Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela que, mientras las administraciones inyectan cientos de millones de euros en planes para combatir la desinformación, la gran mayoría de los agentes que ejecutan el gasto admite que no evalúa si estas medidas sirven para algo.

El diagnóstico unánime para salvar la democracia en la era de la desinformación es que hay que enseñar al ciudadano a distinguir un hecho de un bulo. Sin embargo, el último Informe sobre medidas de alfabetización mediática desarrolladas en España (2023-2025), elaborado y publicado por la CNMC, arroja serias dudas acerca de la estrategia que se ha generalizado en España para conseguir ese objetivo y si está teniendo éxito.

La alfabetización mediática debe servir, básicamente, para aprender a no creerse todo lo que circula: saber de dónde sale una información, quién la firma, qué intereses puede haber detrás y si está apoyada en hechos o en opiniones disfrazadas de datos.

En una época en la que cualquier mentira puede viajar más rápido que una noticia contrastada, esta capacidad se ha vuelto clave para la vida democrática. Sin ella, los ciudadanos quedan a merced de la propaganda, la manipulación emocional y la mentira organizada. Por eso, la alfabetización mediática se ha abierto paso en los últimos años como una herramienta de defensa cívica frente a la desinformación.

Sin embargo, la conclusión principal del informe de la CNMC es tan contundente como preocupante: estamos gastando más dinero que nunca, pero no tenemos ni la más remota idea de si está funcionando. Según admite el propio organismo regulador en la página 127 de su informe, “la gran mayoría de agentes manifestaron que no han realizado una evaluación del impacto de sus medidas”. Los motivos esgrimidos por quienes reciben o gestionan fondos públicos oscilan entre el “desconocimiento”, la “complejidad” y, el más revelador de todos, el “elevado coste que les suponía verificar la eficacia”.

La conclusión es que no sabemos si los más de 310 millones gastados entre 2022 y 2025, por encima del centenar al año de media (la mayor parte canalizados a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), están sirviendo para algo.

El dinero para los programas desarrollados por este departamento sale de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca alcanzar a 700.000 docentes en 20.000 centros educativos. Es, con diferencia, la mayor partida de dinero público destinada a lo que el informe denomina “alfabetización mediática incluida en el currículum”.

Sin embargo, la CNMC no ha conseguido saber qué mecanismos de control existen para asegurar que esa “competencia digital” se traduce efectivamente en una mayor capacidad crítica del alumnado frente a la manipulación informativa, más allá de la mera adquisición de dispositivos o formación técnica del profesorado.

La Administración General del Estado no es la única que está gastando grandes sumas de dinero en nombre de la alfabetización mediática. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), aparece también en el informe como uno de los grandes actores financieros en este ecosistema. A través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el Gobierno regional ha desplegado dos grandes líneas de ayudas destinadas a entidades del tercer sector para la “capacitación digital”: una dotada con 6.249.000 euros y otra de 1.940.000 euros, dirigida a la capacitación digital de personas mayores.

Estas ayudas, que suman más de 8 millones de euros, se entregan a ONG y asociaciones para que impartan talleres y cursos. No obstante, al cruzar estos datos con el capítulo de “Medidas y métodos de evaluación”, el informe de la CNMC es demoledor: en la mayoría de los casos, la metodología para verificar si un anciano o un joven madrileño es ahora más resistente a los bulos de WhatsApp tras estos talleres brilla por su ausencia.

La CNMC intentó recopilar información de los denominados usuarios de especial relevancia (UER) e influencers, a los que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a poner en marcha medidas de alfabetización mediática. La respuesta fue un fracaso absoluto en términos de transparencia: solo 70 de ellos (apenas un 5%) reportaron algún tipo de medida.

La inmensa mayoría de los nuevos prescriptores que moldean la opinión de los menores en redes sociales ignoraron masivamente el requerimiento del regulador. Y los que sí respondieron —como algunos creadores de contenido vinculados a plataformas de vídeo— mencionan acciones genéricas como “etiquetado de contenido” o “guías de uso”, pero sin aportar datos sobre cómo estas acciones mitigan el efecto de la desinformación en sus comunidades.

En el ámbito de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, el informe recoge 163 iniciativas desarrolladas por 65 agentes. RTVE, Mediaset y Atresmedia lideran este apartado, aunque su enfoque es más “amable” y menos “fiscalizable”.

La radiotelevisión pública destaca por proyectos como La tirita digital (en el canal Clan) o Aprende con RTVE, orientados a un público infantil y juvenil. Mediaset reportó sus campañas de 12 Meses, específicamente Señales y Adicciones digitales, que utilizan su músculo publicitario para concienciar sobre el uso responsable de la red. Y Atresmedia se centró en la formación a través de su Fundación, con el proyecto Efecto MIL (Media and Information Literacy), dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años para la creación de contenido útil contra los riesgos de internet.

A pesar de la vistosidad de estas campañas, la CNMC insiste en su propuesta de que los operadores deben pasar de la mera “exposición” a una “autoevaluación” real. El regulador ha tenido que lanzar una consulta pública para proponer una metodología de evaluación básica (objetivos, público, impacto real en focus groups) porque, hasta ahora, el éxito de una medida se medía por cuánta gente la veía, no por cuánto aprendía.

El análisis pormenorizado del informe revela una estructura burocrática donde el objetivo parece ser el cumplimiento normativo (reportar que se ha hecho algo) y no la eficacia social.

España pasará a formar parte del grupo de países que cuenta con fondos soberanos. La medida ha sido confirmada por el presidente Pedro Sánchez en su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que ha anunciado la creación de 'España crece'. Con una dotación de 10.500 millones de euros y el objetivo de llegar a movilizar hasta 120.000 millones, este nuevo fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tratará de tomar el testigo de los 'Next Generation'.

A través de avales, préstamos e instrumentos de capital, 'España Crece' centrará su actividad financiera en varios sectores: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. De esta forma, España se unirá a países como Noruega, China o Arabia Saudí, cuyos fondos soberanos tienen inversiones en una amplia variedad de actividades.

Este tipo de fondos se constituyen con dinero de un Estado, lo que los convierte en parte de su propiedad y se destinan a distintas actividades económicas para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Los fondos soberanos son habituales en países exportadores de materias primas cuya actividad financiera se desarrolla, sobre todo, más allá de sus fronteras.

El fondo soberano más grande actualmente es el de Noruega —llamado Fondo de Pensiones Global del Estado—, que utiliza los ingresos recaudados de la explotación del petróleo y gas para invertir en acciones, inmobiliario o infraestructuras renovables. Con la mirada puesta en las generaciones venideras, este fondo fue creado en los años 90 y ahora sus recursos están valorados en 2 billones de dólares.

Al igual que en el caso noruego, el fondo Abu Dhabi Investment Autority ha encontrado su fuente de ingresos en los combustibles fósiles del país, con un valor total de activos de 1,19 billones de dólares. Este fondo, propiedad del emirato que lleva su nombre, ha centrado su inversión en América del Norte, con el 45-60% de sus recursos, según explican en su página web.

Por su parte, China también cuenta con varios. Destaca el China Investment Corporation (CIC), con un 1,33 billones de dólares en activos. Otros fondos importantes de la región son el de Kuwait —Kuwait Investment Authority— y el de Arabia Saudí —Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita—, con un valor de 1 billón y de 925.000 millones de dólares, respectivamente.

Estos fondos han llegado a estar envueltos en luchas entre grandes compañías, como la batalla entre Paramount y Netflix de finales de 2025 por el control de Warner Bros, en la que la primera vio su oferta apoyada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA).

“Vamos a sudar la camiseta”. Es la expresión que repite constantemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la negociación de presupuestos generales. Y de manera discreta el Ministerio de Hacienda ya trabaja con algunos grupos parlamentarios e intercambia papeles para ir armando una posible mayoría para las cuentas públicas del año que viene.

Los miembros del Gobierno trasladan esta idea constantemente: “Los presupuestos son muy difíciles, pero no imposibles”. Acto seguido, el plan B está sobre la mesa: no habrá convocatoria electoral si las Cortes Generales tumban el proyecto que lleve el Ejecutivo. Argumentan en La Moncloa que los presupuestos prorrogados actuales son expansivos y sirven para dar respuesta a las necesidades del país. Y, sobre todo, hay un colchón que permite seguir hacia adelante: los fondos europeos.

Y es que los fondos Next Generation, creados por la Unión Europea por el desafío económico que supuso también la crisis del coronavirus, siguen todavía vigentes y el año que viene será el último para la ejecución de proyectos, lo que da margen al Gobierno todavía para impulsar la economía y aguantar hasta el tope de la legislatura, marcado en julio de 2027.

España, como recuerdan en el Gobierno, está a la cabeza de los países de la Unión Europea en las subvenciones recibidas, a través de transferencias no reembolsables, de los fondos Next Generation. Una vez desbloqueado el quinto desembolso, el país ya ha recibido 55.000 millones de euros. De manera paralela, ya se han cumplido hasta 250 hitos para que se puedan materializar esos montos.

Además, como señalan fuentes del Gobierno, esos fondos ya los están viendo o verán pronto los ciudadanos en proyectos clave como la gigafactoría de Sagunto, Quantix Edge Security en Murcia, que conlleva 250 empleos en diseño de chips, o Sparc en Vigo, una planta de circuitos fotónicos que va a generar 750 puestos de trabajo.

De esta manera, en el Gobierno sostienen que pueden seguir adelante hasta 2027 porque no hay previsión de caída de la economía, que se ha convertido en la principal columna en la que se apoya el Ejecutivo. “Si la economía no fuera bien, la cosa sería totalmente distinta”, como reconocen fuentes del Gobierno. Pero, como señaló en la sesión de control en el Congreso el propio presidente del Gobierno, ahora mismo España está en una situación de “triple A”, en referencia al respaldo que hay por parte de las agencias de calificación de deuda (aquellas que supusieron el mayor quebradero de cabeza del país en la crisis financiera).

Y es una de las banderas que ondean con más fuerza el presidente y sus ministros cuando se pregunta por su gestión: España encabeza el liderazgo de las economías desarrolladas en un contexto muy complicado internacionalmente, pero, a la vez, lo hace desplegando un escudo social que conlleva la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones conforme al IPC, la ampliación de los permisos de nacimiento y la puesta en marcha de mecanismos como los ERTE. De hecho, un sentimiento compartido entre los miembros del Ejecutivo es que han conseguido desmontar el mantra de que la derecha gestiona mejor la economía que la izquierda.

En La Moncloa trasladan que una de las grandes noticias de la semana, a pesar de que queda escorada por el ruido de la política nacional, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,9%, su previsión del crecimiento de España para este año, lo que supondrá crecer más que el doble de lo previsto para la Eurozona (1,2%).

Para el FMI, "los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda la visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026". Para el próximo año fija el incremento del PIB en un 2% (dos décimas por encima del pronóstico hecho público en julio). Este dato del Fondo es incluso superior al del Gobierno, que elevó su previsión al 2,7%.

Estos datos hacen que el Ministerio de Hacienda esté diseñando unos presupuestos con carácter expansivo. Ya hay mucho trabajo adelantado, incluso con algunos grupos. De manera discreta se está trabajando con, por ejemplo, Esquerra, EH Bildu, PNV y el BNG, que son los partidos más proclives en estos momentos a apoyar las cuentas y a que la legislatura aguante hasta 2027.

Como sucede en cada votación, las principales piedras en el camino vuelven a ser Junts y Podemos. Los de Carles Puigdemont insisten en que no hay ningún tipo de contacto todavía para buscar un acuerdo y ven por ahora que el Ejecutivo va “de farol” sobre las cuentas públicas. Fuentes posconvergentes alertan: “Si la senda de déficit es la misma, votaremos no”. “En Moncloa ahora hay más teatro que política”, añaden los independentistas.

En Podemos siguen insistiendo en que ellos negocian tema a tema y centran sus esfuerzos en el tema de la vivienda en estos momentos. En la parte socialista, señalan que harán una oferta potente en materia social a los de Ione Belarra para que puedan apoyar los presupuestos generales y creen que en el fondo los morados tampoco quieren dejar caer el Gobierno y dar paso a un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox.

A la misma vez sigue la negociación dentro de la coalición de cara a ese proyecto de presupuestos. Las dos partes señalan que habrá acuerdo, pero los de Yolanda Díaz están apretando en materia social a sus socios. Y, además, hay otra cuestión inevitable: la salida de María Jesús Montero, el gran cerebro de las cuentas, para competir en las próximas elecciones andaluzas.

La titular de Hacienda siempre sostiene que va a aguantar hasta la convocatoria electoral (las elecciones se celebrarán como muy tarde en junio del año que viene). Ella tiene algunas de las grandes carteras bajo su mando y espera, según fuentes del Gobierno, haber dejado presentadas también sus propuestas de quita de deuda y de nuevo modelo de financiación autonómica antes de abandonar la Real Casa de la Aduana.

¡Albricias! ¡Sapristi! Camaradas, hinchad el pecho: crecemos como nadie. El premio nos lo ha dado el Fondo Monetario Internacional. Casi un tres por ciento, válgame el señor. «Soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Por los corrillos no se mienta otra cosa: toca amarrar a los perros con longanizas. Suma y sigue: ¿han leído el último informe de recaudación tributaria? La prosa, amenísima. Resulta que las arcas del fisco han engordado este agosto un diez por ciento más que el pasado. Veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete millones. Calderilla.

Nuestro benéfico Gobierno, queriendo hacernos partícipes del regocijo macroeconómico, ha anunciado una nueva subida de la cuota de autónomos. La medida es reconfortante: por un módico tercio de sus impuestos, los que facturen menos de seiscientos setenta euros al mes podrán contribuir al despegue económico patrio. ¡Que nadie se sienta excluido de la bonanza!

Puede que las decisiones del gobierno más progresista de la historia requieran —para comprenderse— que uno se encarame a la atalaya de la historia; pero temiendo que el porvenir me pille cadáver, rogaría que alguien me explicase por qué la misma gente que asegura que los asalariados merecen un jornal de mil euros quiere convencernos de que los más menesterosos de nuestro gremio pueden apañárselas tranquilamente con los cuatrocientos eurillos que les quedarán tras ponerse en paz con la seguridad social.

Uno tiene que haber hecho algo terrible en alguna vida pretérita para terminar en este purgatorio de trimestrales y devengos. Terrible, digo, cuando hasta el fulano que comanda la UGT (derechita a la irrelevancia) aplaude nuestra desgracia. «Es por las pensiones», nos aseguran. Imagino que mi casero, el que compró seis pisos en los ochenta, estará pasando una jubilación estrechísima. No sé cómo se sostiene un país en el que el pensionista medio ingresa más que el trabajador mediocre, pero supongo que quien miente esa bicha palma en las elecciones.

Esta semana leíamos que el censo de trabajadores por cuenta propia registra mínimos históricos. Increíble, ¿verdad? Con lo apetecible que está ser tu propio jefe. Dan ganas de convocar una huelga de desgraciados: estamos bien repartidos aunque no seamos muchos. Tengo la consigna: no pararemos el país, ¡pero lo entorpeceremos muchísimo! Una heroica jornada de mercerías cerradas y de ultramarinos a media asta. Los periódicos, donde el que nos es becario ni está en plantilla, saldrían delgadísimos esa mañana. Los artistas, en la espera eterna de su estatuto, dejarían descansar las gubias y los pinceles. Los taxis reposarían en sus cocheras y los fontaneros caminarían con las manos caídas.

Como soy gilipollas, llevo un quinquenio sin saltarme una cuota aunque haya meses en que declare pérdidas. Pienso que redundará en el bien común que todos aportemos nuestra parte (¿les he dicho ya que soy imbécil?). Hace unos años, la benemérita agencia tributaria me armó una inspección por haber pagado el IVA cuando tocaba: la factura, dirigida a una administración, me fue abonada tras medio año de retraso y, de paso, contabilizada en el trimestre incorrecto. El día que terminaron las pesquisas dijeron en el telediario que los mangoneos pecuniarios del rey Juan Carlos habían prescrito. Mis trescientos diez euros (¡pagados, insisto!) hicieron saltar un centinela al que se le pasaron nosecuantos milloncejos eméritos. Sé que una cosa no tiene relación con la otra, pero manda narices que el anuncio del último giro de tuerca venga en medio de las disquisiciones ministeriales sobre si es buena o mala idea que los partidos suelten a sus acólitos sobres llenos de billetes.

La Fiscalía Europea ha citado como investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es en su investigación por denuncias de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez, mujer del presidente de Gobierno, según informa EFE.

Fuentes jurídicas confirman a EFE esa citación, adelantada por El Confidencial, que se produce después de que la Fiscalía Europea levantase el secreto de sumario el pasado 30 de mayo sobre esta investigación.

La Fiscalía Europea asumió esa denuncia por afectar a la adjudicación de diversos contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, dado que esta institución es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía inició su investigación en mayo de 2024 y ha llevado a cabo diferentes pesquisas, entre ellas la elaboración de informes periciales, la toma de numerosos testimonios de testigos y el análisis de documentos recibidos de diferentes instituciones y organismos.

En su momento, asumió la parte principal de la causa que había abierto el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que afectaba a las adjudicaciones de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, si bien ese magistrado posteriormente fue ampliando la causa por hechos distintos como la supuesta apropiación de un software del máster o la contratación de una asesora en Moncloa.

Barrabés fue director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos.

"Un ataque directo a la credibilidad de las fuerzas de seguridad y una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación". Es el enésimo intento de Dolors Monserrat, eurodiputada y secretaria general del PP europeo, de sembrar dudas sobre Pedro Sánchez. A través de una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea, acusa al Gobierno central de difundir bulos contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "por parte de hasta tres ministros". Esto, a su juicio, es "una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación", que pide a Bruselas que incluya en su próximo informe del Estado de Derecho.

En el PP llevan tiempo poniendo el foco en el este informe con el objetivo de que la Comisión de un varapalo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata del documento que evalúa los avances en garantías y lucha contra la corrupción del todos los países. Desde Bruselas son muy conscientes de que en España no existe ningún riesgo sistémico para el Estado de derecho, según fuentes comunitarias consultadas por infoLibre. En la UE están sorprendidos de que la polarización política sea cada vez mayor y del creciente uso del PP de las instituciones en su guerra contra el Gobierno, pero recuerdan que el último informe del Estado de derecho de la UE fue muy favorable para nuestro país, pese a los intentos de los conservadores de que fuese más crítico.

Las peticiones para que Bruselas haga algo son cada vez más directas y frecuentes. Es lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado domingo en un acto que también contó con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo —que no hizo alusión a esta cuestión—. Ayuso pidió a la Unión Europea "ponerle ya los pies en el suelo" al presidente del Gobierno y "pararle de una vez" y recriminó que mirasen tanto a "Hungría y Turquía" pero no a España: "Señores de la Unión Europea, ¡Párenlo! ¿Qué más tiene que pasar?", se preguntó la madrileña, que acusó al Ejecutivo de "perseguir" y "acosar" a la oposición.

Un mes antes, en el congreso del PP europeo celebrado en València, fue el expresidente José María Aznar el que aseguró que España está envuelta en un "retroceso democrático" y, ante la presencia de Ursula Von der Leyen, reclamó a la Comisión Europea reforzar "su acción como guardián de los Tratados", con "una actuación decidida para asegurar el respeto a la integridad del Estado de Derecho de todos los Estados miembros donde el Estado de Derecho se encuentra seriamente amenazado o directamente infringido".

Más allá de las últimas peticiones de Ayuso y Aznar, lo cierto es que el Partido Popular lleva años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Alberto Núñez Feijóo, que no le ha dado los éxitos deseados. Más bien al contrario. En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, situándolo al nivel de Polonia y Hungría, pero no ha contado con resoluciones, declaraciones ni gestos para mantener vivo ese relato.

La legislatura pasada Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea.

Pero ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento de Sánchez de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, ni la petición para investigar al Fiscal General del Estado por "obstrucción a la justicia" suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía, que contará con el aval del Tribunal de Garantías.

La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba. Los conservadores utilizaron su mayoría absoluta del Senado, conseguida en las elecciones del 23J gracias al sistema mayoritario que rige para elegir a los senadores, para intentar convencer al órgano de que diera marcha atrás en su borrador de dictamen.

En los últimos meses el PP ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, afectaría a las ayudas que recibe de la Unión Europea e incluso privaría al país de voto en su más alta institución, el Consejo. El Partido Popular ha enviado varias misivas, apoyado en las asociaciones judiciales conservadoras, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás, al menos hasta la fecha.

Lo que buscan los conservadores es que la Comisión actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial, como por ejemplo la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

La dirección de Feijóo también intentó parar el nombramiento de la exvicepresidenta y anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La que fue candidata del PSOE en esos comicios se convirtió en la número dos de facto de la presidenta Von der Leyen, dotándola de un poder que ningún comisario español ha tenido antes, pese al evidente malestar del PP. El PP maniobró hasta el punto de poner en peligro la elección de toda la Comisión. Finalmente, Ribera salió elegida aunque los eurodiputados del PP votaron en contra.

Desde los partidos que forman parte del Ejecutivo central denuncian la "estrategia del barro" que utiliza el PP en Bruselas, en palabras de la portavoz de Sumar en la Eurocámara, Estrella Galán. "No solo muestra una deslealtad enorme hacia el Gobierno y hacia las instituciones, sino también hacia toda la ciudadanía española. La realidad es que, por mucho que usen la mentira y la desinformación, hoy España es un faro para Europa Lo es en políticas de empleo y de protección de las personas trabajadoras, de las personas consumidoras, lo es, en definitiva, en políticas que mejoran la vida de la gente", sostiene Galán.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez señala que el PP, acompañado por la extrema derecha de Vox, busca "generar un estado de opinión" gracias a sus "medios afines" para que la Comisión y el Parlamento parezcan los garantes de que se cumple con el Estado de Derecho en España. "Es una contradicción muy grande por parte del PP y Vox, que son partidos que no quieren avanzar en la cosoberanía europea, pero están deseando que la Comisión se inmiscuya en asuntos domésticos", razona. Así, Galvez también cita la "politización" de las misiones de eurodiputados a diferentes enclaves de la geografía española, como por ejemplo Barbate o el Hierro, en la comisión de Peticiones. La misma comisión que ha vetado que las víctimas de la dana o los afectados por las expropiaciones de San Fernando de Henares comparezcan.

El pasado martes, nada más conocerse la exclusión de Altri del listado del Gobierno de España de proyectos que se beneficiarán de los fondos PERTE para la descarbonización, la Xunta no tardó en repetir su argumentación: el Ejecutivo central "discrimina" a Galicia y sigue "criterios políticos" y no técnicos para perjudicar las iniciativas empresariales. Horas antes, Greenfiber —la sociedad promotora de la planta que la papelera portuguesa tiene prevista en Palas de Rei— reconoció en un comunicado que se presentó a esta convocatoria de ayudas de la UE sabiendo que "no podría ser elegible por razones de plazo" a no ser que el Estado "consiguiese acordar con la Comisión Europea una prórroga". Aun así, añadió, recurrirá la decisión del ministro de Industria que deja a la compañía sin 30 millones de Europa a la espera de otros 220 que aún aspira a obtener. 

La pregunta, advierten fuentes comunitarias, es clara. ¿Qué recorrido tiene un recurso sobre la exclusión de un paquete de ayudas del que se queda fuera por no cumplir los plazos? ¿Por qué una empresa se presenta a una convocatoria sabiendo que no cumple con las fechas marcadas como límite? "La táctica es muy vieja", responden, avisando de que la "imposible" adaptación del proyecto a los tiempos que imponen los fondos Next Generation de la UE no impide que Altri (y la Xunta) mantengan el discurso de la ofensa por la supuesta "discriminación a Galicia". 

Porque, tal y como se desprende del documento del Ministerio que aclara las puntuaciones de los proyectos rechazados, el de Altri —el segundo con peor puntuación— fue rechazado, en primer lugar, porque su "fecha de finalización supera el plazo máximo señalado" en la orden de agosto de 2024 que establece las bases reguladoras de la convocatoria de los PERTE de descarbonización. 

Pero también porque no cumple con las exigencias respecto al consumo de combustibles fósiles, que "no deben ser su fuente de energía" ni como "materia prima" ni en "equipos de emergencia o similares". Además, otro de los criterios en los que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima fue el referente a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de evitarlas con recursos técnicos y mejoras ambientales, recibiendo una puntuación de 3 cuando el mínimo exigido era 7. 

En cualquier caso, el hecho de que el proyecto no estuviese en plazo dejó a Altri sin opción en este PERTE. ¿Y cuáles son los plazos? La propia empresa, en su comunicado, aclara que su participación en esta convocatoria "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea", los proyectos candidatos "se deben finalizar antes del 31 de marzo de 2026". En menos de un año. 

Se refiere a los plazos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se basa en las fechas estipuladas por la normativa comunitaria que establece este mecanismo de recuperación impulsado tras la pandemia del covid. En el texto se aclara que los pagos a los Estados sólo se hará a finales de ese año 2026 y que aquellas medidas que se vayan a ejecutar con estas subvenciones tendrán que estar finalizadas antes del 31 de agosto de ese año. En España, como en la mayoría de Estados, los plazos para tramitar las ayudas y completar todo lo requerido para los pagos están ajustados, de ahí que la fecha límite para ejecutar gastos o inversiones sea el 31 de marzo. 

Teniendo en cuenta que Altri aseguró varias veces que necesitaría unos tres años para terminar la planta y producir fibras textiles una vez obtenidos todos los permisos, y que la Xunta espera tener la Evaluación Ambiental Integrada que necesita antes de que acabe el verano, las expectativas sitúan el proyecto, como mínimo, en 2028. En el caso de que quisiera acelerar los plazos, la empresa tendría en torno a seis meses para finalizar las obras y poder recibir así los fondos de recuperación, ya sea en forma de PERTE o de otro paquete de ayudas. 

La propia UE lo deja claro en sus documentos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entró en vigor en febrero de 2021, "sirve para financiar las reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2026". Respecto a los fondos Next Generation, aclara que el plazo para ejecutarlos “finaliza el 31 de agosto de 2026”, según la normativa de dicho mecanismo de recuperación. 

"Es un castillo de naipes de manual, porque de eso se trata este proyecto, que tiene como objetivo real obtener en Galicia el eucalipto que no encuentran en Portugal. Por lo tanto, Altri no cumple con los plazos ni del PERTE ni de ninguna otra subvención del Plan de Recuperación que demandan", explica el eurodiputado gallego del PSOE gallego, Nicolás González Casares, que advierte, con ironía, de los "pequeños detalles" que Greenfiber tendría que solucionar ya, como la conexión a la red eléctrica. 

"Incumplieron las reglas conociéndolas desde el minuto cero", añade Casares, quien supone que la Xunta "seguirá con el lamentable rol jugado en toda esta historia y buscará culpar al Gobierno central si Altri no logra lo solicitado". "Acusarán al Estado de marginar a Galicia por no dar 250 millones de euros a fondo perdido a una industria que no puede ejecutar esos fondos en tiempo, incumpliendo las bases por principio", denuncia, además de advertir de la "inmadurez" de un proyecto cuya idea surgió ya en 2020.

Además, ya antes, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, había advertido del "posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas" por parte de Altri y de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar el proyecto. Ante la exclusión del PERTE, asegura que el Estado sabe que su inclusión supondría inmediatamente "la apertura de un procedimiento de infracción en Bruselas". "Esa es también una de las claves", asegura. 

Pero Altri denuncia que el Gobierno español podría pactar una prórroga de los plazos en la UE. "Es un wishful thinking, un pensamiento ilusorio, no tiene sentido", explican fuentes comunitarias, que advierten de lo que supondría activar ese cambio. Nada más y nada menos que reformar un reglamento, el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y para esto necesita que lo proponga la propia Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, y que lo aprueben (y sean convencidos) cada uno de los 27 Estados del Consejo y sea enviado al Europarlamento para recibir el visto bueno de la cámara, además de la convocatoria de un trílogo (negociación entre esas tres partes) para adaptar el texto. 

"Casi nada", insisten las mismas fuentes, que aclaran que "no tiene ningún sentido" algo así teniendo en cuenta que ya hay proyectos en marcha y que, además, recuerdan que hace no mucho el PP votó en contra de la exigencia de ampliar los plazos en lo que tenía que ver con las reformas impulsadas por los Estados al amparo de este mecanismo de ayudas. 

Desde la Eurocámara insisten en que en la UE hay ahora mismo "otras prioridades" antes que las ayudas vinculadas al proyecto de recuperación tras la pandemia, que tienen desde hace tiempo como fecha de caducidad el años 2026 y, además, prorrogarlas supondría una pérdida económica que pocos Estados aceptarían. La pregunta, explican las mismas fuentes, es "qué hicieron Altri y la Xunta desde que se anunció la intención de ejecutar un proyecto hasta que se implementó, teniendo en cuenta que sabían perfectamente cuáles eran los plazos de los fondos europeos". 

Ante la imposibilidad de Altri de acceder a los fondos Next Generation o vinculados al mecanismo de recuperación del covid, como aseguran varias fuentes comunitarias, deja a Altri con pocas opciones. ¿Las tiene? "Pocas o ninguna", insisten, en referencia a los IPCEI (Important Projects of Common European Interest), proyectos de interés común europeo que reciben ayudas extraordinarias si contribuyen claramente a los objetivos de Bruselas, que tengan un impacto significativo en la competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de valor de la UE. También en el caso de involucrar a varios Estados o con beneficios que "no se limiten a las empresas o sectores en cuestión, sino a toda la economía o sociedad europea a través de efectos indirectos positivos", según aclara la UE.

En este caso, "el proyecto tendría que estar vinculado a un sector estratégico y tendría que ser el Estado el que solicitara su inclusión en esas ayudas", aseguran las mismas fuentes, que también advierten del "procedimiento extremadamente complejo" que conlleva y de la dificultad que tendría para no incumplir las normas de competencia comunitarias.

El proyecto para construir una macrofactoría de celulosa en Palas (Lugo) es, según el ministro de Industria, Jordi Hereu, "un proceso sujeto a un gran debate social y político", pero para su ministerio un "caso más" y son criterios "estrictamente técnicos" los que han dejado fuera a Altri del Perte de descarbonización, decisión que la empresa recurrirá, según informa EFE.

La compañía lusa "tiene derecho" a alegar, ha añadido Hereu este miércoles en Madrid en la inauguración de Motortec, donde ha asegurado que, al igual que otras empresas, Greenfiber (la sociedad promotora del proyecto Gama, formado por Greenalia y Altri) "no ha obtenido la puntuación mínima para la evaluación, ni tampoco ha sacado la puntuación (necesaria) en todos y cada uno de los parámetros". "Como siempre, en cualquier Perte, hay empresas que ganan y empresas que no llegan a la puntuación debida", ha explicado el ministro, que ha insistido en que la resolución responde a una "evaluación estrictamente técnica y en base a esto las empresas tienen el derecho a alegar, como en cualquier otro proceso".

Según Hereu, los cinco proyectos que han ganado y que recibirán más de 90 millones de euros en ayudas de los fondos europeos, lo han hecho "en función de un criterio objetivo", ya que los Perte "siempre son procesos de evaluación técnica". Ha defendido el ministro, por tanto, que el papel del Ministerio es evaluar objetivamente los procesos industriales que se presentan.

"Las empresas tienen todo el derecho a presentarse a los procesos de evaluación y nosotros la obligación de evaluar desde el punto de vista técnico todos los proyectos y esto afecta a Altri y a cualquier otra propuesta industrial que se haga", ha subrayado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, corroboró en la noche del martes que el Gobierno dejaba fuera a Altri.

En su cuenta de Bluesky, Díaz validó la noticia adelantada por eldiario.es en la que se indicaba que la compañía portuguesa no tendrá ni un solo euro de los 30 millones solicitados al no estar incluida en la lista de beneficiarios. "Siempre hemos dicho alto y claro: Altri No. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno", escribió Díaz.

La Xunta ha afeado la "poca seriedad" observada respecto a este tema. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha comentado a la prensa en el Parlamento, que acoge la primera jornada del debate de política general, que siente "decepción" y que nota tanto "poca seriedad" como "poca tecnicidad" ante lo que ha calificado como la "nueva moda" de confirmar por una red social que una compañía va a quedar fuera de unas ayudas.

Que haya corroborado esta información "la líder de una facción del Gobierno" evidencia, para esta representante, que "claramente" los criterios de distribución son "políticos".

El presidente Alfonso Rueda ha reprochado al Ejecutivo central su afán por "buscar pretextos". "No toleraremos discriminaciones ni exclusiones basadas en excusas de mal pagador", ha advertido.

Greenfiber, la sociedad promotora del proyecto Gama, ha avanzado en un comunicado que recurrirá la resolución de dejar a esta iniciativa fuera de los fondos a los que aspiraba para financiar una parte de las instalaciones proyectadas.

Además, ha puntualizado que “la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de Gama” en esa convocatoria.

La portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, Zeltia Laya, ha celebrado la noticia de la exclusión, pero ha pedido "no bajar la guardia”. Ha recordado en declaraciones a la prensa que “30 millones no son nada para ellos, calderilla”, habida cuenta de que la sociedad promotora del proyecto Gama reclama 250 millones de fondos públicos para afrontar una inversión total que podría superar, según datos de la propia empresa, los 1.000 millones de euros.

Hace tiempo que la derecha convirtió al jefe del Ministerio Público en una pieza clave a derribar en su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Alberto Núñez Feijóo reprobó a Álvaro García Ortiz en el Senado —donde cuenta con mayoría absoluta— como si de un político más se tratase y también lo intentó en el Congreso, en ese caso sin éxito. Desde hace unas semanas el Partido Popular ha trasladado esa ofensiva a la Comisión Europea a través de su portavoz en el Parlamento, Dolors Montserrat, que ya ha remitido dos cartas al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que analice la imputación del Fiscal General como una "desviación del Estado de Derecho" en España. "No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho", escribe Monserrat en esta segunda misiva.

El PP insiste en la vía europea para desgastar al Ejecutivo de Sánchez pese a que, hasta ahora, sus intentos han derivado en un fracaso en diferentes frentes. También, por el momento, por lo que respecta al propio García Ortiz, ya que McGrath no respondió a la primera carta de la dirigente del PP, a la que también recibió en persona el pasado 21 de enero. "La permanencia del Fiscal General, pese a su imputación, podría vulnerar el principio de independencia judicial", asegura Montserrat, que aprovecha el escrito para cargar también contra el el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde-Pumpido. "El Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado", señala la conservadora, en referencia a la amnistía y al hecho de que el magistrado conservador José María Macías, fuera apartado tras haberse a favor de la inconstitucionalidad de la norma y haber participado en el proceso legislativo con un informe contra ella enviado al Senado durante su tramitación.

La formación de Feijóo lleva meses presionando para que García Ortiz dimita bajo el argumento de que es el "ministro número veintitrés" del Gobierno. Una ofensiva que se recrudeció después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarle por una supuesta revelación de secretos en relación con la filtración de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bajo el foco del juez, la publicación de la denuncia contra el empresario por fraude fiscal y de un correo y una nota que desmintieron que la Fiscalía buscase un pacto con él, como trataba de imponer mediáticamente el jefe de Gabinete de Ayuso. Se trata de un caso con acusaciones particulares y populares. Y, entre estas últimas, se encuentra Manos Limpias, representado por un asesor del PP en el Senado.

Al elevar la queja a Bruselas, lo que busca el PP es retratar al Gobierno de España como un Ejecutivo que intenta someter a los jueces y poner fin a la independencia del poder judicial. Dos acusaciones que, de ser ciertas, con seguridad derivarían en sanciones, como las que la Comisión ya ha dictado contra algunos países, como Hungría y Polonia. "Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea. La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas", subraya Montserrat en su carta a McGrath. "Señor comisario, en estos momentos geoestratégicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen de nuestras instituciones, es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional", finaliza.

La estrategia del Partido Popular no es nueva. Lleva años situando su batalla contra Sánchez en Bruselas siguiendo los pasos del antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, que tampoco obtuvo los éxitos esperados. Una y otra vez, la formación conservadora ha pinchado en hueso. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, la reforma de las pensiones, la crisis medioambiental de Doñana, la Política Agraria Común (PAC) o las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Lo más cerca que ha estado el líder del PP de asestarle un golpe al Gobierno de Sánchez fue a raíz del nombramiento de la exministra Teresa Ribera, pero finalmente tampoco logró su objetivo.

Sobre los magistrados del Constitucional, el 'modus operandi' fue el mismo que con el Fiscal General. Monserrat trató de que Bruselas se pronunciara sobre la elección de Juan Carlos Campo, exministro de justicia, y a Laura Díez, exalto cargo del ministerio de presidencia, como miembros del Constitucional. Los conservadores denunciaron que se trataba del "último asalto institucional" del Ejecutivo español. "Este movimiento supone una violación de los continuos llamamientos de la Unión Europea a los Estados miembros para que garanticen la independencia judicial", avisaba la portavoz del PP en una carta dirigida al entonces comisario de justicia, Didier Reynders. Su respuesta, no obstante, no fue la que los conservadores esperaban: "No es el único país en el que se da esta situación", indicó Reynders tras ser cuestionado sobre si esa decisión iba en línea con las recomendaciones de Bruselas.

Uno de los principales problemas que tiene el PP es, por un lado, el papel de Sánchez como referente de la socialdemocracia europea y, por otro, la falta de aliados para lograr imponer un relato en su contra. Génova lo apostó todo por la amnistía. El pasado año el líder la oposición española se empleó a fondo para convencer a sus socios europeos de que España estaba rompiendo las reglas del Estado de Derecho, al igual que ahora. Su hoja de ruta pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba.

La UE ya advirtió de que seguiría el criterio marcado por el órgano consultivo del Consejo de Europa que la Comisión utiliza como fuente de autoridad para saber quién cumple y quién no los estándares de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. El borrador no le dio la razón al PP y validó el planteamiento político del gobierno, aunque sí expuso algunas salvedades. El dictamen frustró las expectativas de Feijóo, convencido de que con un pronunciamiento del organismo declarando la amnistía contraria a las normas jurídicas europeas, Bruselas haría frente a Sánchez. En el informe sobre el Estado de derecho de la UE publicado el pasado año, la Comisión pasó de puntillas sobre la amnistía y únicamente destacó que la norma "suscitó polémica" por abordar "una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho".

El Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación el PP mantuvo bloqueada durante cinco años y medio en base a decenas de condiciones, siempre ocupó un lugar privilegiado dentro de la ofensiva por europeizar cada debate nacional. Casado, por ejemplo, no dudó en trasladar a las instituciones comunitarias el plan del anterior Gobierno de reformar la ley que regula el funcionamiento del CGPJ para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese vetar la renovación de dicho órgano siempre que hubiese un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Ahí sí, la Comisión Europea expresó sus dudas. Y al Ejecutivo no le quedó más remedio que dejar su iniciativa guardada en un cajón, pese a la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo que sí apostaban por esa fórmula.

Feijóo, sin embargo, no logró que Bruselas aceptara su exigencia de reformar el sistema de elección del órgano, de forma que los propios magistrados fueran quienes eligieran a los vocales de procedencia judicial, como condición sine qua non para la renovación. La Comisión repetía una y otra vez que lo prioritario era la renovación del Poder Judicial y que, sólo una vez se cierre ésta, se podrá hablar de cambios en el sistema de elección. El acuerdo, ratificado en jun en base a la ley actual, dejó la designación en manos del Congreso y el Senado. El acuerdo rubricado por ambas formaciones no estableció un cambio en su funcionamiento, como al que aspiraba el PP, sino que dejó en manos del CGPJ "la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los vocales".

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

El Partido Popular quiere más fondos europeos para sus autonomías y los quiere ya. Así lo reclamó su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado viernes al Gobierno en el acto organizado junto a sus barones en el palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. El conservador exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pusiera "de inmediato a disposición de las comunidades" 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation después que el Tribunal de Cuentas europeo alertara de que tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas han llegado a sus destinatarios finales, aunque nuestro país no es de los que salió peor parados.

Una petición en la que ha vuelto ha incidir este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, y ha trasladado el vicesecretario económico de la formación, Juan Bravo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta. Según el vicesecretario de cultura del PP se trata de una "propuesta clara" para inyectar 18.000 millones de euros en las autonomías "para que así puedan disponer de un mayor montante para sufragar los servicios públicos de los ciudadanos". "Consideramos imprescindibles esos fondos para, por ejemplo, para dar respuesta a la vuelta al cole que ya alcanza máximos históricos en el gasto de nuestros ciudadanos", explicó en rueda de prensa desde la sede de Génova 13.

Sin embargo, ni la "inyección" es inmediata, ya que el destino de las ayudas es finalista y está condicionado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en junio de 2021 por Bruselas, ni puede utilizarse para el "gasto corriente" de las autonomías. "Esos fondos no se pueden utilizar para el gasto común de las autonomías, es un dinero tasado que tiene que ser aprobado por la Comisión y que se vehiculiza a través de inversiones concretas", explica a infoLibre Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). "No se pueden utilizar los fondos de manera discrecional", resume.

Una idea en la que también incide Pablo Simón, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. "Esos ingresos no los puedes utilizar pagar nóminas o construir hospitales. Lo que sí puedes es tratar de utilizar esos fondos para, por ejemplo, cambiar el sistema de electrificación en un hospital para que sea más sostenible e instalar placas fotovoltaicas", expone a este periódico. Se trata, incide Simón, de proyectos que deben estar "debidamente presupuestados" y que tienen que cumplir con todos los requisitos acordados con Bruselas.

Así, ambos expertos inciden en que esa "inyección" no depende tanto del Gobierno central sino del visto bueno de la Unión Europea y que no puede hacerse de manera "inmediata" como reclaman Feijóo y sus colaboradores, sino que lleva un largo proceso burocrático detrás. "El gran problema es que el ritmo de ejecución es muy lento, porque hay que sacar pliegos, hacer proyectos e ir paso a paso", asegura el profesor de la Universidad Carlos III. El economista añade que se trata de un "procedimiento reglado" y que, además, son las propias autonomías las encargadas de "definir las líneas concretas de inversión".

La respuesta económica a la pandemia por parte de la Unión Europea tuvo nombres y apellidos: los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, los conocidos como Next Generation. Unos fondos que España fue el primer país en recibir en 2021 y que implican, en total, recibir 140.000 millones de euros hasta 2026. De ellos, cerca de 70.000 millones en forma de transferencias a fondo perdido, y el resto como préstamos y créditos que se deberán reembolsar.

Estos fondos, sin embargo, se están ejecutando poco a poco: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas ha llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas de la UE. "Tenemos un funcionariado desbordado y muchos municipios pequeños que no saben cómo gestionarlos e incluso renuncian porque hay unos plazos marcados porque no pueden cumplirlos", admite Simón.

El propio informe del Tribunal de Cuentas lo recoge en su informe y señala que, en un primer momento, se infravaloró el tiempo necesario para llevar a cabo las medidas planeadas y cita también la elevada carga administrativa como una de las causas que está ralentizando el avance. Según un reciente análisis del 'think tank' EsadeEcPol, desde 2021 hasta el cierre de enero de 2024, de los 80.000 millones asignados a España, se han “convocado 56.344”, esto es un 70%, y se han “concedido 32.925 millones”, el 41%.

Fuentes populares se amparan en esos datos para concluir que "la gestión de los fondos está siendo muy caótica": "Van con retraso, la ejecución es bajísima y la cogobernanza tan reclamada es inexistente. Hay un margen enorme para poder rehacer y gestionar bien los fondos. Ni siquiera están todas las transferencias", alegan. Por su parte, desde el Gobierno aseguran que las autonomías "ya han recibido casi 27.000 millones de euros y parte de ese dinero aún no se ha ejecutado" y citan el ejemplo de algunas comunidades como Andalucía, "que incluso han llegado a devolver dinero de los fondos europeos" para financiar la educación de 0 a 3 años.

A juicio de las fuentes consultadas en el ministerio de Hacienda, la propuesta del PP carece de sentido. Así lo trasladó la ministra del ramo recientemente en X. "La propuesta estrella de Feijóo es que el Gobierno central transfiera a las comunidades autónomas 18.000 millones del Plan de Recuperación de la UE a “fondo perdido”. ¿Nadie en el PP sabe que los fondos europeos están totalmente asignados por cada uno de sus componentes y se están ejecutando?", escribía Montero.

Tanto Simón como Santacruz coinciden en que el PP no puede reclamar esos fondos de manera inmediata y sin presentar los proyectos condicionados al Plan de recuperación. "No se trata de un dinero que corresponda a las autonomías, sino que corresponde a los proyectos que presenten", señala el economista. "Si quiere, el PP puede pedirle al Gobierno central una transferencia condicionada. Es decir, una inyección puntual de dinero asociada a un determinado gasto, pero esto de los fondos no tiene sentido", completa Simón. Es más, al politólogo le recuerda a cuando el antecesor del Feijóo en el cargo, Pablo Casado, afirmó que se podría el dinero de los Next Generation para la cubrir el coste de los desperfectos tras el paso de la borrasca Filomena.

La Comisión Europea quiere utilizar la próxima programación del presupuesto comunitario, las conocidas como “perspectivas financieras”, para dar un vuelco en el control del uso que se da a los fondos estructurales para que cada euro que se gaste esté ligado a reformas o a inversiones, lo que se hace con los fondos del Next Generation que, sin aplazamientos, deberán gastar como muy tarde a finales de 2026.

Los fondos estructurales apoyan los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Nacidos en los años 80, van a cumplir 40 años sin haber logrado su función, la de hacer que las regiones más pobres de la Unión Europea alcanzaran el nivel de desarrollo de las más ricas. Suponen más de 350.000 millones de euros en el período 2021-2027 y están divididos en cinco capítulos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (independiente de los fondos de la política agrícola común) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Según una exclusiva del diario británico Financial Times, el próximo presupuesto plurianual europeo, que podría rondar los 1,2 billones de euros para siete años, se diseñará con esa idea de ligar los fondos a reformas e inversiones. Las perspectivas financieras del período 2028-2034 empezarán a discutirse a finales de este otoño, en cuanto los nuevos comisarios tomen posesión de sus cargos y empiecen a trabajar. Es una de las negociaciones más complejas y tensas de las que pueden vivirse en Bruselas, porque los gobiernos se juegan miles, cuando no decenas de miles de millones de euros al año y las prioridades de gasto de unos no coinciden con las de los otros. En períodos anteriores han hecho normalmente falta preparativos que sobrepasaron el año y negociaciones de meses, finalizadas con varias cumbres europeas de alta tensión.

El argumento para la reforma de los fondos es viejo. Quienes la defienden aseguran que algunos países no hacen las reformas que convertirían los fondos en más efectivos. Se refieren a reformas laborales o de pensiones. Son las ideas de siempre de mejorar la competitividad económica a través de ajustes en salarios o pensiones. Pero la Comisión Europea les toma el brazo para copiar el sistema de condicionalidad de los fondos del Next Generation y añadir, con esas reformas, exigencias de inversiones en ciertos asuntos.

Además, lo más probable es que los fondos estructurales sean menos. Ahora mismo, se gasta aproximadamente un tercio del presupuesto comunitario en ellos, otro tercio en política agrícola común y otro tercio en todo lo demás, como innovación, ayuda al desarrollo o el funcionamiento de las instituciones europeas.

España es ejemplo para lo bueno y para lo malo. En Bruselas se ve como un éxito haber forzado al país a hacer la reforma laboral a cambio de buena parte de los fondos del Next Generation. España crea empleo pero, sobre todo, lo hace reduciendo rápidamente la temporalidad. España es también mal ejemplo del uso de los fondos estructurales porque durante décadas fue de los países que más recibió, y todavía recibe, y la diferencia de renta entre sus regiones más pobres y las más ricas de Europa se redujo menos de lo esperado.

Bruselas tendrá grandes obstáculos. Para empezar, algunos de los grandes son todavía beneficiarios de esos fondos, como Italia, España o Polonia. Y sobre todo tendrá la oposición de los gobiernos del este. A finales de la década de 1990 se les prometió que de entrar en la Unión Europea, como deseaban desde la caída del Muro de Berlín, tendrían que abrir sus economías a la competencia del mercado común. Eran países que habían pasado por décadas de proteccionismo comunista y economía planificada y temían que su industria no soportara la competencia. Lo hicieron sólo a cambio de recibir fondos estructurales en cantidades que para algunos equivalían a casi el 5% de su PIB. 20 años después se les va a decir que esos fondos tendrán otras normas. Financial Times cita a un diplomático que asegura que “la única forma de convencer a los contribuyentes netos (países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Francia o los escandinavos) para que contribuyan más es poner más condiciones a los receptores”.

La bronca será larga y la primera propuesta debería ser presentada el año que viene. Los gobiernos regionales y los ayuntamientos perderían peso porque los fondos dependerían de planes presentados por los gobiernos nacionales, como ocurre con el Next Generation. El próximo comisario o comisaria de administración y presupuestos tendrá una dura tarea por delante. Polonia aspira al cargo.

La agresión armada de Rusia a Ucrania está cambiando los equilibrios de poder europeos. Más allá del mayor peso político y diplomático que han obtenido en Bruselas los gobernantes de países del centro y el este del continente, sus prioridades estratégicas giraron. El mayor de ellos, Polonia, está convirtiéndose rápidamente en una potencia militar que podría rivalizar con las mayores de Europa. El proyecto de presupuestos para 2025 del Gobierno polaco del conservador y europeísta Donald Tusk, que sucedió a los ultraderechistas del PiS del primer ministro Mateusz Morawiecki, contempla un aumento de 0,6 puntos de PIB del gasto en Defensa para llevarlo hasta el 4,7% del PIB, el mayor de la OTAN en proporción a su PIB, casi cinco veces más que el gasto español.

El cambio político en Varsovia hizo girar al país en su relación con sus socios europeos, pero en cuanto a Defensa sólo sirvió para reforzar una tendencia que había lanzado el PiS. La diferencia ahora es que Tusk, usando el argumento de que Polonia defiende buena parte de la frontera oriental de la Unión Europea, que una parte de ese gasto sea financiado con fondos europeos, porque Polonia está entre los seis países a los que la Comisión Europea abrió en junio un procedimiento por déficit excesivo. Debe ajustar gasto a la vez que sigue aumentando el militar. Por eso Polonia pretende que Bruselas se haga cargo de al menos una parte de la factura. Fuentes comunitarias explicaron a infoLibre que ha habido conversaciones pero que no hay una decisión todavía tomada.

Varsovia mira con aprehensión a Moscú. Rusia no se ve igual desde la capital polaca, a unos pocos cientos de kilómetros, que desde Madrid, Roma o Lisboa. Por eso el aumento del gasto militar, que del 2,4% de 2022, superó el 3% en 2023, alcanzó el 4,1% en 2024 y rozará el 5% en 2025. Episodios como la caída en territorio polaco de restos de cohetes ucranianos que intentaban derribar misiles rusos hizo que las decisiones de aumento del gasto militar fueran cada vez menos impopulares.

Su potencia militar es un secreto a voces. El Ejército de Tierra polaco está cerca de equiparar en medios y hombres al francés o al británico y ya está por delante del alemán, el italiano o el español. La mayor parte de su gasto se centra en medios que defiendan al país de un ataque desde el este. Y su interés en la Armada parece menor a la vista de dónde invierte y porque su costa del Báltico está protegida por el despliegue de la OTAN.

Tusk no cambió las prioridades de Morawiecki, que había dicho en 2022 que “el Ejército polaco debe ser tan poderoso que no tenga que luchar”. El entonces ministro de Defensa, Mariusz Blasczak, dijo en julio del año pasado: “Tendremos las fuerzas terrestres más potentes de Europa”. Llegado al poder en diciembre pasado, Tusk mantiene esas políticas.

Las Fuerzas Armadas polacas crecen y se modernizan lo más rápido que el país puede permitirse. Casi dobla en número de tanques y piezas de artillería a Alemania. Con menos de la mitad de población que su vecina, Polonia puede movilizar a 170.000 soldados, que serán 300.000 a mediados de la próxima década si sigue adelante con sus planes. A esos números, muy superiores a españoles o italianos, suma que desde hace años decenas de miles de jóvenes, varones y mujeres, realizan formación militar algunos fines de semana al año. Son miembros no permanentes de una milicia ciudadana a la vez que trabajadores o estudiantes.

La idea serviría para, en caso de conflicto, poder movilizar, como hizo Ucrania, a decenas de miles de civiles con conocimientos militares. También gasta cada vez más en material para modernizar una Fuerzas Armadas que todavía en 2022 tenían tanques de fabricación soviética en sus arsenales. En 2023 Varsovia firmó un contrato de 4.900 millones de dólares para comprar 250 tanques Abrams estadounidenses y 4.600 millones más para 32 aviones de combate F-35. En Corea del Sur ha encargado más de 10.000 millones de euros en armas en los últimos años, sobre todo piezas de artillería y más tanques.

La OTAN aplaude a Polonia y la Unión Europea no dice nada al respecto, aunque le gustaría que el gasto militar se hiciera sobre todo en la industria europea, no principalmente en la estadounidense e incluso en la surcoreana.

Cataluña ha sido tradicionalmente uno de los principales motores económicos de España. Con una población de 7,7 millones de habitantes, la mayor después de la de Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la comunidad que más produce y su Producto Interior Bruto (PIB) superó los 255 millones de euros en 2022; como sobrepasa en casi 5.000 euros anuales la media estatal su PIB por habitante. Pero en los últimos años la economía catalana ha ido perdiendo fuelle a favor de la de Madrid, región que ahora ocupa la primera posición del ranking. Su aporte al PIB nacional no llega ya al 20%, que sí alcanzó en años anteriores.

La tendencia continuada a ejercer de cabeza tractora del conjunto de la economía española se ha ido quebrando con el tiempo debido a múltiples factores como el retroceso de la industria y la innovación, para dejar más peso a otros sectores como el turismo donde han surgido problemas de masificación; y durante la pandemia Cataluña sufrió más que otros territorios del Estado. En el análisis no se puede obviar que en 2012 arrancó lo que, a juicio de fuentes del ámbito económico, ha “repercutido sin duda” en la economía de ese territorio: el procés independentista, durante el que “más de 7.000 empresas se dieron a la fuga”, recuerdan, y que aún no se ha desactivado del todo.

De hecho, PwC recabó la visión de presidentes, consejeros delegados y otros altos directivos de las grandes empresas catalanas para su informe Temas candentes de la economía catalana y detectó que había “un sustrato común" de asuntos de debate que permitían identificar “los principales problemas” económicos. “La incertidumbre generada por el conflicto político con el Gobierno central” asomó entre los que más preocupaban dentro del fluir de opiniones. “Los directivos consultados creen que en el momento más caliente del enfrentamiento, en el último trimestre de 2017, se resintieron algunos indicadores, como la demanda de turismo o de bienes de consumo”. Y aunque pensaban que los efectos negativos podrían ser “transitorios”, sí existía la idea generalizada de que "se han perdido oportunidades de inversión difícilmente recuperables”, lo que los representantes del empresariado sumaron a “la falta de iniciativa legislativa de la Generalitat”, de acuerdo a lo recogido en el mencionado documento. 

En ese sentido, fuentes socialistas defienden que durante “la más de una década donde la prioridad ha sido la independencia, no lo han sido las infraestructuras, la planificación económica estratégica...”. “Se ha vivido con la inercia de atrás”, dicen, para dejar resbalar que “ahora hay una oportunidad, en el contexto del reparto de fondos europeos, de que la expansión económica de Cataluña vuelva a coger ritmo e impulso -sólo el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 742 millones de la UE a proyectos de inversión en aquella comunidad-, lo que redundaría en toda España, de la misma manera que, cuando la economía alemana va bien, le va mejor a Europa”, ejemplifican.

Dejados los muros fronterizos a un lado, las fuentes sondeadas consideran que el que Salvador Illa, a quien definen como “moderado” y “socialdemócrata”, sea el presidente de la Generalitat “contribuirá a la estabilidad política y ésta, a su vez, a la económica”, aseveran. “En Cataluña ha habido históricamente mucha innovación y desarrollo, con lo que tiene las condiciones naturales para que vuelva a haberlo. Sólo necesita estabilidad política, porque lo demás, inversores que volverán a estar interesados, maquinaria, background… ya cuentan con ello”, inciden quienes auguran un nuevo proceso “de reimpulso a la industria, la tecnología, la automoción o las energías limpias, donde se han quedado muy atrás”. De hecho, según fuentes del sector, “a este paso, la energía eólica terrestre no llegaría ni a la mitad de los objetivos de lo planificado para el año 2030 en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat). Y en el resto habría que avanzar igualmente mucho más rápido”, advierten. 

Para el ex rector de la UNED Juan Gimeno, la estabilidad política “es condición más necesaria que suficiente” de cara a que pueda producirse un nuevo resurgir económico catalán. Lo que sí tiene claro es que “el horizonte es más prometedor para Cataluña y para España en su conjunto”, en lugar de delineados por separado ambos territorios. Gimeno confía en que “Junts se desinfle” y en que “el ruido por los temas catalanes vaya disminuyendo”, lo que supondrá “más oportunidad para las políticas de interés ciudadano en Cataluña y en España”. “Pero no sé si es sólo optimismo por mi parte”, confiesa.

Los futuribles bríos económicos y el que la comunidad “pudiera ser un mayor actor en el mercado interno español para el resto de regiones” podrían ayudar, además, “a compensar el que Cataluña pueda contribuir menos al sistema de financiación”, en el caso de salir adelante el llamado concierto catalán o “financiación singular”, anotan las fuentes políticas consultadas, que, en cualquier caso, descartan que "se vaya a saltar la solidaridad territorial".

Desde la esfera económica recuerdan que el traspaso de ingresos desde el Estado a Cataluña, “la parte compartida de impuestos, el 50% de IRPF, el 50% IVA y el 48% de los impuestos especiales, supone unos 30.000 millones”. A ello habría que agregarse el trasvase anual de la caja común estatal de entre 6.600 a 13.200 millones que, según un primer cálculo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), podría conllevar el modelo de financiación singular pactado entre PSC y ERC para desbloquear la investidura de Illa. Lo que no podría utilizarse para llegar ahí es el argumento de que Cataluña está infrafinanciada, según esa entidad.

En el informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado año a año por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se refleja que no es así, ya que Cataluña se ha situado siempre más o menos en la media en cuanto a recursos efectivos por habitante y, en concreto en 2022, se colocó ligeramente por encima con 3.396 euros por persona, frente a los 3.365 del promedio del país. En su caso, tras registrar unos ingresos iniciales de 28.000 millones, se quedó con una financiación efectiva de 25.912, lo que dio lugar a un saldo neto negativo de 2.088 millones, lejos de los 7.395 que aportó al sistema Madrid, comunidad que tras lograr unos ingresos tributarios homogéneos de 29.393 millones, tuvo una financiación efectiva de 21.998, tras aplicarse los ajustes del sistema.

Hay investigaciones que parten de lo que esperan hallar y chocan con lo que hallan. El fondo Next Generation europeo aprobado en respuesta a la pandemia ha contado con una pata fundamental: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en España se ha encauzado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gracias al cual se ha regado al país de ayudas europeas y préstamos blandos desde 2021. En él han puesto su mirada los profesores y autores del trabajo El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Una perspectiva regional. Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas analizan la aplicación de esos recursos para concluir que, aunque el PRTR se concibe como un “plan de país”, se ha obviado a las regiones "en su concepción”.

“Se observa una ausencia significativa de participación de las comunidades autónomas en su planificación, lo que conlleva la falta de análisis previo de necesidades a nivel nacional y regional”, se asevera en el documento de trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Y se añade: “Esta situación limita la capacidad de diseñar estrategias de política económica y social adecuadas a cada contexto regional”. Los fondos se han asignado “de manera horizontal y homogénea, sin tener en cuenta” las particularidades de las distintas áreas del mapa nacional y las regiones han recibido con cierto retraso aproximadamente el 40% de los recursos comprometidos, lo que ha disparado la circulación de transferencias de capital, los ingresos, en relación con cualquier periodo precedente, según Fernández y Lago. 

De lo que tampoco tienen duda tras sus cálculos es de “la nula relación entre el nivel de desarrollo regional, estimado por el PIB –Producto Interior Bruto– per cápita, y la asignación de fondos por el PRTR”. “Podemos justificar que al inicio, por la premura de tiempo para lograr que Europa aprobara los fondos no estuvieran presentes las comunidades”, traslada Fernández Leiceaga a infoLibre, pero “es muy llamativo que no se tenga en cuenta para nada el nivel de desarrollo de las comunidades” a la hora de “primar a aquellas que tienen uno más bajo, porque era lo tradicional en términos de política regional en España y existe un mandato constitucional además en ese sentido”, defiende.

“Normalmente –enlazaª la política de desarrollo regional ha tendido a priorizar la inversión pública en aquellas comunidades menos desarrolladas para las que se hacía un esfuerzo adicional con el fin de promover la convergencia en términos de renta por habitante y de productividad entre unas regiones y otras. El objetivo debería ser que Extremadura pueda elevar su nivel de desarrollo y ponerse más próxima a Madrid o Galicia a Cataluña, pero esto aquí no ocurre”, avisa. En otras palabras, consideran que la distribución regional de estos fondos europeos no favorece la convergencia interna ni la cohesión territorial.

Lo que sí desmontan es la crítica formulada desde algunas regiones y ayuntamientos de que la Administración central, el Estado, las discrimina y se ha reservado la mayor tajada. “Escrutando los datos es difícil compartir este lamento”, se llega a afirmar en el estudio. Sí que “son sobre todo las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo las que reciben unas cantidades proporcionalmente mayores, salvo Cataluña”. “Las regiones para las que el PRTR asignado supera el 250% del Feder planeado -otro programa europeo 2014-2020- son Navarra, La Rioja, Madrid, País Vasco, Baleares, Cantabria, o Aragón, además de Castilla y León”. Si se pone la lupa sobre los ingresos de capital recibidos, “las diferencias son muy superiores: para Madrid los fondos PRTR multiplican por 10 los ingresos de capital medios; y cambian algunos protagonistas, saliendo Aragón, País Vasco o Castilla y León, y entrando Cataluña o la Comunidad Valenciana entre las que presenta una ratio superior a 2,5”, se sostiene en el informe consultado.

En todo caso, para el conjunto de las regiones, incluso las comparativamente menos beneficiadas que son Andalucía, Extremadura y Galicia, “la inyección de nuevos recursos para su capitalización es de una magnitud que no puede minimizarse”, quieren dejar claro.

Otra de las quejas habituales asociada al reparto de fondos europeos ha sido la existencia de sesgos ideológicos en la distribución territorial de esos recursos. En ese sentido, en el documento del Ivie se refleja que, en particular, se ha planteado que “se estaría discriminando a aquellos territorios de color distinto al del Gobierno central -integrado en los años revisados por una coalición progresista formada por el PSOE y otros partidos a su izquierda agrupados en Unidas Podemos-, utilizando criterios poco o nada objetivos”.

Los responsables del informe detectan a priori que “parece existir cierta correlación entre la coincidencia partidaria y el volumen de fondos recibidos”. Si bien, Fernández Leiceaga matiza que, aunque de inicio vieron “que podía ocurrir esto”, al aplicar varias variables a la vez, se dieron cuenta de que “eso está condicionado por el tamaño de las comunidades gobernadas por los distintos partidos, porque son sobre todo las regiones pequeñas las que reciben más”. ¿A qué se debe? “Se explica básicamente porque en muchos casos en las conferencias sectoriales, donde se hace la distribución de los fondos, se asigna una cantidad a tanto alzado por comunidad y eso acaba favoreciendo más a las más pequeñas. El resto se reparte por criterios diversos, pero como se da una cantidad igual a todas, pues es lo mismo”, anota el profesor. E incide: “Una vez que se introduce ese dato del tamaño, deja de ser significativa la ideología. A menor tamaño, mayor cantidad de fondos por habitante”, recalca.

Vincula también las conferencias sectoriales, en las que las inyecciones de fondos a los territorios “se van haciendo progresivamente”, lo que resta a las comunidades posibilidades “de planificar a varios años”; a otro hecho que han comprobado: la “velocidad desigual de ejecución” del dinero. El Estado gestiona a un ritmo superior al resto, que tampoco lo hace igual entre sí. Los autores del análisis creen que “la incertidumbre en cuanto a la asignación de fondos dificulta la puesta en marcha de un adecuado aparato administrativo de control, ejecución, certificación y verificación”. Y se apunta a que “la capacidad de ejecución de fondos europeos de desarrollo regional, que exige un aparato administrativo de cierta dimensión y unos canales con la sociedad ya engrasados, han podido ser puestos al servicio de le ejecución del PRTR, contribuyendo a que su despliegue sea ligeramente más ágil”. O dicho de otro modo: “Las comunidades que ya tenían una estructura administrativa preparada para esto, es posible que vayan más rápido”, condensa Fernández. Para el resto, la falta de un programa de actuación calendarizado y organizado complica, temen, el refuerzo del aparato administrativo que sería conveniente.

En resumen, los profesores advierten de que, aunque es innegable que “el PRTR representa una oportunidad significativa para impulsar la recuperación y transformación económica y social del país”, entienden que “es necesario abordar las deficiencias” reseñadas para “garantizar una implementación efectiva y equitativa que responda a las necesidades regionales y maximice el impacto del plan”.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha impulsado una herramienta denominada Elisa para poner a disposición de los interesados información actualizada sobre la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación. El ministro del ramo, Carlos Cuerpo, ha comunicado recientemente que ya se han desembolsado más de 38.600 millones de euros de los fondos que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, algo más del 55% del total. Sólo en el pasado mes, se han resuelto convocatorias por 900 millones y se han publicado otras por valor de 2.000, con 12.000 nuevos beneficiarios durante el mes de referencia, de acuerdo a las cifras que maneja el ministerio.

El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha señalado que ya se han desembolsado más de 38.600 millones de euros de los fondos europeos que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, algo más del 55% del total, según ha informado Europa Press.

En su comparecencia este lunes en la Comisión Mixta para la Unión Europea, Cuerpo ha señalado que ese desembolso implica que se mantiene "un ritmo progresivo y un ritmo ya consolidado, tanto en las convocatorias como en las ejecuciones". En el último mes, ha apuntado el ministro, se han resuelto convocatorias por 900 millones de euros y se han publicado nuevas convocatorias por valor de 2.000 millones, con 12.000 nuevos beneficiarios durante el mes de referencia.

El titular de Economía ha destacado en este punto la "granularidad" de la llegada de esos fondos, que están respondiendo "de manera adecuada a las necesidades del tejido productivo". En este sentido, ha remarcado que el 36% de los recursos están desembarcando en microempresas y pymes.

A renglón seguido ha comentado que otro elemento "diferencial" del Plan de Recuperación están siendo los 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en los que en torno al 50% de los fondos que han sido asignados ya están comprometidos.

Entre otros proyectos, Cuerpo ha destacado el avance del Perte para el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), donde ya se han comprometido cerca de 2.200 millones para más de 890 proyectos, como los de las gigafactorías de baterías de Volkswagen en Sagunto y la de Envision en Extremadura.

De su lado, ha remarcado que en el Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, hay más de 4.000 proyectos financiados, mientras que el Perte de salud de vanguardia tiene en total más de 11.400 millones comprometidos y más de 900 beneficiarios y el Perte de economía social y de los cuidados tiene más de 2.000 beneficiarios y 1.000 millones comprometidos.

Otro de los elementos que Carlos Cuerpo ha destacado durante su intervención ha sido los nuevos convenios que el Gobierno va a suscribir, este lunes, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para movilizar 30.000 millones de euros en inversiones verdes y para pymes y microempresas, y en los que tendrá un rol importante las entidades financieras, que van a repartir en torno al 70% de los recursos.

Estos recursos se van a vehicular mediante dos líneas, una ICO Verde, con 22.000 millones para facilitar créditos a hogares y empresas para inversiones que favorezcan la transición verde, generación de energía renovable, eficiencia energética, movilidad sostenible o economía circular; y la línea ICO Empresas y Emprendedores, que designará más de 8.000 millones de euros a financiar inversiones en el tejido empresarial.

El ministro ha remarcado que si a estos 30.000 millones de los convenios del ICO se suman los 20.000 millones del Fondo de Resiliencia Autonómica del Banco Europeo de Inversiones hacen un total de 50.000 millones para impulsar la evolución de sectores estratégicos de la economía española.

"Los resultados empiezan ya a mostrarnos que estamos haciendo de esta oportunidad una realidad, con una mejora, con una modernización de nuestro tejido productivo, gracias precisamente a las inversiones y a las reformas del plan de recuperación", ha remachado Carlos Cuerpo en su intervención.

El juez que investiga a Begoña Gómez ha cedido a la Fiscalía Europea la parte de la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos, como le había reclamado el órgano comunitario. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso este martes Europa Press, en la que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, acepta la avocación planteada por la Fiscalía Europea en la investigación abierta contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El juzgado, de esta forma, deja al órgano comunitario la competencia para investigar "exclusivamente respecto de los hechos y delitos (...) relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos".

Un movimiento que se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara, por orden de la propia Fiscalía Europea, en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación. Cabe recordar que el pasado 26 de abril se interesó por la causa y preguntó al juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En ese decreto de 26 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, el órgano comunitario pidió al instructor que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de la esposa de Sánchez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

En una providencia, a la que también tuvo acceso Europa Press, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' -sociedad del Grupo Barrabés-, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'". Ante la petición del órgano comunitario, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque entonces no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que debía determinarlo.

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de rechazar los fondos europeos y considera por tanto que "no juega en el equipo de España".

Además le ha reclamado que desautorice al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que al inicio de esta campaña electoral de las elecciones europeas dijo que Sánchez tenía como socios en política internacional a "los talibanes".

Sánchez considera que Feijóo y también el líder de Vox, Santiago Abascal, se permiten rechazar los fondos Next Generation que a su juicio están permitiendo crecer "más que la media europea" y que más de 21 millones de personas estén trabajando en España. "Yo no sé en qué equipo juega, Feijóo, pero desde luego no en el equipo de España", ha lanzado en un mitin en Sevilla, junto a la candidata Teresa Ribera.

De este modo, el jefe del Ejecutivo ha salido al paso de unas declaraciones realizadas por Feijóo en la víspera, en las que afeaba a Sánchez que presumiera de haber traído a España los fondos europeos y señalaba que eran 750.000 millones de euros de deuda que asumían los europeos.

En ese sentido, ha señalado que en las elecciones al Parlamento Europeo se va a dilucidar si los ciudadanos quieren una respuesta "antisocial" como la que a su juicio se dio a la crisis financiera o la "respuesta social" que se aplicó a la pandemia de coronavirus, a la guerra de Ucrania y a la crisis de Oriente Medio, según ha indicado.

Sánchez remarca que todas esas políticas salieron de Bruselas y por tanto ahora los ciudadanos tienen la disyuntiva de decidir si quieren volver a repetir esas "respuestas antisociales" o continuar la senda actual.

Por otro lado, ha pedido a Núñez Feijóo que "desautorice" al presidente murciano por decir que los socios de Sánchez en política exterior eran "los talibanes" después de que anunciase el reconocimiento de Palestina como Estado que se hará efectivo el martes que viene.

En este sentido, ha vuelto a defender que tomaron esta decisión igual que otros países europeos como Irlanda o Noruega y que hay 140 países que mantienen esa misma posición. Por tanto, se pregunta si todos ellos son "amigos de los terroristas o de los talibanes" como dicen algunas voces en el PP.

En el acto también tomó la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, que dijo que Feijóo "reniega de los valores" de país como el diálogo y el reencuentro y es "indistinguible" de la ultraderecha. "Abascal y Feijóo, tanto monta, monta tanto", ha lanzado.

Así, les ha acusado de llevar a cabo una estrategia de despersonalización del presidente del Gobierno "como nunca se había visto en democracia" y le ha dicho a Sánchez que lo van a "defender" y a "proteger" porque está siendo "vilipendiado" por PP y Vox.

De su lado, la vicepresidenta tercera y candidata socialista, Teresa Ribera, dijo que rechazaba "el insulto, el fango, la mentira y el juego sucio" y que haya "terraplanistas en política", utilizando una expresión lanzada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha defendido que el Gobierno de Sánchez apuesta por una agenda económica basada en el equilibrio ambiental y la justicia social que está dando oportunidades a los españoles, al tiempo que ha llamado a desterrar el "falso debate" entre ecología y economía. "Y eso lo queremos para todos los europeos", ha señalado

El mejor antídoto contra el cuestionamiento del destino de los fondos europeos es la transparencia. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que capitanea Carlos Cuerpo, ha puesto en marcha una herramienta, a la que han bautizado como Elisa, creada en colaboración con otros departamentos del Gobierno y con la Oficina Económica y de Presupuestos, que permitirá hacer un seguimiento de la implementación de los fondos procedentes de la Unión Europea “Next Generation EU”.

De acuerdo a la información de esa nueva base de datos, Cuerpo ha detallado que de los 69.528 millones que fueron adjudicados a España en transferencias en la primera fase del Plan de Recuperación, se han convocado más del 88%, es decir, más de 61.558 millones. De ellos, se han resuelto más de 34.000 millones. "Estamos a mitad de partido y hemos ejecutado prácticamente la mitad de los fondos", ha subrayado el ministro. El ritmo mensual está en torno a 1.100 millones resueltos y unos 1.500 convocados.

Los fondos europeos habrían alcanzado, según los datos de Elisa que maneja el ministerio, a 627.237 ciudadanos, instituciones y empresas, que se habrían beneficiado de 34.395 millones hasta finales del pasado febrero, a través de licitaciones y subvenciones realizadas por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos. De los fondos asignados, 24.853 millones corresponden a inversiones estatales, 7.990 están ligados a las regiones y 1.380 a las corporaciones locales.

Elisa proporcionará además información sobre la frecuencia de resolución de las convocatorias publicadas por las diferentes administraciones, aunque ésta aún no es pública en su totalidad. Si bien, según el análisis llevado a cabo por Economía, la Administración General del Estado es la más rápida, con un 55,9% de los fondos resueltos sobre los convocados, frente al 51,5% de las comunidades autónomas, y al 39,9% de las entidades locales.

Los datos territoriales accesibles ya en la web del ministerio sí confirman la distinta velocidad de ejecución por comunidades. Si se pone la lupa, por ejemplo, en el programa para el despliegue de Renovables en industria y servicios, cabe destacarse que mientras, Murcia sólo ha ejecutado el 1% de los 5 millones recibidos, Castilla y León el 2% de 23, La Rioja el 8% de 1,4 millones, Baleares el 12% de 2,9, o la Comunidad Valencina el 17% de 13,9 millones; Madrid, donde habrían desembarcado 22 millones, ha ejecutado el 88% y en el País Vasco se ha gestionado el 64% de 22,7 millones.

En medio: Navarra, destino de 7,8 millones de ese programa y punto del mapa en el que se ha ejecutado el 22%; Aragón, con el 28% de 10,7; Galicia, con el 24% de 17,5; y Asturias, que ha operado con el 44% de 2,7 millones de ese programa para renovables.

En Andalucía, de su lado, el porcentaje es del 45%, el mismo que en Cataluña, pero, a la primera arribaron 22,4 millones y a la segunda 54,6. Extremadura ha gestionado el 53% de 3 millones; Castilla la Mancha el 56% de 14; y Canarias el 59% de 4,5 millones. Sobre Cantabria no hay datos de ejecución en este apartado, en el que se le han concedido 1,6 millones.

Si se repite el mismo ejercicio comparativo con otro de los programas de los fondos europeos ligado a la economía verde, el Moves III, centrado en ayudas para desarrollar la movilidad eléctrica y por el que se han transferido a las comunidades 876 millones en conjunto, las diferencias vuelven a ser evidentes. 

En este caso es el País Vasco el que se coloca a la cabeza en ejecución, con el 81% de los 49,7 millones recibidos, seguido de Madrid, con el 77% de 169; Cataluña, con el 71% de 196,7 millones; y Galicia, con el 64% de 45,5. Tras esos territorios, a la Comunidad Valenciana se asocia un porcentaje del 55%, de 93,2 millones, a Navarra del 53% de 28,7; y a Cantabria del 52% de 10,2 millones.

Castilla y León ha ejecutado el 48% de los 40 millones relacionados con Moves III, idéntico porcentaje que Baleares, aunque en su caso logró 26,5 millones. Tras ellas, Castilla la Mancha ha gestionado el 45% de 34,4 millones, Andalucía el 43% de 105,13, Aragón y Canarias comparten el 34% de 44,6 millones y 71,6 millones, respectivamente; y La Rioja el 32% de 5,3. A la cola se encuentran Murcia, con el 28% ejecutado de 18,8 millones, Extremadura, con el 17% de 17,9 y Asturias, con el 15% de 18,5 millones. 

Elisa posibilitará, asimismo, tener la radiografía del volumen del dinero total adjudicado a cada comunidad, tanto a través de la Administración General del Estado como de los fondos gestionados por los diferentes organismos autonómicos y locales de cada región. A la luz de las cifras que maneja Economía, Madrid es la que más recursos ha percibido, con un global de 5.701,37 millones, por delante de Cataluña, con 4.949,86 y de la Comunidad Valenciana, con 3.753,61 millones de euros.

Cuerpo ha hecho hincapié, al margen de lo expuesto, en la “granularidad” o capilaridad que está consiguiendo el Plan de Recuperación en la economía, dado que el 38% de los fondos resueltos, más de 13.000 millones, han ido a parar a pequeñas y medianas empresas (pymes), microempresas, autónomos u hogares. Un efecto especialmente relevante en territorios como Castilla-La Mancha, donde, según el ministerio, el porcentaje de pymes y microempresa receptoras de fondos asciende al 56%; seguida de Asturias, con el 55% y Castilla y León, región en la que son el 50% de las entidades beneficiarias.

Del conjunto de fondos resueltos, el 20% se ha dedicado a proyectos dirigidos a desarrollar infraestructuras sostenibles, otro 20% a la modernización del tejido empresarial y un 20% a agenda urbana y rural. Esto es, el 60% estaría vinculado a proyectos para transformar la economía española.

Al tiempo que se conocen estos datos, el titular de Economía ha remarcado que el país está embarcado en la segunda fase del plan, que supone hasta 93.000 millones de euros adicionales, 84.000 de ellos disponibles en préstamos.