ha subrayado que "la gente quiere trabajar" y que si hay fraude, "hay una cosa que se llama Inspección de Trabajo". "No digo que no se persiga al que lo haga mal, pero lo que no me vale es que prácticamente se ponga encima de la cabeza de todo el mundo como que 2,4 millones de personas no querían trabajar", ha añadido, tras insistir en que esto no son ayudas, sino compensaciones. El presidente de CEOE ha recordado que la gente no está cerrada por voluntad propia, sino como consecuencia de decisiones administrativas. "Hay que defender a la gente que está en una mala situación", ha pedido.

El fin no es el acuerdo social, es el interés general

El ministro ha subrayado que el Gobierno está haciendo un "esfuerzo de aproximación" con las posiciones de los agentes sociales, sobre todo con la patronal, pero ha dejado claro que la postura del Ejecutivo "es la que es", sin distinciones dentro del Gobierno, y que, aunque intentará convencer a los agentes sociales en los próximos días, el fin último de la prórroga de los ERTE no es el acuerdo social. "Lo que está claro es que el acuerdo no es el fin, sino diseñar las políticas adecuadas y si se consigue con el mayor acuerdo, mejor. Pero en ningún caso y en ningún ámbito el acuerdo es el fin. Lo que voy a hacer es intentar convencer el otro lado de cuál es el interés general y de todos", ha afirmado.

Y el interés general, según Escrivá, es el de incentivar la reactivación de trabajadores del ERTE para que se incorporen al empleo en un entorno en el que se está constatando "una clara recuperación", con datos de reservas turísticas "muy favorables" y un nivel de afiliación a la Seguridad Social que ya está por encima del que se tenía antes de la pandemia.

Sin embargo, Escrivá ha advertido de que, a pesar de que se está creando ahora muchos puestos de trabajo en sectores como la hostelería, la salida de los trabajadores de ERTE está produciéndose a un ritmo "mucho más lento" del que está generando empleo, por lo que "hay que tener cuidado de que esto no se nos enquiste". "Esto nos convence de que hay que seguir impulsando la reactivación de trabajadores en ERTE", ha añadido. Asimismo, Escrivá ha subrayado que al tratarse de una negociación que trata de repartir subvenciones y ayudas a empresas y trabajadores, "de forma natural e inevitable" existe una "cierta coalición" entre los agentes sociales para maximizar las ayudas. "Pero quienes tienen la restricción presupuestaria somos nosotros, no ellos, y hay límites donde no se puede llegar", ha explicado.

Garamendi ha criticado que Escrivá lleva un año y medio sin darles datos. Además, ha insistido en que lo único que plantea es que se mantengan los ERTE, "por eso se llama prórroga, para las empresas que realmente lo necesitan, "pero el ministro se ha empeñado en que la fórmula de dar dinero a quien menos lo necesita, que es la fórmula más cara, es la buena". "Hace un año y medio había 3,5 millones de ERTE, mientras que en estos momentos hay 600.000. ¿Alguien piensa que 2,9 millones han entrado a trabajar porque al ministro se le ha ocurrido dar dinero para entrar a trabajar o porque realmente la economía ha mejorado? La gente quiere trabajar y los empresarios queremos abrir. Se está confundiendo a la población", ha remarcado Garamendi.

La posición de la patronal, según su presidente, parte de que en estos momentos no ha llegado todavía la inmunidad de grupo, lo que, "tristemente" va a hacer que la economía no esté en las condiciones que se pensaba, sino que "va a tardar un poco más" en entrar en la nueva normalidad. "La fórmula que propone el ministro es más cara de la que estamos pidiendo, ya que lo que está planteando es dar dinero a los que van a empezar a trabajar y la gente, cuando trabaja, es porque tiene demanda. Un bar, restaurante u hotel abre sus puertas, porque va a tener gente, no porque el ministro le vaya a dar 100 euros", ha criticado Garamendi.

Sin embargo, cree que el ministro se está olvidado de la gente que está cerrada y ha puesto de ejemplo a los trabajadores de las empresas de fuegos artificiales. "Este verano no va a haber una fiesta con fuegos. Están cerrados a cal y canto y esta gente necesita una ayuda hasta que llegue el momento de que esa economía esté abierta", ha incidido.

Preguntado sobre el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar mañana para prorrogar los ERTE, Garamendi ha explicado que llegar a un acuerdo es "muy fácil" y solo tiene que ver con eximir la parte en la que el ministro "está empeñado". "Es tan fácil como cambiar en estos porcentajes un 5%, un 6% o un 10% de uno al otro, pero es más un motivo personal de que mi fórmula vale o de que en mi laboratorio se hacen bien las cosas de lo que realmente es la vida real y lo que está pasando. Lo digo de verdad, a mí no me entra en la cabeza y no hay que sentarse horas a negociar para esto", ha concluido Garamendi.

Defiende la tramitación del IMV: "Estamos muy por encima de lo que las comunidades consiguieron en 20 años"

Escrivá ha defendido este miércoles la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y ha comparado el volumen de solicitudes tramitadas en un año con la gestión de las comunidades autónomas en veinte. "El volumen de tramitación es enorme, se han tramitado 1,2 millones de solicitudes y estamos hablando de 700.000 personas beneficiarias, estamos muy por encima de lo que las comunidades autónomas consiguieron en 20 años", ha indicado el ministro.

Según Escrivá, las comunidades que gestionaron la renta mínima consiguieron llegar a 250.000 familias. "Nosotros en menos de 12 meses hemos llegado a 300.000", ha añadido el titular de Inclusión quien ha valorado el esfuerzo realizado en un año de pandemia.

"Las oficinas de la Seguridad Social estaban cerradas y había que teletrabajar, los funcionarios tienen mucho más mérito porque lo han tenido que hacer en medio de una pandemia, son ellos quienes firman y se responsabilizan de la prestaciones y después van a ser evaluados por el Tribunal de Cuentas, porque la Seguridad Social tiene un régimen de control muy estricto", ha concluido el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los datos del impacto de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad se suceden. Un informe de Oxfam Intermón de enero desveló que el número de personas que viven con menos de 16 euros al día se ha incrementado en casi 790.000. La pobreza severa en España afecta ya a más de 5 millones. La crisis del covid-19 ha dejado a 750.000 más en lo que se conoce como zona de "riesgo de pobreza o exclusión”, según un estudio de Caixabank. Sí, es una situación excepcional. Y claro, por supuesto que hay "colas del hambre", uno de los asuntos estrella del debate electoral madrileño de la noche del miércoles. Pero, aunque los informes con sello reciente puedan generar otra impresión, las colas no han venido con el virus. Estaban ahí antes, porque sus causas son profundas. Y, a menudo, inadvertidas.

Entre esas causas destaca un subdesarrollo del gasto social en España que los datos ponen de manifiesto clamorosamente. ¿Ejemplos? España gasta en políticas contra la exclusión un 0,2% del PIB, frente a un 0,6% en la UE-27. Son 59,5 frente a 183,2 euros por habitante al año. El atraso en gasto social se extiende a las partidas para familia, infancia y vivienda. Dentro de España, pese a que la Comunidad de Madrid tiene el mayor PIB per cápita, existen seis comunidades con menor tasa de riesgo de pobreza, según el INE. Además, es la quinta que menos gasta en servicios sociales por habitante.

El epidemiólogo Manuel Franco, estudioso del origen y las implicaciones de la desigualdad y referente en este campo, afirma que España sufre "un déficit claro" de políticas sociales, que cabe conectar con el fenómeno de las llamadas "colas del hambre". "Como buen país católico, lo fiamos todo o casi todo al apoyo familiar. El Estado cubre lo mínimo. En el caso de las colas del hambre, además, han tomado la iniciativa especialmente organizaciones, no el Estado. Por un lado, organizaciones de caridad cristiana, con un histórico papel en España; por otro, ONG y las asociaciones vecinales con mayor fuerza social. Ha sido la iniciativa comunitaria la que ha funcionado ahí, más que el Estado", señala, subrayando el sinsentido que supone considerar "mantenidos", como ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que se ven abocados a esas colas.

Un sinsentido porque los datos muestran precisamente una falta de mantenimiento social del Estado.

España, lejos de la ue

Las tablas de Eurostat, cuyos datos vienen del European System of Integrated Social Protection Statistics (Esspros), son elocuentes [se puede acceder a los datos aquí, en Population and social conditions, concretamente en Social protection].

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social". ¿Qué hay bajo ese epígrafe? Las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. Es decir, sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión.

Esta partida supuso un 23,1% del PIB. El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB, 3,6 puntos más que España. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España. No es sólo que, como puede entenderse, países más ricos que España gasten más en bruto en protección social, sino que lo hacen además en mayor proporción en relación a su riqueza nacional.

El amplio concepto de "protección social" ofrece una perspectiva del déficit histórico de gasto social, pero no se ciñe estrictamente al problema de las llamadas "colas del hambre". Se puede afinar. ¿Cómo? Mirando el gasto contra la exclusión social, expresión superior de la precariedad y la falta de recursos. Aquí España también falla, se queda corta. La Comisión Europea ha llegado reclamar a España que haga un esfuerzo en este punto. El Gobierno lo está intentando con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, cuyo posible impacto –menor del previsto– aún no se refleja en Eurostat, que llega hasta 2018. De momento, lo que se ve es sombrío: el gasto en políticas para la inclusión alcanza los 59,5 euros por persona al año (2018) en España, un 0,2% del PIB. En Europa son 183,2 euros y el 0,6%. En Francia, 356,7 euros y el 1%. España se queda a cuatro décimas de la UE-27. Destaca el esfuerzo contra la exclusión social de Dinamarca, que pese a que tiene un problema menor en este campo, dedica un 1,5% del PIB, casi 800 euros por persona al año. Estamos a años luz.

El porcentaje de PIB dedicado por el Estado español a políticas contra la exclusión social no se ha incrementado ni una décima desde 2009. Está fijo en el 0,2%.

Hay otras áreas consideradas muy sensibles en el combate contra la pobreza en las que España también palidece. En el apartado de "Familia e infancia", España gasta 326,9 euros por habitante al año y un 1,3% del PIB (2018). Se queda lejos del conjunto de la UE-27: 672,1 euros y 2,2%.

Y la vivienda, por supuesto. España, a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27, siempre con datos de 2018. La UE cuadruplica a España.

Un problema se añade a los datos fríos: el gasto social en España no alcanza en el grado suficiente a las capas más bajas de la sociedad. Así lo ha declarado incluso el Fondo Monetario Internacional, que señaló en enero de 2020 que las prestaciones familiares en efectivo que se destinan a los hogares con menor renta apenas superan el 30%, por debajo de la UE.

España

Dentro de España también es posible realizar comparaciones. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos cerrados de 2019, ha establecido una clasificación de gasto por habitante específicamente en "servicios sociales" por comunidades. Las tres que más gastan son Navarra (694,3 euros), Asturias (451,1) y Extremadura (446,4). Las tres que menos, Baleares (151,74), Canarias (217,5) y Murcia (251,5). Madrid, la comunidad con mayor PIB per cápita, es quinta por la cola, con 277,84 euros, casi 22 por debajo del conjunto de España (299,78). Madrid no recuperó hasta 2019 el gasto por habitante de 2012.

Evolución del gasto por habitante en servicios sociales en España y Madrid (2007-2009). Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca cómo Madrid, incluyendo educación, sanidad y servicios sociales, es la segunda comunidad con menos inversión por habitante, sólo por delante de Cataluña. Por cada madrileño se invierten 2.222,61 euros, casi 276 euros menos que en el conjunto de España (2.498,54).

Hay un área de gasto especialmente significativa a la hora de evitar esas "colas del hambre" que tanto preocupan en campaña: las rentas mínimas de inserción. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha comprobado que en España sólo perciben rentas mínimas el 7,97% de las personas en riesgo de pobreza. Las diferencias entre comunidades son abismales. La que mayor porcentaje cubre es Navarra (70,35%), por delante del País Vasco (63,03%) y a una distancia sideral Cantabria (18,43%). En la parte baja están Canarias (1,5%), Castilla La Mancha (2,01%) y Andalucía (3,19%). Madrid está en el 9,36%.

La posición de Madrid está lejos de corresponderse con su PIB per cápita, el mayor de España con 35.913 en 2019, según el INE. Las otras dos únicas comunidades que están por encima de 30.000 euros son País Vasco y Navarra, con fiscalidades propias, que son las que tienen con mucha diferencia mayor cobertura. Otro dato: Madrid es la séptima región por la cola en tasa de riesgo de pobreza, según la última estadística del INE, anterior a la pandemia. Madrid tiene una tasa del 15%, mayor que Navarra (7,7%), País Vasco (10%), Baleares (12%), La Rioja (12,3%), Castilla y León (12,9%), Cataluña (13,9%).

El Ingreso Mínimo Vital no ha solucionado el problema de la insuficiente cobertura en toda España. De momento, la prestación del Gobierno llega a menos gente que las rentas de inserción de las comunidades, como ha publicado este periódico. Hay 565.195 beneficiarios del IMV frente a 697.124 de las rentas de inserción, que existen desde hace tres décadas. Únicamente el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Las comunidades con una mayor cobertura son Navarra (14,2%) y Aragón (12,2%). Y las que menos Baleares (3,5%), Cataluña (4,2%) y Castilla La Mancha (4,2%).

¿Qué está pasando con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del Gobierno de coalición? Diez meses después de su implantación, a finales de mayo del año pasado y en plena pandemia, el balance que hacen tanto el Ministerio de Seguridad Social como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales -el colectivo de referencia en el sector- puede calificarse de cualquier manera menos de éxito. 

Primero, porque solo uno de cada cuatro solicitantes termina percibiendo el IMV. Segundo, porque hay menos personas beneficiadas ahora, tras un año de pandemia cuyos efectos han sido devastadores sobre la economía, que los que antes de su creación recibían alguna de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) gestionadas por las Comunidades Autónomas (y además también obtienen menor cuantía). Tercero, porque solo el 30% de los 3.000 millones apalabrados por el ministro José Luis Escrivá han sido utilizados para abonar prestaciones en estos 10 meses. Y cuarto y último, por el mayor aforo que registran las denominadas colas del hambre. 

Esto último lo recoge sin ambages el comunicado de la asociación de directoras de Servicios Sociales: "Las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantescolas del hambre y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital", destaca la asociación.

Qué dicen las cifras

Es conocida la baja cobertura que tiene el Ingreso Mínimo desde su implantación por culpa de la madeja burocrática que diseñó Seguridad Social: obligación de que todos los miembros de un hogar estén inscritos en el Sepe (requisito ya eliminado), no haber obtenido el año anterior ingresos equivalentes al 50% del IMV (puesto que la renta es distinta por cada hogar, en algunos casos bastaba con haber ingresado 3.000 euros durante los 12 meses de 2019 para no percibir el Ingreso Mínimo) o que no haya cambios en el hogar (mismas personas, algo que en el argot burocrático se denomina "unidades de convivencia"). 

Así pues, los resultados son un poco desoladores, según se puede ver en la propia nota de prensa que presentó la semana pasada el ministerio y que ha desgranado la asociación: se han logrado resuelto 811.859 expedientes, de los que solo 203.000 hogares han sido agraciados con el IMV. Pero es que además hay otros 347.645 expedientes por resolver, lo que da un total de 1.159.504 solicitantes. Menos de uno de cada cuatro tienen suerte.

Esos 200.000 hogares suponen unas 565.195 personas beneficiarias (el Ingreso Mínimo sigue unos requisitos basados en los convivientes del hogar y sus ingresos). Con las antiguas RMI había 697.124 personas que percibían algún tipo de subsidio, esto es, unas 130.000 más. "Es verdad que el IMV lleva 10 meses implantado y las RMI tres décadas", concede José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de Directoras y Gerentes. "Pero la pandemia es una situación excepcional, y todo este problema de la escasa cobertura podría haberse resuelto en gran parte con la implantación de pasarelas automáticas". 

Las pasarelas automáticas son mecanismos que permiten que los perceptores de las RMI pasasen a cobrar el IMV de manera directa. "Nos habríamos ahorrado listas de espera", dice Ramírez Navarro. En el ministerio responden que "los requisitos de las rentas de inserción y del Ingreso Mínimo no son exactamente los mismos" por lo que hay que pasar una especie de filtro o criba. Portavoces de Escrivá defienden que la pasarela ya existe con Aragón y que se acaba de actualizar con Navarra. Otras fuentes señalan que la pasarela aragonesa "no está funcionando como debería". 

Pero el dato clave que demuestra que España está lejos de cumplir sus objetivos es la ejecución presupuestaria del IMV. Escrivá, aparte de prometer que el IMV supondría "la práctica erradicación de la pobreza extrema" (algo que no se ha producido), también garantizó que "el presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año". La última nota del ministerio a este respecto augura que no se alcanzará ese compromiso. "El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo", rezaba la nota, "eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses".

Los 920 millones de euros son exactamente el 30,6% del presupuesto. La asociación de Directoras y Gerentes ha sido generosa a la hora de calcular el desembolso: "A pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual". Puesto que quedan aún los meses de abril y mayo hasta completar un año, es probable que se llegue como máximo a ese 40% de desembolso, algo más de 1.000 millones. Pero muy lejos de los 3.000. 

Ni la cuarta parte del objetivo

En Seguridad Social rebaten esta versión. "Hacienda nos dio 500 millones para poner en marcha el Ingreso Mínimo, algo que se hizo vía Real Decreto", señalan portavoces. Y aseguran que habrá que ver si se cumpla el gasto comprometido cuando llegue diciembre, vinculándolo a los Presupuestos Generales del Estado. Ramírez Navarro rechaza este argumento y asegura que el compromiso del ministro era destinar esa cuantía cada año y que el IMV se sacó adelante sin PGE.

"El Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país", sentencia la asociación.

El 96,4% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 4 de cada 10 familias han dejado de percibir la renta mínima autonómica, según ha informado Cáritas Española.

"El IMV a día de hoy solamente alcanza al 3,6% de las familias a las que acompañamos desde Cáritas, el dato es ese, no hay ningún error, surge de un estudio realizado en enero. A pesar de todos los meses transcurridos, el IMV no ha conseguido llegar a más personas", ha indicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, este martes en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Asimismo, ha advertido de que a un 12,8% de las personas acompañadas por Cáritas les ha sido denegada esta prestación con la "dificultad" que esto supone para que "salgan adelante". Flores ha puntualizado que han tenido dificultades para saber los motivos de denegación y no han dispuesto de la suficiente información para reclamar.

Por otro lado, desde Cáritas Española también señalan que hay personas que han solicitado la prestación y aún están "esperando respuesta" porque desde la administración "no están siendo ágiles".

Igualmente, otro de los motivos de este bajo porcentaje, según Cáritas, es "la desinformación" que han tenido las familias vulnerables sobre cómo proceder y sobre los criterios y condiciones que tenían que cumplir para solicitarlo.

"Afortunadamente, las últimas reformas han creado condiciones más comprensivas pero aun así hay muchas personas que quedan fuera para ser perceptores del IMV", ha avisado Flores.

Además, según los datos de la organización, 4 de cada 10 familias a las que acompaña han dejado de cobrar la renta autonómica que percibían por diferentes motivos, entre ellos, la "descoordinación" ante la llegada del IMV estatal.

También se suman otras causas: multiplicidad, familias que dejan de cumplir las condiciones o rentas autonómicas que pasado un tiempo se suspenden "aunque la vulnerabilidad se mantenga". De esta forma, según ha indicado Flores, se han generado situaciones de "clara desprotección, muy graves".

Medio millón de personas han acudido por primera vez o después de mucho tiempo a Cáritas durante la pandemia

En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de covid-19, según un informe con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país.

Una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo "se triplicaban las solicitudes de ayuda".

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha reconocido este miércoles 3 de octubre ante el Congreso de los Diputados que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llegará este año a 850.000 beneficiarios "ni de lejos", cifra que se preveía alcanzar cuando se puso en marcha esta renta de emergencia para combatir los efectos de la pandemia para la población en riesgo de pobreza. El IMV ha recibido más de 1,2 millones de solicitudes y se ha concedido solo a 160.000 hogares, menos del 20% de los peticionarios. 

Un auténtico fiasco debido a la burocracia interpuesta por el ministerio para gestionar las peticiones del ingreso creado el pasado 29 de mayo y que ahora el equipo de José Luis Escrivá trata de paliar. Según ha podido saber infoLibre, Inclusión y Seguridad Social ha creado una pasarela que pretende acordar con cada una de las comunidades autónomas para que quienes ya cobraban una Renta Mínima de Inserción (RMI) por parte de los servicios sociales autonómicos pasen automáticamente a percibir el IMV. 

En España había exactamente antes de la creación del IMV 297.183 personas perceptores de rentas mínimas en 2019, de acuerdo con el Informe de Rentas Mínimas de Inserción relativo al año pasado y publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es decir, casi 300.000 receptores de RMI que vienen a ser prácticamente el doble que la de personas a las que les ha sido concedido el IMV.

El Gobierno de hecho ya ha acordado una de estas pasarelas, concretamente con la Comunidad de Aragón. "Hemos estado hablando con las comunidades y trabajando para poder reconocer rentas autonómicas a través de procesos automatizados", explican fuentes del ministerio. "En este momento, ya se está haciendo con Aragón, la primera región que nos ha enviado sus ficheros contrastados". 

"Casi una prueba piloto"

El procedimiento con el Gobierno aragonés ha funcionado, insisten en el ministerio, de "forma satisfactoria" y se espera que a todos los beneficiarios de la renta autonómica en Aragón –y tras verificar si reúnen los requisitos para el IMV– se les reconozca el ingreso "en las próximas semanas". "Esperamos que tras esta transferencia exitosa, que podríamos considerar casi una prueba piloto, sean muchas las autonomías que  nos envíen archivos para poder realizar la operación".

La posibilidad de crear una pasarela para automatizar los datos ya se recogía en el Real Decreto Ley 20/2020 del 29 de mayo, en la disposición transitoria primera. Según este RDL, "las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios".

La creación de una pasarela para que los perceptores de rentas mínimas cobrasen automáticamente el IMV viene siendo una reivindicación de muchos cargos y trabajadores de Servicios Sociales. Sobre todo, de la potente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales –la más grande de España en el sector–, que siempre ha pedido a Escrivá y su equipo en las reuniones que han celebrado la supresión de las trabas burocráticas. 

Disparidad autonómica

Escrivá hizo varias rectificaciones con el paso de las semanas. En septiembre se eliminó el requisito de estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), un obstáculo que generó muchas críticas. Igualmente, los requisitos de empadronamiento también han sido percibidos como abusivos por muchos detractores –desde septiembre se digitalizó el padrón a través del INE, pero continúan otras condiciones como llevar empadronado tres años en el lugar de solicitud–. Sea como fuere, los cambios para rebajar la burocracia son cada vez más intensos a la vista de los números. 

De acuerdo con el ministerio, los obstáculos más grandes han sido dos: la "disparidad de mecanismos de gestión autonómicos" y la "disparidad de requisitos de acceso a la renta autonómica". Estas opiniones son un hecho, hasta el punto que un solicitante en Navarra o País Vasco tiene hasta ocho veces más opciones de recibir una renta mínima que en el resto de España. Una de las claves de la renta vasco-navarra, aseguran fuentes del sector, es que en su momento se desligó la concesión de la RMI de los departamentos de Servicios Sociales. En Navarra obtienen la renta el 70% de los solicitantes y en Euskadi el 63%. 

El IMV oscila entre los 461,5 y los 1.015 euros por perceptor, en función de su situación. El Gobierno pretende destinar en torno a 3.000 millones de euros para esta renta dirigida a combatir la pobreza. "En el Ministerio de Inclusión siempre hemos sido conscientes del papel que tenían las comunidades autónomas", reconocen desde el equipo de Escrivá, que reivindica el "diálogo" para hacer más eficaz la distribución del ingreso mínimo.   

Ser más o menos pobre en España va por territorios. Por un lado, están los colectivos vulnerables que viven en las autonomías forales de Navarra y País Vasco: la gran mayoría percibía en 2019 una Renta Mínima de Inserción (RMI). Luego hay un puñado de comunidades -Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, en menor medida Cataluña- donde entre el 10% y el 20% de la población bajo el umbral de la pobreza tiene asignado un subsidio. 

Y ya por último está el resto de regiones españolas, en las que "un pobre tiene tantas opciones de que le toque un ingreso mínimo como la lotería". El entrecomillado crítico es de José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la organización que ha publicado el Informe de Rentas Mínimas de Inserción relativo a 2019.

Según esta publicación, el 70,35% de las personas en Navarra bajo el umbral de la pobreza tiene acceso a una renta mínima. A continuación, la tasa de cobertura asciende al 63,03% en el caso particular de Euskadi. “Juegan en otra liga”, valora Álvaro Revilla, el coordinador de Estudios de la asociación. “Ambas es cierto que tienen Hacienda propia, pero también prioridades políticas muy diferentes al resto”.

Los colectivos vulnerables tienen ocho veces más opciones de percibir ayudas económicas en Navarra o País Vasco que en las demás regiones de España, en las que la tasa de cobertura media se eleva al 7,97%. Ese casi 8% de la población en situación de pobreza equivale a 697.124 personas en todo el país, el número total que consigue una renta mínima de inserción. 

La tasa de riesgo de pobreza en España afecta a algo más del 18% de la población total. El número de personas bajo ese umbral asciende a 8,7 millones, de acuerdo con las estimaciones del INE y Eurostat.

Canarias y Castilla-La Mancha, a la cola

En la cola de la tabla se sitúa Canarias con una cobertura del 1,50%, lo que significa que solo algo más de 7.000 personas cobran algún tipo de renta en el archipiélago. Penúltima, Castilla-La Mancha, con el 2,01%. La cobertura en Andalucía es del 3,19% (algo más de 75.000 perceptores), precedida de Murcia y la Comunidad Valenciana (donde el 4% y 4,2% de colectivos pobres son perceptores de ingreso mínimo). 

Pero todavía hay más regiones con menos de uno de cada diez residentes en situación de vulnerabilidad perceptores de subsidios. Extremadura (cobertura del 6,2%), Galicia (6,3%), La Rioja (7,88%) o Madrid (9,36%, ya por encima de la media) entran en esa categoría. La tercera y cuarta comunidades autónomas con mayor tasa de cobertura de la renta mínima tras Navarra y Euskadi  son Cantabria (18,43%) y el Principado de Asturias (17,46%).  

Según Álvaro Revilla, la clave vasco-navarra también es técnica. "Allí el modo de percibir las rentas mínimas difiere del resto de autonomías. En País Vasco se creó una prestación por desempleo desligando su gestión de la Consejería de Servicios Sociales: la cobertura se disparó". El responsable de Estudios de la asociación advierte que habrá regiones en las que se podrá complementar la percepción de la Renta Mínima de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital -creado en junio de 2020- y otras -como la Comunidad de Madrid- donde no se podrá simultanear. 

El IMV oscila entre los 461,5 y los 1.015 euros por perceptor, en función de su situación. La media de las rentas mínimas en 2019 también varían por comunidades: la media más alta está en País Vasco (667 euros), Cataluña (644 euros) Comunidad Valenciana (630 euros) y Navarra (623 euros). La media más baja corresponde a Ceuta (300 euros), seguida de Madrid (400 euros) y Galicia (403 euros). Para el Ingreso Mínimo Vital, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destinado 3.000 millones de euros; en el caso de las RMI, su coste el año pasado fue de 1.700 millones de euros. 

A mayor burocracia, más pobreza

"Teóricamente, todos los perceptores de rentas mínimas tendrían que tener automáticamente derecho a cobrar el IMV", afirma el presidente de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Ramírez Navarro. "Pero Escrivá se negó a crear una pasarela directa, como se hiciera en su día con los beneficiarios de la Ley de Dependencia". 

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social, ha habido prácticamente un millón de solicitantes (975.000) para el IMV y se ha reconocido el ingreso ya a alrededor de 136.000 hogares (recordemos que los beneficiarios de rentas mínimas son casi 700.000). "El entramado burocrático que ha diseñado Seguridad Social para percibir el IMV va a crear unos efectos terribles", lamenta Ramírez Navarro.

"Aquellas personas que cobren el IMV con efectos retroactivos desde septiembre y que estén percibiendo las rentas mínimas van a llevarse una sorpresa en enero", asegura el presidente de la asociación. "Entonces las Comunidades Autónomas elaborarán sus procedimientos de reintegro, lo que quiere decir que van a solicitar a personas bajo el umbral de la pobreza que devuelvan parte de lo recibido". En septiembre Escrivá se retractó y flexibilizó las condiciones para percibir el Ingreso Mínimo Vital, eliminando requisitos como estar inscrito en lel Servicio Público de Empleo Estatal. "Cuántos más requisitos pongas, peor para disminuir la tasa de pobreza", puntualiza Álvaro Revilla. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ampliar plazos y eliminar trámites para "agilizar" las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras las críticas por la lentitud de la Administración en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas se han incorporado dentro del decreto sobre teletrabajo, que el Ejecutivo ha tratado en la reunión.

Montero ha indicado que, tras los primeros meses de vigencia del IMV, que ha calificado "como una de las normas más importantes de la legislatura", se han incorporado a la medida "algunos aspectos de mejora que permiten dar respuesta en un menor plazo de tiempo que el que actualmente" se había "planteado" el Ejecutivo.

Entre ellas, la ministra ha destacado la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre, "para que las solicitudes que se presenten hasta finales de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio", o una ampliación del plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta 6 meses, "garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta la actualidad".

Más medidas en las próximas semanas 

El Ejecutivo ha aprobado también eliminar el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y transforma esta obligación en un procedimiento que "se podrá cumplimentar en los seis meses posteriores al reconocimiento de la prestación".

Del mismo modo, se facilitará el cruce de datos por parte de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para obtener una información automática y eliminar un tramite, y se favorecerá que los beneficiarios actuales de las rentas básicas propias de las autonomías pasen a serlo también del IMV, reconociendo, así, las resoluciones de los funcionarios que trabajan a ese nivel.

Montero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando en este paquete de medidas para agilizar esta prestación y ha indicado que se irá ampliando "en las próximas semanas" en los siguientes Consejos de Ministros.

Alemania ha puesto en marcha esta misma semana un proyecto piloto de renta básica e incondicional que sus promotores consideran el primero a largo plazo y que pretende desterrar los clichés que, dicen, dominan hasta ahora el debate mundial sobre este tipo de sistemas. Durante tres años, 120 personas recibirán 1.200 euros al mes, independientemente de su renta. No tienen por qué ser pobres. Al mismo seguimiento se someterá a otros 1.380 ciudadanos, que no percibirán ninguna cantidad y actuarán como grupo de control. Un millón de candidatos se han presentado al proyecto, de los que han sido preseleccionados 20.000. De ahí saldrán los 1.500 que finalmente se convertirán en los conejillos de Indias de este experimento social. La iniciativa corre a cargo del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán para la Investigación Económica) junto con la asociación Mein Grundeinkommen (Mi Ingreso Básico), en colaboración con investigadores de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck. Para financiarlo han acudido a 140.000 donantes, que han puesto el dinero con que se pagará a los sujetos del estudio.

Tras las pruebas piloto llevadas a cabo en Finlandia y Berlín –y los tres millones de dólares que uno de los dueños de Twitter, Jack Dorsey, se va a gastar en proporcionar una renta básica garantizada a siete millones de estadounidenses en 14 ciudades–, la controversia en torno a estos modelos de seguridad social está lejos de decaer. Entretanto, en España, los primeros y problemáticos pasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han dejado atrás el debate teórico para sacar a la luz las dificultades de su puesta en marcha. El IMV y la renta básica universal no son lo mismo, aunque ambos tengan como objetivo la lucha contra la pobreza, además de la cohesión social.

Mientras que la segunda no se ha llevado a la práctica aún en ningún país, la primera es una política en funcionamiento desde hace años en buena parte de los países europeos. Y que había comenzado a implantarse en España como rentas mínimas en las comunidades autónomas. La Comisión Europea lleva tiempo criticando la ausencia de ayudas para las personas con rentas más bajas. Incluso en sus recomendaciones del pasado mayo Bruselas destaca que España es el país europeo con el menor promedio de prestaciones por hijo y recuerda que las rentas mínimas autonómicas sólo llegan al 20% de sus posibles beneficiarios.

Ese hueco es el que está llamado a llenar el IMV, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio. Aprobado por un real decreto-ley de 29 de mayo, su tramitación como proyecto de ley se abre la próxima semana. Este miércoles 2 de septiembre se cierra el plazo para la presentación de enmiendas. Después se debatirán en la Comisión de Trabajo del Congreso. Como se tramitará por el procedimiento de urgencia, su paso por las Cortes debería durar la mitad que en un caso ordinario. Según las fuentes parlamentarias consultadas, los trabajos podrían prolongarse durante tres meses.

Al mismo tiempo que se desarrolla y corrige la norma en el Congreso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estará embarcado en una primera evaluación de cómo está gestionando la ayuda. Como prometió el ministro José Luis Escrivá, el 15 de septiembre se abrirá una segunda fase en la que deberían rectificarse los múltiples fallos cometidos en la primera: el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, la complejidad de los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios, la brecha digital que impide a muchos de ellos completar con éxito las solicitudes, los numerosos huecos que impiden a quienes lo necesitan acceder a la prestación...

Burocracia y brecha digital

“[Las ONG] estamos todas volcadas en ayudar a los que piden el Ingreso Mínimo Vital, por eso hay tantas solicitudes”, razona Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Según el ministerio, 750.000 personas han pedido el IMV, casi el mismo número de las que iban a beneficiarse de la prestación de acuerdo con los cálculos del departamento de Escrivá, 850.000. Con EAPN coinciden Cáritas y Cruz Roja. Forma parte de su trabajo diario asistir a los potenciales beneficiarios. Pese a que no hay “un acuerdo formal” con el ministerio, explica un portavoz de la organización diocesana, lo mismo se asesora en la pelea burocrática con el IMV que en la elección entre éste y las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades son incompatibles y en otras complementarias. Cruz Roja explica que ha llamado a más de 60.000 beneficiarios de sus propios programas para informarles de que también podían solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y ofrece información sobre la ayuda en sus 1.400 oficinas.

La Seguridad Social pretende, además, que sean los trabajadores sociales de los ayuntamientos quienes terminen encargándose de ayudar a los interesados en pedir el IMV, al que le llueven críticas por sus espesez burocrática. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido que se incluya en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley una dotación económica dotación económicaque permita a los consistorios formar y emplear a los trabajadores necesarios para gestionar la nueva ayuda.

También las ONG citadas han presentado sus propias enmiendas a los grupos parlamentarios, en un intento por solventar las múltiples incidencias de estos primeros meses y tapar las enormes lagunas que advierten en el decreto-ley. Para empezar, tanto EAPN como Cáritas piden que se sustituyan muchos de los requisitos por una declaración responsable del solicitante cuya comprobación se realice con posterioridad. “Los casos de fraude van a ser ínfimos”, recalca el portavoz de Cáritas. Ahora ya se exige la declaración responsable pero sólo de los ingresos y patrimonio. También hay que presentar el certificado del empadronamiento, el libro de familia, el documento de la demanda de empleo y la acreditación de que se reside legalmente en España –inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia–.

Y aquí es donde se abre la terrible brecha digital y formativa que ha revelado el IMV. “Las personas sin ingresos y en situación de pobreza a las que pretende proteger el Ingreso Mínimo Vital no sólo carecen de acceso a internet, sino también de nociones básicas de gestión y de habilidades digitales”, critica Graciela Malgesini. Para hacer los trámites necesitan, además de un ordenador y de una conexión a la Red, un certificado digital: “Los documentos deben llevar su firma digital, no la que se escribe en un papel”. Una dificultad a la que suele añadirse la exclusión financiera: muchos ni pueden abrir una cuenta bancaria, donde se les pueda hacer el ingreso, “porque no tienen un mínimo que ingresar o les falta documentación”, continúa la responsable de EAPN. Tampoco son los clientes que buscan los bancos con más ansia, ironiza.

El ministro Escrivá cifró en 143.000 las solicitudes tramitadas hasta el 17 de agosto, el 19% de las recibidas. A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que el 7,5% de ellas se hubieran mandado por duplicado y al 40% les faltara documentación. A un total de 28.500 la Seguridad Social les ha requerido el envío de más papeles.

Los agujeros del decreto-ley

Más allá de las ayudas solicitadas, las ONG alertan de los que ya han quedado excluidos por el diseño, a su juicio deficiente, de la prestación. La lista de agujeros por los que escapan potenciales beneficiarios es larga. Todos ellos han sido detectados por quienes están “en el día a día” de la atención a las capas más necesitadas de la sociedad. E introducidos en las enmiendas al proyecto de ley.

“Si decimos que el IMV es un derecho subjetivo de la ciudadanía y definimos la ciudadanía a la que se dirige la ayuda como la que se encuentra en situación de pobreza, luego no podemos añadirle todo un conjunto de requisitos, como que posea una vivienda, que esté afiliado a la Seguridad Social, que sea demandante de empleo o tenga un determinado número de años de residencia, porque excluyen a los que están peor”, detalla Malgesini. De esa manera, por ejemplo, no entran en el IMV las personas sin hogar, precisamente los más excluidos socialmente, subraya.

Pero hay muchos más que quedan fuera. Los hijos menores de padres que se encuentran en España en situación irregular, quienes comparten vivienda con más de dos familias –“es una estrategia de supervivencia de muchas personas”, advierte Cáritas–, las parejas de hecho no registradas, quienes residen en pisos tutelados o centros públicos de inclusión social, los que acaban de salir de la cárcel, las familias monoparentales que viven en la casa de los abuelos... Si se está pendiente de conseguir el estatuto de refugiado tampoco se puede recibir el IMV. Otro tanto ocurre con los jóvenes emancipados menores de 23 años, de los que hay unos 3.000, calcula Graciela Malgesini, y de ellos el 80% está en riesgo de pobreza. Con 23 años se puede percibir el IMV sólo si se ha vivido de forma independiente durante los tres años anteriores, una posibilidad bastante complicada en la España actual, donde los jóvenes no abandonan la casa paterna hasta los 32 años por culpa del abuso del empleo temporal y los elevados alquileres. “Los importes por hijo se han calculado sólo hasta el cuarto”, explica, “¿el quinto se queda fuera?”. Según dice, hay 110.000 familias con más de cuatro hijos en España, de las que el 58% están en riesgo de pobreza.

Uno de los fallos más criticados por las ONG es la vinculación de la ayuda con el empleo. Por un lado, destaca Cáritas, se excluye así a quienes padecen enfermedades crónicas y tienen dificultades para encontrar un trabajo. Además, tampoco se precisa en el decreto-ley qué importe se les reducirá de la prestación a quienes tengan un empleo. “Su determinación se deja a los reglamentos que desarrollen la ley”, indica Malgesini, al igual que muchos otros aspectos “importantes”, añade el portavoz de Cáritas. Lo que temen que se traduzca en un mayor retraso si cabe en la afinación de la ayuda.

La responsable de EAPN también tacha de “disparate” que se exija haber solicitado todas las prestaciones a las que se puede tener derecho antes de pedir el Ingreso Mínimo Vital, cuando no existe siquiera una catálogo –contributivas, no contributivas, municipales, autonómicas...– que las enumere.

Encaje autonómico

Finalmente, queda pendiente el encaje del IMV y las rentas mínimas autonómicas. El portavoz de Cáritas asegura que algunas comunidades están trabajando “a toda prisa” para cambiar sus leyes y hacer compatibles ambas ayudas. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dice, ya lo han hecho. Porque algunos beneficiarios de estas rentas mínimas ya están recibiendo cartas donde se les informa de que pueden tener derecho al IMV. “En la Comunidad de Madrid te dan un plazo de 10 días para que les comuniques si renuncias a su renta mínima porque vas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Graciela Malgesini. En Madrid la renta mínima es una de las más bajas de España, entre 400 y 735,9 euros, mientras el IMV puede quedar entre 461,5 y 1.015,3 euros. Si se renuncia a la autonómica en busca del IMV, se corre el riesgo de quedarse sin nada en caso de que este último no se conceda. Y con la lentitud con que se están resolviendo las solicitudes, la respuesta del ministerio puede demorarse meses. En otras comunidades, la renta mínima es muy superior al IMV, como en Navarra –entre 610,8 y 1.221 euros–, Cataluña –de 604 a 1.122 euros– y País Vasco –entre 644,49 y 915,47 euros–.

Al menos siete comunidades autónomas han pedido ya al Gobierno que les deje gestionar el IMV: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. El País Vasco y Navarra ya han negociado el traspaso. Cataluña

Lo que no hay aún, pese a que figura en el decreto-ley, es un consejo consultivo con el tercer sector –las ONG y organizaciones de la economía social– que debería asesorar al ministerio en materia de políticas de inclusión y hacerle propuestas legales sobre el IMV. “No hay un espacio formal de interlocución”, admite el portavoz de Cáritas, “pero sí que ha recibido [la Seguridad Social] todas las dudas, zonas grises y problemas que hemos detectado”.

Hasta el 17 de agosto, el ministerio sólo había sido capaz de aprobar 8.841 solicitudes –otras 75.000 fueron concedidas de oficio a personas que ya percibían la ayudas por menor a cargo–, un número mínimo. Afortunados de los que, además, no se sabe cuántos han cobrado ya. También ha denegado 36.800, cuatro veces más. El ministro de Inclusión ya advirtió de que la mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitosla mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitos. Una mala noticia para quienes afrontan en peor situación de partida la inesperada crisis provocada por el coronavirus. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, en 2018, tras años de recuperación económica, las rentas mínimas autonómicas no alcanzaban ni al 33% de las personas que sufrían pobreza severa en España, quienes viven con menos del 30% de la mediana de ingresos, 370 euros al mes. Son 2,6 millones de personas. De ellas, hasta ahora, sólo recibían una ayuda, y ésta era autonómica, 679.000.

Ése es el ámbito en que debería desplegar su manto protector el IMV. Graciela Malgesini cree que habrá que esperar hasta 2021 para que la ayuda esté plenamente implantada y ver si lo consigue. El problema es que, a la espera de que el ministerio evalúe su gestión inicial, el Congreso tramite el proyecto de ley y se elaboren sus reglamentos, los ciudadanos no pueden comer “con carácter retroactivo”, como recordó hace sólo unos días el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Las rentas mínimas de inserción son los distintos programas con los que cuentan las comunidades autónomas, ayudas dirigidas a "personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas" y que generalmente van acompañadas de un proceso de intervención social. Cada comunidad cuenta con su propio modelo, todos atravesados por una estructura similar en lo esencial. Ahora, las rentas tendrán que coexistir con el ingreso estatal, con el reto de no dejar a nadie atrás.

La publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) que consolida la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital abre la puerta a su compatibilidad con las prestaciones autonómicas. "En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas", de manera que el ingreso "se configura como una prestación suelo que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas". La ayuda, por tanto, permite a las comunidades "modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial".

Andalucía saltó esta semana a los titulares tras sus últimos cambios de dirección. Tal y como desveló infoLibre, la Junta de Andalucía incluyó entre sus planes paralizar la tramitación de su renta básica, la Renta Mínima de Inserción Social, por la entrada en vigor del ingreso estatal, según un documento oficial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El Gobierno autonómico argumentaba que la prestación andaluza tiene "carácter subsidiario" y que fija la obligación de sus beneficiarios de "solicitar las prestaciones" que pudieran corresponderles para "incrementar sus recursos económicos". De este modo, según la Junta de Andalucía, es necesario que antes de pedir la renta básica andaluza se solicite el IMV. La ayuda autonómica, según esta explicación, sólo se tramitaría para las solicitudes de los que tuvieran resolución denegatoria o no estuvieran cubiertos por la prestación estatal. Tan sólo un día después, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno rectificó y aclaró que "no se suspende", sino que se informará al que la pida de dicho "carácter subsidiario".

La renta andaluza se entreteje como una ayuda mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de manera que supone 419 euros. Esta ayuda puede incrementarse un 10% del IPREM por cada integrante de la unidad familiar distinto del solicitante. Cuando fue aprobada, la cuantía máxima, para familias de ocho o más personas, era de 779 euros. En mayo se beneficiaron 14.615 familias, su récord histórico, con un gasto de 11,3 millones, la nómina más elevada desde su implantación. El número de perceptores ha subido un 76% desde el inicio de la crisis del coronavirus.

Sustitución de las rentas autonómicas

No es Andalucía la única comunidad que alude al "carácter subsidiario" de la ayuda autonómica. En el año 2007, el Gobierno de Cantabria puso en marcha su Renta Social Básica, una ayuda mensual que busca garantizar unos ingresos del 80% del IPREM para el solicitante, con un techo límite del 125% del IPREM. El año pasado la cuantía máxima ascendía a 672 euros y actualmente llega a más de 5.800 personas, según el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Fuentes del Gobierno cántabro explican a este diario que se están determinando los mecanismos para que no se cobren ambas rentas y evitar así duplicidades. Percibir las dos prestaciones "iría contra la normativa", señalan. Desde la comunidad se está "facilitando la comunicación entre los técnicos de la Seguridad Social y los servicios sociales de los ayuntamientos, que entendemos que es a donde acudirán muchos ciudadanos interesados en esta nueva prestación". En este sentido, apuntan, "se han organizado sesiones informativas para que los trabajadores sociales conozcan de primera mano cómo será la gestión del IMV y puedan resolver las dudas que tengan". La Renta Social Básica, regulada en la Ley de Servicios Sociales de Cantabria, "tiene carácter subsidiario, de tal modo que aquellas personas que pasen a cobrar el Ingreso Mínimo Vital dejarían de percibir la prestación autonómica". No obstante, matizan las mismas fuentes, la renta autonómica "va a permanecer, porque el trasvase de una prestación a otra no es automático, salvo para quienes perciban la prestación por hijo a cargo". Los fondos que se ahorren, ha señalado el vicepresidente de la región, irán destinados al desarrollo de políticas sociales.

Algo similar ocurre en Castilla y León, que cuenta con una Renta Garantizada de Ciudadanía, al 80% del IPREM como mínimo y al 130% como máximo, lo que se traduce en una cuantía mínima de 430 euros y otra máxima de 699 euros. El pasado mes de abril, la ayuda autonómica llegó a 9.300 hogares y 21.816 perceptores. "La gente que percibe la renta tiene que solicitar el IMV", explican desde la comunidad. "Nosotro mientras tanto seguiremos pagando la renta", aclaran, pero en el momento en que el perceptor "empiece a cobrar" el ingreso estatal, el autonómico "se paraliza". En esa tarea, el Gobierno de Castilla y León "les mandará una carta diciéndoles que tienen que solicitar a la Seguridad Social" la ayuda estatal.

En Galicia, la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) asciende al 75% del IPREM, con una cuantía de 403 euros en su mínimo y de 726 en su extremo más alto. La Xunta de Galicia, sostiene un portavoz autorizado de la Consellería de Política Social, "mantuvo una primera toma de contacto con el Gobierno central con el objetivo de que los perceptores" de la ayuda autonómica "que así lo desearan se puedan acoger de oficio" al subsidio estatal, "con todas las garantías legales y respetando todos los derechos de estas personas".

El interés de la Xunta de Galicia, insisten, es que las ayudas de inclusión social "se pongan a disposición de los hogares de manera eficaz y sin solapamientos", motivo por el que "en repetidas ocasiones se solicitó que fuesen las comunidades autónomas las encargadas de gestionar directamente el IMV y evitar así duplicidades". La Ley 10/2013, de inclusión social de Galicia establece que la recepción de la ayuda no es compatible con las pensiones no contributivas ni con otra prestación que suponga un ingreso igual o superior. "El Gobierno que salga de las urnas deberá en la próxima legislatura abordar la reforma de la ley para adaptarla al nuevo panorama que se ha abierto", dicen las mismas fuentes.

Complementar las ayudas

Illes Balears acaba de aprobar un decreto este mismo viernes para "adaptar las prestaciones". En las islas cuentan con una Renta Social Garantizada, regulada mediante el Decreto 117/2001, con una cuantía de entre 459 euros y 826 de máximo. "Lo que se hace es equiparar los perfiles" de los perceptores a aquellos que optan por el Ingreso Mínimo Vital, de manera que quienes reúnan los requisitos "siempre tendrán que solicitar" la ayuda estatal. "Si no te lo conceden, todos estos casos sobrevenidos los asumirá la comunidad a través de la renta social", explican fuentes del Gobierno de Francina Armengol. Si bien es cierto que se prevé un ahorro, las mismas fuentes indican que se trabajará por "una redistribución" de la renta autonómica para "adaptarla a la nueva situación", por lo que "la renta social llegará a gente a la que no llegaba antes" y también se "incrementará la renta de emancipación", una ayuda para la autonomía de los extutelados.

En Cataluña, sostienen desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "desde el principio se ha hablado de complementariedad" y en este caso ha habido "un buen diálogo y se ha estado en contacto" con el Gobierno de Pedro Sánchez "desde el primer momento". La idea, confirman, es que "entre una y otra se pueda llegar al máximo de personas". La Renda Garantida de Ciutadania ha dejado, a abril del presente año, un mínimo de 664 euros y un máximo de 1.208 al mes para 81.636 expedientes que corresponden a 127.711 beneficiarios. Desde la Generalitat piden una gestión propia "por cercanía con la ciudadanía".

En Extremadura, explican a este periódico, el Ingreso Mínimo Vital "es compatible y complementario" a la Renta Extremeña Garantizada. "Si el ingreso mínimo refleja una diferencia con la renta extremeña, se complementa esa diferencia". A día de hoy, un total de 7.107 extremeños reciben el ingreso autonómico, con una cuantía igual al 100% del IPREM mensual vigente y no superior al 160%, lo que se traduce en al menos 537 euros mensuales. La previsión es que "el IMV al menos llegará a 30.000 personas en Extremadura"

El objetivo en la Comunidad de Madrid es "no dejar a nadie atrás y que la Renta Mínima de Inserción sea un vehículo de inclusión social, llegando a todas aquellas personas que lo necesitan". En ese sentido, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma estar "diseñando un modelo" de renta autonómica que "identifique las lagunas de atención que deja la prestación estatal para darle cobertura" con la renta propia. La comunidad también propondrá un "modelo de complementariedad que logre un mayor impacto en la reducción de la tasa AROPE en la Comunidad de Madrid", explican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. Igualmente, la región prevé "reforzar las políticas de inclusión social con la participación de los servicios sociales municipales" y vincularlos "con intinerarios de inclusión". La directora general de Servicios Sociales e Innovación Social ha solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con el resto de comunidades, para "conocer y facilitar el intercambio de información". La Renta Mínima de Inserción, regulada en la Ley 15/2001, prevé una cuantía de 400 euros al mes como mínimo y 950 euros como máximo.

En Asturias, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se reunió este viernes con los grupos parlamentarios para resolver todas las dudas pendientes respecto a la coexistencia de las dos rentas. Fuentes de la consejería subrayan que para "minimizar la carga burocrática durante el proceso de trasvase de datos" se ha propuesto un sistema, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, basado en que "todas aquellas personas que son beneficiarias del salario social, a través de la firma de un consentimiento expreso, puedan derivar sus datos al ministerio sin tener que llevar a cabo más trámites". De esta manera, el Salario Social Básico, vigente en el Principado de Asturias desde el año 2005, "convivirá con el ingreso mínimo" porque existen casos que "seguirán bajo la protección" del ingreso autonómico. Actualmente, 22.338 personas reciben esta renta en el territorio, que oscila entre los 442 euros y los 730 mensuales.

La renta propia de La Rioja, detallan desde la Consejería de Servicios Sociales, seguirá vigente, aunque es inferior a la contemplada por el ingreso estatal. La propia consejera, Ana Santos, ha recordado que el ingreso vital "dignifica el importe de la Renta de Ciudadanía porque el de esta última oscila entre los 430 y los 672 euros mientras que la del Ingreso Mínimo Vital se incrementa hasta entre los 463 y los 1.015 euros para el caso de un hogar con tres o más menores". Santos ha confirmado en reiteradas ocasiones que la renta autonómica "tendrá que seguir existiendo para cubrir las necesidades de aquellas unidades de convivencia que no pueden acceder" a la ayuda central. El ahorro que previsiblemente se producirá con el trasvase, apuntan desde la consejería, se destinará a "asuntos sociales y a colectivos desfavorecidos", aunque los detalles están por concretar. Actualmente, 2.413 hogares en La Rioja están percibiendo la Renta de Ciudadanía y otros tres centenares la han solicitado durante la crisis del covid-19.

Decretos, estudios e informes jurídicos

Por la complementación apuesta Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana. La Renta Valenciana de Inclusión está cubierta actualmente por un presupuesto de 229,2 millones de euros y su cuantía va de los 630 euros a los 990 mensuales. Este viernes, la vicepresidenta anunció estar ultimando un decreto ley con el propósito de "encajar y armonizar" ambas figuras. El objetivo, esquivar posibles duplicidades, pero también evitar que cualquier ciudadano quede sin protección.

En Aragón también "se van a poner en relación las dos figuras, de manera que ningún tramo de la población quede desatendido o en situación desfavorable". Por el momento, sin embargo, las fórmulas están siendo objeto de estudio de cara a una futura concreción. En la comunidad existe el llamado Ingreso Aragonés de Inserción, una ayuda que llega a cerca de ocho mil personas, con una cuantía mensual de entre 491 y 736 euros.

En Murcia, por su parte, el Gobierno ha encargado un "informe jurídico para ver cómo afecta el Ingreso Mínimo Vital a la Renta Básica de Inserción", pero todavía no han alcanzado ninguna conclusión. En el mes de mayo, un total de 6.591 personas se beneficiaron de la renta autonómica, que cuesta a las arcas de la región 1,7 millones de euros. Los ingresos que contempla van de los 430 a los 806 euros.

Igualmente, Castilla-La Mancha estudia la gestión entre el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la comunidad, las ayudas de emergencia con motivo de la crisis del coronavirus y la nueva ayuda estatal, aunque la idea es que los subsidios sean capaces de complementarse. En el territorio, la cuantía mínima de la prestación se sitúa en 525 euros, después de que la Junta desligara el cálculo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Finalmente, Canarias trabaja en dos frentes: por un lado sustituir su actual Prestación Canaria de Inserción por una Renta Ciudadana y por otro lado hacer de esta última un complemento para el Ingreso Mínimo Vital. El pasado mes de abril, 6.340 unidades familiares recibieron la ayuda propia de las islas, lo que costó 3,7 millones a las arcas. En 2020, el importe mensual de la renta canaria va de los 489 euros a los 682 de máximo.

El caso de Navarra y Euskadi

El decreto que pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital concede la gestión de la ayuda a dos comunidades: País Vasco y Navarra. Será, en todo caso, a partir del próximo 31 de octubre. Entretanto, ambos territorios trabajan por consensuar la mejor convivencia entre sus propias prestaciones y la estatal. "El traspaso de competencias se hará a partir del 31 de octubre y hasta entonces estamos negociando una encomienda de gestión por parte de la Seguridad Social a nuestro Gobierno". Lo explican fuentes del Ejecutivo de Navarra. Los términos del acuerdo, aún sin concretar, versarán sobre la manera idónea para complementar ambas rentas y alcanzar el máximo, hasta ahora determinado por la renta autonómica. "Como la cobertura de nuestra renta es algo superior, estamos definiendo qué unidades familiares cuentan con los requisitos para optar al IMV y sumarles el complemento que corresponda".

El mismo procedimiento se seguirá en Euskadi, tal y como detallan desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. La Renta de Garantía de Ingresos está gestionada a través del Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), en base a la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La ayuda está "vinculada a la búsqueda activa de empleo y las personas que la cobran firman un compromiso para participar en acciones que pueden mejorar su empleabilidad", aunque con algunas excepciones, dado que la prestación también complementa "las pensiones más bajas" para en torno a "un cuarto de las 53.000 personas perceptoras".

El periodo de transición hasta el 31 de octubre lo van a cubrir en territorio vasco mediante una complementación del ingreso estatal con la renta autonómica, igual que ocurre en la comunidad foral vecina. "Las personas que estén cobrando la Renta de Garantía de Ingresos no tendrán que hacer el trámite, lo va a gestionar la administración directamente" y la idea es que si el Estado aporta una cantidad, el País Vasco la complemente hasta el máximo regulado hasta ahora, porque "en casi todos los supuestos la Renta de Garantía de Ingresos paga un poco más". El mínimo de la ayuda vasca se instala en los 693 euros y el máximo se eleva hasta los 985 euros.