La justicia argentina respaldó este lunes una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, para suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables en el marco de la reforma laboral aprobada el pasado febrero por el Congreso, por lo que ordenó la suspensión provisoria de artículos que introducen cambios sustanciales al régimen laboral argentino.

Entre los 82 artículos afectados por la resolución se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la realización de asambleas, y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería jurídica para sindicatos, entre otros.

El juez resolvió, además, suspender aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.

El fallo deja temporalmente sin efecto la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y que califican de "prestadores independientes" a los trabajadores de plataformas tecnológicas.

Según la demanda sindical, la reforma establece "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical.

El juez reconoció la legitimidad del reclamo de la CGT y decidió dar lugar a esta medida provisoria, que podrá ser apelada.

Por la cantidad de artículos afectados, la medida cautelar resuelta este lunes es una de las más importantes dictadas hasta ahora en contra de la reforma laboral.

Hace apenas unos días, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) consiguió la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y la financiación sindical.

La norma también motivó al menos cinco fallos por parte de distintos jueces locales en rechazo a un artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.

La reforma laboral fue aprobada el 27 de febrero por el Congreso y promulgada apenas unos días después, en medio de sucesivas manifestaciones y una huelga general convocada por la CGT

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ratificó este miércoles que enviará al Congreso modificaciones a las leyes que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, y que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, como parte de un paquete de normas "dedicado a fortalecer la propiedad privada".

Una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, a unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de Greenpeace.

El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de mil hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país. "Inversiones como el petroleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que "hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión".

Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de 'utilidad pública' y que aumente la indemnización percibida por los expropiados. "El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno", argumentó Adorni.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares —que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales— en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.

La iniciativa ha despertado el rechazo de ciudadanos, organizaciones ecologistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas —entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie—, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y vídeos.

Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que "hay que pasar página" y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

"Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado", afirmó, al expresar que Argentina requiere unas "Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria".

Y añadió: "Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene".

El jefe de Gabinete se expresó así en una rueda de prensa horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en Argentina para pedir justicia por los 30.000 desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

En la Casa Rosada, Adorni anunció que "este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar".

"Esperamos que el Gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología", argumentó.

A continuación anunció: "El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".

Adorni, quien en estos momentos está envuelto en un escándalo por supuesto mal uso de dinero público, es desde que el ultraderechista Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, uno de sus más cercanos colaboradores.

Este martes cientos de miles de argentinos salieron a las calles de las ciudades del país para recordar la violencia y el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura, justo cuando se cumplen 50 años del golpe militar que dio lugar a una de los periodos más oscuros de la historia de este país.

Con motivo de esta simbólica efeméride, el Gobierno de Milei difundió un vídeo de casi una hora de duración con sendas entrevistas a una mujer, que fue robada cuando era bebé, y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70.

En ese vídeo, ambos entrevistados minimizan los crímenes de la dictadura y piden lo que el gobierno considera la "historia completa".

Con el lema "historia completa", el Gobierno de Milei busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado llevado a cabo durante siete años seguidos contra la población civil sin distinciones. 

“Ya no soy más una hija de desaparecidos. Ahora soy huérfana. Mi papá está muerto”, dice María Soledad Nívoli. Su padre, Mario Alberto Nívoli, secuestrado hace casi 50 años, es uno de los 12 cuerpos identificados la semana pasada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el que fuera el centro clandestino La Perla, en Córdoba. El hallazgo llega a pocos días de cumplirse 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, y en un clima dividido entre la reivindicación histórica y el negacionismo institucionalizado. Mientras que una parte de la sociedad vuelve a invocar aquel “Nunca más” que el fiscal Julio César Strassera convirtió en símbolo durante el juicio a las Juntas, el Gobierno de Javier Milei desfinancia las políticas de derechos humanos e impulsa una lectura revisionista que relativiza los crímenes del terrorismo de Estado y cuestiona el consenso construido desde la vuelta de la democracia.

Pero la condena social a la dictadura sigue siendo mayoritaria: un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que siete de cada diez argentinos la rechazan y más del 60% reconoce que fue un plan sistemático de desaparición y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cuando se consulta sobre los responsables del quiebre institucional, el 61% apunta a factores como grupos guerrilleros, el Gobierno de Isabel Perón u otras causas, y no a la Junta militar. “La investigación respalda la idea de que la condena a la dictadura es compartida, pero también advierte sobre la importancia de la transmisión intergeneracional, para evitar relativizaciones y negacionismos”, remarcan desde la coordinación del estudio.

Desde su asunción, el Gobierno de Javier Milei ha lanzado una ofensiva sostenida contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Un informe conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y otros organismos advierte que los ataques son masivos y afectan todos los ámbitos estatales vinculados a derechos humanos: la secretaría de Derechos Humanos se degradó a subsecretaría y perdió el 40% de su personal, lo que limita su actuación como querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad. El Museo Sitio de Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicados en el predio de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) redujeron funciones, días de apertura y plantilla. 

Mientras, el Gobierno puso a la venta terrenos donde funcionaron otros centros clandestinos, eliminó programas de acompañamiento a víctimas, desmanteló el Programa Verdad y Justicia y degradó el Archivo Nacional de la Memoria, con la consiguiente pérdida de personal y de permisos para acceder a archivos en poder de los militares. “Ya no existe ninguna oficina de la Administración pública nacional con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas”, denuncian en el reporte.

Estas medidas también impactaron en la política de búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura, con la eliminación de la Unidad Especial de Investigación (UEI), encargada de realizar investigaciones prejudiciales y acceder a archivos estatales. “Que no se restituyan identidades significa que no se conozca quiénes son responsables de estas apropiaciones”, dijo en diálogo con Página12 Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.

En este contexto, los organismos de derechos humanos llaman a marchar este 24 de marzo bajo la consigna “Que digan dónde están”, llevando la foto de una persona desaparecida. Para Marcela Perelman, directora de investigación del CELS, el mensaje apunta al pacto de silencio que todavía mantiene a muchos responsables sin revelar lo que saben. “Sabemos, por los hijos, que sus padres o familiares represores tienen información. Tenemos varios funcionarios que son hijos de represores y que no se hacen la pregunta por lo que saben sus familiares. Lo que buscamos es señalar que todavía hay gente viva que sabe qué pasó con los desaparecidos”, remarca.

Una de las primeras definiciones de Javier Milei como candidato presidencial fue que la dictadura había sido una “guerra” en la que se cometieron “excesos”, retomando la llamada “teoría de los dos demonios” que equipara responsabilidades y fuerzas en lo ocurrido durante el terrorismo de Estado desplegado entre 1976 y 1983 en Argentina. Pero los datos oficiales desmienten esta lectura: según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, más de 800 centros clandestinos operaron en todo el país. Además, desde la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, se dictaron 357 sentencias, con 1.208 condenas y 316 procesamientos. Actualmente hay 276 causas en instrucción y 12 juicios en desarrollo.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos señalan al Gobierno de Javier Milei como el más represivo desde la vuelta de la democracia. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), más de 1.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde diciembre de 2023, sólo en sus primeros dos años de gestión. La cifra representa más del 10% de las muertes en manos del Estado registradas en los 43 años anteriores.

“Estamos frente al Gobierno más represor desde el fin de la dictadura”, dijo la titular de CORREPI, María del Carmen Verdú.

A medio siglo del golpe, Argentina enfrenta una erosión de los consensos sociales en torno a las políticas de derechos humanos que se habían consolidado durante las primeras décadas del siglo XXI. En ese escenario, "memoria, verdad y justicia" sigue siendo una consigna viva, y en disputa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente en el Congreso, aunque surtirán efecto desde su publicación.

El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, "el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, "el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: "Bienvenido a la 'fachosfera'".

Fuentes del PP han precisado que su voto a favor solo estaba garantizado si el decreto con las medidas frente a la guerra incluía "todas y cada una" de sus propuestas y ninguna otra.

Estudiarán el texto que publique mañana el Boletín Oficial del Estado y tomarán una decisión más adelante, pero "Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen", apunta.

Tellado ha advertido de que Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo les habría cesado en cinco segundos", por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas.

Además, ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump y a Javier Milei, mientras "le doblan el pulso" Ernest Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego.

Ha dicho que Sánchez es "un problema con patas", "un presidente vapuleado" e "hipotecado" que ni merece "tal nombre", para añadir: "Allá cada cual cómo entiende lo que es ser presidente del Gobierno".

"Su dignidad política está por los suelos", ha continuado, debido a que, en su opinión, "para que ese Consejo de Ministros se pudiese celebrar tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar elaborar otro decreto".

También ha apuntado que "España merece que los ciudadanos puedan expresar y decidir la España que quieren en las urnas, democráticamente, y dejar atrás este esperpento que es el 'sanchismo'", en el que los ministros se dedican a "pelearse entre ellos", en una "batalla campal" protagonizada por los del 'no a la guerra'.

"La mitad del Gobierno amotinada contra la otra mitad", ha descrito Tellado, además de llamarlo "duelo a garrotazos" en un "Gobierno en llamas", el cual "no puede seguir ni un día más".

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha calificado como "aliado" y "referente internacional de la libertad", que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad.

Milei ha viajado a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito el líder de Vox en su cuenta de X. Lo ha hecho en respuesta a otro mensaje del presidente argentino en la misma red social, junto a una foto de ambos en la que Milei ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

"El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete a través de una publicación con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, entre ellos un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

“El ser humano es el único animal que permite que un estúpido sea el líder de la manada”, sostuvo Javier Milei, apenas unos meses antes de que el voto popular lo convirtiese en presidente. 

A dos años de su asunción, aquella sesuda e irrefutable reflexión del por entonces animador televisivo cobra una relevancia significativa, ya que la manada que sufragó a su favor reafirmó en las pasadas elecciones de medio término su confianza en el líder más estúpido que ha ocupado la Casa Rosada desde el retorno de la democracia.      

Diversos analistas y profesionales de la salud mental han expresado preocupación sobre el estado mental del presidente argentino, señalando rasgos de narcisismo, megalomanía y conductas compatibles con un delirio crónico polimorfo o síndrome de Hubris. Se ha descrito su perfil pormenorizando en su incontinencia verbal, en su carencia total de empatía, y en su verborrea sobrecargada de insultos hacia quienes osan contradecirlo. Mucho más preocupante es el hecho de que sean sus perros muertos quienes le hayan “encomendado la tarea de ponerse a la Argentina al hombro para refundarla y arrancar de una vez y para siempre el mal del socialismo que enferma al país”, tal como supo declarar cuando aún no era más que un payaso que recorría los platós de los medios hegemónicos, haciendo apología de su estupidez.

Argentina atraviesa la peor de sus crisis; y esta vez no es sólo económica sino moral. La desquicia de quienes se autoperciben amos y dueños del futuro de cuarenta y siete millones de seres humanos que habitan este país, ha engendrado una nueva forma de fascismo a cara descubierta. El goce de los mal llamados “libertarios” ante el hambre que padece un enorme sector de la población es la muestra más cabal de la perversidad, la crueldad y la miserabilidad que los caracteriza. Se jactan de su propia estupidez emulando al líder de la manada, que no es sino un cúmulo de obscenidades, un ser desprovisto de todo lo que nos hace humanos. 

Desde el inicio de la gestión del estúpido que nos gobierna, la pobreza y la indigencia se han disparado, al igual que la mortalidad infantil, que creció por primera vez en dos décadas. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), la tasa pasó de 8 muertes cada 1.000 nacidos en 2023, a 8,5 en 2024. La subida de 0,5 puntos representa un incremento del 6,25% interanual y constituye el mayor aumento desde el 2002, primer año posterior a la crisis social y económica de comienzos de siglo.

Las cifras del hambre son devastadoras, como lo son las de muertes por enfermedades evitables, consecuencia del abandono de un Estado que el mismo Milei aseguró que “amaba destruir”. Niños y niñas con discapacidad han sido maltratados; jubilados, personal sanitario y docentes han sido estigmatizados y apaleados por los perros de caza que el estúpido (líder de la manada) que nos gobierna ha puesto a su servicio.  Cientos de medianas y pequeñas empresas han cerrado sus puertas, dejando en la calle a miles de trabajadores que engrosan la lista de la desesperanza. Es el “sálvese quien pueda” lo que impera en la Argentina de Milei; mientras que los amigos de este mismo estúpido que ocupa el sillón de Rivadavia se enriquecen en la timba financiera, a costa de la pauperización de millones de ciudadanos.       

La libertad solo avanza para los ricos, mientras que los pobres son privados hasta de su derecho a existir. Es lo que Rodolfo Walsh denunciaba en su Carta a las Juntas como “miseria planificada”, aunque esta vez esté siendo ejecutada a la luz del día y ante los ojos de quienes quieran ver. 

Si un estúpido es de por sí un peligro para quienes interactúan con él, imaginemos entonces la peligrosidad de ese mismo estúpido si ha sido ungido con poder por otros tantos estúpidos que se identifican con su figura. Decía el trovador Facundo Cabral que su único temor era hacia los “boludos”, porque son muchos, votan y –al ser mayoría– eligen presidente. Una reflexión que en este presente argentino recobra verdadera significancia.

_________________

Walter C. Medina es periodista.

Hay un dato que lo resume casi todo: para sentarse en el mismo palco que los ponentes del Madrid Economic Forum y cenar con ellos en la afterparty VIP, hay que desembolsar 2.500 euros. Para escucharlos desde la platea general, basta con 49. Entre esos dos extremos, un sistema escalonado de entradas Gold a 299 euros que promete “acceso preferente al networking” —un espacio con acceso directo a redes de contacto— y visibilidad ante los líderes del pensamiento liberal hispano. El evento es, en su propio diseño de precios, una metáfora del mundo que predica: el mercado estratifica, y quien más paga, más accede.

El Palacio de Vistalegre, ese recinto de Carabanchel construido sobre el solar de una antigua plaza de toros, se ha convertido en algo más que un espacio de eventos. En dos meses, habrá acogido dos de las convocatorias más reveladoras del momento político y cultural español. El 17 de enero, más de 6.000 jóvenes apagaron sus teléfonos durante cuatro horas para escuchar a Juan Manuel de Prada, Ana Iris Simón, Juan Soto Ivars o Jano García hablar de precariedad, sentido y trascendencia en lo que sus organizadores llamaron El Despertar. El 14 de marzo le toca al Madrid Economic Forum (MEF26), que promete traducir ese despertar emocional en claves de emprendimiento, desregulación y libertad económica.

Los dos eventos comparten algunos ponentes, el recinto y, sobre todo, la misma intuición estratégica: en España hay un mercado ideológico desatendido, joven, frustrado y dispuesto a pagar por sentir que pertenece a algo distinto.

Las empresas detrás del Madrid Economic Forum no son think tanks ni fundaciones ideológicas. Son dos firmas andorranas: Abast, dedicada al asesoramiento fiscal, y Racks Labs, consultora de “inteligencia de negocio”, que viene a ser una combinación de IA, chatbots y soluciones digitales para el manejo de datos (este grupo empresarial fue cofundado por Víctor Domínguez, un agitador conocido en redes como Wall Street Wolverine señalado por difundir desinformación). 

Su trayectoria empresarial, antes de saltar a Madrid, consistía en organizar el Andorra Economic Forum —un evento más íntimo, de unos mil asistentes, con todas las entradas vendidas— para clientes interesados en la optimización fiscal y la planificación patrimonial en el Principado. El salto a Vistalegre en junio de 2025 fue, en términos de negocio, un éxito rotundo: 7.500 asistentes, cobertura en grandes medios, clausura de Javier Milei y confirmación de una segunda edición para 2026.

Lo que los organizadores han descubierto —y aquí reside la clave de su modelo— es que la batalla cultural puede ser un producto. No en sentido peyorativo, sino literal: un producto con costes de producción, márgenes de beneficio y distintos segmentos de mercado. La entrada estándar cubre la experiencia masiva; la Gold añade encuentros profesionales cuidadosamente seleccionados; la Diamond entrega acceso directo a los ponentes. Las empresas pueden convertirse en partners —colaboradores— por menos de 1.500 euros y obtener visibilidad de marca ante un público de emprendedores, inversores y profesionales liberales. El discurso antiEstado y promercado no solo se pronuncia desde el escenario: también se practica en el modelo de negocio.

Los patrocinadores del MEF26 son, en sí mismos, un retrato sociológico del ecosistema. Economía Para Adultos y Hespérides, dos proyectos de formación con orientación liberal; marcas de fitness, oratoria e idiomas; consultoras digitales y empresas de nutrición. Es el universo aspiracional de una derecha joven que mezcla libertad económica con optimización corporal, emprendimiento con masculinidad productiva, crítica al Estado con coaching personal.

El núcleo duro del MEF26 lo forman los economistas vinculados al Instituto Juan de Mariana: Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos y Manuel Llamas, director del propio Instituto. No es casual. El Juan de Mariana es el think tank ultraliberal de referencia en España, un laboratorio de ideas que lleva dos décadas elaborando el sustrato intelectual que ahora se despliega en eventos masivos. Su presencia en el foro es a la vez una señal de supuesta legitimidad académica y un indicador de hasta dónde ha llegado la influencia de ese pensamiento fuera de los círculos especializados.

Junto a ellos, Daniel Lacalle —economista mediático, gestor de inversiones, voz habitual en los circuitos de la ortodoxia fiscal que predica disciplina, estabilidad y sostenibilidad— y una constelación de comunicadores de la derecha digital: Jano García, que ha construido su carrera sobre la crítica a lo que llama el “consenso progresista"; Vito Quiles, el agitador más conocido del ecosistema ultra en redes sociales; Pedro Herrero, especialista en narrativas culturales conservadoras; o Juan Soto Ivars, escritor y periodista, en estos momentos en Abc, que ha sabido navegar entre espacios heterogéneos agitando la bandera de la libertad de expresión y hace tiempo que desempeña del rol de cronista oficial de la guerra cultura de la derecha. Su voz también estuvo presente en el acto de El Despertar del mes de enero.

En cartel, al que cada día se van sumando nuevos nombres, siguiendo la lógica de algunos festivales, también figura Roberto Vaquero, el líder de Frente Obrero. Es una organización que, a pesar de ser muy minoritaria y declararse de inspiración marxista-leninista, ha logrado captar la atención de la derecha gracias a sus postulados identitarios y antiinmigración.

Su inclusión no es un gesto de pluralismo ingenuo. En el lenguaje de estos eventos, cumplirá una función precisa: permitirá que el foro se autopresente como un espacio de debate supuestamente libre de prejuicios, donde incluso la izquierda tiene voz, lo que otorgaría legitimidad democrática a una convocatoria cuya matriz ideológica es en realidad inequívocamente libertaria (e iliberal).

Para entender la dimensión estratégica de lo que está ocurriendo, conviene recordar que Vistalegre fue, durante años, el escenario de los grandes actos de Podemos. Las imágenes de Pablo Iglesias ante un pabellón abarrotado definieron una época. Que ahora ese mismo recinto acoja, en el plazo de dos meses, un evento de espiritualidad conservadora y un foro de economía libertaria no es una ironía caprichosa del calendario: es el resultado de una disputa consciente por los espacios simbólicos de la política española.

La nueva derecha cultural ha comprendido —antes, en muchos casos, que la izquierda— que los formatos importan tanto como los contenidos. Que la política ya no se hace solo en los parlamentos ni en los periódicos, sino en los eventos experienciales, en los podcasts, en las comunidades de Discord que han sustituido a los antiguos foros de internet, en los grupos de Telegram. Que un joven de veintitantos años dispuesto a pagar 49 euros para escuchar a Rallo o a Bastos hablar de libertad económica no es solo un consumidor político: es alguien que quiere pertenecer, que busca tribu, que necesita que su descontento tenga nombre y argumento.

El Despertar fue explícito en esto: sus organizadores, el movimiento cultural It's Time To Think, pidieron a los asistentes que apagaran los teléfonos no por razones de cortesía, sino para crear una experiencia de “conexión real” en contraposición al mundo digital. La liturgia del evento —silencio, diálogo, salto, fiesta— era deliberadamente comunitaria, casi religiosa. Varios ponentes invocaron a dios sin ambages. El sacerdote Jacques Philippe habló de “encontrarnos con un amor infinito”. Jano García, ponente también en el MEF26, instó a abrazar “los valores cristianos como marco ético”. El evento se cerraba con una fiesta. El itinerario emocional iba del recogimiento a la euforia colectiva, con escala en la crítica al nihilismo y el individualismo modernos.

Un mes y medio después, el Madrid Economic Forum propone la segunda etapa del mismo viaje: si El Despertar ofreció identidad y propósito, el MEF promete las herramientas prácticas para actuar en consecuencia. Emprendimiento, inversión, networking, desregulación. La narrativa es coherente: primero te despiertas, luego construyes.

La web del MEF26 no oculta sus ambiciones. Entre los temas del foro figura “la batalla cultural” como uno de sus ejes explícitos, junto a la inteligencia artificial y la comunicación. No es habitual que un evento que se presenta como foro económico emplee esa expresión con tanta naturalidad. Su uso revela que los organizadores no se conciben únicamente como promotores de un debate sobre fiscalidad o emprendimiento, sino como actores en una disputa por la hegemonía cultural y política.

Es una controversia que tiene raíces internacionales. La primera edición del MEF cerró con Milei, el presidente argentino que ha convertido el libertarismo en espectáculo de masas. También estuvieron Alex Bruesewitz, asesor de comunicación de Donald Trump, y el argentino Agustín Laje, uno de los principales teóricos de la nueva derecha latinoamericana. El MEF se inscribe conscientemente en ese circuito global donde el libertarismo económico, la crítica a la supuesta “corrección política” de la izquierda y la reivindicación de la libertad de expresión forman un relato único, exportable y perfectamente empaquetado para su consumo.

Lo que distingue el modelo español de sus referentes anglosajones o latinoamericanos es su sofisticación empresarial. No hay aquí, aparentemente, un millonario que financia la operación desde la sombra, ni un partido que moviliza bases. Hay dos empresas andorranas especializadas en optimización fiscal que han identificado un nicho, han probado el formato en Andorra, lo han escalado a Madrid y están construyendo una marca. El discurso antiimpuestos y promercado no solo se predica: también se practica, con una base fiscal en el paraíso fiscal por excelencia de los Pirineos.

El MEF26 promete ser "el evento que dará un giro a los grandes desafíos de España". Es una afirmación grandiosa para una jornada de conferencias en un pabellón de Carabanchel. Pero esa grandilocuencia es parte del producto: los asistentes no pagan solo por escuchar ponencias, pagan por sentir que están en el centro de algo importante, que participan en el cambio, que su presencia tiene consecuencias históricas. Es el mismo resorte emocional que movía a los jóvenes de El Despertar.

Lo que el espectáculo no dice es que el pensamiento que promueve, pese a su retórica rebelde y antiestablishment, tiende a beneficiar a quienes ya tienen capital —económico, cultural o social— para moverse en sus coordenadas. La desregulación que predica Lacalle, la reducción del Estado que propone Rallo, la crítica a la “carga fiscal” que articula el Instituto Juan de Mariana: son propuestas con ganadores y perdedores concretos, y los organizadores del foro —empresas andorranas de asesoramiento fiscal— pertenecen a los primeros.

Tampoco dice que la sala de networking Blackbox, organizada por franjas temáticas —marketing y marca personal, inversión y activos digitales, startups y venture capital—, tiene más de feria de servicios que de ágora democrática. Que los ponentes cobran por aparecer. Que las marcas de fitness y oratoria que patrocinan el evento venden un sueño de éxito individual construido sobre la premisa de que el sistema es justo y el problema eres tú si no prosperas.

Hay algo en la elección del recinto que también merece atención. El Palacio de Vistalegre está en Carabanchel, un barrio de clase trabajadora con una tradición de izquierda robusta y una memoria histórica vinculada a la cárcel del mismo nombre, donde la dictadura franquista encerró a miles de presos políticos. Que los eventos de la nueva derecha cultural elijan este espacio puede leerse como provocación o como indiferencia, pero difícilmente como casualidad. El territorio simbólico también está en disputa.

Lo que está construyendo en Vistalegre la constelación que forman El Despertar y el Madrid Economic Forum no es solo una agenda de eventos. Es una infraestructura de ideas, de comunidad, de marca, de negocio. Una infraestructura que se financia sola —con entradas, VIP, partners y patrocinadores— y que no necesita del favor del Estado ni de los partidos para existir. Que puede escalar, replicarse, franquiciarse. Que tiene ya su versión latinoamericana y su circuito internacional.

En el nuevo ecosistema de la derecha cultural, la ideología y el mercado han dejado de ser categorías separadas. Son, simplemente, el mismo producto.

La barcelonesa Afra Blanco destaca entre analistas y tertulianos por su enfoque sindical ante la actualidad. Colabora en diversos medios centrada siempre en las repercusiones de las medidas políticas sobre los colectivos estudiantiles, de trabajadores o de pensionistas. Ahora, alerta sobre las consecuencias de la ola ultra que recorre Occidente si esta derecha extrema entra en el Gobierno en España. Llama a la acción de fuerzas y votantes progresistas porque “la internacional del odio se organiza”.

“El acto de Gabriel Rufián y de Emilio Delgado, de Emilio Delgado y de Gabriel Rufián, me parece ilusionante y necesario. Creo que es vital recordarnos que ante todo y primero somos antifascistas y después somos personas de izquierdas. Y en tercer lugar, yo soy sindicalista. Entonces me veo en la obligación de pedir y reclamar a las fuerzas políticas, a los políticos y las políticas que afronten ese primer hecho, que es que somos antifascistas. Lo que tenemos a las puertas es el fascismo. Celebro que haya voces dispuestas a abandonar por unos segundos los matices y a darse cuenta de que, mientras nosotros discutimos, ellos están entrando”.

“Mantener las esencias no implica no optimizar candidaturas. En cualquier caso, aprendamos de lo que pasó en el mayo del 37 en Barcelona, por ejemplo, como catalana que soy. En aquel momento las izquierdas discutían qué era lo primero, si hacer la revolución o ganar la guerra. Los fascistas estaban entrando por la puerta y al final ni hicieron la revolución ni ganamos la guerra. La manera de actuar en las elecciones autonómicas, municipales o generales que la decidan ellas y ellos, a mí me da exactamente igual. Estrategia es lo que les pido y [recordar] que, sobre todo en lo esencial, estamos todos y todas de acuerdo. Reforzar el bienestar social, repartir la riqueza que este país está generando, hacer que no tengamos a trabajadoras y trabajadores pobres con nómina, ayudarnos entre las clases obreras y trabajadoras. No dar ni un solo paso atrás. No hay derecho consolidado, hay derecho conquistado y defendido”.

“En la izquierda siempre hemos sido dados al reparto de carnés, a ver quién es más de izquierdas, a ver qué es lo que nos diferencia y no lo que nos une. Pueden existir diferentes matices o posiciones, por ejemplo respecto a la seguridad. España es uno de los países más seguros del mundo. Por supuesto siempre se puede mejorar. La cuestión es la percepción que existe en la sociedad por culpa de bulos y mentiras. Y tenemos que hablar de la inversión por barrios, en los barrios obreros. La izquierda también tiene que hablar del campo. Pero me parece que hablar en términos de abandono es un error. Quizá hemos errado en la comunicación o no estamos tocando las teclas esenciales que hacen que el trabajador o trabajadora del campo sienta antes que nada que es igual que los demás. No tenemos que tener miedo a los debates. Tenemos que ir por delante abriéndolos. Tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de qué es lo que la gente está pidiendo, tanto en el campo como en la industria, como en los servicios públicos, como en los diferentes sectores estratégicos. Creo que esa voz de la clase obrera emana y se levanta a partir de fuerzas políticas de izquierdas, lo que no tiene ningún sentido es que se levante a partir de fuerzas políticas de extrema derecha. Voy a decir fuerzas porque creo que la diferencia entre Partido Popular y Vox cada vez es más nimia”.

“Estoy totalmente de acuerdo con Gabriel Rufián en que la democracia está en riesgo. No solamente es que la democracia esté en riesgo, sino que además el pan de cada uno de nosotros, la manera de entender la convivencia, el respeto, la vida, están en riesgo entre los trabajadores y trabajadoras. Si llegan ellos, creo que está en riesgo el derecho laboral conquistado. Vamos a perder décadas de posibles avances y vamos a hablar de retrocesos significativos para una persona que ha trabajado su vida y hoy es un jubilado, o para una persona que se va a incorporar al mundo del trabajo y hoy es un estudiante o para una persona que está trabajando. Se les queda corta la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 que destruyó los derechos laborales. Se les queda corta la reforma de las pensiones de 2013, del Partido Popular, que llevó a miles de jubilados y de jubiladas a las calles porque se estaba devorando su poder adquisitivo. Está en riesgo el feminismo. Están en riesgo las personas migrantes. Lo estamos viendo con Trump en Estados Unidos y con Milei en Argentina. Antes tenían un cierto pudor, ahora no hay vergüenza, no hay límites”.

“Estamos ante el empoderamiento del fascismo. Estamos ante la Internacional del Odio, y la Internacional del Odio se organiza. Hablamos mucho de la importancia de que la clase trabajadora esté organizada, porque a partir de estar organizada hemos conquistado derechos y hemos frenado pérdidas. Hemos conseguido frenar a la extrema derecha en muchos momentos a lo largo de nuestra historia. Pero a veces nos olvidamos de que ellos también se organizan, que el fascismo también se organiza, que Orbán está organizado con Milei, que Milei está organizado con Meloni, que Meloni está organizada con Abascal y que el páter de todo se llama Donald Trump. Por eso es una enorme y gran idea, necesaria y vital y que además es exigible a las fuerzas políticas de izquierdas, lo que está planteando Gabriel Rufián y que también está defendiendo Yolanda Díaz*. Es absolutamente necesario organizarse así”.

“Estoy muy harta de que la CEOE plantee siempre que una mejora salarial supone una amenaza existencial para las empresas, porque además de ser falso, es un chantaje. A los chantajistas les voy a responder con cuatro datos. El primero, los márgenes empresariales están en máximos. El segundo es el valor bruto añadido que están teniendo las empresas, en máximos también. El tercer dato se llama productividad laboral. Productividad vinculada a los trabajadores. Ahora ya no hablan de productividad. ¿Por qué? Porque está creciendo. Y el cuarto dato, para los chantajistas de la CEOE, que no se olviden de que los trabajadores y las trabajadoras somos más que ellos. Llevamos seis subidas del salario mínimo interprofesional sin que la CEOE firme. Cuando alguien me dice: “Ya estás con las trincheras, Afra”, tengo que responder que yo no las he puesto, las han puesto ellos mintiendo, diciendo que el salario mínimo interprofesional destruye empleo. Estamos en máximos de ocupación. Diciendo que el salario mínimo interprofesional destroza empresas. Es mentira. Llevábamos 18 años en este país sin tanta creación de empresas como la que estamos teniendo. Mire, señor empresario, si la supervivencia de su empresa pasa por pagar el salario interprofesional mínimo, hágaselo mirar. O se busca un socio o mejora el marketing o rediseña su empresa o deje de llamar a sus trabajadores y trabajadoras familia. Porque a una familia no se la maltrata de ese modo”.

“Hacienda va a poner los datos de los beneficios empresariales en las mesas de la negociación para que todos los salarios crezcan en función de esos márgenes que ellos niegan tener, pero que todos sabemos que están ahí, y aquí el problema es que ellos no quieren repartir. ¿Quieres que sea un pobre con nómina? Este tema me calienta. La CEOE está jugando a otra cosa. Se le ha olvidado que cuando se mejoran las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, a ellos les va mejor. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Cuando se mejora la estabilidad, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, cuando se reparte la riqueza, a ellos les va mejor, aumenta el consumo. Y estoy un poco cansada de este perfil de empresario que se presenta con un marketing propio del siglo pasado. Empezamos a ver empresarios que marcan la diferencia, que hablan de unas mejores condiciones para sus trabajadores. Pero por desgracia tenemos todavía en la CEOE a los empresarios del siglo pasado”.

“No he escuchado a la CEOE pedir a los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas que actúen en materia de vivienda. Tampoco los veo firmando las subidas de los salarios. ¿Qué solución plantea? Las organizaciones sindicales han propuesto soluciones. Han firmado la subida del salario mínimo interprofesional, incluso se pedía más. Han llevado las horas extras a Europa para que se paguen y por encima de la hora ordinaria. Hemos denunciado ante el Constitucional el despido para que sea disuasorio. Hemos llevado el precio de la vivienda a Europa y lo hemos denunciado. Si no quieres subir salarios ni estás reclamando que hagan nada los políticos y políticas de las comunidades autónomas, ¿dónde van a vivir tus trabajadores y trabajadores a los que llamas familia? ¿Cuál es tu solución? Hemos conseguido que los salarios crezcan por encima de la inflación, pero no es suficiente porque uno de los elementos básicos para poder vivir –un derecho fundamental humano, como es la vivienda– está siendo objeto de especulación. O los salarios crecen y garantizan el acceso a la vivienda o entonces hay que limitar su precio”.

“Cuando hay un Gobierno progresista, la clase trabajadora puede y debe ser exigente, porque tiene la opción de presionar para poder conquistar derechos y reequilibrar la balanza. Creo que nadie niega que con este Ejecutivo se está avanzando en derechos, pero falta uno esencial y fundamental que es el de la vivienda. Que se aumente en más de un 66% el salario mínimo interprofesional es algo que todo el mundo reconoce, cualquiera que tenga dos dedos de frente, pero suficiente no es. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿Si gobernaran los otros estaríamos en la misma situación? ¿Se habría subido en más de un 66% el salario mínimo o se habría congelado, como pasó con Mariano Rajoy? Porque el problema de la vivienda lo tendríamos también si gobernara el Partido Popular. Uno, durante décadas no se ha vendido el poco parque de vivienda público que se ha levantado. Dos, no se ha construido para la clase trabajadora. Tres, se ha permitido que con las viviendas se especulara. Y cuatro, se ha permitido que el turista fuera mi vecino puntual del tercero y el del primero. Todo este magma lo habríamos tenido igual o peor con ellos. Una cosa es ser exigente y otra cosa es hacerte trampas. Si te crees que con PP y Vox vas a vivir mejor cobrando tres mil, o dos mil o 1.221 euros, dependiendo de tu nómina, lo llevas clarinete. Y si te crees que vas a vivir mejor dependiendo de una pensión con PP y Vox, no va a ser así. Y si eres un estudiante que aspiras a entrar en un mercado laboral estable y con condiciones desde el primer día, si te crees que lo vas a tener con PP y Vox, no va a ser así. No porque lo diga yo, sino porque ya lo hicieron en el año 2012 y entonces todavía había un poquito de vergüenza. Pero es que ahora no tienen ninguna”.

“Yo respeto toda movilización organizada de la clase trabajadora. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las reclamaciones. En este caso en concreto, no comparto el hecho del estatuto marco para ellos. Yo comparto que el funcionamiento de la sanidad pública requiere de varias profesiones esenciales, no solo de una. Para mí es esencial el auxiliar o la auxiliar de enfermería y es esencial la enfermera y el enfermero, y el técnico o la técnica. Y es esencial el médico y la médico. Son esenciales todos ellos. Con absoluto respeto por la reivindicación de parte de los y las médicos y médicas. Yo no creo que sea la solución adecuada cuartear y separarte del estatuto marco que os cubre a todos. No lo creo, porque además yo soy una defensora del concepto de los convenios colectivos. Creo que la unidad de todos ofrece fuerza. Faltaría que no se puedan organizar, que no se puedan movilizar, que no se puedan manifestar. Pero para todo el sector que hace posible esa sanidad pública que requerimos y que necesitamos con más recursos, más profesionales, más derechos, más estabilidad para ellos, creo que es mejor el abordaje desde un estatuto marco único”.

“La utilización política que se está haciendo con los casos de abuso y de acoso a las mujeres me parece repugnante, asquerosa. El machismo está presente y latente de manera transversal en todos los espacios. Los diferentes casos que han surgido demuestran que pueden estar el machismo, el acoso y el abuso en todas partes. Y aquí lo que nos diferencia es si reconocemos esta cuestión y cómo actuamos frente a ella. Ante todo, siempre hay que proteger a la víctima. Hay que dotarse de las herramientas para que no se dé. Para reducir a la mínima expresión el riesgo y para poder tener estas herramientas y después implementarlas y aplicarlas, necesitas algo esencial, que es creer que te puede pasar. Y en ese momento, actúas”.

“Yo creo que el papel del presidente del Gobierno, que además es a quien le compete esta actuación internacional, es el acertado. Estamos en el lado bueno de la historia y lo estamos todos, y me gustaría que lo estuviéramos más veces. Que ante los diferentes conflictos y riesgos a los que estamos sometidos, tuviéramos a una presidencia que se posiciona, a poder ser antes que nadie. Puedes hacer eso y a la vez ser la economía que más avanza, la economía avanzada que más crece del mundo. Porque España es ya esa economía y es ese país que tiene los derechos humanos en el centro. Que dice que no se puede bombardear a población, no se puede matar de hambre y sed, no se puede asesinar a niños y a niños, a civiles, no se pueden bombardear escuelas, hospitales, convertir Gaza en los sueños húmedos del capital. Y a la vez defender que un nuevo modelo de economía es posible, con un mayor reparto. Y España es ese país que jamás lideró esos rankings, ni el de la defensa de los derechos humanos, ni el de la economía. Ahora la cuestión es cómo hacemos que eso llegue a la gente. Es quizás la ficha clave que necesita este tablero porque el resto está en orden”.

“Si paramos un segundo a analizar la actuación sobre los tecnooligarcas por parte de este Gobierno, tiene todo el sentido del mundo. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas por la calle, no se te ocurre ir con un pasamontañas. No vas por la calle conduciendo un coche sin matrícula, porque evidentemente te van a parar, te van a multar como poco, y probablemente te retiren el carné. Entonces yo lo que no entiendo es que haya gente que, absurdamente, en nombre de la libertad, defienda que haya pasamontañas digitales. No tiene ningún sentido. ¿Me están diciendo que menores de 16 años tienen que estar en espacios donde se cometen delitos? No soy capaz de comprenderlo. Pues en defensa de la libertad, que esos menores puedan conducir también, que en defensa de la libertad esos menores puedan beber alcohol también. No es libertad lo que ellos están planteando, es abandono de menores. No tengo hijos, pero sí un concepto de responsabilidad social, que es la libertad y los derechos de toda la ciudadanía, no los ingresos de esos tecnooligarcas. ¿Por qué los oligarcas ahora no quieren o nunca han querido [esa regularización]? Porque un tercio de sus ingresos los generan gracias a esos menores. Porque el caldo de cultivo de aquellos que les van a defender en un futuro desde la política son precisamente esos entornos en los que pueden distribuir e inocular a los jóvenes el odio, la mentira y el bulo. Que parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que reivindicar el derecho a la verdad que hoy representan los medios de comunicación como este, escritos y televisados”.

“Lo ha dicho Abascal. Ha dicho que si gobierna o si llega al Gobierno va a aplicar las reformas de Milei tal cual. ¿Es viable que Vox llegue a gobernar? Lo es. ¿Cómo veo la reforma laboral de Milei en Argentina? Veo que hay dos maneras de afrontar crisis, de entender las sociedades. La de España, con una reforma que recupera derechos, ofrece estabilidad, plantea grandes retos como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, aumentar salarios. Y hay otra reforma que es la hiperflexibilización, la tuya como trabajador, no la de ellos. Imponerte a ti que trabajes doce horas diarias. En Argentina se plantea trabajar doce horas diarias. Nosotros tenemos denunciado el despido improcedente para que sea disuasorio, que no salga barato, y allí se están planteando precisamente el coste cero del despido y ampliar los motivos. Allí se está atacando el derecho de la clase trabajadora a organizarse, a las vacaciones. Lo más importante de todo y quizás de lo que menos se ha hablado es la cuestión de la pérdida de la soberanía de su moneda. Porque el salario se va a poder pagar en especies, con pan, con pescado, con el menú del restaurante, de la vuelta de la esquina o en dólares. Y eso es muy peligroso, se pierde la herramienta esencial en materia de estrategia de política pública”. 

“Lo que le pediría a la gente antes de ponerse la bandera, antes de aplaudir a nadie, es que se posicione. ¿Usted quiere trabajar doce horas diarias? ¿Usted quiere que le paguen con pan en lugar de con un ingreso a su cuenta bancaria? ¿Usted quiere que le paguen con otra moneda? Usted, cuando haya un problema en su empresa, ¿quiere que le prohíban el derecho a organizarse? ¿Quiere tener jornadas semanales de 48 horas? ¿Quiere que se abarate el despido y se amplíe el motivo de justificación? Es más, ¿quiere pagarse usted el despido? Todos los trabajadores y trabajadoras te van a decir que no. Y si la respuesta es que no, también es un NO para Vox y es un NO para el PP. Retomo el inicio de la entrevista: claro que es esencial que las izquierdas se unan. Tenemos que ganar la batalla, pero la tenemos que ganar por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestras abuelas, por la lucha de nuestras madres y las de nuestros padres, por nuestros hermanos y hermanas, por los trabajadores esenciales, incluso por el policía y por el Guardia Civil. Y por los de la sanidad pública y por los profesores y las profesoras y por toda la clase trabajadora. Si necesitas una nómina para poder vivir, tu papeleta no es la de Vox ni la del PP. Si necesitas una pensión para poder vivir, tu papeleta no es la de Vox ni la del PP, es otra. Y a esas otras les pido que se unan. Creo que es una cuestión exigible, necesaria y vital para cualquier antifascista y cualquier persona que defienda a la clase trabajadora y obrera de este país. Es esencial, absolutamente esencial”.

En el otoño de 2010, al día siguiente de que el Fidesz de Viktor Orbán reformara la ley húngara de medios y creara un Consejo Nacional de Comunicaciones compuesto íntegramente por militantes del partido, las sillas de mando en la televisión y la radio estatales habían cambiado de ocupantes. Fue el primer movimiento de una estrategia paulatina que, quince años después, ha dejado el periodismo independiente húngaro al borde del abismo: el Gobierno controla hoy el 80% de los medios del país.

No es una metáfora ni una exageración. Es la conclusión documentada del informe La represión de los medios independientes en Hungría, 2010-2025, elaborado por Mertek Media Monitor y la Rule of Law Lab de la Universidad de Nueva York, que califica el caso húngaro como “el ejemplo más sofisticado de captura de medios en la Unión Europea”. 

Es un manual. Una hoja de ruta. Y, para quien quiera leerlo con los ojos bien abiertos, una advertencia sobre lo que puede ocurrir en cualquier democracia occidental cuyos dirigentes decidan seguir ese camino.

España tiene razones para leer ese informe con especial atención. Vox, el partido de la ultraderecha española, no solo ha expresado su admiración por Orbán: en febrero de 2025 compartió con él escenario en Madrid para proclamar juntos la “reconquista” de Europa. 

La alianza no es retórica; es programática. Y las tácticas que el partido de Santiago Abascal ya practica en la oposición guardan un parecido perturbador con los primeros pasos del manual de Budapest.

Lo más inquietante del modelo húngaro no es su brutalidad, sino su elegancia procedimental. Orbán nunca encarceló a un periodista. No clausuró periódicos mediante decreto. No mandó policías a las redacciones. Utiliza algo mucho más efectivo y mucho más difícil de combatir: el derecho administrativo, el mercado publicitario y la resignación gradual del periodismo.

El mecanismo está bien documentado. Primero, la creación del Consejo de Medios afín al partido dotó al Gobierno de una herramienta regulatoria con apariencia de independencia institucional. 

Luego, cuando una emisora incómoda cometía la más mínima infracción técnica —un error en el registro de su licencia, un formulario presentado fuera de plazo—, el Consejo actuaba con una severidad que nunca aplicaba a los medios gubernamentales. Así fue como Klubrádió, la mayor emisora de radio independiente del país, perdió su licencia de emisión en 2020. Un fallo administrativo menor fue el pretexto. La voluntad política fue la causa.

En paralelo, cuando la regulación no llegaba, la asfixia económica completó la tarea. El Gobierno húngaro redirigió sistemáticamente los fondos de publicidad institucional hacia medios afines. Los anunciantes privados, atentos a los signos del poder, siguieron la señal. 

Las cabeceras independientes vieron desplomarse sus ingresos publicitarios sin que nadie hubiera firmado ninguna orden de censura. El mercado, perfectamente manipulado desde el poder, hizo su trabajo.

El resultado fue la creación del Kesma, un conglomerado mediático fundado en 2018 que reúne bajo un mismo paraguas a más de 500 medios —periódicos regionales, radios, webs, televisiones— previamente en manos de empresarios próximos al Fidesz. 

La operación fue presentada como una fusión empresarial voluntaria. Las autoridades de competencia fueron consultadas y, en un ejercicio de institucionalidad sometida, determinaron que no era necesario un análisis exhaustivo porque el conglomerado actuaba “en interés público”. Hoy, esa maquinaria trabaja a pleno rendimiento.

El periodista de investigación Andras Petho, del portal húngaro Direkt36, uno de los pocos medios independientes que sobrevive en ese ecosistema hostil, lo resume con precisión: “El objetivo del Gobierno es claramente doble. Por un lado, este proyecto es una venganza. Por otro, es la construcción de una realidad alternativa donde la oposición simplemente no existe”. Lo dijo en 2025, cuando el Parlamento húngaro tramitaba ya una ley de “protección de la soberanía” calcada de la ley rusa de agentes extranjeros, que permitiría multar a cualquier medio que reciba financiación del exterior con hasta 25 veces el importe recibido.

“Su defensa de las libertades se produce cuando veta la entrada en su sede a medios como la SER, El País, Público o eldiario.es, a pesar de las sentencias condenatorias por este tipo de prácticas”. La frase no pertenece a ningún medio de la izquierda. Está tomada de un editorial de Libertad Digital, medio de referencia para muchos votantes de la derecha española, y se publicó en octubre de 2024 al hilo de la paradoja fundacional de Vox: presentarse como paladín de la libertad de expresión mientras veta sistemáticamente a los periodistas que no son de su agrado.

Esta práctica discriminatoria está documentada y ha sido condenada judicialmente. Reporteros Sin Fronteras la ha denunciado en repetidas ocasiones. Y, sin embargo, Vox no solo no la ha abandonado, sino que la ha perfeccionado. Santiago Abascal canceló en las generales de 2023 una entrevista pactada con Abc cuando el diario publicó una información sobre pactos postelectorales del partido. El periódico lo denunció en un editorial.

El veto se complementa con una retórica de deslegitimación que copia con fidelidad asombrosa el vocabulario de Budapest. Allí, Orbán habla de “medios del dólar” y “agentes extranjeros” para referirse a las cabeceras independientes. Aquí, Vox etiqueta a los periodistas críticos como “sicarios a sueldo” o “altavoces mediáticos” de los partidos contrarios. 

La lógica es la misma: si consigues que el público no vea a la prensa independiente como un árbitro de la realidad, sino como un actor político más —y uno corrupto, además—, habrás pavimentado el camino para que cualquier restricción futura sea percibida como un acto de justicia y no como una agresión a la libertad.

A esto se añade el uso de herramientas legales como instrumento de presión. El informe de Mertek señala la proliferación de los SLAPP —demandas abusivas estratégicas contra la participación pública— como uno de los mecanismos favoritos del régimen húngaro para agotar económicamente a los medios pequeños. 

En España, el Informe sobre la Libertad de Prensa de la UE 2025 ya señala al país entre aquellos donde las demandas abusivas contra periodistas representan una amenaza real y creciente. La tendencia no es exclusiva de ningún partido, pero quienes la cultivan como estrategia deliberada la convierten en un arma de silenciamiento sistemático.

Y luego están las alianzas internacionales, que revelan la dimensión programática del proyecto. En julio de 2024, Vox abandonó el grupo ECR de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo para sumarse al grupo Patriotas por Europa, donde ya estaban el Fidesz de Orbán y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. 

En febrero de 2025, Abascal compartió mitin en Madrid con el propio Orbán para proclamar la “reconquista” del continente. No fue solo retórica electoral. Es la construcción de una internacional cuyo denominador común —junto al rechazo a la inmigración y al escepticismo ante la integración europea— es precisamente la hostilidad hacia el periodismo independiente.

¿Está el periodismo español blindado ante una hipotética llegada de Vox al Gobierno, de la mano del PP? La cuestión relevante no es qué haría Vox si gobernara mañana, sino qué condiciones estructurales del sistema mediático español hacen posible o imposible que alguien siga el manual de Budapest en el futuro, venga de donde venga.

La respuesta honesta es que existen vulnerabilidades reales. La asignación de la publicidad institucional ha sido denunciada durante décadas como opaca y susceptible de ser utilizada como palanca de premio y castigo y sigue sin ser regulada.

El Informe de Libertad de Prensa de la UE 2025 señala explícitamente a España, junto a Hungría, Bulgaria y Grecia, entre los países donde los gobiernos ejercen influencia sobre los medios a través de “la asignación opaca de fondos publicitarios estatales o favoreciendo a medios afines al gobierno”. La mención no equivale a equiparar situaciones radicalmente distintas, pero sí revela que el mecanismo existe y que ningún actor político español puede proclamarse inocente en su uso.

A ello se une la alta concentración de propiedad mediática que ya existe en España, donde grandes grupos empresariales controlan las principales cabeceras. La concentración en sí no equivale a captura —la independencia editorial puede sobrevivir a la concentración empresarial si existen contrapesos institucionales sólidos—, pero crea las condiciones en las que una sola presión política sobre un propietario determinado puede tener efectos multiplicadores sobre la pluralidad informativa.

España ocupa el puesto 23 en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras 2025, una posición sólida que refleja un marco legal entre los más garantistas del continente. El sistema constitucional, la independencia judicial —maltrecha pero no destruida—, la sociedad civil y la propia combatividad de muchos periodistas españoles son activos que Hungría no tenía en 2010 con la misma solidez. 

Pero el proceso húngaro tardó quince años en tomar forma. No fue un golpe. Fue una erosión. Y precisamente ahí reside la advertencia que el caso húngaro lanza a España: la captura mediática no comienza con la censura declarada. Empieza con el veto a determinados periodistas. Continúa con la retórica que los convierte en enemigos. Avanza con la asfixia financiera que nadie percibe como tal porque no lleva firma de autor. Y culmina, si nadie lo detiene, con un Consejo de Medios que recoge las licencias de emisión de las emisoras incómodas por una coma fuera de lugar en un formulario administrativo.

La Ley Europea de Libertad de Medios —EMFA, por sus siglas en inglés— entró en vigor en agosto de 2025 tras años de negociación. Establece estándares contra el espionaje de periodistas, exige transparencia en la propiedad de los medios y prohíbe la influencia política en los consejos editoriales de los medios públicos. Es, sobre el papel, exactamente la herramienta que necesitaba la Unión Europea para haber frenado a Orbán diez años antes.

El problema es ese. El papel. Hungría rechazó la norma desde el primer momento. Un informe reciente de Liberties —una organización no gubernamental con sede en Berlín, dedicada a la defensa y promoción de las libertades civiles y derechos fundamentales— constata que la mayoría de los Estados miembros no parecen “preparados, o incluso son reacios” a aplicar la EMFA con plena fidelidad. 

Es verdad que la Comisión Europea puede abrir procedimientos de infracción, pero sus mecanismos son lentos, sus sanciones difíciles de ejecutar y su voluntad política de enfrentarse a un Estado miembro raramente está a la altura de la retórica de sus comunicados. Las recomendaciones de la UE a Hungría acumulan años de “progreso cero” porque no existe voluntad política de aplicar los instrumentos coercitivos disponibles con la contundencia necesaria.

Vox, coherentemente, ha calificado la EMFA de “farsa” y de amenaza a la soberanía nacional, en un eco perfecto de las declaraciones de Orbán cuando el Parlamento Europeo aprobó la norma. La coincidencia no es casual: forma parte de la misma estrategia que presenta cualquier salvaguarda supranacional como una agresión a la identidad nacional, precisamente para dejarla sin defensores cuando llegue el momento de ignorarla.

Paradójicamente, el PP de Alberto Núñez Feijóo también se opone a su aplicación en España, a pesar de que sus diputados la apoyaron en Estrasburgo. Y si el Gobierno no consigue desplegar plenamente el escudo democrático que la EMFA representa para el periodismo y el PP y Vox consiguen alcanzar el Gobierno, ambos partidos tendrán en sus manos herramientas suficientes para congelar su implementación práctica.

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Tras una sesión de mas de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado.

"Histórico, VLLC" (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.

Ahora falta que los senadores realicen la votación particular, es decir, voten por separado cada uno de los 26 capítulos que conforman el proyecto y esto podría modificar aspectos del texto. Después pasará a la Cámara Baja con las modificaciones que surjan en el camino.

El Gobierno quiere que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate y votaciones de este proyecto de ley se están llevando a cabo actualmente en sesiones extraordinarias.

El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.

Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos. 

Franco Delle Donne (Buenos Aires, 1983) es doctor en Comunicación por la Freie Universität Berlin y se dedica desde hace años a estudiar y analizar cómo piensa, opera y se organiza la extrema derecha a nivel global. En 2020 lanzó su podcast 'Epidemia ultra' y cinco años después lo ha convertido en un libro con el mismo nombre. En 'Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo' (Ed. Península), Delle Donne rastrea los orígenes y la evolución de esta ola reaccionaria y analiza fenómenos como el de Donald Trump, Javier Milei o Giorgia Meloni para explicar por qué sus ideas llegan a tantos hogares. El experto lo compara con un virus que se contagia rápido y que, a tenor de lo que está sucediendo, parece difícil de detener.

¿Qué es 'Epidemia Ultra'?

Es un proceso contemporáneo que llevamos décadas arrastrando y que hoy está en su punto más alto, con la llegada de partidos de ultraderecha al poder, pero que comenzó antes, con la normalización de sus discursos. Esto no solo infecta a la política institucional, también contamina la vida diaria. Esos marcos y narrativas aparecen en el trabajo, en la familia, en conversaciones cotidianas… son más comunes y menos marginales que hace veinte años.

Usted realiza un recorrido sobre cómo se expande este 'virus' en distintos países. ¿Hay antídoto o solo nos queda la resignación?

Es una pregunta difícil porque estos días soy más bien pesimista. Lo primero es asumir que estamos viviendo un cambio de época y que aún no lo hemos interiorizado del todo. Lo vemos en la geopolítica y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ignoran los derechos y garantías, con una dinámica en la que el Gobierno niega lo evidente y te dice que lo que ha pasado no es, en realidad, lo que viste. En ese contexto, no sirve pensar que vamos a discutir hasta llegar a la verdad.

Lo que sí puede ayudar es cambiar cómo discutimos en lo interpersonal: ni indignación, ni desprecio, ni insultos, ni paternalismo... eso no sirve. Hay que tener empatía y partir de la idea de que mucha gente que vota a estos partidos tiene razones para sentirse mal, ignorada o marginada. La clave es discutir el diagnóstico y, sobre todo, la acción que le corresponde. ¿El culpable es el otro, es decir, el migrante o el que se ve diferente o los problemas son estructurales y la solución va por otro lado?  Y a la vez, se le suma una dificultad, la de los partidos que están enfrente de la ultraderecha. Ellos deben construir una alternativa real, no limitarse a defender el statu quo con el argumento de 'con ellos será peor', porque eso no moviliza.

También habla de cómo la ultraderecha se ha aprovechado del sistema para tratar de destruirlo desde dentro.

Sí, distingo dos grandes frentes: la extrema derecha que busca la revolución contra la democracia liberal y que se asemeja más al fascismo, y la derecha radical que llega por vía democrática y erosiona desde dentro. Es el caso de Hungría, El Salvador y ahora en Estados Unidos. Teóricamente, si ambos procesos se llevan a cabo, pueden desembocar en resultados parecidos por caminos distintos. Yo lo veía desde un marco más teórico, pero lo que observo ahora en EEUU no se aleja tanto de lo que haría un partido abiertamente extremista. No hay derechos ni garantías, al menos con lo que estamos viendo en Minnesota. La sensación es que los derechos básicos dejan de estar garantizados, eso alimenta mi pesimismo.

Pero también hay contestación a lo que se viven en Minnesota con las protestas masivas que hemos visto ¿eso es un antídoto?

Sí, es verdad. Y no solo Estados Unidos. En Alemania hubo un caso claro. Una investigación del medio independiente Correctiv destapó una reunión de grupos extremistas y miembros de Alternativa para Alemania (AfD) en la que se habló de un plan de deportaciones masivas, incluso de ciudadanos alemanes según su definición de nativo, en el sentido de color de piel, procedencia y cultura. Cuando se conoció, muchísima gente salió de manera espontánea a la calle con el 'Nie wieder' ['Nunca más'], que tiene mucho significado allí. Fueron millones de personas y hay que recalcar que estos partidos no tienen el 80% de los votos.

Ahora bien, aunque esa mayoría no los apoye, están en posición de poder, y por más que salgas a protestar, eso es lo que marca las políticas. Además, si vemos lo que ha pasado en Minnesota, podemos concluir que la violencia y la coerción desincentivan la protesta. Si ves un vídeo en el que a alguien le pegan un tiro en la cabeza a sangre fría, yo como padre de familia me lo pensaría muchas veces antes de volver a salir. Y por eso hay una escenificación de la fuerza del Estado, porque es una estrategia de intimidación. El presidente norteamericano, Donald Trump, lo está aprovechando y eso funciona como excusa para que otros líderes hagan lo mismo, pero el trumpismo empieza antes que él y seguirá estando después.

En España, esta semana se ha aprobado una regularización de medio millón de migrantes que ha despertado polvareda. ¿Cree que medidas así ayudan a cambiar e incluso a desactivar el relato de la ultraderecha?

Es una medida encaminada a mejorar la vida de medio millón de personas que van a poder vivir en paz y relacionarse con normalidad. Esa cercanía es la receta más efectiva contra el prejuicio, el miedo y el odio: conocer al diferente. Cuando convives, se rompe el miedo y el odio prefabricados.

¿Por qué ideas que no tenían esta fuerza hace años se han asentado de esta manera? ¿Qué papel han tenido los medios en ello?

Los medios, al principio, actuaron como altavoz con la premisa de que lo que se estaba contando vendía periódicos o atraía espectadores. Titulaban con barbaridades porque eso comportaba clics, aunque no hubiera evidencia detrás. Y eso con el tiempo ha ido cambiando, se han ido revisando criterios de noticiabilidad: se trata de distinguir qué aporta valor al lector y qué es solo una provocación para captar la atención.

Y sobre el porqué del auge, yo creo que hay una promesa rota. Después de la caída del muro de Berlín en 1989 parecía que el liberalismo había triunfado en la era postcomunista, pero luego llega la crisis del 2008 y reaparece con fuerza la desigualdad, la precariedad, los excluidos. También crece la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la democracia pasa de ser un valor a verse como un instrumento que no funciona. Llegan esos partidos, que eran marginales, y en ese caldo de cultivo ofrecen un vehículo para expresar descontento y son expertos en capitalizarlo. Además añaden una narrativa identitaria, un sentimiento de pertenencia, y un marco tradicionalista que da respuestas simples a miedos complejos. En ese discurso no hay soluciones a los problemas, no les hace falta.

¿Quién vota a estos partidos? ¿Son solo los "perdedores" de la globalización, como se suele decir?

Creo que es bastante transversal. Hay personas que no llegan a final de mes y eso encaja en la idea de abandono, pero también hay gente con capacidad económica que teme perder lo que tiene y habla de la decadencia de Occidente, de que se derrumba la sociedad y así es cómo vuelven estas ideas conservadoras que defienden las jerarquías como el mejor modelo para ordenar el sistema. Hay, además, otro elemento, el de las tendencias autoritarias, que son las mismas que vinculan inmigración y criminalidad. Ese miedo no vive solo en sectores pobres o marginados.

La ultraderecha también suele aludir a la nostalgia del pasado como un elemento muy presente en sus discursos. 

Lo de la memoria es muy interesante. Se vende un pasado que teóricamente era mejor pero que, en realidad, no está anclado a un tiempo concreto. En el libro le pongo el nombre de Arcadia, una sociedad perfecta que nunca existió. Se mezcla la Edad Media vista de un punto de vista romántico, obviando que la gente se moría de hambre, con unas tasas muy altas de mortalidad infantil y una construcción del momento histórico que vivió el país. En el caso de España, la Reconquista. Al mismo tiempo, hay otros ultraderechistas que en lugar de hacer eso, tratan de reescribir ciertos espacios o directamente olvidarlos. Dos ejemplos de ello son el presidente chileno José Antonio Kast, que defiende la dictadura de Pinochet porque sostiene que, de no haber mediado el golpe, el Gobierno de Salvador Allende se habría convertido en una dictadura, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que apela a olvidarse de lo que hicieron los fascistas italianos porque ella es su heredera.

Y otra cuestión que también aparece de manera recurrente en los discursos es el individualismo, la idea del 'sálvese quien pueda’.

Yo veo una corriente, no solo de la ultraderecha, sino también de la comunicación que nos rodea. En redes se han multiplicado los coaches y expertos en cosas que te explican cómo ser millonario, conquistar mujeres y salvarte. En realidad, es una puerta de entrada a la ultraderecha, porque encaja con la idea de que todo depende de ti, ignorando que somos seres sociales y que nada funciona sin estructuras colectivas.

Estamos yendo hacia ahí, transmitiendo ese mensaje a los más jóvenes porque les da cierta sensación de control. Un control que te pone al borde de la depresión y que es una trampa porque te dice si te va mal, es culpa tuya, y eso te lleva al límite. Y eso se complementa con el mito del hombre hecho a sí mismo, con ejemplos de multimillonarios que son hijos de propietarios de minas de oro. Dicho esto, también hay algunos discursos de estas ultraderechas más cercanos al fascismo en el sentido de un nacionalismo colectivo, el 'todo por la patria'. Aunque es verdad que los dirigentes de estos partidos no se caracterizan por ser las personas más coherentes del mundo.

Decía usted antes que no hay que ridiculizar al votante de estas formaciones. Pero, ¿se les puede convencer? ¿De qué manera?

Depende. El agitador o activista que busca provocar no viene a dialogar, ahí no hay persuasión posible. Lo útil, en ese caso, puede ser no entrar en su marco y colocar tu mensaje. Pero los que sí me parecen importantes son los votantes que, por una cuestión estadística, están a tu alrededor. Es decir, tu tía, tu vecino, tu compañero. No sé si hay una forma de persuadir o de convencer con datos, pero sí veo posible discutir el mismo tema desde otro punto de vista y encontrar bases comunes. Por ejemplo, ¿dejar morir de frío a una persona en la calle está bien o está mal? No son 'menas', son personas, y creo que hay que plantear casos concretos, humanizar, desmontar el prejuicio desde la empatía, sin insultos. Si empiezas con 'eres idiota', se acabó. Cada uno se atrinchera.

En España, a Vox parece que nada les pasa factura, ni la corrupción, ni las crisis internas, ni los errores. ¿Cree que es así?

Es una buena pregunta. Lo vi en Argentina con Javier Milei, en Alemania con AfD.... No lo tengo del todo claro, pero veo dos ideas. La primera que es que los votantes no han encontrado una opción mejor a esa. Y otra es que el compromiso identitario permite justificarlo todo. El caso de corrupción no es tal, es una conspiración o lo justifican diciendo que eso estuvo mal pero que el partido tiene buenas ideas. Además, muchas de estas fuerzas no dependen solo de un líder, es decir, el partido puede sobrevivir al líder. En el caso de Vox no lo tengo tan claro porque siempre ha estado Santiago Abascal, no sé qué pasaría si no estuviese, pero no me puedo imaginar que el partido se derrumbe si no está.

Para acabar, ¿qué ha hecho mal la izquierda y la derecha conservadora para llegar a este punto?

Hay muchas cosas que te podría nombrar. La primera, no articular una propuesta política ante los problemas que se agravan desde 2008 y pensar que todo se va a ordenar solo. En segundo lugar, subestimar el fenómeno y pensar que esto se iba a terminar rápido y que era volátil, como dijo la propia Angela Merkel, la excanciller alemana. A esto se le suma no entender el cambio de reglas con redes sociales, la comunicación horizontal y el debilitamiento de los filtros partidarios. Y, en el caso de la derecha conservadora, copiar la agenda de la ultraderecha. Lo que estás haciendo es dar más visibilidad a su marco. Y, en el mejor de los casos, incluso si no llegan al gobierno, terminas construyendo la sociedad que ellos quieren. Eso sí es culpa de estos partidos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, según informa EFE.

"El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo Supremo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales", recoge un comunicado difundido este miércoles por la oficina del mandatario israelí. 

Netanyahu pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse.

Ayer lunes, el Kremlin confirmó, a su vez, que el presidente ruso, Vladímir Putin, había "recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz", según dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras, fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, aseguraron que Francia ha rechazado ser integrante al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones "sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar".

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a un Comité Ejecutivo formado por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El magnate estadounidense configuró también un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza (el búlgaro Nickolay Mladenov) y del comité de tecnócratas palestinos que quedará a cargo del enclave (Comité Nacional para la Administración de Gaza).

Este comité, que cuenta con integrantes de Catar y Turquía, despertó protestas en el Gobierno de Netanyahu, que consideró que incluía personas tolerantes con el grupo islamista Hamás. 

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

El bloque plurinacional liderado por Pedro Sánchez recupera tiempo y el tiempo se paga en estos momentos en otros países con oro, petróleo y tierras raras. En España han sido los Fondos de Recuperación los que han entregado tiempo al PSOE. ¿Tiempo para qué? Tiempo para concluir la legislatura y liderar un bloque estratégico y plurinacional frente al futuro terror que pueda llegar en 2027. Conviene tener en cuenta este dato. Van a ir cayendo candidatos socialistas como peones ajedrez hasta llegar a 2027. Destruirlo todo para volverlo a construir. El mayor obstáculo de Sánchez no es en estos momentos la aprobación de unos presupuestos, ni tampoco los caucus de la derecha donde se dejará muchas piezas por el camino, sino la ejecución de los proyectos financiados por Europa y la devolución de préstamos concedidos desde la pandemia.

Aun así, se hace necesario conseguir tiempo y la propuesta que el Gobierno presentó el pasado jueves a las comunidades autónomas permite abrir la agenda parlamentaria a un gobierno que durante las navidades estaba acorralado y era acusado por la oposición de gobernar sin la Corte de los Leones. Sin embargo, algo ha cambiado en cuestión de días. Este miércoles, el proyecto de financiación autonómica de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pasará por el CPFF, donde los consejeros de Hacienda de las CCAA sujetas al Régimen General se tendrán que retratar antes de que el pacto llegue al Congreso de los Diputados. En términos políticos, el acuerdo ofrece maniobrabilidad al Gobierno central, apuntala unos presupuestos en Catalunya y refuerza el papel de ERC convertido desde el independentismo pragmático en el socio fiable del PSC y de Sánchez.

ERC y Junqueras ganan autonomía, fortaleza interna y confianza en las instituciones del Estado, ajeno a los problemas de Junts con su electorado y el asedio de Aliança Catalana. Mientras Carles Puigdemont se decide a ser Pujol o Tarradellas, los ciudadanos han comprobado que quien mejor defiende sus intereses en Catalunya es, en estos momentos, Esquerra. También gana la Generalitat de Salvador Illa, que tendrá unos presupuestos, a pesar de la erosión política que produce la mera tenencia del poder. Quien pierde, en cambio, con el acuerdo de política fiscal y financiera, es el PP que gobierna en el resto de comunidades. Pierde Azcón y pierde Mañueco, forzados a pronunciar un rechazo en sus respectivos territorios, en contra de los intereses de sus votantes y centrifugados por la ansiedad de Alberto Núñez Feijóo.

Es muy posible que el pacto de financiación autonómica no prospere en el Congreso de los Diputados, que Junts vote no (y le costará mucho votar que no) y que el PP también lo rechace (y también le costará mucho rechazarlo) en mitad de unos caucus de la derecha donde se define la correlación de fuerzas entre Junts y Aliança Catalana tanto como entre el PP y Vox. Han renunciado a influir en el Congreso y eso podría afianzar la autovía al reemplazo.

¿Tiene tope el crecimiento electoral de Vox? ¿Tiene un límite ético universal el futuro terror en Europa a la luz de los últimos acontecimientos en Venezuela o en Minnesota? Habrá que conocer el próximo sondeo del CIS. Los caucus de la derecha del 8 de febrero emitirán señales. A los siguientes comicios autonómicos, después de los de Extremadura, convergen PP, Vox, Par y Salf. Los cuatro integran el factor autoritario impregnados por lo que sucede en Bruselas tanto como en Washington.

El partido más fuerte es el que piensa en global y actúa en clave plurinacional. Hasta la fecha, ese partido sigue siendo Vox en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía. Abascal lo ha señalado. Quiere vicepresidencias, quiere gobernar. Vox acelera el paso en su ruta hacia el reemplazo del PP. El presidente de Aragón busca la confrontación directa contra el gobierno central y dibujar así un escenario de moderación frente a Abascal y a una izquierda que se presenta más dividida. Dicho con otras palabras, Azcón está condenado a ser reo de Vox, si lo que pretende es capitalizar la postura moderada para ganar votos en un centro inexistente, lo que le empuja a polarizar directamente con Sánchez y alejarse del discurso radical de Abascal.

El Madrid D.F. piensa en global y actúa en plurinacional. Sabe leer el tiempo y ya se va haciendo a la idea de que son Vox y Repsol quienes han atrapado la atención de Donald Trump. Por ese mismo motivo, Isabel Díaz Ayuso acentuó la semana pasada su imagen populista situándose en las coordenadas del eje autoritario con su visita al presidente argentino Javier Milei. Descartada cualquier opción con la disidencia venezolana, descartados Miami o Caracas, la mejor carta para continuar el reemplazo (desde dentro) en el PP siguen siendo Milei o Julio Iglesias. El malismo es un arma de destrucción masiva. El capítulo político y económico da paso a una nueva entrega ideológica de Ayuso defendiendo al cantante acusado de una supuesta agresión sexual o posando sin pudor junto a la motosierra, objeto fetiche de Milei, en el despacho presidencial de la Casa Rosada de Buenos Aires.

Ayuso sigue actuando como Juana de Arco. Encarna el voto de la ira y el resentimiento contra la España woke y plurinacional y se comporta, con Vox, como el otro factor estabilizador del Madrid D.F. que en EEUU se manifiesta ahora contra el orden internacional. En el contexto tecno-mediático, todo se resume en segundos o una simple imagen. La derecha autoritaria ha conseguido que el mundo, después del 'blitz' de Venezuela, se parezca más a un teaser de YouTube o un vídeo de TikTok. Si se produce el reemplazo de Alberto Núñez Feijóo, será contundente, acelerado y eficaz como una motosierra o un blitz. 

El retorno del PSOE caoba y su big crunch

El PSOE caoba y el PP están buscando un groko ibérico, un gobierno de gran coalición que haga de big crunch, de gran colapso, que diría el brillante lingüista Enrique del Teso, que sirva para reducir el perímetro de lo aceptable a dos opciones políticas indistinguibles. El manifiesto de Jordi Sevilla, ex Llorente y Cuenca, tendrá su eco en redes sociales y su extensión en las comunidades donde todavía rige el pensamiento bipartidista. Es un esquema que viene siendo machaconamente el final de los partidos socialdemócratas y el preludio de la extrema derecha.

De zombis solo pueden salir políticas zombis. El PSOE caoba practica un feminismo caoba. De forma simultánea, desde Asturias, se ha solicitado a la dirección federal del PSOE una conferencia sectorial que trate sobre el papel del feminismo en el partido y revise sus posiciones en materia de igualdad y políticas de género. El documento ha sido avalado por Amelia Valcárcel, Matilde Fernández, Elena Valenciano o Carmen Romero y ya está en manos de la dirección. En la política de onda larga, la izquierda (la que hay en el PSOE y la que está fuera de él) debe fijar bien sus prioridades.

El presidente argentino, Javier Milei, ha mantenido este jueves una reunión en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, informa EFE. El canciller argentino, Pablo Quirno, también estuvo presente en el encuentro.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida hoy en la Casa Rosada, en Buenos Aires, por el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Se trata de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años", informó la Comunidad de Madrid en un comunicado.

El texto precisó además que en la reunión se trataron "distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre la Argentina y la Comunidad de Madrid".

Díaz Ayuso, por su parte, agradeció a Milei por el encuentro a través de X y expresó: "Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad".

La política española llegó al edificio de la calle Balcarce poco antes de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y permaneció allí hasta pasadas las 11:15. En imágenes compartidas por la Presidencia argentina se la ve sentada junto a Milei y Quirno delante de la icónica motosierra con la que el mandatario argentino simboliza el severo ajuste fiscal que impulsa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

La Presidencia argentina no brindó información sobre los temas discutidos durante el encuentro, pero fuentes oficiales citadas por la prensa local explicaron que el principal tema de conversación fue la situación en Venezuela.

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño el sábado y la captura de Nicolás Maduro. "Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó ese mismo día Milei.

También enumeró una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiación de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Díaz Ayuso, por su parte, también reaccionó positivamente a la captura de Maduro y aseguró que "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras se lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico. "El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió.

La reunión no ha sido la primera entre ambos, ya que mantuvieron encuentros en 2024 y 2025, ambos en la capital española.

La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum.

La opositora venezolana María Corina Machado prometió que Venezuela "volverá a respirar", en un discurso de aceptación del Nobel de la Paz que fue leído este miércoles por su hija, Ana Corina Sosa, ante la ausencia de la galardonada, que sin embargo confirmó que llegará a la capital noruega en las próximas horas. La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido para evitar ser detenida por el gobierno de Maduro, y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras declarar que "en unas horas" podría abrazar a su madre después de dos años, aunque la intención de la líder opositora fuera regresar "muy pronto" a su país.

El viaje de Machado ha estado rodeado por la incertidumbre: el Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría a la capital noruega más tarde. "Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo ahora mismo", aseguró la propia Machado en conversación telefónica desde un lugar desconocido con el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Aunque se desconoce la hora de la llegada de Machado, tanto el presidente del Parlamento noruego como la oficina del primer ministro confirmaron que la opositora venezolana visitará aquella institución y se reunirá después con el jefe de Gobierno, Jonas Gahr Støre. La galardonada no participará tampoco en el resto de actos de este miércoles del programa del premio, una procesión de antorchas y el banquete de gala. "No sabemos cuándo llegará a Oslo, sólo que va a venir", dijo a EFE Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

La procesión es uno de los actos más tradicionales del programa y recorre el centro de Oslo hasta finalizar delante del hotel donde se aloja el galardonado, que suele salir a saludar desde el balcón y pronunciar algunas palabras. El Consejo de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones ha declinado este año organizar el tradicional desfile por su desacuerdo con la elección de la venezolana como Premio Nobel, pero lo hará la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

La cena de gala posterior a la ceremonia de entrega del premio a su vez reúne a unas 200 personas en el mismo hotel de Oslo, entre ellos miembros de la familia real noruega, del Gobierno y de la vida cultural y empresarial de este país nórdico.

Fue Sosa quien recibió de manos de Frydnes el galardón, dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), además del diploma y de la medalla conmemorativa del premio de la Paz.

Erguida ante una foto de su madre y sin poder contener la emoción, recibió la ovación del público, puesto en pie, entre quienes se encontraban los reyes Harald V y Sonia de Noruega, cuatro presidentes latinoamericanos invitados por Machado, José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

En el discurso, leído en inglés, Machado dedicó el premio a todo el pueblo de Venezuela y aseguró que éste pronto presenciará el regreso a casa de los opositores exiliados. "Estaré allí, nuevamente, en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera", prometió.

El discurso de Machado incluyó un repaso a la historia de Venezuela, en el que aseguró que llegó a ser la democracia "más estable" de América Latina, hasta que ésta fue "desmantelada" desde 1999 por el "régimen", al que acusó de falsificar la historia, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.

La decisión de las autoridades de no permitirle presentarse a los comicios fue "un golpe duro", admitió la opositora, aunque el movimiento siguió adelante con Edmundo González, que, según aseguró, obtuvo la victoria en las últimas elecciones presidenciales de 2024 con el 67% de los votos.

El casi año y medio que lleva en la clandestinidad, María Corina Machado ha servido para construir nuevas redes de presión cívica y para preparar "una transición ordenada hacia la democracia", dijo. Poco antes, en su intervención, el presidente del Comité Nobel Noruego, Frydnes instó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales y a renunciar a su cargo para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

Fue el llamamiento más aplaudido de su discurso en un Ayuntamiento de Oslo lleno de invitados de Machado, incluida la madre de la exdiputada, Corina Parisca, y líderes opositores venezolanos.

Frydnes denunció también que el Gobierno de Caracas ha instaurado un "un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición", pero aseguró que "María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar".

El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia, mientras su conciudadana Gabriela Montero interpretó a piano una de las canciones favoritas de Machado, Mi Querencia, de Simón Díaz, y mezcló con esa obra algunos compases del himno nacional venezolano.

Juan Torres López (Granada, 71 años) acaba de escribir un libro titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Es un manual oportuno que este catedrático de Economía Aplicada lanza contra lo que él denomina una “oleada de autoritarismo global en el plano económico”. Sostiene Torres que esta dinámica que puede parecer nueva en sus formas, ya que la encarnan personajes del perfil mediático de Donald Trump o Javier Milei, busca más de lo mismo: “desmantelar todos los contrapesos que pueden limitar el poder adquirido por los grandes capitales” y recortar prestaciones sociales a golpe de motosierra, para compensarlo.

Charla con infoLibre por teléfono, en una conversación que avanza por las grandes corrientes de la teoría económica —que para él dista mucho de ser una ciencia exacta— y retrocede hacia el descontento de una ciudadanía que, en su opinión, es presa (y será también víctima) de los discursos de extrema derecha y los intereses que defienden.  

“Lo que hace Donald Trump es lo mismo que se hacía antes, pero expresado de una manera descarnada, exagerada, grosera, insultante e incluso violenta”, señala. Defiende que a pesar de sus formas, la “partitura” que interpreta no es extraordinaria ni en lo político, ni en lo económico: “El ejercicio imperial del poder de Estados Unidos sobre otras naciones no es, ni muchísimo menos, nuevo. Tampoco el chantaje militar o las políticas de proteccionismo económico y arancelario”, concluye. 

Y este paisaje, apunta, pone en riesgo la democracia. “Es algo que está haciéndose evidente en los últimos tiempos, incluso desde antes de Trump y de su primer mandato. Las nuevas formas de capital que se están haciendo hegemónicas en torno a los nuevos desarrollos tecnológicos —sobre todo a la economía de las plataformas y a la economía de la nube— necesitan mucha servidumbre social, una utilización directa de los aparatos del Estado y una concentración de riqueza que es incompatible con el equilibrio de poderes y con la existencia de contrapesos”. Dos elementos, estos últimos, “consustanciales a la democracia” y que, señala, están amenazados.

Una de las advertencias que vertebra el libro es cómo la fe en un capitalismo legitimado bajo una “falsa” apariencia de ciencia y la confianza en el modelo económico neoliberal —basado en la no intervención y en la ley de oferta y demanda— como única alternativa, han resistido a lo largo del tiempo cualquier refutación y han expulsado concepciones de la economía más “humanas”.

Torres insiste en que hay ejemplos de cómo es posible gobernar los mercados bajo principios diferentes y que, además, son exitosos: “la sanidad, la educación pública, el cooperativismo, las pensiones…”, enumera. Aunque, entre risas, muestra cierto escepticismo sobre un cambio de mentalidad y cita al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, cuando afirmaba que los paradigmas solo cambian realmente cuando se mueren sus viejos defensores.

El economista mira hacia la extrema derecha y sus discursos elevados como uno de los mayores riesgos, pero también hacia un reparto de la riqueza que no funciona como debería. “La concentración de la riqueza tan brutal, tan extraordinaria y en tan pocas manos que se está produciendo hoy día es incompatible con la libertad de las mayorías”. Explica que los debates sobre la riqueza desmesurada de unos pocos están ganando peso en el mundo, pero con eso no basta.

“Creo que los movimientos progresistas se están equivocando, porque no basta con poner el acento en que los ricos contribuyan a combatir la desigualdad. Sin duda eso es algo obligatorio, pero el problema es que hay que actuar sobre los orígenes y sobre las causas que producen la desigualdad. Si hay una inundación no basta con sacar el agua, hay que actuar sobre la fuga”, explica. “El problema hoy en día es que donde se genera la productividad, en el seno de las empresas, hay una asimetría de derechos que permite, por ejemplo, que se obtengan beneficios como no se habían obtenido nunca a cambio de retribuciones al trabajo que son ínfimas”, concluye.

Además de esta asimetría inicial en el reparto de los beneficios, Torres pone el acento en unos sistemas fiscales que no gravan adecuadamente los nuevos modelos productivos. “Hay un error de enfoque en la política tributaria y sería fundamental que los gobiernos progresistas se plantearan un cambio”, explica. Su propuesta es poner más presión sobre los patrimonios y sobre las transacciones financieras. Estos dos puntos son, en su opinión, “el origen de las mayores diferencias de riqueza” en las sociedades modernas.

“La concentración de patrimonio es tan grande que debería ser objeto prioritario de la tributación, junto a las transacciones financieras”. Y pone un ejemplo: “Con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera en el mundo, se podrían financiar todos los gastos públicos de todos los gobiernos del planeta sin necesidad de utilizar otro impuesto”, remata.

La entrevista concluye con un recordatorio de que hay alternativas a los sistemas que solo responden al cálculo de beneficios y productividad, pero también con un reconocimiento explícito de las dificultades que rodean a un cambio de paradigma económico “que no puede esperar”.

No hay nada tan político en Argentina como el fútbol y no hay nada tan futbolístico como la política. En el año 2023 hubo dos elecciones que tuvieron al país en vilo. Unas, las presidenciales, dieron el triunfo a Javier Milei por encima del peronista Sergio Massa, dando a la política argentina su mayor vuelco en décadas. Las otras, pese a tener un carácter profano, tenían raíces casi religiosas. Un templo, La Bombonera, una doctrina, el xeneize, e incluso un dios, Diego Armando Maradona. Solo un mes después de elegir a Milei, los socios de Boca Juniors, el club más grande de Argentina, debían votar a su presidente entre el máximo ídolo de su historia, Juan Román Riquelme, y el economista Andrés Ibarra, apoyado por Mauricio Macri –exmandatario del país y expresidente del Boca durante el momento más exitoso del club– y por el propio Javier Milei.

La moneda, en esa ocasión, salió cruz para el libertario. Riquelme, enfrentado ya con Macri durante su etapa de jugador, en la cual siempre reivindicó sus orígenes humildes en contraste con la acaudalada familia del presidente, arrasó en las elecciones. “El último 10” se convirtió en la noche del 18 de diciembre en el presidente más votado de la historia del fútbol argentino, con un apoyo del 65% de los votos. Una de las claves que dieron la victoria fue su ferviente oposición a la privatización del club. El exjugador quería, al contrario que Macri, que Boca Juniors siguiera siendo de los aficionados y que no quedara en manos de empresarios y fondos de inversión. Ahí aguanta Boca, como un tótem que resiste en medio de un país entregado a la motosierra.

Y es que nada ha parado al presidente en la aplicación de su agenda. Los efectos del ajuste son palpables, tanto en números como en consecuencias sociales. Mientras sus partidarios se escudan en la bajada de la inflación (de un 211% interanual cuando entró en la Casa Rosada a un 31% en 2025) y del primer superávit fiscal desde 2008, la realidad a la que se tienen que enfrentar los argentinos sigue siendo terrible. Los servicios públicos viven un momento catastrófico. El mandatario ha recortado un 30% el gasto público, lo que ha provocado caídas en sanidad, educación y subsidios. 

Ese ajuste provocó que en el primer semestre del año pasado, las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza llegaran a más del 50%. Una cifra que, si bien se ha reducido hasta una de cada tres personas, para economistas y expertos sigue sin reflejar la situación de hambruna y desprotección social que están viviendo muchas familias argentinas. Los recortes se han cebado con servicios básicos como el transporte, la vivienda o la atención médica privada, que han subido sus precios lastrando el poder adquisitivo de los ciudadanos. 

De hecho, el informe que esta semana ha publicado la OCDE para la economía argentina advierte que no todo va tan bien como las cifras parecen indicar. La organización ha rebajado las perspectivas de crecimiento para el país, a la vez que indica cómo los salarios de los argentinos no se terminan de recuperar. Una situación que provoca que el consumo sea bajo, y pone de ejemplo los supermercados, donde las ventas no han dejado de caer desde abril. Igualmente, da un peso mayúsculo al salvavidas económico que dio Donald Trump a Milei en forma de un swap cambiario de más de 20.000 millones de dólares y que salvó en buena medida el plan del libertario en el que, financieramente, la economía se encontraba al borde del abismo.

Sea como sea, nada de todo eso, ni tampoco el escándalo de corrupción en el que se vio inmersa su hermana, parecen hacer mella en un Milei que ha reforzado recientemente su posición política con una victoria importantísima sobre el peronismo en las legislativas. Su triunfo llegaba después de una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, terreno favorable para la oposición, que el presidente pudo dar la vuelta solo unos meses después gracias, en parte, a la ayuda económica de Trump. 

Y en ese punto, la pregunta es: ¿qué está haciendo la oposición? ¿Por qué, pese a la corrupción, la pobreza y la devaluación de los servicios públicos, Milei sigue aguantando? Para Felipe Galli, politólogo y analista electoral argentino, la clave se resume en una frase: falta de una estrategia coherente. “Es algo que se suele manifestar no solo ahora sino en general cuando el peronismo es oposición. Es un movimiento político muy amplio que opera bajo una maquinaria de poder, y por eso en su interior tiene muchas corrientes de tipo ideológico, caudillesco y regional, controlando redes clientelares provinciales”, afirma Galli.

Para el politólogo, esa maquinaria difusa y a veces mamotrética se ha vuelto enormemente inefectiva para combatir a Milei. El presidente ha cambiado completamente las formas de hacer política en Argentina y, por tanto, su gobierno no tiene precedentes. “Este aparato de poder es enorme pero se ha vuelto ineficaz para enfrentar a Milei porque carece de un liderazgo centralizado, y enfrenta a una experiencia política bajo un liderazgo muy fortalecido (el del presidente) que además adopta tácticas populistas muy inusuales para lo que siempre fue el antiperonismo tradicional”, sentencia Galli.

Todo ello, en opinión de Facundo Cruz, consultor y analista político argentino, ha llevado al peronismo a una situación de bloqueo de la que no están terminando de salir, aún dos años después de la victoria de Milei. “La oposición siempre se tiene que articular en torno a cuatro pilares: un liderazgo fuerte, una renovación de las propuestas, un discurso propositivo unificado y un enfrentamiento con el Gobierno en el cargo. De todo ello, el peronismo solo está cumpliendo la última parte. Lo único que ha realizado durante estos dos años ha sido enfrentarse y llevar la contraria a todo lo que ha hecho Milei, pero sin realmente construir una alternativa a todo ello”, opina Cruz.

Quizás la representación más clara de esa situación fueron las elecciones legislativas, donde el discurso simplificado del peronismo terminó por ser su ruina. “Es cierto que están realizando cambios programáticos, intentando, por ejemplo, desterrar algunas propuestas económicas que no salieron bien, como la emisión monetaria, pero es evidente que la velocidad a la que se están realizando esos cambios es mucho menor a la que desea la sociedad”, continúa Cruz. Algo similar ocurre con la corrupción, un tema crítico para el gobierno pero que la oposición no está logrando rentabilizar: “Por cada escándalo que tiene el Gobierno, este puede citar diez para atacar al peronismo. La oposición no sabe (ni puede permitirse) recurrir a un discurso de transparencia institucional porque es una batalla cultural que no puede ganar”, argumenta Galli.

A eso se le suma un problema evidente: la falta de un líder claro. “Existen muchas líneas dentro del mismo peronismo, es una fuerza muy fragmentada. Hoy no se sabe quién es el líder de la oposición”, explica Mariana Sendra, investigadora de la Universidad de Deusto y experta en política argentina. Así, trae los dos nombres claves de esta batalla interna: el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la de una vieja conocida de la política argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El enfrentamiento entre ambos es cada vez más claro. Uno de los momentos más polémicos fue cuando Kicillof decidió desdoblar las elecciones provinciales de Buenos Aires, las cuales ganó, de las nacionales. Algo de lo que estaba en contra la expresidenta y que, para algunos, precipitó la caída en esas legislativas”, señala la experta.

La guerra entre ambos no se puede aislar de la falta de credibilidad que el peronismo ha ido sumando en los últimos años. La presidencia de Alberto Fernández, que terminó con unos números de inflación inéditos, mermó esa fuerza hasta el punto de que, para Sendra, el miedo a una victoria a nivel nacional de la oposición después de ganar en Buenos Aires pudo movilizar a buena parte de los electores. En ese frente interno no hay que olvidar que Fernández fue una elección directa de la expresidenta, que además ocupó en esos años la vicepresidencia. “El peronismo siempre que pierde renueva liderazgo. Ese proceso debía haber empezado en 2015, no se inició y aún sigue pendiente ahora, 10 años después. Cuando pierden contra Macri, para 2019 se reconstruye como una coalición, pero con los mismos nombres y propuestas, y así transitan todo el Gobierno de Fernández. Ahora, la demanda de esa renovación sigue ahí, y eso les está pesando mucho electoralmente”, mantiene Cruz.

La coyuntura para acometerla es particularmente difícil porque, a diferencia de otras ocasiones en las que el nuevo líder aparecía por vía electoral, ahora esa situación no se puede producir porque la presidenta del partido está en arresto domiciliario y no se puede presentar a unas elecciones. Eso provoca que el cambio de liderazgo tenga que venir por el acuerdo y la negociación interna, algo completamente nuevo para el peronismo y que se antoja complicado en el clima de enfrentamiento que se vive. “El kirchnerismo rechaza sistemáticamente la discusión interna sobre lo que provocó el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, más allá de buscar culpables ajenos para exculpar a la conducción de Cristina Fernández. Todo ello impide que se planteen un programa de gobierno”, añade Galli.

Esa nueva hoja de ruta debe llegar, para Sendra, en dos vertientes: una democratización interna y una nueva forma de entender la economía. “Antes de pensar la estrategia a Milei debe pensar hacia dentro. Deben tener un debate interno de verdad y mirarse a sí mismos para ordenarse. La predominancia de Cristina Fernández aún sigue siendo muy grande, no ha dado un paso al costado ni tampoco ha logrado generar un cuadro de liderazgo que represente al kirchnerismo. Siempre ha optado por candidatos más moderados para intentar atraer a más votantes y claramente no ha funcionado”, cree Sendra. Y en lo económico, dar una propuesta concreta ante una economía renovada por Milei que ya tiene muy poco que ver con la que ellos gestionaron. Si no, la motosierra tendrá combustible para rato en Argentina.